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JUSTICIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 423
Jefe DRA. FARIAS NATALIA MICAELA
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 3596-D-2011
Sumario: EXPRESAR RECONOCIMIENTO POR LA LABOR EN FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL EX JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE BAHIA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DOCTOR LUIS ALBERTO COTTER.
Fecha: 08/07/2011
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 86
Expresar su reconocimiento a la
labor del destacado luchador por los Derechos Humanos y ex Juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Dr. Luis Alberto Cotter.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente Proyecto
de Resolución, y en ocasión de haberse dado inicio a los juicios por delitos de
lesa humanidad contra un centenar de víctimas en el centro clandestino "La
Escuelita", dependiente del Vº Cuerpo del Ejército, con asiento en la ciudad de
Bahía Blanca y jurisdicción en las provincias de Río Negro y Neuquén, queremos
reconocer la labor del Dr. Luis Alberto Cotter, destacado luchador por los
Derechos Humanos, la verdad y la justicia, e incansable defensor de la
independencia del Poder Judicial.
El Dr. Cotter es el único
sobreviviente de los pocos que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Además,
fue integrante de la única Cámara Federal, que se pronunció de igual manera
por los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem. Ambos fallos
fueron apelados hasta que la Corte Suprema resolvió en contrario, con la sola
disidencia del Dr. Bacque.
A más de dos décadas de esas
sentencias, es de destacar que solo cinco jueces en toda la república
rechazaron esas leyes, y Cotter fue uno de ellos. La declaración de
inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida fue la única sentencia de
Cámara que se pronunció en ese sentido con valor de juzgamiento. Durante
esos años Cotter recibió fuertes presiones y la "visita" de militares y políticos
que lo instaban a no resolver en contra de esa ley, "sugiriéndole" asimismo que
postergara la orden de detención contra un general. Pero Cotter, ex-presidente
de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, prefirió mantener la posición
jurídica y la autonomía, lo que le significó recibir numerosas amenazas e
intimidaciones. A modo de ejemplo, el Dr. Cotter recientemente recordó que
cuando se investigaba en Neuquén a los imputados que fueron incluidos en ese
plazo "había gente que nos sacaba fotos a nosotros y a los testigos cuando
salíamos del juzgado de (el ex juez) Rodolfo Rivarola, se escondían en los autos
y se iban antes de que los pudiéramos identificar... calculo que era de
inteligencia".
En marzo de 2008 la Cámara
Federal le denegó al juez Cotter la facultad de reasumir la presidencia, tras una
licencia por enfermedad que había solicitado. Cotter planteó el tema a la Corte,
pero se jubiló sin respuesta.
En recientes críticas a la dilación
en el inicio de los juicios, Cotter aseguró que, pese a que la Cámara de la
ciudad de Bahía Blanca logró hace más de 20 años una gran cantidad de
pruebas que fueron la base para las investigaciones, la causa se encontraba
paralizada por "alquimias judiciales". El Dr. Cotter fue contundente al decir que
"la única razón que se puede presumir es que hay artimañas o alquimias
jurídicas que están jugando para que las cosas no avancen".
En un repaso por las causas de
delitos de lesa humanidad que no llegan a juicio, Cotter incluyó expresamente
la de Bahía Blanca: "Bahía, que siempre hizo punta en asuntos difíciles como la
obediencia debida, los indultos o los juicios por la verdad, en los que
desplegamos una intensa tarea y enfrentamos pedidos de juicios políticos, no
tenemos juicio ni de aproximación".
En tal sentido, Cotter sostuvo que
"han transcurrido muchos años innecesariamente desde lo procesal e
investigativo. Treinta años es mucho". Reiteró que en su momento se
consiguieron "muchas pruebas" en la causa que involucraba los hechos del Alto
Valle, Viedma y Bahía Blanca.
En efecto, cuando fue juez de
cámara Cotter recorrió la zona donde tenía jurisdicción el Vº Cuerpo del Ejército
para tomar declaraciones a las víctimas del Proceso, realizó una inspección
ocular en las ruinas de "La Escuelita" y, entre otras medidas, procesó y detuvo
a la máxima autoridad del Comando de la VI Brigada cuando funcionó el centro
clandestino, el fallecido general José Luis Sexton.
Asimismo Cotter sostuvo que si no
hubiera operado el punto final que restringió la investigación a las pruebas
obtenidas en 60 días "hubiéramos podido lograr una investigación pausada,
meditada y con medios adecuados".
En el año 2009 la Departamental
Bahía Blanca de la Asociación Judicial Bonaerense realizó un homenaje al Dr.
Cotter por su destacada labor. Al agradecer el homenaje, Cotter denunció la
impunidad, y destacó la especial responsabilidad que compete al Poder Judicial
al sostener que "en nuestro país parece que se premia con la impunidad a
quienes han cometido los hechos más espantosos, que a veces uno siente que
no hay palabras que transmitan tanto horror y que se castiga a las víctimas que
advierten el paso del tiempo sin que se haga justicia. En esto no tengo dudas
que quienes tienen la mayor responsabilidad son los jueces que intervienen en
los juicios".
En dicha ocasión Cotter se
preocupó en destacar que el inicio del juicio tuvo dos factores determinantes:
"la movilización de las madres y los organismos de derechos humanos, y un
magistrado que cumplió integralmente con su deber, me refiero al Dr.
Labate".
Efectivamente, el trabajo desde las
organizaciones sociales, los organismos de Derechos Humanos, de algunos
pocos jueces que hicieron honor a su investidura, y el acompañamiento de gran
parte de la ciudadanía, han contribuido en llevar adelante la lucha contra la
impunidad y por el juzgamiento a los represores.
Haciendo nuestra esa lucha,
consideramos que para que se pueda efectivizar el rol del Estado en la
búsqueda de la verdad y la justicia resulta fundamental esclarecer, juzgar y
condenar a los represores acusados de crímenes de lesa humanidad.
Creemos que un avance en tal
sentido vendrá a reflejar las tendencias más progresistas en materia de
protección de los Derechos Humanos, el cual esperamos que sea el primer paso
de un proceso en que muchas instancias del Poder Judicial se sacudan la capa
de indiferencia y complicidad con que han eludido el problema todos estos años
y resuelvan comenzar a transformar a la República Argentina en un verdadero
estado de derecho.
Si bien los juicios han por fin
comenzado, no podemos dejar de señalar que la prolongada dilación en la
fecha de inicio de los mismos, así como los vergonzosos y peligrosos beneficios
otorgados a represores (como la excarcelación), se instala dentro de lo que
podemos considerar una creciente obstaculización por parte de diversos
sectores del Poder Judicial a la efectiva realización de verdad y justicia. Algunas
de las acciones asociadas a este aplazamiento son la morosidad en los procesos
de instrucción y juicio, la tramitación de defensas sistemáticamente rechazadas,
detenciones domiciliarias, hostigamiento y revictimización a testigos, inusuales
límites al obrar de las querellas, pocos casos de elevación a juicio, entre otras.
Estos hechos se han dado al amparo político de quienes prefieren el perdón y el
olvido de tan aberrantes delitos. Todo esto se inscribe en el contexto más
amplio de la necesaria profundización de la democracia, y en particular, con
respecto al Poder Judicial.
En tal sentido, estamos
convencidos que el compromiso de todos los sectores profundamente
democráticos debe ser el de garantizar que los juicios por la verdad sigan
adelante, progresando y multiplicándose con la fuerza que les ha dado la
legitimidad de su proceder y de sus objetivos.
A continuación presentamos un
breve resumen de los nefastos hechos ocurridos durante la última dictadura en
la ciudad de Bahía Blanca y la zona.
La represión asaltó cruelmente en
Bahía Blanca, especialmente bajo el mando del General Acdel Edgardo Vilas
(quien fuera procesado en 1987 por la Cámara Federal por 12 homicidios, 61
privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas), que venía
de secundar al general Antonio D. Bussi en el Operativo Independencia, el
nombre con que se conoce al inicio del aniquilamiento de las fuerzas populares
en Tucumán ordenado por el gobierno de Isabel Martínez.
La Delegación de la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) en Bahía Blanca ha
podido establecer una lista de personas ultimadas en supuestos
enfrentamientos, varias de las cuales habían sido vistas con vida en la
"Escuelita", una vieja construcción que había servido para guardar caballos
militares, compuesta de varias habitaciones, situada a unos 100 metros del
galpón principal del Vº Cuerpo de Ejército y denominada de tal manera por
sinonimia con el edificio escolar que se usó en Tucumán para torturar, la
Escuelita de Famaillá.
Testigos reconocieron el lugar,
según consta en la CONADEP, a unos 2.000 metros de la sede del Comando, en
un paraje conocido como "El viejo tambo" en el camino de "La Carrindanga", el
lugar donde se levantaba la "Escuelita", demolida durante unas maniobras
militares en el año 1978, rodeada por una arboleda aún en pie y que resultó
inconfundible.
"La Escuelita" fue el único centro
del que se ha podido recoger un testimonio escrito, pero se sabe que en la
región de Bahía Blanca hubo por lo menos cuatro centros de detención ilegales
y tres campos de concentración. El más cruel de ellos fue un campo de
exterminio en una zona de la Base Naval conocida como Baterías, donde sólo
quedaron dos supervivientes y por donde pasaron numerosos militantes
desaparecidos.
Cuando el número de detenidos
desbordaba la capacidad, algunos eran derivados transitoriamente a otro
edificio ubicado en la Base Naval o en sus inmediaciones, donde los custodiaba
personal de la Marina. Esta por su parte, contaba con otro centro de detención
clandestino instalado en la Batería 2, frente a la costa, donde quedó fondeado
un barco utilizado con idéntico fin en los momentos en que la represión fue más
intensa.
Tanto La Escuelita como la cárcel
de Villa Floresta constituyeron un circuito de distribución de detenidos-
desaparecidos. Su funcionamiento ratifica que la desaparición fue una política
de Estado, que combinó lo legal y lo ilegal, lo público y lo clandestino.
Así lo confirmó Oscar Bermúdez
Congo, quien fuera secuestrado por la Policía Federal el 1º de enero de 1977,
con el comisario Forchetti a la cabeza, para ser posteriormente entregado al
Ejército, que lo transportó hasta "La Escuelita":
"Para este
'proyecto escolar' se reunieron las tres fuerzas armadas; una clase media alta y
muy sólida; la CGT de Bahía Blanca; la única prensa existente -que no sólo
ocultaba la verdad de lo que ocurría, sino que acompañaba a los militares en su
tarea de exterminio y silenciamiento-. Y también la Iglesia del arzobispo Mayer,
que además de tapar el asesinato de los propios curas bahienses, expulsaba a
los familiares de los desaparecidos que iban a buscar ayuda, y permitía que sus
capellanes 'asistieran espiritualmente' a los recluidos en La Escuelita.
Justamente fue esta Escuelita la que enseñó a los de afuera qué había que
callar, mientras asesinaba y torturaba a quienes eran llevados allí, a los que
inútilmente intentó quebrar política y moralmente."
De las zonas en que estaba
dividido el sur del país, la ciudad de Bahía Blanca estaba comprendida en la
Zona 5, Subzona 51, que tenía jurisdicción en la provincia de Buenos Aires
sobre los Partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán,
Tornquist, Coronel Pringles, González Cháves, Coronel Dorrego, Tres Arroyos,
Villarino, Bahía Blanca, y Patagones, y en la provincia de Río Negro los
departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valcheta,
San Antonio, Adolfo Alsina, y Conesa.
La zona de seguridad colocada
bajo control del Vº Cuerpo de Ejército, abarcaba los partidos bonaerenses de
Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Carmen de Patagones, así como la ciudad de
Bahía Blanca, sede del Comando de Cuerpo, a excepción del área bajo
jurisdicción de la Armada (Base de Puerto Belgrano), y más allá, las provincias
de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
La represión clandestina operó a lo
largo de ese vasto territorio apoyándose en lugares transitorios de detención
(Comisarías, Cuarteles, Delegaciones de la Policía Federal, etc.) desde donde
los prisioneros eran trasladados a los dos centros permanentes ubicados en la
ciudad de Bahía Blanca a los que hiciéramos referencia.
Para finalizar, queremos agregar
una pequeña reflexión acerca de la trascendencia y vital importancia para toda
la sociedad del inicio de los juicios por la verdad y la memoria. La reapertura de
los juicios nos interpela desde de la memoria y nos hace tomar conciencia que
la disputa por procesar el pasado, que nunca es sólo pasado sino más bien
continuidad y permanencia, es parte de las urgencias del futuro. Esta tarea
compromete a la sociedad que somos en su totalidad, y a la que queremos ser.
Para ello debemos pronunciar la muerte, nombrarla, con el objeto de romper el
silencio que la rodea.
Por todo lo expuesto
anteriormente, y con la intención de colaborar en la recuperación de nuestra
memoria histórica, destacando la enorme figura de un incansable luchador que
supo honrar el lugar que le tocó ocupar en un momento tan complejo de
nuestra historia reciente, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados
acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
LINARES, MARIA VIRGINIA | BUENOS AIRES | GEN |
TUNESSI, JUAN PEDRO | BUENOS AIRES | UCR |
CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR | BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
PERALTA, FABIAN FRANCISCO | SANTA FE | GEN |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA | BUENOS AIRES | GEN |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
JUSTICIA (Primera Competencia) |
DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS |
Trámite en comisión(Cámara de Diputados)
Fecha | Movimiento | Resultado |
---|---|---|
15/11/2011 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |