Solicitar informes al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de que informe:

1) Cuáles son las razones por las que no se ha dado cumplimiento al proceso de reglamentación de la ley nacional n° 27279, sancionada por este Congreso Nacional el 14 de septiembre de 2016, y que fuera publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre del mismo año. Ello en razón de que el plazo de reglamentación fijado por la ley era de 60 días máximo.

2) Qué acciones y medidas se han adoptado, en el lapso transcurrido. para impulsar a los sujetos obligados por la ley nacional de presupuestos mínimos a dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la norma, muchas consideradas directamente operativas y urgentes.

3) Toda otra información que considere pertinente sobre el tema.

Señor presidente:

Se presenta esta solicitud de informe al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio a quien corresponda, a fin dar respuesta a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación los motivos que llevan a la demora en la reglamentación de la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental n° 27279, referida a la gestión obligada de los envases post consumo de los distintos agroquímicos que se utilizan en el país. Asimismo se requiere conocer las acciones se hubiere realizado en el tránsito de este plazo de carencia de reglamentación.

La norma sancionada en septiembre del año 2016, publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre, otorgaba solo 60 días de plazo máximo para su reglamentación, y transcurrido un año completo, ello no ha ocurrido.

Desde hace años se reciben denuncias en distintos puntos del país sobre la contaminación que genera o puede generar el mal uso de las sustancias químicas en el ámbito agropecuario. Y los efectos negativos se ven en todos los municipios o departamentos en que se practican actividades agropecuarias. Instituciones como las Naciones Unidas lo han señalado. Según un estudio 3.500.000 niños y niñas del país están en riesgo por los agroquímicos, aproximadamente el 30% del total NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Estas sustancias, además, producen graves daños a la salud de las personas si no son bien gestionados.

La actividad económica que involucra estas sustancias, representa no menos del 30% de la economía nacional y aporta gran cantidad de recursos económicos tanto para el Estado como para el sector privado.

La ley 27279, que es de PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL, aborda uno de los IMPACTOS NEGATIVOS de la actividad agropecuaria: la del destino final los envases que tuvieron en su interior productos químicos y deben ser desechados.

Estos envases y sus contenidos son RESIDUOS ALTAMENTE PELIGROSOS, son venenos creados para destruir plagas o malezas, que deben tener un tratamiento adecuado. Y si se produce contaminación peligrosa para la salud o el ambiente, con estos residuos, puede caerse en un delito penal, como ya ha ocurrido en caso en las provincias de Córdoba y Entre Ríos

Por ello estas medidas son conducentes a compatibilizar la realización de las actividades económicas y la protección de la salud y el ambiente.

Según la CIAFA, la Cámara que reúne a la industria argentina de Fertilizantes, el consumo de FERTILIZANTES en 2013 fue de más de 3 millones de toneladas de productos. Y se incrementan año a año.

LOS AGROQUIMICOS son sustancias fabricadas por la industria química o bien importadas desde otros países, y se utilizan para fertilizar la tierra o para eliminar plagas, insectos u hongos, etc.

Los efectos en la salud, derivan de la exposición de las personas a estos químicos y puede producir efectos agudos (de corto plazo) o crónicos (evidentes a largo plazo). Estos variados efectos que pueden ser graves, van desde la muerte inmediata, hasta problemas de comportamiento, pasando por cáncer, malformaciones genéticas, enfermedades respiratorias, musculares, gastrointestinales, en la piel o en los músculos, entre otras. El autismo por ejemplo, es uno de ellos.

Considerando que gran parte del articulado de la ley aprobada, es directamente operativo, dado que impone obligaciones al sector privado que debe implementar nuevas acciones a su exclusivo costo, esta demora beneficia al sector empresario, y perjudica al habitante, su salud y la calidad ambiental.

Por lo expuesto solicito a los Sres. Diputados me acompañen en la presente iniciativa.