Solicitar al Poder Ejecutivo informe, a través de los organismos oficiales correspondientes, acerca de la situación actual referida a la demolición del Terraplén ilegal ubicado en los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes.-

Señor presidente:

Un fallo histórico del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes ordenó la demolición del terraplén ilegal construido en el Iberá ("agua que brilla", en lengua guaraní).

Con ello, se estaría en presencia de un caso histórico en la jurisprudencia ambiental argentina pues es la primera vez que un Tribunal ordena la demolición de una obra ilegal en función del peligro que representa para la gente y el medio ambiente en un área protegida.

Sin embargo, la empresa San Eugenio S.A. (ex Forestal Andina) habría manifestado indicios de negarse a cumplir con la sentencia pero sí a continuar con las obras.

A principios de 2008, la Justicia estableció que si la empresa no procedía a la demolición, la tarea quedaría en manos del gubernamental Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), que tiene poder de control y policía en la reserva, pero el ICAA aún no habría iniciado el desmantelamiento.

La suma de ambas realidades ha dado como resultado que ONGs de todo el país hayan logrado unirse y formar la coalición nacional "No a Los Terraplenes" para luchar por esta situación actual.

La coalición nacional "No a Los Terraplenes" está integrada por conocidas ONGs de todo el país como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, Aves Argentinas, Alihuén, Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) de Córdoba, Taller Ecologista de Rosario, Fundación Iberá y Fundación PROTEGER, entre otras.

El reclamo resalta la problemática de los humedales a nivel nacional y en especial del Iberá como un humedal único para la Argentina, cuya integridad es necesario preservar. Los Esteros del Iberá son considerados como una excepcional reserva de agua dulce y biodiversidad.

El citado terraplén habría sido construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental en el Iberá, una reserva natural de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares.

El Gobierno de la Provincia de Corrientes creó la Reserva Natural del Iberá el 15 de abril de 1983 por Ley Nº 3771. Según ella, sus límites son: al Norte, la ruta nacional Nº 12, al Este la divisoria con los afluentes de los Ríos Aguapey y Miriñay, al Oeste la divisoria con los esteros, arroyos y afluentes del Paraná y principalmente el Batel-Batelito y al Sur la continuación de la divisoria del Este que separa el sistema de los afluentes de la margen derecha del Miriñay y al Norte del Pay Ubre. Ocupa una superficie aproximada de 13.000 Km2 (trece mil kilómetros cuadrados) que significa el 14 % (catorce por ciento) del Territorio Provincial.

El área es hábitat de más de un centenar de especies de peces, 40 (cuarenta) especies de anfibios, 60 (sesenta) especies de reptiles y unas 345 especies (trescientos cuarenta y cinco) de mamíferos como el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus o "zorro grande" en guaraní), el lobito de río (Lontra longicaudis), pariente de la nutria, y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), entre otros.

La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, emitió la Resolución 0226/08 que exhortaría a la gobernación de la provincia de Corrientes a cumplir la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes que ordenaría la demolición del terraplén ilegal del Iberá.

La medida haría referencia, en sus considerandos, a que desde el año 2005, la empresa mencionada estaría construyendo un terraplén que inunda miles de hectáreas, afectando la vida de los pobladores del paraje Yahaveré, dañando irreversiblemente el ecosistema del Iberá y poniendo en grave amenaza de extinción a las especies que allí habitan.

Asimismo, resaltaría la reiterada desobediencia de los fallos judiciales por parte de la empresa demandada, dado que la misma en ningún momento habría suspendido las obras ya que al momento de interponerse la demanda, se habrían construido 1,5 Km. (un kilómetro y medio) de terraplén, mientras que en la actualidad, y a pesar de los sucesivos fallos judiciales, el mismo alcanzaría una extensión de más de 24 (veinticuatro) Km.

Tras una detallada cita de los cuatro fallos que pesarían sobre el terraplén, la resolución destacaría los sólidos fundamentos que ha tenido el Superior Tribunal de Justicia al momento de emitir sentencia y que se haría imperiosa la pronta ejecución de la misma, ya que de no hacerse, se estaría frente a un caso de denegación de justicia.

Ante estos hechos, también la comunidad científica, a través de Juan José Neiff, miembro del CONICET, informaría acerca de la peligrosidad del terraplén y su nefasto impacto ambiental a futuro ya que si la situación continuara la obra podría provocar inundaciones aguas arriba debido al represamiento que produce y alterando de forma irreversible el flujo natural de las aguas de los Esteros del Iberá, un humedal único en el país y en el mundo.

La Justicia ha fallado dándole la razón a los pobladores de Yahaveré y hoy la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes está firme, lo que implica que no hay más instancias de apelación posible, por lo que sólo resta que el gobierno de Corrientes cumpla con el fallo e inicie de manera inmediata la demolición del terraplén.

Los argumentos demuestran los peligros que implica la obra para las familias que habitan el lugar y por el impacto ambiental en un área de alta fragilidad ecológica destruyendo el hábitat natural de especies nativas.

Por estos motivos es que considero necesario dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos correspondientes, evalúe la factibilidad del caso.

Y por todo lo expuesto anteriormente solicito a los señores Diputados que se sirvan acompañar el presente Proyecto de Resolución.-