Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que por intermedio de quien corresponda informe a esta Honorable Cámara respecto de:

En lo que respecta a la Resolución N°10 del Consejo Federal Pesquero firmada el 29 de agosto de 2013, se requiere información sobre:

1. Fundamentos biológicos, técnicos y económicos de la mencionada Resolución.

2. Evaluación del "Informe Técnico Oficial" del Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras (INIDEP) N°20 "Informe Final de Temporada 2013" en lo atinente a los niveles de captura máxima sostenible (CMS) establecidos respecto de la especie calamar (illex argentinus).

3. Evaluación del "Informe Técnico Oficial" del Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras (INIDEP) N°20 "Informe Final de Temporada 2013" en lo atinente a los niveles de captura máxima permisible (CMP) establecidos respecto de la especie calamar (illex argentinus).

4. Criterios científicos, económicos y biológicos determinantes para el otorgamiento de permisos de pesca por el lapso de 10 años, en virtud de lo establecido en el inciso 1 del artículo 26 de la Ley Federal de Pesca 24.922.

5. Criterios científicos, económicos y biológicos determinantes para el otorgamiento de permisos de pesca por el lapso de 30 años, en virtud de lo establecido en el inciso 2 del artículo 26 de la Ley Federal de Pesca 24.922.

6. Niveles anuales de captura de la variedad calamar (illex argentinus) en las campañas 2010, 2011, 2012 y 2013 registrados por los buques poteros nacionales.

7. Criterios técnicos, legales, biológicos y económicos por los cuales se determina un porcentaje máximo de 10% del calamar capturado a ser procesado en tierra.

8. Criterios legales, técnicos, económicos y operativos por los cuales se determinan los montos de aranceles que deberán pagar los 20 buques autorizados a operar en la campaña 2014 que resultarán de la convocatoria realizada por medio de la presente Resolución.

Señor presidente:

El pasado 29 de agosto de 2013, el Consejo Federal Pesquero firmó la Resolución N°10, a partir de la cual se abrió una convocatoria destinada a otorgar a buques poteros cuotas de pesca de calamar (illex argentinus) en las aguas del Mar Argentino.

Esta convocatoria, destinada a la campaña 2014, implica el otorgamiento de un máximo de 20 permisos de pesca, en el marco de lo establecido en los incisos 1 y 2 del artículo 26 de la Ley N°24.922 (Régimen Federal de Pesca), por el que se regulan los plazos máximos- 10 y 30 años respectivamente- para la extensión de los permisos concedidos.

Si bien en la mencionada Resolución se manifiesta que "...desde el año 2000 se ha establecido y mantenido una política pesquera respecto de la especia calamar (illex argentinus), cuyos objetivos primordiales son el aprovechamiento integral del recurso y la nacionalización de la flota y de las capturas de dicha especie" (1) , lo que efectivamente se establece en la misma, pone en duda el cumplimiento del objetivo señalado, por cuanto, en la actualidad, no existen más buques nacionales de tipo potero que los que están ya afectados a la pesca de la referida especie. Esto implica que, muy probablemente, la aplicación de esta Resolución, que amplía los márgenes actualmente existentes, se resuelva a través del charteo (2) de buques extranjeros, sistema que fuera adoptado durante la década de los '90 y que fue el principal responsable de la depredación de los caladeros del Mar Argentinos y de las aguas adyacentes a nuestra Zona Economica Exclusiva (ZEE).

Es importante tener en cuenta que, durante esa etapa, la política abiertamente desreguladora y liberalizadora, debilitó la capacidad de control efectivo por parte del Estado, lo cual llevó a la proliferación de una serie de "...actos ilegales asociados con el charteo de buques mellizos, o de trasbordos en alta mar, que eludieron controles portuarios y aduaneros, que significaron pérdidas para la tesorería nacional del orden de los 22 millones de dólares." (3)

Por otro lado, y en relación al otorgamiento de permisos para la captura de calamar illex, no están claros los aspectos vinculados a la sustentabilidad de la explotación pesquera de este recurso, más aun si se tienen en cuenta los antecedentes de las últimas dos décadas, que se han caracterizado por períodos de sobrepesca y escasez del recurso, motivos fundamentales que determinaban las cancelaciones anticipadas de las campañas de pesca, cuando no la declaración de prohibición temporaria y de emergencia.

En este sentido, en los considerandos de la Resolución 10 se hace referencia a la Resolución N°11 del Consejo Federal Pesquero del 3 de agosto de 2006, en la que se estableció un criterio de explotación sustentable de la pesquería de calamar a partir del promedio de buques poteros que obtuvieron permisos de pesca entre 1996 y 2005. Ese criterio permitió establecer un número máximo de 104 buques. Ahora, nos preguntamos si esta metodología y los resultados obtenidos son consistentes con la información biológica, técnica, operativa y económica disponible.

En efecto, resulta inadmisible que se hayan elegido criterios tan arbitrarios- que remiten a valores promedio de la década 1996-2005, durante la cual se produjeron recurrentes fenómenos de sobrepesca y falta adecuada de controles-, al tiempo que no se ha recurrido a una fuente elemental y fundamental a la hora de determinar el tipo de explotación pesquera a encarar. Nos referimos al "Informe Técnico Oficial" N°20- "Informe Final de Temporada 2013", producido por el Instituto de Nacional de Investigaciones Pesqueras (INIDEP) y que se emitió el pasado 3 de septiembre de 2013.

Ligado a ello, no se conocen cifras de indicadores fundamentales como la captura máxima sostenible (CMS) y la captura máxima permisible (CMP) del calamar en forma anual, conforme lo establece la Ley Federal de Pesca (4) . Esta es una anomalía muy grave, ya que el adecuado conocimiento de estos valores, su publicación- que hasta ahora no se conoce- y su inclusión en los criterios de formulación de la política pública del área, son esenciales para determinar no sólo la cantidad de embarcaciones y permisos que se expiden en una temporada, sino las cuotas que pueden asignarse en función del estado de los caladeros.

A su vez, entendemos que hay otro aspecto relevante y que está vinculada a la carencia y laxitud de los controles del Estado nacional en materia de pesquerías, situación heredada de los '90. Esto se ve claramente en la misma Resolución N°10, que ni siquiera contempla la recurrente problemática de la flota extranjera que opera ilegalmente tanto dentro como fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), uno de cuyos componentes centrales es la ilegítima e ilegal política británica de otorgamiento de licencias pesqueras que se extienden hasta los 25 años en muchos casos y que, en las últimas dos décadas, ha constituido la fuente central de recursos del gobierno kelper que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas.

Este conjunto de omisiones descritas, que no son consideradas en la Resolución N°10, permitieron que, entre 1993 y 2005, se produjera sobrepesca de merluza (5) , generando importantes daños biológicos, económicos y laborales, lo cual determinó que se declararan paradas biológicas y emergencias pesqueras entre 1998 y 2000 (6) .

Por su parte, en la presente campaña 2013, el INIDEP ya había recomendado el cierre de la pesquería antes del 30 de junio de 2013 (7) , decisión que, el pasado 8 de julio adoptó por un plazo de 30 días la misma autoridad de aplicación de la Ley de Pesca, el Consejo Federal Pesquero. (8)

Asimismo, el INIDEP indica que, en 2013, se han duplicado las capturas de calamar por parte de buques de empresas argentinas en relación a 2012, mientras que se han producido aumentos de captura de buques extranjeros fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina (desde milla 201) y aún dentro de la misma. Esta situación, estaría indicando que existe una excesiva presión extractiva sobre un recurso sensible en las pesquerías argentinas, por lo cual no se entiende, en definitiva, el o los motivos biológicos, técnicos, económicos y operativos que se tuvieron en cuenta para realizar el llamamiento a esta campaña. (9)

En concreto, todo lo descrito parece abonar la hipótesis sobre una falta patente de rigor científico en la fórmula adoptada para determinar el número de buques y, por ende, de licencias que podrían otorgarse, sin tener en cuenta la creciente captura realizada por la flota argentina y, lo que es aún más grave, las capturas consumadas por los buques extranjeros que pescan ilegalmente como la de aquellos que ostentan licencias legales pero que, por la falta de controles de nuestra política pesquera, tienen grandes incentivos para realizar capturas fuera de los límites de la Zona Económica Exclusiva argentina, es decir, más allá de la milla 201.

En relación a esta última cuestión, y siguiendo las recomendaciones de política pesquera que son cruciales para defender adecuadamente la soberanía nacional sobre nuestros recursos en el mar Argentino, no sólo debe asegurarse suficiente capacidad de contralor para evitar que aquellas empresas que no tengan la debida autorización expedida por el Estado nacional a través de los organismos competentes puedan operar en nuestra Zona Económica Exclusiva, sino que, se debe encarar una política de acuerdos concretos con todos aquellos países que cuentan con embarcaciones que pescan en las áreas adyacentes del mar Argentino, o dentro de nuestros límites y con licencias ilegales expedidas por las autoridades ocupantes de las Islas Malvinas. En tal sentido, "no es admisible que 240 buques pesquen en la referida área adyacente, succionando los recursos migratorios argentinos y que 100 buques lo hagan con licencias ilegales de Malvinas en el territorio marítimo nacional". (10)

Por otro lado, es importante tener en consideración que, a los efectos de incentivar el desarrollo pesquero nacional, es fundamental el fomento de la construcción de barcos poteros en astilleros argentinos, junto con la exigencia de un reprocesamiento en tierra de mayores volúmenes ( en la resolución de referencia, sólo se asegura un 10% de las capturas totales, cuando se puede procesar, en principio, hasta un 20% según lo que se establece en la Disposición N° 195/2002, Artículo 4, inciso b) de la Subsecretaría de Pesca). (11)

Además, en la Resolución tampoco se aclara debidamente el grado de procesamiento de las capturas que sería deseable alcanzar, por cuanto no es lo mismo el calamar entero, la vaina, el tubo limpio o la elaboración de rabas, por citar sólo algunos ejemplos. Este aspecto es decisivo a la hora de evaluar el grado de valor agregado de la cadena productiva ictícola argentina, ya que, en general, buena parte de las exportaciones pesqueras realizadas desde empresas chinas y otras de origen nacional más pequeñas tienen muy bajo valor agregado con muy pobre procesamiento. Por ende, se suman dos factores altamente distorsivos y negativos en términos del desarrollo de las pesquerías nacionales: fuerte extranjerización y bajo contenido de procesamiento.

A su vez, en la mencionada resolución N°10/2013, tampoco se indica taxativamente que al menos el 75% del personal embarcado, como así también los Capitanes y oficiales, deben ser de nacionalidad argentina y que, en caso de ser extranjeros, deben acreditar residencia permanente en el país no menor a 10 años, según lo establece el Artículo 40 de la Ley Nacional de Pesca N°24.922. (12)

En concreto, todas estas cuestiones y su adecuado cumplimiento, remiten a la existencia de controles claros, férreos y eficientes por parte de las autoridades argentinas, aspecto que ha sido siempre uno de los puntos más oscuros y opacos de nuestra política pesquera.

Por último, el Artículo 6 de la Resolución N°10/2013 establece un arancel a pagar por los licenciatarios a modo de canon pesquero. El mismo, se ha establecido en un monto que varía entre los 3 y los 6 millones de pesos, que resulta ridículo si se lo afronta con las cifras de pesca de calamar traducidas en dólares obtenidos en la temporada 2013.

En efecto, "los poteros nacionales en 2013 desembarcaron 159.163 toneladas, las que junto a las capturas de buques arrastreros nacionales totalizaron 186.969 toneladas de calamar. En base a ello podemos predecir que los 20 buques autorizados podrían llevarse en recursos de la Argentina, más de 100 millones de dólares por año, abonando un ridículo arancel de entre 3 y 6 millones de pesos". (13)

En conclusión, estimamos que existen contundentes razones biológicas, económicas, laborales y soberanas, que desaconsejan la aplicación sin mas de esta Resolución N°10/2013 del Consejo Federal Pesquero.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, y dada la gravedad institucional de las cuestiones tratadas, le solicito la aprobación del presente proyecto.