Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), lo siguiente:

1) La cantidad de decomisos y/o secuestros de equipos de emisoras radiofónicas en la Argentina desde el 11 de diciembre de 2015 a la fecha.

2) Consignar listado con nombre de emisora, tipo de emisora (comercial, comunitaria, indígena, escolar, universitaria, etc.) fecha de decomiso y/o secuestro y/o declaración de ilegalidad, motivo, expediente de referencia al trámite, normativa respaldatoria de la decisión, si hubo previa notificación o intimación junto con el documento de referencia, y estado actual de cada caso.

3) Listado de emisoras radiofónicas clausuradas, nombre, motivo y fecha.

4) Listado de causas penales abiertas contra miembros de emisoras radiofónicas,

nombres, motivos y estado actual de cada causa.

Señor presidente:

Iniciada una nueva gestión en la aplicación de la legislación vigente de servicios de comunicación audiovisual, es menester, para cumplir eficientemente con nuestro rol de contralor del Poder Ejecutivo como así también poder legislar informadamente, contar con la información del estado de situación sobre algunos temas que afectan derechos humanos básicos como la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Por tal motivo, es imprescindible para esta Cámara clarificar lo actuado por el ENACOM en torno a medidas tan delicadas como el decomiso, el secuestro de equipos, la clausura de emisoras y la eventual detención y procesamiento de sus responsables, como así también los motivos y argumentos que han llevado a efectuar estas acciones.

Consideramos indispensable toda medida de control que lleve adelante el Poder Legislativo, toda vez que es una de sus atribuciones y agrega claridad y transparencia al accionar del resto de los poderes del Estado. La libertad de Expresión y el Derecho a la Información, consagrado como uno de los derechos humanos en tratados internacionales a los que nuestro país ha adherido con carácter constitucional, debe estar garantizada en todos los ámbitos. Las emisoras de baja potencia, comunitarias, de pueblos originarios, en muchos casos deben contar con el asesoramiento correspondiente en cuanto a su encuadre legal y, a la hora de aplicar la normativa, se debe ser cuidadoso de no vulnerar derechos.

Por los motivos expuestos, solicito a los Señores Diputados la aprobación del presente proyecto de Resolución.-