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JUSTICIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 423
Secretario Administrativo DRA VILLARES MARIANA
Jefe DRA. FARIAS NATALIA MICAELA
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2418 Internos 2418/17
cjusticia@hcdn.gob.ar
- JUSTICIA
- LEGISLACION PENAL
Reunión del día 15/03/2011
- -
En Buenos Aires, a los quince días del mes de marzo de 2011, a la hora 15:
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA GIL LAVEDRA Damos inicio a las actividades en este nuevo período parlamentario.
Esta es la primera reunión de la Comisión de Justicia, y quiero aprovechar la oportunidad para manifestarles que, a los efectos de poder dedicarme con mayor intensidad a las responsabilidades que importan la conducción del bloque de la Unión Cívica Radical, le he presentado al presidente de la Cámara mi renuncia a la comisión para su consideración.
Quiero agradecer mucho el trabajo que hemos realizado el año pasado. Ha sido una labor intensa y hemos logrado saldar nuestras diferencias de manera civilizada y democrática. Hemos conseguido, incluso en condiciones difíciles, avanzar en muchísimos proyectos, y siempre en el ámbito de la discusión hemos mantenido el respeto a las normas mínimas de convivencia. He tenido mucho gusto en compartir con ustedes las reuniones del año pasado.
Quisiera entonces someter a consideración de la comisión la propuesta de que quien me reemplace en la Presidencia sea el diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, Juan Pedro Tunessi.
Esta es la primera reunión de la Comisión de Justicia, y quiero aprovechar la oportunidad para manifestarles que, a los efectos de poder dedicarme con mayor intensidad a las responsabilidades que importan la conducción del bloque de la Unión Cívica Radical, le he presentado al presidente de la Cámara mi renuncia a la comisión para su consideración.
Quiero agradecer mucho el trabajo que hemos realizado el año pasado. Ha sido una labor intensa y hemos logrado saldar nuestras diferencias de manera civilizada y democrática. Hemos conseguido, incluso en condiciones difíciles, avanzar en muchísimos proyectos, y siempre en el ámbito de la discusión hemos mantenido el respeto a las normas mínimas de convivencia. He tenido mucho gusto en compartir con ustedes las reuniones del año pasado.
Quisiera entonces someter a consideración de la comisión la propuesta de que quien me reemplace en la Presidencia sea el diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, Juan Pedro Tunessi.
- Se aprueba. (Aplausos.)
- Ocupa la Presidencia de la comisión el señor diputado Tunessi.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI Les agradezco mucho. Espero poder contar con el consejo y el apoyo de Ricardo, que para todos nosotros además de un colega es un maestro en los temas jurídicos. Estoy convencido de que vamos a poder trabajar con el mismo criterio; les agradezco el gesto, contarán con mi mayor predisposición para alcanzar los mayores niveles de consenso y de debate en los mismos términos planteados en esta comisión.
Quisiera poner en consideración en primer lugar la propuesta de que sigamos sesionando los días martes a las 14 horas, y continuaríamos también los días miércoles a las 14 horas con la reunión de asesores. Convocaríamos en cada oportunidad cuando tengamos asuntos para tratar, pero como regla general las reuniones se harían esos días.
- Se aprueba.
Quisiera poner en consideración en primer lugar la propuesta de que sigamos sesionando los días martes a las 14 horas, y continuaríamos también los días miércoles a las 14 horas con la reunión de asesores. Convocaríamos en cada oportunidad cuando tengamos asuntos para tratar, pero como regla general las reuniones se harían esos días.
- Se aprueba.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI Hoy trataremos, junto con la Comisión de Legislación Penal, los dos puntos de la convocatoria del día de la fecha. Muchas gracias nuevamente por su apoyo. Quedo a disposición de todos ustedes. (Aplausos.)
Cabe aclarar que quedó pendiente una invitación al ministro de Justicia -quien había aceptado concurrir- para tratar el tema de la Unidad de Investigación Fiscal, la UIF. Según tengo entendido, el doctor Alak había aceptado la invitación, que se frustró en razón del fallecimiento de su madre.
Cabe aclarar que quedó pendiente una invitación al ministro de Justicia -quien había aceptado concurrir- para tratar el tema de la Unidad de Investigación Fiscal, la UIF. Según tengo entendido, el doctor Alak había aceptado la invitación, que se frustró en razón del fallecimiento de su madre.
SR. GIL LAVEDRA En su momento hablé con el ministro de Justicia, de acuerdo al mandato dado por la comisión, y me dijo que con mucho gusto concurriría. Habíamos fijado la fecha de fines de noviembre, cuando lo debimos suspender debido a la desgracia personal que atravesaba el señor ministro por el fallecimiento de su madre.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI Si están de acuerdo entonces nos comunicaríamos con el ministro para fijar una nueva fecha. En su momento la comisión estuvo de acuerdo, el ministro había aceptado, por lo que faltaría fijar la fecha. Me ocuparé del tema entonces.
- Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Damos comienzo entonces a la reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal para dar tratamiento a los dos temas incluidos en el temario de la fecha.
El primero de ellos es el proyecto sobre modificación del Código Penal en materia de delitos de corrupción de los señores diputados Vega, Gambaro, Martínez Oddone, Aguad, Bullrich, Hotton y Veaute.
Este expediente tiene la particularidad de que transcribe el dictamen al que arribaron por consenso las comisiones de Legislación Penal y de Justicia el año pasado, con la única modificación que hace al artículo 2º en términos del decomiso a propuesta del señor diputado Gil Lavedra, cuyo texto reformado se transcribe en el proyecto que estamos considerando.
En esta oportunidad estamos presentando esta iniciativa porque la anterior perdió estado parlamentario. A mi juicio, el texto de este proyecto es muy sencillo ya que reproduce un dictamen firmado por la inmensa mayoría de los diputados -si no todos- en el mes de junio del año pasado.
Si les parece bien, pasamos el dictamen a la firma. No obstante, voy a recordarles cuáles eran los núcleos centrales del proyecto, que mencionaré rápidamente. Dichos puntos son los siguientes: responsabilidad penal de las personas jurídicas, decomiso, anticipado a la sentencia definitiva, agravantes, el tipo legal más severo en materia de delitos de corrupción para los jueces que incurran en ellos.
Asimismo, quiero comentarles que los dos temas, tanto el proyecto del diputado Gil Lavedra como éste, sumados a otros dos que vamos a trabajar específicamente en la Comisión de Legislación Penal, que son el de lavado y evasión, están cruzados por una misma idea: transparentar ante nuestra sociedad cuál es el verdadero nivel que ha alcanzado en la Argentina de hoy la impunidad de los delitos del poder político y económico. Los cuatro proyectos están cruzados por la misma idea: poner freno a esta vergüenza que en la Argentina es hoy la impunidad de los delitos del poder.
Aprovecho esta oportunidad para mostrarles la última vergonzosa situación que se vio la semana pasada en el expediente ANSES contra IBM, donde nuevamente los actos de corrupción terminan bendecidos por prescripciones liberatorias.
Si les parece bien a los señores diputados, pasamos a la firma el primero de los cuatro expedientes, recordándoles que contiene la transcripción de lo ya dictaminado y consensuado el año pasado por todos.
Tiene la palabra la señora diputada Rodríguez.
El primero de ellos es el proyecto sobre modificación del Código Penal en materia de delitos de corrupción de los señores diputados Vega, Gambaro, Martínez Oddone, Aguad, Bullrich, Hotton y Veaute.
Este expediente tiene la particularidad de que transcribe el dictamen al que arribaron por consenso las comisiones de Legislación Penal y de Justicia el año pasado, con la única modificación que hace al artículo 2º en términos del decomiso a propuesta del señor diputado Gil Lavedra, cuyo texto reformado se transcribe en el proyecto que estamos considerando.
En esta oportunidad estamos presentando esta iniciativa porque la anterior perdió estado parlamentario. A mi juicio, el texto de este proyecto es muy sencillo ya que reproduce un dictamen firmado por la inmensa mayoría de los diputados -si no todos- en el mes de junio del año pasado.
Si les parece bien, pasamos el dictamen a la firma. No obstante, voy a recordarles cuáles eran los núcleos centrales del proyecto, que mencionaré rápidamente. Dichos puntos son los siguientes: responsabilidad penal de las personas jurídicas, decomiso, anticipado a la sentencia definitiva, agravantes, el tipo legal más severo en materia de delitos de corrupción para los jueces que incurran en ellos.
Asimismo, quiero comentarles que los dos temas, tanto el proyecto del diputado Gil Lavedra como éste, sumados a otros dos que vamos a trabajar específicamente en la Comisión de Legislación Penal, que son el de lavado y evasión, están cruzados por una misma idea: transparentar ante nuestra sociedad cuál es el verdadero nivel que ha alcanzado en la Argentina de hoy la impunidad de los delitos del poder político y económico. Los cuatro proyectos están cruzados por la misma idea: poner freno a esta vergüenza que en la Argentina es hoy la impunidad de los delitos del poder.
Aprovecho esta oportunidad para mostrarles la última vergonzosa situación que se vio la semana pasada en el expediente ANSES contra IBM, donde nuevamente los actos de corrupción terminan bendecidos por prescripciones liberatorias.
Si les parece bien a los señores diputados, pasamos a la firma el primero de los cuatro expedientes, recordándoles que contiene la transcripción de lo ya dictaminado y consensuado el año pasado por todos.
Tiene la palabra la señora diputada Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ Señor presidente: quiero aclarar que admito que esta nueva versión ha mejorado el artículo 2°. De todos modos, sigo teniendo algún problema con la cuestión, pero voy a conceder que no es culpa de este proyecto en particular sino que en términos de penas en general nuestro Código Penal es un sistema de parches. Por lo tanto, las graduaciones de penas son bastante complejas.
En general, no apoyo un aumento de penas, porque considero que de por sí no es la herramienta fundamental para disuadir la corrupción. Como tosco ejemplo basta mencionar la anécdota de cuando en Francia instituyeron la pena de muerte para los carteristas y ellos aprovechaban para robar cuando se formaba un gentío curioseando una ejecución. El aumento de penas no es de por sí la herramienta indicada y lo mantuve en el caso Blumberg.
Es cierto que en este caso, incluso el hecho de homogeneizar todos los mínimos en dos, hace que determinados delitos tengan una escala despareja. Por ejemplo, la sustracción de caudales es un delito más gravoso que otros. Quizás en ese caso yo pondría un mínimo mayor, y en cambio, en otros casos el máximo se podría disminuir. Creo que en ese punto el sistema puede tener algunas contradicciones con la propia lógica que se pretende instaurar.
Finalmente quiero expresar que mi principal problema con este proyecto es que hay razones éticas, prácticas y jurídicas para estar en contra de la figura del arrepentido. Creo que el Estado no se puede asociar con un delincuente para conseguir luchar contra la corrupción ni contra ningún otro delito. Ningún fin justifica los medios. Lo que era antes el llamado "testigo de la corona", citado claramente por Sancinetti, me parece inadmisible como derecho penal liberal en nuestro país, que tiene un sistema garantista.
El arrepentido en sí no puede permitir cualquier cosa. Además, no es un verdadero arrepentimiento. Es decir, no es que realmente se están arrepintiendo sino que están manipulando. Lo que muchas veces sucede es que los que están involucrados en delitos mayores, que tienen mayor responsabilidad, en realidad entregan a los "perejiles" para salvarse de la pena.
La verdad es que no merecen esta confianza, porque no hay un verdadero arrepentimiento sino que lo único que están haciendo es entregar a otro simplemente para salvarse ellos mismos, incluso con alguna dificultad en relación con la garantía de autoincriminación y demás.
En términos prácticos, el caso que se acaba de mencionar es una de las situaciones más claras en que el tema del arrepentido no funciona. Ni siquiera había una aceptación legal del arrepentido en los casos IBM-Banco Nación e IBM-ANSES.
Sin embargo, es cierto que los funcionarios de IBM habían declarado -y habían confesado en muchos casos- cómo habían sido las maniobras, creo que jugando a conseguir penas menores. Aun así en ninguno de los dos casos hubo condenados, y esto por la ineficacia del sistema judicial, no por la falta de evidencias.
Por otro lado, creo que hay que salvar una cuestión técnica, que tal vez se haya pasado por alto y puedan solucionar en el recinto quienes estén de acuerdo. En el artículo 268 (8), se dispone que aquél que se arrepiente -que además tiene que brindar información y colaborar con información esencial en la investigación, suministrando datos útiles para la recuperación de los activos, para acreditar la intervención de otras personas, y además debe reparar el daño causado- tiene una pena igual a la de la tentativa, limitándola a la mitad. Ese es el arrepentido, en la jerga llamado "buchón". Ahora, los que son autores o partícipes tienen reducida la pena a la mitad simplemente por reparar el daño. Esto se dispone en el artículo 268 (10).
Sinceramente, al autor de un delito no le conviene ser arrepentido, sino solamente reparar el daño; a quienes sean autores de delitos de gran envergadura y que tengan además fondos suficientes para reparar el daño, no les conviene colaborar sino jugar con la posibilidad de que no los vayan a enjuiciar, si total la pena es casi igual; en ambos casos tienen que reparar el daño y la pena puede ser la misma; ¿para qué van a arrepentirse?, no tiene lógica.
No estoy de acuerdo con la figura en sí misma, pero además creo que la redacción, desde un punto de vista técnico y en términos prácticos, implica problemas. No tiene sentido, ¿para qué van a colaborar? Tendrían la pena y deberían reparar el daño; pueden jugar a escaparse, reparar el daño y listo.
Por supuesto esto afecta el principio de igualdad, los ricos que se escapan y reparan quedan libres y los que son "perejiles" y no tienen para reparar el daño no pueden tener el beneficio de la pena reducida.
En general, no apoyo un aumento de penas, porque considero que de por sí no es la herramienta fundamental para disuadir la corrupción. Como tosco ejemplo basta mencionar la anécdota de cuando en Francia instituyeron la pena de muerte para los carteristas y ellos aprovechaban para robar cuando se formaba un gentío curioseando una ejecución. El aumento de penas no es de por sí la herramienta indicada y lo mantuve en el caso Blumberg.
Es cierto que en este caso, incluso el hecho de homogeneizar todos los mínimos en dos, hace que determinados delitos tengan una escala despareja. Por ejemplo, la sustracción de caudales es un delito más gravoso que otros. Quizás en ese caso yo pondría un mínimo mayor, y en cambio, en otros casos el máximo se podría disminuir. Creo que en ese punto el sistema puede tener algunas contradicciones con la propia lógica que se pretende instaurar.
Finalmente quiero expresar que mi principal problema con este proyecto es que hay razones éticas, prácticas y jurídicas para estar en contra de la figura del arrepentido. Creo que el Estado no se puede asociar con un delincuente para conseguir luchar contra la corrupción ni contra ningún otro delito. Ningún fin justifica los medios. Lo que era antes el llamado "testigo de la corona", citado claramente por Sancinetti, me parece inadmisible como derecho penal liberal en nuestro país, que tiene un sistema garantista.
El arrepentido en sí no puede permitir cualquier cosa. Además, no es un verdadero arrepentimiento. Es decir, no es que realmente se están arrepintiendo sino que están manipulando. Lo que muchas veces sucede es que los que están involucrados en delitos mayores, que tienen mayor responsabilidad, en realidad entregan a los "perejiles" para salvarse de la pena.
La verdad es que no merecen esta confianza, porque no hay un verdadero arrepentimiento sino que lo único que están haciendo es entregar a otro simplemente para salvarse ellos mismos, incluso con alguna dificultad en relación con la garantía de autoincriminación y demás.
En términos prácticos, el caso que se acaba de mencionar es una de las situaciones más claras en que el tema del arrepentido no funciona. Ni siquiera había una aceptación legal del arrepentido en los casos IBM-Banco Nación e IBM-ANSES.
Sin embargo, es cierto que los funcionarios de IBM habían declarado -y habían confesado en muchos casos- cómo habían sido las maniobras, creo que jugando a conseguir penas menores. Aun así en ninguno de los dos casos hubo condenados, y esto por la ineficacia del sistema judicial, no por la falta de evidencias.
Por otro lado, creo que hay que salvar una cuestión técnica, que tal vez se haya pasado por alto y puedan solucionar en el recinto quienes estén de acuerdo. En el artículo 268 (8), se dispone que aquél que se arrepiente -que además tiene que brindar información y colaborar con información esencial en la investigación, suministrando datos útiles para la recuperación de los activos, para acreditar la intervención de otras personas, y además debe reparar el daño causado- tiene una pena igual a la de la tentativa, limitándola a la mitad. Ese es el arrepentido, en la jerga llamado "buchón". Ahora, los que son autores o partícipes tienen reducida la pena a la mitad simplemente por reparar el daño. Esto se dispone en el artículo 268 (10).
Sinceramente, al autor de un delito no le conviene ser arrepentido, sino solamente reparar el daño; a quienes sean autores de delitos de gran envergadura y que tengan además fondos suficientes para reparar el daño, no les conviene colaborar sino jugar con la posibilidad de que no los vayan a enjuiciar, si total la pena es casi igual; en ambos casos tienen que reparar el daño y la pena puede ser la misma; ¿para qué van a arrepentirse?, no tiene lógica.
No estoy de acuerdo con la figura en sí misma, pero además creo que la redacción, desde un punto de vista técnico y en términos prácticos, implica problemas. No tiene sentido, ¿para qué van a colaborar? Tendrían la pena y deberían reparar el daño; pueden jugar a escaparse, reparar el daño y listo.
Por supuesto esto afecta el principio de igualdad, los ricos que se escapan y reparan quedan libres y los que son "perejiles" y no tienen para reparar el daño no pueden tener el beneficio de la pena reducida.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Gracias, diputada.
Quiero hacer una simple aclaración. Las modificaciones llamadas Blumberg apuntaban a aumentar las penas de los delitos de la pobreza, aquí estamos aumentando las penas de los delitos del poder. Quiero que quede claro que esta no es una diferencia menor.
Tiene la palabra el diputado Albrieu.
Quiero hacer una simple aclaración. Las modificaciones llamadas Blumberg apuntaban a aumentar las penas de los delitos de la pobreza, aquí estamos aumentando las penas de los delitos del poder. Quiero que quede claro que esta no es una diferencia menor.
Tiene la palabra el diputado Albrieu.
SR. ALBRIEU En general comparto lo expresado por el señor diputado Vega; conozco su dedicación y trabajo en torno a este proyecto. Si bien pienso, al igual que la diputada Rodríguez, que el aumento de la pena en la mayoría de los casos no logra el efecto que la sociedad espera, quizá en este proyecto pueda tener su efecto.
Más allá de compartir los lineamientos generales, y habida cuenta de las disidencias parciales que contenía el dictamen anterior, debo señalar que hay una gran cantidad de diputados que votamos el tema con disidencias parciales, algunas de las cuales ha enumerado en esta oportunidad la señora diputada Rodríguez y otras que hemos discutido mil veces en reuniones de comisión.
Quería proponer que continuemos discutiendo y pospongamos la firma del dictamen hasta lograr un consenso y poder contar lo antes posible con un dictamen emitido por unanimidad. Nosotros hemos discutido hoy este tema en el bloque y nos parece que tenemos que asumir el compromiso de seguir discutiendo este tema en profundidad y posponer la firma del dictamen con el compromiso que firmemente asumimos de trabajar de lleno en este tema.
Nuestra postura es la de proponer que se postergue la firma del dictamen para una próxima reunión, en la que pueda lograrse la posibilidad de un dictamen único. Este es un tema importante y debe ser considerado como política de Estado, tal como se señaló y yo reafirmo. Pero también hacer política de Estado requiere consensos amplios, más aún en esta etapa que vive nuestra Cámara. Por ello propongo continuar con la discusión y posponer la firma del dictamen.
Más allá de compartir los lineamientos generales, y habida cuenta de las disidencias parciales que contenía el dictamen anterior, debo señalar que hay una gran cantidad de diputados que votamos el tema con disidencias parciales, algunas de las cuales ha enumerado en esta oportunidad la señora diputada Rodríguez y otras que hemos discutido mil veces en reuniones de comisión.
Quería proponer que continuemos discutiendo y pospongamos la firma del dictamen hasta lograr un consenso y poder contar lo antes posible con un dictamen emitido por unanimidad. Nosotros hemos discutido hoy este tema en el bloque y nos parece que tenemos que asumir el compromiso de seguir discutiendo este tema en profundidad y posponer la firma del dictamen con el compromiso que firmemente asumimos de trabajar de lleno en este tema.
Nuestra postura es la de proponer que se postergue la firma del dictamen para una próxima reunión, en la que pueda lograrse la posibilidad de un dictamen único. Este es un tema importante y debe ser considerado como política de Estado, tal como se señaló y yo reafirmo. Pero también hacer política de Estado requiere consensos amplios, más aún en esta etapa que vive nuestra Cámara. Por ello propongo continuar con la discusión y posponer la firma del dictamen.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Tiene la palabra la señora diputada Alonso.
SRA. ALONSO En el verano, aunque parezca que no suceden cosas, sucedieron muchas. Yo firmé este dictamen, que usted sabe que he defendido con uñas y dientes, pero sigo viendo no sólo que aquí hay comentarios profundos e importantes, teniendo en cuenta que esta es una reforma seria y que sería bueno que fuera unánime, sino que además hemos recibido en el marco de nuestro bloque algunos comentarios de aquellos a los que les toca el trabajo de aplicar las normas. También hemos encontrado algunos problemas técnicos que sería bueno retocar.
Si bien yo no iba a solicitar posponer la firma del dictamen, porque no me gusta postergar las cosas, me parece que firmar un dictamen hoy nos va a llevar a seguir discutiendo el tema y llegar al recinto con complicaciones. Después de haber escuchado al diputado preopinante, también me inclino por pedir que nos tomemos un tiempo. Yo pertenezco sólo a la Comisión de Justicia, con lo cual a veces me pierdo la mitad de las discusiones, pero me pongo a disposición en todo caso para consultar a más especialistas -todavía más- porque esta es una reforma profunda.
En ese sentido, comparto el espíritu de lo manifestado por el señor diputado Albrieu en cuanto a que sería importante un obtener dictamen unánime. A veces queremos ir rápido pero obtener consenso para una reforma tan importante requiere que nos tomemos un poquito más de tiempo. Sigo defendiendo la figura del buchón o arrepentido pero lo discutiremos en otras reuniones.
Si bien yo no iba a solicitar posponer la firma del dictamen, porque no me gusta postergar las cosas, me parece que firmar un dictamen hoy nos va a llevar a seguir discutiendo el tema y llegar al recinto con complicaciones. Después de haber escuchado al diputado preopinante, también me inclino por pedir que nos tomemos un tiempo. Yo pertenezco sólo a la Comisión de Justicia, con lo cual a veces me pierdo la mitad de las discusiones, pero me pongo a disposición en todo caso para consultar a más especialistas -todavía más- porque esta es una reforma profunda.
En ese sentido, comparto el espíritu de lo manifestado por el señor diputado Albrieu en cuanto a que sería importante un obtener dictamen unánime. A veces queremos ir rápido pero obtener consenso para una reforma tan importante requiere que nos tomemos un poquito más de tiempo. Sigo defendiendo la figura del buchón o arrepentido pero lo discutiremos en otras reuniones.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Por cierto yo no estoy de acuerdo y creo que la sociedad nos va a mirar con estupor. Creo que toda la sociedad argentina sabe que los delitos del poder en nuestro país no pagan; sabe que los delitos de la pobreza pagan demasiado. Los últimos informes del CIPSE demuestran que el 94 por ciento de los procesos por corrupción terminan en prescripción liberatoria. La sociedad argentina sabe que el último informe de Transparencia Internacional nos coloca en el puesto número 109 en materia de corrupción y sabe, en lo que a mi concierne, que este no es un proyecto contra nadie sino que busca transparentar lo que es una endemia cultural en la Argentina, una endemia social de la cual se han aprovechado distintos partidos políticos en el gobierno y sobre todo distintos grupos empresariales en el poder.
Si hay diferencias en materia de técnica legislativa con respecto a temas especiales, éstas pueden solucionarse perfectamente, tal como ha pasado con otras leyes, antes de llegar al recinto o en el recinto mismo.
Pero creo que lo importante para la sociedad es el metamensaje que nosotros como comisión le damos, el de haber decidido -los diputados de ambas comisiones- analizar lo que pasa con la impunidad de los delitos del poder, haciéndolo desde el poder mismo. Este es el mensaje.
Obviamente no estoy de acuerdo con el pase a comisión, pero el juego de las mayorías y las minorías está dado; voy a firmar el dictamen tal como está redactado, los que quieran proponer otro que lo hagan, obviamente no voy a estar de acuerdo; si bien respeto por supuesto las diferencias técnicas que pueda haber, no puedo estar de acuerdo.
Tiene la palabra la señora diputada Ibarra.
Si hay diferencias en materia de técnica legislativa con respecto a temas especiales, éstas pueden solucionarse perfectamente, tal como ha pasado con otras leyes, antes de llegar al recinto o en el recinto mismo.
Pero creo que lo importante para la sociedad es el metamensaje que nosotros como comisión le damos, el de haber decidido -los diputados de ambas comisiones- analizar lo que pasa con la impunidad de los delitos del poder, haciéndolo desde el poder mismo. Este es el mensaje.
Obviamente no estoy de acuerdo con el pase a comisión, pero el juego de las mayorías y las minorías está dado; voy a firmar el dictamen tal como está redactado, los que quieran proponer otro que lo hagan, obviamente no voy a estar de acuerdo; si bien respeto por supuesto las diferencias técnicas que pueda haber, no puedo estar de acuerdo.
Tiene la palabra la señora diputada Ibarra.
SRA. IBARRA Señor presidente Vega: me parece que la propuesta no es la de no emitir dictamen sino la de trabajar el texto -los distintos bloques tenemos la voluntad de hacerlo- y emitir un dictamen técnicamente más acabado, sin las dificultades planteadas, por ejemplo por la señora diputada Rodríguez.
En nuestro bloque también se consideró la figura del decomiso y se han incorporado mejoras; en un párrafo final se dejó abierta la figura.
Tenemos alguna diferencia respecto a cómo está planteada la pena mínima; se establece un mínimo de cinco años en la figura agravada y se deja ese lapso en una situación muy compleja, con temas pendientes.
Nos parece -y la propuesta así se formula- que es conveniente tratar estos temas en las reuniones de asesores, con los diputados, tomarnos una o dos semanas para poder contar con un mejor texto. Como dice usted, mirando los números podemos ver que se busca precisamente un mejor texto; hay vocación de emitir dictamen.
Creo haber escuchado a las diputadas Alonso, Rodríguez, y al diputado del Frente para la Victoria -en mi caso hablo en representación del bloque Nuevo Encuentro-, y no pienso que se esté planteando no emitir dictamen sino sacar uno mejor. El problema que se presenta cuando todos firmamos montones de disidencias parciales o dictámenes en minoría es que luego estamos en el recinto haciéndonos interrupciones y subiendo o bajando penas, con la enorme gravedad que eso implica en temas que hacen a la libertad de los argentinos.
Generalmente uno en este tipo de cuestiones trata de llegar al recinto con el trabajo ya realizado en comisión, con la mayor calidad técnica; si hay disidencias se fundamenta en el recinto y se vota, pero no tenemos que estar haciendo modificaciones en el recinto, con los errores que ello puede aparejar en temas tan importantes.
El pedido entonces es darnos una o dos semanas y trabajar mejor en los puntos que creo han quedado pendientes -las penas mínimas, la figura del arrepentido y el decomiso-, luego cada uno firmará el dictamen que quiera, sea de mayoría o minoría, pero llevándolo al recinto en forma ordenada. Nadie está pidiendo que no se trate. No queremos hacer un discurso sobre ética, todos estamos de acuerdo en trabajar en este sentido.
En nuestro bloque también se consideró la figura del decomiso y se han incorporado mejoras; en un párrafo final se dejó abierta la figura.
Tenemos alguna diferencia respecto a cómo está planteada la pena mínima; se establece un mínimo de cinco años en la figura agravada y se deja ese lapso en una situación muy compleja, con temas pendientes.
Nos parece -y la propuesta así se formula- que es conveniente tratar estos temas en las reuniones de asesores, con los diputados, tomarnos una o dos semanas para poder contar con un mejor texto. Como dice usted, mirando los números podemos ver que se busca precisamente un mejor texto; hay vocación de emitir dictamen.
Creo haber escuchado a las diputadas Alonso, Rodríguez, y al diputado del Frente para la Victoria -en mi caso hablo en representación del bloque Nuevo Encuentro-, y no pienso que se esté planteando no emitir dictamen sino sacar uno mejor. El problema que se presenta cuando todos firmamos montones de disidencias parciales o dictámenes en minoría es que luego estamos en el recinto haciéndonos interrupciones y subiendo o bajando penas, con la enorme gravedad que eso implica en temas que hacen a la libertad de los argentinos.
Generalmente uno en este tipo de cuestiones trata de llegar al recinto con el trabajo ya realizado en comisión, con la mayor calidad técnica; si hay disidencias se fundamenta en el recinto y se vota, pero no tenemos que estar haciendo modificaciones en el recinto, con los errores que ello puede aparejar en temas tan importantes.
El pedido entonces es darnos una o dos semanas y trabajar mejor en los puntos que creo han quedado pendientes -las penas mínimas, la figura del arrepentido y el decomiso-, luego cada uno firmará el dictamen que quiera, sea de mayoría o minoría, pero llevándolo al recinto en forma ordenada. Nadie está pidiendo que no se trate. No queremos hacer un discurso sobre ética, todos estamos de acuerdo en trabajar en este sentido.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA A ver si entiendo bien lo que dice usted, diputada. Tomaríamos entonces dos semanas, fijando un plazo para que esos tres temas puntuales -decomiso, arrepentido y penas mínimas- sean considerados por los asesores, emitiendo luego dictamen, sea de mayoría o minoría. ¿Esa sería la propuesta?
SRA. IBARRA Sí.
SRA. RODRÍGUEZ Hay algunas cuestiones terminológicas que se pueden arreglar.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Quedaríamos entonces en dos semanas.
SRA. ARGUMEDO Creo que vale la pena tomar ese plazo; es pertinente, el acuerdo es casi unánime.
SR. ALBRIEU Quiero hacer una aclaración. Las reuniones de comisión indudablemente están signadas por la suerte que tengan las sesiones del plenario; si la Cámara no sesiona no va a haber reunión de comisión, porque la mayoría de los diputados estarán en sus provincias o dedicados a sus tareas políticas, cada uno en su territorio.
El hecho de estipular un plazo dependerá de cuándo sea la próxima sesión así como la reunión de comisión.
El hecho de estipular un plazo dependerá de cuándo sea la próxima sesión así como la reunión de comisión.
SRA. RODRÍGUEZ En todo caso, que sigan trabajando los asesores.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
SR. GIL LAVEDRA Señor presidente: en primer lugar, quiero reconocer el empeño, laboriosidad y tenacidad que ha habido respecto de este proyecto, que lleva por finalidad combatir la corrupción. Todos reconocemos la fogosidad que se ha demostrado a lo largo del año pasado en relación con esta cuestión.
Lo más fácil en este momento sería firmar lo que hicimos el año pasado, porque ya tenemos sobre nuestras espaldas mucho tiempo de debate. Sin embargo, se mejoró muchísimo desde que empezamos hasta que se arribó a los dictámenes.
Además, escuchando la opinión de los integrantes de los otros bloques, en un año más pacífico, en el cual existe una tendencia mayor a los acuerdos, me parece prudente que hagamos el último esfuerzo para reducir las diferencias que quedaban, en especial cuando ha aparecido la apreciación de la diputada Alonso, quien manifestó otras cuestiones.
Por ello, sugiero que realicemos el último esfuerzo para reducir aun más los puntos sobre los que había de divergencia, dado que existe el compromiso -creo que de todos los bloques- de tratar el proyecto inmediatamente y firmar el dictamen, pero con menos disidencias de las que hubo el año pasado.
Lo más fácil en este momento sería firmar lo que hicimos el año pasado, porque ya tenemos sobre nuestras espaldas mucho tiempo de debate. Sin embargo, se mejoró muchísimo desde que empezamos hasta que se arribó a los dictámenes.
Además, escuchando la opinión de los integrantes de los otros bloques, en un año más pacífico, en el cual existe una tendencia mayor a los acuerdos, me parece prudente que hagamos el último esfuerzo para reducir las diferencias que quedaban, en especial cuando ha aparecido la apreciación de la diputada Alonso, quien manifestó otras cuestiones.
Por ello, sugiero que realicemos el último esfuerzo para reducir aun más los puntos sobre los que había de divergencia, dado que existe el compromiso -creo que de todos los bloques- de tratar el proyecto inmediatamente y firmar el dictamen, pero con menos disidencias de las que hubo el año pasado.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Tiene la palabra el señor diputado Tunessi, presidente de la Comisión de Justicia.
SR. TUNESSI En el mismo sentido, pienso que es valioso intentar el consenso en esta cuestión, porque todos estamos comprometidos a sancionar el proyecto, dado que la intención no es demorarlo. Es por ello que la idea me parece razonable.
Asimismo, quiero rescatar que habíamos conversado con el presidente de la Comisión de Legislación Penal respecto de que la reproducción del proyecto con todas las observaciones que había tenido el año pasado -cuando había perdido estado parlamentario-, con leves modificaciones, hacía que el consenso alcanzado lo convirtiera en una cuestión de mero trámite, porque ya se había agotado la discusión.
Aquí se están realizando aportes relacionados con reducir la cantidad de disidencias parciales y mejorar el proyecto, con lo cual no es que se esté obstruyendo o impidiendo la cuestión.
Considero que bien valdría la pena que la próxima reunión, cuando tengamos convocatoria de conjunto, a la mayor brevedad posible y en coordinación con la sesión, nos comprometiéramos a convocar una nueva reunión con todos estos temas superados para dictaminar definitivamente.
Asimismo, quiero rescatar que habíamos conversado con el presidente de la Comisión de Legislación Penal respecto de que la reproducción del proyecto con todas las observaciones que había tenido el año pasado -cuando había perdido estado parlamentario-, con leves modificaciones, hacía que el consenso alcanzado lo convirtiera en una cuestión de mero trámite, porque ya se había agotado la discusión.
Aquí se están realizando aportes relacionados con reducir la cantidad de disidencias parciales y mejorar el proyecto, con lo cual no es que se esté obstruyendo o impidiendo la cuestión.
Considero que bien valdría la pena que la próxima reunión, cuando tengamos convocatoria de conjunto, a la mayor brevedad posible y en coordinación con la sesión, nos comprometiéramos a convocar una nueva reunión con todos estos temas superados para dictaminar definitivamente.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA No soy un hombre tozudo ni caprichoso. Creo que existe la mejor intención para pulir estas diferencias, que hacen a la técnica legislativa.
Quiero aclarar que no es solamente un proyecto que busca luchar contra la corrupción sino que intenta cambiar una política criminal y desplazar el peso de la pretensión punitiva del Estado de la pobreza hacia el poder. Ese es el sentido que tiene este proyecto, para terminar con la vergüenza de que los delitos del poder son impunes en la Argentina y los delitos de la pobreza son cada vez más castigados. Esto no es panfletismo. Es la realidad de las prescripciones obligatorias a todos los procesos por corrupción existentes en la Argentina.
Tiene la palabra el señor diputado Recalde.
Quiero aclarar que no es solamente un proyecto que busca luchar contra la corrupción sino que intenta cambiar una política criminal y desplazar el peso de la pretensión punitiva del Estado de la pobreza hacia el poder. Ese es el sentido que tiene este proyecto, para terminar con la vergüenza de que los delitos del poder son impunes en la Argentina y los delitos de la pobreza son cada vez más castigados. Esto no es panfletismo. Es la realidad de las prescripciones obligatorias a todos los procesos por corrupción existentes en la Argentina.
Tiene la palabra el señor diputado Recalde.
SR. RECALDE Señor presidente: me pasó lo mismo que a usted cuando me enteré de la impunidad por prescripción en la imputación de delitos del caso IBM-ANSES.
El proyecto en cuestión tiende a conjurar el problema de la prescripción. Yo personalmente lo revisé, pero admito mi ignorancia porque no veo soluciones a este tema específico. Quisiera que alguien me lo explicara.
El proyecto en cuestión tiende a conjurar el problema de la prescripción. Yo personalmente lo revisé, pero admito mi ignorancia porque no veo soluciones a este tema específico. Quisiera que alguien me lo explicara.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Se lo voy a tratar de explicar.
He dicho que hoy teníamos como temario un plexo normativo. La corrupción no se soluciona mágicamente con una ley penal, si esa es su pregunta. Es un problema tan complejo que exige una modificación procesal penal, una modificación de la estructura de la justicia, de la Fiscalía de Investigación y, sobre todo, una revisión de las conductas sociales argentinas que cabalgan livianamente acompañando la corrupción, desde el "por algo habrá sido" al "roba pero hace" -en la década del 90. Es el mismo paradigma.
Entonces, si usted me pregunta por qué la Argentina hoy está en el cuadro de honor de la corrupción, y por qué ello implica altas tasas de riesgo país, altas dificultades para invertir en el país y baja seguridad jurídica, yo le respondo que la corrupción de la Argentina tiene más peso en la inseguridad jurídica que las reservas del Banco Central.
Pero volviendo al tema, esto se soluciona con el Código Penal y con el Código Procesal Penal, que es el primer tema a tratar en la Comisión de Legislación Penal.
He dicho que hoy teníamos como temario un plexo normativo. La corrupción no se soluciona mágicamente con una ley penal, si esa es su pregunta. Es un problema tan complejo que exige una modificación procesal penal, una modificación de la estructura de la justicia, de la Fiscalía de Investigación y, sobre todo, una revisión de las conductas sociales argentinas que cabalgan livianamente acompañando la corrupción, desde el "por algo habrá sido" al "roba pero hace" -en la década del 90. Es el mismo paradigma.
Entonces, si usted me pregunta por qué la Argentina hoy está en el cuadro de honor de la corrupción, y por qué ello implica altas tasas de riesgo país, altas dificultades para invertir en el país y baja seguridad jurídica, yo le respondo que la corrupción de la Argentina tiene más peso en la inseguridad jurídica que las reservas del Banco Central.
Pero volviendo al tema, esto se soluciona con el Código Penal y con el Código Procesal Penal, que es el primer tema a tratar en la Comisión de Legislación Penal.
SR. RECALDE Mi pregunta era muco más sencilla.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI El incremento en el monto de las penas aumenta automáticamente los plazos de prescripción; esto obviamente a partir de ahora.
- Varios hablan a la vez.
SR. RECALDE Yo en realidad apuntaba a la responsabilidad del Poder Judicial.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI Tenemos hoy también en consideración el expediente
3925-d-2010 -modificación sobre creación de fiscales generales anticorrupción-; se trata de un proyecto de ley del señor diputado Gil Lavedra y otros.
Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
SR. GIL LAVEDRA Comentaré brevemente este proyecto que estamos presentando junto con otros señores diputados. Todos ustedes conocen las dificultades que se suscitaron a raíz de la actuación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas -un órgano del Ministerio Público que tuvo una actuación difusa, yo diría irregular, con mucha exposición pública en muchos períodos, languideciendo en otros, y cuya competencia resultaba al menos confusa en algunos aspectos-, una fiscalía de investigaciones administrativas que tenía a su cargo labrar una enorme cantidad de sumarios a los funcionarios superiores de la administración y que no se sabía bien cómo debía intervenir junto con el resto del Ministerio Público en algunas causas especiales que involucraran a funcionarios públicos.
El tema finalizó en una polémica entre un fiscal nacional de investigaciones administrativas -muy activo, como fue en su momento el doctor Garrido- y el procurador en cuanto al alcance de las facultades.
Debido a esta situación hoy la fiscalía nacional no está funcionando y la oficina anticorrupción -otro órgano ligado al gobierno nacional que debía investigar y perseguir algunos casos especiales- tampoco ha tenido mayor intervención en los últimos años -prácticamente ni se presentan denuncias en las carpetas que se abren. Es por ello que, tomando las palabras del señor presidente Vega en cuanto a la corrupción estructural -y sobre todo la impunidad estructural que tenemos en la Argentina en materia de lucha contra la corrupción-, proponemos dar un paso decisivo, cambiar al órgano persecutor, sustituyendo a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y crear una fiscalía especial de lucha contra la corrupción. Para ello hemos seguido estándares internacionales, especialmente los de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que tiene que haber un órgano autónomo especializado en la materia. Hemos planteado un diseño que tiende a no crear un superfiscal.
Así como todos somos conscientes de que es necesario perseguir estas malas prácticas, también sabemos lo nefasto que es que aparezcan estos superhombres, esta concentración de poder que existe en algunos órganos o personas. Por lo tanto lo que proponemos es la creación de un comité de fiscales generales; de su seno se irá eligiendo de modo paulatino y rotativo un presidente, que tendrá a su cargo la conducción del órgano.
Dicho comité tomará las decisiones más trascendentes. La fiscalía especial anticorrupción a ser conformada deberá decidir en qué casos toma parte, dirimirá las disputas con los otros fiscales, intervendrá siempre y, en caso de conflicto, se establecerá un procedimiento a ser resuelto por un consejo de fiscales, integrado por el Procurador General.
También se soluciona la cuestión de cuándo y cómo debe intervenir; en este aspecto, adelantándonos a una reforma inexorable que tendrá lugar en el sistema de enjuiciamiento, se establece que la investigación preliminar queda a cargo de la Fiscalía desde el comienzo, con noticia por supuesto al juez interviniente -que funcionará como juez de garantías en los casos en que se produzca alguna afectación de las mismas y por supuesto en los actos procesales fundamentales.
No voy a explicar en detalle todos los lineamientos del proyecto, pero sí diré que básicamente se trata de una modificación sensible a la ley orgánica del Ministerio Público; se sustituye la actual Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas por este órgano. Si bien no le otorgamos una competencia primaria, sí puede intervenir en algunos sumarios administrativos relevantes que estime conveniente. Pensamos que este puede ser un aporte decisivo en manos de un órgano fiscal especial para tratar de combatir lo que el presidente de la Comisión de Legislación Penal denominó una de las lacras de nuestro tiempo. Muchas gracias.
El tema finalizó en una polémica entre un fiscal nacional de investigaciones administrativas -muy activo, como fue en su momento el doctor Garrido- y el procurador en cuanto al alcance de las facultades.
Debido a esta situación hoy la fiscalía nacional no está funcionando y la oficina anticorrupción -otro órgano ligado al gobierno nacional que debía investigar y perseguir algunos casos especiales- tampoco ha tenido mayor intervención en los últimos años -prácticamente ni se presentan denuncias en las carpetas que se abren. Es por ello que, tomando las palabras del señor presidente Vega en cuanto a la corrupción estructural -y sobre todo la impunidad estructural que tenemos en la Argentina en materia de lucha contra la corrupción-, proponemos dar un paso decisivo, cambiar al órgano persecutor, sustituyendo a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y crear una fiscalía especial de lucha contra la corrupción. Para ello hemos seguido estándares internacionales, especialmente los de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que tiene que haber un órgano autónomo especializado en la materia. Hemos planteado un diseño que tiende a no crear un superfiscal.
Así como todos somos conscientes de que es necesario perseguir estas malas prácticas, también sabemos lo nefasto que es que aparezcan estos superhombres, esta concentración de poder que existe en algunos órganos o personas. Por lo tanto lo que proponemos es la creación de un comité de fiscales generales; de su seno se irá eligiendo de modo paulatino y rotativo un presidente, que tendrá a su cargo la conducción del órgano.
Dicho comité tomará las decisiones más trascendentes. La fiscalía especial anticorrupción a ser conformada deberá decidir en qué casos toma parte, dirimirá las disputas con los otros fiscales, intervendrá siempre y, en caso de conflicto, se establecerá un procedimiento a ser resuelto por un consejo de fiscales, integrado por el Procurador General.
También se soluciona la cuestión de cuándo y cómo debe intervenir; en este aspecto, adelantándonos a una reforma inexorable que tendrá lugar en el sistema de enjuiciamiento, se establece que la investigación preliminar queda a cargo de la Fiscalía desde el comienzo, con noticia por supuesto al juez interviniente -que funcionará como juez de garantías en los casos en que se produzca alguna afectación de las mismas y por supuesto en los actos procesales fundamentales.
No voy a explicar en detalle todos los lineamientos del proyecto, pero sí diré que básicamente se trata de una modificación sensible a la ley orgánica del Ministerio Público; se sustituye la actual Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas por este órgano. Si bien no le otorgamos una competencia primaria, sí puede intervenir en algunos sumarios administrativos relevantes que estime conveniente. Pensamos que este puede ser un aporte decisivo en manos de un órgano fiscal especial para tratar de combatir lo que el presidente de la Comisión de Legislación Penal denominó una de las lacras de nuestro tiempo. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Tiene la palabra la señora diputada Alonso.
SRA. ALONSO Ante todo quiero celebrar la designación del señor diputado Tunessi como presidente de la Comisión de Justicia.
Ninguno de nosotros lo ha felicitado. Imagino que todos acompañan la decisión. (Aplausos.)
Señores presidentes: con respecto a la ley orgánica del Ministerio Público cabe decir que hay varios proyectos de ley que tocan distintos puntos, por lo que mi propuesta -hay un proyecto de mi autoría, el 4301-d-2010, que refiere al proceso de designación del Procurador General de la Nación- es que se pongan a la vista otros proyectos existentes vinculados a esa ley. Sé que hay un proyecto de la señora diputada Stolbizer -si bien perdió estado parlamentario se estaba estudiando volver a presentarlo- respecto a la famosa comisión bicameral de enlace o de relaciones institucionales del Congreso, que prevé la ley del Ministerio Público y que nunca se creó.
Dado que se trata de una reforma importante, creo que si tenemos voluntad de encarar el tema debemos plantear un tratamiento más amplio, considerando también otros expedientes que tratan dicha ley.
Ninguno de nosotros lo ha felicitado. Imagino que todos acompañan la decisión. (Aplausos.)
Señores presidentes: con respecto a la ley orgánica del Ministerio Público cabe decir que hay varios proyectos de ley que tocan distintos puntos, por lo que mi propuesta -hay un proyecto de mi autoría, el 4301-d-2010, que refiere al proceso de designación del Procurador General de la Nación- es que se pongan a la vista otros proyectos existentes vinculados a esa ley. Sé que hay un proyecto de la señora diputada Stolbizer -si bien perdió estado parlamentario se estaba estudiando volver a presentarlo- respecto a la famosa comisión bicameral de enlace o de relaciones institucionales del Congreso, que prevé la ley del Ministerio Público y que nunca se creó.
Dado que se trata de una reforma importante, creo que si tenemos voluntad de encarar el tema debemos plantear un tratamiento más amplio, considerando también otros expedientes que tratan dicha ley.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Considero que como este proyecto ha sido presentado por el señor diputado Gil Lavedra sin duda tendrá un alto rigor técnico; esto está fuera de discusión. Sin embargo, si estamos trabajando con seriedad jurídica -como creo que lo estamos haciendo-, unificados por una coincidencia en términos de una política legislativa, creo que tendríamos que analizar el proyecto del señor diputado Gil Lavedra, como bien dice la diputada Alonso, de manera sistémica.
Es decir, teniendo a la vista otros proyectos que tengan conexicidad objetiva, procesal o sustancial con éste, incluido el del Código Penal y el del Código Procesal Penal. Creo que este es un entramado de textos normativos que de algún modo deben ser considerados de manera simultánea para obtener un producto jurídico armónico.
Esta es mi opinión y por ello voy a proponer que se siga el mismo criterio que con respecto al Código Penal y le demos dos semanas para articular las distintas posiciones en el seno de las reuniones de asesores.
Es decir, teniendo a la vista otros proyectos que tengan conexicidad objetiva, procesal o sustancial con éste, incluido el del Código Penal y el del Código Procesal Penal. Creo que este es un entramado de textos normativos que de algún modo deben ser considerados de manera simultánea para obtener un producto jurídico armónico.
Esta es mi opinión y por ello voy a proponer que se siga el mismo criterio que con respecto al Código Penal y le demos dos semanas para articular las distintas posiciones en el seno de las reuniones de asesores.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
SR. GIL LAVEDRA Por supuesto que me parece muy bien que el proyecto pase a asesores para tratar de unificar la mayor cantidad de coincidencias; nadie pretendía arribar rápidamente a un consenso frente a un tema que reviste cierta complejidad.
Me gustaría hacer alguna aclaración sobre la conexicidad y la visión sistémica. La visión sistémica no significa tener vinculación con la ley de ministerio público, ni con el régimen de enjuiciamiento penal, ni relación con el Código Penal; con esta visión sistémica no podríamos avanzar con ningún proyecto. Lo que tiene vinculación es lo estrictamente atinente a los puntos que modifica el proyecto, que sin duda guardan relación con la investigación de los otros delitos. De lo contrario, nunca podrían realizarse modificaciones.
Por ello me parece muy bien la propuesta formulada en el sentido de que se difiera el tema para tratamiento en asesores, pero no que se lo junte con un montón de cosas que a lo mejor no tienen relación con esta cuestión.
Me gustaría hacer alguna aclaración sobre la conexicidad y la visión sistémica. La visión sistémica no significa tener vinculación con la ley de ministerio público, ni con el régimen de enjuiciamiento penal, ni relación con el Código Penal; con esta visión sistémica no podríamos avanzar con ningún proyecto. Lo que tiene vinculación es lo estrictamente atinente a los puntos que modifica el proyecto, que sin duda guardan relación con la investigación de los otros delitos. De lo contrario, nunca podrían realizarse modificaciones.
Por ello me parece muy bien la propuesta formulada en el sentido de que se difiera el tema para tratamiento en asesores, pero no que se lo junte con un montón de cosas que a lo mejor no tienen relación con esta cuestión.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI Tiene la palabra la señora diputada Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ En los mismos términos que el diputado Gil Lavedra, la diputada Alonso no lo mencionó pero yo levanté un proyecto -no recuerdo si de la Oficina Anticorrupción o de la propia Fiscalía en el momento que estaba Manuel Garrido- con algunos avances, pero básicamente el proyecto no era mío y así lo reconocí en el momento de explicar los fundamentos. La iniciativa iba en la línea de lo que propone el diputado Gil Lavedra. La verdad es que considero que la versión de Gil Lavedra es mejor y por ello no reproduje mi proyecto y dejé que perdiera estado parlamentario para que avanzara su iniciativa y no entorpecer los trámites correspondientes.
Más allá de ello, sí creo necesaria una reunión de asesores para analizar algunos temas que yo modificaría del proyecto del diputado Gil Lavedra. Pero en líneas generales creo que es mejor que mi versión.
También coincido con que una perspectiva sistémica, si bien sería lo ideal, en este Congreso es imposible. La práctica demuestra -y quienes somos viejos diputados acá o tenemos viejo anclaje- que cuando un proyecto es girado a seis comisiones, nunca termina de emitirse el dictamen correspondiente. Creo que hay que buscar que tenga cierta unidad de espíritu y conexicidad objetiva y que todos los proyectos del mismo tema estén en el mismo estudio que el del diputado Gil Lavedra, pero sería definitivamente imposible en el marco del Código Penal in totum o del Código Procesal, pese a que tal vez me contradiga respecto de que nuestro Código Penal es un parche.
Creo que no tenemos un Congreso compuesto por fuerzas políticas y una dinámica que permita avanzar en consensos más allá de algunos proyectos puntuales en los que vamos a poder llegar a acuerdos.
Considero que en este proyecto podemos llegar a acuerdos con mayor facilidad y en este momento deberíamos privilegiar este tipo de iniciativas.
Asimismo, el proyecto de la señora diputada Alonso, respecto de la designación, seguramente también podría tener consenso porque tiene mucha semejanza con otros procesos -consultivos, abiertos y demás-, que de hecho el ex presidente Kirchner inauguró con el decreto 222.
En distintos proyectos de representantes de diferentes bloques -antes o después- hemos contemplado procesos participativos y abiertos donde se prioriza la calidad técnica y demás. Por ello, pienso que también se puede lograr un consenso en este aspecto.
El tema es alcanzar una dinámica que no impida el tratamiento de ambos proyectos sino que, al contrario, se apruebe uno u otro rápidamente.
Más allá de ello, sí creo necesaria una reunión de asesores para analizar algunos temas que yo modificaría del proyecto del diputado Gil Lavedra. Pero en líneas generales creo que es mejor que mi versión.
También coincido con que una perspectiva sistémica, si bien sería lo ideal, en este Congreso es imposible. La práctica demuestra -y quienes somos viejos diputados acá o tenemos viejo anclaje- que cuando un proyecto es girado a seis comisiones, nunca termina de emitirse el dictamen correspondiente. Creo que hay que buscar que tenga cierta unidad de espíritu y conexicidad objetiva y que todos los proyectos del mismo tema estén en el mismo estudio que el del diputado Gil Lavedra, pero sería definitivamente imposible en el marco del Código Penal in totum o del Código Procesal, pese a que tal vez me contradiga respecto de que nuestro Código Penal es un parche.
Creo que no tenemos un Congreso compuesto por fuerzas políticas y una dinámica que permita avanzar en consensos más allá de algunos proyectos puntuales en los que vamos a poder llegar a acuerdos.
Considero que en este proyecto podemos llegar a acuerdos con mayor facilidad y en este momento deberíamos privilegiar este tipo de iniciativas.
Asimismo, el proyecto de la señora diputada Alonso, respecto de la designación, seguramente también podría tener consenso porque tiene mucha semejanza con otros procesos -consultivos, abiertos y demás-, que de hecho el ex presidente Kirchner inauguró con el decreto 222.
En distintos proyectos de representantes de diferentes bloques -antes o después- hemos contemplado procesos participativos y abiertos donde se prioriza la calidad técnica y demás. Por ello, pienso que también se puede lograr un consenso en este aspecto.
El tema es alcanzar una dinámica que no impida el tratamiento de ambos proyectos sino que, al contrario, se apruebe uno u otro rápidamente.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI Tiene la palabra la señora diputada Argumedo.
SRA. ARGUMEDO Señor presidente: varios proyectos confluyen hacia el ministerio público. Entonces, sería bueno tratar de ver cómo se articulan esos proyectos que confluyen con la organización de la comisión bicameral, con la propuesta de designación del fiscal, etcétera. Me parece que eso es lo que se podría trabajar y no todo el sistema jurídico. Es decir que debemos centrarnos en el ministerio público.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI Precisamente les iba a proponer que como la Comisión de Justicia tiene competencia en el tema del ministerio público -que es la que está destinada a los proyectos-, se unifiquen algunos proyectos que tengan conexión, es decir, que reformen el tema del ministerio público, sobre todo en lo vinculado a la lucha contra la corrupción.
La idea es que la cuestión sea derivada a los asesores para lograr una unificación y que busquemos un dictamen conjunto con los otros proyectos en el menor tiempo posible. Este proyecto está próximo al de la reforma, porque tienen claramente una conexión y apuntan a un mismo objetivo. ¿Estamos de acuerdo?
La idea es que la cuestión sea derivada a los asesores para lograr una unificación y que busquemos un dictamen conjunto con los otros proyectos en el menor tiempo posible. Este proyecto está próximo al de la reforma, porque tienen claramente una conexión y apuntan a un mismo objetivo. ¿Estamos de acuerdo?
SRA. RODRÍGUEZ Quiero señalar una sola cuestión relacionada con el procedimiento. Para el mejor tratamiento en el recinto, mi sugerencia es que algunas cuestiones vayan en proyectos separados, porque existen iniciativas que pueden tener dictamen unánime y votarse sin disidencias ni observaciones. En cambio, otros proyectos más complejos, que tienen una mayor dificultad para lograr el consenso, pueden provocar que, al no poder aprobar uno, no aprobemos todos. Sugiero que los tratemos por partes.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA TUNESSI Estamos de acuerdo. Entonces, podríamos organizar una reunión conjunta de asesores de ambas comisiones para tratar los proyectos.
No habiendo otros asuntos que tratar, comenzará a sesionar la Comisión de Legislación Penal.
Es la hora 15 y 59.
- Se retiran de la sala los integrantes de la Comisión de Justicia.
- Luego de unos instantes, a la hora 16:
No habiendo otros asuntos que tratar, comenzará a sesionar la Comisión de Legislación Penal.
Es la hora 15 y 59.
- Se retiran de la sala los integrantes de la Comisión de Justicia.
- Luego de unos instantes, a la hora 16:
SR. PRESIDENTE VEGA Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Legislación Penal.
Tiene la palabra el señor diputado Recalde.
Tiene la palabra el señor diputado Recalde.
SR. RECALDE Señor presidente: quiero referirme a un proyecto de mi autoría que establece tipificar como un delito del derecho penal la explotación del trabajo infantil. Lamentablemente ese proyecto perdió estado parlamentario, pero en virtud de lo dispuesto por el artículo 109 del reglamento había pedido que dicha iniciativa se incorpore nuevamente al temario de esta comisión.
Reitero esta cuestión porque en estos últimos tiempos se ha hecho mucho más manifiesta y evidente la explotación de nuestros chicos y chicas. Además, por todas las explicaciones que usted hizo en relación con los delitos de corrupción del poder -a las que adhiero-, y también porque se trata de un derecho humano esencial, tendría mayor peso el hecho de que trabajemos sobre la explotación infantil desde esta comisión y logremos un dictamen contundente para aquellos que medran a expensas de los derechos de los chicos y chicas. Por ello, presento la nota de acuerdo con el artículo 109 del reglamento de esta Cámara.
Reitero esta cuestión porque en estos últimos tiempos se ha hecho mucho más manifiesta y evidente la explotación de nuestros chicos y chicas. Además, por todas las explicaciones que usted hizo en relación con los delitos de corrupción del poder -a las que adhiero-, y también porque se trata de un derecho humano esencial, tendría mayor peso el hecho de que trabajemos sobre la explotación infantil desde esta comisión y logremos un dictamen contundente para aquellos que medran a expensas de los derechos de los chicos y chicas. Por ello, presento la nota de acuerdo con el artículo 109 del reglamento de esta Cámara.
SR. PRESIDENTE VEGA Señor diputado: no le quepan dudas de que ese tema va a tener prioridad. El señor diputado Oscar Albrieu, secretario de esta comisión, se va a hacer cargo de esto.
Tiene la palabra la señora diputada Gil Lozano.
Tiene la palabra la señora diputada Gil Lozano.
SRA. GIL LOZANO Sumándome al pedido del señor diputado Recalde, quiero recordar el famoso caso de la empresa Nuestra Huella S. A., por encontrarse allí el tercer chiquito que muere por el manejo de agroquímicos no permitidos.
SR. RECALDE Ese chiquito tenía seis años...
SRA. GIL LOZANO Se trata de la tercera víctima de esta empresa. Por eso sería muy importante que pudiéramos tratar este asunto.
SR. PRESIDENTE VEGA El primer tema a considerar por la Comisión de Legislación Penal es la reforma integral del Código Procesal Penal. Como se trata de un Código de más de cuatrocientos artículos, la Constitución Nacional sabiamente ha legislado en el artículo 79 esta hipótesis de que, siempre con mayorías especiales, la Cámara puede aprobar el proyecto en general y delegar en la comisión su aprobación en particular.
¿Qué es lo que estamos pidiendo a la Comisión? Que apruebe la aplicación del artículo 79 de la Constitución Nacional para el análisis de este asunto porque de lo contrario será imposible hacerlo.
En cuanto a los núcleos centrales que subyacen en este proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal, daré la palabra al señor diputado Oscar Albrieu, autor y primer firmante del proyecto, quien tiene sobrados conocimientos teóricos y prácticos en la materia como ex juez de la Nación.
Quiero agregar que el señor diputado Barrandeguy me ha pedido hacer pública una nota que nos ha hecho llegar ya que él es autor de otro proyecto sobre reforma del Código Procesal Penal que esta comisión tiene a la vista, conjuntamente con el de los señores diputados Albrieu, Vega, Stolbizer, Rossi y Aguad.
Como les decía, el señor diputado Barrandeguy ha pedido que hagamos pública esta nota, de la que daremos lectura.
Se lee.
¿Qué es lo que estamos pidiendo a la Comisión? Que apruebe la aplicación del artículo 79 de la Constitución Nacional para el análisis de este asunto porque de lo contrario será imposible hacerlo.
En cuanto a los núcleos centrales que subyacen en este proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal, daré la palabra al señor diputado Oscar Albrieu, autor y primer firmante del proyecto, quien tiene sobrados conocimientos teóricos y prácticos en la materia como ex juez de la Nación.
Quiero agregar que el señor diputado Barrandeguy me ha pedido hacer pública una nota que nos ha hecho llegar ya que él es autor de otro proyecto sobre reforma del Código Procesal Penal que esta comisión tiene a la vista, conjuntamente con el de los señores diputados Albrieu, Vega, Stolbizer, Rossi y Aguad.
Como les decía, el señor diputado Barrandeguy ha pedido que hagamos pública esta nota, de la que daremos lectura.
Se lee.
SR. PRESIDENTE VEGA Tiene la palabra el señor diputado Albrieu, autor de la iniciativa.
SR. ALBRIEU La idea de presentar un Código Procesal Penal nuevo para la Justicia nacional y federal viene también unida a la de presentar un Código que realmente refleje lo más avanzado de la doctrina y del actual pensamiento procesal penal en nuestro país.
La experiencia que tiene la legislación nacional al respecto no es buena. Cuando a finales del siglo XIX se aprobó el código de procedimiento en materia penal -que se trataba de un procedimiento escrito-, se siguieron el ejemplo y los lineamientos del Código de Enjuiciamiento español, que ya había sido derogado en España y se suplantó por uno nuevo. Es decir que se aprobó un proyecto que reflejaba un pensamiento antiguo.
Algo similar sucedió con el actual Código Procesal Penal que implementó el procedimiento oral a nivel nacional y federal porque se tomó el Código Procesal de Vélez Maricon que había sido aprobado por la provincia de Córdoba a inicios de la década del 40. Así, se trataba de un código que ya tenía cincuenta años de vigencia y se habían producido fundamentales avances en el pensamiento procesal penal en nuestra doctrina por parte de los operadores de la justicia penal.
Como les decía, la idea de presentar este Código se inscribe precisamente en reflejar en él lo más actualizado, las nuevas ideas que se están elaborando dentro del pensamiento procesal penal en nuestro país y, fundamentalmente, en implementar el sistema acusatorio. Esto es una clara división entre la facultad legal de acusar y la atribución de juzgar. Deben separarse claramente ambas atribuciones o funciones, porque si no se da lo que tenemos actualmente con nuestros jueces de instrucción que, por un lado, tienen la misión de investigar -esto es, sospechar-, y por otro definir o decidir acerca de los derechos del acusado.
Esta difícil situación muchas veces obliga al juez a ser acusador -debe serlo si quiere sospechar-, lo cual entonces hace cierto aquel aforismo que decía que si uno tiene al juez como acusador necesita a Dios como defensor.
La idea del sistema acusatorio que implementa este Código -sería largo hablar de todas las disposiciones, tales como que se instaura el juicio por jurado, sin perjuicio de que en esta comisión también se encuentra en tratamiento un proyecto de ley de jurados, que sería de aplicación obligatoria para todos los sistemas procesales del país-, apunta a "desformalizar" la investigación. Aquí se trata de sepultar la cultura del expediente -la que implica manejarnos siempre con el procedimiento escrito, con el papel-, para llevar toda la discusión del procedimiento al campo oral, es decir, a la discusión entre las personas. Estas son algunas ideas generales que trata de implementar este código.
Y la forma de llevarlo a la práctica y a la discusión en el recinto -como ya lo mencionaron los señores diputados Vega y lo decía en su nota el señor diputado Barrandeguy- es a través del artículo 79 de la Constitución que se permite su aprobación en general por el pleno y delega en la comisión el tratamiento en particular.
También tengo que decir, señor presidente, que he hablado con colegas de esta comisión que me han hecho saber su necesidad de seguir discutiendo estos temas y profundizar su estudio. He escuchado las palabras del diputado Barrandeguy, autor de otros proyectos, que se mueve en la misma dirección aunque no de manera igual -él no pudo concurrir hoy por una obligación personal ineludible-, y por otro lado recién he recibido una notificación de la Secretaría Parlamentaria que dice que el antecedente que está en el Senado tiene una configuración distinta. El artículo 79 se aplicó alguna vez en el Senado por una ley absolutamente técnica sobre cuestiones informáticas, pero que respondía a la reglamentación porque lo establecido en el artículo 79 forma parte de la reglamentación del Senado, cosa que no ocurre en nuestro caso.
Todo esto me lleva a la necesidad de solicitar que en esta oportunidad posterguemos hasta una próxima reunión la firma del dictamen correspondiente y se le pueda hacer llegar a todos los diputados de la comisión -cumpliendo con todos- la fundamentación de esta iniciativa. Por ello yo también pido que vuelva a asesores y se posponga la firma.
La experiencia que tiene la legislación nacional al respecto no es buena. Cuando a finales del siglo XIX se aprobó el código de procedimiento en materia penal -que se trataba de un procedimiento escrito-, se siguieron el ejemplo y los lineamientos del Código de Enjuiciamiento español, que ya había sido derogado en España y se suplantó por uno nuevo. Es decir que se aprobó un proyecto que reflejaba un pensamiento antiguo.
Algo similar sucedió con el actual Código Procesal Penal que implementó el procedimiento oral a nivel nacional y federal porque se tomó el Código Procesal de Vélez Maricon que había sido aprobado por la provincia de Córdoba a inicios de la década del 40. Así, se trataba de un código que ya tenía cincuenta años de vigencia y se habían producido fundamentales avances en el pensamiento procesal penal en nuestra doctrina por parte de los operadores de la justicia penal.
Como les decía, la idea de presentar este Código se inscribe precisamente en reflejar en él lo más actualizado, las nuevas ideas que se están elaborando dentro del pensamiento procesal penal en nuestro país y, fundamentalmente, en implementar el sistema acusatorio. Esto es una clara división entre la facultad legal de acusar y la atribución de juzgar. Deben separarse claramente ambas atribuciones o funciones, porque si no se da lo que tenemos actualmente con nuestros jueces de instrucción que, por un lado, tienen la misión de investigar -esto es, sospechar-, y por otro definir o decidir acerca de los derechos del acusado.
Esta difícil situación muchas veces obliga al juez a ser acusador -debe serlo si quiere sospechar-, lo cual entonces hace cierto aquel aforismo que decía que si uno tiene al juez como acusador necesita a Dios como defensor.
La idea del sistema acusatorio que implementa este Código -sería largo hablar de todas las disposiciones, tales como que se instaura el juicio por jurado, sin perjuicio de que en esta comisión también se encuentra en tratamiento un proyecto de ley de jurados, que sería de aplicación obligatoria para todos los sistemas procesales del país-, apunta a "desformalizar" la investigación. Aquí se trata de sepultar la cultura del expediente -la que implica manejarnos siempre con el procedimiento escrito, con el papel-, para llevar toda la discusión del procedimiento al campo oral, es decir, a la discusión entre las personas. Estas son algunas ideas generales que trata de implementar este código.
Y la forma de llevarlo a la práctica y a la discusión en el recinto -como ya lo mencionaron los señores diputados Vega y lo decía en su nota el señor diputado Barrandeguy- es a través del artículo 79 de la Constitución que se permite su aprobación en general por el pleno y delega en la comisión el tratamiento en particular.
También tengo que decir, señor presidente, que he hablado con colegas de esta comisión que me han hecho saber su necesidad de seguir discutiendo estos temas y profundizar su estudio. He escuchado las palabras del diputado Barrandeguy, autor de otros proyectos, que se mueve en la misma dirección aunque no de manera igual -él no pudo concurrir hoy por una obligación personal ineludible-, y por otro lado recién he recibido una notificación de la Secretaría Parlamentaria que dice que el antecedente que está en el Senado tiene una configuración distinta. El artículo 79 se aplicó alguna vez en el Senado por una ley absolutamente técnica sobre cuestiones informáticas, pero que respondía a la reglamentación porque lo establecido en el artículo 79 forma parte de la reglamentación del Senado, cosa que no ocurre en nuestro caso.
Todo esto me lleva a la necesidad de solicitar que en esta oportunidad posterguemos hasta una próxima reunión la firma del dictamen correspondiente y se le pueda hacer llegar a todos los diputados de la comisión -cumpliendo con todos- la fundamentación de esta iniciativa. Por ello yo también pido que vuelva a asesores y se posponga la firma.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Creo que ningún diputado está en desacuerdo con la postura del señor diputado Albrieu. En definitiva, creo que estamos haciendo lo correcto porque estamos enviando a los mismos asesores y con el mismo tiempo este paquete legislativo que está atravesado por la misma idea política legislativa que es la de terminar con la vergüenza de los delitos del poder. El punto me parece correcto y el Código Procesal es una pata necesaria para combatir mediante la ley esta vergüenza.
Pasamos a la consideración del tema sobre lavado de activos. Es bueno que sepan aquellos que no están al tanto que por decisión de la mesa directiva de la Comisión de Legislación Penal en el mes de noviembre de 2010 se constituyó un grupo de expertos -consensuado por todos los bloques- a fin de analizar la problemática del lavado de activos en la Argentina dadas las enormes repercusiones internacionales que tuvieron las reiteradas inobservancias por parte del país de los estándares internacionales fijados por el GAFI.
Dicho grupo de expertos trabajó denodadamente durante el receso parlamentario y estaba compuesto por Pedro Biscay -a propuesta del INDESIT-, Patricia Llerena -a propuesta del CIPSE-, José Ignacio Cafferata Nores -a propuesta de la UCR-, Gabriel Cuomo -a propuesta del Frente para la Victoria-, Juan Félix Marteau -a propuesta de Natalia Gambaro y Gustavo Ferrari-, María José Meincke -a propuesta de la diputada Patricia Bullrich- y Mónica Almada, a propuesta de Federico Pinedo, del PRO. Es decir que estuvo todo el abanico político partidario representado y lo único que hizo la Comisión fue verificar las capacidades e idoneidades de cada uno de ellos sin preocuparse por su pertenencia política parlamentaria.
Este grupo de expertos trabajó y llegó a consensos y disensos. Tengo aquí la nota del 14 de marzo de 2011 firmada por el coordinador del grupo de expertos -que muchos de ustedes conocen, el señor Alberto Binder, jefe de asesores de la Comisión de Legislación Penal- y debo señalar que básicamente los consensos se refieren a la configuración del tipo legal y se consagra por unanimidad el autolavado.
Se evita el incumplimiento como prerrequisito configurativo del delito. Es decir que estamos ingresando a los estándares internacionales dentro de la materia. Hay una diferencia, que está marcada en el informe del 14 de marzo, que ustedes tienen en su poder. Mi posición personal la voy a mencionar en este momento. Yo le agrego el verbo "posea". Cuando establece: "Será reprimido con prisión de tres a diez años y multas de dos a diez veces el monto de la operación el que convirtiere..." yo agrego "...el que posea..." para estar en línea con el artículo 268, segunda parte, del Código Penal.
Se trata de la figura del enriquecimiento ilícito que, en lo personal, desde la Presidencia de la comisión quiero incorporar en este tipo legal, y lo señalo con toda claridad desde ahora. Esta es mi única diferencia.
Respecto del disenso, están los sujetos obligados, están las facultades de la UIF, las medidas procesales, etcétera. A mi juicio, el disenso centralmente se origina por el régimen de selección, la conformación de los titulares de la UIF y sus atribuciones en el país.
La propuesta -que hemos elevado algunos señores diputados y formulé personalmente- es que el régimen de selección de los titulares de la UIF debería basarse en el decreto 222, firmado por el presidente Néstor Kirchner, o el mecanismo constitucional de selección del defensor del pueblo, que prevé la Constitución Nacional. No nos parece que sea apropiado ni idóneo el régimen de concursos para un funcionario con tamaña responsabilidad política e institucional. De todas formas, hay disenso con respecto a este punto de selección.
En relación con las atribuciones de la UIF, queremos las máximas atribuciones y competencias, pero también las máximas garantías de que el titular de la UIF no será un agente público del gobierno de turno.
Esas son las matrices que enmarcan este proyecto y con las que estamos de acuerdo en general.
El informe lo tienen ustedes. El punto de tratamiento en relación al tema del lavado de activos busca poner en conocimiento las conclusiones del grupo de expertos, sumadas a las intervenciones o posiciones que cada uno quiera expresar. Esto se envía a los asesores para la formulación de proyectos específicos, de dictamen de mayoría, de minoría o unanimidad.
No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. En esta reunión se encuentran presentes señores diputados que no son integrantes de la comisión pero que tienen interés parlamentario -además de personal- en esta cuestión, como es el caso del señor diputado De Prat Gay.
Si están de acuerdo, pasaríamos el tema a estudio de los asesores.
Pasamos a la consideración del tema sobre lavado de activos. Es bueno que sepan aquellos que no están al tanto que por decisión de la mesa directiva de la Comisión de Legislación Penal en el mes de noviembre de 2010 se constituyó un grupo de expertos -consensuado por todos los bloques- a fin de analizar la problemática del lavado de activos en la Argentina dadas las enormes repercusiones internacionales que tuvieron las reiteradas inobservancias por parte del país de los estándares internacionales fijados por el GAFI.
Dicho grupo de expertos trabajó denodadamente durante el receso parlamentario y estaba compuesto por Pedro Biscay -a propuesta del INDESIT-, Patricia Llerena -a propuesta del CIPSE-, José Ignacio Cafferata Nores -a propuesta de la UCR-, Gabriel Cuomo -a propuesta del Frente para la Victoria-, Juan Félix Marteau -a propuesta de Natalia Gambaro y Gustavo Ferrari-, María José Meincke -a propuesta de la diputada Patricia Bullrich- y Mónica Almada, a propuesta de Federico Pinedo, del PRO. Es decir que estuvo todo el abanico político partidario representado y lo único que hizo la Comisión fue verificar las capacidades e idoneidades de cada uno de ellos sin preocuparse por su pertenencia política parlamentaria.
Este grupo de expertos trabajó y llegó a consensos y disensos. Tengo aquí la nota del 14 de marzo de 2011 firmada por el coordinador del grupo de expertos -que muchos de ustedes conocen, el señor Alberto Binder, jefe de asesores de la Comisión de Legislación Penal- y debo señalar que básicamente los consensos se refieren a la configuración del tipo legal y se consagra por unanimidad el autolavado.
Se evita el incumplimiento como prerrequisito configurativo del delito. Es decir que estamos ingresando a los estándares internacionales dentro de la materia. Hay una diferencia, que está marcada en el informe del 14 de marzo, que ustedes tienen en su poder. Mi posición personal la voy a mencionar en este momento. Yo le agrego el verbo "posea". Cuando establece: "Será reprimido con prisión de tres a diez años y multas de dos a diez veces el monto de la operación el que convirtiere..." yo agrego "...el que posea..." para estar en línea con el artículo 268, segunda parte, del Código Penal.
Se trata de la figura del enriquecimiento ilícito que, en lo personal, desde la Presidencia de la comisión quiero incorporar en este tipo legal, y lo señalo con toda claridad desde ahora. Esta es mi única diferencia.
Respecto del disenso, están los sujetos obligados, están las facultades de la UIF, las medidas procesales, etcétera. A mi juicio, el disenso centralmente se origina por el régimen de selección, la conformación de los titulares de la UIF y sus atribuciones en el país.
La propuesta -que hemos elevado algunos señores diputados y formulé personalmente- es que el régimen de selección de los titulares de la UIF debería basarse en el decreto 222, firmado por el presidente Néstor Kirchner, o el mecanismo constitucional de selección del defensor del pueblo, que prevé la Constitución Nacional. No nos parece que sea apropiado ni idóneo el régimen de concursos para un funcionario con tamaña responsabilidad política e institucional. De todas formas, hay disenso con respecto a este punto de selección.
En relación con las atribuciones de la UIF, queremos las máximas atribuciones y competencias, pero también las máximas garantías de que el titular de la UIF no será un agente público del gobierno de turno.
Esas son las matrices que enmarcan este proyecto y con las que estamos de acuerdo en general.
El informe lo tienen ustedes. El punto de tratamiento en relación al tema del lavado de activos busca poner en conocimiento las conclusiones del grupo de expertos, sumadas a las intervenciones o posiciones que cada uno quiera expresar. Esto se envía a los asesores para la formulación de proyectos específicos, de dictamen de mayoría, de minoría o unanimidad.
No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. En esta reunión se encuentran presentes señores diputados que no son integrantes de la comisión pero que tienen interés parlamentario -además de personal- en esta cuestión, como es el caso del señor diputado De Prat Gay.
Si están de acuerdo, pasaríamos el tema a estudio de los asesores.
SRA. CONTI Señor presidente: ¿va a establecer un plazo para la presentación del dictamen?
SR. PRESIDENTE VEGA La idea es instituir el mismo plazo a todo el paquete normativo, porque sería una excelente sensación para la sociedad que nosotros no utilicemos estos pases a los asesores para dilatar posiciones.
Tiene la palabra la señora diputada Conti.
Tiene la palabra la señora diputada Conti.
SRA. CONTI Señor presidente: respecto de lo que puntualizó con anterioridad, quizás entendí mal, pero la cuestión de agregar como acción típica el poseer no sé cómo soluciona el tema del que posee de buena fe. En todo caso que los asesores...
SR. PRESIDENTE VEGA En el texto se encuentra la respuesta a su inquietud.
SRA. CONTI Respecto de la fecha, es de público conocimiento -por lo menos para nosotros, que somos parte del quehacer político del país- que el GAFI está de alguna manera conminando a la Argentina a cumplir una serie de pautas respecto de la lucha contra el lavado de dinero.
En ese sentido, cabe decir que ha venido aprobando todo el quehacer de la UIF; lo que sigue exigiendo es esta reforma legislativa. El tema no es menor, ya que una sanción o un llamado de advertencia por parte de la UIF coloca a la Argentina en una posición diferente, incluso frente al sistema financiero internacional.
No tengo problema en que a todos los temas se les ponga el mismo plazo, siempre evitando -supongo que todos bregamos por ello- que nuestro país sea sancionado en esta materia.
En ese sentido, cabe decir que ha venido aprobando todo el quehacer de la UIF; lo que sigue exigiendo es esta reforma legislativa. El tema no es menor, ya que una sanción o un llamado de advertencia por parte de la UIF coloca a la Argentina en una posición diferente, incluso frente al sistema financiero internacional.
No tengo problema en que a todos los temas se les ponga el mismo plazo, siempre evitando -supongo que todos bregamos por ello- que nuestro país sea sancionado en esta materia.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGANo le quepa duda de que esa es mi principal preocupación, pero usted, que es una jurista talentosa, debe entender que la legalidad en materia de lavado de activos está íntimamente asociada con tres cuestiones: la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo.
Ya contamos con el trabajo de más de dos meses del grupo de expertos más representativo que puede tener el país. Es nuestra decisión política ver qué tipo de autoridades de la UIF vamos a poner y qué tipo de atribuciones van a tener; usted -que es una jurista, al igual que yo- sabe que estas son decisiones más políticas que técnicas, por lo que dos semanas me parece un plazo correcto, al igual que en los otros casos. Lo ideal, como homenaje a la sociedad, sería que se apruebe el paquete de medidas, no solamente lo relativo al GAFI.
Ya contamos con el trabajo de más de dos meses del grupo de expertos más representativo que puede tener el país. Es nuestra decisión política ver qué tipo de autoridades de la UIF vamos a poner y qué tipo de atribuciones van a tener; usted -que es una jurista, al igual que yo- sabe que estas son decisiones más políticas que técnicas, por lo que dos semanas me parece un plazo correcto, al igual que en los otros casos. Lo ideal, como homenaje a la sociedad, sería que se apruebe el paquete de medidas, no solamente lo relativo al GAFI.
SR. FERRARI La voluntad es la misma de nuestra parte. Somos tres autores de proyectos que hemos participado activamente en la comisión.
Celebro la idea de que durante el verano se haya progresado tanto. Creo que nuestros asesores han avanzado suficientemente como para incluso poder en estos pocos días establecer un proyecto común, por lo que estimo que el avance será importante. Usted sabe que el Poder Ejecutivo también participó de las reuniones, aunque a último momento estableció otro proyecto con algunas disidencias, que también estamos dispuestos a discutir.
En algunos casos nuestras facultades son aun más amplias que las que se encuentran en la propuesta del Poder Ejecutivo; por ejemplo, cabe destacar como relevante la facultad de querellar.
La voluntad es absoluta. Si son dos semanas nuestros asesores estarán dispuestos a trabajar febrilmente para poder avanzar, de hecho ya se han realizado reuniones entre los grupos que participaron y se ha progresado sobre un proyecto común que se puede volver a discutir.
Celebro la idea de que durante el verano se haya progresado tanto. Creo que nuestros asesores han avanzado suficientemente como para incluso poder en estos pocos días establecer un proyecto común, por lo que estimo que el avance será importante. Usted sabe que el Poder Ejecutivo también participó de las reuniones, aunque a último momento estableció otro proyecto con algunas disidencias, que también estamos dispuestos a discutir.
En algunos casos nuestras facultades son aun más amplias que las que se encuentran en la propuesta del Poder Ejecutivo; por ejemplo, cabe destacar como relevante la facultad de querellar.
La voluntad es absoluta. Si son dos semanas nuestros asesores estarán dispuestos a trabajar febrilmente para poder avanzar, de hecho ya se han realizado reuniones entre los grupos que participaron y se ha progresado sobre un proyecto común que se puede volver a discutir.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Gracias. Dependerá de la buena voluntad política de cada grupo llegar a un consenso, que sería el ideal a lograr en los cuatro temas.
Tiene la palabra el señor diputado Prat Gay.
Tiene la palabra el señor diputado Prat Gay.
SR. PRAT GAY Gracias, señor presidente. No soy miembro de esta comisión, pero presido la comisión a la que se girará luego el proyecto.
Simplemente quiero informarles que nosotros en su momento hemos tenido una breve discusión sobre el tema y estamos esperando el desarrollo del trabajo de ustedes para avanzar. Quiero mencionar también que me parece que lo que nos pide la sociedad es la mejor ley para combatir el lavado de dinero, y creo que a ello debemos apuntar, a una ley que combata el lavado de dinero, no a una ley que satisfaga a un organismo internacional que, como tantos otros, tiene su manera de ver las cosas. Lo importante es que se sancione una ley que combata férreamente el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción.
Simplemente quiero informarles que nosotros en su momento hemos tenido una breve discusión sobre el tema y estamos esperando el desarrollo del trabajo de ustedes para avanzar. Quiero mencionar también que me parece que lo que nos pide la sociedad es la mejor ley para combatir el lavado de dinero, y creo que a ello debemos apuntar, a una ley que combata el lavado de dinero, no a una ley que satisfaga a un organismo internacional que, como tantos otros, tiene su manera de ver las cosas. Lo importante es que se sancione una ley que combata férreamente el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
SR. GIL LAVEDRA Muchas gracias.
Según la interpretación pacífica que hemos hecho del reglamento el año pasado, cuando un asunto tiene más de un giro a las comisiones se requiere una actuación conjunta. Por lo tanto, si la Comisión de Finanzas es una de las comisiones a las que se girará luego el proyecto, convendría aprovechar la presencia de su presidente para solicitarle que dicha actúe conjuntamente con la de Legislación Penal.
La única comisión que está exceptuada, según la interpretación corriente que hemos hecho el año pasado, es la de Presupuesto y Hacienda. En el resto de los casos hay que hacerlo en forma conjunta, incluso ese es el modo más expedito de tratar los proyectos. De lo contrario tendría que pasar a la Comisión de Finanzas luego, reeditando la discusión.
Según la interpretación pacífica que hemos hecho del reglamento el año pasado, cuando un asunto tiene más de un giro a las comisiones se requiere una actuación conjunta. Por lo tanto, si la Comisión de Finanzas es una de las comisiones a las que se girará luego el proyecto, convendría aprovechar la presencia de su presidente para solicitarle que dicha actúe conjuntamente con la de Legislación Penal.
La única comisión que está exceptuada, según la interpretación corriente que hemos hecho el año pasado, es la de Presupuesto y Hacienda. En el resto de los casos hay que hacerlo en forma conjunta, incluso ese es el modo más expedito de tratar los proyectos. De lo contrario tendría que pasar a la Comisión de Finanzas luego, reeditando la discusión.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL (VEGA)Estoy totalmente de acuerdo. Si la Comisión de Finanzas lo acepta así, me parece correcto.
SR. PRAT GAY Sugiero que el tratamiento en asesores se haga en una reunión conjunta para comenzar a avanzar en ese sentido.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Los asesores comenzarán a trabajar la semana próxima, por lo que se le comunicará la fecha entonces, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Piemonte.
Tiene la palabra el señor diputado Piemonte.
SR. PIEMONTE Nosotros teníamos información de que se iban a tratar los proyectos sobre lavado de dinero en la Comisión de Legislación Penal, pero nos sorprendió como autores de los proyectos no ser invitados; nos enteramos tarde de la reunión, por eso nuestra llegada con demora.
Como veo que usted está pasando a considerar otro punto, quisiera saber cuál fue el tratamiento y la consideración.
Como veo que usted está pasando a considerar otro punto, quisiera saber cuál fue el tratamiento y la consideración.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Los proyectos no se trataron; se consideró el informe de un grupo de expertos constituido por decisión de la mesa de la Comisión de Legislación Penal, que trabajó durante todo el receso parlamentario; dicho grupo estuvo integrado por expertos por usted mismo designados. Se presentó el informe de los consensos y disensos a que se ha llegado y se acordó trabajar con asesores durante las próximas dos semanas para tratar de unificar un dictamen que -como bien dijo el señor diputado Prat Gay- no solo satisfaga los requerimientos de los organismos internacionales del GAFI sino la legalidad más correcta para la sociedad argentina.
SR. PIEMONTE Entonces no se trataron los proyectos.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL (VEGA)No.
SR. PIEMONTE Quiero mencionar dos cuestiones, como aporte. En primer lugar, el proyecto se gira a la Comisión de Legislación Penal y a la de Finanzas...
SRA. CONTI Vamos a hacerla conjunta.
¿No hay ninguna otra comisión con giro?
¿No hay ninguna otra comisión con giro?
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA No, son dos.
SRA. CONTI Me figura también la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en alguno de los proyectos.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA En el proyecto del señor diputado Ferrari.
- Varios diputados hablan a la vez.
SRA. CARRIÓ ¿Cómo estaba originalmente? ¿Hubo ampliación de giro?
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA No.
SRA. CARRIÓ Señor presidente: reglamentariamente corresponde que los autores de los diferentes proyectos los expongan. No quiero causar ninguna alteración al funcionamiento de la comisión, pero como presidenta del bloque de la Coalición Cívica usted sabe que he trabajado en el tema de lavado de dinero desde 1996 a la fecha.
No creo en los acuerdos de asesores sino en la discusión que hacen los diputados nacionales de los temas importantes para el país y para la República, en la discusión que hacen en este caso los diputados nacionales que integran la comisión, que son en realidad las autoridades competentes para emitir dictamen.
De acuerdo a los reglamentos de las comisiones, les corresponde a los diputados autores de proyectos exponer sobre los mismos; en todo caso, una vez marcadas las disidencias, son los asesores quienes esgrimen el consenso. Sería sumamente importante si además pudieran trabajar las dos comisiones en conjunto, dado que la Comisión de Finanzas tiene una participación muy importante en este tema. No sé si el tema ya ha sido decidido, pero creo que es de gran relevancia que se puedan exponer los proyectos.
Nosotros no fuimos citados. Usted sabe que especialmente este proyecto nos interesaba enormemente, dada nuestra trayectoria al respecto y la dureza con la que tuvimos que negociar en su momento.
Era transversal y éramos de distintos partidos. Después esto fue vaciado, tanto en el gobierno del presidente Menem como del presidente de la Rúa. De modo tal que usted sabe cómo son los lobbies en este tipo de leyes.
En consecuencia, nos gustaría que usted pudiera decirnos de qué manera y en qué momento los autores de los distintos proyectos podrán expresarse. Incluso, hay una iniciativa del Poder Ejecutivo y a nosotros nos gustaría escuchar a las autoridades del Ejecutivo que enviaron el proyecto y a los diputados oficialistas. Hay otro diputado del PJ disidente que tiene su propio proyecto y también está el nuestro. Creemos que en algún momento, por lo menos en mi experiencia como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, son los representantes de los distintos partidos, independientemente de la labor de los asesores, los que pueden tomar decisiones fundamentales acerca de esta cuestión.
Con respecto al último punto quiero decirle que el experto propuesto por nosotros dejó de asistir por no compartir el manejo de ese grupo de expertos.
No creo en los acuerdos de asesores sino en la discusión que hacen los diputados nacionales de los temas importantes para el país y para la República, en la discusión que hacen en este caso los diputados nacionales que integran la comisión, que son en realidad las autoridades competentes para emitir dictamen.
De acuerdo a los reglamentos de las comisiones, les corresponde a los diputados autores de proyectos exponer sobre los mismos; en todo caso, una vez marcadas las disidencias, son los asesores quienes esgrimen el consenso. Sería sumamente importante si además pudieran trabajar las dos comisiones en conjunto, dado que la Comisión de Finanzas tiene una participación muy importante en este tema. No sé si el tema ya ha sido decidido, pero creo que es de gran relevancia que se puedan exponer los proyectos.
Nosotros no fuimos citados. Usted sabe que especialmente este proyecto nos interesaba enormemente, dada nuestra trayectoria al respecto y la dureza con la que tuvimos que negociar en su momento.
Era transversal y éramos de distintos partidos. Después esto fue vaciado, tanto en el gobierno del presidente Menem como del presidente de la Rúa. De modo tal que usted sabe cómo son los lobbies en este tipo de leyes.
En consecuencia, nos gustaría que usted pudiera decirnos de qué manera y en qué momento los autores de los distintos proyectos podrán expresarse. Incluso, hay una iniciativa del Poder Ejecutivo y a nosotros nos gustaría escuchar a las autoridades del Ejecutivo que enviaron el proyecto y a los diputados oficialistas. Hay otro diputado del PJ disidente que tiene su propio proyecto y también está el nuestro. Creemos que en algún momento, por lo menos en mi experiencia como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, son los representantes de los distintos partidos, independientemente de la labor de los asesores, los que pueden tomar decisiones fundamentales acerca de esta cuestión.
Con respecto al último punto quiero decirle que el experto propuesto por nosotros dejó de asistir por no compartir el manejo de ese grupo de expertos.
SRA. CONTI No parecen del mismo bloque, Lilita. El presidente de la comisión y quien coordinó ese grupo de expertos son de tu bloque.
SRA. CARRIÓ Estoy haciendo una petición con total respeto al presidente de una comisión, que tiene mayor autoridad que yo para actuar sobre la cuestión. Además, nosotros no tenemos disciplina estalinista.
SRA. CONTI Yo tampoco la tengo pero lo que pasa...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. CONTI Ya estaba todo resuelto, presidente. Que resuelvan los temas de bloque en el bloque.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Esto no es un problema de bloque ni hay disciplina militar en él. De todas formas, tiene razón la diputada Carrió en el sentido de preguntar cuándo van a hablar los autores de los proyectos. Reglamentariamente tiene razón y lo van a hacer en la próxima reunión, cuando tengamos aquí las conclusiones a las que se haya arribado.
SRA. CONTI Pero van a hablar los autores después de tener todo el trabajo hecho. Me parece que de esa manera lo estamos haciendo al revés.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Es que no vamos a dictaminar sobre lo que digan los asesores sino que vamos a discutir los diputados, como siempre sucede en la comisión. Quédese tranquila porque lo vamos a hacer.
SRA. CONTI ¿Todo eso en dos semanas?
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA O en tres, pero lo vamos a hacer lo más rápido posible.
Tiene la palabra el señor diputado Prat Gay.
Tiene la palabra el señor diputado Prat Gay.
SR. PRAT GAY Nada más para aclarar que para tranquilidad de la diputada Conti...
SRA. CONTI No estoy intranquila, Prat Gay.
SR. PRAT GAY Bueno, entonces por las dudas de que la diputada Conti esté intranquila, quiero aclarar que en la reunión de la Comisión de Finanzas hicimos lo que precisamente pedía hace un rato la doctora Carrió: invitamos a los tres autores...
SRA. CONTI Sí, yo ya sé.
SR. PRAT GAY Usted no estaba en esa reunión de comisión y no vamos a discutir...
SRA. CONTI Sé lo que ocurrió. Quien conduce acá es el presidente de la comisión y en realidad la diputada está desautorizando al presidente, a la autoridad, y quien debería estar intranquilo es él; yo no estoy intranquila.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA
Quédese tranquila porque yo no estoy intranquilo.
Quédese tranquila porque yo no estoy intranquilo.
SR. PRAT GAY Para beneficio de los demás, dado que la diputada Conti está tranquila y no para de hablar, yo lo que digo es lo siguiente: en nuestra comisión invitamos a los tres autores de los proyectos. En tal sentido, concurrieron los diputados Piemonte y Gambaro y también lo hizo el diputado Moreno para presentar el proyecto oficial, cosa que este último no hizo porque se negó a debatir y dejó una copia de la iniciativa. Como el diputado Moreno fue quien representó al oficialismo en la Comisión de Finanzas, esa parte del proceso de discusión madura, como proponía la diputada Carrió, hasta ahora no ha sido cumplimentada ni siquiera en nuestra comisión no por cuestión de fuerzas de la oposición sino porque el oficialismo decidió que no quería debatir.
Simplemente quiero que se entienda esta cuestión independientemente de que a partir de ahora la discusión va a ser conjunta tanto en asesores como cuando nos toque discutir a todos los diputados de las dos comisiones. Y subrayo lo que decía la doctora Carrió en el sentido de que en esa instancia sería bueno que cada uno de los autores vuelva a defender su postura y que tengamos un debate conjunto y serio respecto del objetivo final de esto que es combatir el lavado y la corrupción y no simplemente cumplir con el GAFI porque nos pone presión.
Simplemente quiero que se entienda esta cuestión independientemente de que a partir de ahora la discusión va a ser conjunta tanto en asesores como cuando nos toque discutir a todos los diputados de las dos comisiones. Y subrayo lo que decía la doctora Carrió en el sentido de que en esa instancia sería bueno que cada uno de los autores vuelva a defender su postura y que tengamos un debate conjunto y serio respecto del objetivo final de esto que es combatir el lavado y la corrupción y no simplemente cumplir con el GAFI porque nos pone presión.
SR. PRESIDENTE VEGA Gracias, señor diputado.
Pasamos a considerar el tercer punto de la reunión de la Comisión de Legislación Penal.
Pasamos a considerar el tercer punto de la reunión de la Comisión de Legislación Penal.
SR. FERRARI Como bien mencionó el señor diputado Recalde, hay dos comisiones más a las que tiene giro esta cuestión.
SRA. CONTI ¡Hacen el show y se van! ¡Qué falta de respeto! ¿Hace cuánto que nosotros estamos acá trabajando? Algunas cosas hay que decirlas, porque empezamos escuchando que "el delito de los pobres", "el delito del poder". Nosotros los escuchamos. La realidad es la realidad, no lo que se quiere contar. ¡Qué falta de respeto por parte de dos colegas de mi Cámara!
SR. PRESIDENTE VEGA Quedó constancia en la versión taquigráfica.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. FERRARI Quiero mencionar que este proyecto tiene giro a dos comisiones más. Me refiero a las comisiones de Peticiones Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda. Lo menciono para no cometer el error de citar solo a algunas comisiones y que después se produzca una demora.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTE VEGA Respecto del régimen penal tributario, les recuerdo que se trata de un proyecto de ley de marzo del año pasado, que tiene su origen en el Poder Ejecutivo.
En determinado momento nos pusimos de acuerdo con los señores diputados Alejandro Rossi y Gil Lavedra, y también con el señor Binder, que no es diputado pero que estaba presente, respecto de los montos -porque nos preocupaba mucho esta cuestión- e introdujimos las mismas figuras que están en el proyecto penal anticorrupción, que son el decomiso y personas jurídicas.
El tema de los montos parecería que generó algunos tipos de desacuerdos dentro del bloque del partido oficialista.
En determinado momento nos pusimos de acuerdo con los señores diputados Alejandro Rossi y Gil Lavedra, y también con el señor Binder, que no es diputado pero que estaba presente, respecto de los montos -porque nos preocupaba mucho esta cuestión- e introdujimos las mismas figuras que están en el proyecto penal anticorrupción, que son el decomiso y personas jurídicas.
El tema de los montos parecería que generó algunos tipos de desacuerdos dentro del bloque del partido oficialista.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE VEGA No juzgo que existan diferencias pero no se pudo tratar por esa razón. Esto es lo que les quiero recordar a los señores diputados y a los periodistas que están presentes en esta reunión. Jamás echo culpas a nadie de nada. Lo cierto es que el proyecto llega ahora y hay voluntad política de tratarlo por parte de sus autores.
Tiene la palabra el señor diputado Albreu, quien es el representante del bloque mayoritario en esta comisión.
Tiene la palabra el señor diputado Albreu, quien es el representante del bloque mayoritario en esta comisión.
SR. ALBREU Señor presidente: como bien se ha señalado anteriormente, este proyecto tiene su origen en el Poder Ejecutivo. Cabe mencionar que ha sido trabajado y analizado, y se le agregaron una serie de institutos y de nuevas regulaciones en el trabajo previo en la comisión. Entre ellas, la pena de la persona jurídica, aun cuando tenemos algunos pequeños disensos en la redacción de la norma. Asimismo, se agregó la figura del arrepentido, en línea con algún otro proyecto que tratamos hoy.
Se agregó una serie de normas que tienden a un mejor cumplimiento de un objetivo de política criminal, cual es la de castigar, punir aquellas conductas que de cualquier forma lesionen la integridad del fisco nacional, y en este caso le agregamos: "ya sea nacional o provincial".
Con respecto al monto a partir del cual una conducta es delictiva -la mal llamada condición objetiva de punibilidad-, presenté varios artículos. Sobre aquello hubo discusiones porque esa modificación conlleva a un tema muy grave, que es la aplicación de la ley penal más benigna. Es decir que desde el momento en que nosotros elevamos el monto a partir del cual una conducta es delito, toda conducta previa con que se haya evadido -por ejemplo, en relación con el artículo 1º-, el hecho se convierte netamente en una acción no punible por la aplicación de la ley penal más favorable.
Es por ello que en una decisión de bloque y para evitar este tipo de consecuencias no deseadas resolvimos apoyar un proyecto que no modifica los montos hoy vigentes, con lo cual el dictamen que proponemos a la firma en la comisión mantiene los montos de la llamada condición objetiva de punibilidad en los actualmente vigentes por la ley 24.769.
No sé si conviene entrar en la discusión pormenorizada de la norma porque ya la hemos discutido lo suficientemente los diputados autores de proyectos y demás. También modificamos el artículo 16 del dictamen, dejándolo prácticamente con la misma regulación hoy vigente. En este sentido, se extingue la pena solamente en el caso en que se haga un pago previo a la formulación de la denuncia del organismo recaudador.
Con todas estas modificaciones introducidas, y teniendo en claro que todos los señores diputados conocen perfectamente el tema -también los asesores lo discutieron muchas veces-, proponemos la firma del correspondiente dictamen para habilitar su posterior tratamiento en el pleno de la Cámara.
Se agregó una serie de normas que tienden a un mejor cumplimiento de un objetivo de política criminal, cual es la de castigar, punir aquellas conductas que de cualquier forma lesionen la integridad del fisco nacional, y en este caso le agregamos: "ya sea nacional o provincial".
Con respecto al monto a partir del cual una conducta es delictiva -la mal llamada condición objetiva de punibilidad-, presenté varios artículos. Sobre aquello hubo discusiones porque esa modificación conlleva a un tema muy grave, que es la aplicación de la ley penal más benigna. Es decir que desde el momento en que nosotros elevamos el monto a partir del cual una conducta es delito, toda conducta previa con que se haya evadido -por ejemplo, en relación con el artículo 1º-, el hecho se convierte netamente en una acción no punible por la aplicación de la ley penal más favorable.
Es por ello que en una decisión de bloque y para evitar este tipo de consecuencias no deseadas resolvimos apoyar un proyecto que no modifica los montos hoy vigentes, con lo cual el dictamen que proponemos a la firma en la comisión mantiene los montos de la llamada condición objetiva de punibilidad en los actualmente vigentes por la ley 24.769.
No sé si conviene entrar en la discusión pormenorizada de la norma porque ya la hemos discutido lo suficientemente los diputados autores de proyectos y demás. También modificamos el artículo 16 del dictamen, dejándolo prácticamente con la misma regulación hoy vigente. En este sentido, se extingue la pena solamente en el caso en que se haga un pago previo a la formulación de la denuncia del organismo recaudador.
Con todas estas modificaciones introducidas, y teniendo en claro que todos los señores diputados conocen perfectamente el tema -también los asesores lo discutieron muchas veces-, proponemos la firma del correspondiente dictamen para habilitar su posterior tratamiento en el pleno de la Cámara.
SR. PRESIDENTE VEGA Personalmente he tenido poco tiempo de revisar ese proyecto. Coincido y acuerdo con el consenso al que llegamos, pero aquí aparece un artículo que me suscita algún tipo de preocupación, que es que en el texto actual que me ha llegado desaparece el requisito del pago previo de la liquidación para la extinción de la acción. Quisiera que me explique bien ese punto.
SR. ALBRIEU En el proyecto que estuvimos manejando la acción se extinguía si el obligado pagaba dentro de los treinta días de conocida la denuncia formulada por el organismo recaudador.
En realidad, analizada la cuestión más en profundidad llegamos a la conclusión de que es mejor el texto que proviene del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, según el cual solamente se extingue la acción en el caso de que se pague antes de formulada la denuncia penal. Esa es la única modificación en cuanto al dictamen que hemos manejado hasta ahora.
En realidad, analizada la cuestión más en profundidad llegamos a la conclusión de que es mejor el texto que proviene del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, según el cual solamente se extingue la acción en el caso de que se pague antes de formulada la denuncia penal. Esa es la única modificación en cuanto al dictamen que hemos manejado hasta ahora.
SR. PRESIDENTE VEGA Tiene la palabra la señora diputada Conti.
SRA. CONTI El pago no extingue acción penal alguna. Cometido el delito, sigue siendo delito por más que el infractor pague...
Varios señores diputados hablan a la vez.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE VEGA Pero puede ser antes de formulada la denuncia.
Varios señores diputados hablan a la vez.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. RECALDE No paga instigado por la denuncia sino que lo hace voluntariamente. Esa es la diferencia.
SR. PRESIDENTE VEGA Esa es una duda en función de lo que analizamos el año pasado.
El otro punto que me preocupa -y luego daré la palabra al señor diputado Gil Lavedra-, es el referido a los montos. ¿Por qué volvemos al proyecto? ¿Por qué mantenemos montos tan desactualizados? Esa es una cuestión que a mí no me cierra con relación al acuerdo que habíamos alcanzado el año pasado. Creo que habíamos encontrado una fórmula de 400 mil que nos parecía bastante razonable porque era prácticamente la formulación matemática de la evolución que había sufrido la moneda dólar. Pero digo al señor diputado Albrieu que esas dos preguntas para mí no tienen suficientes respuestas.
Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
El otro punto que me preocupa -y luego daré la palabra al señor diputado Gil Lavedra-, es el referido a los montos. ¿Por qué volvemos al proyecto? ¿Por qué mantenemos montos tan desactualizados? Esa es una cuestión que a mí no me cierra con relación al acuerdo que habíamos alcanzado el año pasado. Creo que habíamos encontrado una fórmula de 400 mil que nos parecía bastante razonable porque era prácticamente la formulación matemática de la evolución que había sufrido la moneda dólar. Pero digo al señor diputado Albrieu que esas dos preguntas para mí no tienen suficientes respuestas.
Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
SR. GIL LAVEDRA Señor presidente: efectivamente el año pasado habíamos estado muy cerca de un proyecto consensuado que reunía voluntades prácticamente para todo el texto, si bien se mantenían algunas diferencias a ese respecto.
En nuestro caso particular -no sé si en este momento tenemos el número suficiente de diputados como para ir adelante con el dictamen-, mantenemos cuatro disidencias fundamentales con relación al texto que se ha presentado ahora para la firma. En primer lugar, lo que señala usted acerca de los montos que figuran aquí para posibilitar la responsabilidad penal.
Se mantienen prácticamente los montos de la actual ley, los que han quedado absolutamente desactualizados; esta es la ley 24.769, que ya lleva muchísimos años de vigencia. Esto está erosionado por la inflación y no guarda ningún tipo de parámetro con lo que quiso el legislador en su momento. Además, lo que se contempla en el dictamen es facultar a la AFIP para actualizar los montos anualmente sobre la base de la tasa de cambio de referencia correspondiente al dólar estadounidense, fijada por el Banco Central, artículo 7º del dictamen. Personalmente, estoy absolutamente en contra de esta cláusula por varias razones.
En primer lugar, no podemos diferir a que la actualización del monto de la pena o, mejor dicho, del monto de menor condición objetiva de punibilidad, quede estrictamente en manos del órgano administrativo, que es la AFIP.
Por otro lado, me parece absurdo sujetar esto a la política cambiaria de un gobierno porque no puede estar este monto sujeto a las alteraciones o a las distintas alternativas que debe tener una política cambiaria de un gobierno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, propongo claramente que volvamos a lo que habíamos acordado el año pasado, que es actualizar multiplicando por cuatro los montos actuales. Si es preciso, estoy dispuesto a multiplicar dichos montos por cinco o por seis para mantener el espíritu de la ley. Créanme que es el Congreso el que debe revisar ese monto cuando éste quede desactualizado.
La segunda disidencia se vincula con la fórmula que se pliega para las personas jurídicas, y acá reitero las consideraciones que hice en su momento para el proyecto de delitos contra la administración pública, más conocido como proyecto de ley anticorrupción. Entiendo que se mezclan en la redacción dos modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas distintas.
Hay dos grandes modelos: la responsabilidad vicaria de la persona jurídica por el hecho de otro o, de lo contrario, lo que entiende ésta como una responsabilidad propia. En la redacción esto se mezcla. Se entiende por un lado como si el hecho es cometido por la persona jurídica cuando dice "por", con claros casos de responsabilidad vicaria.
Creo que tenemos que hacer un solo modelo y por eso entiendo que debemos hacer una redacción más estricta cuando el hecho sea en beneficio de la persona jurídica o cuando éste haya sido con la intervención del ente. Pero no debemos mezclar dos modelos distintos.
El tercer punto de disidencia se refiere a las restricciones que se imponen para acceder al beneficio a prueba del artículo 19, en el cual para acceder al beneficio de la suspensión de la acción penal se exige aceptar la liquidación de deuda. Esto tergiversa notablemente el propósito de la Ley Penal Tributaria y hace que un instrumento penal se convierta en un instrumento meramente recaudatorio. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No se puede sujetar la concesión del beneficio de la suspensión del proceso a prueba con el pago de la deuda. No se puede hacer esto bajo la amenaza de la pena.
La cuarta y última disidencia se refiere a que se ha excluido un punto en el artículo 14 del proyecto sobre el cual había acuerdo, vinculado a los casos de extinción de la acción por pago.
Los planes de facilidades de pago son muy comunes en las provincias y ahora estamos extendiendo y volviendo al primer régimen penal tributario. Se trata de un delito penal común en el que no solamente se encuentra tutelada la hacienda nacional sino también las haciendas municipales y provinciales. En consecuencia, cuando hay un régimen de facilidades de pago la acción penal se suspende, también el curso de la prescripción y se extingue cuando el individuo cumple exitosamente el plan de pagos. Esto lo habíamos incorporado el año pasado y ahora ha desaparecido del texto.
Con estas cuatro disidencias parciales nosotros estamos dispuestos a mantener los acuerdos arribados el año pasado. No sé si tenemos el número suficiente para firmar el dictamen, pero si es así vamos a firmar con disidencia parcial.
En nuestro caso particular -no sé si en este momento tenemos el número suficiente de diputados como para ir adelante con el dictamen-, mantenemos cuatro disidencias fundamentales con relación al texto que se ha presentado ahora para la firma. En primer lugar, lo que señala usted acerca de los montos que figuran aquí para posibilitar la responsabilidad penal.
Se mantienen prácticamente los montos de la actual ley, los que han quedado absolutamente desactualizados; esta es la ley 24.769, que ya lleva muchísimos años de vigencia. Esto está erosionado por la inflación y no guarda ningún tipo de parámetro con lo que quiso el legislador en su momento. Además, lo que se contempla en el dictamen es facultar a la AFIP para actualizar los montos anualmente sobre la base de la tasa de cambio de referencia correspondiente al dólar estadounidense, fijada por el Banco Central, artículo 7º del dictamen. Personalmente, estoy absolutamente en contra de esta cláusula por varias razones.
En primer lugar, no podemos diferir a que la actualización del monto de la pena o, mejor dicho, del monto de menor condición objetiva de punibilidad, quede estrictamente en manos del órgano administrativo, que es la AFIP.
Por otro lado, me parece absurdo sujetar esto a la política cambiaria de un gobierno porque no puede estar este monto sujeto a las alteraciones o a las distintas alternativas que debe tener una política cambiaria de un gobierno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, propongo claramente que volvamos a lo que habíamos acordado el año pasado, que es actualizar multiplicando por cuatro los montos actuales. Si es preciso, estoy dispuesto a multiplicar dichos montos por cinco o por seis para mantener el espíritu de la ley. Créanme que es el Congreso el que debe revisar ese monto cuando éste quede desactualizado.
La segunda disidencia se vincula con la fórmula que se pliega para las personas jurídicas, y acá reitero las consideraciones que hice en su momento para el proyecto de delitos contra la administración pública, más conocido como proyecto de ley anticorrupción. Entiendo que se mezclan en la redacción dos modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas distintas.
Hay dos grandes modelos: la responsabilidad vicaria de la persona jurídica por el hecho de otro o, de lo contrario, lo que entiende ésta como una responsabilidad propia. En la redacción esto se mezcla. Se entiende por un lado como si el hecho es cometido por la persona jurídica cuando dice "por", con claros casos de responsabilidad vicaria.
Creo que tenemos que hacer un solo modelo y por eso entiendo que debemos hacer una redacción más estricta cuando el hecho sea en beneficio de la persona jurídica o cuando éste haya sido con la intervención del ente. Pero no debemos mezclar dos modelos distintos.
El tercer punto de disidencia se refiere a las restricciones que se imponen para acceder al beneficio a prueba del artículo 19, en el cual para acceder al beneficio de la suspensión de la acción penal se exige aceptar la liquidación de deuda. Esto tergiversa notablemente el propósito de la Ley Penal Tributaria y hace que un instrumento penal se convierta en un instrumento meramente recaudatorio. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No se puede sujetar la concesión del beneficio de la suspensión del proceso a prueba con el pago de la deuda. No se puede hacer esto bajo la amenaza de la pena.
La cuarta y última disidencia se refiere a que se ha excluido un punto en el artículo 14 del proyecto sobre el cual había acuerdo, vinculado a los casos de extinción de la acción por pago.
Los planes de facilidades de pago son muy comunes en las provincias y ahora estamos extendiendo y volviendo al primer régimen penal tributario. Se trata de un delito penal común en el que no solamente se encuentra tutelada la hacienda nacional sino también las haciendas municipales y provinciales. En consecuencia, cuando hay un régimen de facilidades de pago la acción penal se suspende, también el curso de la prescripción y se extingue cuando el individuo cumple exitosamente el plan de pagos. Esto lo habíamos incorporado el año pasado y ahora ha desaparecido del texto.
Con estas cuatro disidencias parciales nosotros estamos dispuestos a mantener los acuerdos arribados el año pasado. No sé si tenemos el número suficiente para firmar el dictamen, pero si es así vamos a firmar con disidencia parcial.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA Por Secretaría se nos informa que no tenemos el número suficiente para firmar el dictamen.
Quedan dos temas importantes propuestos por diversos señores diputados, pero ante de pasar a su consideración solicitaría a los diputados presentes aquí que den instrucciones específicas a sus asesores para que podamos trabajar con la mayor agilidad posible en estos cuatro o cinco temas la semana que viene. El señor Alberto Binder se va a encargar de coordinar la tarea, lo cual va a ser una garantía para ello. Les pido la mejor buena voluntad y la más rápida búsqueda de consensos, o no.
El próximo tema que debemos considerar es el régimen penal juvenil. Recuerdan ustedes que esto ya fue motivo de dictamen de esta comisión y que la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dictaminó en el mes de noviembre del año pasado. Esto está en condiciones de ser aprobado pero he recibido una nota del ministro de Justicia que les quiero leer y que funda el hecho de que hayamos incorporado el tema en la reunión de hoy. El ministro de Justicia me envió un texto que forma parte de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que no voy a leer toda porque son ochenta hojas pero está referida a un caso concreto contra la República Argentina y urge al país a tomar decisiones en materia del régimen penal de menores.
Nosotros hemos firmado el dictamen y el tema está en condiciones de ser tratado en el recinto. Hay dos dictámenes y depende de los bloques mayoritarios que debatamos sobre este tema que ya tiene dictamen.
Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
Quedan dos temas importantes propuestos por diversos señores diputados, pero ante de pasar a su consideración solicitaría a los diputados presentes aquí que den instrucciones específicas a sus asesores para que podamos trabajar con la mayor agilidad posible en estos cuatro o cinco temas la semana que viene. El señor Alberto Binder se va a encargar de coordinar la tarea, lo cual va a ser una garantía para ello. Les pido la mejor buena voluntad y la más rápida búsqueda de consensos, o no.
El próximo tema que debemos considerar es el régimen penal juvenil. Recuerdan ustedes que esto ya fue motivo de dictamen de esta comisión y que la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dictaminó en el mes de noviembre del año pasado. Esto está en condiciones de ser aprobado pero he recibido una nota del ministro de Justicia que les quiero leer y que funda el hecho de que hayamos incorporado el tema en la reunión de hoy. El ministro de Justicia me envió un texto que forma parte de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que no voy a leer toda porque son ochenta hojas pero está referida a un caso concreto contra la República Argentina y urge al país a tomar decisiones en materia del régimen penal de menores.
Nosotros hemos firmado el dictamen y el tema está en condiciones de ser tratado en el recinto. Hay dos dictámenes y depende de los bloques mayoritarios que debatamos sobre este tema que ya tiene dictamen.
Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
SR. GIL LAVEDRA En el caso de mi bloque ya se ha tomado posición en el sentido de que es necesario debatir y sancionar el régimen penal juvenil. La Argentina registra una mora inaceptable en relación con esta norma y nosotros, que propiciamos que se convierta en ley la sanción del Senado, queremos que el tema sea discutido en el recinto.
Lamentablemente, el dictamen se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y por lo tanto no tenemos la llave necesaria para tratarlo, pero urgimos a que dicha comisión se aboque a él y podamos considerarlo en el recinto. Lo hemos dicho públicamente y lo he solicitado también al presidente de la Cámara y al presidente del bloque oficialista.
Lamentablemente, el dictamen se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y por lo tanto no tenemos la llave necesaria para tratarlo, pero urgimos a que dicha comisión se aboque a él y podamos considerarlo en el recinto. Lo hemos dicho públicamente y lo he solicitado también al presidente de la Cámara y al presidente del bloque oficialista.
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL VEGA
En lo que concierne a mi persona yo he firmado en el mismo sentido que usted y más allá de qué resultados se obtengan, quiero que el tema se debata.
La última cuestión que tenemos para considerar es un proyecto de ley de los señores diputados Gambaro, Ferrari y De Narváez sobre creación en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Oficina Nacional Anticorrupción, derogación del decreto modificatorio de la ley 25.233. Intervienen en este tema cuatro comisiones: la Comisión de Legislación Penal, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el señor diputado Ferrari.
En lo que concierne a mi persona yo he firmado en el mismo sentido que usted y más allá de qué resultados se obtengan, quiero que el tema se debata.
La última cuestión que tenemos para considerar es un proyecto de ley de los señores diputados Gambaro, Ferrari y De Narváez sobre creación en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Oficina Nacional Anticorrupción, derogación del decreto modificatorio de la ley 25.233. Intervienen en este tema cuatro comisiones: la Comisión de Legislación Penal, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el señor diputado Ferrari.
SR. FERRARI Señor presidente: muy brevemente quiero manifestar que la propuesta de la señora diputada Gambaro se centra en fortalecer la Oficina Anticorrupción, atento a los números del último año y todo lo que se ha producido en cuanto a cierto desdibujamiento de esa institución.
Una de las medidas tiende a la independencia del organismo, tratando de otorgarle autarquía funcional y presupuestaria, sobre todo en cuanto a la cantidad de elementos para la autorregulación presupuestaria, a fin de facilitar la autonomía interna y aprovechar de mejor manera sus recursos.
Asimismo, el proyecto modifica el sistema de asignación de la autoridad principal, previendo un concurso de oposición y antecedentes, y audiencias públicas, con la posibilidad de realizar impugnaciones.
También complejiza el proceso de remoción, para que la decisión no sea discrecional ni dependa de un solo individuo.
Por último, establece más mecanismos de control sobre el trabajo de la Oficina, con la implementación de un plan anual que debe presentarse ante el Congreso. Estos son los puntos esenciales que tratan de fortalecer la independencia del organismo.
Por otro lado, en cierta forma se cambia el rol de la Oficina en cuanto a la lucha contra la corrupción, tratando de darle un rol más proactivo en la educación y en la capacitación ciudadana, es decir, que la Oficina tenga mayor incidencia, a través de políticas públicas, educativas y campañas de publicidad, porque ello es esencial para luchar contra la corrupción pública y privada. De este modo se tiende a fortalecer el nexo de la Oficina Anticorrupción con la sociedad civil.
Confiamos que la asignación ante la Jefatura de Gabinete de Ministros facilitará efectivamente esa gestión interna.
Ahora bien, habida cuenta de los resultados obtenidos a partir del último año en cuanto a cómo se ha desdibujado el rol de la Oficina -no vale la pena mencionarlos, porque están en los fundamentos del proyecto- pueden integrar ese paquete que se ha mencionado, que tiende a fortalecer la lucha contra la corrupción en la República Argentina.
Una de las medidas tiende a la independencia del organismo, tratando de otorgarle autarquía funcional y presupuestaria, sobre todo en cuanto a la cantidad de elementos para la autorregulación presupuestaria, a fin de facilitar la autonomía interna y aprovechar de mejor manera sus recursos.
Asimismo, el proyecto modifica el sistema de asignación de la autoridad principal, previendo un concurso de oposición y antecedentes, y audiencias públicas, con la posibilidad de realizar impugnaciones.
También complejiza el proceso de remoción, para que la decisión no sea discrecional ni dependa de un solo individuo.
Por último, establece más mecanismos de control sobre el trabajo de la Oficina, con la implementación de un plan anual que debe presentarse ante el Congreso. Estos son los puntos esenciales que tratan de fortalecer la independencia del organismo.
Por otro lado, en cierta forma se cambia el rol de la Oficina en cuanto a la lucha contra la corrupción, tratando de darle un rol más proactivo en la educación y en la capacitación ciudadana, es decir, que la Oficina tenga mayor incidencia, a través de políticas públicas, educativas y campañas de publicidad, porque ello es esencial para luchar contra la corrupción pública y privada. De este modo se tiende a fortalecer el nexo de la Oficina Anticorrupción con la sociedad civil.
Confiamos que la asignación ante la Jefatura de Gabinete de Ministros facilitará efectivamente esa gestión interna.
Ahora bien, habida cuenta de los resultados obtenidos a partir del último año en cuanto a cómo se ha desdibujado el rol de la Oficina -no vale la pena mencionarlos, porque están en los fundamentos del proyecto- pueden integrar ese paquete que se ha mencionado, que tiende a fortalecer la lucha contra la corrupción en la República Argentina.
SR. PRESIDENTE VEGA Gracias, señor diputado Ferrari.
Les quiero aclarar que la comisión cabecera en su proyecto y en el de la señora diputada Gambaro es la Comisión de Justicia. Nosotros lo hemos introducido a pedido de la diputada Gambaro, pero la comisión cabecera es la de Justicia.
Les quiero aclarar que la comisión cabecera en su proyecto y en el de la señora diputada Gambaro es la Comisión de Justicia. Nosotros lo hemos introducido a pedido de la diputada Gambaro, pero la comisión cabecera es la de Justicia.
SR. FERRARI Quiero hacer una última mención, aprovechando el uso de la palabra.
En primer lugar, quiero adherir a la postura del señor diputado Recalde porque es esencial que tratemos estas temáticas. Conocemos su arduo trabajo en esta cuestión.
Asimismo, quiero recordar que varios de los integrantes -no solamente de esta comisión sino también de otras- tenemos diversos proyectos que también podrían integrar un paquete orientado a la lucha contra la violencia de género.
Considero que no es necesario mencionar ejemplos de lo que ha sucedido este año. El año pasado, 160 mujeres fueron muertas a través de la violencia de género y este año llevamos un promedio de una por día.
He presentado un paquete de nueve proyectos de ley. Hay algunos proyectos de femicidio que se están discutiendo y que decididamente hay que incluir. Entiendo que el próximo mes, si no me equivoco, está pautada una audiencia pública sobre este tema. Me parece que son cuestiones que están por encima de las diferencias partidarias y que espero cuenten con el apoyo unánime de todos los bloques.
La idea es reiterar la importancia de este tratamiento, que lo exige la sociedad, porque el hecho de que sea un año electoral no tiene que diferir estas cuestiones vinculadas con necesidades inmediatas de la gente.
En primer lugar, quiero adherir a la postura del señor diputado Recalde porque es esencial que tratemos estas temáticas. Conocemos su arduo trabajo en esta cuestión.
Asimismo, quiero recordar que varios de los integrantes -no solamente de esta comisión sino también de otras- tenemos diversos proyectos que también podrían integrar un paquete orientado a la lucha contra la violencia de género.
Considero que no es necesario mencionar ejemplos de lo que ha sucedido este año. El año pasado, 160 mujeres fueron muertas a través de la violencia de género y este año llevamos un promedio de una por día.
He presentado un paquete de nueve proyectos de ley. Hay algunos proyectos de femicidio que se están discutiendo y que decididamente hay que incluir. Entiendo que el próximo mes, si no me equivoco, está pautada una audiencia pública sobre este tema. Me parece que son cuestiones que están por encima de las diferencias partidarias y que espero cuenten con el apoyo unánime de todos los bloques.
La idea es reiterar la importancia de este tratamiento, que lo exige la sociedad, porque el hecho de que sea un año electoral no tiene que diferir estas cuestiones vinculadas con necesidades inmediatas de la gente.
SR. PRESIDENTE VEGA Le recuerdo al señor diputado que la audiencia pública por el tema de la violencia de género es el 12 de abril.
No habiendo más temas que tratar, queda levantada la reunión de la Comisión de Legislación Penal.
No habiendo más temas que tratar, queda levantada la reunión de la Comisión de Legislación Penal.
Es la hora 17.