Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y, en su caso, otros organismos que correspondan, informe sobre una serie de cuestiones relacionadas con severas violaciones a la libertad de expresión que se están registrando en la licenciataria LR1 Radio El Mundo.

1- Indique los datos del titular de la licencia de LR1 Radio El Mundo, radio de amplitud modulada que emite a través de la frecuencia 1070 khz en la Ciudad de Buenos Aires.

2- En una reunión informativa realizada el jueves 12 de abril, una delegación de trabajadores de la licenciataria ha denunciado ante diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión que, en los últimos días, se han producido al menos 31 despidos en los que la empleadora invoca como “causa” de las cesantías las opiniones políticas y gremiales vertidas por las personas despedidas en el marco de un conflicto laboral en curso. Atento dichas circunstancias no constituyen “causa justificada” conforme la legislación vigente, se desea saber ¿Qué medidas ha adoptado ENACOM respecto a la licenciataria y sus representantes en garantía de la libertad de expresión de las personas afectadas?

3- En idéntico sentido que la pregunta anterior, se solicita asimismo información sobre medidas adoptadas por otros organismos del Poder Ejecutivo en garantía de los derechos de las y los trabajadores de Radio El Mundo,

4- ¿Se ha fiscalizado conforme indica la legislación vigente el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social, por la totalidad de los trabajadores de la radio? Informe resultado.

5- ¿Existen actualmente en curso solicitudes de transferencias u otros trámites que afecten la titularidad de la licencia? Indique los datos de las empresas comprendidas.

6- ¿Qué medidas se han adoptado para verificar la titularidad de la licencia? ¿Se han realizado inspecciones o auditorías? ¿Existen requerimientos de documentación pendientes?

7- ¿El ENACOM u otros organismos han realizado en los últimos dos años procesos de fiscalización sobre la licenciataria? En caso de respuesta afirmativa, identifique las actuaciones, resultados obtenidos, medidas adoptadas, sanciones, etc.

8- ¿Se encuentra en trámite o en estudio, la adopción de medidas respecto de la licenciataria por incumplimiento de sus obligaciones? Identifique actuaciones y causas.

9- ¿El Sr. Eduardo Martín Rodríguez Flores es titular de licencias de radiodifusión? En su caso, identifique las señales comprendidas.

10- ¿El Sr. Eduardo Martín Rodríguez Flores se encuentra inscripto en alguno de los registros que gestiona ENACOM? En caso de respuesta afirmativa, remita informes correspondientes.

11- ¿FIO FIO Producciones SA es titular de licencias ante ENACOM? ¿Se encuentra inscripta en algún otro registro de los que gestiona el ente? En caso de respuesta afirmativa, remita copia de la información registrada e indique quienes figuran como titulares y responsables de FIO FIO.

Señor presidente:

Una delegación de trabajadoras y trabajadores de Radio El Mundo pidió ser oída, en una reunión informativa, por las diputadas y diputados de la Comisión de Libertad de Expresión el día 12 de abril del corriente.

En ese marco, interiorizaron a las y los legisladores presentes sobre una serie de graves irregularidades que se registran en el desenvolvimiento de la emisora.

En primer lugar, detallaron cómo -en un contexto que no excluye la angustia perentoria ante la posibilidad de la pérdida de su fuente de trabajo- se produjeron una serie de confusas transferencias de titularidad de la frecuencia. Dicha secuencia genera grandes incertidumbres sobre quienes titularizan la explotación y son responsables por el cumplimiento de las regulaciones aplicables.

Ese panorama incierto, se vería agravado en estos días por los anuncios de despidos de, al menos, 31 personas que desempeñan funciones en la radio.

Según informaron los trabajadores de la radio presentes, la metodología de las cesantías incluiría la invocación, por parte de la empresa presuntamente responsable de la explotación, de “causa” o “justa causa”. ¿Cuál sería el motivo justificante? Ni más ni menos que las expresiones públicas, opiniones sobre el conflicto laboral en curso, que las personas despedidas habrían realizado en redes sociales y otros medios de información.

De configurarse esos extremos estaríamos ante gravísimos agravios al derecho a la libertad de expresión de las personas, derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y amparados tanto constitucionalmente, como internacionalmente por la vía de tratados de los cuales nuestro país es signatario.

Además de esa afectación inaceptable, también se estaría configurando una violación a los convenios adoptados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo que taxativamente establecen que NO constituye causa justificada la afiliación a un sindicato y/o “presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir antes las autoridades administrativas competentes” y/o “las opiniones políticas”.

No se puede soslayar en el análisis que RADIO EL MUNDO es el nombre de fantasía con que opera una licenciataria de frecuencia. Esas licencias son otorgadas por el Estado y están sujeta a la verificación y mantenimiento de una serie de recaudos y obligaciones que son consustanciales al mantenimiento de la habilitación.

En ese orden, la ley vigente establece que “la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.

El artículo 3° de la ley 26.522 continúa: “La condición de actividad de interés público importa la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado nacional establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”.

Eso implica, Sr. Presidente, que los organismos de los tres poderes del Estado debemos adoptar las medidas en nuestro marco de competencias para preservar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de todas las personas, en peligro ante la configuración de los sucesos hasta aquí descriptos.

Ante ese panorama, de hecho y de derecho, las y los abajo firmantes solicitamos que los organismos del Poder Ejecutivo con competencias en juego, nos pongan en conocimiento inmediato sobre la información de la que disponen para clarificar las circunstancias y favorezcan el inmediato cese de las lesiones a los derechos en juego, a cuyos fines sometemos a consideración el presente proyecto de resolución.