Promover juicio político contra la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

ESTAMOS INUNDADOS DE DROGA (y estamos inundando al mundo con droga).

Un aluvión de informes generados por oficinas de la ONU y del Gobierno de los Estados Unidos, confirmando información de la misma SEDRONAR muestra la extensión y profundidad que han tomado la oferta y el consumo de estupefacientes en nuestro país.

El diario La Nación, en su edición del día 27 de Junio, afirma que:

"El avance del narcotráfico en la Argentina quedó ratificado ayer en el informe anual de las Naciones Unidas sobre drogas, que ubicó al país como el tercer puerto proveedor mundial de cocaína, detrás de Brasil y Colombia.

Es la primera vez que la oficina contra las drogas y el crimen de la ONU establece en su estudio el origen de los cargamentos decomisados en el mundo. En la página 140 del informe se señala que la Argentina está entre los tres lugares más mencionados como puntos de partida de la droga, luego de ser consultados los países miembros sobre los embarques secuestrados en sus territorios.

Para elaborar ese ranking se tomó en cuenta la captura de drogas entre 2001 y 2012. En esas evaluaciones, realizadas por las autoridades de cada país, se hizo referencia en repetidas oportunidades a la Argentina como lugar de despacho de los cargamentos de cocaína.

El análisis de las incautaciones durante 2011 muestra también una alerta de la ONU sobre la falta de información oficial por parte de la Argentina respecto de los secuestros de drogas. El documento informa claramente que debió nutrirse de información parcial en el caso argentino, único país que fue señalado por esa falta de datos.

Así, se aclaró que la cifra de 4,4 toneladas de cocaína incautada aquí durante 2011 corresponde a decomisos en los que no participaron fuerzas de seguridad federales, ya que el Gobierno no informó al organismo sobre operativos de la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Federal.

En 2010 tampoco se notificaron al organismo internacional las cifras de captura de cocaína en el territorio argentino. Y por lo informado en otros países, una parte importante de la cocaína que circula en el mundo tiene origen en nuestro país.

Más allá de la presencia de la Argentina entre los tres países más mencionados como origen de la cocaína en circulación, en el tráfico de marihuana aparece Marruecos en primer lugar, Afganistán figura como proveedor central de heroína y Holanda es expuesto como el país de origen de los mayores cargamentos de drogas sintéticas.

Holanda es la única nación que aparece como eje de tránsito de todas las clases de drogas, ya que figura en el cuarto lugar en marihuana, sexto en heroína y décimo en cocaína.

La mención al origen argentino de los cargamentos de cocaína no implica la producción local de la droga, sino el punto de embarque.

El problema local con el narcotráfico está en aumento, como lo demuestra la situación de disputas territoriales en Rosario, que ya derivó en un centenar de muertos y que anteayer motivó una marcha multipartidaria en rechazo a la violencia del narcotráfico. Es que desde los años 90 se hizo fuerte el discurso interno que apuntó al narcotráfico como un problema externo, de países consumidores, derivándose a la Argentina a un confortable papel de tránsito. Pues bien, para la ONU es éste uno de los tres países con mayor circulación de cocaína".

El tráfico de drogas es un sistema criminal de proyección mundial, que se mueve al ritmo de las oportunidades o restricciones que encuentra para su instalación y crecimiento. Y en los últimos 8 años encontraron en Argentina el campo fértil para desarrollarse. La absoluta lenidad en el control del lavado de dinero, fue calificada por un experto en el tema como "una invitación a los narcos del mundo a invertir en la Argentina". Y así sucedió, como lo muestran evidencias múltiples: la aparición de cárteles mafiosos y de prácticas delictivas antes inexistentes, como el sicariato; el crecimiento de negocios colaterales como el de la efedrina y la trata de mujeres. Los errores diplomáticos recientes afectaron a las fuerzas de seguridad especializadas, quitándoles acceso a capacitación, información y operaciones conjuntas a nivel regional. El avance en la promocionada radarización fue mínimo (se instaló solo uno de 7 anunciados), mientras que no se ha implementado el programa de control de contenedores en los puertos, herramienta vital para la que existe sobrada tecnología. Las falencias del Poder Judicial aportaron lo suyo; desde el mal ejemplo de jueces corruptos, hasta la carencia de herramientas materiales básicas debilitaron aún más el trabajo de las fuerzas de seguridad y la posibilidad de aplicación y cumplimiento de penas. Un Gobierno que en 8 años no hizo una sola referencia explícita al problema de la droga como una prioridad política, contribuyó con este silencio a desalentar a quienes quisieran cambiar esta situación desde adentro.

Así por ejemplo, el reciente Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas estableció que Argentina es el país con mayor consumo de cocaína en América del Sur, con un 2,6 % en la población de entre 15 y 64 años, seguida por Chile (2,4%) y Uruguay (1,4%), mientras que la media en América del Sur es de un 1%. Además, es el segundo país consumidor del continente detrás de Estados Unidos.

Los datos de SEDRONAR prueban que en la última década creció 131 por ciento el consumo de drogas ilegales entre los alumnos de colegios secundarios y que, en 2011, 12 por ciento de los estudiantes de entre 13 y 17 años probaron por lo menos una vez estupefacientes, en especial, picadura de marihuana.

Pero frente a esta inundación de drogas, no existen programas preventivos, la SEDRONAR y los servicios provinciales no existen (la Nación y la Provincia tienen el mismo presupuesto hace 3 años; la Provincia de Buenos Aires ha bajado de categoría la Secretaría de Adicciones y los Centros de Prevención de Adicciones no funcionan o se van cerrando paulatinamente por falta de fondos para pagar los alquileres y los mínimos gastos de operación.

Más aún, a la fecha en la Pcia. de Buenos Aires hace 6 meses que no le pagan a los prestadores de los Centros de Rehabilitación.

Como lo afirman reiteradamente los especialistas en el tema, todo el sistema institucional de relación con adictos es antiguo y requiere una urgente transformación, con nuevas instituciones.

No es mejor la situación en lo que hace al lavado de dinero, componente esencial del tráfico de drogas; y por tanto del aumento de la demanda.

Como lo ha afirmado el Fiscal Campagnoli, quien investiga el caso Báez y sus consecuencias:

""Existe una ordenada y precisa continuidad de una década en el manejo de dinero y el armado, la gestión y estructuración de una monumental trama de sociedades que prácticamente dan la vuelta al globo". "Se advierten dos tramos marcados, vinculados por denominadores comunes, inalterables; el primero corre con precisión milimétrica desde unos días antes de las convocatoria a elecciones nacionales de agosto de 2002 hasta fines de 2010, luego de la muerte de Néstor Kirchner. El segundo tramo va desde entonces hasta la actualidad".

Señor Presidente, no existen soluciones mágicas para el drama del consumo de drogas. Es un largo y difícil camino en el que el secreto para reducir la demanda está en la prevención, el trabajo con los jóvenes para que puedan construir un proyecto de vida, y la promoción de la energía social comunitaria para contenerlos, con un Gobierno decidido a frenar la oferta y una sociedad consciente de la gravedad del problema que enfrenta. La mejor realización de los derechos individuales será entonces que todos los ciudadanos puedan desarrollar -por igual- una vida que no necesite drogas para concretarse.

Pero para ello, se necesita que la autoridad política demuestre de manera contundente su vocación para afrontarlo con todas las herramientas que le da el aparato estatal.

La primera herramienta es que exista una autoridad que planifique; que ejecute; que controle; que instale y controle la Agenda; y sobre todo que informe permanentemente a la Sra. Presidenta sobre la evolución de un tema tan esencial.

La desidia en nombrar al Secretario de la SEDRONAR por parte de la máxima autoridad del Estado, es una falta social y política que no puede tolerarse, y que merece un condigno castigo por parte de este Congreso, a través de la herramienta constitucional del Juicio Político. Castigo que debe interpretarse como una indicación de la importancia que nuestro sistema de valores otorga a la necesidad de limitar el crecimiento de las drogas en nuestro País.

Detrás de las cifras que hemos mencionado en este escrito, hay seres humanos, primordialmente jóvenes, que arruinan sus vidas porque no encuentran otro camino para realizarla; y que necesitan ser cuidados por el Estado -en especial cuando no cuentan con recursos propios-. Si la SEDRONAR y las administraciones provinciales carecen de esos recursos; o no los administran adecuadamente, esas adicciones se transformarán en muerte.

El artículo 53 de nuestra Carta Magna establece, junto con el artículo 59 y 60, el proceso excepcionalísimo de juicio político. La finalidad de este proceso consiste en la inmediata investigación por parte del Congreso de la conducta del funcionario denunciado a fin de determinar si el mismo incurrió en alguna de las causales previstas para la remoción; el objetivo inmediato es el ejercicio de uno de los controles políticos inter-órganos. En este caso, el efectuado por el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo.

Tal como lo establece nuestra Constitución Nacional, el proceso se sustancia cuando la Cámara de Diputados, a instancias de alguno de sus miembros, actúa como acusador fiscal (7) encuadrando la conducta del funcionario en alguna de las causales por mal desempeño contempladas en la norma.

Así debe entenderse al Juicio Político como parte del control político, con propósitos políticos, promovido por culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político. Se trata, entonces, de una institución política y por ende no se encuentra sujeta a normas estrictas de carácter judicial.

Ahora bien, entendemos que si bien el Juicio de remoción es considerado político y por ende diferente de los procesos criminales; que exista un grado de discreción en la causal de mal desempeño, no debe entenderse como una omisión del debido proceso y la defensa en juicio.

La finalidad del Juicio Político se dirige a hacer efectivo el principio de responsabilidad del funcionario público y proceder a la separación del cargo del "servidor indigno". Según Raúl Cárdenas "... la naturaleza jurídica del juicio político, gira sobre hechos no delictuosos y concluye con la separación e inhabilitación, en su caso, del alto funcionario público que ha perdido la confianza pública; por lo tanto es ajeno a la actividad judicial".

Las causales previstas en la Constitución que encuadrarían en la conducta de la Sra. Presidente de la Nación son mal desempeño y delito en el ejercicio de sus funciones, establecidas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, por no haber desarrollado una política coherente contra las drogas, haber facilitado el lavado de dinero y no haber nombrado durante 3 meses al Secretario de la SEDRONAR.

En el caso de juicio político a la Sra. Presidente de la Nación, el mal desempeño supone una valoración político institucional teniendo a la vista los resultados y consecuencias de su obrar para las instituciones o para la confianza pública. Esta causal permite una valoración amplia pues se trata de la falta de idoneidad no solo profesional o técnica, sino también moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo cual determina un daño a la función, o sea a los intereses generales de la Nación. Es por las razones expuestas anteriormente que solicito a los diputados aprobar este proyecto de resolución.