Promover juicio político al Señor MINISTRO DEL INTERIOR, Dr. Aníbal Fernández, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en relación con las declaraciones vertidas contra el Presidente de la Cámara de Casación Penal, exigiéndole su renuncia.

Señor presidente:

El Señor Ministro del Interior, como lo vio y escuchó la ciudadanía le pidió al Presidente de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, que "renuncie" a la magistratura y así le haga "un bien a la patria". "Doctor Bisordi: ¿por qué no renuncia?, renuncie, váyase..." exclamó el titular de la cartera política.

Principalmente no debió haber actuado frente a este atropello a la forma Democrática y Republicana de Gobierno.

El señor Presidente con sus expresiones violó la Constitución Nacional, que expresa en su Artículo 109: En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

A pesar de ello al Señor Presidente lo llevó a ese cargo la voluntad popular y puede haberse expresado como lo hizo, tal vez representando a una parte de la ciudadanía que lo votó, a pesar de conformar una coerción inaceptable, más allá de un claro prejuzgamiento ante un eventual enjuiciamiento por parte de la Cámara de Casación Penal, y un avance del Poder Ejecutivo contra la división de poderes.

Pero al Señor Ministro del Interior no le caben excusas ni privilegios, porque es un funcionario empleado del Gobierno Nacional que no tiene atribuciones para entrometerse en el funcionamiento del Poder Judicial, y menos abriendo juicio sobre las cualidades de los miembros del tribunal y de su presidente en especial.

Las instituciones judiciales son la piedra angular de cualquier sistema republicano, pero las demoras crónicas aumentan la falta de confianza del ciudadano, que además advierte la ausencia de independencia en ciertos magistrados, mientras la corrupción y las sospechas de manipulación política afectan sus bases al extremo de desnaturalizarlas.

La Cámara de Casación es el tribunal penal más alto del país. Está sólo un peldaño por debajo de la propia Corte Suprema de Justicia. Incluso, muchos casos que pasan por Casación reconocen esa instancia como la última y no pasan por la Corte Suprema.

Anteriormente es necesario aclarar que la Cámara de Casación Penal sólo intervenía en casos excepcionales para controlar si se habían aplicado bien las normas penales; ahora, controla también hechos y pruebas. Hoy, los juicios se están llevando a cabo desperdigadamente según el lugar de presunta comisión del delito, no como en 1983, cuando se unificaron las causas en tribunales que, además, recibieron un gran aporte económico.

Debemos recordar que en su momento hemos advertido por las modificaciones en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento y ahora nuevos hechos renuevan la profunda preocupación y, en consecuencia se debe guardar el respeto y la consideración debida a los jueces intervinientes, teniendo en cuenta la división de poderes y la independencia del Poder Judicial; más allá de la saturación de trabajo de los tribunales penales, sobre todo en esa Cámara a partir del fallo de la Corte dictado en la causa Casal, resultan incontrovertibles la independencia de criterio y probidad con que actúan los magistrados cuestionados.

Se solicita el acompañamiento del presente proyecto en defensa de las instituciones republicanas.