Promover Juicio Político contra el Ministro de Defensa de la Nación, Dr. Oscar Aguad, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

La trágica desaparición del submarino ARA San Juan y de sus 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur, ocurrida el 15 de noviembre de 2017, constituye la mayor tragedia militar sufrida por la República Argentina desde la Guerra de Malvinas. No se trata de un hecho habitual, común ni natural que un arma estratégica, como es un submarino, desaparezca, como en ciertas declaraciones de funcionarios del gobierno se ha pretendido justificar, sobre todo por haberse producido en tiempos de paz. Tampoco se puede pretender naturalizar la falta de localización del submarino desaparecido, sobre todo considerándose que ha existido un fuerte reclamo público por el abandono o falta de interés en su búsqueda por varios meses. A esta altura de las circunstancias, habiendo transcurrido 10 meses de la desaparición del ARA San Juan, resultan evidentes las responsabilidades del actual ministro de Defensa, Dr. Oscar Aguad en los reiterados incumplimientos, acciones y omisiones negligentes, demoras injustificadas y declaraciones falaces en torno a la búsqueda del submarino. Más allá de las responsabilidades que puedan corresponder al ministro Aguad y a otros funcionarios y/o mandos militares en la desaparición del submarino consideramos que en esta instancia corresponde que el Congreso Nacional ejerza sus facultades constitucionales por el irregular desempeño del mencionado funcionario en todo lo concerniente al frustrado operativo de búsqueda del submarino.

La Constitución Nacional otorgó al Congreso de la Nación la facultad de someter a juicio político a determinados funcionarios, entre los que se encuentran los ministros que integran el gabinete nacional, a fin de determinar las responsabilidades que a estos pudieren corresponderles en el ejercicio de irregular de sus funciones. El juicio político es una medida excepcional, por la cual el Congreso ejerce una de las funciones centrales del sistema de gobierno republicano: la de controlar el desempeño, entre otros, de los Ministros del Poder Ejecutivo, garantizando así la idoneidad exigida por el art. 16 de la Constitución Nacional.

El artículo 53 de la Constitución Nacional determina que corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al Presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes. Asimismo, establece como una de las causales de juicio político el mal desempeño, una fórmula que excede ampliamente al tipo penal de "incumplimiento de deberes de funcionario" del art. 248 del Código Penal. El mal desempeño revela la falta de idoneidad de un funcionario para proseguir en ejercicio de su cargo.

El juicio político contra el Ministro de Defensa, Dr. Oscar Aguad, es promovido en esta oportunidad por la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren corresponderle en virtud de las denuncias penales que pesan sobre el mencionado funcionario y que tramitan ante la Justicia Federal.

La configuración del mal desempeño deriva de las reiteradas omisiones y demoras en la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido el día 15 de noviembre de 2017. Las omisiones de Aguad han implicado tanto la apresurada decisión de dar por finalizado el operativo de Búsqueda y Salvataje (SAR) como la ineficiente y displicente utilización de los recursos del Estado Nacional disponibles para la búsqueda tras la finalización del operativo internacional, el incumplimiento del compromiso de una rápida contratación directa de una empresa privada que derivó en un largo trámite que insumió más de cuatro meses, el maltrato sistemático a los familiares de los tripulantes desaparecidos y la maniobra ante los familiares para intentar responsabilizar al Congreso Nacional por las demoras en la contratación. Asimismo debe destacarse que el ministro Oscar Aguad fue denunciado por uno de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el Dr. Luis Tagliapietra –padre del Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra- por los delitos de por los delitos de incumplimiento del deber de funcionario público (Art. 248 Código Penal), abandono de persona (Art. 106 Código Penal), encubrimiento agravado (art. 277 incs. 1 y 3) y traición a la patria (art. 215 incs. 1 y 2), causa que tramita ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Luis Rodríguez.

Al respecto, cabe ser destacado que en la citada denuncia se señalan específicas responsabilidades de Aguad tanto en circunstancias vinculadas con la desaparición del submarino y sus tripulantes como en graves omisiones relacionadas con el operativo de búsqueda. Es así como afirman que “Cabe aclarar que los 44 marinos se encontraban en cumplimiento de tareas ordenadas por el C.O.F.S. y el C.O.A.A. órganos dependientes de la jefatura de la Armada y del Ministerio de Defensa. En ese marco se deberían haber arbitrados todos los medios necesarios para dar habida de ellos en el menor tiempo posible, considerando el grave riesgo de vida en el que se encontrarían. Estos medios debieron desplegarse de manera extensiva y con el objeto de que resulten eficaces, así como solicitar urgentemente toda la colaboración Internacional, estatal o privada, que sea posible y en la mayor escala posible. Nada de esto se hizo, ya que la ayuda Internacional llego de manera espontánea sin solicitud formal del Ministerio de Defensa ni del Poder Ejecutivo a excepción de la rusa que fue solicitada por este último y, además, el Ministro resuelve cesar con el protocolo de búsqueda y rescate el día 30 de noviembre pasado en una decisión apresurada y sin fundamentos sólidos, condenando definitivamente a la muerte a mi hijo y a sus 43 compañeros. Este denunciante entiende que lo que se está realizando a la fecha es claramente infructuoso, por los escasos recursos utilizados y por la planificación de la propia búsqueda, sea esta por negligencia o dolo.”

El señor ministro de Defensa ha demostrado durante estos más de 9 meses una profunda desidia, desinterés y displicencia respecto de la búsqueda, tanto en la omisión de las acciones necesarias para sostener una eficiente búsqueda del submarino y de sus tripulantes, como en el despliegue de acciones que han tenido como finalidad dilatar la posibilidad de que el Estado nacional cuente con los recursos necesarios –nacionales e internacionales como públicos y privados- para la efectiva búsqueda.

El ministro Aguad ha incurrido en reiteradas y graves falsedades y contradicciones públicas, tanto en sus declaraciones ante medios de comunicación social como ante la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan, creada por la Ley 27433. Entre las contradicciones más graves se encuentran las relativas a las circunstancias de la toma de conocimiento de la desaparición del submarino y la toma de las primeras decisiones ante la emergencia. El intento del ministro de descargar responsabilidades en el entonces Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, Almirante Marcelo Srur, han sido señaladas como gravísimas por algunos de los integrantes de la Comisión Bicameral Especial Investigadora. Las contradicciones entre el ministro y el ex jefe de la Armada Argentina siguen reproduciéndose a medida que transcurre el tiempo. Todo indica que tras tales contradicciones se encierra el intento de ambos de liberarse de la responsabilidad que les toca en lo relativo a la desaparición como a la búsqueda del ARA San Juan.

El señor ministro declaró ante la Comisión Bicameral desconocer el estado real del submarino antes de la misión de noviembre, sostuvo que el mismo se encontraba “en condiciones de navegar, pero no de ir a la guerra” permitiendo que iniciara una prolongada etapa de mar; haciendo caso omiso del informe realizado por la Auditoria General de la Armada, firmado por el Almirante Lezana respecto del estado de la nave, en la cual encontró 33 ítems a reparar y/o revisar, la mayoría con prioridad 1 en dique seco por la gravedad de las mismas, disponible de enero de 2017.

Su continuo y permanente descanso en la fuerza y sus subordinados, la incomprensible dilación de los procesos licitatorios y/o de contratación de medios alternativos de búsqueda, la suspensión de esos procesos una vez decretada la recompensa, son ejemplos más que suficientes para plantear el mal desempeño de sus funciones como Ministro de Defensa y reflejan como mínimo la falta de idoneidad, la falta de responsabilidad en el manejo de la cosa pública a su cargo.

Durante estos largos 9 meses ha habido por parte del Ministro un permanente destrato, rozando la falta de respeto, para con la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan (creada por la Ley 27433). Con actitud altanera ha insistido con que la Justicia se encuentra investigando y que deberá determinar qué es lo que ha ocurrido, despreciando a un poder del Estado, del cual el ministro ha formado parte.

El hecho de que el Poder Judicial, se encuentre interviniendo e investigando los hechos de ninguna manera debería ser un obstáculo para que los distintos poderes del Estado cumplan las funciones que tienen, cada uno a su nivel y cada uno con su grado de responsabilidad y en función de la legislación vigente.

De la misma manera, el Ministro ha insistido varias veces, ante la requisitoria de la mencionada Comisión, con el Secreto Militar, cuando la ley que rige el funcionamiento de la Comisión establece claramente en los artículos 5° y 6° que la Comisión Bicameral podrá acceder a documentación e información secreta relativa a la desaparición, búsqueda y operación de rescate del submarino ARA San Juan en los mismos términos y con las mismas facultades que las atribuidas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Actividad de Inteligencia.

Este Congreso ya en el año 2017, tras una reunión que tuvimos diputados con los familiares, pidió al Poder Ejecutivo que se pusieran a disposición todos los recursos del Estado y que se hicieran todas las gestiones internacionales para garantizar la búsqueda. Nada de eso hizo el Ministro Aguad como máximo responsable del Poder Ejecutivo en la jurisdicción defensa. La ayuda Internacional llegó de manera espontánea o en el marco de acuerdos internacionales prexistentes, sin mediar ninguna solicitud formal del Ministerio de Defensa. En muchos casos, fueron los representantes extranjeros quienes manifestaron la voluntad de colaborar con nuestro país en la búsqueda. Además, es imprescindible mencionar que el Ministro resolvió finalizar el protocolo de búsqueda y rescate el día 30 de noviembre de 2017 en una decisión apresurada y sin fundamentos sólidos, dejando al descubierto la poca voluntad de buscar y encontrar al Submarino.

Desde el abandono de la búsqueda, nueve meses pasaron para que se contrataran medios de búsqueda alternativos, a pesar de los pedidos de los familiares de los tripulantes. Se desoyeron los pedidos de los familiares para llevar adelante dicha búsqueda. Se incumplieron los compromisos tomados a viva voz para con los familiares, tanto en la Comisión Bicameral legislativa y en las diversas reuniones que los familiares han tenido con el Ministro y con funcionarios. Ha habido una importante falta de previsión y una falta de anticipación de la situación que se podía dar para llevar adelante la búsqueda y rescate, demostrando la total impericia y la falta de conducción por parte del ministro.

Mientras tanto, la Armada Argentina, que debería tener como única misión trascendental una cuestión de interés nacional, como es la búsqueda del ARA San Juan, fue autorizada por el Ministerio de Defensa para organizar el evento náutico "Velas Latinoamérica 2018". Cuatro millones de dólares de inversión. ¿Era el momento para que la Argentina, la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa organizaran una regata?

Finalmente, debemos referirnos a un tema delicado. También durante estos largos 9 meses, el destrato por parte del Ministro para con los familiares de las 44 Tripulantes ha sido incalificable, ya no sólo por sus deberes como funcionario sino también desde el punto de vista humano.

La incomprensión de la situación por la que están atravesando los familiares, la desidia para llevar adelante la búsqueda y rescate del submarino y el incumplimiento de los compromisos demuestran a las claras el mal desempeño del funcionario y los perjuicios que su accionar y sus omisiones han generado sobre todo en los familiares.

Un aspecto que resulta también gravísimo es el intento del ministro Aguad de responsabilizar al Congreso de la Nación por las dilaciones absolutamente injustificadas en la contratación de una empresa privada para la búsqueda. En una de las últimas reuniones que mantuvo con un grupo de familiares de los tripulantes realizó manifestaciones falaces respecto a la supuesta inacción del Congreso Nacional en relación con el otorgamiento de una autorización por ley para una posibilitar una contratación urgente. Al respecto, y considerando que en su comparecencia a la Bicameral los legisladores se pusieron a disposición para facilitar cualquier tramitación legislativa que fuera necesaria, el ministro no instó a que el Poder Ejecutivo Nacional remitiera proyecto de ley alguno en tal sentido, lo que constituye en base a sus propias afirmaciones ante los familiares, no solo la omisión de una acción que según su criterio habría facilitado la contratación, sino también el gravísimo intento de responsabilizar al Congreso Nacional por las demoras en la contratación y en la búsqueda que han sido de sus principal responsabilidad.

Por todo lo expuesto solicitamos se apruebe el presente proyecto de Resolución y se dé por iniciado formalmente el proceso de juicio político que promovemos.