Promover juicio político al señor Ministro del Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio De Vido, fundado en la causal de mal desempeño de sus funciones en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

El maestro Joaquín V. González nos enseñaba que "pueden los actos de los funcionarios no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y las garantías de la Constitución, y entonces son el recurso del juicio político."

La Constitución Nacional otorgó al Congreso la facultad de juzgar la conducta de los funcionarios y determinar cuándo tales comportamientos constituyen ejercicio irregular de las funciones o una absoluta falta de comprensión de las responsabilidades que el Estado les ha encomendado, y la herramienta institucional para efectuar esta evaluación discrecional es el juicio político.

En virtud de este análisis entendemos que la información sobre un episodio de contrabando de dinero en un viaje de funcionarios argentinos, constituye un hecho de suma gravedad institucional para nuestro país, que exige el impulso del presente pedido de juicio político contra el ministro de Planificación Federal.

El suceso referido tuvo lugar en Buenos Aires en agosto de 2007, cuando se intentó ingresar una valija conteniendo 800.000 dólares estadounidenses, no declarados a la aduana, por parte de un pasajero de un avión contratado por el gobierno argentino, en el que viajaban funcionarios argentinos junto a empresarios venezolanos. El funcionario responsable del viaje era el señor Claudio Uberti, que estaba acompañado por el presidente de la empresa estatal argentina ENARSA. Ambos dependían del Ministerio de Planificación Federal.

El señor Uberti participaba de ese viaje pues tenía a su cargo, de manera oficial aunque informal -lo que no debe dejar de sorprender y de ser tenido en cuenta- las relaciones económicas entre el gobierno argentino y el régimen del señor Hugo Chávez. Por eso también viajaban en el mismo avión empresarios vinculados a Chávez (un señor Guido Antonini Wilson y funcionarios de la petrolera estatal PDVSA) y el presidente de ENARSA, el señor Espinosa.

De lo anterior se deduce que las relaciones económicas con el régimen del señor Chávez estaban bajo la responsabilidad del ministro de Planificación Federal. Tan curioso hecho obedeció a que durante la anterior administración, el canciller Rafael Bielsa solicitó por escrito al presidente Néstor Kirchner ser relevado del manejo de las relaciones comerciales con Venezuela, a efectos de deslindar responsabilidades y dejar sentado el reconocimiento de una suerte de diplomacia paralela, ejercida por el antes citado ministro y ejecutada por el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti. Esta circunstancia de por sí absolutamente escandalosa, de permitir la existencia de una diplomacia especial para las relaciones comerciales con la administración del presidente Chávez, alejada de las competencias originarias y fuera de los circuitos administrativos establecidos por ley, finalmente dejó en evidencia vínculos irregulares e injustificados.

Ha quedado en claro que el dinero contrabandeado tenía origen en la petrolera estatal venezolana PDVSA. Ha quedado en claro que PDVSA contrató a un abogado extranjero y a uno argentino para defender al señor Antonini (portador de la valija). El abogado de Antonini, contratado indirectamente por PDVSA, ha declarado en sede judicial argentina que su cliente estuvo después del hecho en la casa de gobierno argentina con el ministro de Planificación Federal, en un acto en el que el presidente Chávez, en su discurso oficial, se refirió cariñosamente al señor Uberti, en presencia del ministro de Planificación Federal, luego de haber sido detectado el contrabando y días antes de que el señor Uberti dejara su función de controlador de peajes y embajador comercial del gobierno argentino ante el señor Chávez.

También ha quedado claro que el señor Antonini intentó engañar a las autoridades aeroportuarias y aduaneras argentinas, aduciendo que la valija contenía libros, resultando al ser inspeccionada que eso no era cierto y detectándose así el contrabando. No obstante ello, el señor Antonini no fue detenido (ese delito no es excarcelable), lo que le permitió concurrir a la Casa Rosada en los días siguientes y luego salir del país hacia Uruguay. El señor Antonini está prófugo de la Justicia argentina porque las autoridades administrativas y judiciales argentinas lo dejaron ir.

Finalmente existen circunstancias graves, precisas y concordantes en estos hechos, que obligan a quienes nos consideramos funcionarios argentinos responsables, a tomar cartas políticas en este asunto. El abogado a quien contrató la empresa PDVSA para asumir la defensa de Antonini Wilson, el Dr. Moisés Maiónica, contrató al Dr. Guillermo Ledesma para que colaborara en su defensa desde la perspectiva del derecho argentino. Guillermo Ledesma es un destacado jurista, que accedió a información directa sobre los hechos investigados y esa información ya ha sido ratificada en sede judicial argentina. Los trascendidos de su declaración dan cuenta de que Antonini Wilson le manifestó que la valija no era suya, sino que pertenecía a Uberti, quien le habría solicitado que asumiera la posesión de la misma para pasar por los controles aduaneros. Asimismo agregó -como dijimos antes- que dos días después del episodio habría participado de un encuentro en el Salón Blanco de la casa de gobierno con el ministro de Planificación Federal y Uberti, quienes le habrían asegurado que no tenía que preocuparse por el episodio. En consideración a la relación abogado - cliente y al prestigio y credibilidad de que goza el Dr. Guillermo Ledesma, sus dichos poseen una verosimilitud que logra agraviar a nuestra nación. A esto debe sumarse que sus servicios fueron contratados por la empresa venezolana, lo que no se compadece con defensas políticas supuestamente antiimperialistas.

Un hecho de carácter delictivo internacionalmente penado, como es el contrabando de divisas, sumado a todas las demás irregularidades que rodean el caso, constituye un escándalo institucional internacional y un desprestigio enorme para la Argentina, que se agravaría si las demás instituciones de la república, como el Parlamento, se sustrajeran del ejercicio de las funciones de control que les son propias y si la oposición incumpliera el rol que le corresponde. Tenemos la disyuntiva de no hacer nada para que se sientan bien los funcionarios del gobierno, dejando que actúe o no la Justicia, o de dar una señal al planeta de que no todos, no todas las instituciones de la Argentina, consideran menor el contrabando de billetes en aviones bajo dominio del gobierno argentino. No haciendo nada condenaremos a nuestro país al desprestigio internacional de largo plazo. Nuestro país no merece eso. Nuestro deber consiste en impedir ese resultado. El deber del ministro entendemos que también, lo que sucedería si asume su defensa en un juicio político, que es la instancia institucional al alcance de todos nosotros.

Los hechos ocurridos, más allá de las investigaciones administrativa y judicial en curso, deben ser aclarados por el ministro. La institución del Juicio Político es el ámbito constitucional apropiado para que el Ministro haga su descargo y la defensa pública de su actuación y deje a salvo el prestigio del país en este grave episodio.

Finalmente, este lamentable episodio se suma a otros que han jalonado el accionar del Ministerio de Planificación Federal en los últimos años, mientras se desempeñaba el actual ministro. El Congreso Nacional aún espera explicaciones satisfactorias del tráfico de drogas que involucró al joint venture de las empresas Southern Winds y LAFSA; de la administración de fondos públicos de esta última empresa estatal, investigada por la Justicia Penal por iniciativa de la Oficina Anticorrupción; de los sobreprecios reconocidos en las contrataciones oficiales de la empresa Skanska; y, por último, de los increíbles incumplimientos de los deberes de los funcionarios intervinientes en el caso Aerolíneas Argentinas, que surgen de los propios fundamentos del proyecto de ley de estatización de la empresa. Todos estos elementos también deberán ser evaluados al momento de decidir la acusación en el caso planteado.

El fortalecimiento de la república requiere de un eficaz control de los poderes del Estado y para ello el Congreso debe analizar y evaluar la conducta del ministro, en el marco de las instituciones de la Constitución. Por todo lo expuesto le solicito a mis pares que den curso al presente pedido de juicio político, en resguardo del prestigio de nuestro país y, de ser posible, del propio señor ministro.