Su beneplácito por la aprobación unánime por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires del proyecto de ley registrado bajo el número de expediente 1.535-D.-12/13, el cual espera tratamiento en la Cámara Alta de esa Casa Legislativa, y que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y todo el activo industrial de la fábrica autopartista RBI (Río Bravo Industrial) -ex Bosch-, situada en el partido de General San Martín de Provincia de Buenos Aires.

Señor presidente:

Se considera en el presente Proyecto de Declaración los objetivos primeros de preservar el trabajo y asegurar la ocupación y la producción, como elementos que protegen el patrimonio y la economía nacionales. En este sentido, el Proyecto de Ley provincial que se promueve para su ratificación definitiva por la Cámara de Senadores de Provincia de Buenos Aires, es el mejor mecanismo que han logrado los trabajadores de la fábrica RBI, ex Bosch, para revertir la estrategia de vaciamiento que aplicaron las autoridades de la multinacional alemana en respuesta a la crisis internacional, estrategia que supuso el cierre de la planta y con ello la pérdida de la fuente de trabajo.

La situación por la que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de RBI tiene su origen en la crisis que agita la economía mundial y que causó, entre otras secuelas, que el grupo Bosch tomara la decisión de despedir a 10.000 trabajadores en todo el mundo, entre ellos a los de la planta que había instalado en el año 1995, con la apertura del Mercosur, en la localidad de Gral. San Martín, en Provincia de Buenos Aires.

En dicha fábrica el grupo Bosch, principal fabricante de autopartes en el mundo, se dedicó al mecanizado de piezas de aluminio, alternadores, motores de arranque, máquinas y herramientas que se exportaban a Brasil primero y después a México y Sudáfrica, donde en otras plantas de Bosch se terminaban los productos mencionados. En este marco de producción, se llegaron a mecanizar anualmente 7.500.000 piezas de aluminio, aprovechando dos ventajas comparativas con respecto al Brasil: una, la calidad y el precio del aluminio argentino; la otra, la calidad de la mano de obra y de los procesos productivos. Al respecto de esto último debemos señalar que los trabajadores de San Martín entregaban la producción con un PPM de 400, es decir que por cada millón de piezas fabricadas sólo 400 eran consideradas malas; al solo objeto comparativo, el proveedor español que entregaba las mismas piezas a la planta de Bosch en Treto, España, tenía un PPM de 50.000 piezas. Bosch-San Martín, por otra parte, cumplía con todas las normas internacionales de calidad exigidas por las terminales automotrices, incluidas las de protección al medio ambiente.

Tras los comunicados de los responsables del Grupo Bosch en América Latina y en Argentina de 2007, en que se hacía gala de balances muy positivos, el tono de los del 2008 y 2009 cambia para hacerse eco del impacto de la crisis, que afecta especialmente los sectores automotriz y financiero y que repercute directamente en el Grupo Bosch. El impacto de dicha crisis sobre los trabajadores no se hizo esperar, y en diciembre de 2008 los metalúrgicos de Robert Bosch fueron suspendidos antes de las fiestas de fin de año, situación que generó una profunda preocupación por las consecuencias que cabría esperar de aquella situación.

Sucesivos intentos de aplicar suspensiones fueron resistidos por los trabajadores en el transcurso de 2008 y 2009, quienes denuncian que no era justo que una empresa que había acumulado importantes ganancias, como sus autoridades venían señalando, descargara la crisis sobre sus trabajadores. Entre las medidas coercitivas de las autoridades de la empresa en General San Martín, destaca el intento de eliminar el turno noche, lo que vuelve a ser resistido e impedido por la lucha de los trabajadores, que logran un importante apoyo de la CTA, de las autoridades de la CGT-Regional San Martín y del Consejo Deliberante, los cuales denuncian el riesgo de despidos masivos y el retiro de la producción de Bosch de Argentina.

Sin embargo, los temores de los trabajadores del cierre de la planta de Bosch se hicieron realidad, y la empresa despidió a todo su personal el 19 de diciembre del 2009. Esto sucedió a pesar de que el 15 de diciembre de 2009, en audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, representado por el Director de Relaciones Laborales de ese organismo público, Dr. Daniel Montes de Oca, la empresa había manifestado: "que dado la situación de incertidumbre que expone la representación gremial, quiere dejar aclarado a fin de llevar tranquilidad a todos los trabajadores como así también a la representación gremial presente en este acto, que la empresa no tiene prevista su salida del país; con relación específicamente a la planta de San Martín estamos en la búsqueda de la solución que garantice la continuidad de la actividad y la continuidad de los puestos de trabajo. Por ello, llegado el momento de concretarse la solución aludida, en forma simultanea se pondrá en conocimiento de esta autoridad laboral y de la entidad gremial y los trabajadores".

A pesar de estas declaraciones de compromiso, el despido masivo de los trabajadores y las trabajadoras muestra cómo todos fueron engañados: los trabajadores, el Sindicato y el Ministerio de Trabajo.

La crisis se descargó así directamente sobre los trabajadores, y la economía nacional fue también directamente afectada, pues una planta considerada modelo por la calidad de su producción y de su mano de obra fue cerrada con el objetivo de trasladar su producción a otro país, lo que más temprano que tarde significó acrecentar las importaciones de autopartes, uno de los motivos del déficit comercial de la industria automotriz. Así, según un informe de la AFAC (Asociación de Fabricantes de Autopartes y Componentes de la República Argentina): "entre 1998 y 2008 cada auto fabricado en la Argentina pasó de contener u$s 8.750 en piezas importadas a incluir u$s 13.278. Así, la proporción de importados ya triplica la de los autos brasileños".

Finalmente la solución que emplea la multinacional alemana fue el traspaso de la planta al Grupo Inversor Río Bravo, perteneciente al Sr. Pablo Espartaco Rojo, ex Pte. del Banco Hipotecario durante la presidencia del Dr. Carlos S. Menem.

Ante estas maniobras, los trabajadores ocuparon por 10 días la planta de Bosch, ocupación que se resolvió con un acta firmada en la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Buenos Aires de Gral. San Martín, en la que la nueva empresa RBI (propiedad del Grupo Río Bravo) se comprometió a ofrecer trabajo a todos los ex trabajadores de Bosch. Pero apenas si mantenía las categorías profesionales del personal, se eliminaban todos los adicionales salariales y los premios y se alargaba la jornada laboral a 8 horas diarias durante 6 días en lugar de 9 horas por cinco días. Con ello se perdía un 30% del salario y se modificó la jornada laboral violando la L.C.T. Nro. 20.744, hecho posteriormente reconocido por la autoridad laboral.

Se inició así un largo y minucioso proceso de vaciamiento de la fábrica, con retrasos permanentes en los pagos de los salarios y a los proveedores; incumplimiento en las entregas; abandono de las tareas necesarias de mantenimiento de los equipos de producción; desinversión para garantizar la producción, etc. Hacia fines de 2011, con otro periodo de agravamiento de la crisis mundial, se para la producción en RBI, y a partir noviembre los trabajadores no cobran sus salarios.

Con la continuación de la lucha de los trabajadores y la intervención del Ministerio de Trabajo, aparece un Tercero Interesado, el Sr. Marcelo Lenarduzzi, propietario de la empresa Instrumentos y Comandos, quien trae la promesa de hacerse cargo de la producción de RBI, la totalidad de los trabajadores, la iniciación de la producción y el pago de las deudas salariales. Además, toma bajo su responsabilidad la planta de Argelite-San Martín y Argelite-La Rioja, también pertenecientes al Grupo Río Bravo.

De este modo, la producción en RBI para la planta de Bosch Brasil comienza nuevamente, en cantidades muy escasas, en febrero de 2012, pero tras cobrarse los salarios de dos semanas, nuevamente dejan de cobrarse y se vuelve a parar la producción. Se reinicia entonces un período que hoy continua de tensiones y contrapuntos entre los trabajadores y la "nueva patronal" o el Tercero Interesado, que decide trasladar la producción que había otorgado Robert Bosch de Brasil a la planta de Argelite-San Martín, con la pretensión de llevarse parte de las máquinas, instrumentos de medición y todos los archivos de la administración de RBI.

Aprovechando las necesidades de los trabajadores, que para entonces ocupaban la planta para proteger sus activos, se los presiona para permitir el retiro de las máquinas bajo la amenaza de que si no lo permitían no se podía cumplir con las entregas y de esa manera no se iba a poder reabrir la planta de RBI.

Esto se realiza a sabiendas de una resolución del Tribunal de Trabajo Nro. 2 de Gral. San Martín "de no innovar" prohibiendo el retiro de cualquier elemento relacionado con la producción. Por ello, podemos afirmar que bajo presiones y chantajes se obligó a los trabajadores a violar expresas resoluciones judiciales que el llamado Tercero Interesado desconoció.

Hoy la que fuera una planta modelo está abandonada por la patronal de RBI, mientras que la solución que pretendió acercar el Tercero Interesado era un engaño. El Tercer Interesado -bajo pretexto de estar "interesado"- se llevó equipos necesarios para la producción y el manejo administrativo de la fábrica, por lo que se retiraron máquinas y elementos que no son de su propiedad, hecho por el cual los trabajadores realizaron una denuncia penal en la U.F.I. Nro. 7 de San Martín.

En estas circunstancias tan difíciles, particularmente condicionadas por la gravedad de la crisis internacional, el pedido de expropiación que hoy cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, es la mejor herramienta que han encontrado los trabajadores para que la crisis no vuelva a recaer sobre sus espaldas.

Sería del agrado de todos que la iniciativa emprendida en la Cámara Alta bonaerense tuviera su corolario con el definitivo acompañamiento de la Cámara Alta.

Por todo esto, solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de Declaración.