Manifestar su más enérgico repudio al bloqueo que sufrieron las plantas de los diarios La Nación y Clarín, lo que impidió, su distribución y circulación normal en nuestro país, constituyendo un fuerte menoscabo a la libertad de prensa y expresión.

Señor presidente:

Vemos con mucha preocupación los graves hechos ocurridos en nuestro país durante el fin de semana, con el bloqueo a las imprentas de los principales diarios privados de la Argentina: Clarín y La Nación.

Este domingo a la madrugada, la imprenta del diario La Nación estuvo bloqueada durante tres horas y la del diario Clarín por más de doce horas, lo que impidió que ambos diarios lleguen al mismo horario que sus competidores a los puntos de venta.

Creemos que el gobierno nacional pudo haber evitado el bloqueo a dichos medios, para garantizar, ante todo, el pleno ejercicio del Derecho a la Comunicación, que supone la libre circulación y publicación de ideas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos salvaguarda este derecho en su Artículo 19, y nos deja la certeza de que para emitir opiniones libremente, primero hay que garantizar que se reciba, con libertad, la información.

El Pacto de San José de Costa Rica avanza un poco más en este sentido cuando afirma, en su artículo 13, que: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

El bloqueo a las plantas de Clarín y La Nación, ha generado el repudio de numerosas asociaciones de prensa, tanto a nivel nacional como internacional.

Desde los comienzos, el actual gobierno, ha hecho intentos por consolidar un discurso único, desde la historia hasta el periodismo, con todos los peligros que esto implica en un sistema democrático y republicano.

Con estos fines se viene utilizando a la publicidad oficial, como un sistema de premios y castigos según la opinión que el medio tenga y exprese sobre la actual gestión. Esto ha generado numerosas denuncias en todos los ámbitos de acción posibles, en la Justicia, en este Congreso y en los propios medios de comunicación. Y lo más grave del problema es que, lejos de reconocer esta falencia y corregirla, se acrecientan año a año los montos millonarios que se destinan a la pauta oficial, y sigue sin existir un criterio de asignación claro y transparente que justifique esta política.

Bien conocido por todos es que el fin de la publicidad oficial no es para premiar ni castigar a los medios de comunicación, sino debe ser un canal de comunicación con el ciudadano, con los vecinos de cada provincia y de cada pueblo de nuestro país.

Ahora la presión a los medios de comunicación ya no es mediante una ley, o una medida en particular, sino que directamente se avala, por omisión gubernamental, un bloqueo por varias horas justo el día de mayor circulación de los dos diarios más vendidos de nuestro país.

Creemos que el gobierno tiene facultades para oponerse a ciertas decisiones empresariales que pongan en riesgo el derecho de los ciudadanos. Convalidamos que el gobierno nacional se oponga a fusiones que lleven a situaciones monopólicas en algún sector. Como también criticamos que se aprueba la fusión entre las gigantes telefónicas Telecom y Telefónica. Pero no podemos dejar pasar que directamente se interfiera la difusión de un determinado medio.

Ya no parece casual que grupos de origen gremial atenten contra empresas periodísticas con una línea editorial crítica hacia el gobierno nacional y la CGT. Es repudiable este hecho, como también será repudiable si se quita del aire a una FM o a un canal de cable del interior del país crítico al gobierno nacional.

Como peronistas, avalamos cualquier reclamo por mejores condiciones de trabajo, siempre y cuando no se pongan en riesgo derechos constitucionales superiores que afecten a la sociedad en su conjunto.

Nos pueden acusar de defensores de los grandes medios de comunicación, pueden acusarnos desde los medios estatales y paraestatales de muchas cosas, pero creemos que no podemos hacer silencio ante semejante violación del derecho de la gente a informarse. Una libertad básica que todas las naciones democráticas deben defender y ejercer cada vez con mayor calidad.

Somos un país con una larga tradición de respeto a la libertad de expresión. Nuestros constituyentes, desde Alberdi, Sarmiento, Mitre y Urquiza, sabían de su valor y su importancia, y así lo forjaron en sus trayectorias y en nuestra Carta Magna. Salvo los oscuros períodos de facto, hemos sabido resguardar las libertades de opiniones. Y así lo debemos continuar haciendo para fortalecer nuestra joven democracia.

Desde el nacimiento de la historia moderna, Alexis de Tocqueville, hizo una comparación entre la prensa, los periodistas, y los políticos. Decía que al igual que los políticos, los periodistas pueden ser buenos o malos, pero si no hay libertad, serán siempre malos.

Debemos tener presente que nos puede gustar o no la información y la opinión de un determinado medio. Pero no nunca debemos permitir que un medio de comunicación deje de circular, más allá de la calidad de su contenido. Debemos garantizar que el pueblo se informe mediante los medios que elija. Porque en esa elección, hay un ejercicio de libertad. Y esa libertad es la que deben cuidar las naciones modernas si quieren prosperar en el tiempo.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto.