1°) Crease en el seno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial Investigadora cuyo objeto será la investigación, el análisis y evaluación de las denuncias realizadas por distintos medios de comunicación, así como de diversas organizaciones periodísticas que podrían suponer una restricción o cercenamiento a la libertad de expresión y de prensa.

2º) La Comisión Especial Investigadora estará compuesta por 7 (siete) diputados integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión designados por la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados a propuesta de los diferentes bloques y de acuerdo al siguiente criterio: 2 (dos) diputados por el bloque de la mayoría, 2 (dos) diputados por el bloque de la primera minoría, 2 (dos) diputados por el bloque de la segunda minoría y 1 diputado por las restantes fuerzas representadas en la Cámara de Diputados. Será presidida por la Presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión.

3º) Con el objeto de cumplir con sus objetivos, la Comisión Especial Investigadora, dictará su propio reglamento interno garantizando en el mismo la plena vigencia de todas las garantías y derechos constitucionales. Para sesionar, el quórum, será el que establece el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en tanto las decisiones serán adoptadas por mayoría absoluta de sus miembros.

4º) A los efectos de cumplir con sus objetivos, serán facultades y atribuciones de la Comisión Especial Investigadora:

a) Recabar informes y/o pruebas, escritas u orales, sobre las denuncias que sean objetos de investigación con fecha cierta de contestación, a los distintos poderes del Estado, a los miembros de las administraciones públicas nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismos estatales descentralizados y a toda persona de existencia física y/o jurídica o ideal.

b) Disponer la realización de pericias y/o estudios técnicos complementarios que se consideren necesarios para la tarea investigativa.

c) Tomar conocimiento del estado de las causas judiciales y/o administrativas relacionadas con los hechos a investigar y requerir la remisión de expedientes judiciales y/o administrativos o copia certificada de los mismos. En el caso que la documentación remitida esté bajo secreto de sumario, deberá tomarse los recaudos correspondientes para garantizar el mismo.

d) Convocar a las distintas organizaciones periodísticas, cámaras, sindicatos y/o distintas organizaciones relacionadas con medios gráficos, audiovisuales y/o multimediales a conformar un Consejo Consultivo Permanente para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Especial Investigadora.

e) Constituirse en reunión plenaria en cualquier provincia donde se sucedieran los hechos, de acuerdo a la tarea investigativa, por requerimiento de las partes involucradas o por evaluación de la necesidad de la presencia de la Comisión Especial Investigadora ante amenaza o restricción a la libertad de expresión en cualquier lugar del país.

5º) Si como consecuencia de la investigación se advirtiera la comisión de actos que pudieran considerarse delitos, la Comisión Especial de Investigación deberá formular las denuncias pertinentes ante la justicia ordinaria, aportando los elementos de prueba recopilados.

6º) La Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará la infraestructura, apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de las funciones de esta Comisión Especial Investigadora.

7º) La Comisión Especial Investigadora deberá elevar un informe final a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados, dentro de los 90 días de su constitución, pudiendo emitirse informes parciales sobre los avances de las investigaciones. En su defecto informará las razones que le hayan imposibilitado cumplir con sus objetivos. El plazo de duración de la Comisión Especial Investigadora podrá prorrogarse por resolución de la Cámara de Diputados de la Nación.

8º) El informe final, los informes parciales o las razones que imposibiliten los mismos, serán dados a publicidad por los medios que la Comisión Especial Investigadora estime pertinente.

Señor presidente:

La Libertad de expresión es un derecho inherente a la condición de ser humano, está expresamente garantizada por el art. 14º de nuestra Constitución Nacional y por la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su Resolución Nº 59 del año 1946 declaró "La libertad de información es un derecho humano fundamental y el punto de partida de todas las libertades a las que está consagrada la Organización de las Naciones Unidas".

Desde el año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la relación oficialista con la prensa es preocupante, existe un manejo del gobierno con los medios de comunicación que plantea importantes dificultades con los periodistas y trabajadores de la prensa que pretenden ejercer con libertad su profesión.

Hechos de restricciones a la libertad de información han sido públicos como el retiro de la credencial a un periodista en la terminal aeroportuaria de Ezeiza luego de dar a conocer una investigación periodística que comprometía al gobierno. La negación presidencial a dar conferencias de prensa y el levantamiento de varios programas televisivos y radiales como, entre otros, Desayuno de Víctor Hugo Morales, o el del periodista José Eliachev, o las acusaciones directas a Joaquín Morales Solá por parte del ex presidente, fueron una constante que se repite en la actual administración. Esta actitud frente a los medios se profundiza y la libertad de prensa en la Argentina se desarrolla en un ambiente hostil.

Durante el mes de mayo del 2006, desde la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión tomamos contacto directo con el periodista Daniel Santoro que junto con el Juez Federal Daniel Rafecas sufren robo y espionaje sobre sus correos electrónicos. Santoro estaba en ese momento investigando un intento de contrabando de cocaína a Europa y en el operativo denominado Viñas Blancas interviene el magistrado Rafecas.

El 11 de mayo de 2006, también convocamos a la Comisión de Libertad de Expresión en una sesión a la que el oficialismo no prestó el quórum necesario a la Comisión Interna de la Agencia Oficial TELAM dice Alicia Gallizi, en dicha oportunidad como secretaria general de la Comisión Interna de la agencia Télam "en Télam funciona una redacción paralela. La redacción funciona entre el primer piso, el segundo y el tercero, pero hay máquinas que salen al aire con el servicio desde el octavo piso, donde funciona el directorio de la empresa". Testimoniando de esta manera la subjetiva forma de conducir la agencia oficial de noticias.

En un plazo menor durante la gestión de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya se han registrado varios ataques y/o amenazas a la libertad de expresión que incluso han llegado a la violencia directa por parte de grupos afines al Gobierno Nacional. Este es el caso de la agresión al Editor del Diario Perfil Jorge Fontevecchia, en oportunidad de estar en las cercanías de la contramarcha destinada a callar la protesta a favor de los reclamos agropecuarios ocurrida el 25 de marzo de 2008.

En tanto otro hecho preocupante, que significó una denuncia de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ante la Sociedad Interamericana de Prensa, fue la amenaza que recibiera el periódico Clarín respecto a las investigaciones que viene realizando por el caso del asesinato del sindicalista Abel Beroiz del gremio de camioneros.

Es una constante durante estos meses se sucedieron distintos hechos de restricción y/o obstaculización de la labor periodística como la prohibición de la utilización del Cabildo de Buenos Aires para la realización de un programa especial de "La Cornisa" que conduce el periodista Luis Majul, para entrevistar al humorista Enrique Pinti, con el argumento esgrimido por un funcionario de la Secretaría de Cultura de la Nación, que tal nota suponía la oposición al Gobierno Nacional.

También se produjo el desalojo de periodistas acreditados de medios nacionales y extranjeros de la sala de prensa de la Quinta Presidencial de Olivos en oportunidad de la cumbre de los presidentes de Bolivia, Brasil y la Argentina, Evo Morales, Luis Ignacio Da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente., que cubrían tan importante encuentro el 23 de febrero pasado.

Durante el acto oficialista del 1º de abril del corriente en la Plaza de Mayo, convocado para apoyar la postura del gobierno en el conflicto agropecuario la Presidenta sube el tono de su crítica a los medios de comunicación caracterizando de generales multimediáticos (golpistas) a algunos medios y condenando al prestigioso dibujante Hermenegildo Sabat del diario Clarín por considerar que una caricatura suya emitía un mensaje cuasimafioso por mostrarla con una venda en la boca.

Estos ataques a la prensa se realizan en un contexto donde además distintas medidas oficiales en relación a la distribución de la pauta oficial y el dictado del Decreto 377/2008 que dispone la transferencia del Comfer a la órbita de la Secretaría de Medios de Comunicación dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, le quita transparencia a las acciones de gobierno en su relación con los medios periodísticos y el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Esto se hace soslayando el debate en el parlamento que venimos proponiendo varios diputados a través de distintos proyectos, para una nueva Ley de Radiodifusión que transparente el funcionamiento y situación de los medios de radiodifusión en nuestro país, como así también la necesidad de una norma que transparente la distribución de la pauta oficial con criterios neutrales.

De sostenerse esta desigual confrontación donde, desde el oficialismo se presiona, se agravia, y se condena a los periodistas y a los editores, se estarían conculcando los derechos básicos que hacen a la libertad de la expresión en el país.

La Sociedad Interamericana de Prensa denunció en su informe sobre la Argentina el 3 de octubre de 2006: que "casi desde que asumió el poder, hace tres años, el presidente Néstor Kirchner señala cada vez que puede, con nombre y apellido, a determinados medios y periodistas, en actos públicos que predisponen a las masas en contra de esos medios y periodistas. Las consecuencias son amenazas más o menos anónimas contra esos medios y periodistas, así como el surgimiento de grupos violentos afines al Presidente que, al mejor estilo de las bandas fascistas de antaño, ejercen actos intimidatorios contra la prensa no adicta", y concluye que "la distribución arbitraria de la publicidad oficial sigue siendo un problema muy serio en Argentina, donde el Gobierno continúa con su política de utilizar los recursos públicos para 'premiar' a los medios afines y 'castigar' a los críticos o independientes".

Esta denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 2006 se sigue verificando, ya que en su nuevo informe de la Reunión de Medio Año en Caracas, Venezuela, exhorta nuevamente al gobierno de Argentina a trabajar sobre varios aspectos de la relación con los medios así como respecto a su normativa en materia de radiodifusión, acceso a la información y publicidad oficial.

Por lo tanto, consideramos que es necesario y urgente arbitrar los medios necesarios para el efectivo control parlamentario sobre las restricciones a la libertad de expresión en la Argentina y a través de una Comisión Especial Investigadora Parlamentaria lograremos cumplir más eficazmente ese cometido.

Por tal motivo Sr. Presidente solicitamos a los sres. diputados acompañar el presente proyecto