Su más enérgico repudio a la violación del domicilio privado del periodista Carlos Russo, de Editorial Perfil, con la intención de amedrentarlo en el ejercicio de su actividad profesional y de impedir el avance de sus investigaciones.

Señor presidente:

El día martes 27 de marzo por la noche tres individuos asaltaron a punta de pistola al periodista de Editorial Perfil, Carlos Russo, en su domicilio de la zona norte del Gran Buenos Aires.

A pesar de que había artículos de valor en el mismo, los aparentes ladrones se llevaron agendas, cuadernos con anotaciones personales y de trabajo y documentación que el periodista guardaba en relación con la investigación que se encuentra realizando para el Diario Perfil, sobre el presunto pago de coimas en la ampliación del Gasoducto del Norte, a cargo de la multinacional sueca, Skanska -hecho que está siendo investigado por dos jueces de la Nación: el Dr. Javier López Biscayart, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario, y el Dr. Guillermo Montenegro, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 -.

Huelga aclarar que ninguno de esos objetos tenía valor comercial alguno, tan sólo pueden interesarle a quien tenga algún interés en el caso.

Según declaraciones del propio Russo ante la Comisión de Libertad de Expresión de esta Honorable Cámara, los asaltantes conocían de antemano el material que luego sustrajeron y no tenían objetivos de robo común, aunque se llevaran luego consigo algunos artículos electrónicos de escaso valor económico y se dieran a la fuga en su automóvil.

Este gravísimo caso por sus características dista de ser un robo común y a esta altura sería una ingenuidad no vincular el ataque a la intensiva investigación que el periodista está llevando adelante para develar un delicado asunto público.

Es por ello que el hecho debe ser considerado por esta Cámara como un intento de amedrentar al periodista en el libre ejercicio de su actividad profesional, y evitar el avance de su investigación.

La libertad de expresión y de prensa son derechos tutelados por el ordenamiento jurídico argentino, en función de valores que exceden la territorialidad nacional y se referencian en el ordenamiento social de los estados occidentales democráticos. Vale la pena recordar que el libre ejercicio de la libertad de expresión está amparado por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - ambos tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994-.

El Estado debe garantizar el libre ejercicio de la profesión periodística, el debate sobre la cosa pública y toda colaboración al esclarecimiento de hechos delictuosos que perjudican los intereses públicos; como reaseguro de la vigencia de la República y del sistema democrático.

Por todos estos motivos, creemos que esta Honorable Cámara debe apoyar el presente proyecto.