Su adhesión a las manifestaciones vertidas por la ASOCIACION DE ENTIDADES PERIODISTICAS ARGENTINAS (ADEPA) quien expresó su honda preocupación por la actitud del gobierno nacional quien pretende enmascarar su objetivo de controlar al periodismo, traicionando el sentido del reflotado Observatorio de Discriminación de los Medios, del INADI", al tiempo que apeló a "una mayor comprensión oficial del rol del periodismo que no está para servir a los gobiernos sino a las instituciones y a la ciudadanía, que con sus preferencias ejerce el único control perdurable de los medios como un derecho natural".

Señor presidente:

El derecho a la libertad de expresión es, tanto en nuestro orden jurídico interno, como asimismo, en el derecho público internacional, una garantía fundamental para asegurar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Dicho principio, jerarquizado por nuestra Constitución Nacional, esta contenido y reafirmado en sendos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.

En este sentido, el artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio". Por su parte, el Art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, señala que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección".

Asimismo, la trascendencia de dicha garantía, en el hemisferio, fue reivindicada mediante su consagración expresa en la Declaración de Chapultepec, firmada en el mes de Marzo de 1994 por un gran número de países, entre ellos el nuestro, y adoptada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en México en el mismo año.

El principio 1 de dicha Declaración establece que "No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".

En reiteradas oportunidades, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido oportunidad de referirse al papel fundamental que para los países miembros juega la libertad de expresión e información en el desarrollo real de la democracia. En una opinión Consultiva la Corte señaló específicamente que "constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública (...) Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada. Por ende es posible afirmar que una sociedad que no este bien informada, no es plenamente libre" . Asimismo, ha destacado que "dado que la libertad de expresión, e información y pensamiento es la piedra angular del sistema democrático y a su vez es la base del debate público, la Convención Americana otorga un valor sumamente elevado a este derecho y reduce al mínimo toda restricción al mismo. Es interés del orden público democrático que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente como esta concebido por el Pacto de San José de Costa Rica".

Menciona el Informe de la Relatoría Para la Libertad de Expresión en el marco del Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (1999) al evaluar la situación de la libertad de expresión e información en el hemisferio que "Indudablemente, la democracia que lo recorre ha contribuido a un mayor respeto al derecho a la libertad de expresión. Nunca antes en el hemisferio ha existido tanta libertad de expresión como en la actualidad. Ha mejorado notoriamente en comparación a décadas pasadas cuando los regímenes dictatoriales o autoritarios la restringían fuertemente. Sin embargo, estos importantes logros, no nos deben hacer caer en el error de pretender que tales violaciones no existen o que las que se producen sean insignificantes. Todo lo contrario: en estos casi dos años de actividades, la Relatoría ha comprobado un gran número de limitaciones(...)"

Evidentemente, debemos Sr. Presidente tratar de identificar cuales son los principales problemas y desafíos que tenemos por delante a fin de garantizar el efectivo ejercicio de este derecho.

Todos los que estamos aquí reunidos, sabemos que en muchos Estados, la libertad de expresión aun se encuentra amenazada, ya que no se ha creado un clima propicio para su protección y desarrollo.

Una gran variedad de factores, ha contribuido a dicha situación, entre los que podemos mencionar: el asesinato y secuestro de periodistas, las múltiples amenazas e intimidaciones de que son objeto cotidianamente los medios de comunicación y los periodistas en general; la impunidad de los crímenes cometidos, las leyes, muchas veces contrarias a la Convención Interamericana y otros instrumentos internacionales, así como la utilización del poder judicial como mecanismo de hostigamiento e intimidación.

Reiteramos, en el ejercicio democrático, varios logros suscitan el optimismo, pero también aconsejan la prudencia. Así entonces, la crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles, la incomprensión sobre el carácter del proceso democrático y las presiones sectoriales son un peligro constante para el progreso alcanzado. Constituyen también obstáculos potenciales para seguir avanzando.

A este respecto, a esta Honorable Cámara no pueden pasar inadvertidos los innumerables episodios ocurridos -y denunciados- contra los periodistas por parte del Gobierno Nacional, so pretexto de que la actual administración se declara víctima de una conspiración inspirada en maniobras golpistas.

Dicha circunstancia, generó gran preocupación en la sociedad en general y en la especie, en los medios de prensa quines parecen haber sido elegidos por el gobierno de turno como enemigos a vencer.

Esta mañana pudo leerse en los periódicos mas importantes del país, una solicitada de ADEPA que expresa un sentimiento compartido por el periodismo argentino, y que demuestra que quiere hacerse creer que "la cobertura periodística de los fenómenos sociales encubre fines de alteración del sistema institucional". Asimismo, puede apreciarse la extrema preocupación que causa el reflotamiento del Observatorio de Discriminación en los Medios del INADI, en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, so pretexto de que dicha herramienta garantice un relato mediático que brinde cabida a todas las opiniones.

La libertad de expresión en general, y la libertad de prensa en particular, disfrutan de un amplio y sólido reconocimiento en el sistema constitucional argentino. Los arts. 1º, 14, 32, 33, 43, 68 y 83 de la Constitución Nacional hacen referencia expresa o implícita a esta libertad. Otro tanto acontece con los tratados internacionales sobre los derechos humanos -citados en el art. 75, inc. 22, de la Constitución-, entre los que cabe destacar el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

María Angélica Gelli sostiene que la libertad expresiva "contienen un valor adicional" pues, además de fortalecer la libertad y la dignidad personales, favorece el descubrimiento de la verdad en cualquier ámbito y materia, mediante la práctica del libre debate" (Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, Ed. La Ley, 2º edición, p. 87). Siguiendo a la misma autora, en una democracia la libertad de expresión se sustenta en "la necesidad de facilitar el debate acerca de las cuestiones de interés público y sobre las opciones políticas y partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que éste forme su propio juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o cree otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione el sistema" (p. 88).

La autora concluye: "... los medios de comunicación, tradicionalmente ligados a la comunicación política, cuando se expresan con libertad e independencia, contribuyen a hacer visibles los problemas generados por los desaciertos del gobierno y a mostrar los excesos o desviaciones del poder y la directa relación de éstos con la mengua de los derechos. La influencia de la prensa libre ha sido decisiva en la formación del juicio público y en los eventuales corrimientos de la opinión electoral, razón por la cual suele generar resistencias y presiones gubernamentales y, en determinadas circunstancias, de los intereses sociales contrariados por la información y la crítica" (p. 89).

Queda claro Sr. Presidente, que la iniciativa que se propone tiene por objeto dos cuestiones que deben ser bien diferenciadas, por un lado reivindicar libertad de expresión y la democracia, y por otro,, dejar sentado que mediante la confrontación permanente de un gobierno constitucional como estrategia de poder, sólo conduce inevitablemente a profundizar una ya existente fragmentación social. Dicho accionar no puede merecer sin mas, nuestro repudio.

Esta es la convicción que compartimos, quienes como nosotros, estamos convencidos que nuestro principio al igual que nuestro destino deben ser la libertad y la democracia, apoyamos abiertamente su manifestación mas directa y vigorosa, aquella sin la cual el ejercicio democrático no puede existir: la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio de comunicación.

Sólo mediante la libre circulación de ideas, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad.

Por todo ello, solicito la pronta sanción del presente Proyecto de Declaración.