Solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete, que, ante las informaciones sobre la construcción de terraplenes ilegales en terrenos públicos o privados, canales, obras hidráulicas, secano de bañados, esteros y humedales en diferentes provincias de la Nación Argentina, particularmente en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, se sirvan informar sobre lo siguiente:

a) Si la mencionada Secretaría ha intervenido en esta problemática y de qué manera.

b) En caso de ser negativa la respuesta, indicar qué planes se prevé implementar al respecto.

c) Si la Secretaría de Ambiente, en tanto autoridad de aplicación en la materia, ha elaborado algún protocolo que contenga acciones recomendables ante los hechos mencionados;

d) Si coordina o tiene previsto coordinar acciones en este sentido con el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (CORUFA), con los gobiernos provinciales de Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes.

Señor presidente:

Distintas asociaciones ambientalistas vienen denunciando que en diferentes territorios del país, empresas privadas construyen terraplenes ilegalmente, afectando humedales, secando lagunas y modificando ecosistemas irremplazables que además de amortiguar inundaciones, son criaderos de peces y proveen de agua de muy alta calidad. Si bien el último caso conocido involucra a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, han sido numerosos los llamados de atención en otros ámbitos. Así, integrantes de la Fundación Proteger expresan su gran preocupación al verificar "como, cada vez más, empresas privadas modifican, sin autorización, islas y humedales en el Delta y en todo el litoral fluvial de la Argentina. Ocurre lo mismo en Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe y ahora, Entre Ríos, incluso en zonas declaradas reservas o de muy alta biodiversidad". Así lo señaló Julieta Peteán, coordinadora del programa Agua, Humedales y Pesca de la Fundación mencionada.

En Entre Ríos, la empresa holandesa Bema Agri B.V. construye terraplenes ilegales en islas de Entre Ríos, afectando a esa provincia y a Santa Fe. El gobierno provincial entrerriano, a través del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (CORUFA), intimó a los responsables a cesar las actividades y dio un plazo de 60 días para regularizar la situación. En esta provincia la ley de consorcios de agua lleva el número 9757 y fue promulgada en febrero del 2007 pero sigue sin reglamentarse. Su implementación impediría la construcción y abuso en los recursos hídricos

En la provincia de Buenos Aires, vecinos de Baradero denunciaron a la firma Pazzaglia Hnos por la construcción de terraplenes y otras obras destinadas a secar humedales del Delta del Paraná para que las tierras pasen a ser parte de un emprendimiento comercial agropecuario. Las islas afectadas por los extensos terraplenes están comprendidas entre los ríos Baradero, Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, a la altura del kilómetro 140 de la ruta 9 que une Rosario con la capital del país.

En julio pasado el diario "Crítica" reveló la construcción de una serie de terraplenes en las islas de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de Rosario. En esa zona, la ocupación del Delta para uso agropecuario se ve favorecida por la conexión vial Rosario-Victoria y los accesos que facilitan las "bajadas" a las islas de la planicie aluvial del Paraná.

Dice la nota firmada por Ricardo Robins: "El gobierno de Entre Ríos, en lugar de atenuar el impacto ecológico de esa situación, arrendó desde 2005 más de 110 mil hectáreas de tierras fiscales en esas islas para que 153 nuevos productores las exploten. Eso implicó que se multipliquen los caminos clandestinos (algunos representan barreras ecológicas), se construyan terraplenes para desviar ríos (que, además, secan lagunas naturales) y más quema de pastizales".

"Los humedales del Paraná son indispensables para el bienestar humano. Proveen agua dulce de alta calidad, son los grandes criaderos naturales de peces y amortiguan los efectos de las inundaciones, entre muchas otras funciones irremplazables", dijo Peteán, la integrante de la Fundación ya mencionada, y advirtió: "Si cada empresario hace lo que quiere sin la debida autorización, pone en peligro al ecosistema, sus funciones y recursos, y principalmente a la gente, pero parece que pocos lo llegan a comprender este impacto. Construir terraplenes ilegales no es un emprendimiento productivo, es un emprendimiento destructivo", remató la experta.

Una de las primeras voces de advertencia llegó desde los pobladores de Yahaveré, Corrientes, quienes denunciaron a una poderosa empresa agropecuaria por la construcción de terraplenes ilegales en los Esteros del Iberá, en un área declarada reserva natural provincial desde 1982. Los afectados por las obras ganaron un juicio en un fallo histórico que obliga a la firma que construyó los terraplenes a destruirlos. Pero aunque la decisión judicial se conoció en noviembre de 2007, al día de hoy los habitantes del paraje Yahaveré siguen reclamando al gobierno que se cumpla el veredicto.

Ante la gravedad institucional que implica la desobediencia a una sentencia judicial en firme, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, decidió intervenir ante la provincia de Corrientes para solicitar se proceda al cumplimiento inmediato de la sentencia. Igual preocupación expresaron días atrás ante una delegación de pobladores del paraje Yahaveré que visitó Buenos Aires, funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

En todos los casos, incluyendo el de la isla entrerriana de Itapé, las obras se realizaron sin hacerse los estudios de impacto ambiental indispensables para evaluar el daño que producirían o contar con autorizaciones. La preocupación central es que la modalidad denunciada de levantar terraplenes en las zonas de islas y humedales fluviales a lo largo del río Paraná se está "naturalizando" y expandiendo sin límites.

Si bien los recursos naturales constituyen jurisdicción primaria de las provincias, entendemos como primordial conocer cuál es la labor subsidiaria o concurrente que en este sentido se plantea el organismo estatal que tiene a su cargo. De hecho, la Dirección de Normativa Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación, se propone como "un espacio de articulación entre los temas que la provincia considere fundamentales desarrollar a nivel local, y proyectos de ley que sobre estos temas se encuentren en trámite en el Congreso de la Nación (ej, agua, acuíferos, humedales, EIA, papeleras, industria, termas, bosques, cambio climático, atención de emergencias, etc.)", y la propia SAyDS tiene entre los objetivos definidos por la Presidencia de la Nación, por decreto Decreto Nro: 830/2006 los siguientes: "Entender en la preservación, protección. defensa y mejoramiento del ambiente, en la implementación del desarrollo sustentable, en la utilización racional y conservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, la preservación ambiental del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, en él marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional", así como también "Entender en la elaboración y actualización permanente del diagnóstico de la situación ambiental nacional en forma coordinada con organismos nacionales, provinciales y municipales"; "Entender en la propuesta y elaboración de regímenes normativos que permitan la instrumentación jurídica administrativa de la gestión ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, a la conservación y uso racional de los recursos naturales y la calidad ambiental"; y finalmente "Entender en el establecimiento de metodologías de evaluación y control de la calidad ambiental en los asentamientos humanos así como la formulación y aplicación de indicadores y pautas que permitan conocer el uso sustentable de los recursos naturales".

Por ello es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.