Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Industria »
Reuniones »
Versiones Taquigráficas »
INDUSTRIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 106
Miércoles 12.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2107 Internos 2107/06/68
cindustria@hcdn.gob.ar
- INDUSTRIA
Reunión del día 16/06/2004
- ADIMRA
- En Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de junio de 2004, a la hora 10 y 33:
SR. PRESIDENTE BROWN Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, agradeciendo la presencia de los representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA: ingeniero Manfredo Arheit, presidente de la asociación; señor José Batista, secretario general; ingeniero Gerardo Venutolo, tesorero; señor Manuel Escobar, ingeniero Julio Luisi, ingeniero Manuel Dorrego, señor Aldo Elena, señor Mariano Spinosa, contador Mario Gayá e ingeniero Juan Carlos Cohen.
ADIMRA nos pidió una entrevista hace tiempo en relación con distintos temas. Yo hablé en estos días con su presidente y le expliqué que están habilitados para exponer sobre los temas que deseen, pero que nosotros quisiéramos conocer la opinión de la asociación respecto del tema objeto de una nota que la institución nos remitió, referida al proyecto de ley de devolución de IVA y amortizaciones aceleradas, donde mencionan la necesidad de incorporar temas como el de bienes de capital nacionales y la cuestión de las pequeñas y medianas empresas.
ADIMRA nos pidió una entrevista hace tiempo en relación con distintos temas. Yo hablé en estos días con su presidente y le expliqué que están habilitados para exponer sobre los temas que deseen, pero que nosotros quisiéramos conocer la opinión de la asociación respecto del tema objeto de una nota que la institución nos remitió, referida al proyecto de ley de devolución de IVA y amortizaciones aceleradas, donde mencionan la necesidad de incorporar temas como el de bienes de capital nacionales y la cuestión de las pequeñas y medianas empresas.
SR. ARHEIT Señor presidente: en primer lugar, muchas gracias por recibirnos.
No quiero demorar mi exposición explicando lo que significa la producción de bienes de capital para el país, pero creo que es necesario mostrar una pequeña fotografía de lo que implica la producción de bienes de capital en cualquier país industrial, desarrollado o que necesite desarrollarse, y cómo se alimenta la enorme cantidad de puestos de trabajo que nos hacen falta en el país.
La industria de bienes de capital, que está prácticamente ligada a la metalmecánica en su mayor parte, y por supuesto a las obras de infraestructura -que en definitiva también son bienes de capital- ya en la Argentina de las décadas pasadas ha demostrado que tiene una enorme influencia sobre la ocupación laboral.
Cuando escuchamos que se promueven proyectos de ley o de resolución que intentan beneficiar o estimular la producción de bienes de capital, nuestra primera respuesta es positiva; es decir, de alguna forma estamos contentos de que empecemos a tomar conciencia de que las inversiones se ven estimuladas cuando no se castiga la producción de bienes de capital.
Digo a propósito "cuando no se castiga" porque hoy en día tenemos varios regímenes que en definitiva, por su estructura impositiva o fiscal, producen un fuerte desestímulo en la mayoría de la inversiones, en este caso en bienes de capital.
Quiero dar algunos ejemplos muy sencillos para que se entienda lo que digo.
Un régimen tributario que facilita la importación de los bienes de capital mediante la disminución de las alícuotas pero, al mismo tiempo, castiga a la producción nacional con una cadena de impuestos, evidentemente produce un desequilibrio. Si las grandes obras de infraestructura estuvieran sometidas a ese régimen tributario como si fueran producción de bienes de capital, recibirían un castigo impositivo de entre un 20 y un 30 por ciento, lo cual implica un desestímulo para las inversiones.
Entonces, nuestra primera conclusión es que resulta necesario encontrar mecanismos que eliminen las trabas y los castigos a las inversiones en bienes de capital. Creo que el proyecto en tratamiento va en esa dirección.
Desde ADIMRA, asociación a la que pertenece una gran cantidad de empresas productoras de bienes de capital -recordemos que está conformada por cincuenta y tres cámaras nacionales que nuclean a distintos sectores y quince cámaras regionales que representan a aproximadamente 22.000 empresas-, venimos cuestionando desde hace mucho tiempo la falta de inversiones y entendemos que el problema se superará cuando se logre un equilibrio fiscal tal que no se traben las inversiones en bienes de capital.
Cuando analizamos las ecuaciones económicas de la infinidad de pequeños productores de bienes de capital -si queremos dar cifras para dimensionar lo que se debe entender por "pequeños productores" debemos hablar de cinco a quinientos- nos damos cuenta de que afrontan enormes dificultades que muchas veces son impositivas. Se crean regímenes a los que se puede acceder sólo si se tiene un libre deuda impositivo, lo que en la Argentina no es fácil si tomamos en cuenta su historia.
Además hay otras trabas a la fabricación de bienes de capital que, cuando llegue el momento, nos gustaría analizar en detalle para ver si podemos colaborar en la tarea de eliminarlas.
Volviendo a la iniciativa en consideración, nos parece que en el marco de la grave crisis energética que atraviesa nuestro país también resulta más que necesario estimular un proyecto de infraestructura tendiente a aumentar la producción energética en diversas zonas del país, sobre todo en aquellas regiones marginadas, como el norte y el noroeste. En otras palabras, frente a esta crisis energética y a la que se nos viene encima, hay otros proyectos de infraestructura muy importantes que al país le hacen falta y que, por lo tanto, deberían estar sometidos a regímenes similares justamente para eliminar todas las trabas a la inversión.
Esta es la primera apreciación que quiero hacer con respecto a bienes de capital.
Me acompañan varios colegas de cámaras que producen bienes de capital en sus distintas facetas -maquinarias agrícolas, herramientas, máquinas y equipos-, y sabemos que de uno u otro modo tienen sistemas que traban la inversión.
Me parece que esta es una cuestión que la Argentina tiene que resolver, porque la mano de obra especializada, artesanal, vinculada con la fabricación y la producción de bienes de capital es una de las que mejor se paga en cualquier industria de cualquier país. Esta mano de obra contribuye fuertemente a mejorar el estándar y la calidad de vida de los argentinos.
No quiero demorar mi exposición explicando lo que significa la producción de bienes de capital para el país, pero creo que es necesario mostrar una pequeña fotografía de lo que implica la producción de bienes de capital en cualquier país industrial, desarrollado o que necesite desarrollarse, y cómo se alimenta la enorme cantidad de puestos de trabajo que nos hacen falta en el país.
La industria de bienes de capital, que está prácticamente ligada a la metalmecánica en su mayor parte, y por supuesto a las obras de infraestructura -que en definitiva también son bienes de capital- ya en la Argentina de las décadas pasadas ha demostrado que tiene una enorme influencia sobre la ocupación laboral.
Cuando escuchamos que se promueven proyectos de ley o de resolución que intentan beneficiar o estimular la producción de bienes de capital, nuestra primera respuesta es positiva; es decir, de alguna forma estamos contentos de que empecemos a tomar conciencia de que las inversiones se ven estimuladas cuando no se castiga la producción de bienes de capital.
Digo a propósito "cuando no se castiga" porque hoy en día tenemos varios regímenes que en definitiva, por su estructura impositiva o fiscal, producen un fuerte desestímulo en la mayoría de la inversiones, en este caso en bienes de capital.
Quiero dar algunos ejemplos muy sencillos para que se entienda lo que digo.
Un régimen tributario que facilita la importación de los bienes de capital mediante la disminución de las alícuotas pero, al mismo tiempo, castiga a la producción nacional con una cadena de impuestos, evidentemente produce un desequilibrio. Si las grandes obras de infraestructura estuvieran sometidas a ese régimen tributario como si fueran producción de bienes de capital, recibirían un castigo impositivo de entre un 20 y un 30 por ciento, lo cual implica un desestímulo para las inversiones.
Entonces, nuestra primera conclusión es que resulta necesario encontrar mecanismos que eliminen las trabas y los castigos a las inversiones en bienes de capital. Creo que el proyecto en tratamiento va en esa dirección.
Desde ADIMRA, asociación a la que pertenece una gran cantidad de empresas productoras de bienes de capital -recordemos que está conformada por cincuenta y tres cámaras nacionales que nuclean a distintos sectores y quince cámaras regionales que representan a aproximadamente 22.000 empresas-, venimos cuestionando desde hace mucho tiempo la falta de inversiones y entendemos que el problema se superará cuando se logre un equilibrio fiscal tal que no se traben las inversiones en bienes de capital.
Cuando analizamos las ecuaciones económicas de la infinidad de pequeños productores de bienes de capital -si queremos dar cifras para dimensionar lo que se debe entender por "pequeños productores" debemos hablar de cinco a quinientos- nos damos cuenta de que afrontan enormes dificultades que muchas veces son impositivas. Se crean regímenes a los que se puede acceder sólo si se tiene un libre deuda impositivo, lo que en la Argentina no es fácil si tomamos en cuenta su historia.
Además hay otras trabas a la fabricación de bienes de capital que, cuando llegue el momento, nos gustaría analizar en detalle para ver si podemos colaborar en la tarea de eliminarlas.
Volviendo a la iniciativa en consideración, nos parece que en el marco de la grave crisis energética que atraviesa nuestro país también resulta más que necesario estimular un proyecto de infraestructura tendiente a aumentar la producción energética en diversas zonas del país, sobre todo en aquellas regiones marginadas, como el norte y el noroeste. En otras palabras, frente a esta crisis energética y a la que se nos viene encima, hay otros proyectos de infraestructura muy importantes que al país le hacen falta y que, por lo tanto, deberían estar sometidos a regímenes similares justamente para eliminar todas las trabas a la inversión.
Esta es la primera apreciación que quiero hacer con respecto a bienes de capital.
Me acompañan varios colegas de cámaras que producen bienes de capital en sus distintas facetas -maquinarias agrícolas, herramientas, máquinas y equipos-, y sabemos que de uno u otro modo tienen sistemas que traban la inversión.
Me parece que esta es una cuestión que la Argentina tiene que resolver, porque la mano de obra especializada, artesanal, vinculada con la fabricación y la producción de bienes de capital es una de las que mejor se paga en cualquier industria de cualquier país. Esta mano de obra contribuye fuertemente a mejorar el estándar y la calidad de vida de los argentinos.
SR. PRESIDENTE BROWN Como ADIMRA, entiendo que ustedes van a ir exponiendo a través de sus distintos representantes. Les pido que vayan organizando su exposición como cámara. Nosotros estamos tomando nota de sus comentarios y después vamos a hacer el análisis con respecto al dictamen que tenemos que elaborar.
SR. ARHEIT Quiero hacer una consulta, señor presidente. ¿Vamos a hablar solamente de bienes de capital o podemos referirnos a otros temas?
SR. PRESIDENTE BROWN De acuerdo a lo que conversé oportunamente con ustedes, luego de finalizada esta reunión -en la que también contaremos con la presencia de representantes de la UIA y CARBAP-, nos vamos a abocar al dictamen específico sobre los diferimientos impositivos vinculados a los bienes de capital. Este es el tema central. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que nosotros teníamos prevista una reunión con ustedes, podrán abordar algún otro tema, pero nos interesaría que se enfoquen fundamentalmente sobre este punto, y después agreguen las cosas que consideren necesarias.
SR. ESCOBAR Señor presidente, señores diputados: presido la Cámara de Ingeniería y Fabricación de Bienes de Capital, básicamente no seriados.
Tenemos las preocupaciones naturales que tiene la industria de un país que no cuenta con reglas de juego estables, y cuyo mercado está afectado permanentemente por concesiones y privilegios a la importación por encima de la producción nacional.
Nuestro país hoy en día no tiene un compre argentino. El que ahora existe no se aplica o se lo hace muy mal, con exclusión de la opinión de la industria nacional.
Con respecto al compre argentino, existe una ley por la que estamos excluidos de opinar. Existe una comisión asesora que funcionó durante cinco meses, y sus resultados fueron lamentables.
Este es un punto que preocupa a las autoridades de la Secretaría de Industria. Cuando estuvimos conversando, analizamos cómo podemos implementar un régimen que sirva a la industria argentina para ser debidamente defendida y protegida frente a las importaciones indiscriminadas de las concesionarias de servicios públicos que importan anualmente elementos metalúrgicos y bienes de capital, que nuestro país fabrica, por valores no menores a los 4 mil millones de dólares. Esto es cierto y figura en la estadística; el INDEC lo puede decir claramente.
El punto central para el desarrollo de la industria argentina es que nuestro país no defiende su producción, y además negocia las compras en el ALCA y en la Unión Europea cediendo los mercados internos, que todos los países cuidan celosamente.
Debemos retomar el criterio de que el Estado es el primer interesado en ejercitar su poder para la defensa de la producción nacional.
Por otro lado, hay regímenes que nos afectan profundamente. Históricamente, en los dos últimos gobiernos, con la excusa -que compartimos- de incrementar las inversiones productivas en la Argentinas, la importación tuvo -todavía lo tiene porque las reglas de juego no cambiaron- el privilegio de importar equipos usados llave en mano que la Argentina produce. Esto viene con el cero financiado mientras miramos por la ventana cómo pasan grandes equipamientos que la industria argentina puede fabricar y cómo ocurre la elusión de los deberes del Estado en defensa de la mano de obra nacional.
La situación que tenemos no es gratis y no vino sola, sino que se debe a estas políticas nefastas que afectan a la producción nacional.
Así es que los compañeros metalúrgicos saben muy bien que la caída de la mano de obra metalúrgica llegó a un piso insostenible, que afortunadamente se ha levantado y queremos que este repunte dure y crezca. Para ello hay que cambiar las reglas de juego; de lo contrario, estaremos viviendo una ilusión, no un crecimiento.
Convoco a los señores diputados a que por favor nos pongamos a trabajar juntos en las normativas capaces de estabilizar el crecimiento, y que esta etapa favorable que estamos viviendo continúe y se expanda.
En este sentido podemos decir que debe comprenderse la importancia trascendental que para un país que pretende ser moderno y desarrollado tiene la producción de bienes de capital, que es la aplicación práctica del conocimiento y la tecnología a la producción.
Eso es central. Todos los países modernos -como los que integran el Grupo de los Siete o el Grupo de los Ocho- son muy celosos de su política de desarrollo industrial en bienes de capital, que es el eje y primer eslabón de toda la cadena productiva.
Nos alarma que la Secretaría de Industria hable de cadena productiva, pero en sus estudios de promoción y desarrollo no figure el primer eslabón, que es la aplicación de la tecnología y el conocimiento a los bienes de capital. Es una voz de alarma y quiero que se entienda en esta mesa, porque es conveniente que se sepa, ya que es la política la que debe estimular el desarrollo.
Además existe una infinidad de reglas de juego que nos complican sobre manera, y debemos plantearlo -los amigos de otra cámara podrán agregar otros elementos a lo que señalo- para salir de las cuestiones cotidianas de herramientas, maquillajes, adecuaciones, circunstancias particulares o coyunturales que siempre están por debajo de una decisión política que no existe.
Sin políticas es muy difícil trabajar. Necesitamos una política industrial, una política de desarrollo nacional; no hablemos de modelo de país, porque está ínsito. Fundamentalmente debo señalar que el pueblo argentino, con su conocimiento, con las universidades, con los avances tecnológicos, es capaz de hacer muchas más cosas de las que hacemos.
La exclusión que hace el Estado con su falta de política en el desarrollo de bienes de capital nos quita el horizonte; nuestra gente emigra, se va el conocimiento y el Estado sigue sin tener una política en el tema.
Esto es duro pero es la realidad que vemos cotidianamente. Creo que es importantísimo mencionarlo y dar una voz de alarma en esto para que trabajemos juntos.
Personalmente he presentado en la Comisión de Industria un proyecto de creación de un Consejo de Desarrollo Industrial Nacional que funcione bajo la órbita y con el acuerdo de todos los sectores en esta comisión, donde tenemos mucha esperanza de éxito porque conozco la vocación de sus integrantes para desarrollar la industria, y compartimos muchas de las inquietudes.
De esta forma generaríamos un organismo que agregue políticas a la industria, que ponga la señal clara de vocación de desarrollo que tenemos todos los argentinos, y que tengamos un instrumento válido para plantear la enorme cantidad de decisiones que deben tomarse, en un contexto progresista y de desarrollo, que afiance la situación que hoy estamos viviendo, en el marco de un crecimiento que sea sostenido.
Tenemos las preocupaciones naturales que tiene la industria de un país que no cuenta con reglas de juego estables, y cuyo mercado está afectado permanentemente por concesiones y privilegios a la importación por encima de la producción nacional.
Nuestro país hoy en día no tiene un compre argentino. El que ahora existe no se aplica o se lo hace muy mal, con exclusión de la opinión de la industria nacional.
Con respecto al compre argentino, existe una ley por la que estamos excluidos de opinar. Existe una comisión asesora que funcionó durante cinco meses, y sus resultados fueron lamentables.
Este es un punto que preocupa a las autoridades de la Secretaría de Industria. Cuando estuvimos conversando, analizamos cómo podemos implementar un régimen que sirva a la industria argentina para ser debidamente defendida y protegida frente a las importaciones indiscriminadas de las concesionarias de servicios públicos que importan anualmente elementos metalúrgicos y bienes de capital, que nuestro país fabrica, por valores no menores a los 4 mil millones de dólares. Esto es cierto y figura en la estadística; el INDEC lo puede decir claramente.
El punto central para el desarrollo de la industria argentina es que nuestro país no defiende su producción, y además negocia las compras en el ALCA y en la Unión Europea cediendo los mercados internos, que todos los países cuidan celosamente.
Debemos retomar el criterio de que el Estado es el primer interesado en ejercitar su poder para la defensa de la producción nacional.
Por otro lado, hay regímenes que nos afectan profundamente. Históricamente, en los dos últimos gobiernos, con la excusa -que compartimos- de incrementar las inversiones productivas en la Argentinas, la importación tuvo -todavía lo tiene porque las reglas de juego no cambiaron- el privilegio de importar equipos usados llave en mano que la Argentina produce. Esto viene con el cero financiado mientras miramos por la ventana cómo pasan grandes equipamientos que la industria argentina puede fabricar y cómo ocurre la elusión de los deberes del Estado en defensa de la mano de obra nacional.
La situación que tenemos no es gratis y no vino sola, sino que se debe a estas políticas nefastas que afectan a la producción nacional.
Así es que los compañeros metalúrgicos saben muy bien que la caída de la mano de obra metalúrgica llegó a un piso insostenible, que afortunadamente se ha levantado y queremos que este repunte dure y crezca. Para ello hay que cambiar las reglas de juego; de lo contrario, estaremos viviendo una ilusión, no un crecimiento.
Convoco a los señores diputados a que por favor nos pongamos a trabajar juntos en las normativas capaces de estabilizar el crecimiento, y que esta etapa favorable que estamos viviendo continúe y se expanda.
En este sentido podemos decir que debe comprenderse la importancia trascendental que para un país que pretende ser moderno y desarrollado tiene la producción de bienes de capital, que es la aplicación práctica del conocimiento y la tecnología a la producción.
Eso es central. Todos los países modernos -como los que integran el Grupo de los Siete o el Grupo de los Ocho- son muy celosos de su política de desarrollo industrial en bienes de capital, que es el eje y primer eslabón de toda la cadena productiva.
Nos alarma que la Secretaría de Industria hable de cadena productiva, pero en sus estudios de promoción y desarrollo no figure el primer eslabón, que es la aplicación de la tecnología y el conocimiento a los bienes de capital. Es una voz de alarma y quiero que se entienda en esta mesa, porque es conveniente que se sepa, ya que es la política la que debe estimular el desarrollo.
Además existe una infinidad de reglas de juego que nos complican sobre manera, y debemos plantearlo -los amigos de otra cámara podrán agregar otros elementos a lo que señalo- para salir de las cuestiones cotidianas de herramientas, maquillajes, adecuaciones, circunstancias particulares o coyunturales que siempre están por debajo de una decisión política que no existe.
Sin políticas es muy difícil trabajar. Necesitamos una política industrial, una política de desarrollo nacional; no hablemos de modelo de país, porque está ínsito. Fundamentalmente debo señalar que el pueblo argentino, con su conocimiento, con las universidades, con los avances tecnológicos, es capaz de hacer muchas más cosas de las que hacemos.
La exclusión que hace el Estado con su falta de política en el desarrollo de bienes de capital nos quita el horizonte; nuestra gente emigra, se va el conocimiento y el Estado sigue sin tener una política en el tema.
Esto es duro pero es la realidad que vemos cotidianamente. Creo que es importantísimo mencionarlo y dar una voz de alarma en esto para que trabajemos juntos.
Personalmente he presentado en la Comisión de Industria un proyecto de creación de un Consejo de Desarrollo Industrial Nacional que funcione bajo la órbita y con el acuerdo de todos los sectores en esta comisión, donde tenemos mucha esperanza de éxito porque conozco la vocación de sus integrantes para desarrollar la industria, y compartimos muchas de las inquietudes.
De esta forma generaríamos un organismo que agregue políticas a la industria, que ponga la señal clara de vocación de desarrollo que tenemos todos los argentinos, y que tengamos un instrumento válido para plantear la enorme cantidad de decisiones que deben tomarse, en un contexto progresista y de desarrollo, que afiance la situación que hoy estamos viviendo, en el marco de un crecimiento que sea sostenido.
SR. PRESIDENTE BROWN Informo a nuestros invitados que se encuentran presentes los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputados Giubergia -vicepresidente-, Alchouron y Poggi, y en unos instantes se incorporarán otros señores diputados de esa comisión.
SR. SPINOSA Soy Mariano Spinosa, de CAFMEI, Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria, con la que oportunamente con el doctor Brown tuvimos un acuerdo en 1993 cuando batallaba en la provincia por lograr nuestra supervivencia. Algunos quedamos todavía.
La industria de bienes de capital que ha sobrevivido a la importación y al arancel cero de tantos años es una industria eficiente.
Es una industria que tiene ISO 9000 en casi todas sus fábricas, que presenta un alto nivel tecnológico y que ha batallado para que se pudieran hacer algunas de las obras realizadas en la Argentina.
Mi intervención tiene por objeto explicar a los señores diputados cómo funcionan hoy las inversiones en nuestro país.
Evidentemente la Argentina necesita inversiones, y nosotros queremos que las haya porque de lo contrario no vendemos. Si no se concretan proyectos, los bienes de capital no se comercializan. Los bienes de capital se venden cuando un inversor hace un esfuerzo, desarrolla un proyecto y crea algo nuevo.
Los instrumentos de que dispone la Argentina son para alentar la inversión, y como se señaló hace instantes hoy podrían tener una sinergia mayor. Entonces, a nuestro parecer no deberíamos conformarnos con lo que hay sino que tendríamos que tratar de perfeccionar esos instrumentos de acuerdo con las necesidades del país.
Como dije antes la industria que representamos es eficiente. Si no lo fuera habría desaparecido, ya que debimos competir con líneas de producción enteras; es decir con plantas llave en mano y un alto nivel de financiación. Además, la línea de crédito de Italia y España se fue básicamente en bienes importados.
Nuestra primera consideración es que un régimen de inversiones que contempla amortizaciones aceleradas y la devolución anticipada del impuesto al valor agregado -como el que se crea por esta iniciativa- debería tener en cuenta lo que se fabrica pero también lo que no se fabrica. Por ejemplo, si alguien diseña un proyecto petroquímico importantísimo para Bahía Blanca -como aquel que se pensó para fabricar metanol en Neuquén-, necesitará desarrollarlo sobre la base de ingeniería que a veces se realiza en el exterior. Por supuesto que las grandes compañías extranjeras tienen su vendor list, es decir, su listado de proveedores. Cuando una empresa importante quiere invertir en la Argentina y elabora un proyecto con ingeniería del mundo desarrollado, viene con sus proveedores extranjeros y con su financiamiento internacional.
¿Esto es bueno para el país? Por supuesto que sí; ojalá en la Argentina se concretara este tipo de proyectos. ¿Pero por qué vamos a importar absolutamente todo? En Brasil, sin ir más lejos, tendríamos que conciliar con nuestros socios en la región el mismo régimen que tienen ellos.
¿Queremos que haya inversiones en la Argentina? Sí, y los fabricantes de bienes de capital lo deseamos más que nadie. ¿Pero por qué hacerlo mediante un sistema absolutamente cerrado como el de las viejas plantas llave en mano? Creo que está de más que explique a los señores diputados el daño que hicieron las importaciones de plantas llave en mano enteras, que terminaron trayendo cosas inútilmente. No daré nombres para no involucrar a nadie, pero ha habido empresas que estaban dispuestas a hacer inversiones importantísimas de millones de dólares y a comprar los equipos que nosotros proveíamos, y que cuando llegó el momento no pudieron hacerlo porque se les había aprobado el paquete cerrado y, en algunos casos, usado.
Después de trabajar junto con la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa terminamos de evaluar una serie de alternativas e incluso el viejo régimen de importación de líneas de producción usadas instituido por la resolución 511/00 del Ministerio de Economía. Por supuesto que hay consideraciones muy importantes; a veces, en algún lugar del mundo se desmantela una línea de producción y en la Argentina todavía eso sirve y es muy bueno. ¿Nosotros nos oponemos a esa práctica? Claro que no; sólo queremos que se dé vuelta el concepto, es decir, que antes de invertir se diga qué se comprará en el país.
La resolución 256/00 del Ministerio de Economía crea el régimen de importación de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión. ¿Esto es malo para el país? Por supuesto que no; ojalá vinieran muchos proyectos de inversión.
Lo que es malo es que siguen viviendo cerrados. No tenemos la posibilidad de entrar porque llegamos tarde.
Si la inversión se publica en el Boletín Oficial para ver qué opinamos nosotros, ¿qué pasa? El inversor nos llama, nosotros levantamos la mano y decimos que estos productos los podemos proveer, pero el inversor contesta que ya tiene el paquete -como dije hace unos instantes-, que la ingeniería ya se la han desarrollado en otro lado, viene con los proveedores. Además, nos dice que si nos compra, pierde la garantía.
Pero, por ejemplo, en Brasil esto no es así. Cuando se hace un proyecto de inversión se liberan cien pesos de toda carga impositiva, pero piden que se compre allí por cien pesos. ¿Esto no es razonable? ¿Por qué no lo podemos hacer? Hay una industria que ha sobrevivido y está en condiciones de hacerlo.
Además, hay otro detalle muy importante. Nuestra asociación jamás se ha opuesto a las inversiones, jamás ha obstaculizado las inversiones y ha facilitado todo lo que no se fabrica en el país. Esto es lo que se tiene que promover.
Pero en un proyecto de inversión hay un montón de bienes que no hacen al corazón del proyecto. Por ejemplo, en las inversiones petroquímicas, seguramente es de difícil elaboración en la Argentina un reactor central para producción de un pelet. En este caso, habrá que evaluar cómo se facilita y desgrava toda esa inversión, pero todos los equipos secundarios, las bombas, las válvulas, los conductos, los sistemas de automatización, el transporte, los sistemas de movimiento de materiales, siempre se han fabricado en nuestro país.
Me sentiría conforme si en mi intervención señalara básicamente estos dos aspectos: los dos regímenes que hay para los grandes proyectos de inversión -resolución 256/00-, y este tema de la línea de importación de usados que acaba de ser sancionado y ratificado a través de la resolución 353/04 que, desde nuestro punto de vista, ha tenido alguna mejora de maquillaje, y la ambición que uno tiene es que se cambie el concepto.
Existe un elemento terrible en estos regímenes, que se llama certificado de trámite, que es cuando una persona presenta el proyecto y el equipo está flotando en el mar, viniendo hacia nuestro país. Entonces, esa persona, apurada, pide un certificado de trámite, pero ya es tarde. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Maldisponernos con el inversor: le tenemos que decir que no lo dejamos importar y obstaculizar la operación porque aquí fabricamos ese producto.
La conclusión es que, de esta manera, nuestra Cámara no vende, nuestros proveedores no venden, nuestros fabricantes de bienes de capital no venden y nos maldisponemos con nuestro cliente. Pero esto tiene que ser al revés: cuando la inversión está en la mente del inversor, esta persona debe transformarse en el comprador de los bienes de capital de fabricación local, y no ser un simple importador.
La industria de bienes de capital que ha sobrevivido a la importación y al arancel cero de tantos años es una industria eficiente.
Es una industria que tiene ISO 9000 en casi todas sus fábricas, que presenta un alto nivel tecnológico y que ha batallado para que se pudieran hacer algunas de las obras realizadas en la Argentina.
Mi intervención tiene por objeto explicar a los señores diputados cómo funcionan hoy las inversiones en nuestro país.
Evidentemente la Argentina necesita inversiones, y nosotros queremos que las haya porque de lo contrario no vendemos. Si no se concretan proyectos, los bienes de capital no se comercializan. Los bienes de capital se venden cuando un inversor hace un esfuerzo, desarrolla un proyecto y crea algo nuevo.
Los instrumentos de que dispone la Argentina son para alentar la inversión, y como se señaló hace instantes hoy podrían tener una sinergia mayor. Entonces, a nuestro parecer no deberíamos conformarnos con lo que hay sino que tendríamos que tratar de perfeccionar esos instrumentos de acuerdo con las necesidades del país.
Como dije antes la industria que representamos es eficiente. Si no lo fuera habría desaparecido, ya que debimos competir con líneas de producción enteras; es decir con plantas llave en mano y un alto nivel de financiación. Además, la línea de crédito de Italia y España se fue básicamente en bienes importados.
Nuestra primera consideración es que un régimen de inversiones que contempla amortizaciones aceleradas y la devolución anticipada del impuesto al valor agregado -como el que se crea por esta iniciativa- debería tener en cuenta lo que se fabrica pero también lo que no se fabrica. Por ejemplo, si alguien diseña un proyecto petroquímico importantísimo para Bahía Blanca -como aquel que se pensó para fabricar metanol en Neuquén-, necesitará desarrollarlo sobre la base de ingeniería que a veces se realiza en el exterior. Por supuesto que las grandes compañías extranjeras tienen su vendor list, es decir, su listado de proveedores. Cuando una empresa importante quiere invertir en la Argentina y elabora un proyecto con ingeniería del mundo desarrollado, viene con sus proveedores extranjeros y con su financiamiento internacional.
¿Esto es bueno para el país? Por supuesto que sí; ojalá en la Argentina se concretara este tipo de proyectos. ¿Pero por qué vamos a importar absolutamente todo? En Brasil, sin ir más lejos, tendríamos que conciliar con nuestros socios en la región el mismo régimen que tienen ellos.
¿Queremos que haya inversiones en la Argentina? Sí, y los fabricantes de bienes de capital lo deseamos más que nadie. ¿Pero por qué hacerlo mediante un sistema absolutamente cerrado como el de las viejas plantas llave en mano? Creo que está de más que explique a los señores diputados el daño que hicieron las importaciones de plantas llave en mano enteras, que terminaron trayendo cosas inútilmente. No daré nombres para no involucrar a nadie, pero ha habido empresas que estaban dispuestas a hacer inversiones importantísimas de millones de dólares y a comprar los equipos que nosotros proveíamos, y que cuando llegó el momento no pudieron hacerlo porque se les había aprobado el paquete cerrado y, en algunos casos, usado.
Después de trabajar junto con la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa terminamos de evaluar una serie de alternativas e incluso el viejo régimen de importación de líneas de producción usadas instituido por la resolución 511/00 del Ministerio de Economía. Por supuesto que hay consideraciones muy importantes; a veces, en algún lugar del mundo se desmantela una línea de producción y en la Argentina todavía eso sirve y es muy bueno. ¿Nosotros nos oponemos a esa práctica? Claro que no; sólo queremos que se dé vuelta el concepto, es decir, que antes de invertir se diga qué se comprará en el país.
La resolución 256/00 del Ministerio de Economía crea el régimen de importación de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión. ¿Esto es malo para el país? Por supuesto que no; ojalá vinieran muchos proyectos de inversión.
Lo que es malo es que siguen viviendo cerrados. No tenemos la posibilidad de entrar porque llegamos tarde.
Si la inversión se publica en el Boletín Oficial para ver qué opinamos nosotros, ¿qué pasa? El inversor nos llama, nosotros levantamos la mano y decimos que estos productos los podemos proveer, pero el inversor contesta que ya tiene el paquete -como dije hace unos instantes-, que la ingeniería ya se la han desarrollado en otro lado, viene con los proveedores. Además, nos dice que si nos compra, pierde la garantía.
Pero, por ejemplo, en Brasil esto no es así. Cuando se hace un proyecto de inversión se liberan cien pesos de toda carga impositiva, pero piden que se compre allí por cien pesos. ¿Esto no es razonable? ¿Por qué no lo podemos hacer? Hay una industria que ha sobrevivido y está en condiciones de hacerlo.
Además, hay otro detalle muy importante. Nuestra asociación jamás se ha opuesto a las inversiones, jamás ha obstaculizado las inversiones y ha facilitado todo lo que no se fabrica en el país. Esto es lo que se tiene que promover.
Pero en un proyecto de inversión hay un montón de bienes que no hacen al corazón del proyecto. Por ejemplo, en las inversiones petroquímicas, seguramente es de difícil elaboración en la Argentina un reactor central para producción de un pelet. En este caso, habrá que evaluar cómo se facilita y desgrava toda esa inversión, pero todos los equipos secundarios, las bombas, las válvulas, los conductos, los sistemas de automatización, el transporte, los sistemas de movimiento de materiales, siempre se han fabricado en nuestro país.
Me sentiría conforme si en mi intervención señalara básicamente estos dos aspectos: los dos regímenes que hay para los grandes proyectos de inversión -resolución 256/00-, y este tema de la línea de importación de usados que acaba de ser sancionado y ratificado a través de la resolución 353/04 que, desde nuestro punto de vista, ha tenido alguna mejora de maquillaje, y la ambición que uno tiene es que se cambie el concepto.
Existe un elemento terrible en estos regímenes, que se llama certificado de trámite, que es cuando una persona presenta el proyecto y el equipo está flotando en el mar, viniendo hacia nuestro país. Entonces, esa persona, apurada, pide un certificado de trámite, pero ya es tarde. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Maldisponernos con el inversor: le tenemos que decir que no lo dejamos importar y obstaculizar la operación porque aquí fabricamos ese producto.
La conclusión es que, de esta manera, nuestra Cámara no vende, nuestros proveedores no venden, nuestros fabricantes de bienes de capital no venden y nos maldisponemos con nuestro cliente. Pero esto tiene que ser al revés: cuando la inversión está en la mente del inversor, esta persona debe transformarse en el comprador de los bienes de capital de fabricación local, y no ser un simple importador.
SR. DORREGO Señor presidente, señores diputados: soy el director de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola.
Me voy a referir sintéticamente a un aspecto complementario en función de lo que han estado expresando mis colegas: la estabilidad jurídica necesaria para desarrollar la actividad industrial.
Resulta prácticamente imposible, y hasta azaroso, hacer inversiones cuando no se sabe qué es lo que va a pasar con regímenes -que son sumamente importantes- a un plazo mayor de uno o dos años.
Voy a dar un ejemplo: el régimen del decreto 379 establece un reintegro que el Estado otorga al consumidor final del bien de capital. Ese reintegro obedece a que bajó el arancel del 14 al 0 por ciento al cero.
Entonces, para no dejar desprotegida a la industria nacional, se crea el régimen de este subsidio, lo que me parece perfecto. Lo que pasa es que este régimen estaba terminando, y a través de las gestiones que hizo ADIMRA finalmente se acuerda prorrogar dicho decreto como consecuencia de que en Cancillería habían logrado prorrogar el arancel del 0 por ciento que estaba vigente.
¿Pero qué pasa? Teóricamente esa prórroga debió haber mantenido las condiciones o reglas de juego, pero las cambiaron para perjudicar a la industria nacional. ¿Por qué digo "perjudicar"? Porque en esta continuación del régimen ahora se exige a la industria nacional un aspecto, por ejemplo, laboral: durante la vigencia de este régimen no puede suspender ni despedir a persona alguna, cuando en realidad, si se hubiera dicho que debían mantener la cantidad de empleados que tenían hubiera sido razonable. Es decir, el Estado da un subsidio y, por lo tanto, pretende que su fuerza laboral se mantenga o se incremente. Pero no, castigan, con multa y demás toda suspensión o baja de personal.
Ese aspecto que todavía no ha sido reglamentado lleva, por ejemplo, a que dentro de poco se va a cumplir un mes del dictado del decreto y todavía no hay reglamentación.
Pero hay otra cuestión dentro de esos condicionamientos: dicen que la presentación que debe hacer el fabricante con la documentación para obtener el reintegro debe ir muñida de un libre deuda a solicitar a la DGI. ¿Ustedes saben lo que es pedir un libre deuda a la DGI? Pero vamos a suponer el caso de que atienda ese pedido. En este momento hay más o menos mil y pico de empresas que están bajo el régimen de la devolución de este subsidio. Es decir que mensualmente estas mil y pico de empresas van a ir a golpear la puerta a la DGI para que les dé ese libre deuda. ¿Creen que eso es posible? Sin embargo, allí se establece que si no tiene ese libre deuda no puede obtener el reintegro.
Realmente son condicionamientos dirigidos explícitamente a la industria nacional que en nada la favorecen, cuando al importador directamente se le ha bajado el arancel del 14 por ciento a cero e ingresa su mercadería sin ningún problema.
Pero hay otro tema que también es muy importante y que es el del crédito fiscal. Todos ustedes conocen el régimen que rige actualmente, en virtud del cual el fabricante compra los insumos y paga una alícuota del 21 por ciento en concepto de IVA. Pero cuando vende su producto debe aplicar una alícuota del 10,5 por ciento. O sea que en cada operación se le va generando un crédito fiscal del 10,5 por ciento. Hace más o menos dos años que eso rige y significa que las empresas fabricantes de bienes de capital, sin excepción, están teniendo un superávit de crédito de tres o cuatro millones de pesos. Eso es capital de trabajo. Eso es un financiamiento que las fábricas le están haciendo al Estado, y creemos a todas luces que es totalmente injusto. Sabemos, por ejemplo, que el importador trae la mercadería, paga el 10,5 por ciento y no tiene más ningún problema. En este caso el fabricante nacional además tiene que hacerse cargo de ese 10,5 por ciento y no encuentra la forma de poder descargarlo.
Yo diría que estos son los dos aspectos que más preocupan en este momento. Estamos esperando con cierta ansiedad y esperanza el régimen de amortización acelerada, que había sido anunciado por el señor ministro de Economía en oportunidad de su lanzamiento. Pero después fue una decepción darnos cuenta de que está muy lejos de ser para las empresas productoras de bienes de capital, para las pymes; es para las grandes empresas, y aún bajo ciertas condiciones.
Para terminar diría que lo importante, a pesar de todo, es darle continuidad, un horizonte, un norte al fabricante, diciéndole que por tres o cinco años, como mínimo, van a regir estas reglas de juego para la fabricación nacional, respecto de lo cual hoy no sabemos, año tras año, qué es lo que va a pasar. Y son elementos fundamentales para enfrentar a nuestro principal competidor, que es Brasil. En este momento ese 14 por ciento es lo que nos permite equilibrar y mantener el mercado interno. El día que desaparezca vamos a tener nuevamente una invasión de productos del vecino país.
Me voy a referir sintéticamente a un aspecto complementario en función de lo que han estado expresando mis colegas: la estabilidad jurídica necesaria para desarrollar la actividad industrial.
Resulta prácticamente imposible, y hasta azaroso, hacer inversiones cuando no se sabe qué es lo que va a pasar con regímenes -que son sumamente importantes- a un plazo mayor de uno o dos años.
Voy a dar un ejemplo: el régimen del decreto 379 establece un reintegro que el Estado otorga al consumidor final del bien de capital. Ese reintegro obedece a que bajó el arancel del 14 al 0 por ciento al cero.
Entonces, para no dejar desprotegida a la industria nacional, se crea el régimen de este subsidio, lo que me parece perfecto. Lo que pasa es que este régimen estaba terminando, y a través de las gestiones que hizo ADIMRA finalmente se acuerda prorrogar dicho decreto como consecuencia de que en Cancillería habían logrado prorrogar el arancel del 0 por ciento que estaba vigente.
¿Pero qué pasa? Teóricamente esa prórroga debió haber mantenido las condiciones o reglas de juego, pero las cambiaron para perjudicar a la industria nacional. ¿Por qué digo "perjudicar"? Porque en esta continuación del régimen ahora se exige a la industria nacional un aspecto, por ejemplo, laboral: durante la vigencia de este régimen no puede suspender ni despedir a persona alguna, cuando en realidad, si se hubiera dicho que debían mantener la cantidad de empleados que tenían hubiera sido razonable. Es decir, el Estado da un subsidio y, por lo tanto, pretende que su fuerza laboral se mantenga o se incremente. Pero no, castigan, con multa y demás toda suspensión o baja de personal.
Ese aspecto que todavía no ha sido reglamentado lleva, por ejemplo, a que dentro de poco se va a cumplir un mes del dictado del decreto y todavía no hay reglamentación.
Pero hay otra cuestión dentro de esos condicionamientos: dicen que la presentación que debe hacer el fabricante con la documentación para obtener el reintegro debe ir muñida de un libre deuda a solicitar a la DGI. ¿Ustedes saben lo que es pedir un libre deuda a la DGI? Pero vamos a suponer el caso de que atienda ese pedido. En este momento hay más o menos mil y pico de empresas que están bajo el régimen de la devolución de este subsidio. Es decir que mensualmente estas mil y pico de empresas van a ir a golpear la puerta a la DGI para que les dé ese libre deuda. ¿Creen que eso es posible? Sin embargo, allí se establece que si no tiene ese libre deuda no puede obtener el reintegro.
Realmente son condicionamientos dirigidos explícitamente a la industria nacional que en nada la favorecen, cuando al importador directamente se le ha bajado el arancel del 14 por ciento a cero e ingresa su mercadería sin ningún problema.
Pero hay otro tema que también es muy importante y que es el del crédito fiscal. Todos ustedes conocen el régimen que rige actualmente, en virtud del cual el fabricante compra los insumos y paga una alícuota del 21 por ciento en concepto de IVA. Pero cuando vende su producto debe aplicar una alícuota del 10,5 por ciento. O sea que en cada operación se le va generando un crédito fiscal del 10,5 por ciento. Hace más o menos dos años que eso rige y significa que las empresas fabricantes de bienes de capital, sin excepción, están teniendo un superávit de crédito de tres o cuatro millones de pesos. Eso es capital de trabajo. Eso es un financiamiento que las fábricas le están haciendo al Estado, y creemos a todas luces que es totalmente injusto. Sabemos, por ejemplo, que el importador trae la mercadería, paga el 10,5 por ciento y no tiene más ningún problema. En este caso el fabricante nacional además tiene que hacerse cargo de ese 10,5 por ciento y no encuentra la forma de poder descargarlo.
Yo diría que estos son los dos aspectos que más preocupan en este momento. Estamos esperando con cierta ansiedad y esperanza el régimen de amortización acelerada, que había sido anunciado por el señor ministro de Economía en oportunidad de su lanzamiento. Pero después fue una decepción darnos cuenta de que está muy lejos de ser para las empresas productoras de bienes de capital, para las pymes; es para las grandes empresas, y aún bajo ciertas condiciones.
Para terminar diría que lo importante, a pesar de todo, es darle continuidad, un horizonte, un norte al fabricante, diciéndole que por tres o cinco años, como mínimo, van a regir estas reglas de juego para la fabricación nacional, respecto de lo cual hoy no sabemos, año tras año, qué es lo que va a pasar. Y son elementos fundamentales para enfrentar a nuestro principal competidor, que es Brasil. En este momento ese 14 por ciento es lo que nos permite equilibrar y mantener el mercado interno. El día que desaparezca vamos a tener nuevamente una invasión de productos del vecino país.
SR. ARHEIT Si me permite, señor presidente, me gustaría hacer una pequeña aclaración antes de que haga uso de la palabra el contador Gayá, que es el que nos ayuda a entender algún aspecto impositivo.
Para una mayor ilustración, voy a dar un solo ejemplo que nos ayudará a comprender mejor cuál es el peso de la importancia de los bienes de capital, ya sea producidos en el país o no.
Cuando un bien de capital se produce en el país aporta al Estado, a través de las cargas sociales, impuestos directos e indirectos y todas las tasas incorporadas a los servicios. Es decir que cuando hacemos el racconto final de la cadena impositiva, de punta a punta, encontramos que aproximadamente -y eso vale para los bienes de capital- el 45 por ciento del precio final de un bien de capital vuelve al erario. Insisto: jubilación, impuesto a las ganancias, diferencias de IVA, ingresos brutos, impuestos municipales y todo el enorme plexo impositivo que nos rige en el país.
Cuando ese mismo bien -vamos a partir del presupuesto de que el bien se puede producir en el país porque hay tecnología, empresas y capacidad productiva- se importa, en el mejor de los casos el erario se queda con la alícuota del 10,5 por ciento del IVA -que en todo caso es un impuesto neutro que termina pagando el consumidor- y eventualmente con un anticipo del impuesto a las ganancias del 3 por ciento. Es todo lo que ingresa al erario.
El bien de capital se nacionaliza, está en el país y produce. Y el agravante es que ese bien de capital, en lugar de haber sido producido por trabajadores argentinos que mediante ese empleo tienen un ingreso digno, ha sido importado. Consecuentemente, esos trabajadores se han quedado sin empleo. Estoy tratando de ejemplificar esto de la mejor manera para que se entienda el modelo matemático. Esos trabajadores se quedan sin empleo y viven de un subsidio respecto del cual creo que a esta altura del partido no es necesario explicar que nadie lo quiere instalado en el tiempo.
Entonces, cuando analizamos la importancia que tiene la producción nacional también lo debemos hacer bajo este aspecto: que en la larga cadena de valor de la producción de un bien de capital casi el 45 por ciento del precio final del producto vuelve al Estado. Es una aclaración que quería realizar para que esto se entendiera mejor.
Para una mayor ilustración, voy a dar un solo ejemplo que nos ayudará a comprender mejor cuál es el peso de la importancia de los bienes de capital, ya sea producidos en el país o no.
Cuando un bien de capital se produce en el país aporta al Estado, a través de las cargas sociales, impuestos directos e indirectos y todas las tasas incorporadas a los servicios. Es decir que cuando hacemos el racconto final de la cadena impositiva, de punta a punta, encontramos que aproximadamente -y eso vale para los bienes de capital- el 45 por ciento del precio final de un bien de capital vuelve al erario. Insisto: jubilación, impuesto a las ganancias, diferencias de IVA, ingresos brutos, impuestos municipales y todo el enorme plexo impositivo que nos rige en el país.
Cuando ese mismo bien -vamos a partir del presupuesto de que el bien se puede producir en el país porque hay tecnología, empresas y capacidad productiva- se importa, en el mejor de los casos el erario se queda con la alícuota del 10,5 por ciento del IVA -que en todo caso es un impuesto neutro que termina pagando el consumidor- y eventualmente con un anticipo del impuesto a las ganancias del 3 por ciento. Es todo lo que ingresa al erario.
El bien de capital se nacionaliza, está en el país y produce. Y el agravante es que ese bien de capital, en lugar de haber sido producido por trabajadores argentinos que mediante ese empleo tienen un ingreso digno, ha sido importado. Consecuentemente, esos trabajadores se han quedado sin empleo. Estoy tratando de ejemplificar esto de la mejor manera para que se entienda el modelo matemático. Esos trabajadores se quedan sin empleo y viven de un subsidio respecto del cual creo que a esta altura del partido no es necesario explicar que nadie lo quiere instalado en el tiempo.
Entonces, cuando analizamos la importancia que tiene la producción nacional también lo debemos hacer bajo este aspecto: que en la larga cadena de valor de la producción de un bien de capital casi el 45 por ciento del precio final del producto vuelve al Estado. Es una aclaración que quería realizar para que esto se entendiera mejor.
SR. PRESIDENTE BROWN Es un buen dato.
A continuación hará uso de la palabra el señor asesor impositivo de ADIMRA, contador Mario Gayá.
A continuación hará uso de la palabra el señor asesor impositivo de ADIMRA, contador Mario Gayá.
SR. GAYÁ Señor presidente: esta no es la primera intervención que vamos a tener en estas reuniones. El ingeniero Arheit tuvo la deferencia de presentarme como quien le ayuda a entender los aspectos económicos. Pero la realidad es que los empresarios que me precedieron en el uso de la palabra hablan más de impuestos y cargas tributarias que de su misión específica lamentablemente. Digo "lamentablemente" porque están viviendo la problemática de la falta de normas claras, de cargas tributarias excesivas o de una falta de seguridad jurídica.
Yo quería puntualizar los aspectos que escuché tratando de hacer algún aporte de tipo técnico. El ingeniero Dorrego habló del subsidio establecido por el decreto 379. Quiero recordar que previo a eso hay un descuento que el productor de bienes de capital realiza al comprador. Consecuentemente, pido disculpas al ingeniero, pero voy a decir que ese no es un subsidio, sino simplemente el reintegro de un importe que previamente nos descontaron. Es decir que este decreto impone a los fabricantes de bienes de capital efectuar un descuento a sus compradores. Y contra ese descuento, que figura en la factura, después de hacer muchísimos trámites e inscribirse en registros de la Secretaría de Industria, consiguen, luego de efectuar una gran cantidad de trámites, la devolución de un bono, que puede ser utilizado para realizar el pago de impuestos.
De manera tal que la realidad es que el verdadero beneficiario de este régimen no es el fabricante de bienes de capital, sino el adquirente. Y esto está en línea con una modificación de la ley del IVA que se produjo en mayo de 2001. Me refiero, concretamente, a la modificación del artículo 28 de esa ley, mediante la cual se redujo la alícuota del impuesto en un 50 por ciento -actualmente es del 10,5 por ciento- para la venta de bienes de capital de determinados productos.
En realidad, en más de una oportunidad en intervenciones en las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda dijimos que lo que se había pretendido era cargar sobre las espaldas del fabricante de bienes de capital el financiamiento del IVA de los compradores, los adquirentes, los inversores. La realidad es que el inversor recibe un bien con un IVA del 10,5 por ciento, el fabricante tiene un débito de IVA del 10,5 por ciento y crédito de IVA por 21 por ciento, o por 27 por ciento en determinados gastos -como el gas y la luz, que son importantes para la producción-, con lo cual genera saldos a favor -diría- casi en forma permanente. Es muy difícil que un industrial pueda tener un valor agregado del 100 por ciento para lograr un efecto neutro en el IVA, con lo cual genera importantes saldos a favor.
Otra vez aparece la obligación de inscribirse en la Secretaría de Industria, presentar una serie de documentación para demostrar sus costos límites; luego tratar de que la AFIP le devuelva este saldo técnico cuando así corresponde; y como en algún momento la administración manifestó que tenía muchos funcionarios o jueces administrativos procesados por haber hecho devoluciones incorrectas, carga al industrial -a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas- con la obligación de presentar dictámenes profesionales por los que se establezca que las devoluciones solicitadas son reales, con lo cual el empresario tiene que ver si un proveedor de Tucumán tiene capacidad para poder proveerle los bienes.
Todo esto en definitiva genera una demora importantísima, y quien es el acreedor termina cargando con la prueba para demostrar que los saldos son correctos, cuando existe un organismo de la administración que debería hacer esa tarea.
Más de una vez se ha pedido la posibilidad de compensar cargas sociales con los saldos técnicos. Se ha respondido que no, aduciendo que en este sistema de las AFJP se depositan los aportes en las cuentas de capitalización. Yo creo que esto es una compensación de activos y pasivos, y uno puede tranquilamente administrar las cuentas particulares de los trabajadores, aun con una compensación de débitos con créditos, no necesariamente con un aporte de dinero en efectivo.
Estábamos muy felices porque se había presentado un proyecto de ley que planteaba la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada, de modo de salvaguardar este tipo de problemática de los fabricantes de bienes de capital. Me vino en consulta este proyecto junto con un proyecto de decreto reglamentario. El problema es que cuando se estudia el texto final de una norma y no se conocen las resoluciones interpretativas de la Secretaría de Industria, AFIP, etcétera, la ley puede tener excelentes y muy loables principios, pero después termina cayendo en un trámite burocrático imposible de llevar a cabo.
Quiero manifestar esto porque el proyecto de decreto reglamentario que tengo -que no sé si es el que acompañará a la ley- establece una serie de puntuaciones para acceder a las devoluciones que hacen casi imposible que las pequeñas y medianas empresas puedan hacerse acreedoras de ese cupo, porque no hay ninguna diferencia entre el cupo para empresas grandes y para las pymes. Con lo cual es necesario que cuando se trate este tipo de leyes también se acceda en forma paralela a todas las normas que la van a instrumentar.
Repito, no es solamente el problema de cómo sale aprobada una ley del Congreso sino finalmente cómo se reglamenta luego en el Poder Ejecutivo y en todas las dependencias de éste que intervienen, que hacen que el ejercicio de un derecho se convierta finalmente en una carga muy difícil de sobrellevar.
Esto es básicamente lo que quería comentarles. Hay algún otro aspecto particular, pero no me parece que sea necesario hacerles perder más tiempo.
Yo quería puntualizar los aspectos que escuché tratando de hacer algún aporte de tipo técnico. El ingeniero Dorrego habló del subsidio establecido por el decreto 379. Quiero recordar que previo a eso hay un descuento que el productor de bienes de capital realiza al comprador. Consecuentemente, pido disculpas al ingeniero, pero voy a decir que ese no es un subsidio, sino simplemente el reintegro de un importe que previamente nos descontaron. Es decir que este decreto impone a los fabricantes de bienes de capital efectuar un descuento a sus compradores. Y contra ese descuento, que figura en la factura, después de hacer muchísimos trámites e inscribirse en registros de la Secretaría de Industria, consiguen, luego de efectuar una gran cantidad de trámites, la devolución de un bono, que puede ser utilizado para realizar el pago de impuestos.
De manera tal que la realidad es que el verdadero beneficiario de este régimen no es el fabricante de bienes de capital, sino el adquirente. Y esto está en línea con una modificación de la ley del IVA que se produjo en mayo de 2001. Me refiero, concretamente, a la modificación del artículo 28 de esa ley, mediante la cual se redujo la alícuota del impuesto en un 50 por ciento -actualmente es del 10,5 por ciento- para la venta de bienes de capital de determinados productos.
En realidad, en más de una oportunidad en intervenciones en las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda dijimos que lo que se había pretendido era cargar sobre las espaldas del fabricante de bienes de capital el financiamiento del IVA de los compradores, los adquirentes, los inversores. La realidad es que el inversor recibe un bien con un IVA del 10,5 por ciento, el fabricante tiene un débito de IVA del 10,5 por ciento y crédito de IVA por 21 por ciento, o por 27 por ciento en determinados gastos -como el gas y la luz, que son importantes para la producción-, con lo cual genera saldos a favor -diría- casi en forma permanente. Es muy difícil que un industrial pueda tener un valor agregado del 100 por ciento para lograr un efecto neutro en el IVA, con lo cual genera importantes saldos a favor.
Otra vez aparece la obligación de inscribirse en la Secretaría de Industria, presentar una serie de documentación para demostrar sus costos límites; luego tratar de que la AFIP le devuelva este saldo técnico cuando así corresponde; y como en algún momento la administración manifestó que tenía muchos funcionarios o jueces administrativos procesados por haber hecho devoluciones incorrectas, carga al industrial -a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas- con la obligación de presentar dictámenes profesionales por los que se establezca que las devoluciones solicitadas son reales, con lo cual el empresario tiene que ver si un proveedor de Tucumán tiene capacidad para poder proveerle los bienes.
Todo esto en definitiva genera una demora importantísima, y quien es el acreedor termina cargando con la prueba para demostrar que los saldos son correctos, cuando existe un organismo de la administración que debería hacer esa tarea.
Más de una vez se ha pedido la posibilidad de compensar cargas sociales con los saldos técnicos. Se ha respondido que no, aduciendo que en este sistema de las AFJP se depositan los aportes en las cuentas de capitalización. Yo creo que esto es una compensación de activos y pasivos, y uno puede tranquilamente administrar las cuentas particulares de los trabajadores, aun con una compensación de débitos con créditos, no necesariamente con un aporte de dinero en efectivo.
Estábamos muy felices porque se había presentado un proyecto de ley que planteaba la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada, de modo de salvaguardar este tipo de problemática de los fabricantes de bienes de capital. Me vino en consulta este proyecto junto con un proyecto de decreto reglamentario. El problema es que cuando se estudia el texto final de una norma y no se conocen las resoluciones interpretativas de la Secretaría de Industria, AFIP, etcétera, la ley puede tener excelentes y muy loables principios, pero después termina cayendo en un trámite burocrático imposible de llevar a cabo.
Quiero manifestar esto porque el proyecto de decreto reglamentario que tengo -que no sé si es el que acompañará a la ley- establece una serie de puntuaciones para acceder a las devoluciones que hacen casi imposible que las pequeñas y medianas empresas puedan hacerse acreedoras de ese cupo, porque no hay ninguna diferencia entre el cupo para empresas grandes y para las pymes. Con lo cual es necesario que cuando se trate este tipo de leyes también se acceda en forma paralela a todas las normas que la van a instrumentar.
Repito, no es solamente el problema de cómo sale aprobada una ley del Congreso sino finalmente cómo se reglamenta luego en el Poder Ejecutivo y en todas las dependencias de éste que intervienen, que hacen que el ejercicio de un derecho se convierta finalmente en una carga muy difícil de sobrellevar.
Esto es básicamente lo que quería comentarles. Hay algún otro aspecto particular, pero no me parece que sea necesario hacerles perder más tiempo.
SR. PRESIDENTE BROWN A continuación hará uso de la palabra el señor presidente de la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas Herramientas, ingeniero Julio Luisi.
SR. LUISI Señor presidente: todos los socios de nuestra Cámara y los fabricantes de máquinas herramientas son pequeños y medianos empresarios que cuentan con una alta tecnología y un desarrollo en ingeniería muy importante. Y hace unos meses tuvimos la ilusión generada por el proyecto de amortización acelerada y diferimiento impositivo, en el sentido de que eso iba a beneficiar a todas las empresas de nuestro sector e inclusive a la totalidad de los fabricantes de bienes de capital.
Pero realmente nos encontramos con una decepción muy grande. Vemos en ese proyecto que las pequeñas y medianas empresas no van a poder participar y que esa iniciativa tiene un nombre y apellido, o bien que está destinada a la construcción de un gasoducto. Creo que si bien esta obra es importante, actualmente todas las empresas fabricantes de bienes de capital que hay en el país necesitan ese proyecto para estimular el desarrollo.
Pero realmente nos encontramos con una decepción muy grande. Vemos en ese proyecto que las pequeñas y medianas empresas no van a poder participar y que esa iniciativa tiene un nombre y apellido, o bien que está destinada a la construcción de un gasoducto. Creo que si bien esta obra es importante, actualmente todas las empresas fabricantes de bienes de capital que hay en el país necesitan ese proyecto para estimular el desarrollo.
SR. PRESIDENTE BROWN Seguidamente hará uso de la palabra el señor representante de la Cámara de Fabricantes de Herramientas e Instrumentos de Medición, ingeniero Juan Carlos Cohen.
SR. COHEN Señor presidente: dentro del nombre genérico de "herramientas" se encuentran algunos bienes de capital tales como las matrices, que sirven para estampar o moldear metales, y los moldes de inyección de plástico o caucho. De esta forma más o menos estoy diciendo que los fabricantes de este tipo de bienes de capital están presentes en toda la actividad económica del país, porque desde la tapa hasta la botella de una gaseosa, pasando por cualquier parte de un automóvil, están hechas con alguna matriz o nombre. Digo esto simplemente a los efectos de presentar al sector.
He escuchado todo lo que han dicho mis colegas, que han señalado todo lo que nos afecta como fabricantes de bienes de capital no seriados.
Hay otro aspecto que quiero abordar aquí y que también hace al tema. En la legislación argentina, en el Código Aduanero, se permite la importación temporaria de bienes de capital, como la de cualquier otro tipo de bienes. La limitación que impone el Código y su decreto reglamentario es que el bien que se está importando temporalmente no sea propiedad del que está haciendo la importación. No hay ninguna salvedad acerca de si el bien se produce en el país o no, sino que simplemente puede importarse. Y la limitación que se establece es temporal -por eso la importación tiene ese carácter-, determinándose que será de hasta un máximo de tres años con opción a un período igual.
Por lo tanto, uno puede inferir de esto que se puede importar un bien de capital de la naturaleza de lo que es un molde o matriz por el período de seis años.
Me estoy refiriendo a este tema en particular porque ocurre que hay algo que pasaría a ser anecdótico si no fuera tan trágico, y es que durante los últimos diez o quince años las empresas de nuestro sector terminaron trabajando entre tres y cuatro días por semana -no podían hacerlo más- en un turno. Y las que trabajaban un poco más lo hacían para exportar al resto del mundo, porque se exportaba a México, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Tailandia, Hong Kong, a todo el mundo; la calidad de la matricería argentina es reconocida. Inclusive en Portugal hay una experiencia sobre matricería que todo el mundo conoce.
La cuestión radica en que nadie sabe en este momento cuál es el stock de matrices y moldes importados temporalmente que hay en el país.
Si se me permite citaré un caso específico. En el año 2000 me llaman desde la Secretaría de Industria, Comercio y Minería para revisar unos expedientes relacionados con la prórroga de una importación temporaria de una ensambladora automotriz, cuyo nombre no daré. Como se trataba de una prórroga pedí que me enviaran la carátula de los expedientes por fax para ver el monto y así tener una idea de lo que estaba en juego, pero me respondieron que necesariamente tenía que ir porque eran muchos papeles.
Cuando llego a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería me encuentro con que sobre un escritorio me esperaba una pila de papeles de un metro que significaban, haciendo un cálculo rápido, 60 millones de dólares -repito: 60 millones de dólares- para fabricar un automóvil que en otros países había dejado de hacerse en los años 1991 o 1992.
Todas las herramientas habían convergido en Brasil, donde una filial de esta empresa automotriz argentina tenía su posesión temporal. Había exportado temporalmente esos bienes a nuestro país en 1995, lo que significa que debió pedir la prórroga en 1998; pero como nadie sabe cuál es el stock que hay en la Argentina y quién es el propietario transitorio de los bienes, en el año 2000 la aduana de Brasil emplazó a la filial automotriz de ese país a que los repatriara en su totalidad o bien a que los vendiera en el país donde habían sido exportados temporalmente, o sea, la Argentina.
Es decir que se creó un conflicto entre las dos filiales de la compañía automotriz, porque como consecuencia de ello la Argentina tenía que cargar con chatarra -que es en lo que se habían convertido las piezas después de casi una década- o bien reexportarlas y paralizar la producción de un bien que todavía se estaba fabricando.
Frente a esta situación hablamos con la terminal automotriz. Le dijimos que era una barbaridad que tuviésemos que paralizar la línea de producción -recordemos que nos habíamos enterado del problema por la exigencia que habían impuesto a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería y por la decisión de la aduana brasilera, que conoce perfectamente los movimientos de la importación temporaria y se rige por reglamentaciones estrictísimas- y que no estábamos dispuestos a hacerlo. Les dijimos que queríamos negociar y ver, para los nuevos modelos que iban a producir, qué se podía fabricar en nuestras matricerías.
La conclusión fue que se consiguieron entre 10 y 18 millones de dólares en moldes y matrices para la fabricación de nuevos modelos.
Con esta anécdota, que podría resultar risueña si no fuese tan trágica, he querido poner de manifiesto que no existe absolutamente ningún control frente a los abusos que se cometen respecto de una legislación que es buena. Nadie quiere impedir la importación temporaria. Si una empresa, como por ejemplo Aguas Argentinas, quiere construir un túnel de cuarenta kilómetros para transportar agua de un lugar a otro tiene que recurrir a las tres únicas tuneleras que hay en el mundo. Es decir que en ese caso es necesario hacer una importación temporaria; la empresa estará ocho, nueve, diez meses, un año o dos construyendo el túnel y después se irá.
No podemos poner objeciones a este mecanismo. Tampoco podemos hacer objeciones cuando se trata de elementos que serán utilizados y que no tenemos la posibilidad de producir, dado que nuestras matricerías tienen una capacidad limitada y sólo pueden fabricar el 40 o el 50 por ciento de lo que realmente se necesita.
El decreto reglamentario al cual me estoy refiriendo es el 1001/82.
Su artículo 31 reglamenta sobre todo la importación temporal que establece el Código Aduanero en uno de sus artículos.
De alguna manera, es necesario que se imponga una restricción al abuso de la utilización de este régimen, que es aceptado y utilizado en todas partes del mundo.
Además, ya que tenemos un par en el Mercosur, que también es productor de estos bienes y tiene reglamentación al respecto, solicito que utilicemos lo que Brasil tiene como legislación.
En Brasil está totalmente prohibida la importación de bienes usados: la única posibilidad que existe es la importación temporaria con un máximo de cinco años. Además, tiene que pagar por cada año de utilización, y en función de la vida útil remanente del bien, un impuesto que es proporcional al arancel externo común.
Quiere decir que si el bien, siendo usado o nuevo, tiene que estar cinco años en Brasil tendrá que pagar el 14 por ciento de arancel, pero si entra en carácter temporario va a pagar el 20 por ciento por año de utilización, y luego de esos cinco años va a haber pagado la totalidad del arancel.
He escuchado todo lo que han dicho mis colegas, que han señalado todo lo que nos afecta como fabricantes de bienes de capital no seriados.
Hay otro aspecto que quiero abordar aquí y que también hace al tema. En la legislación argentina, en el Código Aduanero, se permite la importación temporaria de bienes de capital, como la de cualquier otro tipo de bienes. La limitación que impone el Código y su decreto reglamentario es que el bien que se está importando temporalmente no sea propiedad del que está haciendo la importación. No hay ninguna salvedad acerca de si el bien se produce en el país o no, sino que simplemente puede importarse. Y la limitación que se establece es temporal -por eso la importación tiene ese carácter-, determinándose que será de hasta un máximo de tres años con opción a un período igual.
Por lo tanto, uno puede inferir de esto que se puede importar un bien de capital de la naturaleza de lo que es un molde o matriz por el período de seis años.
Me estoy refiriendo a este tema en particular porque ocurre que hay algo que pasaría a ser anecdótico si no fuera tan trágico, y es que durante los últimos diez o quince años las empresas de nuestro sector terminaron trabajando entre tres y cuatro días por semana -no podían hacerlo más- en un turno. Y las que trabajaban un poco más lo hacían para exportar al resto del mundo, porque se exportaba a México, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Tailandia, Hong Kong, a todo el mundo; la calidad de la matricería argentina es reconocida. Inclusive en Portugal hay una experiencia sobre matricería que todo el mundo conoce.
La cuestión radica en que nadie sabe en este momento cuál es el stock de matrices y moldes importados temporalmente que hay en el país.
Si se me permite citaré un caso específico. En el año 2000 me llaman desde la Secretaría de Industria, Comercio y Minería para revisar unos expedientes relacionados con la prórroga de una importación temporaria de una ensambladora automotriz, cuyo nombre no daré. Como se trataba de una prórroga pedí que me enviaran la carátula de los expedientes por fax para ver el monto y así tener una idea de lo que estaba en juego, pero me respondieron que necesariamente tenía que ir porque eran muchos papeles.
Cuando llego a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería me encuentro con que sobre un escritorio me esperaba una pila de papeles de un metro que significaban, haciendo un cálculo rápido, 60 millones de dólares -repito: 60 millones de dólares- para fabricar un automóvil que en otros países había dejado de hacerse en los años 1991 o 1992.
Todas las herramientas habían convergido en Brasil, donde una filial de esta empresa automotriz argentina tenía su posesión temporal. Había exportado temporalmente esos bienes a nuestro país en 1995, lo que significa que debió pedir la prórroga en 1998; pero como nadie sabe cuál es el stock que hay en la Argentina y quién es el propietario transitorio de los bienes, en el año 2000 la aduana de Brasil emplazó a la filial automotriz de ese país a que los repatriara en su totalidad o bien a que los vendiera en el país donde habían sido exportados temporalmente, o sea, la Argentina.
Es decir que se creó un conflicto entre las dos filiales de la compañía automotriz, porque como consecuencia de ello la Argentina tenía que cargar con chatarra -que es en lo que se habían convertido las piezas después de casi una década- o bien reexportarlas y paralizar la producción de un bien que todavía se estaba fabricando.
Frente a esta situación hablamos con la terminal automotriz. Le dijimos que era una barbaridad que tuviésemos que paralizar la línea de producción -recordemos que nos habíamos enterado del problema por la exigencia que habían impuesto a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería y por la decisión de la aduana brasilera, que conoce perfectamente los movimientos de la importación temporaria y se rige por reglamentaciones estrictísimas- y que no estábamos dispuestos a hacerlo. Les dijimos que queríamos negociar y ver, para los nuevos modelos que iban a producir, qué se podía fabricar en nuestras matricerías.
La conclusión fue que se consiguieron entre 10 y 18 millones de dólares en moldes y matrices para la fabricación de nuevos modelos.
Con esta anécdota, que podría resultar risueña si no fuese tan trágica, he querido poner de manifiesto que no existe absolutamente ningún control frente a los abusos que se cometen respecto de una legislación que es buena. Nadie quiere impedir la importación temporaria. Si una empresa, como por ejemplo Aguas Argentinas, quiere construir un túnel de cuarenta kilómetros para transportar agua de un lugar a otro tiene que recurrir a las tres únicas tuneleras que hay en el mundo. Es decir que en ese caso es necesario hacer una importación temporaria; la empresa estará ocho, nueve, diez meses, un año o dos construyendo el túnel y después se irá.
No podemos poner objeciones a este mecanismo. Tampoco podemos hacer objeciones cuando se trata de elementos que serán utilizados y que no tenemos la posibilidad de producir, dado que nuestras matricerías tienen una capacidad limitada y sólo pueden fabricar el 40 o el 50 por ciento de lo que realmente se necesita.
El decreto reglamentario al cual me estoy refiriendo es el 1001/82.
Su artículo 31 reglamenta sobre todo la importación temporal que establece el Código Aduanero en uno de sus artículos.
De alguna manera, es necesario que se imponga una restricción al abuso de la utilización de este régimen, que es aceptado y utilizado en todas partes del mundo.
Además, ya que tenemos un par en el Mercosur, que también es productor de estos bienes y tiene reglamentación al respecto, solicito que utilicemos lo que Brasil tiene como legislación.
En Brasil está totalmente prohibida la importación de bienes usados: la única posibilidad que existe es la importación temporaria con un máximo de cinco años. Además, tiene que pagar por cada año de utilización, y en función de la vida útil remanente del bien, un impuesto que es proporcional al arancel externo común.
Quiere decir que si el bien, siendo usado o nuevo, tiene que estar cinco años en Brasil tendrá que pagar el 14 por ciento de arancel, pero si entra en carácter temporario va a pagar el 20 por ciento por año de utilización, y luego de esos cinco años va a haber pagado la totalidad del arancel.
SR. PRESIDENTE BROWN Ya está presente en esta reunión el señor presidente de CARBAP. No sé si ADIMRA tiene previsto que hable algún representante más porque, de lo contrario, los señores diputados procederíamos a formular nuestras preguntas. Quisiera saber si la exposición de ADIMRA ha terminado.
SR. ARHEIT Con respecto a los bienes de capital, sí.
SR. PRESIDENTE BROWN Por lo tanto, voy a ceder la palabra el señor diputado Alchouron.
SR. ALCHOURON Señor presidente: realmente me parece muy interesante toda la información que ADIMRA nos han suministrado, y es muy útil para nosotros.
Quiero precisar algunos aspectos de este proyecto de ley. Además, el señor Gayá tiene la suerte de que obra en su poder un proyecto de decreto reglamentario que nosotros desconocemos, por lo que veo que ustedes están mucho más avanzados que nosotros.
Se ha formulado una observación muy válida con respecto a las pymes, pero quisiera saber si en este proyecto de ley existe además algún otro comentario precisamente dirigido al proyecto de amortización anticipada y diferimiento impositivo.
Quiero precisar algunos aspectos de este proyecto de ley. Además, el señor Gayá tiene la suerte de que obra en su poder un proyecto de decreto reglamentario que nosotros desconocemos, por lo que veo que ustedes están mucho más avanzados que nosotros.
Se ha formulado una observación muy válida con respecto a las pymes, pero quisiera saber si en este proyecto de ley existe además algún otro comentario precisamente dirigido al proyecto de amortización anticipada y diferimiento impositivo.
SR. ARHEIT En relación con este proyecto, más allá de las consideraciones que han vertido mis colegas con respecto a las pymes, quiero manifestar que también hay proyectos de envergadura, de infraestructura importante en el país. Sobre todo ante la crisis energética en la que ya estamos inmersos nos enfrentamos con la traba de que hay poco interés inversionista porque, más allá de no tener estímulos para la inversión, no existe una política para quitarle las trabas.
Por ejemplo, si tenemos que hacer un ferrocarril importante que cruce el país o la cordillera, una obra hidroeléctrica o potenciar una central nuclear, existen tantísimos proyectos energéticos o de infraestructura que vamos a tener que instalar en el futuro.
Si tenemos una ley para estimular las inversiones destinadas a estos grandes proyectos, debería ser extensiva a los otros proyectos también, porque el consumo de bienes de capital, de insumos nacionales o de estructura productiva nacional es enorme en todos esos proyectos que están pendientes.
Ya hemos reconocido hace mucho tiempo que las inversiones motorizan la economía. Si tenemos un camino para motorizar la economía a través de las inversiones, creo que debe ser general para todo tipo de inversiones de esta envergadura. De modo que pido que esta norma no esté limitado a un proyecto de inversión sino que tenga un carácter más general.
Por ejemplo, si tenemos que hacer un ferrocarril importante que cruce el país o la cordillera, una obra hidroeléctrica o potenciar una central nuclear, existen tantísimos proyectos energéticos o de infraestructura que vamos a tener que instalar en el futuro.
Si tenemos una ley para estimular las inversiones destinadas a estos grandes proyectos, debería ser extensiva a los otros proyectos también, porque el consumo de bienes de capital, de insumos nacionales o de estructura productiva nacional es enorme en todos esos proyectos que están pendientes.
Ya hemos reconocido hace mucho tiempo que las inversiones motorizan la economía. Si tenemos un camino para motorizar la economía a través de las inversiones, creo que debe ser general para todo tipo de inversiones de esta envergadura. De modo que pido que esta norma no esté limitado a un proyecto de inversión sino que tenga un carácter más general.
SR. PRESIDENTE BROWN El proyecto de ley no hace mención a una obra determinada. Hay una posibilidad cierta de que esté vinculado con la obra del gasoducto, porque así ha sido mencionado en alguna medida por el señor secretario de Industria cuando habló de que existe un proyecto de inversión ya presentado, y uno de ellos es casualmente el del gasoducto, lo cual a nosotros nos parece muy bien.
Una de las grandes preocupaciones de la Comisión de Industria, y que también se ha planteado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, está en función de la falta de participación -a través del proyecto de decreto reglamentario que hemos conocido y que hacía mención el asesor impositivo de ADIMRA- de las pequeñas y medianas empresas y concretamente el tema de los bienes de capital nacionales, que tampoco están incluidos bajo ningún punto de vista.
Esta es una de las principales preocupaciones que existen en el seno de la Comisión de Industria, y que también se ha expresado en algunos proyectos de dictamen presentados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en algunas disidencias parciales que se han hecho.
Una de las grandes preocupaciones de la Comisión de Industria, y que también se ha planteado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, está en función de la falta de participación -a través del proyecto de decreto reglamentario que hemos conocido y que hacía mención el asesor impositivo de ADIMRA- de las pequeñas y medianas empresas y concretamente el tema de los bienes de capital nacionales, que tampoco están incluidos bajo ningún punto de vista.
Esta es una de las principales preocupaciones que existen en el seno de la Comisión de Industria, y que también se ha expresado en algunos proyectos de dictamen presentados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en algunas disidencias parciales que se han hecho.
SR. ARHEIT Para ilustrar lo que decía respecto de hacer extensiva la norma a los demás proyectos de inversión, quiero señalar que hay proyectos que son fuertemente intensivos en bienes de capital, máquinas o instrumentos, y otros grandes proyectos que son fuertemente intensivos en obra civil, por ejemplo. Hay proyectos que no se realizan porque hay una fuerte traba impositiva previa en toda la obra civil.
Nosotros no somos de la Cámara de la Construcción, pero podemos decir que hay proyectos trabados -y consecuentemente la parte electromecánica posterior- porque los créditos impositivos que se generan muchísimo antes de que esos bienes empiecen a producir, son de tal magnitud que muchas veces hacen inviable la inversión.
Nosotros no somos de la Cámara de la Construcción, pero podemos decir que hay proyectos trabados -y consecuentemente la parte electromecánica posterior- porque los créditos impositivos que se generan muchísimo antes de que esos bienes empiecen a producir, son de tal magnitud que muchas veces hacen inviable la inversión.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Francisco Virgilio Gutiérrez.
SR. GUTIÉRREZ (F. V.) Por pertenecer a la actividad, desde el punto de vista de la parte trabajadora, entiendo los conceptos que ustedes han mencionado. Hay un concepto que me parece importante resaltar: en los grandes proyectos de inversión se contratan consultoras de ingeniería externas, que por lo tanto vienen con sus proveedores.
Todos sabemos que la ley es general y no tiene nombre y apellido, pero evidentemente hay un proyecto de gran magnitud que ya está caminando y otros que todavía están pensando en hacer la inversión. En esa obra, si tomamos el proyecto de ley tal cual está redactado, las pymes no tendrían casi posibilidad de participar.
¿Cuál sería para ustedes la participación que requerirían en este proyecto de inversión? Cuando se habla de bienes de capital en el proyecto de ley no se puntualiza si son nacionales o importados que no se fabrican en el país. Tampoco aclara la iniciativa si el proyecto de inversión, por mil, dos mil o tres mil millones, debe contener un mínimo de bienes de capital nacionales. La industria automotriz, por ejemplo, plantea un régimen que tiene un contenido local de 60 por ciento y 30 por ciento de carácter nacional. Por otro lado, sería conveniente un cupo específico para las pymes.
Entonces, además de lo conceptual, pregunto qué es lo que ustedes verían con agrado que se modifique en el proyecto de ley para dar respuesta a la demanda de las pymes fabricantes de bienes de capital.
Todos sabemos que la ley es general y no tiene nombre y apellido, pero evidentemente hay un proyecto de gran magnitud que ya está caminando y otros que todavía están pensando en hacer la inversión. En esa obra, si tomamos el proyecto de ley tal cual está redactado, las pymes no tendrían casi posibilidad de participar.
¿Cuál sería para ustedes la participación que requerirían en este proyecto de inversión? Cuando se habla de bienes de capital en el proyecto de ley no se puntualiza si son nacionales o importados que no se fabrican en el país. Tampoco aclara la iniciativa si el proyecto de inversión, por mil, dos mil o tres mil millones, debe contener un mínimo de bienes de capital nacionales. La industria automotriz, por ejemplo, plantea un régimen que tiene un contenido local de 60 por ciento y 30 por ciento de carácter nacional. Por otro lado, sería conveniente un cupo específico para las pymes.
Entonces, además de lo conceptual, pregunto qué es lo que ustedes verían con agrado que se modifique en el proyecto de ley para dar respuesta a la demanda de las pymes fabricantes de bienes de capital.
SR. ARHEIT La primera respuesta que puedo dar a boca de jarro es que el Estado nacional debe tener una política industrial. Y en esto tiene que haber claras intenciones de querer desarrollar al sector productivo nacional.
Los funcionarios de turno, los secretarios, quienes deciden la viabilidad del proyecto, o la ley misma, tienen dos opciones.
Opción número uno: importar determinados bienes con financiación a cinco, diez o quince años, porque son bienes de capital de gran envergadura que se pueden importar con muy buena financiación porque otros países subsidian esa exportación hacia la Argentina. El resultado de esta primera opción es el siguiente: importo el bien, no pago impuestos, no lo produzco en el país y tengo una financiación larga. Desde el punto de vista de la macroeconomía esta es una alternativa.
Pero hay otra opción: ¿qué puedo hacer yo para que la producción nacional o los inversionistas que estén dispuestos a hacer inversiones productivas en la Argentina tengan reglas de juego suficientemente claras y de quite de trabas como para que les resulte más atractivo producir ese bien en el país? De esta forma, estamos de vuelta en el ejemplo anterior: damos trabajo a nuestros trabajadores, posibilidad de desarrollo a nuestras empresas y, además, devolvemos al Estado el 45 por ciento de la cadena de valor. Pero esto lo tenemos que elaborar desde el punto de vista macroeconómico, de la función publica y, si se quiere, del legislador; no lo podemos arreglar con parches.
La Argentina ha perdido varios millones de puestos de trabajo por entender que la opción número uno era mejor; parecía que ella era, entre comillas, más barata. Me parece que las alternativas son muy claras. Nadie pretende cerrar el país, aislarnos y decir "nosotros fabricamos todo", como se decía en una época o como muchas veces se nos critica a los productores nacionales. Creo que la producción nacional ha dado muestras claras de lo que puede hacer. Y además, desgraciadamente, tenemos en nuestra mochila la experiencia de los últimos veinte años, con 4 millones de desocupados.
Entonces, reitero que son políticas de Estado que deben estar dirigidas desde arriba y contar con la ayuda del Poder Legislativo, de las entidades gremiales empresarias y de la Secretaría de Industria y con la convicción política del gobierno central.
Los funcionarios de turno, los secretarios, quienes deciden la viabilidad del proyecto, o la ley misma, tienen dos opciones.
Opción número uno: importar determinados bienes con financiación a cinco, diez o quince años, porque son bienes de capital de gran envergadura que se pueden importar con muy buena financiación porque otros países subsidian esa exportación hacia la Argentina. El resultado de esta primera opción es el siguiente: importo el bien, no pago impuestos, no lo produzco en el país y tengo una financiación larga. Desde el punto de vista de la macroeconomía esta es una alternativa.
Pero hay otra opción: ¿qué puedo hacer yo para que la producción nacional o los inversionistas que estén dispuestos a hacer inversiones productivas en la Argentina tengan reglas de juego suficientemente claras y de quite de trabas como para que les resulte más atractivo producir ese bien en el país? De esta forma, estamos de vuelta en el ejemplo anterior: damos trabajo a nuestros trabajadores, posibilidad de desarrollo a nuestras empresas y, además, devolvemos al Estado el 45 por ciento de la cadena de valor. Pero esto lo tenemos que elaborar desde el punto de vista macroeconómico, de la función publica y, si se quiere, del legislador; no lo podemos arreglar con parches.
La Argentina ha perdido varios millones de puestos de trabajo por entender que la opción número uno era mejor; parecía que ella era, entre comillas, más barata. Me parece que las alternativas son muy claras. Nadie pretende cerrar el país, aislarnos y decir "nosotros fabricamos todo", como se decía en una época o como muchas veces se nos critica a los productores nacionales. Creo que la producción nacional ha dado muestras claras de lo que puede hacer. Y además, desgraciadamente, tenemos en nuestra mochila la experiencia de los últimos veinte años, con 4 millones de desocupados.
Entonces, reitero que son políticas de Estado que deben estar dirigidas desde arriba y contar con la ayuda del Poder Legislativo, de las entidades gremiales empresarias y de la Secretaría de Industria y con la convicción política del gobierno central.
SR. ESCOBAR Si me permite, señor presidente, quisiera agregar algo. En el proyecto de ley que están tratando, obviamente, como se darán cuenta, las pymes no figuran y no tienen, tal como está la iniciativa, la menor posibilidad. Hay que agregar un capítulo destinado a las pymes que establezca que los bienes de capital que un empresario o industrial argentino compre al país van a obtener el beneficio que determine la ley. Eso debería instrumentarse.
Por otro lado, el hecho de que el beneficio sea para los bienes de capital importados genera una desigualdad, porque los argentinos no estaríamos incluidos en ese tipo de paquetes. Y en la Argentina hay una experiencia importante que debería revisarse y que puede aplicarse: el beneficio que esta ley establece debe ser solamente para los bienes de capital nacional, o bien, para todos, pero la producción de la industria argentina debe tener los beneficios que determina la ley 20.852. Les pido que tomen nota de esta ley para que la revisen, porque se van a asombrar de su contenido y propósito. Los considerandos y el texto de esa norma legal son clarísimos. Esa ley sirvió para que la industria argentina participara activamente en grandes obras públicas y en la construcción de destilerías que el país realizó en su momento con la financiación del Banco Mundial, que hasta reconocía una protección de entre el 15 y el 25 por ciento para la producción argentina en la comparación de precios. Eso era auspiciado por el Banco Mundial -estaba dentro de su legislación-, del que fuimos accionistas y parte.
En otras palabras, cuando la industria argentina provee grandes obras públicas tiene una protección no menor del 5 por ciento que el Banco Mundial admite, la que puede llegar a ser de hasta un 15 por ciento según el grado de desarrollo del país proveedor de los bienes.
De manera tal que tenemos antecedentes que fueron exitosos. No tenemos mucho que inventar si queremos participar en las obras públicas argentinas.
Les pido que tengan en consideración esa ley. Además, habría que aggiornarla para que también se aplique en los grandes proyectos de inversión del sector privado, no solamente del público, a fin de que la industria argentina participe activamente y tenga los mismos beneficios y posibilidades y compita internacionalmente con los proveedores externos. Porque como bien dijo el señor presidente de ADIMRA no pretendemos cerrar el mercado, sino que queremos participar de nuestro desarrollo con capacidad, calidad, eficiencia, precio y tecnología. Y estamos en condiciones de hacerlo, no digo que en el ciento por ciento de los casos, pero sí en muchos de ellos.
Queremos tener la oportunidad de competir con nuestros precios. La carga impositiva que tienen los bienes de capital en el precio final es una forma extraordinaria de participar con precios competitivos, a lo que debemos agregar la ley 20.852 que reconoce a la provisión de bienes y servicios de nuestro país el mismo valor que tiene una exportación a mercados no tradicionales. Es decir que se la considera una exportación dentro del propio mercado interno, y este mecanismo -como es sabido- es sumamente útil para el desarrollo de los proveedores nacionales.
Por otro lado, el hecho de que el beneficio sea para los bienes de capital importados genera una desigualdad, porque los argentinos no estaríamos incluidos en ese tipo de paquetes. Y en la Argentina hay una experiencia importante que debería revisarse y que puede aplicarse: el beneficio que esta ley establece debe ser solamente para los bienes de capital nacional, o bien, para todos, pero la producción de la industria argentina debe tener los beneficios que determina la ley 20.852. Les pido que tomen nota de esta ley para que la revisen, porque se van a asombrar de su contenido y propósito. Los considerandos y el texto de esa norma legal son clarísimos. Esa ley sirvió para que la industria argentina participara activamente en grandes obras públicas y en la construcción de destilerías que el país realizó en su momento con la financiación del Banco Mundial, que hasta reconocía una protección de entre el 15 y el 25 por ciento para la producción argentina en la comparación de precios. Eso era auspiciado por el Banco Mundial -estaba dentro de su legislación-, del que fuimos accionistas y parte.
En otras palabras, cuando la industria argentina provee grandes obras públicas tiene una protección no menor del 5 por ciento que el Banco Mundial admite, la que puede llegar a ser de hasta un 15 por ciento según el grado de desarrollo del país proveedor de los bienes.
De manera tal que tenemos antecedentes que fueron exitosos. No tenemos mucho que inventar si queremos participar en las obras públicas argentinas.
Les pido que tengan en consideración esa ley. Además, habría que aggiornarla para que también se aplique en los grandes proyectos de inversión del sector privado, no solamente del público, a fin de que la industria argentina participe activamente y tenga los mismos beneficios y posibilidades y compita internacionalmente con los proveedores externos. Porque como bien dijo el señor presidente de ADIMRA no pretendemos cerrar el mercado, sino que queremos participar de nuestro desarrollo con capacidad, calidad, eficiencia, precio y tecnología. Y estamos en condiciones de hacerlo, no digo que en el ciento por ciento de los casos, pero sí en muchos de ellos.
Queremos tener la oportunidad de competir con nuestros precios. La carga impositiva que tienen los bienes de capital en el precio final es una forma extraordinaria de participar con precios competitivos, a lo que debemos agregar la ley 20.852 que reconoce a la provisión de bienes y servicios de nuestro país el mismo valor que tiene una exportación a mercados no tradicionales. Es decir que se la considera una exportación dentro del propio mercado interno, y este mecanismo -como es sabido- es sumamente útil para el desarrollo de los proveedores nacionales.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
SR. GIUBERGIA Señor presidente: es por todos conocido que este asunto ya fue tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la mayoría emitió un anteproyecto de dictamen que no contiene modificaciones a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y la minoría produjo dos.
En su anteproyecto de dictamen, la Unión Cívica Radical expresa que el beneficio debe hacerse extensivo a las actividades agroindustriales y a los servicios de turismo. Nos parece correcto que el gobierno quiera implementar políticas activas, pero también entendemos que en el caso de aquellas obras cuya realización es financiada por el Estado nacional o por algún Estado provincial o municipal, quienes las llevan adelante no pueden acogerse además al beneficio que se crea por este proyecto de ley.
Por otra parte, en nuestro anteproyecto de dictamen elevamos el cupo fiscal anual de 1.000 millones a 1.400 millones de pesos, que a nuestro juicio tienen que ser distribuidos en el ámbito de toda la República Argentina y no sólo en una región determinada. Entendemos que la asignación debe ser realizada de acuerdo con la distribución secundaria establecida en la actual ley de coparticipación o bien en aquella que la reemplace en el futuro. Es necesario que desarrollemos mecanismos armónicos en la República Argentina para evitar que todo quede concentrado en determinadas regiones.
Por supuesto que en nuestra propuesta también incluimos a las pymes. Sabemos que esta iniciativa tiene como objetivo principal atender el problema energético. Nos parece bien que así sea, pero pensamos que hubiese sido más racional establecer un subsidio específico. Entendemos que la norma debería tender a un régimen igualitario para que fundamentalmente puedan intervenir las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país.
En su anteproyecto de dictamen, la Unión Cívica Radical expresa que el beneficio debe hacerse extensivo a las actividades agroindustriales y a los servicios de turismo. Nos parece correcto que el gobierno quiera implementar políticas activas, pero también entendemos que en el caso de aquellas obras cuya realización es financiada por el Estado nacional o por algún Estado provincial o municipal, quienes las llevan adelante no pueden acogerse además al beneficio que se crea por este proyecto de ley.
Por otra parte, en nuestro anteproyecto de dictamen elevamos el cupo fiscal anual de 1.000 millones a 1.400 millones de pesos, que a nuestro juicio tienen que ser distribuidos en el ámbito de toda la República Argentina y no sólo en una región determinada. Entendemos que la asignación debe ser realizada de acuerdo con la distribución secundaria establecida en la actual ley de coparticipación o bien en aquella que la reemplace en el futuro. Es necesario que desarrollemos mecanismos armónicos en la República Argentina para evitar que todo quede concentrado en determinadas regiones.
Por supuesto que en nuestra propuesta también incluimos a las pymes. Sabemos que esta iniciativa tiene como objetivo principal atender el problema energético. Nos parece bien que así sea, pero pensamos que hubiese sido más racional establecer un subsidio específico. Entendemos que la norma debería tender a un régimen igualitario para que fundamentalmente puedan intervenir las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Merino.
SR. MERINO Señor presidente: si no entendí mal, el principal competidor es Brasil.
SR. SPINOSA Depende del sector.
SR. MERINO ¿Cuál sería el peso de Brasil si hacemos una comparación con el resto del mundo?
SR. ARHEIT La cercanía con Brasil hace que la relación de la Argentina tenga ribetes totalmente diferentes a los que encontramos en la relación con terceros países.
Tal vez éste no es el ámbito para discutir el tema Mercosur, pero está claro que muchos productores argentinos -ya sean de bienes de capital o de bienes intermedios o finales- han sufrido en los últimos diez años una feroz competencia por parte de Brasil.
Esto ocurrió por varios motivos, siendo el principal la existencia de asimetrías macroeconómicas irresolutas. Algunas empresas aprovecharon legítimamente esas falencias y desequilibrios macroeconómicos -aclaro que su actitud no está en tela de juicio- para copar porciones de mercado muy importantes en la Argentina.
Los bienes de capital no fueron la excepción, y para entenderlo basta ver el caso de la maquinaria agrícola. Durante diez años se destruyó buena parte de ese sector, y ahora que la demanda de equipamiento de maquinaria agrícola repuntó fuertemente debido a la situación del sector agropecuario, a la industria nacional le cuesta enormemente satisfacerla.
Recordemos que nos queda media fábrica de tractores en la Argentina, cuando antes había tres o cuatro.
Lo de Brasil es muy especial: mientras no se resuelva claramente esta situación y se restablezca un equilibrio macroeconómico, ese país será una amenaza permanente a la producción nacional de bienes de capital.
Tal vez éste no es el ámbito para discutir el tema Mercosur, pero está claro que muchos productores argentinos -ya sean de bienes de capital o de bienes intermedios o finales- han sufrido en los últimos diez años una feroz competencia por parte de Brasil.
Esto ocurrió por varios motivos, siendo el principal la existencia de asimetrías macroeconómicas irresolutas. Algunas empresas aprovecharon legítimamente esas falencias y desequilibrios macroeconómicos -aclaro que su actitud no está en tela de juicio- para copar porciones de mercado muy importantes en la Argentina.
Los bienes de capital no fueron la excepción, y para entenderlo basta ver el caso de la maquinaria agrícola. Durante diez años se destruyó buena parte de ese sector, y ahora que la demanda de equipamiento de maquinaria agrícola repuntó fuertemente debido a la situación del sector agropecuario, a la industria nacional le cuesta enormemente satisfacerla.
Recordemos que nos queda media fábrica de tractores en la Argentina, cuando antes había tres o cuatro.
Lo de Brasil es muy especial: mientras no se resuelva claramente esta situación y se restablezca un equilibrio macroeconómico, ese país será una amenaza permanente a la producción nacional de bienes de capital.
SR. PRESIDENTE BROWN Después de escuchar a todas las cámaras invitadas en el día de hoy, los diputados vamos a emitir dictamen. Anticipo que hay una cantidad importante de legisladores, tanto del bloque Justicialista como de los demás, que vamos a presentar una disidencia parcial.
Oportunamente, vamos a plantear en el recinto el capítulo pyme y el tema vinculado con los bienes de capital nacional y la inversión productiva.
Queremos adelantar nuestra posición, aunque el resultado dependerá de la votación de los señores diputados. Luego, por supuesto, este proyecto pasará al Senado y, si se aprueba, será promulgado o no por el Poder Ejecutivo. Pero quiero dejar en claro que nosotros vamos a defender estas posiciones que ustedes han manifestado con toda claridad.
Oportunamente, vamos a plantear en el recinto el capítulo pyme y el tema vinculado con los bienes de capital nacional y la inversión productiva.
Queremos adelantar nuestra posición, aunque el resultado dependerá de la votación de los señores diputados. Luego, por supuesto, este proyecto pasará al Senado y, si se aprueba, será promulgado o no por el Poder Ejecutivo. Pero quiero dejar en claro que nosotros vamos a defender estas posiciones que ustedes han manifestado con toda claridad.
SR. ARHEIT Quiero hacer una pequeña aclaración.
A pesar del estado avanzado que tiene este proyecto, en ADIMRA hemos avanzando también con el análisis pormenorizado de la reglamentación de este proyecto de ley y del contenido de la propuesta. Por lo tanto, quisiéramos acercar en las próximas horas un resumen de este análisis para contribuir a la mejor observación de esta la situación.
A pesar del estado avanzado que tiene este proyecto, en ADIMRA hemos avanzando también con el análisis pormenorizado de la reglamentación de este proyecto de ley y del contenido de la propuesta. Por lo tanto, quisiéramos acercar en las próximas horas un resumen de este análisis para contribuir a la mejor observación de esta la situación.
SR. PRESIDENTE BROWN En realidad, el proyecto de decreto reglamentario fue lo que encendió la luz amarilla y llamó nuestra atención porque, tal como ustedes lo han expresado aquí, pone seriamente en duda la participación de las pymes.
De acuerdo a cómo se sancione la ley, ustedes, y también nosotros, vamos a tratar de influir sobre la Secretaría de Industria en cuanto a su reglamentación.
Por lo tanto, agradecemos profundamente la presencia de los representantes de ADIMRA.
De acuerdo a cómo se sancione la ley, ustedes, y también nosotros, vamos a tratar de influir sobre la Secretaría de Industria en cuanto a su reglamentación.
Por lo tanto, agradecemos profundamente la presencia de los representantes de ADIMRA.
Se retiran de la sala de reuniones los representantes de ADIMRA.
SR. PRESIDENTE BROWN En nombre de CARBAP, contamos con la presencia de su presidente, el doctor Mario Llambías, y del asesor impositivo, doctor Eduardo Franciosi, a quienes damos la bienvenida. Les concedemos el uso de la palabra unos minutos para que expongan su posición antes de que arriben los representantes de la UIA.
Tiene la palabra el doctor Llambías.
Tiene la palabra el doctor Llambías.
SR. LLAMBÍAS Señor presidente: en primer lugar agradezco que nos hayan recibido aunque estuviéramos fuera del programa de esta reunión.
Quiero en principio marcar las coincidencias con los señores diputados y los representantes de la industria en cuanto al proyecto de devolución del IVA y amortizaciones aceleradas.
Como ustedes saben, el campo ha tenido un repunte importante en los últimos tiempos. Creo que muchas de sus economías han logrado solucionar problemas de vieja data que tenían. El campo tenía un problema de endeudamiento muy serio, no solamente con el sector bancario sino también en lo que hace a la parte de la producción: maquinarias, tractores, alambrados, aguadas, pasturas, todo lo cual estaba bastante deteriorado.
Mucho se ha hablado de la incidencia de los precios internacionales -con los vaivenes de la soja en los últimos tiempos- en esta reactivación del campo, y creo que tenemos que marcar también que gran parte de ésta se debe a la tecnología aplicada en el campo, al uso de fertilizantes, a la biotecnología y a una cantidad de herramientas.
Cuando tuvimos otro período de altos precios, como en los años 1996 y 1997, notamos que esos beneficios fueron para lo que nosotros llamamos "pools de siembra", grandes grupos inversionistas que vienen al sector. Hoy notamos que muchos pequeños y medianos productores están compitiendo a la par de estos grandes grupos. Eso nos alegra muchísimo, porque nosotros defendemos un país interior donde haya actividad económica, radicación, que no haya éxodo y que los jóvenes se queden trabajando.
Para continuar con este proceso de recuperación del sector, vemos en este proyecto un estímulo muy positivo. Hace mucho que veníamos hablando del tema de las amortizaciones aceleradas y entendíamos que tenía que llegar al sector agropecuario.
Lamentablemente, por lo que se ha dicho acá, nos hemos dado cuenta de que este proyecto en su mayoría no nos alcanza. Aspiramos a un proyecto que sea igualitario, transparente y general para que las pymes -en las que nos incluimos- podamos tener acceso a esto, y de esta forma empezar a consolidar estas mejoras, en las que tiene una gran incidencia lo tecnológico, y que van a continuar, a pesar de la caída de los precios internacionales, en la medida que tengamos el apoyo necesario.
Por ello venimos a plantear este tema, porque nos preocupó mucho que en la práctica nuestro sector quedaba afuera de este sistema. Este es nuestro mensaje en representación no sólo de CARBAP sino también de la gente de Confederaciones Rurales Argentinas y entendemos que de todos los productores del campo argentino, más allá de las ideas que circunstancialmente tengamos. Aquí está presente un ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, y sabe que cuando los problemas son serios el campo está unido pidiendo por sus cosas.
El asesor de CARBAP, Eduardo Franciosi, expondrá sobre la parte técnica del proyecto.
Quiero en principio marcar las coincidencias con los señores diputados y los representantes de la industria en cuanto al proyecto de devolución del IVA y amortizaciones aceleradas.
Como ustedes saben, el campo ha tenido un repunte importante en los últimos tiempos. Creo que muchas de sus economías han logrado solucionar problemas de vieja data que tenían. El campo tenía un problema de endeudamiento muy serio, no solamente con el sector bancario sino también en lo que hace a la parte de la producción: maquinarias, tractores, alambrados, aguadas, pasturas, todo lo cual estaba bastante deteriorado.
Mucho se ha hablado de la incidencia de los precios internacionales -con los vaivenes de la soja en los últimos tiempos- en esta reactivación del campo, y creo que tenemos que marcar también que gran parte de ésta se debe a la tecnología aplicada en el campo, al uso de fertilizantes, a la biotecnología y a una cantidad de herramientas.
Cuando tuvimos otro período de altos precios, como en los años 1996 y 1997, notamos que esos beneficios fueron para lo que nosotros llamamos "pools de siembra", grandes grupos inversionistas que vienen al sector. Hoy notamos que muchos pequeños y medianos productores están compitiendo a la par de estos grandes grupos. Eso nos alegra muchísimo, porque nosotros defendemos un país interior donde haya actividad económica, radicación, que no haya éxodo y que los jóvenes se queden trabajando.
Para continuar con este proceso de recuperación del sector, vemos en este proyecto un estímulo muy positivo. Hace mucho que veníamos hablando del tema de las amortizaciones aceleradas y entendíamos que tenía que llegar al sector agropecuario.
Lamentablemente, por lo que se ha dicho acá, nos hemos dado cuenta de que este proyecto en su mayoría no nos alcanza. Aspiramos a un proyecto que sea igualitario, transparente y general para que las pymes -en las que nos incluimos- podamos tener acceso a esto, y de esta forma empezar a consolidar estas mejoras, en las que tiene una gran incidencia lo tecnológico, y que van a continuar, a pesar de la caída de los precios internacionales, en la medida que tengamos el apoyo necesario.
Por ello venimos a plantear este tema, porque nos preocupó mucho que en la práctica nuestro sector quedaba afuera de este sistema. Este es nuestro mensaje en representación no sólo de CARBAP sino también de la gente de Confederaciones Rurales Argentinas y entendemos que de todos los productores del campo argentino, más allá de las ideas que circunstancialmente tengamos. Aquí está presente un ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, y sabe que cuando los problemas son serios el campo está unido pidiendo por sus cosas.
El asesor de CARBAP, Eduardo Franciosi, expondrá sobre la parte técnica del proyecto.
SR. FRANCIOSI Agradezco la oportunidad de hacer esta breve intervención comentando lo que nosotros pensamos que la legislación argentina debe incorporar en materia de premio a quien invierte.
Lamentablemente, el sistema tributario argentino no contempla en su normativa una legislación que premie a los contribuyentes que operen en el sistema legal y que realicen procesos de inversión.
Cuando nosotros tuvimos la referencia sobre esta iniciativa legal del Poder Ejecutivo consideramos que era una muy buena oportunidad para lograr esa finalidad de premiar al que invierte e incorporar al sistema legal y comercial un marco de transparencia. Creo que la oportunidad que presenta este proyecto es la de incorporar a las operaciones comerciales, mediante una normativa que así lo regule, la posibilidad de generar más empleo, más dinámica productiva a través de un sistema que identifique a quienes invierten y vaya dando en el mercado mayor transparencia comercial.
Esto es muy claro en distintos segmentos de diferentes actividades que podrían verse muy beneficiadas, como por ejemplo el sector ganadero, que año tras año requiere la incorporación de reproductores por genética para mejorar los planteles productivos y aumentar la producción de carne. Si la Argentina tuviera que afrontar una mayor demanda externa, como todos esperamos que esto se cristalice en los próximos años, vamos a tener serios inconvenientes a raíz del uso de una mayor superficie en la producción de soja para tener planteles ganaderos adecuados y con la capacidad y volumen de respuesta en términos de kilos de carne.
Entonces, vemos que un proyecto de esta naturaleza podría agregar valor en el sentido de ayudar a los productores a que inviertan en la adquisición de reproductores, puros de pedigree o puros registrados, mediante un mecanismo que incentive a adquirir una mayor cantidad de estos bienes.
Hoy, bajo el sistema actual, quien invierte debe tener declarados, lógicamente, esos fondos y haber pagado previamente los impuestos. Y esto implica que en vez de poder adquirir una mayor cantidad de ejemplares sólo adquiera uno o dos por año.
Con un mecanismo de amortización acelerada como el que plantea este proyecto, se daría la oportunidad de llevar a cabo una más importante incorporación de reproductores en el caso de la hacienda. Pero este mismo efecto también se produciría en la incorporación de maquinaria agrícola o en las inversiones por aumento de la capacidad para almacenaje de granos. Todos saben que la Argentina está creciendo muy fuertemente en su producción de cereales y oleaginosas, y seguramente, si en el próximo quinquenio alcanzamos, como muchos estudios lo anticipan, las 100 millones de toneladas, tendremos realmente un cuello de botella en lo que son los activos fijos dedicados al almacenamiento de estos bienes. Esto está avalado por estudios de entidades y organizaciones no gubernamentales que así anticipan los problemas que el país va a tener en esta materia, y creo que este proyecto presenta la oportunidad de dar la posibilidad de que quien esté deseoso de mejorar sus activos fijos o su capital de trabajo pueda hacerlo en mejores condiciones.
Como dije al principio, tengo la opinión de que el sistema tributario debe incorporar medidas que estimulen al que invierte. Hoy no las tiene. El sistema tributario argentino siempre fue muy remiso a otorgar premios al buen contribuyente. Desde que yo recuerdo en mi actuación profesional, que comenzó en 1980, en la década del 80 hubo un reembolso fiscal por inversiones que fue muy beneficioso, sobre todo porque abarcó a todos los sectores de la actividad económica y no estableció límites como este que estamos tratando, que lamentablemente tiene un sesgo que no incorpora a toda la actividad económica de la Argentina. Creo que eso no es bueno para la legislación argentina, particularmente la tributaria, sobre todo porque en el caso del campo, que padece el efecto de los impuestos distorsivos -es decir, los derechos a la exportación, el impuesto al cheque, la no aplicación del ajuste impositivo por inflación en los balances fiscales de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias-, todo ese fenómeno implica que se tengan que detraer cifras muy importantes del capital de trabajo de las explotaciones.
Por eso creemos que en el debate que tenga lugar en el recinto de este Parlamento debe contemplarse al campo dentro de los sectores comprendidos por esta iniciativa legal que desde ya considero muy positiva.
Tengo en mi poder algunos trabajos míos que han sido publicados donde figuran los datos que acabo de mencionar. Para no extenderme más de la cuenta, dejaré copia de esos trabajos en la comisión para que los señores diputados puedan consultarlos.
Por último quiero señalar que el sistema tributario argentino no tiene demasiada experiencia en el régimen de amortización acelerada. Durante la década del noventa se sancionó una ley, la 23.871, en virtud de la cual se lo implementó durante dos años. La administración tributaria fue exitosa, y además sirvió para que se promoviera la inversión en una forma genérica y sin exclusiones.
Cuando se adopta un sistema de amortización acelerada o de devolución anticipada es muy importante no generar quebrantos impositivos. Es decir que quien accede a él tiene que hacerlo básicamente sobre la idea de invertir en un camino productivo sin generar beneficios que la legislación no contempla.
Además pienso que se tendría que incorporar en el proyecto en discusión aquella disposición de la ley 23.871 que decía que las inversiones debían mantenerse por un plazo mayor que dos años y que en caso de que hubiera venta y reemplazo éste se haría con bienes de la misma categoría y valor.
Esto es todo lo que quería decir, señor presidente, y desde ya agradezco esta oportunidad para hacer estos comentarios.
Lamentablemente, el sistema tributario argentino no contempla en su normativa una legislación que premie a los contribuyentes que operen en el sistema legal y que realicen procesos de inversión.
Cuando nosotros tuvimos la referencia sobre esta iniciativa legal del Poder Ejecutivo consideramos que era una muy buena oportunidad para lograr esa finalidad de premiar al que invierte e incorporar al sistema legal y comercial un marco de transparencia. Creo que la oportunidad que presenta este proyecto es la de incorporar a las operaciones comerciales, mediante una normativa que así lo regule, la posibilidad de generar más empleo, más dinámica productiva a través de un sistema que identifique a quienes invierten y vaya dando en el mercado mayor transparencia comercial.
Esto es muy claro en distintos segmentos de diferentes actividades que podrían verse muy beneficiadas, como por ejemplo el sector ganadero, que año tras año requiere la incorporación de reproductores por genética para mejorar los planteles productivos y aumentar la producción de carne. Si la Argentina tuviera que afrontar una mayor demanda externa, como todos esperamos que esto se cristalice en los próximos años, vamos a tener serios inconvenientes a raíz del uso de una mayor superficie en la producción de soja para tener planteles ganaderos adecuados y con la capacidad y volumen de respuesta en términos de kilos de carne.
Entonces, vemos que un proyecto de esta naturaleza podría agregar valor en el sentido de ayudar a los productores a que inviertan en la adquisición de reproductores, puros de pedigree o puros registrados, mediante un mecanismo que incentive a adquirir una mayor cantidad de estos bienes.
Hoy, bajo el sistema actual, quien invierte debe tener declarados, lógicamente, esos fondos y haber pagado previamente los impuestos. Y esto implica que en vez de poder adquirir una mayor cantidad de ejemplares sólo adquiera uno o dos por año.
Con un mecanismo de amortización acelerada como el que plantea este proyecto, se daría la oportunidad de llevar a cabo una más importante incorporación de reproductores en el caso de la hacienda. Pero este mismo efecto también se produciría en la incorporación de maquinaria agrícola o en las inversiones por aumento de la capacidad para almacenaje de granos. Todos saben que la Argentina está creciendo muy fuertemente en su producción de cereales y oleaginosas, y seguramente, si en el próximo quinquenio alcanzamos, como muchos estudios lo anticipan, las 100 millones de toneladas, tendremos realmente un cuello de botella en lo que son los activos fijos dedicados al almacenamiento de estos bienes. Esto está avalado por estudios de entidades y organizaciones no gubernamentales que así anticipan los problemas que el país va a tener en esta materia, y creo que este proyecto presenta la oportunidad de dar la posibilidad de que quien esté deseoso de mejorar sus activos fijos o su capital de trabajo pueda hacerlo en mejores condiciones.
Como dije al principio, tengo la opinión de que el sistema tributario debe incorporar medidas que estimulen al que invierte. Hoy no las tiene. El sistema tributario argentino siempre fue muy remiso a otorgar premios al buen contribuyente. Desde que yo recuerdo en mi actuación profesional, que comenzó en 1980, en la década del 80 hubo un reembolso fiscal por inversiones que fue muy beneficioso, sobre todo porque abarcó a todos los sectores de la actividad económica y no estableció límites como este que estamos tratando, que lamentablemente tiene un sesgo que no incorpora a toda la actividad económica de la Argentina. Creo que eso no es bueno para la legislación argentina, particularmente la tributaria, sobre todo porque en el caso del campo, que padece el efecto de los impuestos distorsivos -es decir, los derechos a la exportación, el impuesto al cheque, la no aplicación del ajuste impositivo por inflación en los balances fiscales de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias-, todo ese fenómeno implica que se tengan que detraer cifras muy importantes del capital de trabajo de las explotaciones.
Por eso creemos que en el debate que tenga lugar en el recinto de este Parlamento debe contemplarse al campo dentro de los sectores comprendidos por esta iniciativa legal que desde ya considero muy positiva.
Tengo en mi poder algunos trabajos míos que han sido publicados donde figuran los datos que acabo de mencionar. Para no extenderme más de la cuenta, dejaré copia de esos trabajos en la comisión para que los señores diputados puedan consultarlos.
Por último quiero señalar que el sistema tributario argentino no tiene demasiada experiencia en el régimen de amortización acelerada. Durante la década del noventa se sancionó una ley, la 23.871, en virtud de la cual se lo implementó durante dos años. La administración tributaria fue exitosa, y además sirvió para que se promoviera la inversión en una forma genérica y sin exclusiones.
Cuando se adopta un sistema de amortización acelerada o de devolución anticipada es muy importante no generar quebrantos impositivos. Es decir que quien accede a él tiene que hacerlo básicamente sobre la idea de invertir en un camino productivo sin generar beneficios que la legislación no contempla.
Además pienso que se tendría que incorporar en el proyecto en discusión aquella disposición de la ley 23.871 que decía que las inversiones debían mantenerse por un plazo mayor que dos años y que en caso de que hubiera venta y reemplazo éste se haría con bienes de la misma categoría y valor.
Esto es todo lo que quería decir, señor presidente, y desde ya agradezco esta oportunidad para hacer estos comentarios.
SR. PRESIDENTE BROWN Antes de conceder el uso de la palabra al señor diputado Alchouron, quiero preguntar a los representantes de CARBAP y CRA qué creen que se debería agregar al régimen transitorio que se instituye por este proyecto de ley -contenido en el expediente
0012-pe-04- en relación con el sector del campo.
Tiene la palabra el señor Llambías.
Tiene la palabra el señor Llambías.
SR. LLAMBÍAS Señor presidente: creemos que el régimen tiene que ser abierto. La modificación propuesta por el señor diputado Alchouron, de que el texto legal haga referencia a las inversiones productivas, tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo.
No nos sentimos completamente alcanzados por este proyecto, y cuando empezamos a avanzar en las iniciativas que están circulando relacionadas con una posible reglamentación nos damos cuenta de que nuestro sector queda excluido. Reiteramos que el régimen debe ser general e igualitario para que todas las pymes tengan la oportunidad de acceder a él.
Eso es, a nuestro entender, lo que habría que incorporar a la iniciativa en consideración.
No nos sentimos completamente alcanzados por este proyecto, y cuando empezamos a avanzar en las iniciativas que están circulando relacionadas con una posible reglamentación nos damos cuenta de que nuestro sector queda excluido. Reiteramos que el régimen debe ser general e igualitario para que todas las pymes tengan la oportunidad de acceder a él.
Eso es, a nuestro entender, lo que habría que incorporar a la iniciativa en consideración.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Alchouron.
SR. ALCHOURON Señor presidente: me alegra que CRA y CARBAP estén aquí haciendo su presentación porque me parece un hecho importante.
Desde el primer momento que vi el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo noté que realmente había no digo una discriminación deliberada pero sí una omisión. Esto ya lo hablamos en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también con usted, señor presidente, que comprende el tema con claridad.
Mi posición es que sí o sí -aunque ello dependerá de lo que se decida en el recinto- debemos procurar que se agregue al texto del proyecto la expresión "inversión productiva", para que además de la industria y el agro se comprenda a otras actividades, como por ejemplo el turismo.
La iniciativa es buena, pero indiscutiblemente tiene que contemplar a todo el sistema productivo y, como se dijo en el transcurso de esta reunión, a las pequeñas y medianas empresas. Si no lo hacemos entonces sí parecerá que estamos cayendo en una discriminación.
He querido hacer este planteo en presencia de los dirigentes del sector rural para que quede en claro que este tema nos preocupa mucho y que cuando se trate en el recinto intentaremos que se incorpore la expresión "inversión productiva".
Desde el primer momento que vi el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo noté que realmente había no digo una discriminación deliberada pero sí una omisión. Esto ya lo hablamos en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también con usted, señor presidente, que comprende el tema con claridad.
Mi posición es que sí o sí -aunque ello dependerá de lo que se decida en el recinto- debemos procurar que se agregue al texto del proyecto la expresión "inversión productiva", para que además de la industria y el agro se comprenda a otras actividades, como por ejemplo el turismo.
La iniciativa es buena, pero indiscutiblemente tiene que contemplar a todo el sistema productivo y, como se dijo en el transcurso de esta reunión, a las pequeñas y medianas empresas. Si no lo hacemos entonces sí parecerá que estamos cayendo en una discriminación.
He querido hacer este planteo en presencia de los dirigentes del sector rural para que quede en claro que este tema nos preocupa mucho y que cuando se trate en el recinto intentaremos que se incorpore la expresión "inversión productiva".
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Señor presidente: quiero hacer hincapié en el anteproyecto de dictamen suscripto en minoría por los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda pertenecientes a la Unión Cívica Radical y que será apoyado por los integrantes de ese bloque que formamos parte de esta comisión, aunque seguramente con algún aditamento en lo que se refiere al aspecto estrictamente industrial.
¿Por qué digo esto? Nuestro bloque ha determinado en el dictamen que serán beneficiadas las pymes que estén en el sector agroindustrial, lo que está abriendo una puerta interesante a todo lo que tiene que ver con el sector primario, es decir, con la segunda etapa. Si bien este proyecto está tendiendo a tratar de que el país tenga una política industrial porque está favoreciendo al sector industrial con una medida de beneficio impositivo, tenemos que tratar de que también le llegue al sector agropecuario de algún modo, en la etapa que justamente pasa a ser industrial, es decir, cuando hablamos de lo agroindustrial.
Por eso entendemos que en gran parte el sector agropecuario, en su etapa agroindustrial, va a estar contemplado en el proyecto en la medida en que la propuesta de minoría que ha presentado el bloque de la Unión Cívica Radical sea tenida en cuenta en el plenario de esta Honorable Cámara.
¿Por qué digo esto? Nuestro bloque ha determinado en el dictamen que serán beneficiadas las pymes que estén en el sector agroindustrial, lo que está abriendo una puerta interesante a todo lo que tiene que ver con el sector primario, es decir, con la segunda etapa. Si bien este proyecto está tendiendo a tratar de que el país tenga una política industrial porque está favoreciendo al sector industrial con una medida de beneficio impositivo, tenemos que tratar de que también le llegue al sector agropecuario de algún modo, en la etapa que justamente pasa a ser industrial, es decir, cuando hablamos de lo agroindustrial.
Por eso entendemos que en gran parte el sector agropecuario, en su etapa agroindustrial, va a estar contemplado en el proyecto en la medida en que la propuesta de minoría que ha presentado el bloque de la Unión Cívica Radical sea tenida en cuenta en el plenario de esta Honorable Cámara.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
SR. GIUBERGIA Señor presidente: pertenezco a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde los representantes de la bancada de la Unión Cívica Radical elaboramos este anteproyecto de dictamen de minoría. También vemos el inconveniente que presenta el proyecto del Poder Ejecutivo, en el sentido de que para las obras de infraestructura no hay límite, porque los mil millones de pesos que se establecen para crédito fiscal están determinados para otras situaciones. En cuanto son obras de infraestructura, tal como la del gasoducto, donde está apuntando fundamentalmente este proyecto, son ilimitadas.
Entonces, creemos que debemos evaluar esto. Por eso justamente habíamos planteado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la que había concurrido el señor presidente de la Comisión de Industria, la necesidad de analizar este tema en una semana y lograr un dictamen consensuado. Lamentablemente las urgencias del partido gobernante no dejaron avanzar en este tema. Por eso hemos emitido este anteproyecto de dictamen, donde justamente estamos contemplando a las pequeñas y medianas empresas.
Nosotros creemos que es necesario llevar adelante políticas activas desde el Estado, pero debemos ver a qué sectores están dirigidas y cuáles son los beneficios. Y en esto no nos cabe la menor duda de que quienes ocupan la mayor cantidad de mano de obra son fundamentalmente las pymes. Aquí también queremos hacer un país integral y no solamente en una región central determinada.
Por eso es que en relación con estos montos, que se incrementan de 1.000 millones de pesos a 1.400 millones de la misma moneda, estamos planteando la necesidad de que tengan la misma distribución que la coparticipación secundaria que establece la ley de coparticipación, a fin de que las distintas regiones del país puedan ser partícipes de esto y tener estos beneficios.
Entonces, creemos que debemos evaluar esto. Por eso justamente habíamos planteado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la que había concurrido el señor presidente de la Comisión de Industria, la necesidad de analizar este tema en una semana y lograr un dictamen consensuado. Lamentablemente las urgencias del partido gobernante no dejaron avanzar en este tema. Por eso hemos emitido este anteproyecto de dictamen, donde justamente estamos contemplando a las pequeñas y medianas empresas.
Nosotros creemos que es necesario llevar adelante políticas activas desde el Estado, pero debemos ver a qué sectores están dirigidas y cuáles son los beneficios. Y en esto no nos cabe la menor duda de que quienes ocupan la mayor cantidad de mano de obra son fundamentalmente las pymes. Aquí también queremos hacer un país integral y no solamente en una región central determinada.
Por eso es que en relación con estos montos, que se incrementan de 1.000 millones de pesos a 1.400 millones de la misma moneda, estamos planteando la necesidad de que tengan la misma distribución que la coparticipación secundaria que establece la ley de coparticipación, a fin de que las distintas regiones del país puedan ser partícipes de esto y tener estos beneficios.
SR. PRESIDENTE BROWN En nombre de la Comisión de Industria quiero expresar mi agradecimiento a los señores representantes de CARBAP por su presencia en esta reunión. Como dijimos en su momento a los señores representantes de ADIMRA, esta comisión, luego de estas charlas con las distintas entidades representativas, va a tomar una resolución al respecto. Seguramente muchos de nosotros vamos a hacer hincapié en el recinto en estos puntos que ustedes han señalado y que nos parecen absolutamente atendibles.
Se retiran de la sala de reuniones los representantes de CARBAP, señores Llambías y Franciosi. Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE BROWN Damos la bienvenida a los señores representantes de la Unión Industrial Argentina.
Contamos con la presencia del vicepresidente 3° de la UIA, doctor Federico Nicholson; del secretario, Juan Carlos Sacco; del director ejecutivo, licenciado Luis González Estéves; del presidente de la Comisión de Política Fiscal, doctor Antonio Cotta Ramusino, y del señor Martín Dedeu. Aclaro que el presidente, Alberto Alvarez Gaiani, está viniendo en estos momentos hacia aquí; seguramente se ha retrasado por el tránsito.
Quiero comentar a los señores diputados y a los representantes de la UIA que desde los distintos bloques nos han solicitado que a las doce cincuenta estemos en el edificio principal del Congreso porque seguramente si cruzamos más tarde, nos encontremos con algunas dificultades para ingresar.
Por lo tanto, vamos a tratar de hacer la reunión lo más rápido posible porque luego de lo expresado por las tres entidades que hoy nos visitaron, las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda -hoy se encuentra presente su vicepresidente, el diputado Giubergia, además de otros señores diputados integrantes de esa comisión- vamos a analizar la información recibida para elaborar el dictamen pertinente.
Por lo tanto, queremos escuchar cuál es la opinión de la UIA en relación con el proyecto del Poder Ejecutivo vinculado con la implementación de un régimen transitorio acordando un tratamiento fiscal para las inversiones en bienes de capital con destino a la actividad industrial y a la ejecución de obras de infraestructura.
Tiene la palabra el doctor Nicholson.
Contamos con la presencia del vicepresidente 3° de la UIA, doctor Federico Nicholson; del secretario, Juan Carlos Sacco; del director ejecutivo, licenciado Luis González Estéves; del presidente de la Comisión de Política Fiscal, doctor Antonio Cotta Ramusino, y del señor Martín Dedeu. Aclaro que el presidente, Alberto Alvarez Gaiani, está viniendo en estos momentos hacia aquí; seguramente se ha retrasado por el tránsito.
Quiero comentar a los señores diputados y a los representantes de la UIA que desde los distintos bloques nos han solicitado que a las doce cincuenta estemos en el edificio principal del Congreso porque seguramente si cruzamos más tarde, nos encontremos con algunas dificultades para ingresar.
Por lo tanto, vamos a tratar de hacer la reunión lo más rápido posible porque luego de lo expresado por las tres entidades que hoy nos visitaron, las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda -hoy se encuentra presente su vicepresidente, el diputado Giubergia, además de otros señores diputados integrantes de esa comisión- vamos a analizar la información recibida para elaborar el dictamen pertinente.
Por lo tanto, queremos escuchar cuál es la opinión de la UIA en relación con el proyecto del Poder Ejecutivo vinculado con la implementación de un régimen transitorio acordando un tratamiento fiscal para las inversiones en bienes de capital con destino a la actividad industrial y a la ejecución de obras de infraestructura.
Tiene la palabra el doctor Nicholson.
SR. NICHOLSON En nombre de la UIA quiero agradecer a la Comisión por recibirnos en esta reunión. El doctor Alvarez Gaiani está un poco demorado, pero ya debe estar por llegar.
El presidente de nuestra Comisión de Política Fiscal, doctor Cotta Ramusino, va a hacer algunos breves comentarios con respecto a este proyecto que nos interesa mucho, ya que da aliento y estímulo que en forma imprescindible necesita la inversión en la Argentina hoy en día.
Quiero dejar en claro que estamos muy a favor del proyecto, pero deseo manifestar que sí tenemos algunos reparos y observaciones sobre esta iniciativa, y se las vamos a hacer conocer. Por supuesto, estos comentarios van a constar en una carpeta que va a quedar a disposición de los señores diputados.
El presidente de nuestra Comisión de Política Fiscal, doctor Cotta Ramusino, va a hacer algunos breves comentarios con respecto a este proyecto que nos interesa mucho, ya que da aliento y estímulo que en forma imprescindible necesita la inversión en la Argentina hoy en día.
Quiero dejar en claro que estamos muy a favor del proyecto, pero deseo manifestar que sí tenemos algunos reparos y observaciones sobre esta iniciativa, y se las vamos a hacer conocer. Por supuesto, estos comentarios van a constar en una carpeta que va a quedar a disposición de los señores diputados.
SR. COTTA RAMUSINO Tal como decía el doctor Nicholson, creo que en realidad más que observaciones y condicionamientos, estamos trayendo prácticamente verdaderos aportes teniendo en cuenta las finalidades que consideró el Poder Ejecutivo al remitir al Parlamento este proyecto de ley tendiente a obtener mayores inversiones y por supuesto apuntar al crecimiento del sector productivo, para lo cual ha combinado esta medida con el efecto fiscal.
Quiero marcar seis puntos, que son los más importantes. El primero de ellos se refiere justamente a la medida que utiliza el Poder Ejecutivo, es decir, el instrumento tributario, y dentro de este concepto ha reeditado dentro del proyecto de ley lo que desde hace largos años se ha dado en llamar cupo fiscal anual.
Me refiero a lo que en teoría tributaria se conoce como gasto tributario u otra denominación y que en el fondo significaría la merma de la recaudación.
Desde el punto de vista verdaderamente económico, y aún financiero, la temática que desarrolla este proyecto en rigor no se trata estrictamente de un costo fiscal sino simplemente de un diferimiento o desplazamiento de la carga tributaria en pos de facilitar a las empresas la adquisición o construcción de bienes de uso o de capital tendientes a incrementar sus proyectos y generar nuevos.
Es decir que no estamos negando absolutamente que lógicamente el Estado está dejando de percibir impuestos con esta espera.
Pero lo que sí estamos pudiendo afirmar claramente es que se trata, en primer término, respecto del IVA, que es uno de los impuestos que está incidiendo en esta temática, de inversiones adicionales que generan un impuesto adicional.
De manera tal que aquí no podríamos hablar estrictamente de un impuesto. Por el contrario, observen que si estas inversiones adicionales no se generaran no existiría verdaderamente el impuesto al valor agregado. Y todo lo que está haciendo el proyecto de ley es permitir su devolución anticipada, es decir, dentro de los noventa días de generadas estas inversiones, cuando la empresa postulante no ha tenido oportunidad de hacerlos efectivos por la vía del cómputo del crédito fiscal, tal como lo establece la ley del impuesto al valor agregado. En ese sentido es un buen aporte, pero de todos modos reitero que no hay un verdadero costo fiscal en esta medida.
En cuanto al impuesto a las ganancias, la otra medida que está ligada al sistema de esta iniciativa, se trata, como bien dice la norma, de una amortización acelerada y de una postergación del impuesto en el tiempo, teniendo en cuenta que la mayor amortización incidirá o actuará en detrimento de los resultados. Pero hete aquí que se supone que los resultados van a ser incrementales. De manera que tampoco existiría virtualmente el cupo fiscal.
Hechas estas observaciones, que parecerían no condecirse demasiado con la ley 21.608 -que es de vieja data y que había creado este instituto del costo fiscal teórico a imputar en la ley de presupuesto anual-, y admitiendo que se insista en la necesidad de que este sea un limitante para la concesión de este tipo de beneficios tributarios, en todo caso lo que estábamos proponiendo era incrementar el cupo y además unificarlo para ambos impuestos.
¿Qué queremos decir con esto? Como ustedes deben recordar, en el proyecto de ley en realidad se está planteando una alternativa. Es decir que el que opte por el beneficio del IVA no obtendrá el correspondiente al impuesto a las ganancias, y viceversa.
Lo que estamos proponiendo -y esto consta en el punto segundo de la nota que el señor secretario ha entregado a esta comisión- es que se unifiquen y se vaya determinando esto, quizás al formular el proyecto definitivo -según el mecanismo que la ley prevé ante la autoridad de aplicación- o en alguna otra circunstancia que se determine reglamentariamente. Pero que este sea unificado. Estos 700 millones de pesos para el IVA y estos 300 millones de la misma moneda para el impuesto a las ganancias cuyo incremento estamos proponiendo debería hacerse, desde nuestro punto de vista, en forma unificada.
Pero adicionalmente -y esto resulta particularmente importante- lo que estábamos propugnando desde el punto de vista de nuestra entidad era que se estableciera un cupo adicional diferente de este, destinado a las pequeñas y medianas empresas, quizás con un mecanismo de bastante mayor agilidad y permitiendo que éstas se encuentren así en condiciones de acceder más rápidamente a los beneficios.
Quiero marcar seis puntos, que son los más importantes. El primero de ellos se refiere justamente a la medida que utiliza el Poder Ejecutivo, es decir, el instrumento tributario, y dentro de este concepto ha reeditado dentro del proyecto de ley lo que desde hace largos años se ha dado en llamar cupo fiscal anual.
Me refiero a lo que en teoría tributaria se conoce como gasto tributario u otra denominación y que en el fondo significaría la merma de la recaudación.
Desde el punto de vista verdaderamente económico, y aún financiero, la temática que desarrolla este proyecto en rigor no se trata estrictamente de un costo fiscal sino simplemente de un diferimiento o desplazamiento de la carga tributaria en pos de facilitar a las empresas la adquisición o construcción de bienes de uso o de capital tendientes a incrementar sus proyectos y generar nuevos.
Es decir que no estamos negando absolutamente que lógicamente el Estado está dejando de percibir impuestos con esta espera.
Pero lo que sí estamos pudiendo afirmar claramente es que se trata, en primer término, respecto del IVA, que es uno de los impuestos que está incidiendo en esta temática, de inversiones adicionales que generan un impuesto adicional.
De manera tal que aquí no podríamos hablar estrictamente de un impuesto. Por el contrario, observen que si estas inversiones adicionales no se generaran no existiría verdaderamente el impuesto al valor agregado. Y todo lo que está haciendo el proyecto de ley es permitir su devolución anticipada, es decir, dentro de los noventa días de generadas estas inversiones, cuando la empresa postulante no ha tenido oportunidad de hacerlos efectivos por la vía del cómputo del crédito fiscal, tal como lo establece la ley del impuesto al valor agregado. En ese sentido es un buen aporte, pero de todos modos reitero que no hay un verdadero costo fiscal en esta medida.
En cuanto al impuesto a las ganancias, la otra medida que está ligada al sistema de esta iniciativa, se trata, como bien dice la norma, de una amortización acelerada y de una postergación del impuesto en el tiempo, teniendo en cuenta que la mayor amortización incidirá o actuará en detrimento de los resultados. Pero hete aquí que se supone que los resultados van a ser incrementales. De manera que tampoco existiría virtualmente el cupo fiscal.
Hechas estas observaciones, que parecerían no condecirse demasiado con la ley 21.608 -que es de vieja data y que había creado este instituto del costo fiscal teórico a imputar en la ley de presupuesto anual-, y admitiendo que se insista en la necesidad de que este sea un limitante para la concesión de este tipo de beneficios tributarios, en todo caso lo que estábamos proponiendo era incrementar el cupo y además unificarlo para ambos impuestos.
¿Qué queremos decir con esto? Como ustedes deben recordar, en el proyecto de ley en realidad se está planteando una alternativa. Es decir que el que opte por el beneficio del IVA no obtendrá el correspondiente al impuesto a las ganancias, y viceversa.
Lo que estamos proponiendo -y esto consta en el punto segundo de la nota que el señor secretario ha entregado a esta comisión- es que se unifiquen y se vaya determinando esto, quizás al formular el proyecto definitivo -según el mecanismo que la ley prevé ante la autoridad de aplicación- o en alguna otra circunstancia que se determine reglamentariamente. Pero que este sea unificado. Estos 700 millones de pesos para el IVA y estos 300 millones de la misma moneda para el impuesto a las ganancias cuyo incremento estamos proponiendo debería hacerse, desde nuestro punto de vista, en forma unificada.
Pero adicionalmente -y esto resulta particularmente importante- lo que estábamos propugnando desde el punto de vista de nuestra entidad era que se estableciera un cupo adicional diferente de este, destinado a las pequeñas y medianas empresas, quizás con un mecanismo de bastante mayor agilidad y permitiendo que éstas se encuentren así en condiciones de acceder más rápidamente a los beneficios.
SR. NICHOLSON Resumiendo, la posición de la Unión Industrial Argentina sería, primero, que no haya cupo, por dos razones: porque no hay costo fiscal y además porque consideramos que el cupo no sería un buen instrumento, porque todo el tema de su distribución es un problema. La experiencia nos enseña que las distribuciones de cupos siempre son un problema, ya que a unos se les da y a otros no, es decir, hay todo un tema de discrecionalidad.
Nosotros preferimos que no haya cupo por esas dos razones. Si lo hubiera, consideramos que debe ser ampliado, que deben unificarse las partes de IVA y de amortización acelerada de ganancias y que deben determinarse un tramo especial para que pueda ser asignado a las pequeñas y medianas empresas. Este es un resumen del primer punto.
Nosotros preferimos que no haya cupo por esas dos razones. Si lo hubiera, consideramos que debe ser ampliado, que deben unificarse las partes de IVA y de amortización acelerada de ganancias y que deben determinarse un tramo especial para que pueda ser asignado a las pequeñas y medianas empresas. Este es un resumen del primer punto.
SR. COTTA RAMUSINO Hemos unificado dos de los puntos en esta pequeña explicación.
El otro aspecto que si bien no nos ha generado alguna preocupación pero por lo menos nos ha llamado la atención está dado por el breve lapso por el que se están concediendo estos beneficios, de apenas treinta y seis meses. Al respecto, en definitiva debemos considerar esto de algún modo como una decisión política, a lo mejor para medir los resultados en un lapso dado y no dejarlos abiertos en el tiempo.
Adicionalmente observamos que, en realidad, los treinta y seis meses de vigencia del régimen proyectado comenzarían a partir de la puesta en marcha de la ley. Pero fíjense los señores diputados que la instrumentación efectiva de la ley estará condicionada, en todo caso, al dictado de la reglamentación y de las normas operativas por parte de la autoridad de aplicación y aun del organismo fiscal. Es decir que buena parte de ese período de treinta y seis meses puede quedar subsumido en el tiempo en que se determinarán las reglas operativas necesarias.
Por lo tanto, de insistirse con la limitación temporal, propugnamos que esos treinta y seis meses comiencen a contarse a partir del dictado de las medidas operativas. Luego, si la experiencia indicare a la autoridad económica que esta medida puede ser razonablemente prorrogada, solicitamos que mediante resolución se amplíe la vigencia del régimen propuesto por un término similar o el que se establezca en su momento.
Otro punto importante, que se relaciona con la esencia misma de este sistema, es el concepto de bienes amortizables, que lamentablemente no está demasiado explicitado. En el trabajo que elaboramos, y que forma parte de la carpeta que dejamos en la comisión, afirmamos que pese a que normalmente las leyes establecen un marco y alguna línea conductiva, para evitar discusiones -que siempre son desagradables- se defina el concepto de bienes amortizables, que a nuestro juicio deben comprender no sólo la compra y fabricación de instrumentos -maquinarias, equipos, etcétera- sino también la locación de obras y servicios necesarios para su construcción, instalación y puesta en funcionamiento.
Por otra parte, respecto de la amortización acelerada -es decir que ahora nos encontramos en el campo del impuesto a las ganancias-, el proyecto de ley dispone que dicho sistema será aplicable a las inversiones realizadas con posterioridad a la vigencia de la norma. Nuestra solicitud es que también se contemple a quienes ya asumieron la decisión de invertir y que, por lo tanto, van en la dirección señalada por el Poder Ejecutivo. Es decir que se incluyan aquellas inversiones en bienes de capital efectuadas a partir del 1° de enero del corriente año.
Otra de nuestras observaciones se refiere al decaimiento del beneficio. Es bien sabido que muchas veces hay patologías en la operación tributaria normal de las empresas que pueden generar cuestionamientos, discusiones, etcétera. Lamentablemente, desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley permite resolver esos inconvenientes sin sustanciación por la vía del pago de las diferencias que reclame el fisco, enervando de esa manera el derecho de defensa a que hace referencia la ley de procedimientos fiscales a partir del artículo 16.
Esto no nos parece suficientemente equitativo. Los señores diputados pensarán que la medida tiene racionalidad, pero yo creo que le falta la legalidad necesaria porque si bien se establece que será de aplicación la ley 11.683, al ser el fisco quien puede realizar el cuestionamiento se está dejando de lado un aspecto importante: la defensa de los intereses de los particulares.
La última de nuestras propuestas tiene que ver con las exclusiones. De acuerdo con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo no serán susceptibles de incorporarse al régimen propuesto las inversiones realizadas en el marco de la ley 24.402. Como recordarán los señores diputados, la mencionada norma se refería al financiamiento no del IVA sino de las empresas industriales que importaran, adquirieran o fabricaran bienes de uso, pagaran el IVA y obtuvieran un crédito bancario susceptible de ser disminuido en hasta un 12 por ciento, en tanto sus proyectos de inversión fueran aprobados por la Secretaría de Industria -o la denominación que corresponda actualmente- en el marco del mecanismo de crédito fiscal concedido a los bancos que redujeran la tasa de interés en ese porcentaje.
En el fondo, ustedes se dan cuenta claramente de que la empresa postulante ha ingresado el IVA. Lo que ha obtenido es un crédito destinado a financiar sus operaciones, no estrictamente las de compra de bienes de capital, sino que debe demostrar, dentro de ese proyecto, que tiene una nueva actividad de exportaciones o un crecimiento en una medida sustancial respecto de las exportaciones que venía realizando.
Concretamente, se trata de una especie de crédito "de prepo" o financiación de actividades de exportación que no necesariamente están vinculadas con este proyecto.
El otro aspecto que si bien no nos ha generado alguna preocupación pero por lo menos nos ha llamado la atención está dado por el breve lapso por el que se están concediendo estos beneficios, de apenas treinta y seis meses. Al respecto, en definitiva debemos considerar esto de algún modo como una decisión política, a lo mejor para medir los resultados en un lapso dado y no dejarlos abiertos en el tiempo.
Adicionalmente observamos que, en realidad, los treinta y seis meses de vigencia del régimen proyectado comenzarían a partir de la puesta en marcha de la ley. Pero fíjense los señores diputados que la instrumentación efectiva de la ley estará condicionada, en todo caso, al dictado de la reglamentación y de las normas operativas por parte de la autoridad de aplicación y aun del organismo fiscal. Es decir que buena parte de ese período de treinta y seis meses puede quedar subsumido en el tiempo en que se determinarán las reglas operativas necesarias.
Por lo tanto, de insistirse con la limitación temporal, propugnamos que esos treinta y seis meses comiencen a contarse a partir del dictado de las medidas operativas. Luego, si la experiencia indicare a la autoridad económica que esta medida puede ser razonablemente prorrogada, solicitamos que mediante resolución se amplíe la vigencia del régimen propuesto por un término similar o el que se establezca en su momento.
Otro punto importante, que se relaciona con la esencia misma de este sistema, es el concepto de bienes amortizables, que lamentablemente no está demasiado explicitado. En el trabajo que elaboramos, y que forma parte de la carpeta que dejamos en la comisión, afirmamos que pese a que normalmente las leyes establecen un marco y alguna línea conductiva, para evitar discusiones -que siempre son desagradables- se defina el concepto de bienes amortizables, que a nuestro juicio deben comprender no sólo la compra y fabricación de instrumentos -maquinarias, equipos, etcétera- sino también la locación de obras y servicios necesarios para su construcción, instalación y puesta en funcionamiento.
Por otra parte, respecto de la amortización acelerada -es decir que ahora nos encontramos en el campo del impuesto a las ganancias-, el proyecto de ley dispone que dicho sistema será aplicable a las inversiones realizadas con posterioridad a la vigencia de la norma. Nuestra solicitud es que también se contemple a quienes ya asumieron la decisión de invertir y que, por lo tanto, van en la dirección señalada por el Poder Ejecutivo. Es decir que se incluyan aquellas inversiones en bienes de capital efectuadas a partir del 1° de enero del corriente año.
Otra de nuestras observaciones se refiere al decaimiento del beneficio. Es bien sabido que muchas veces hay patologías en la operación tributaria normal de las empresas que pueden generar cuestionamientos, discusiones, etcétera. Lamentablemente, desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley permite resolver esos inconvenientes sin sustanciación por la vía del pago de las diferencias que reclame el fisco, enervando de esa manera el derecho de defensa a que hace referencia la ley de procedimientos fiscales a partir del artículo 16.
Esto no nos parece suficientemente equitativo. Los señores diputados pensarán que la medida tiene racionalidad, pero yo creo que le falta la legalidad necesaria porque si bien se establece que será de aplicación la ley 11.683, al ser el fisco quien puede realizar el cuestionamiento se está dejando de lado un aspecto importante: la defensa de los intereses de los particulares.
La última de nuestras propuestas tiene que ver con las exclusiones. De acuerdo con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo no serán susceptibles de incorporarse al régimen propuesto las inversiones realizadas en el marco de la ley 24.402. Como recordarán los señores diputados, la mencionada norma se refería al financiamiento no del IVA sino de las empresas industriales que importaran, adquirieran o fabricaran bienes de uso, pagaran el IVA y obtuvieran un crédito bancario susceptible de ser disminuido en hasta un 12 por ciento, en tanto sus proyectos de inversión fueran aprobados por la Secretaría de Industria -o la denominación que corresponda actualmente- en el marco del mecanismo de crédito fiscal concedido a los bancos que redujeran la tasa de interés en ese porcentaje.
En el fondo, ustedes se dan cuenta claramente de que la empresa postulante ha ingresado el IVA. Lo que ha obtenido es un crédito destinado a financiar sus operaciones, no estrictamente las de compra de bienes de capital, sino que debe demostrar, dentro de ese proyecto, que tiene una nueva actividad de exportaciones o un crecimiento en una medida sustancial respecto de las exportaciones que venía realizando.
Concretamente, se trata de una especie de crédito "de prepo" o financiación de actividades de exportación que no necesariamente están vinculadas con este proyecto.
SR. PRESIDENTE BROWN Se ha incorporado a la reunión el señor presidente de la Unión Industrial Argentina, doctor Alberto Alvarez Gaiani, a quien damos la bienvenida. Hemos comenzado sin su presencia, porque sabíamos que su llegada a esta reunión se había demorado un poco a raíz de los problemas de tránsito. Nosotros tenemos alguna urgencia en materia de tiempo vinculada con la sesión que la Honorable Cámara debe celebrar esta tarde.
Tiene la palabra el doctor Alvarez Gaiani.
Tiene la palabra el doctor Alvarez Gaiani.
SR. ALVAREZ GAIANI Señor presidente: indudablemente, este es un tema de gran preocupación para la Unión Industrial Argentina. Muchos de los legisladores saben lo que hemos estado detrás de este tema. En su momento lo hemos peleado dentro del Poder Ejecutivo, haciendo todas las presentaciones necesarias. Y oportunamente tuvimos una buena recepción por parte de esta Cámara de Diputados. Pero hasta ahora seguimos un poco como el primer día, por lo que estamos intentando nuevamente ver cómo solucionamos este problema.
No sé si el señor vicepresidente de la UIA, ingeniero Nicholson, ha hecho algún comentario.
No sé si el señor vicepresidente de la UIA, ingeniero Nicholson, ha hecho algún comentario.
SR. ALCHOURON Dijeron todo. (Risas.)
SR. PRESIDENTE BROWN Tengo en mi poder la nota presentada, que lleva la firma del presidente y que vamos a circularizar entre todos los integrantes de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda. ¿Ustedes quieren agregar algo? Si no, pasamos a la ronda de formulación de preguntas por parte de los señores diputados.
SR. NICHOLSON Nosotros pensamos que este es un proyecto que hay que alentar; la Argentina necesita que se dé aliento a la inversión. Nos parece que la iniciativa, tal como está, debe ser mejorada, modificada en algunas cosas. Hacemos mucho hincapié en la necesidad de que no haya cupo, por las razones que hemos expuesto, y si lo hubiera, debería ser apropiado y unificado. Pero básicamente nuestro énfasis está puesto ahí.
Por lo tanto, les agradecemos mucho la posibilidad que nos han dado, en el sentido de concurrir a esta reunión, y por supuesto, estamos a disposición de los señores diputados para responder las preguntas que deseen formularnos.
Por lo tanto, les agradecemos mucho la posibilidad que nos han dado, en el sentido de concurrir a esta reunión, y por supuesto, estamos a disposición de los señores diputados para responder las preguntas que deseen formularnos.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Señor presidente: los señores representantes de la Unión Industrial Argentina se refirieron a la unificación del cupo fiscal originario. En el caso del proyecto del Poder Ejecutivo se está proponiendo un monto de 1.000 millones de pesos, de acuerdo con el siguiente detalle: 700 millones para el IVA y 300 millones para ganancias. Los representantes de la UIA proponen unificarlo, pero a la vez dicen que no debe existir cupo porque no habría costo fiscal.
Entonces, allí habría aparentemente una pequeña contradicción: unificamos o sacamos el cupo. Nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical y a través del anteproyecto de dictamen de minoría, hemos planteado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda un incremento del cupo a 1.400 millones de pesos: 800 millones para el IVA y 600 millones para ganancias. Sería interesante que los representantes de la UIA nos explicaran un poco mejor cómo es esto.
Entonces, allí habría aparentemente una pequeña contradicción: unificamos o sacamos el cupo. Nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical y a través del anteproyecto de dictamen de minoría, hemos planteado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda un incremento del cupo a 1.400 millones de pesos: 800 millones para el IVA y 600 millones para ganancias. Sería interesante que los representantes de la UIA nos explicaran un poco mejor cómo es esto.
SR. COTTA RAMUSINO En realidad, lo que estamos diciendo no es estrictamente una contradicción, sino que consideramos que no existe cupo fiscal por las razones que hemos expresado, en el sentido de que en definitiva estamos hablando de impuestos adicionales.
De manera tal que el fisco no está sacrificando nada. La idea del cupo fiscal teórico aparece en la ley 21.608, de 1977, donde sí había realmente un sacrificio fiscal porque estaban todos los proyectos de promoción industrial más los que vinieron en los años posteriores, y donde evidentemente había fondos fiscales que se dejaban de recaudar.
Dejemos de lado la finalidad y la bondad, porque es otro tema. De todos modos, en este caso estamos hablando de incrementalidad, es decir, de impuestos futuros que se van a crear, de modo que en definitiva las arcas fiscales no se van a ver perjudicadas por la aplicación de este mecanismo.
Por lo tanto, dar un costo o cupo a esto me parece que es en cierto modo criticable, pero habida cuenta que el Poder Ejecutivo ha tomado su propia decisión, hoy el Parlamento está evaluando este punto. Pensamos que no hay un impuesto actual, de manera que no hay que hacer ningún sacrificio por ahora, y tampoco lo va a haber en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, nos parecía que había una suerte de encorsetamiento -permítaseme el término- que no lo hace demasiado atractivo o agradable.
Pensemos que como consecuencia de esta propuesta puede haber proyectos que a lo mejor van a chocar entre sí, y pondremos a la autoridad de aplicación en el terrible dilema al tener que decidir por uno u otro. Esta es la idea primitiva.
Pero de insistirse en este punto, estamos diciendo que de todos modos consideramos que, si bien no es mísero, es magro el monto pensado. Es correcto lo que dice el diputado preopinante: nosotros pensamos en un monto un poco mayor incluso al que él ha dicho, y además, para evitar esta suerte de competencia entre grandes sectores y entre sectores más numerosos -como las pymes-, pensamos en segmentar este mecanismo, es decir, tener un cupo fiscal destinado exclusivamente a las pymes.
De manera tal que el fisco no está sacrificando nada. La idea del cupo fiscal teórico aparece en la ley 21.608, de 1977, donde sí había realmente un sacrificio fiscal porque estaban todos los proyectos de promoción industrial más los que vinieron en los años posteriores, y donde evidentemente había fondos fiscales que se dejaban de recaudar.
Dejemos de lado la finalidad y la bondad, porque es otro tema. De todos modos, en este caso estamos hablando de incrementalidad, es decir, de impuestos futuros que se van a crear, de modo que en definitiva las arcas fiscales no se van a ver perjudicadas por la aplicación de este mecanismo.
Por lo tanto, dar un costo o cupo a esto me parece que es en cierto modo criticable, pero habida cuenta que el Poder Ejecutivo ha tomado su propia decisión, hoy el Parlamento está evaluando este punto. Pensamos que no hay un impuesto actual, de manera que no hay que hacer ningún sacrificio por ahora, y tampoco lo va a haber en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, nos parecía que había una suerte de encorsetamiento -permítaseme el término- que no lo hace demasiado atractivo o agradable.
Pensemos que como consecuencia de esta propuesta puede haber proyectos que a lo mejor van a chocar entre sí, y pondremos a la autoridad de aplicación en el terrible dilema al tener que decidir por uno u otro. Esta es la idea primitiva.
Pero de insistirse en este punto, estamos diciendo que de todos modos consideramos que, si bien no es mísero, es magro el monto pensado. Es correcto lo que dice el diputado preopinante: nosotros pensamos en un monto un poco mayor incluso al que él ha dicho, y además, para evitar esta suerte de competencia entre grandes sectores y entre sectores más numerosos -como las pymes-, pensamos en segmentar este mecanismo, es decir, tener un cupo fiscal destinado exclusivamente a las pymes.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Carbonetto.
SR. CARBONETTO Señor presidente: los tres primeros puntos que plantea la UIA me parecen absolutamente claros, y adelanto que mi opinión la daré más como economista que como diputado.
En primer lugar, esto no es costo fiscal; esto es clarísimo. Así lo he sostenido con claridad en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que integro, en la que algunos de los colegas de la Comisión de Industria participaron.
Creo que aquí las terquedades no son buenas, porque dañan incluso el análisis intelectual del tema. El cupo tiene dificultades que no es necesario que expliquemos aquí, porque ya fueron expuestas.
En segundo término, creo que las pymes requieren necesariamente un tratamiento especial, tanto con un cupo designado específicamente, si es que lo hay. Yo preferiría que no hubiera cupo, pero si existe, debemos establecer uno específico para las pymes.
Me queda una pregunta que tal vez no advertí en la propuesta de la UIA, pero quisiera saber si no les parece que habría que priorizar de algún modo el tema de las exportaciones industriales o agroindustriales. Esta es la única pregunta que deseo formular. Los comentarios que hice anteriormente constituyen, más bien, una llamada de atención a los colegas de ambas comisiones para que repensemos seriamente estos puntos que se han señalado en base a consideraciones, de un lado, intelectuales y económicas, y por sobre todo, de orden nacional. De lo contrario, con la actual distribución del ingreso -que todos conocemos-, obviamente el crecimiento del 10 por ciento en el país no va a reflejarse en un mercado doméstico importante.
Ojalá lentamente ganemos una mejor distribución pero, entre tanto, en estos dos años que vienen, si no tomamos una medida profunda y radical de reinversión, ¿a dónde va a ir esa liquidez?
Este es un planteo muy serio. Me alegra que lo hayan expuesto con toda claridad, y les dejo planteada esta preocupación a los efectos de ver si existe alguna propuesta con respecto a priorizar particularmente las exportaciones. Creo que está justificado el porqué: si va a haber reinversión y todo anda bien, habrá también un incremento sustantivo de importaciones de bienes industriales.
Por otro lado, si no hubiera cupo, habría una explosión de crecimiento. Entonces, debemos priorizar las exportaciones para no tener después una brecha en el sector externo.
En primer lugar, esto no es costo fiscal; esto es clarísimo. Así lo he sostenido con claridad en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que integro, en la que algunos de los colegas de la Comisión de Industria participaron.
Creo que aquí las terquedades no son buenas, porque dañan incluso el análisis intelectual del tema. El cupo tiene dificultades que no es necesario que expliquemos aquí, porque ya fueron expuestas.
En segundo término, creo que las pymes requieren necesariamente un tratamiento especial, tanto con un cupo designado específicamente, si es que lo hay. Yo preferiría que no hubiera cupo, pero si existe, debemos establecer uno específico para las pymes.
Me queda una pregunta que tal vez no advertí en la propuesta de la UIA, pero quisiera saber si no les parece que habría que priorizar de algún modo el tema de las exportaciones industriales o agroindustriales. Esta es la única pregunta que deseo formular. Los comentarios que hice anteriormente constituyen, más bien, una llamada de atención a los colegas de ambas comisiones para que repensemos seriamente estos puntos que se han señalado en base a consideraciones, de un lado, intelectuales y económicas, y por sobre todo, de orden nacional. De lo contrario, con la actual distribución del ingreso -que todos conocemos-, obviamente el crecimiento del 10 por ciento en el país no va a reflejarse en un mercado doméstico importante.
Ojalá lentamente ganemos una mejor distribución pero, entre tanto, en estos dos años que vienen, si no tomamos una medida profunda y radical de reinversión, ¿a dónde va a ir esa liquidez?
Este es un planteo muy serio. Me alegra que lo hayan expuesto con toda claridad, y les dejo planteada esta preocupación a los efectos de ver si existe alguna propuesta con respecto a priorizar particularmente las exportaciones. Creo que está justificado el porqué: si va a haber reinversión y todo anda bien, habrá también un incremento sustantivo de importaciones de bienes industriales.
Por otro lado, si no hubiera cupo, habría una explosión de crecimiento. Entonces, debemos priorizar las exportaciones para no tener después una brecha en el sector externo.
SR. COTTA RAMUSINO Evidentemente, en el proyecto, al admitirse la devolución del IVA dentro de los tres meses, se está pensando en el sector exportador, en el pool exportador, aquel que en el tiempo de maduración de la inversión no puede generar débitos fiscales y, consecuentemente, no puede solicitar la devolución del crédito.
SR. CARBONETTO Lo consideran suficientemente incluido.
SR. COTTA RAMUSINO Claro.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Francisco Gutiérrez.
SR. GUTIÉRREZ (F.V.) Señor presidente: la primera pregunta que quiero formular se vincula con el tema del cupo de las pymes. El Poder Ejecutivo ha planteado cupos, y es difícil que se modifique este concepto. Pero habiendo cupos, me gustaría saber cuál sería para los representantes de la UIA el cupo aceptable dentro de este proyecto.
Y la segunda pregunta, como se plantean bienes de capital, es si los representantes de la UIA priorizan o tienen algún planteo sobre los bienes de capital de origen nacional, porque de lo contrario quizás habría también en los proyectos de grandes inversiones más bienes de capital importados que de origen nacional.
Y la segunda pregunta, como se plantean bienes de capital, es si los representantes de la UIA priorizan o tienen algún planteo sobre los bienes de capital de origen nacional, porque de lo contrario quizás habría también en los proyectos de grandes inversiones más bienes de capital importados que de origen nacional.
SR. COTTA RAMUSINO Usted ha planteado dos o tres temas al mismo tiempo. En primer término, qué estamos pensando respecto del cupo de las pymes. Nosotros estamos pensando en un monto global, entre ambos impuestos, de 500 millones de pesos, del mismo modo en que estamos pidiendo un incremento de la cifra generada de las empresas que no son pymes -o sea, de aquellas que tienen cierta envergadura-, la que oscilaría entre 1.500 y 2 mil millones de pesos, en lugar de los mil millones actuales. Esa sería un poco la propuesta. No lo quisimos hacer por una razón: nos pareció que era mucho más operativo o práctico hacerlo en el seno de la comisión. Pero por ahí pasaban un poco las conversaciones que se han tenido en cuenta.
El otro punto era el referido a los bienes nacionales. Al respecto, creo que es importante -a lo mejor este es un tema que habría que ver desde el punto de vista de la autoridad de aplicación, o mejor dicho, de la reglamentación- teniendo en cuenta lo siguiente. Es cierto que no solamente tenemos que promover la industria propiamente dicha, sino la industria de industrias, es decir, aquella que da infraestructura a nuestra industria, y si es nacional, mejor. Pero no olvidemos que necesitamos ir un poco hacia adelante, hacia tecnologías, sino de punta, por lo menos de mayor avance, que lamentablemente por razones que son por todos conocidas no tienen el suficiente grado de desarrollo en nuestro país.
Por otro lado, con esto no estamos importando commodities, bienes de consumo, sino bienes instrumentales que van a generar producto argentino. Esta es un poco la idea. Desde ese punto de vista nos parece justo que el proyecto del Poder Ejecutivo no haya limitado los beneficios a los bienes nacionales, y nuestra postura coincide con eso.
El otro punto era el referido a los bienes nacionales. Al respecto, creo que es importante -a lo mejor este es un tema que habría que ver desde el punto de vista de la autoridad de aplicación, o mejor dicho, de la reglamentación- teniendo en cuenta lo siguiente. Es cierto que no solamente tenemos que promover la industria propiamente dicha, sino la industria de industrias, es decir, aquella que da infraestructura a nuestra industria, y si es nacional, mejor. Pero no olvidemos que necesitamos ir un poco hacia adelante, hacia tecnologías, sino de punta, por lo menos de mayor avance, que lamentablemente por razones que son por todos conocidas no tienen el suficiente grado de desarrollo en nuestro país.
Por otro lado, con esto no estamos importando commodities, bienes de consumo, sino bienes instrumentales que van a generar producto argentino. Esta es un poco la idea. Desde ese punto de vista nos parece justo que el proyecto del Poder Ejecutivo no haya limitado los beneficios a los bienes nacionales, y nuestra postura coincide con eso.
SR. PRESIDENTE BROWN Se ha circularizado un proyecto de decreto reglamentario -no sé si la UIA lo tiene- por parte de la Secretaría de Industria. Nosotros se los vamos a facilitar, porque no tenemos ningún secreto. Es más: ADIMRA lo tiene; o sea, se ha pasado a una cantidad de cámaras y a nosotros también nos ha llegado. Allí se plantean las principales dudas respecto de este tema. Porque si la ley habla de generalidad, después la particularidad puede estar dada por el decreto reglamentario. Lamentablemente, la particularidad de dicho decreto respecto de lo que planteó el señor diputado Francisco Gutiérrez, es que claramente no se están considerando -esto también lo señaló el señor secretario de Industria- los bienes de capital nacionales. Aquí estuvieron los representantes de ADIMRA, quienes hicieron una defensa muy encendida de esos bienes.
Respecto de las pymes, éstas claramente estarían excluidas por el sistema de puntaje que se establece. Por esa razón aparece esta necesidad de que haya un capítulo especial vinculado con las pymes, lo que no sería necesario si el decreto reglamentario que se circularizó hubiera contemplado la posibilidad de estas dos cuestiones.
Entonces, se plantea el tema de los bienes de capital nacionales y el de las pymes. El proyecto, como ustedes han señalado, es altamente positivo. En general estamos todos de acuerdo, lo que pasa es que aparecen las particularidades.
Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
Respecto de las pymes, éstas claramente estarían excluidas por el sistema de puntaje que se establece. Por esa razón aparece esta necesidad de que haya un capítulo especial vinculado con las pymes, lo que no sería necesario si el decreto reglamentario que se circularizó hubiera contemplado la posibilidad de estas dos cuestiones.
Entonces, se plantea el tema de los bienes de capital nacionales y el de las pymes. El proyecto, como ustedes han señalado, es altamente positivo. En general estamos todos de acuerdo, lo que pasa es que aparecen las particularidades.
Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
SR. GIUBERGIA Señor presidente: los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical dijimos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que debíamos ver la posibilidad de consensuar un proyecto, porque creemos que más allá de las pertenencias políticas la gran mayoría de los diputados está de acuerdo con que el Estado desarrolle políticas activas.
Lamentablemente, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda ese consenso no se pudo lograr. Recuerdo que cuando pedimos un plazo prudencial para intentar llegar a algún tipo de acuerdo estaba presente usted, señor presidente. Ahora esperamos que en la Comisión de Industria se pueda alcanzar un entendimiento para revertir aquella situación antes de que el tema sea tratado en el recinto.
Advertimos que el régimen propuesto por el Poder Ejecutivo no contempla a la agroindustria y tampoco a los servicios turísticos, que también generan inversiones. Si hablamos de un país que se encuentra en default, lógicamente no podemos pretender que quienes traerán recursos para invertir y producir riquezas tengan que pagar impuestos o bien conseguir financiamiento para hacerlo.
También entendemos que cuando hay recursos, fundamentalmente aquellos que se obtienen por la recaudación del IVA y del impuesto a las ganancias -ambos son coparticipables e impactan en cada una de las provincias-, la autoridad de aplicación debe distribuir el beneficio con un criterio regional para evitar que con el correr del tiempo quede limitado a la región central mientras el resto de la Argentina queda excluida.
Pensamos que en esta nueva etapa que se inició hace prácticamente un año es necesario tener un país integrado en el que todas las provincias puedan participar. Por eso, en nuestro anteproyecto de dictamen planteamos no sólo la inclusión de todas las regiones sino también -como dijo el señor diputado Borsani- el incremento del cupo fiscal anual a los fines de poder atender a las pymes.
Más allá de los comentarios respecto de la realización del gasoducto, que puede ser una obra muy importante, creemos que en aquellos casos en los que el Estado nacional o los Estados provinciales o municipales aportan recursos para llevar adelante obras de esa naturaleza no debería existir la posibilidad de acogerse a este beneficio.
Lamentablemente, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda ese consenso no se pudo lograr. Recuerdo que cuando pedimos un plazo prudencial para intentar llegar a algún tipo de acuerdo estaba presente usted, señor presidente. Ahora esperamos que en la Comisión de Industria se pueda alcanzar un entendimiento para revertir aquella situación antes de que el tema sea tratado en el recinto.
Advertimos que el régimen propuesto por el Poder Ejecutivo no contempla a la agroindustria y tampoco a los servicios turísticos, que también generan inversiones. Si hablamos de un país que se encuentra en default, lógicamente no podemos pretender que quienes traerán recursos para invertir y producir riquezas tengan que pagar impuestos o bien conseguir financiamiento para hacerlo.
También entendemos que cuando hay recursos, fundamentalmente aquellos que se obtienen por la recaudación del IVA y del impuesto a las ganancias -ambos son coparticipables e impactan en cada una de las provincias-, la autoridad de aplicación debe distribuir el beneficio con un criterio regional para evitar que con el correr del tiempo quede limitado a la región central mientras el resto de la Argentina queda excluida.
Pensamos que en esta nueva etapa que se inició hace prácticamente un año es necesario tener un país integrado en el que todas las provincias puedan participar. Por eso, en nuestro anteproyecto de dictamen planteamos no sólo la inclusión de todas las regiones sino también -como dijo el señor diputado Borsani- el incremento del cupo fiscal anual a los fines de poder atender a las pymes.
Más allá de los comentarios respecto de la realización del gasoducto, que puede ser una obra muy importante, creemos que en aquellos casos en los que el Estado nacional o los Estados provinciales o municipales aportan recursos para llevar adelante obras de esa naturaleza no debería existir la posibilidad de acogerse a este beneficio.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Alchouron.
SR. ALCHOURON Señor presidente: pienso que la exposición de los representantes de la UIA ha sido muy interesante y que junto con las disertaciones de los miembros de ADIMRA y de CARBAP nos permite tener una visión más profunda sobre el asunto en discusión.
Creo que el tema es muy importante y que la firma del anteproyecto de dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se aceleró un poco; a mi juicio, antes se debió escuchar a todas esas agrupaciones. No pudo ser, aunque no pongo en duda que se actuó con la mejor buena voluntad.
Cuando el asunto sea tratado en el recinto trataremos que se agreguen dos puntos que nos parecen muy importantes: la incorporación de las pymes y del concepto de inversión productiva, de inversión total. Lo reitero porque cuando lo manifesté durante mi exposición los representantes de la UIA no estaban presentes.
Veremos de qué manera podemos mejorar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo cuando el tema sea tratado en el recinto. No advierto que exista una disposición liminar a aprobarlo en sus términos originales y confío en que las propuestas que hicimos tanto en esta comisión como en la de Presupuesto y Hacienda contribuyan a que podamos sancionar este proyecto de la mejor manera posible.
Desde ya nos comprometemos en este sentido. Creo que no hay un solo diputado que esté sentado aquí -y tal vez en el recinto- que no piense de la misma manera.
Creo que el tema es muy importante y que la firma del anteproyecto de dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se aceleró un poco; a mi juicio, antes se debió escuchar a todas esas agrupaciones. No pudo ser, aunque no pongo en duda que se actuó con la mejor buena voluntad.
Cuando el asunto sea tratado en el recinto trataremos que se agreguen dos puntos que nos parecen muy importantes: la incorporación de las pymes y del concepto de inversión productiva, de inversión total. Lo reitero porque cuando lo manifesté durante mi exposición los representantes de la UIA no estaban presentes.
Veremos de qué manera podemos mejorar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo cuando el tema sea tratado en el recinto. No advierto que exista una disposición liminar a aprobarlo en sus términos originales y confío en que las propuestas que hicimos tanto en esta comisión como en la de Presupuesto y Hacienda contribuyan a que podamos sancionar este proyecto de la mejor manera posible.
Desde ya nos comprometemos en este sentido. Creo que no hay un solo diputado que esté sentado aquí -y tal vez en el recinto- que no piense de la misma manera.
SR. PRESIDENTE BROWN Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Señor presidente: creo que lo que deberíamos hacer es no emitir dictamen hoy en esta comisión. Inclusive, deberíamos tratar de mantener alguna reunión con el Poder Ejecutivo, tanto con la Secretaría de Hacienda como con la de Industria. Hablo de la Secretaría de Hacienda a propósito de lo que aquí se ha discutido, acerca de si esto es o no un cupo fiscal. Creo que técnicamente, como bien se ha señalado, no es un costo fiscal. Pero probablemente está muy cerca del flujo fiscal.
SR. PRESIDENTE BROWN En nombre de la Comisión de Industria quiero expresar mi agradecimiento a los señores representantes de la Unión Industrial Argentina y a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por su presencia en esta reunión.
SR. ALVAREZ GAIANI Si me permite, señor presidente, en nombre de la UIA quiero expresar mi agradecimiento a las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda por la oportunidad que nos han brindado.
SR. PRESIDENTE BROWN Los miembros de la Comisión de Industria vamos a quedarnos para discutir los puntos que ha señalado el señor diputado Borsani, y a partir de allí tomaremos la decisión que corresponda.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
Es la hora 12 y 46.