Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que corresponda, informe a ésta Cámara Legislativa:

1. Si ha propuesto o se encuentra en estudio realizar acciones atinentes a las funciones, facultades, alcances, objetivos y criterios operativos del Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión, en el marco de las últimas reuniones mantenidas entre miembros del Poder Ejecutivo Nacional e integrantes de ese organismo.

2. Toda otra información pertinente que se vincule con el particular.

Señor presidente:

En el mes de noviembre de 2006 se crea el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que surge de un acuerdo entre el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) en el marco del Plan Nacional contra la Discriminación, aprobado mediante el Decreto 1086/05. En marzo de 2007, se suma al Observatorio el CNM (Consejo Nacional de la Mujer) quedando así configurado con tres integrantes.

Según su sitio oficial (1) , "el Observatorio actúa por iniciativa propia, en los casos en que lo considera pertinente, y/o por reclamos o denuncias realizadas ante cualquiera de los organismos intervinientes o ante el mismo Observatorio." De esta manera "se analizan los contenidos objetados y se concluye si el material observado contiene o no un mensaje discriminatorio. Las conclusiones se comunican a las partes involucradas en la creación y difusión del contenido objetado, a los medios de comunicación social, a profesionales de la comunicación y a la sociedad en general."

Entre sus Responsabilidades Primarias se incluye "llevar a cabo procesos de investigación y análisis críticos sobre contenidos televisivos y radiales que potencialmente pudieran conducir mensajes discriminatorios, con el objeto de reflexionar sobre la producción de discursos sociales y prácticas concretas". Por otro lado, busca "propiciar un espacio de debate donde converjan las distintas miradas y perspectivas de los diferentes sectores sociales tales como el Estado, los medios de comunicación, las instituciones y empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general, para que contribuyan a elaborar de manera conjunta, líneas de acción para promover la valoración de la diversidad en los contenidos televisivos y radiales."

Considerando lo dicho, estamos frente a una iniciativa positiva, que mediante lo interdisciplinario y multívoco, vela por el respeto que los medios deben tener hacia todos los ciudadanos y sus formas de pensar y conducirse. Celebramos que un organismo de esta naturaleza sea un reaseguro para prevenir y evitar situaciones dañinas al conjunto social.

Sin embargo, y frente a recientes situaciones y acontecimientos, damos una voz de alerta sobre la posible intención del Poder Ejecutivo Nacional para iniciar una política de concentración de poder y presión sobre los medios de comunicación, utilizando herramientas legales e institucionales como el Observatorio, que terminarían pervirtiendo su objetivo.

La reciente crisis entre el gobierno nacional y los sectores agropecuarios se manifestó en una guerra mediática, discursiva e incluso con hechos violentos de parte de algunos sectores. La Presidenta Fernández de Kirchner se mostró "muy molesta" por el tratamiento de la información que los medios hicieron. Así lo revelan distintas fuentes por estos días. Acusó a varios de ellos de provocar zozobra, carecer de calidad institucional y democrática, y de no centrarse en noticias positivas relativas a la acción de su gobierno, que molestarían a esos mismos medios. Incluso interpeló a la sociedad en cuanto a decidir quiénes son los titulares del derecho a la libertad de información y de prensa; si las grandes empresas de comunicación o los ciudadanos. Todo esto basado en que la información debe ser plural, no tendenciosa ni funcional a objetivos particulares.

Como correlato, la Presidenta se reunió el 4 de abril con parte del gabinete y los máximos miembros del Observatorio de Discriminación: los titulares del COMFER, INADI y CNM, participando también al Decano y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster y Damián Loretti. Estos le entregaron un documento elaborado por un grupo académico, donde se cuestiona el tratamiento dado por varios medios a la crisis, señalando que algunas coberturas "llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas y por la supina ignorancia que revelan." La Facultad de Ciencias Sociales, que incluye la Carrera de Comunicación Social, y las demás universidades públicas del país fueron invitadas a ser parte del Observatorio.

Si bien es posible acordar con buena parte del contenido de dicho documento, llama la atención la oportunidad elegida para expresarse sobre los intereses que condicionan la producción de información, y también llama la atención que las consideraciones sobre la imposibilidad de neutralidad absoluta por parte de los medios no alcancen, de manera autocrítica, a las posicones académicas. Tampoco incluye ese documento ninguna consideración acerca de las presiones y condicionamientos que los gobiernos, y no sólo las empresas, pueden ejercer sobre los medios de comunicación.

Desde todo punto de vista es repudiable que expresiones de desprecio de clase, racismo, xenofobia o cualquier otra forma de discriminación provengan de medios masivos de comunicación. Pero sería positivo saber que criterios determinan cuáles, cómo y cuándo las informaciones adquieren es cariz. Y también que esos mismos criterios no sean utilizados para una política de concentración de poder y un monitoreo autoritario de la prensa.

La reunión entre la Presidenta y el Observatorio, en vías de expansión en cuanto a sus miembros y posiblemente a funciones y facultades, provocó críticas y preocupación en sectores políticos y periodísticos. La Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) consideró innecesaria la creación de una instancia específica de control editorial. FOPEA (Foro de Periodistas Argentinos) reclamó que se permita a los periodistas realizar su labor sin las presiones que vienen soportando, garantizando que la sociedad pueda recibir información confiable. Es sabida la tensa relación que tuvo el ex Presidente Kirchner con los medios, lo que parece continuarse en la actual gestión de su esposa.

Desde lo jurídico, el constitucionalista Gregorio Badeni también crítico al documento de la Facultad de Ciencias Sociales por tomar posición en un "conflicto de política agonal" y al intento del gobierno para expandir un control político sobre la prensa. Recientemente ADEPA señalo de "superfluo, anacrónico y perverso" ese intento.

Tememos que el Observatorio de Discriminación sea el instrumento elegido por el Poder Ejecutivo para supervisar los medios y la prensa, atento las últimas reuniones y la incorporación de un "ala académica" por parte de la UBA, con notoria sintonía con el discurso de la Casa Rosada. Estaríamos entonces ante un organismo del que sabemos nada sobre su nuevo rol y que quizás diste bastante de sus funciones actuales, las que compartimos. Es preocupante que una institución cuya función es la salvaguarda de los derechos ciudadanos termine siendo utilizada como una agencia que limite la libertad de expresión. Por eso solicitamos se nos informe sobre todo ello.

Otro preocupante indicio relacionado es el Decreto 377/08. El mismo dispone la absorción del COMFER por parte de la Secretaría de Medios de Comunicación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La razón sería una "mejor administración y aprovechamiento de los recursos", según el CONSIDERANDO. En paralelo, el Poder Ejecutivo reemplazó a su Interventor, Julio Bárbaro, por Gabriel Mariotto. Esta concentración bajo la tutela directa del Poder Ejecutivo de un ex organismo descentralizado, y el nombramiento de un nuevo funcionario, nos llaman poderosamente atención, ya que coincide con el acercamiento de la Presidenta al Observatorio, del cual el COMFER es miembro principal.

Todo indicaría una estrategia para fortalecer una política de vigilancia y observación que, de por sí, es alarmante y que no podemos ni debemos convalidar bajo ningún aspecto.

Tenemos la impresión que el Gobierno, en lugar de abordar seriamente y fuera de una coyuntura dramática como el conflicto desatado con el campo el problema de la discriminación en los medios y la incidencia del poder económico en la producción de información, termina distorsionando ese interesante y pendiente debate al proponer herramientas que, en este contexto, más se acercan a una disputa por el manejo de la información que a una verdadera reforma en pos del pluralismo.

Efectivamente, debiéramos discutir con seriedad que impacto ha tenido en el derecho a la información de los argentinos, la reciente aceptación por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia de la fusión entre los dos mayores operadores de cable del país: Multicanal y Cablevisión. Esta fusión -avalada pocos días antes de terminar la gestión del ex presidente Néstor Kirchner- atenta contra la pluralidad de opiniones, ya que concentra en un mismo multimedios a más del cincuenta por ciento del mercado de la televisión paga, porque el Grupo Clarín también controla DirecTV.

Creemos que en este sentido sería mucho más razonable sancionar una nueva Ley de Radiodifusión -la actual fue creada por la Dictadura Militar-, transparentar la extensión de las licencias otorgadas a los canales de televisión privados también efectuada en los últimos días de la administración anterior, o designar, con acuerdo del Congreso -como en España o Chile- a la dirección de los medios públicos.

Por todos estos hechos y consideraciones, buscando promover y proteger el respeto a la libertad de expresión, comunicación e información como sustentos de la vida democrática, solicito se acompañe este proyecto mediante el voto afirmativo de mis pares.