Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los organismos que correspondan, se sirva informar respecto de las siguientes cuestiones vinculadas a la actividad pesquera en nuestro país:

1 -¿Qué medidas se vienen adoptando para desalentar el sobreesfuerzo pesquero en nuestras aguas marítimas? Especifique las acciones concretas que se hayan implementado para lograr una explotación sustentable de las especies: merluza común y calamar illex.

2 -Explicite si se ha creado un registro de infractores reincidentes respecto a la explotación ictícola, tal cual lo establece la Ley Nº 24922; con el fin de imponer sanciones graduales a los mismos y posibilitar la cuotificación estipulada por el Régimen Federal de Pesca.

3 -Detalle el número total de inspectores participantes en tareas de control y fiscalización pesquera, tanto en puerto como embarcados, que se desempeñan en la actualidad. Determine en el caso de los barcos merluceros, la proporción de inspectores embarcados en función del número total de buques dedicados a la captura de la merluza común.

4 -Enumere, de existir, los programas de capacitación de inspectores de puerto y embarcados que se vienen llevando adelante actualmente.

5 -Especifique el número total de infracciones detectadas respecto de la actividad pesquera durante los años 2009 y 2010, detallando el monto dinerario en concepto de multas notificado a través de las mismas y el porcentaje de cobro efectivo en relación a dicho monto.

6 -Explicite respecto de las artes de pesca de la merluza común que, en la actualidad, permite el Consejo Federal Pesquero; sin omitir acerca de si se exige o no el uso del dispositivo de selectividad en las redes para liberar a los especimenes pequeños.

7 -Detalle que acciones se vienen adoptando para reforzar el monitoreo y el control pesquero en toda la extensión de las aguas marítimas argentinas, con el fin de detectar buques de pesca ilegales operando en las mismas.

8 - Exponga cual es la planificación de corto, mediano y largo plazo tendiente a lograr la recuperación de los recursos ictícolas en el Mar Argentino, claramente menguados, según los especialistas, por años de sobreesfuerzo pesquero.

Señor presidente:

A partir de la década del ochenta se produjo, a nivel mundial, un notable incremento en la demanda de productos ictícolas, llegándose a duplicar la producción mundial entre 1980 y 2005. Según datos de la FAO, correspondientes a esta serie histórica, el volumen producido total, (considerando tanto la pesca de captura como la acuicultura) pasó de 70 millones a 140 millones de toneladas. Crecimiento motivado, fundamentalmente, por la irrupción en los mercados internacionales de China (principal productor y consumidor mundial de productos pesqueros), a partir del proceso aperturista y de liberalización de la economía, iniciado por Deng Xiaoping, tras su ascenso al poder en 1978.

Este aumento ininterrumpido en la demanda de productos ictícolas a escala planetaria, se evidencia en el hecho de que la incidencia porcentual del comercio pesquero respecto al PBI mundial se duplicó en los últimos 25 años; creciendo en la misma proporción si consideramos el PBI agroalimentario. En relación a la pesca de captura, la evolución ascendente de la demanda mundial de productos ictícolas motivó el agotamiento, por sobreexplotación, de algunas de los principales áreas de pesca del Hemisferio Norte; reposicionando, en paralelo, otras menos exploradas para satisfacer los nuevos requerimientos en términos de volumen. De ahí que el área correspondiente al Atlántico Sur haya cobrado relevancia creciente en el comercio pesquero mundial, resultando considerada, hoy por hoy, la mayor reserva ictícola existente para el desarrollo en escala de la pesca de captura.

En el caso de nuestro país, el proceso desencadenado en los tempranos ochenta se hizo notar a través de dos fenómenos. Por un lado, mediante el incremento del número de embarcaciones pesqueras y de la capacidad de captura y almacenamiento de la flota nacional. Por el otro, con la irrupción en el Mar Epicontinental Argentino de importantes flotas extranjeras, ya sobredimensionadas para la pesca de captura en sus Zonas Económicas Exclusivas de origen. Cabe aclarar, que gran parte de estos barcos pesqueros efectúan sus capturas amparados en acuerdos intergubernamentales o mediante permisos concedidos por Argentina (o por el gobierno británico cuando se trata de las áreas adyacentes a las Islas Malvinas), pero otras lo hacen de modo furtivo e ilegal. Estos factores concurrentes han determinado un notable incremento del esfuerzo pesquero en las dos últimas décadas,

poniendo en riesgo la existencia de diferentes especies ictícolas; entre las cuales destaca la merluza común o merluza hubbsi. Principal recurso de pesca de nuestras aguas marítimas, que en 2007 representó el 40% de los desembarques, un tercio de las exportaciones y el 60% del empleo del sector.

El caso de la merluza hubbsi resulta emblemático no solo por constituir el mayor recurso ictícola del país, sino por ser la especie sobre la cual se ejerció, a partir de fines de los ochenta, una presión de pesca extrema. Si tomamos como referencia los datos oficiales veremos que la captura de la merluza común pasó de 267 mil toneladas en 1988 a 587 mil toneladas en 1997; año en que se registró el pico máximo de captura de la mencionada especie. Con el agravante de que, a partir de 1993, los volúmenes extraídos superaron siempre la Captura Máxima Permisible recomendada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Comprometiéndose seriamente así, la biomasa total, la reproductiva y el rápido reestablecimiento del recurso en nuestras aguas.

Respecto de la evolución la actividad pesquera marítima en nuestro país, resulta imprescindible mencionar los informes llevados a cabo por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el ámbito de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura en un primer momento, y en la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA) pocos años después. Básicamente, el objeto de las auditorías consistía en examinar las acciones tendientes a la regulación de la actividad pesquera y la conservación de las pesquerías, en especial de los recursos merluza y calamar. Así como el seguimiento de los programas y actividades de los mencionados organismos destinados a la preservación de los recursos ictícolas, en virtud del sobreesfuerzo pesquero que se venía registrando año tras año en el Mar Argentino.

En marzo del año 2008, la Auditoría General de la Nación (AGN) dio a conocer un informe de control de gestión ambiental (Informe Especial 54 881, aprobado por Resolución Nº 69/02) efectuado en la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA). Dicho trabajo, que abarcó el período comprendido entre el año 2002 y el primer semestre del 2006, estaba motivado por el seguimiento de las recomendaciones y observaciones que se le habían planteado en 2002 a la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura desde la propia Auditoría General de la Nación, a través del Informe Nº 214/2001 (aprobado por Resolución N° 69/02).

Cabe aclarar que en el informe presentado en 2008 por la Auditoría General de la Nación, se advertía acerca de la no resolución de cuestiones planteadas en el anterior informe de 2002. Deficiencias no subsanadas que colocarían en riesgo severo la sustentabilidad de los recursos pesqueros en nuestras aguas marítimas.

Como breve reseña de las mismas podemos señalar:

-La sistemática violación de la Captura Máxima Permisible (CMP), fundamentalmente en el caso de la merluza común; antes aún de computar la subdeclaración en puerto, por parte de las empresas pesqueras, calculada en un 10% por los auditores; así como los descartes de la flota fresquera que se estiman entre un 15 y un 20% del volumen obtenido durante la captura.

- La notoria demora de los procedimientos realizados por el Área Sumarios en relación a la penalización de infractores. De acuerdo al informe de la AGN se pudo constatar que: "algunos expedientes fueron abiertos después de 3 años de haberse cometido la infracción y expedientes que tardaron 8 años en resolverse". Por otra parte, al analizarse cuantitativamente las multas impuestas y cobradas por infracciones, se comprobó que de un total de más de 110 millones de pesos determinados y notificados, sólo fueron impuestos por resolución o disposición poco más de 29 millones de pesos. Con el agravante de que se cobraron finalmente apenas 6 millones de pesos. Es decir, del total de las infracciones determinadas, se impuso el 26,8% y se cobró solamente un 5% del monto intimidado inicialmente. En términos del informe de la AGN: "estas cifras son elocuentes respecto a la falta de efectividad de la aplicación de las sanciones para las empresas armadoras".

- La no conformación de un Registro de Reincidentes que posibilite administrar sanciones graduales, a los infractores, según lo establecido por el artículo 58 de la Ley N° 24.922 (1) . Evitando, de este modo, otorgar permisos de pesca a barcos con historial de pesca ilegal, no declarada o no reglamentada, a fin de lograr una aplicación efectiva de las sanciones.

-Insuficiente número de inspectores a bordo de las embarcaciones pesqueras, no pudiéndose garantizar una sistemática revisión en los buques de pesca.

Tanto estos inspectores como quienes realizan controles de desembarque se encuentran insertos en El Programa Observadores, el cual depende del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y tiene como misión verificar el cumplimiento de la normativa pesquera relativa a la conservación y explotación sustentable de los recursos marinos. Según datos suministrados por la INIDEP a la AGN, el porcentaje de buques merluceros con inspectores a bordo ronda el 5%, cuando lo recomendado internacionalmente es un 20% de barcos inspeccionados.

En el informe de 2008, la Auditoría General de la Nación advirtió que, a pesar de las medidas implementadas por la Subsecretaría de Pesca en relación a la situación crítica denunciada en el anterior informe publicado en el 2002,..."aún no se ha alcanzado o logrado el control necesario a los fines de evitar los excesos en la explotación de los recursos pesqueros para asegurar su sustentabilidad". En los casos específicos de la merluza y el calamar, el cuadro de situación descripto por la AGN en 2008 planteaba lo siguiente:

"En síntesis, la situación actual de la merluza hubbsi continúa siendo preocupante. Entre las causas principales se encuentra la alta tasa de mortalidad de los juveniles producida por el sobredimensionamiento del esfuerzo pesquero y la falta de uso de dispositivos de selectividad de las flotas que operan sobre el efectivo. Con respecto al calamar Illex, su abundancia depende de las condiciones del ambiente, situación que obliga a profundizar en la investigación científica sobre el tema. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura no cuenta con planes de manejo a largo plazo para estas dos especies, que constituyen el principal sustento del sector y que se encuentran al límite de su explotación. Las falencias detectadas en el control y fiscalización de la operatoria pesquera atentan contra la sustentabilidad del recurso y vacían de contenido la legislación vigente".

Respecto de la depredación ejercida sobre especimenes juveniles, un estudio realizado por el INIDEP en 2009, indicó que el 61% de las piezas capturadas ese mismo año eran individuos juveniles y solo el 39% se correspondían a especimenes adultos. En el mismo sentido se pronunciaron desde la Fundación Vida Silvestre Argentina, a través del Coordinador del Programa Marino, Guillermo Cañete quien en una entrevista concedida en junio de 2010 al diario La Nación manifestó:

"El negocio está sustentado en los jóvenes. No podemos capturar más peces que los que se renuevan cada año y menos aún si no llegaron a reproducirse, porque el capital que está bajo el agua disminuye y finalmente se agota. Por otro lado, si se deja a esos peces un solo año más en el mar duplican su peso, lo que representa 70 millones de dólares más de ganancias. Los pescadores tienen que entender que si no hay peces, no hay plata."

Desafortunadamente, a principios de 2010, el Consejo Federal Pesquero autorizó capturas de merluza un 30 por ciento superiores a la cantidad recomendada por el INIDEP para la recuperación del recurso y prorrogó, por tercera vez, la suspensión del dispositivo de selectividad utilizado en las redes de pesca para liberar a los especimenes pequeños. Medidas que consideramos absolutamente desacertadas e incompatibles con la preservación de

los recursos ictícolas y la promoción de un desarrollo pesquero sustentable que combata toda forma de depredación en nuestras aguas marítimas.

Por todo lo precedente, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.