Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados, la realización de la iniciativa denominada "Parlamento por el Agua", a desarrollarse el día 25 de octubre de 2012 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Señor presidente:

El agua en el mundo constituye un recurso limitado, a la vez que un bien común esencial para la vida, la dignidad humana y la salud de los pueblos. Tratándose de un elemento vital cuya escasez aumenta día a día, resulta imprescindible defender sus fuentes y evitar su contaminación, a la vez que impedir la mercantilización y privatización de la misma. Por lo que en estas circunstancias, su defensa y protección es la defensa y protección de la vida humana.

Actualmente el "problema agua" radica no solo en la escasez de agua potable y la contaminación del bien como tal, sino también en la mercantilización y privatización del recurso por parte de los gobiernos nacionales. En nuestro país podemos observar empresas que ofrecen en el mercado "agua dulce a granel", o la exportación de toneladas de agua sin control alguno a través de buques transnacionales.

Donde se estima que hay unos 12.000 km³ de agua contaminada y en donde los más afectados son los sectores más pobres (el 50% de la población de los países en desarrollo está expuesta al peligro que representan las fuentes de agua contaminadas), Argentina no puede ni debe, permitir la mercantilización del bien común agua.

Nuestro país ha venido experimentando durante los últimos 20 años un auténtico saqueo de sus recursos naturales no renovables y comprometiendo su soberanía respecto del manejo de los mismos, a la vez que poniendo irrazonablemente en riesgo al medio ambiente; dilapidando el recurso agua y condenando a grandes sectores de la sociedad a un futuro cierto de contaminación y degradación. Devastación ambiental que deviene también en corrupción y en una inevitable degradación de las instituciones.

Hoy son las resistencias populares contra los mega emprendimientos mineros a cielo abierto y en lucha por la soberanía alimentaria quienes más han venido bregando por el derecho al agua y a un ambiente sano, creciendo en forma proporcional la criminalización de la protesta social y la represión indiscriminada por parte de los gobiernos nacional y de algunas provincias. Por todo ello, resulta justo hoy luchar por el derecho a un ambiente sano, al acceso adecuado de las cantidades necesarias de agua para todos los habitantes, al trabajo digno, a la producción local y al desarrollo soberano de los pueblos. Defender el agua es defender la vida, en especial, la de aquellos sectores de la población más vulnerables.

En ese sentido consideramos que la creación de un Parlamento Federal en defensa del Agua, es un instrumento necesario para lograr un accionar coordinado entre todos los sectores involucrados.

El Parlamento por el Agua considera como principio global que el derecho al agua, así como a un ambiente sano, saludable y apto para el desarrollo humano, forman parte indiscutible del universo de los derechos humanos. Por tal motivo, el paradigma antropocéntrico conforme al cual el ambiente debe encontrarse subordinado a la actividad económica humana debe ser modificado, toda vez que constituyó el fundamento para justificar la visión extractivista que ve a la naturaleza como un sujeto de apropiación y comercio.

La misión de este Parlamento es la defensa del agua, y por ende, de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Es preciso repensar los fundamentos respecto de la relación entre la sociedad y la naturaleza y, en dicho marco, redefinir alternativas que resulten superadoras de lo que en la actualidad se entiende por "desarrollo".

Su objetivo es lograr un accionar conjunto y sistematizado entre todos los representantes elegidos por el pueblo, las organizaciones civiles, los expertos, y la sociedad toda; articulando un espacio de debate, participación ciudadana, generación de propuestas y relevamiento de información en lo referente a la protección, degradación y acceso al agua.

En el Parlamento participan especialistas técnicos en la materia, legisladores, concejales e intendentes de todo el país, de distintas fuerzas políticas. Además referentes de organizaciones no gubernamentales, vecinales, de trabajadores, y de pueblos originarios, autoridades de Universidades e Institutos de investigación y miembros de distintas Asambleas Territoriales.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.