Su repudio y preocupación ante la decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de decomisar los equipos de Radio M 104.1 de Virrey del Pino y 87.7 FM Fórmula de Merlo, en una muestra más de la política de cercenamiento del derecho a la comunicación que se está impulsando desde el gobierno nacional. Asimismo, repudiamos enfáticamente la decisión policial de “demorar” de manera arbitraria e irregular al titular de Radio M luego del operativo de decomiso.

Señor presidente:

El pasado viernes 25 de abril se llevaron a cabo sendos operativos contra dos radios de la zona oeste del conurbano bonaerense - Radio M 104.1 de Virrey del Pino y 87.7 FM Fórmula de Merlo-, en los cuales fueron violentamente decomisados sus equipos.

Por su parte, en el caso de la emisora de La Matanza, su titular fue llevado a la comisaría, donde estuvo “demorado” por varias horas de manera arbitraria e irregular.

Estos operativos fueron ordenados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones de la Nación, y se enmarca en un giro drástico en la política del organismo, que apunta perseguir a los medios (especialmente los comunitarios o los pequeños medios comerciales) y favorecer un esquema concentrado de comunicación.

Recientemente el ENACOM aprobó la Resolución 20164E/2017 en la que se arroga la facultad de “disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o decomiso” de “estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública”. Asimismo, delega dicha prerrogativa en el titular de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, quien a sola firma puede disponer dichas sanciones.

Estos cambios en la normativa y su aplicación sistemática constituyen un innegable retroceso en términos de derecho a la comunicación y libertad de expresión, violan los estándares internacionales –que en Argentina tienen, muchos de ellos, rango constitucional- y desandan el camino de democratización de la palabra iniciado con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Esta nueva política impulsada por el Gobierno nacional retoma la lógica persecutoria y censuradora de los años 90, cuando se decomisaban equipos de las radios que eran la voz de la comunidad.

El Estado debe tener un rol ineludible de salvaguarda del derecho humano a la comunicación, procurando el libre ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas en igualdad de acceso y condiciones, procurando la pluralidad y el pluralismo, la diversidad e interculturalidad, características de toda sociedad democrática.

En este sentido, las resoluciones del ENACOM atentan contra la comunicación como derecho humano y como modo de construcción y profundización de la democracia, por lo que además de expresar una profunda preocupación se solicita al Poder Ejecutivo Nacional desista de avanzar en este rumbo, procurando medidas que efectivamente coadyuven a una mayor pluralidad y diversidad comunicacional.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.