Promover juicio político al vicepresidente de la Nación Argentina, Licenciado Amado Boudou, y elevar ante el H. Senado de la Nación la acusación prevista por el artículo 53 de la Constitución Nacional por la responsabilidad resultante del mal desempeño y la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Señor presidente:

El 13 de marzo de 2012 presentamos el presente proyecto de resolución (EXP. 0703-D-2012, reproducido en 2013 por resolución de la HCD del 05/06/1996, BAE 41) solicitando el juicio político al Vicepresidente Amado Boudou ante hechos y circunstancias debidamente explicitadas en estos fundamentos, que no fue tratado oportunamente, y por ende, perdió estado parlamentario. Por ello volvemos a representarlo, adjuntándose en el anexo las ampliaciones y demás documentación pertinente presentada durante estos últimos dos años sobre al caso que involucra al Vicepresidente. Seguidamente reproducimos los fundamentos del proyecto original.

Hace pocos días varios de los diputados firmantes de este proyecto presentamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo a los efectos de obtener datos concretos relativos a contrataciones para la impresión de papel moneda, respecto de las cuales se habían denunciado acciones aparentemente improcedentes del vicepresidente de la Nación, licenciado Amado Boudou (expediente 140-D-2010).

Formulamos allí diecinueve preguntas sobre distintos aspectos involucrados en el proceso falencial de la empresa Ciccone Calcográfica SA, el levantamiento del pedido de quiebra, la posterior adjudicación a la sociedad "The Old Fund SA"; y las negociaciones llevadas a cabo por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la contratación de la impresión de papel moneda.

Particularmente preguntamos en ese proyecto sobre diversas cuestiones que resultan pertinentes y coadyuvantes a la formación de la causa por juicio político que ahora promovemos y fundamos. Entre otros temas, en el proyecto citado pedimos informes sobre:

a) los parámetros utilizados por la sindicatura concursal para evaluar las ofertas y recomendar la adjudicación de la empresa quebrada a la firma The Old Fund SA;

b) la identidad y situación fiscal de los accionistas de la empresa The Old Fund SA, en especial su titular, el Sr. Alejandro Vandenbroele;

c) el acuerdo alcanzado con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cargo de la ejecución de las deudas fiscales de la imprenta Ciccone Calcográfica SA, condiciones, plazo y tasa de de interés otorgadas por la AFIP a la empresa;

d) quiénes son los inversores que acompañaron la oferta del Sr. Vandenbroele y aportaron los fondos para efectuar el primer pago por un monto de $ 567.000 depositados en la cuenta judicial del Banco Ciudad (sucursal Tribunales);

e) el depósito que habría realizado la empresa London Supply SA "por cuenta y orden" del Sr. Vandenbroele para levantar la quiebra y en caso afirmativo en qué carácter lo realizó;

f) quiénes son los socios de la empresa London Supply SA y la vinculación jurídica entre el señor Vandenbroele y la firma The Old Fund SA; y el rol desempeñado por Miguel Ángel Castellano, director de la primera en la administración de la Compañía Sudamericana de Valores;

g) cuál es el vínculo existente entre el Sr. Alejandro Vandenbroele y el vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou;

h) si la Casa de Moneda, a través de su titular, Katya Dauras, recomendó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que contratara los servicios de la Compañía Sudamericana de Valores SA para la impresión de papel moneda; si existió previamente algún concurso o compulsa de precios con otras empresas, como la Casa de Moneda de Brasil y Boldt SA; si las ofertas eran homogéneas y era el rango de precios de las ofertas compulsadas.

Sin que el proyecto se haya tratado aún en esta Cámara y por lo tanto, sin que las preguntas hayan tenido respuesta alguna por parte del Poder Ejecutivo, un nuevo hecho de inocultable relevancia nos lleva ahora a presentar este proyecto sobre promoción de juicio político al vicepresidente Amado Boudou: se trata de la afirmación pública por parte del vicepresidente de no haber realizado acción directa alguna en favor de la empresa privada Ciccone Calcográfica SA, inmediatamente desmentida.

El mismo día en que el vicepresidente hiciera esa afirmación, trascendió y se publicó en los medios una nota (Nota MEyFP 154-10) que firmó como ministro de Economía de la Nación, por la que instruyó a la AFIP para que acogiera favorablemente una solicitud de la firma Ciccone Calcográfica SA a fin de que se le concediera una extraordinaria forma de pago de sus deudas fiscales, incluyendo un financiamiento de largo plazo y una aplicación de tasas de interés negativas, es decir, menores a la inflación, lo que implica en los hechos, en la realidad, una condonación de deudas.

La aclaración del vicepresidente en relación a que no había realizado acciones directas en beneficio de la citada empresa (lo que dejaba abierta la hipótesis de que lo hubiese hecho indirectamente, es decir, a través de terceros), contraria a lo que expresa la nota del MEyFP, resulta gravemente inconsistente con el deber de los representantes del pueblo de no falsear la información pública que proveen a sus representados.

Desde ya, no parece admisible que los funcionarios actúen en beneficio de los particulares utilizando los fondos públicos, como en este caso, en el que se da un trato inusualmente preferencial en relación con deudas que pertenecen al Fisco.

Pero la cuestión se torna más grave aún. En efecto, a partir de información periodística y de distintas actuaciones judiciales se tornan públicos otros hechos:

a) un aparente socio del vicepresidente en diversas actividades, se habría presentado ante los acreedores de Ciccone Calcográfica SA haciendo gestiones en relación al negocio en análisis, en nombre del vicepresidente;

b) un conocido del vicepresidente sería el representante legal de la firma en cuestión y fue denunciado por su esposa como testaferro del vicepresidente;

c) el titular de la AFIP le habría indicado al juez de la causa que involucraba la situación de pagos de la firma, que era intención del Estado quedarse con la empresa, por lo que pedirían su quiebra, lo que sucedió. A posteriori, luego de que la empresa privada quedara en manos del particular antes referido, la AFIP decidió pedir lo contrario, es decir el levanta- miento de la quiebra;

d) se habrían comprobado relaciones comerciales entre el vicepresidente, sus socios, sus amistades y las firmas que intervinieron en este caso; y

e) la AFIP, en una acción absolutamente inusual (no habría otros casos similares), solicitó una autorización al ministro de Economía, el actual vicepresidente, para otorgar condiciones muy favorables para la firma y el vicepresidente, que negó su intervención directa, en realidad promovió el acogimiento del pedido de la empresa privada.

Lo descrito, sumado a todos los antecedentes previos, nos obliga a cumplir con nuestro deber de legisladores, ejercer las funciones propias de control de esta Cámara, y conforme lo autoriza el artículo 53 de la Constitución promover juicio político al vicepresidente de la Nación, licenciado Amado Boudou, por su posible responsabilidad resultante del mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Un pedido de juicio político no es una condena, sino un procedimiento que permite a las partes demostrar sus responsabilidades o la falta de ellas en los hechos bajo investigación. Ello posibilitará al vicepresidente la defensa de su actuación.

El constitucionalista Daniel Sabsay sostiene que la causal de mal desempeño del artículo 53 de la Constitución Nacional "constituye un concepto jurídico indeterminado, que va a quedar en manos del Congreso precisar de manera discrecional en el caso concreto. Tales actos pueden incluir impericia o negligencia para el ejercicio del cargo, falta de idoneidad moral, e incluso inhabilidad psíquica o física. La apreciación de los moti- vos va cambiando con el tiempo en función de las variaciones que surgen del crite- rio imperante a nivel social, si bien quienes deben considerarlos son los legislado- res".

A juicio de Bidart Campos "se trata exactamente de lo contrario de lo que se estima como un buen desempeño de parte de un funcionario público".

¿Cuál es entonces el patrón que debe regir la conducta del "buen funcionario público"? La ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública y el Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos Públicos, que figura en el anexo de la Resolución 51/59 de la Asamblea General de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, del 12 de diciembre de 1996, que el Estado argentino ratificó por ley 24.759, constituyen parámetros por demás válidos.

El Código citado establece: I. PRINCIPIOS GENERALES: 1. Un cargo público, tal como se define en el derecho interno, es un cargo de confianza, que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público. Por consiguiente, los titulares de cargos públicos serán ante todo leales a los intereses públicos de su país tal como se expresen a través de las instituciones democráticas de gobierno. 2. Los titulares de cargos públicos velarán por desempeñar sus obligaciones y funciones de manera eficiente y eficaz, conforme a las leyes o las normas administrativas, y con integridad. Procurarán en todo momento que los recursos públicos de que sean responsables se administren de la manera más eficaz y eficiente. 3. Los titulares de cargos públicos serán diligentes, justos e imparciales en el desempeño de sus funciones y, en particular, en sus relaciones con el público. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidos. II. CONFLICTOS DE IN- TERESES E INHABILITACIÓN. 4. Los titulares de cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de sus familias. No intervendrán en ninguna operación, no ocuparán ningún cargo o función ni tendrán ningún interés económico, comercial o semejante que sea incompatible con su cargo, funciones u obligaciones o con el ejercicio de éstas. 5. Los titulares de cargos públicos, en la medida que lo requiera su cargo y con arreglo a las leyes o a las normas administrativas, declararán sus intereses económicos, comerciales o financieros, o sus actividades con ánimo de lucro que puedan plantear un posible conflicto de intereses. En situaciones de posible o manifiesto conflicto de intereses entre las obligaciones públicas y los intereses priva- dos de los titulares de cargos públicos, éstos acatarán las disposiciones establecidas para reducir o eliminar ese conflicto de intereses. 6. Los titulares de cargos públicos no utilizarán indebidamente en ningún momento dinero, bienes o servicios públicos o información adquirida en el cumplimiento o como resultado de sus funciones públicas para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales. 7. Los titulares de cargos públicos acatarán las disposiciones establecidas con arreglo a la ley o a las normas administrativas con miras a evitar que una vez que hayan dejado de desempeñar sus funciones públicas aprovechen indebidamente las ven- tajas de su antiguo cargo. ... VI. ACTIVIDADES POLÍTICAS 11. Las actividades políticas o de otra índole que realicen los titulares de cargos públicos fuera del ámbito de su cargo no deberán, de conformidad con las leyes y las políticas administrativas, mermar la confianza pública en el desempeño imparcial de sus funciones y obligaciones".

A lo anterior podemos agregar que "el juicio político, establecido por los arts. 53, 59 y 60 de la Constitución, tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad política del presidente, vicepresidente, jefe del gabinete de ministros, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia... La Constitución prevé tres causales para la promoción del juicio político: 1) mal desempeño del cargo, por ausencia de idoneidad técnica o moral, y sin que ello importe necesariamente la imputación de una conducta voluntaria, dolosa o culposa al funcionario; 2) comisión o participación en la ejecución de actos delictivos en el ejercicio de la función pública; 3) comisión o participación en la ejecución de delitos comunes que, por su envergadura, gravedad o trascendencia social, justifiquen la destitución del funcionario..." (Gregorio Badeni, El Juicio Político, La Ley 1995-C, 432).

En el caso que nos ocupa, las causales de mal desempeño y probable comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, encuentran sustento en la posible vinculación que habría entre el actual vice- presidente Boudou y el Sr. Alejandro Vandenbroele, titular de la empresa The Old Fund SA, que controla a la Compañía De Valores Sudamericana y a través de la misma a la ex Ciccone Calcográfica SA, favorecida por diferentes concesiones, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, y por medio de la cual se pretendía llevar a cabo un negocio millonario que involucra a la Casa de la Moneda y el Banco Central de la República Argentina en la impresión de 600 millones de billetes de cien pesos por un valor de 50 millones de dólares, frenado por la publicidad del asunto por la actual presidenta del Banco Central. El accionar de la presidenta del Banco Central, es en sí mismo una prueba más, por cuanto lejos estuvo de haber sido un procedimiento normal y regular. Si la presidenta del Banco Central, licenciada Marcó del Pont, decidió impedir esta contratación, es porque encontró en ella cuestiones que serán importantes para la sustanciación del juicio político.

Alejandro Paul Vandenbroele es un monotributista, categoría B, y pareciera que amigo del vicepresidente Boudou desde la adolescencia. También es abogado, especialista en inversiones. Según el Boletín Oficial, Vandenbroele se transformó en el presidente de The Old Fund SA, la sociedad anónima que había sido creada en enero del 2008 con un capital de $ 30.000, el 9 de septiembre de 2009. La empresa presidida por Vandenbroele se quedó con la mayor parte de Ciccone, la cual estaba a cargo original- mente de la impresión de billetes. La gestión para que The Old Fund SA se haga cargo de Ciccone, esta última en proceso de quiebra, habría estado a cargo de un gestor de Boudou, José Núñez Carmona, el cual figura como socio de Boudou según consta en la declaración jurada presentada por éste.

Esta no fue la primera vez que el Gobierno se involucra en el caso Ciccone. A fines de 2010, la AFIP pidió la quiebra de Ciccone Calcográfica SA -manejada por la familia del mismo nombre- por una deuda con el Estado. La firma finalmente quebró. Después de un tiempo, el juez de la quiebra, Javier Cosentino, decidió que la planta podía ser alquilada. La mejor oferta fue la de la empresa Boldt, que ganó la compulsa a la Casa de la Moneda y a la AFIP, a cargo de Ricardo Echegaray. Ciccone fue utilizada entonces por Boldt, una compañía con antecedentes en el mercado gráfico y del juego. Ese proceso se terminó cuando la AFIP volvió a interceder pidiendo llamativamente levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica, pese a ser quien antes la había solicitado. La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico hizo lugar a esa medida, basándose en resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, que estipuló que Boldt ya tenía su imprenta, por lo que el alquiler de Ciccone producía una "concentración empresaria" del sector gráfico.

La esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, declaró ante el fiscal Rivolo a cargo de la investigación que su marido hizo negocios ilícitos con Amado Boudou, y con su socio, José María Núñez Carmona y que sería un testaferro del vicepresidente. El fiscal consideró "coherente" su relato.

Otro claro acto administrativo del ahora vicepresidente se dio en su etapa como ministro de Economía, en la cual respondió ante un requerimiento de consulta de la AFIP que recomendaba que se hiciera lugar a una petición de moratoria y condonación de deudas e intereses por demás especial solicitada por The Old Fund SA a favor de Ciccone Calcográfica SA. En la presentación ante la AFIP, Ciccone pidió la quita de su deuda y la condonación de intereses, multas y honorarios; pero como la solicitud excedió las facultades que da el artículo 32 de la ley de Procedimiento Tributario, el organismo le envió una nota al ministerio de Economía, que dio curso al reclamo. El por entonces ministro de Economía solicitó a la AFIP "que proceda a la sustanciación de la petición formulada por Ciccone Calcográfica SA de conformidad con las atribuciones que le son propias" por- que es política del Gobierno "mantener las fuentes de trabajo".

La nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas firmada por Amado Boudou y dirigida a Ricardo Echegaray es, según la foliatura de ese ministerio, la número 154/10. Está incluida en el expediente 1- 257899-2010 de la AFIP y dice textualmente: "Señor Administrador: Me dirijo a usted con relación la consulta efectuada a fojas 25 de las actuaciones de la referencia del registro de esa Administración Federal de Ingresos Públicos. Al respecto, en virtud del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera que antecede y por sus fundamentos, se remiten los actuados a esa Administración Federal con el fin de que proceda a la sustanciación de la petición formulada por Ciccone Calcográfica S.A de conformidad con las atribuciones que le son propias. Sin perjuicio de ello, se le hace saber que este Ministerio considera que el ejercicio de las competencias propias de ese Organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada, dentro de las atribuciones legalmente conferidas al ente recaudador y sin mengua del interés fiscal cuya tutela constituye su responsabilidad primaria, responde a los lineamientos políticos generales de este Gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica".

Es clara la intervención del por entonces ministro solicitando que se resuelva a favor de Ciccone y Vandenbroele, textualmente dice "proceda a la sustanciación de la petición formu- lada por Ciccone Calcográfica S.A".

En rueda de prensa, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray expuso que desde 2009 la AFIP solicitó la quiebra de 496 empresas, dentro de las cuales se encontraba Ciccone, para verificar "su verdadera voluntad de pago". Y detalló que 351 de esas firmas se acogieron luego a la misma moratoria excepcional que Ciccone. Pero por otro lado admitió que la firma que ahora controla The Old Fund SA fue la única que solicitó una quita sobre su deuda y que por eso se consultó al Ministerio de Economía.

Así Echegaray evitó precisar -al igual que luego sus colaboradores-, si el Ministerio de Economía intervino en el trámite administrativo previo a concederles las moratorias a las otras 350 empresas quebradas. Esta conducta diferencial será fundamental para analizar el comportamiento del entonces ministro de Economía.

El subdirector general de Coordinación Técnica Institucional de la AFIP, Guillermo Michel, indicó que haberle concedido la quita solicitada a la nueva Ciccone hubiera implicado el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo cual se giró igual al Ministerio de Economía para ver si podían encontrarle la vuelta por otro lado.

Los funcionarios no dieron precisiones acerca de cuántas cuotas le brindaron o la tasa de interés acordada con Ciccone, por motivos de "secreto fiscal".

Apenas se indicó que fueron "ciento y pico" de cuotas, pero las versiones indican que fueron 148, en lugar de las 120 cuotas tradicionales y una tasa de interés del 0,5 mensual (la cual es aún menor que la inflación oficial del INDEC), en un claro acto de favoritismo en beneficio de la empresa sospechada.

Esta nota no es un hecho menor ya que el vicepresidente en un extenso recorrido mediático negó permanentemente haber realizado acto administrativo alguno vinculado con Ciccone Calcográfica, sin embargo tras la aparición pública de esta nota se desdice en el programa televisivo "Con voz propia", el miércoles 7 de marzo de 2012, en América 24, admitiendo la existencia de esta nota aunque queriéndole negar la relevancia que realmente tiene.

Días atrás y ya con Boudou ejerciendo el cargo de vicepresidente de la Nación, la Casa de Moneda, a cargo de Katya Daura, una funcionaria cercana al vicepresidente, le recomendó al Banco Central que habilite a Ciccone para que pueda imprimir la mitad de la provisión de los billetes de cien pesos que se pondrán en circulación este año. Se trata de aproximadamente 600 millones de billetes, una impresión que tendría un costo de 50 millones de dólares, lo cual resulta un negocio por demás importante que amerita que se investigue su licitud ya que es altamente improbable, por no decir imposible que un monotributista clase B pueda llegar casi de la nada a tener el control de una empresa que pueda llevar a cabo semejante gestión de no contar con favores gubernamentales.

Además, es absolutamente improbable que el enriquecimiento de Vandenbroele tenga que ver sólo con un normal desenvolvimiento de la actividad que supuestamente llevaba a cabo. Por ello es que creemos necesario investigar su vinculación con el ex Ministro de Economía y actual vicepresidente de la Nación, Amado BOUDOU; máxime cuando la propia esposa de Vandenbroele manifiesta que su marido estaría actuando como testaferro de Boudou. De ser cierto ello, estaríamos frente a un hecho de corrupción en tanto el verdadero titular de esa empresa sería el vicepresidente Boudou y todos los actos de esta empresa serían simulados por interpósita persona.

La simulación por interpósita persona es una modalidad de la simulación relativa que consiste en que una persona aparece como celebrante de un acto jurídico, por ejemplo la constitución y desarrollo de una empresa, y destinatario de sus efectos, cuando en realidad todo ello compete a otra persona, pues el que aparece celebrando el acto es un testaferro. El testaferro es quien presta su nombre para intervenir en un acto o contrato, que en realidad es de otra persona.

En principio la figura del testaferro no es ilegal y se haya definida su participación en la simulación de los actos jurídicos en nuestro Código Civil, el art. 955 dispone: "La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas inter- puestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten."

La simulación no es ilegal, salvo que se utilice para perjudicar a terceros o para violar leyes de orden público. Los funcionarios públicos que tienen funciones como la de ministro de Economía o vice- presidente de la Nación, cargos que ha ocupado y ocupa Boudou, tienen una in- compatibilidad de tener empresas que puedan ser contratadas para prestar servicios al estado, ni deberían recibir favores ni concesiones de parte del mismo.

En caso de comprobarse que el actual vicepresidente sea el verdadero dueño de esas firmas no solo las inhabilitaría para contratar con el Estado Nacional sino que haría al mismo vicepresidente pasible de ser investigado por enriquecimiento ilícito.

El art. 268 (2) del Código Penal dispone: "Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona inter- puesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban."

Por su parte, el art. 265 del Código Penal dispone: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervienen en razón de su cargo."....

La vinculación del vicepresidente en el caso investigado, constituiría pues claramente este delito, que lo inhabilita moralmente para continuar ejerciendo un cargo público, tan es ello así que el delito prevé entre otras penas la de inhabilitación especial perpetua.

Se podrá invocar que el estado de inocencia sigue a la persona hasta que la sentencia que lo condena quede firme y que por ello no se puede adelantar el juicio de reproche y para ello tenemos para decir que, una cosa es el juicio de reproche que se pretende en sede penal y otra muy diferente es la conducta intachable que es de esperar de un ciudadano que accede al cargo de vicepresidente de la Nación y la que debe mantener para continuar ejerciendo su alto cargo. Escandaliza solo representarse la verosimilitud de las imputaciones que se le han lanzado a Amado Boudou, sobre todo a la luz de la cantidad de pruebas que ya se encuentran acumuladas al proceso penal, y pensar que pese a ello pueda continuar en el ejercicio de su cargo. Insistimos en que una cosa diferente es su responsabilidad política frente a los hechos, y la intachabilidad moral que se pretende para que pueda continuar al frente de tan alto cargo. El estado de inocencia que lo sigue en el proceso penal, ha sido bombardeado por un sin número de pruebas, que si bien no permiten tenerlo por subvertido en sede penal, si ameritan cuanto menos la apertura de un proceso en el que se analice concienzudamente, respecto de su habilidad para continuar ejerciendo el cargo el vicepresidente de la República.

Además, el artículo 13 de la ley 25.188 de ética pública dispone: "Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones."

Otro hecho significativo que debe investigarse en términos del posible enriquecimiento ilícito es que el 29 de julio de 2009 se inscribió en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la sociedad extranjera "Tierras International Investments CV", constituida en Holanda con las firmas de una mujer de 33 años, Jullisa Abigail Comenencia-Koolman, y otra de 39, Indra Farah Marie Vilchez.

En dicha inscripción, que se llevó a cabo ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires mediante el legajo 1/167050, en el expediente 21209/143013-9, se ha consignado como representante Carlos Raúl Schneider quien resulta ser un jubilado, que cobra el haber jubilatorio mínimo y niega cualquier tipo de relación con esa empresa.

El verdadero representante de dicha sociedad sería Alejandro Paul Vandenbroele quien representó al fondo de origen holandés en la asamblea de accionistas de The Old Fund SA, con la que meses después tomaría el control -y la presidencia- de la ex imprenta Ciccone Calcográfica SA.

El mismo Carlos Raúl Schneider apa- rece también como representante de otras dos empresas holandesas, Sky Trasport Services CV y Chelsworth Holdings CV, las cuales al igual que Tierras International Investments CV se las ha inscripto con un domicilio inexistente en la calle Davel de Longchamps, partido de Almirante Brown.

Finalmente en los últimos días se su- po que sin informarle ni esperar la aprobación previa del Banco Central, la Casa de Moneda habría trasladado a la planta de la ex Ciccone Calcográfica SA los insumos necesarios para comenzar las pruebas técnicas, con el fin de imprimir allí millones de billetes de cien pesos.

El traslado de los insumos a la planta, se habría realizado en la última semana de diciembre, después de que la titular de la Casa de Moneda, concedió asueto entre el 24 de diciembre y el 3 de enero a todo el personal de la sociedad del Estado.

Recién a fines de enero, el gerente general de la Casa de Moneda, Mario Enrici, habría informado al BCRA que la empresa estatal podía encargarse de la provisión de 1300 millones de billetes de cien pesos, pero que para eso subcontrataría a la ex Ciccone.

La presencia de amigos del vicepresidente en toda la operatoria resulta notable. Vandenbroele tomó el control de la ex Ciccone a través de The Old Fund SA; el socio comercial de Boudou, José María Núñez Carmona, se reunió con los acreedores de la imprenta; Miguel Castellano, de la empresa London Supply SA, depositó 1,8 millones para levantar su quiebra, y Daura y Tristán asumieron al frente de la Casa de Moneda, y comenzaron las tratativas con la imprenta.

Es importante aclarar que los hechos que se le imputan a Amado Boudou no corresponden solamente a actos realizados durante su gestión como ministro de Economía. Si bien muchos de los hechos que se desarrollaron a favor de The Old Fund SA y Alejandro Vandenbroele comenzaron durante su gestión como ministro, el hecho principal que se le imputa que es el negociado de la impresión de 600 millones de billetes de cien pesos por un valor de 50 millones de dólares a favor de la ex Ciccone y Vandenbroele se da durante su gestión como vicepresidente de la Nación, e incluso durante su etapa al frente del Poder Ejecutivo Nacional, por pedido de licencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante enero del corriente año, por lo cual la serie de actos que se imputan si bien comienzan durante su etapa como ministro de Economía son parte de una secuencia de hechos que aún continua desde el comienzo de su gestión en su actual cargo.

El juicio político es una de las instituciones básicas del sistema democrático, en ella descansa gran parte de la fundamentación del principio republicano. El concepto de un Congreso con competencias para juzgar a un presidente o en este caso vicepresidente que desprecia y restringe a la República, es la expresión más sublime del siempre buscado equilibrio y balance de poderes; es en síntesis, la democracia en toda su esencia.

Un pedido de juicio político es también un mensaje a la ciudadanía que representamos, en el sentido de que vamos a cumplir con el deber que nos encomendaron al votarnos. Que vamos a controlar el uso que se le da a sus recursos administrados por el Estado. Que vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para evitar que se verifiquen actos de corrupción con sus dineros. El pedido es un mensaje a la ciudadanía para que confíe en sus instituciones y no debe generar reproche o descalificación alguna, como las que ya tuvo por parte de políticos del oficialismo antes de ser presentado. En igual sentido, es repudiable que el propio vicepresidente de la Nación haya descalificado a los periodistas que investigaron el asunto, cuando su responsabilidad como funcionario democrático es promover y no condenar esas investigaciones, es transparentar su actuación y rendir cuentas.

Debe tenerse presente, también, que la conducta del vicepresidente podría, además de ser contraria a normas y reglas aplicables a los funcionarios públicos, haber sido determinante para causar perjuicio económico al Estado nacional. Porque es posible que la contratación de la impresión de billetes con Ciccone Calcográfica SA implicara un resultado más oneroso que con algún otro de los proveedores habituales. En ese supuesto, podríamos estar frente a una defraudación en perjuicio del Estado, lo que no sería menor.

Concretamente, para clarificar la enojosa situación descripta, solicitamos que en la Comisión de Juicio Político, al tramitarse este pedido, se proceda a producir las siguientes medidas de prueba:

A. Informativa:

- A los fines de acreditar los hechos narrados que dan lugar al pedido de juicio político incoado solicitamos se requieran fotocopias certificadas de la causa que tramita por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 3 de esta Ciudad de Buenos Aires a cargo del juez Daniel Rafecas.

- Solicitamos asimismo se requiera al Ministerio de Economía la remisión de copia certificada de la nota 154/10 de dicho ministerio firmada por Amado Boudou.

- A fin de poner luz sobre el accionar de la Administración Pública Nacional se solicita que se requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de que remitan copias certificadas del expediente 1- 257899-2010 de dicha entidad donde tramitara el proceso de so- licitud de moratoria y condonación de deuda de la nueva Ciccone Calcográfica SA.

- Solicitamos se oficie al Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 8 a cargo del juez Javier Cosentino, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Eco- nómico a fin de que remitan copias certificadas de todos los expedientes donde tramitaran la quiebra de Ciccone Calcográfica.

- Solicitamos se oficie a las empresas de telefonía celular a fin de informen si existen llamadas entre los teléfonos celulares del vicepresidente de la Nación y sus secretarios y asistentes y los señores Alejandro Vandendbroele, José María Nuñez Carmona y Katya Daura. En su caso, deberán informar la fecha y duración de las llamadas y la ubicación geográfica de los interlocutores.

B. Testimonial:

- Solicitamos se cite a declarar:

A fin de que expongan acerca del traspaso de la ex Ciccone Calcográfica SA a manos de The Old Fund SA y los actos administrativos que favorecieren a la misma a:

- Laura Muñoz, esposa de Alejandro Vandenbroele, quien denunciara que su marido es un testaferro del vicepresidente de la Nación y que llevara a cabo con él negocios ilícitos.

- Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund SA.

- José María Nuñez Carmona, socio comercial del vicepresidente y de Alejandro Vandenbroele.

- Directores de la Compañía de Valores Sudamericana SA.

- Titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

- Subdirector general de Coordinación Técnica Institucional de la AFIP, Guillermo Michel.

También y a fin de que declaren acerca de la intención de otorgar una licitación por la emisión de 600 millones de billetes de cien pesos a favor de La Compañía de Valores Sudamericana a:

- Katya Daura titular de la Casa de la Moneda.

- Mario Enrici, gerente general de la Casa de la Moneda.

- Benigno Vélez, ex gerente general del Banco Central de la República Argentina.

- Mercedes Marcó del Pont, presiden- ta del Banco Central de la República Argentina.

Síntesis

La quiebra de la firma Ciccone Calcográfica SA y su posterior rehabilitación, ya en manos de otros accionistas, ha tenido un derrotero muy poco habitual en los miles de procesos concursales que se tramitan ante los tribunales. La causa de esas peculiaridades es la intervención y actuación de algunos órganos estatales, particularmente la AFIP, el Ministerio de Economía y la Casa de la Moneda. La AFIP, en particular, ha exhibido un criterio muy singular que llevó al propio juez de la quiebra a expresar su sorpresa. Pero resulta que el organismo recaudador procedió de ese particular modo siguiendo una instrucción escrita del entonces ministro de Economía, quien primero negó su intervención y luego debió admitirla.

De manera tal que quedó fehacientemente acreditado que, al menos un vez y respecto de uno de los hechos bajo análisis, el actual vicepresidente faltó a la verdad. Lo que corresponde averiguar, por ende, es si el mismo vicepresidente ha mentido también al negar su vinculación con los particulares involucrados en el singular renacimiento de Ciccone Calcográfica SA.

La presunción de que el vicepresidente podría estar involucrado en esta compleja trama está alimentada por hechos públicos, como la declaración de la señora Laura Muñoz, quien ha afirmado, categóricamente, que su ex marido, Alejandro Vandenbroele, es socio del vicepresidente Boudou y que juntos hacen negocios.

La gravedad de la acusación, a la que se unen los hechos descriptos a lo largo del presente, en su gran mayoría sin una explicación satisfactoria, requiere que el vicepresidente aclare su situación y que el conjunto de los argentinos logre certeza acerca de la existencia, o no, de motivos de reproche a la conducta de tan alto funcionario.

Para ello, para dar explicaciones y producir aclaraciones, existe el mecanismo constitucional del juicio político, que impulsamos para conocer la verdad y despejar las dudas.

Solicitamos, en consecuencia, la aprobación de este proyecto de resolución.

ANEXO:

Lunes 09 de abril de 2012

Comisión de Juicio Político A quien Corresponda

Desde mi consideración:

Le solicito que tenga a bien que se agregue al Proyecto de Resolución por el que se solicita promover el juicio político al Licenciado Amado Boudou, actual Presidente del Senado de la Nación (Expediente N° 0703-D-2012, T.P. N° 8, presentado el 13/03/2012, firmados por los diputados: Bullrich Patricia, Amadeo Eduardo Pablo, Aguad Oscar Raúl, Pinedo Federico, Pucheta Ramona, Bertol Paula María, Casañas Juan Francisco, Pradines Roberto Arturo y De Marchi Omar Bruno), la presente nota, en la que pido que se cite a la Comisión que preside a las siguientes personas, a fin que de poder esclarecer lo más pronto posible las sospechas que pesan sobre la actuación del Presidente del Senado en el caso de la ex Ciccone Calcográfica:

* Ex Gerente General del BCRA Benigno Vélez.

* Katya Daura, titular de la Casa de Moneda.

* La Presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont.

* Al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y demás funcionarios y directivos involucrados en el proceso por el cual aquella institución le otorgó una moratoria excepcional a la ex Ciccone Calcográfica, y cuyos nombres serán remitidos oportunamente a la Comisión.

* Ex directores de la AFIP.

* Al juez comercial Javier Cosentino, el juez de la quiebra de la ex Ciccone, el cual autorizó su posterior alquiler por Boldt.

* A los empleados y los ex dueños de Ciccone Calcográfica, los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone.

* El director de la empresa Boldt, Guillermo Gabella.

* Sergio Gustavo Martínez, socio minoritario de Alejandro Vandenbroele en The Old Fund SA, el cual supuestamente compró dos camionetas para apoyar su precandidatura a jefe de gobierno porteño mientras compartía un domicilio legal con el vice.

* El Sr. Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Por último, a través de la presente, le informo que, en carácter de Diputada Nacional, seguiré presentado notas a la Oficina Anticorrupción en la medida que sigan emergiendo más datos que incriminen al Lic. Amado Boudou en el caso de la ex Ciccone, y asimismo presentaré oportunamente otras medidas de Juicio Político que considere pertinentes.

La saludo atentamente

Buenos Aires, abril 10 de 2012.-

Señor Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación Dip. D. Julián Domínguez S / D.-

REF.: EXPTE. 703-D-2012 Pedido de Juicio Político al Sr. Vicepresidente de la Nación

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de solicitarle remita a la Comisión de Juicio Político la presente nota, para su incorporación al expediente por el que tramita el Proyecto N° 703-D-12, a fin de que la misma sea considerada junto a dicho proyecto, del que es una ampliación.

Por el mencionado proyecto N° 703-D-12 varios señores diputados hemos solicitado se inicie el trámite de juicio político contra el señor vicepresidente de la república, por diversas causales que pueden ser consideradas mal desempeño de sus funciones o implicar inhabilidad moral para el desempeño de las mismas. Consideramos que nuevos hechos sucedidos con posterioridad a la presentación del pedido de juicio político pueden ser considerados nuevas causales de mal desempeño, motivo por el cual venimos a ampliar el pedido por medio de esta nota. Estas nuevas causales deberán ser analizadas por la Comisión de Juicio Político en forma conjunta con las antes referidas.

Los hechos nuevos que motivan esta presentación son los siguientes:

1) El señor vicepresidente convocó a una conferencia de prensa en la sede de su público despacho, el Senado de la Nación, el día 5 de abril de 2012.

2) En dicha conferencia de prensa el señor vicepresidente acusó de parcialidad y eventualmente de participar en una conspiración mafiosa en su contra, al juez que tiene a su cargo la investigación del eventual accionar delictivo del propio vicepresidente -cuando se desempeñaba como Ministro de Economía de la Nación-, en el "caso Ciccone". Esta acusación del investigado al investigador, en medio de las acciones preliminares de la investigación, analizada en el contexto de otras denuncias que analizaremos en esta nota, parece implicar dos conductas claramente incompatibles con el buen desempeño del cargo de vicepresidente: a) vulneración de la división de poderes propia de la forma de gobierno representativa republicana (artículos 1°, 108 y 116 de la Constitución Nacional), al pretender influir ilegítimamente en el Poder Judicial de la Nación; b) coacción o amenaza al magistrado respecto del normal desempeño de sus funciones, dado que la Justicia solamente ha recolectado evidencias en esa causa. Ello parecería implicar un intento de presionar para obtener una desviación de poder por parte de los funcionarios amenazados; y un evidente abuso del poder directo e indirecto que tiene el vicepresidente.

3) En segundo lugar, el señor vicepresidente pretendió empañar el honor del señor Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, mediante una acusación a familiares suyos. Esta manera indirecta de ataque personal contra el jefe de los fiscales que deben investigar e investigan un eventual accionar delictivo del propio vicepresidente, no parece tener otra lectura que la búsqueda de coaccionar o amenazar al Procurador General y a los fiscales intervinientes, en relación al normal desempeño de sus funciones constitucionales (artículo 120 de la Constitución Nacional). Ello parecería implicar un intento de presionar para obtener una desviación de poder por parte de los funcionarios amenazados; y un evidente abuso del poder directo e indirecto que tiene el vicepresidente.

Podría también tratarse de un ataque al jefe de los fiscales por haber cumplido con su deber de defender la legalidad y el interés público o por no haber evitado que un fiscal subordinado -el fiscal de la causa, Carlos Rivolo- cumpliera con el suyo. Ambas hipótesis configurarían mal desempeño del señor vicepresidente.

4) En tercer lugar el señor vicepresidente ha confesado indirectamente que cometió dos veces el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no haber realizado denuncia penal cuando en ejercicio de su cargo conoció la comisión de lo que él mismo considera delitos. En efecto, en la conferencia de prensa, el vicepresidente denunció un intento de cohecho del señor presidente de la Bolsa de Comercio, el señor Adelmo Gabbi, y de tráfico de influencias de parientes del señor Procurador General, hechos ocurridos hace mucho y que él omitió denunciar en tiempo y forma. Advertido de su propio delito por denuncias penales efectuadas por diversos ciudadanos en su contra, el vicepresidente procedió a realizar tardíamente las denuncias de lo que él mismo considera delitos. La autoincriminación en este tema luce como patente.

5) Por último, el señor vicepresidente también se ha autoincriminado en el mismo "caso Ciccone". En efecto, ha dicho que hace más de un año el señor presidente de la Bolsa de Comercio participó de un intento de cohecho al entonces Ministro de Economía y actual vicepresidente, precisamente en relación con el caso Ciccone. El señor vicepresidente ha dicho siempre que no tenía relación alguna con ese caso. ¿Por qué entonces a alguien se le ocurriría realizar un cohecho al entonces ministro y actual vicepresidente al respecto? Esta circunstancia sorprendente complica de modo severo el relato del señor vicepresidente y aconseja ampliar la investigación de su conducta al respecto.

Sin otro particular, saludamos al señor presidente muy atentamente

Firman: Diputados de la Nación Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo, Oscar Aguad, Alberto Jorge Triaca, Paula Bertol, Ramona Pucheta, Juan Casañas

PROYECTO DE RESOLUCIÓN.

Nº de Expediente 0160-D-2012, Trámite Parlamentario, 0002 (05/03/2012)

Firmantes BULLRICH, PATRICIA. Giro a Comisiones PRESUPUESTO Y HACIENDA; FINANZAS; JUSTICIA.

RESUELVE:

Citar al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray para ser interpelado en las comisiones de Finanzas y Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de la actuación del organismo en lo concerniente a la ex Ciccone Calcográfica. Deberá informar en particular:

1) ¿Qué motivó la investigación que se le realizó a la ex Ciccone Calcográfica por evasión impositiva?

2) ¿Qué resultados arrojó dicha investigación?

3) ¿Por cuáles motivos dicha investigación fue suspendida?

4) ¿Bajo que fundamentos se le otorgó un plan de pago de deuda impositiva con tasa de interés anual menor a la del INDEC a la actual Compañía de Valores Sudamericana?

5) ¿Qué motivó el retiro de los inspectores que colaboraban en la megacausa "Viazzo", en la que se investiga el armado, venta y utilización de facturas apócrifas?

6) ¿Por qué no se han realizado ningún tipo de inspecciones a la ex Ciccone desde que fue traspasada a The Old Fund S.A.?

7) ¿Porqué se ha trasladado o cesanteado a los investigadores de la AFIP que llevaban a cabo la investigación de la ex Ciccone?

8) ¿Qué hecho motivó el pedido de quiebra de Ciccone Calcográfica realizada por la AFIP ante la justicia?

9) ¿Qué hecho motivó el pedido de levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica anteriormente solicitado?

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Motiva este pedido de interpelación al titular de la AFIP la comisión de supuestos actos jurídicos emanados del organismo que preside el Sr. Echegaray respecto a la ex Ciccone Calcográfica, actualmente Compañía de Valores Sudamericana, la cual es controlada por el fondo de inversión The Old Fund S.A. cuyo titular es Alejandro Paul Vandenbroele, supuesto testaferro del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou, conforme lo denunciado por su propia esposa.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no solamente le concedió un extremadamente beneficioso plan de pagos a la ex imprenta Ciccone Calcográfica sino que también desarmó los equipos que la investigaban por la presunta utilización de facturas truchas y operaciones internacionales para una supuesta evasión de hasta decenas de millones de pesos.

Cuando la Compañía de Valores Sudamericana SA, la ex Ciccone quedó en octubre de 2010 bajo el control de Alejandro Vandenbroele, la AFIP se encontraba en plena negociación para concederle un régimen discrecional de pagos en cuotas, con un interés anual menor incluso que la tasa de inflación oficial del INDEC.

En mayo de 2010, el titular de la AFIP ordenó el retiro de los investigadores que colaboraban en la megacausa "Viazzo", en la que se investiga desde hace años el armado, venta y utilización de facturas apócrifas por empresas de primera línea en una evasión que se estima que superó los $ 615 millones.

Los expertos contables que llevaron a cabo estas investigaciones fueron trasladados o cesanteados.

A fines de 2010, la AFIP pidió la quiebra de Ciccone -manejada por la familia del mismo nombre- por una deuda con el Estado. La firma finalmente quebró. Después de un tiempo, el juez de la quiebra, Javier Cosentino, decidió que la planta podía ser alquilada. La mejor oferta fue la de la empresa Boldt, que ganó la compulsa a la Casa de la Moneda y a la AFIP, a cargo de Ricardo Echegaray. Ciccone fue utilizada entonces por Boldt, una compañía con antecedentes en el mercado gráfico y del juego. Ese proceso se terminó cuando la AFIP volvió a interceder pidiendo llamativamente levantar la quiebra de Ciccone, pese a ser quien antes la había pedido.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico hizo lugar a esa medida, basándose en resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno, que estipuló que Boldt ya tenía su imprenta, por lo que el alquiler de Ciccone producía una "concentración empresaria" del sector gráfico.

La vinculación de la AFIP con la EX Ciccone Calcográfica y su accionar a favor de que la misma pasara a ser controlada por Alejandro Vandenbroele resulta por demás evidente.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Nº de Expediente 0161-D-2012, Trámite Parlamentario, 0002 (05/03/2012) Firmantes BULLRICH, PATRICIA. Giro a Comisiones FINANZAS.

RESUELVE:

Convocar a la Presidente del Banco Central de la República Argentina Mercedes MARCÓ DEL PONT a la Comisión de Finanzas a efectos de que brinde las explicaciones pertinentes respecto a la licitación que lleva a cabo la entidad que preside para la impresión de seiscientos millones de billetes de $100, particularmente respecto a la participación en la misma de la Compañía de Valores Sudamericana SA (Ex CICCONE CALCOGRÁFICA) y acerca de la reciente renuncia del Gerente General del BCRA Benigno VÉLEZ.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Motiva esta citación a la Comisión de Finanzas de la Sra. Presidente del Banco Central de la República Argentina Mercedes MARCÓ DEL PONT los recientes cuestionamientos respecto de la licitación que lleva a cabo dicha entidad para la impresión de seiscientos millones de billetes de $100 y sobre la participación en la misma licitación de la COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA SA (Ex CICCONE CALCOGRÁFICA).

Como es de público conocimiento, esta empresa es controlada por Alejandro Paul VANDENBROELE, titular de THE OLD FUND SA quien ha sido señalado por su propia esposa de ser testaferro del Vicepresidente de la Nación, Amado BOUDOU, quien sería realmente el titular de estas empresas.

Cabe mencionar que Alejandro Paul VANDENBROELE es un monotributista clase B, que se vio favorecido sospechosamente por la Justicia para que THE OLD FUND SA, una empresa que había sido creada en enero del 2008 con un capital de $ 30.000, pueda adjudicarse el control de otra de mucho mayor magnitud como CICCONE CALCOGRÁFICA, la cual, se encontraba investigada por millonarias sumas de evasión fiscal.

Por otra parte, es importante señalar que días atrás, la Casa de Moneda, a cargo de Katya DAURA, una funcionaria supuestamente cercana a BOUDOU, le recomendó al Banco Central que habilite a CICCONE para que pueda imprimir la mitad de la provisión de los billetes de cien pesos que se pondrán en circulación este año. Se trata de aproximadamente 600 millones de billetes, una impresión que tendría un costo de 50 millones de dólares.

Además de Katya DAURA en la Casa de la Moneda, aparece involucrado en Benigno VELEZ, Gerente General del BCRA, que acaba de ser removido por el gobierno el 22 de febrero de 2012. Es importante destacar la cercanía de VELEZ con BOUDOU, al haberse desempeñado el pimero como Secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, y previamente, en la gestión del ex ministro en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). En tal sentido, por la naturaleza del cargo que ejercía VELEZ, este podría haber influido para que la licitación sea concedida a la EX CICCONE a cargo de VANDENBROELE una persona sospechada de ser testaferro de BOUDOU es alarmante, por ello la exposición de la Presidente del BCRA acerca de esta licitación resulta fundamental.

Es por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

PROYECTO DE DECLARACION

Iniciado: Diputados Expediente: 1055-D- 2012. Publicado en: Trámite Parlamentario nº 12 Fecha: 19/03/2012

DECLARA

Su repudio y preocupación por las acusaciones sobre "actitudes destituyentes en contra del gobierno" realizadas el día 7 de marzo último por el Sr. Vicepresidente de la Nación Lic. Amado Boudou contra los diarios Clarín y La Nación y la catalogación de siete de sus periodistas como "operadores políticos encubiertos"

Fundamentos

Señor presidente:

Con preocupación hemos escuchado los dichos del Sr. Vicepresidente de la Nación acusando a los diarios Clarín y La Nación de "tener actitudes destituyentes contra el gobierno".

Además calificó de "operadores políticos encubiertos" a los periodistas de ambos medios Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon, Joaquín Morales Solá, Ricardo Roa, Ricardo Kirschbaum, Julio Blanck y Eduardo Van der Kooy.

El hecho se produjo en el ámbito de las declaraciones realizadas en varios medios de comunicación oficialistas a los que les concedió diversas entrevistas, en las que se defendió de las acusaciones que pesan sobre él por su presunto involucramiento el tema de la ex empresa Ciccone Calcográfica.

Al respecto debemos recordar que la libertad de expresión es el derecho que más veces aparece custodiado en nuestra Carta Magna y otorga a todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo la sagrada posibilidad de manifestar toda clase de ideas u opiniones sin ningún tipo de condicionamiento ni represión.

Además la multiplicidad de opiniones y pareceres nos compromete con la defensa de la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a realizar sus tareas "en un clima de respeto y tolerancia".

Es por ello que repudiamos esta situación de agravio hacia los medios y sus trabajadores, que empaña los derechos constitucionales como norma indispensable para una convivencia democrática, armónica y sólida, construida entre todos y basada en la libertad y el apego al cumplimiento de las leyes.

De más está decir que esta actitud descalifica, en primer lugar, a quien la practica el periodismo y debe rechazarse como modelo y herramienta de coerción para evitar el ejercicio del soberano derecho al disenso.

Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Nº de Expediente 1565-D-2012, Trámite Parlamentario 0018 (27/03/2012). Firmantes BULLRICH, PATRICIA - BERTOL, PAULA MARIA - AMADEO, EDUARDO PABLO. Giro a Comisiones FINANZAS; PRESUPUESTO Y HACIENDA.

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio a las negociaciones que llevan han restablecido el Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda con el fin de llevar a cabo la impresión de billetes en la Empresa Valores Sudamericana, en un claro acto lesivo e irrespetuoso hacia la investigación judicial que se realiza en torno a la misma y funcionarios del Gobierno Nacional por los delitos de lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. Asimismo solicita a estas entidades que se abstengan de contratar y/o alquilar de forma directa o indirecta a la imprenta de referencia para la labor mencionada, habiendo además un antecedente reciente al haber anulado una licitación y echado a un funcionario Benigno Vélez por idéntica causa

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto de declaración el hecho de que en reunión de Directorio del Banco Central de la República Argentina, su titular Mercedes Marcó del Pont haya instruido a sus funcionarios para que lleven a cabo a través de la casa de la Moneda una impresión de billetes en la imprenta Valores Sudamerica SA, presidida por Alejandro Vandenbroele quien se encuentra siendo investigado por la Justicia por ser un supuesto testaferro del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou.

Las investigaciones que se llevan a cabo entorno a la Ex Ciccone por la Justicia Nacional y por la Oficina Anticorrupción, tienen como protagonistas a funcionarios públicos de las entidades que se encuentran tramitando este negociado como así también a miembros de la AFIP, la Secretaría de Comercio Interior.

Esta operación de impresión de billetes fue intentada ya a fines del año pasado, se supo que sin informarle ni esperar la aprobación previa del Banco Central, la Casa de Moneda habría trasladado a la planta de la ex Ciccone Calcográfica los insumos necesarios para comenzar las pruebas técnicas, con el fin de imprimir allí 600 millones de billetes de $ 100.

El traslado de los insumos a la planta, se habría realizado en la última semana de diciembre, después de que la titular de la Casa de Moneda, concedió asueto entre el 24 de diciembre y el 3 de enero a todo el personal de la sociedad del Estado.

Recién a fines de enero, desde la Casa de Moneda, habrían informado al BCRA que la empresa estatal podía encargarse de la provisión de 1300 millones de billetes de $ 100, pero que para eso subcontrataría a la ex Ciccone.

Esta operación se frenó abruptamente cuando el escándalo tomó conocimiento público. La Presidente del Banco Central echó a un funcionario Benigno Velez y anuló la licitación. Hoy la compra sería directa. El Banco Central y la Casa de la Moneda vuelven a impulsar la operación de la impresión de billetes en la Ex Ciccone, en un acto temerario y malicioso que tiene como objetivo desacreditar y desautorizar el accionar judicial y dar un claro mensaje que se traduce en la protección y garantía de impunidad y de los probables actos delictivos de sus funcionarios.

Es por todo lo expuesto, Sr. Presidente, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

A continuación se Adjuntan el Proyecto y las Cartas enviadas a la Titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y la Presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura:

Banco Central de la República Argentina.-

Lic. Mercedes Marcó del Pont.-

S/D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi calidad de Diputada de la Nación, a fin de solicitarle que ante la inminente operación de emisión de billetes de $100 para renovar su existencia o ampliar la base monetaria nacional tenga a bien abstenerse de contratar para cualquier tarea relativa a esa labor los servicios de la imprenta de la Ex Ciccone Calcográfica ya sea a través de la entidad que usted preside o a través de la casa de la moneda toda vez que dicha firma controlada actualmente por La Compañía de Valores Sudamericana que preside Alejandro Vandenbroele es investigada por lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, investigación en la cual se encuentra implicado el Vicepresidente de la Nación.-

La investigación que lleva a cabo el Juez Rafecas y el Fiscal Rívolo, tal como usted lo sabe es de público y notorio conocimiento.

De configurarse esa situación la entidad que usted preside y el Gobierno Nacional le estarían mandando un claro mensaje al Poder Judicial el cual consiste en que se vela por la impunidad de los actos ilícitos y delictivos de los funcionarios involucrados,

Los delitos que se investigan no son menores y se encuentran involucrados no solo el Vicepresidente de la Nación, sino también la titular de la Casa de la Moneda Katya Daura.

Usted misma transmitió a la ciudadanía que la licitación para la impresión de billetes merecía ser frenada, tanto que le costó el cargo a Benigno Vélez, Gerente General de la entidad. Hoy usted volvería atrás agravando el hecho, ya que además tomaría la decisión de la impresión mediante una contratación directa.

Los hechos acontecidos en torno a la Ex Ciccone no solo se investigan en sede judicial, sino que también son investigados por la Oficina Anticorrupción y han tenido como consecuencia la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Vicepresidente de la Nación Amado Boudou. Se estudia el accionar en relación con esta empresa de funcionarios de la entidad que Usted preside, de la casa de la moneda, de la secretaría de comercio interior, de la AFIP.

Por todo esto llevar a cabo la impresión de billetes en la Ex Ciccone no constituiría simplemente un acto imprudente o irresponsable, sino que sería como manifiesto anteriormente una clara señal del respaldo hacia la impunidad en conductas delictivas.

En atención a todo lo expuesto y dado lo delicado, sensible e importante del tema abordado, solicito a UD nuevamente que se abstenga de contratar directa o indirectamente a la Ex Ciccone Calcográfica para la impresión de billetes.

Saludo ATTE.

Casa de la Moneda.-

Katya Daura.-

S/D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi calidad de Diputada de la Nación, a fin de solicitarle que ante la inminente operación de emisión de billetes de $100 para ampliar la base monetaria nacional tenga a bien abstenerse de contratar o alquilar para cualquier tarea relativa a esa labor los servicios de la imprenta de la Ex Ciccone Calcográfica toda vez que dicha firma controlada actualmente por La Compañía de Valores Sudamericana que preside Alejandro Vandenbroele es investigada por lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, investigación en la cual se encuentra implicado el Vicepresidente de la Nación.-

La investigación que lleva a cabo el Juez Rafecas y el Fiscal Rívolo, tal como usted lo sabe es de público y notorio conocimiento. Diferentes versiones dan cuenta que la entidad que usted preside, llevaría a cabo con el aval del Banco Central de la República Argentina la impresión de 600 millones de billetes de $100 en la imprenta ut supra mencionada alquilando las máquinas a la Ex Ciccone.

De configurarse esa situación la entidad que usted preside y el Gobierno Nacional le estarían mandando un claro mensaje al Poder Judicial el cual consiste en que se vela por la impunidad de los actos ilícitos y delictivos de los funcionarios involucrados,

Los delitos que se investigan no son menores y se encuentran involucrados no solo el Vicepresidente de la Nación, sino que también Ud. y funcionarios de su entidad forman parte de la investigación por el anterior intento de licitación y las pruebas de impresión que han llevado a cabo en la imprenta y que este hecho ha salpicado también a funcionarios del Banco Central de la República Argentina, ocasionando entre otras cosas la renuncia del Gerente General de la entidad; Benigno Vélez en los últimos tiempos.

Los hechos acontecidos en torno a la Ex Ciccone no solo se investigan en sede judicial, sino que también son investigados por la Oficina Anticorrupción y han tenido como consecuencia la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Vicepresidente de la Nación Amado Boudou. Se estudia el accionar en relación con esta empresa de funcionarios de la entidad que Usted preside, del BCRA, de la secretaría de comercio interior, de la AFIP y del Poder Judicial de la Nación.

Por todo esto llevar a cabo la impresión de billetes en la Ex Ciccone no constituiría simplemente un acto imprudente o irresponsable, sino que sería como manifiesto anteriormente una clara señal del respaldo hacia la impunidad en conductas delictivas.

En atención a todo lo expuesto y dado lo delicado, sensible e importante del tema abordado, solicito a Ud. nuevamente que se abstenga de contratar o alquilar directa o indirectamente a la Ex Ciccone Calcográfica para la impresión de billetes.

Saludo ATTE.

Buenos Aires, 24 de junio de 2013.-

Señor Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación Dip. D. Julián Domínguez S / D.- REF.: EXPTE. 703-D-2012 Pedido de Juicio Político al Sr. Vicepresidente de la Nación De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de solicitar le remita a la Comisión de Juicio Político la presente nota, para su incorporación al expediente por el que tramita el Proyecto N° 703-D-12, a fin de que la misma sea considerada junto a dicho proyecto, del que es una ampliación. Por el mencionado proyecto N° 703-D-12 varios señores diputados hemos solicitado se inicie el trámite de juicio político contra el señor vicepresidente de la República, por diversas causales que pueden ser consideradas mal desempeño de sus funciones o implicar inhabilidad moral para el desempeño de las mismas. Consideramos que nuevos hechos sucedidos con posterioridad a la presentación del pedido de juicio político pueden ser considerados nuevas causales de inhabilidad moral o comisión de delitos en el ejercicio de su función de Vicepresidente, motivo por el cual venimos a ampliar el pedido por medio de esta nota. Estas nuevas causales deberán ser analizadas por la Comisión de Juicio Político en forma conjunta con las antes referidas. Los hechos nuevos que motivan esta presentación son los siguientes: Como es de público y notorio conocimiento, la Diputada Nacional Graciela Ocaña realizó una nueva denuncia contra el cuestionado Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por probables hechos de corrupción, relacionados en esta ocasión con la asignación de publicidad oficial a empresas vinculadas al funcionario, sin que apareciera su nombre como parte de las mismas, las cuales funcionarían como una especie de puente para que dichos fondos erogados de las arcas estatales, recayeran en la empresa Aspen a la cual el Vicepresidente declara como propia. Habida cuenta de la naturaleza del cargo de Boudou, el Estado no podría contratar con Aspen de forma directa, es por eso que la contratación se realiza con las sociedades WSM y Rock Argentina presididas por uno de los mejores amigos de Boudou, Juan Carlos López, quien a su vez integra la empresa Aspen. El monto asignado a las empresas denunciadas en concepto de publicidad oficial durante el año 2012 alcanzaría la suma de Pesos Cinco Millones Quinientos Mil ($5.500.000), con el agravante de que estas sociedades no tenían la estructura necesaria para dar el servicio por el que fueron contratadas por el Gobierno y que resulta por demás sospechoso que a su vez la única proveedora de WSM sea la empresa Aspen, propiedad del Vicepresidente. Este entramado societario y comercial está siendo investigado por el juez Ariel Lijo en la causa Ciccone, en la que Boudou está imputado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, causa que dio origen a este pedido de juicio político. Ese expediente sumará a partir de ahora más información sobre estas cuestiones. Conforme con lo manifestado por la Diputada Ocaña, en una nota fechada el 12 de junio, la Jefatura de Gabinete le informó a la misma que WSM y Rock Argentina recibieron fondos de publicidad oficial para que difundan avisos gubernamentales en sus sistemas de carteleras públicas. El escrito remitido por la Jefatura de Gabinete informó que las contrataciones incluían que la pauta publicitaria oficialista se vería en un "circuito de pantallas digitales y terminales de autoconsultas en sucursales bancarias". Este servicio es brindado por WSM y Rock Argentina, afirmó la Jefatura de Gabinete, en "509 pantallas digitales y terminales de autoconsulta" de los bancos Macro, Formosa, Finansur, Nuevo Banco Industrial de Azul, Chaco, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Columbia y Supervielle. A esta cadena de avisos electrónicos se le sumarían, además, los carteles que la empresa posee en las rutas 2 y 11 y en la ciudad de Mar del Plata. Las compañías también difundirían la publicidad oficial en "2 camiones transluminados" con "recorrido diurno nocturno por las principales arterias" de una "ciudad" que se no especifica. Sin embargo, según manifestó Ocaña, buena parte de los bancos mencionados por la Jefatura de Gabinete como difusores de los avisos de WSM no saben nada del tema: "Consulté con varias de estas entidades financieras para chequear la información brindada por el Gobierno, y me contestaron que entre sus proveedores no se encontraba WSN. Parece extraño que pongan publicidad sin tener contrato con ella". Según la denunciante lo que realmente aconteció es que: "han usado esta justificación sobre WSN ante la evidencia de que la empresa en realidad fue usada como 'pasamanos' de dinero del Estado a una empresa privada, Aspen". "WSM tiene como único proveedor a la empresa Aspen, de la cual Boudou es titular. Claramente se realizó un traspaso de dinero entre estas sociedades". Es asimismo importante recordar que Juan Carlos López, presidente de WSM y Rock Argentina, integrante a la vez de Aspen, fue testigo de divorcio de Boudou y que es uno de sus mejores amigos. Esta nueva situación que se configura en el accionar del vicepresidente no hace más que engrosar la larga lista de procesos o investigaciones que vienen relacionándose en torno a su persona, las cuales se han detallado en presentaciones anteriores y volvemos a continuación nuevamente a detallar: 1) Dádivas, realizada por el abogado Ricardo Monner Sans; 2) Por el uso del helicóptero de un contratista del Estado; en el juzgado federal de Sergio Torres 3) Por uso de fondos de la ANSES que está radicada en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. 4) Más otra causa donde se investiga si puso a su a su nombre un auto con documentación falsa, que instruye el juez Claudio Bonadio. 5) No siendo necesario recordar que también está siendo investigado por la Causa Ciccone la cual dio lugar al presente pedido de Juicio Político que se pretende ampliar. 6) Gastos injustificables en viáticos del Vicepresidente y su comitiva. Como medio de prueba se solicita se remita nota a la Diputada Nacional Graciela Ocaña, solicitándole remita copia de la nota que le cursara la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre los gastos de publicidad oficial a favor de WSM y Rock Argentina; asimismo se le solicite que remita copias de la denuncia y/o presentación realizada por la misma ante el juzgado del Dr. Ariel Lijo. Se solicita asimismo se cite a prestar declaración a la Diputada Graciela Ocaña y al Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manuel Abal Medina. Atento lo expuesto solicitamos se incorpore esta nota al pedido de juicio político al vicepresidente, presentado como pedido de resolución 703-D-2012. Sin otro particular, saludamos al señor presidente muy atentamente,

Firman: Patricia Bullrich (Unión Por Todos), Federico Pinedo y Paula Bertol (PRO), Omar De Marchi (Partido Demócrata de Mendoza), Eduardo Amadeo (Frente Peronista), y Ramona Pucheta (MIJD).

Los Diputados Nacionales Patricia Bullrich (Unión Por Todos) Federico Pinedo (Pro), Omar De Marchi (Demócrata de Mendoza), Oscar Aguad (UCR) y Eduardo Amadeo (Frente Renovador), presentaron dos notas, una a la Presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Dip. Adela Segarra y la otra al titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, en donde le solicitan a la primera, un rápido tratamiento del proyecto de pedido de Juicio Político al Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou y al segundo se le solicita que intime a dicha Diputada a un rápido tratamiento del mencionado proyecto presentado en el año 2012 por los Diputados nombrados.

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2013.-

Señora Presidente de la

Comisión de Juicio Político de la

Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Dip. D. Adela Rosa Segarra

S / D.-

REF.: EXPTE. 703-D-2012

Pedido de Juicio Político al Sr.Vicepresidente de la Nación

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de solicitar que en el uso de sus facultades como Presidente de la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación tenga a bien dar un rápido y efectivo tratamiento del Proyecto N° 703-D-12, el cual nunca tuvo efectivo tratamiento pese a haber sido presentado hace más de un año y medio atrás, de haber sido reproducido en este período legislativo y de ser ampliado por aparición de hechos nuevos en más de una ocasión.

Por el mencionado proyecto N° 703-D-12 varios señores diputados hemos solicitado se inicie el trámite de juicio político contra el señor vicepresidente de la república, por diversas causales que pueden ser consideradas mal desempeño de sus funciones o implicar inhabilidad moral para el desempeño de las mismas. Durante el transcurso del tiempo en donde el expediente estuvo cajoneado consideramos que nuevos hechos sucedidos con posterioridad a la presentación del pedido de juicio político podían ser considerados nuevas causales de inhabilidad moral o comisión de delitos en el ejercicio de su función de Vicepresidente, motivo por el cual se ha ampliado el pedido en más de una ocasión.

Los motivos por los cuales no se ha dado tratamiento a este y otros proyectos de pedido de juicio político de distintos funcionarios entendemos que son políticos pero que nada tiene que ver con el buen funcionamiento de esta Honorable Cámara.

Desde distintos miembros de la bancada oficialista, mayoritaria tanto en esta comisión como en la Honorable Cámara, se ha dicho que las denuncias que pesaban sobre el vicepresidente eran débiles, que no tenían sustento y que la causa penal caería sola.

Transcurrido el tiempo vemos que esta situación no es así, que muy por el contrario a lo que manifiestan desde el oficialismo, la Cámara de Casación Penal ratificó la validez de la declaración de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vanderbroele, señalado en esta investigación como supuesto testaferro del Vicepresidente de la República.

La ratificación de dicha declaración que entendemos que es uno de los elementos más importantes en esta investigación que realiza la justicia, es razón suficiente para que el Honorable Congreso de la Nación asuma el rol que le corresponde, dando tratamiento a este pedido de juicio político e investigue en lo que le corresponda sobre la supuesta incursión del Vicepresidente Boudou en el delito de mal desempeño de sus funciones, inhabilidad moral para el desempeño de las mismas o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Entendemos asimismo que la paralización de un proyecto presentado por Diputados elegidos por la voluntad popular sin su adecuado tratamiento, constituye una violación al sistema de representación de las minorías que nuestro sistema democrático y republicano que nuestra Constitución Nacional dispone.

Es por todo lo expuesto que solicitamos que tenga a bien dar un rápido y efectivo tratamiento al pedido de juicio político al Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou presentado como pedido de resolución 703-D-2012.

Sin otro particular, saludamos al señor presidente muy atentamente,

Firman: Bullrich, Patricia - Amadeo, Eduardo Pablo - Aguad, Oscar Raul - Pinedo, Federico - Pucheta, Ramona - Bertol, Paula Maria - Casañas, Juan Francisco - Pradines, Roberto Arturo - De Marchi, Omar Bruno.

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2013.-

Señor Presidente de la

H. Cámara de Diputados de la Nación

Dip. D. Julián Domínguez

S / D.-

REF.: EXPTE. 703-D-2012

Pedido de Juicio Político al Sr. Vicepresidente de la Nación

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de solicitar que en el uso de sus facultades como Presidente de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, intime a la Comisión de Juicio Político y a su Presidente Adela Rosa Segarra a dar un rápido y efectivo tratamiento del Proyecto N° 703-D-12, el cual nunca tuvo efectivo tratamiento pese a haber sido presentado hace más de un año y medio atrás, de haber sido reproducido en este período legislativo y de ser ampliado por aparición de hechos nuevos en más de una ocasión.

Por el mencionado proyecto N° 703-D-12 varios señores diputados hemos solicitado se inicie el trámite de juicio político contra el señor vicepresidente de la república, por diversas causales que pueden ser consideradas mal desempeño de sus funciones o implicar inhabilidad moral para el desempeño de las mismas. Durante el transcurso del tiempo en donde el expediente estuvo cajoneado consideramos que nuevos hechos sucedidos con posterioridad a la presentación del pedido de juicio político podían ser considerados nuevas causales de inhabilidad moral o comisión de delitos en el ejercicio de su función de Vicepresidente, motivo por el cual se ha ampliado el pedido en más de una ocasión.

Los motivos por los cuales no se ha dado tratamiento a este y otros proyectos de pedido de juicio político de distintos funcionarios entendemos que son políticos pero que nada tiene que ver con el buen funcionamiento de esta Honorable Cámara.

Desde distintos miembros de la bancada oficialista, mayoritaria tanto en esta comisión como en la Honorable Cámara, se ha dicho que las denuncias que pesaban sobre el vicepresidente eran débiles, que no tenían sustento y que la causa penal caería sola.

Transcurrido el tiempo vemos que esta situación no es así, que muy por el contrario a lo que manifiestan desde el oficialismo, la Cámara de Casación Penal ratificó la validez de la declaración de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vanderbroele, señalado en esta investigación como supuesto testaferro del Vicepresidente de la República.

La ratificación de dicha declaración que entendemos que es uno de los elementos más importantes en esta investigación que realiza la justicia, es razón suficiente para que el Honorable Congreso de la Nación asuma el rol que le corresponde, dando tratamiento a este pedido de juicio político e investigue en lo que le corresponda sobre la supuesta incursión del Vicepresidente Boudou en el delito de mal desempeño de sus funciones, inhabilidad moral para el desempeño de las mismas o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Entendemos asimismo que la paralización de un proyecto presentado por Diputados elegidos por la voluntad popular sin su adecuado tratamiento, constituye una violación al sistema de representación de las minorías que nuestro sistema democrático y republicano que nuestra Constitución Nacional dispone.

Es por todo lo expuesto que solicitamos que se intime a la Presidente de la Comisión de Juicio Político, Adela Rosa Segarra a dar un rápido y efectivo tratamiento al pedido de juicio político al Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou presentado como pedido de resolución 703-D-2012.

Sin otro particular, saludamos al señor presidente muy atentamente,

Firman: Bullrich, Patricia - Amadeo, Eduardo Pablo - Aguad, Oscar Raul - Pinedo, Federico - Pucheta, Ramona - Bertol, Paula Maria - Casañas, Juan Francisco - Pradines, Roberto Arturo - De Marchi, Omar Bruno.

Buenos Aires, 6 de Febrero de 2014.

Señora Presidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner S / D.- REF.: EXPTE. 703-D-2012 Pedido de Juicio Político al Sr. Vicepresidente de la Nación De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para solicitarle que de forma urgente convoque al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, para dar inmediato tratamiento al expediente N° 703-D-12, que solicita el pedido de juicio político al Vicepresidente de la Nación Amado Boudou por su posible responsabilidad resultante del mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Este pedido de juicio político con sus posteriores ampliaciones se basan en el accionar del Vicepresidente tanto en sus anteriores funciones de Ministro de Economía como en su actual rol de Vicepresidente de la República para hacerse con el control a través de personas de su círculo íntimo de la ex Ciccone Calcográfica. No es esta la única causa por la cual se solicita su juicio político sino que como podrá verse en las distintas ampliaciones también el vicepresidente ha cometido irregularidades respecto al mobiliario del Honorable Senado de la Nación que preside y respecto a distintos viajes oficiales por los que ha percibido viáticos pese a que resultaba imposible que los hubiera realizado. En las copias que se adjuntan a este escrito podrá Ud. interiorizarse detalladamente de estos y otros hechos que se denuncian contra el Vicepresidente el cual dan lugar al pedido de Juicio Político, el cual lleva ya más de dos años siendo ignorado y " cajoneado" por la comisión de Juicio Político, la cual se ha negado a tratarlo, sin explicar fehacientemente el motivo de su no tratamiento, aunque algunos de sus integrantes, partes de la bancada oficialista han manifestado públicamente que es por no haber, en teoría, pruebas suficientes en la justicia contra el Vicepresidente, que todo es una invención de los medios de comunicación; todas excusas que hoy caen por su propio peso cuando se solicita la citación del vicepresidente ante la justicia penal para brindar declaración indagatoria en esta investigación; toda vez que hay indicios suficientes para sospechar que ha tenido una conducta penada por la ley. Consideramos que el hecho de que el Vicepresidente de la Nación sea convocado por la justicia penal para brindar declaración indagatoria, con la posibilidad latente de que quede procesado por delitos en el cumplimiento de su función pese a sus innumerables intentos procesales y mediáticos de boicotear la investigación revisten una gravedad suficiente para que el Congreso de la Nación en el pleno uso de sus facultades le de tratamiento al Juicio Político de su persona, recordando que dar curso al mismo no implica una condena anticipada al Vicepresidente, sino la investigación de los hechos por parte de este Honorable Congreso para establecer su responsabilidad política en los hechos que se le imputan y que tras la misma respetando los procesos establecidos, sea el Honorable Senado quien juzgue si corresponde destituir o no al Vicepresidente, todo según lo establecido por la Constitución Nacional. No se entiende la parálisis de esta Honorable Cámara en general y de la Comisión de Juicio Político en particular para dar curso al tratamiento de este expediente, de no haber dudas acerca de la inocencia y aptitud del Vicepresidente, el pedido hubiera sido desechado ya hace tiempo, sin embargo inexplicablemente se ha optado por la estrategia de "cajonear" el mismo. Es por todo lo expuesto que consideramos de vital importancia que se le de inmediato tratamiento a este expediente por lo que reiteramos la solicitud para que convoque a sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación para dar inmediato tratamiento al pedido de Juicio Político al Vicepresidente de la Nación Lic. Amado Boudou. Se adjuntan copias del pedido de Juicio Político presentado, el cual ha sido reproducido en tiempo y forma y goza de estado parlamentario y de las ampliaciones al mismo. A todos los efectos legales constituimos domicilio procesal en nuestros públicos despachos citos en Riobamba 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Firman: Patricia Bullrich (Unión Por Todos), Federico Pinedo (PRO), Oscar Aguad (UCR), y Roberto Pradines (Demócrata de Mendoza).