Su repudio y preocupación ante las intimidaciones y agresiones sufridas por trabajadores de prensa del diario Día a Día, a quienes la Policía de la Provincia de Córdoba impidió el ejercicio de la labor periodística el día 27 de marzo de 2013, en el barrio Los Fresnos de la ciudad de Córdoba.

Señor presidente:

El día 27 de marzo de 2013, y en momentos en que un equipo periodístico del diario Día a Día cubría una toma de terrenos en el barrio Los Fresnos, al sudeste de la ciudad de Córdoba, un subcomisario de apellido Dávila los acusó de estar incitando a los vecinos a actuar en el predio, intimidando al periodista Juan Pablo Martínez y al fotógrafo Nicolás Bravo con una amenaza de detención. Posteriormente, y pese a que los integrantes de dicho equipo exhibieron sus credenciales al personal policial (situación fue registrada por los propios periodistas y difundida públicamente en diversos medios), les fue impedida su labor con amenazas y agresiones verbales. Como agravante, fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales en un móvil de la fuerza. Igual trato sufriría luego el chofer del diario, Marcos Filippes.

Sin que a los demorados se les brindaran justificaciones concretas por los hechos referidos, su liberación sólo fue posible a partir del requerimiento directo a las autoridades provinciales, por parte de los directivos del medio afectado.

La preocupación que expresa este proyecto, asimismo, remite a los cuestionados "procedimientos" policiales que padece el pueblo de Córdoba, reflejados en la crónica cotidiana. Este accionar deriva en graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando las víctimas carecen de la posibilidad de acceder al reclamo inmediato ante los responsables políticos. Constituye, pues, una demostración extensiva del desamparo que, ante las fuerzas de seguridad, tiene el ciudadano común frente a prácticas abusivas que lesionan derechos fundamentales

En este caso, cuando el brazo represivo del Estado pretende silenciar, impedir o peor aún, reprimir el trabajo de la prensa, bajo el agravante del amparo y legitimación del gobierno provincial, resulta imperioso exigir respuestas claras. A través de las vías institucionales pertinentes, será el gobernador provincial y sus colaboradores quienes deban brindar las aclaraciones pertinentes, asumiendo las responsabilidades que correspondan y sus eventuales consecuencias.

En solidaridad con los periodistas agraviados por el accionar descrito y como explícito repudio a éste, solicito a los legisladores la aprobación del presente proyecto de declaración.