- Créase una Comisión Especial de Investigación de la Administración de los Recursos Ictícolas Nacionales, con todas las facultades inherentes a dichas comisiones, a fin de establecer:

Si la administración y preservación de los recursos ictícolas, ha logrado la sustentabilidad de la actividad pesquera como sector relevante de la economía.

Si la ley 24.922 del Régimen Federal de Pesca sancionada en 1997 fue implementada de manera que permita tener una efectiva y plena aplicación.

Si fue determinado el ordenamiento definitivo del caladero nacional y las zonas de pesca establecidas por la ley citada.

Si fueron adoptadas las recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en lo referido a las capturas máximas permisible por cada especie.

Si las decisiones del Consejo Federal Pesquero que hacen al otorgamiento del sistema de cuotas individuales por debajo de la captura máxima permisible (CMP) han seguido las pautas fijadas recomendadas por el INIDEP.

Si la Autoridad de Aplicación ha procedido a cumplir con las normativas que fija la ley 24.922, en especial el sistema de control estricto de los permisos de pesca, y el otorgamiento de las autorizaciones a las embarcaciones pesqueras de distintos tipos, sean estas de menor calado, fresqueros, barcos congeladores, así como las zonas operativas de cada una.

Si la Autoridad de Aplicación ha mantenido la equidad y transparencia necesaria al otorgar los permisos de pesca y autorizaciones a las embarcaciones remitiéndose a lo establecido ante la ley vigente.

Si la Autoridad de Aplicación para lograr la preservación de los recursos ictícolas y la sustentabilidad de la actividad pesquera, en especial con especies como la merluza y el calamar, ha elaborado un Plan de manejo de dichos recursos.

Si la Autoridad de Aplicación ha dado continuidad al sistema de monitoreo satelital que había sido contratado oportunamente, y la instrumentación posible del sistema en su reemplazo por el cual todos los buques debían contar con un sistema de monitoreo satelital con acceso a los datos por parte de las autoridades.

Si las conclusiones de la Auditoria realizada en el año 2001 por el equipo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron tenidas en cuenta y qué decisiones se adoptaron para solucionar las graves violaciones a las normas vigentes.

Si la Autoridad de Aplicación como control del sector pesquero ha instrumentado un sistema de seguimiento de la documentación requerida por los organismos del Estado (Prefectura, Aduana, AFIP, DGI y Pesca).

Si la Autoridad de Aplicación para agilizar el procedimiento de aplicación de sanciones ha procedido a reglamentar la ley 25.470, y el artículo 54 de la ley 24.922, la simplificación del procedimiento sumarial, y la creación del Registro de antecedentes de infractores.

Si la Autoridad de Aplicación ha desarrollado la capacitación de inspectores a través de una carrera de Inspector Nacional de Pesca, y dotar a su estructura de los recursos humanos y materiales para el cumplimiento eficiente de sus funciones.

Exportaciones realizadas antes y después de la devaluación de la moneda, con cantidades por especie y destinos de las mismas.

Todo lo referido a la administración de los recursos ictícolas que no han sido enumerados anteriormente.

2.- Serán funciones de la Comisión, entre otras:

- Investigar los hechos de trascendencia legal y económica en el ámbito del sector público, que por su magnitud y características hubieran afectado al patrimonio nacional o el interés público en general, relacionados con el objeto de esta Comisión.

- Impulsar los mecanismos institucionales apropiados a fin de lograr la búsqueda, identificación, y requerimiento de la documentación pertinente a su labor específico.

- Examinar la eficacia de las estructuras de prevención, control y sanciones, a los efectos de proponer mecanismos o procedimientos orientados a su perfeccionamiento.

- Recibir testimonios de los funcionarios que integran la autoridad de Aplicación, como de otros organismos sean técnicos, científicos, como así también de la Auditoria General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de la Oficina Anticorrupción.

- Recibir denuncias y pruebas sobre hechos anormales en cumplimiento de las funciones públicas y la remisión inmediata a la Justicia si ellas estuvieran conectadas con la presunta comisión de delitos.

3.- Fijase en doce (12) el número de miembros de esta Comisión, los que serán designados por la Presidencia de la H. Cámara de Diputados de la Nación a propuesta de los presidentes de bloques, respetando la composición de la Cámara. Se designará un Presidente y un Secretario.- Queda facultada la Comisión para dictar su propio reglamento o en su caso se regirá por el Reglamento de la Cámara.

4.- La Cámara de Diputados de la Nación proveerá la infraestructura, apoyo técnico y el personal necesario para el desenvolvimiento de sus funciones.

Señor presidente:

La situación actual del sector pesquero nos confronta hoy con la Argentina que queremos dejar de ser: aquella que deja librada al arbitrio de un funcionario circunstancial la suerte de sus recursos más importantes, en lugar de establecer reglas de juego claras que garanticen la sustentabilidad de ese mismo recurso en el mediano y el largo plazo.

En 1997 el Congreso sancionó el Régimen Federal de Pesca, por el cual se estableció un ordenamiento normativo que, bien aplicado, garantizaría la sustentabilidad del recurso. Pero esa ley no ha sido todavía implementada. Y, como resultado de esta dejadez, hoy se encuentran en grave peligro especies como la merluza hubbsi, la más significativa de nuestro mercado, que demandan adoptar medidas protectivas permanentemente.

Lamentablemente, no siempre somos conscientes del significado que tiene la pesca para el presente y el futuro de los argentinos. Inmersos en una fuerte tradición agropecuaria, perdemos de vista sectores como el pesquero, que supera a muchos otros productos en valores de exportación. Inclusive su conservación en las especies para un crecimiento sostenido en las generaciones posteriores.

El sector pesquero fue uno de los mayores favorecidos por la devaluación del peso. El año pasado se exportó por unos 900 millones de dólares, mas que el valor de los embarques de carnes vacunas. Del total de las capturas en el Mar Argentino, un 90% tienen como destino el mercado externo.

No se respetaron en su totalidad las recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que por ley es el referente técnico y científico de la administración pesquera nacional. Tampoco se tuvo en cuenta al Consejo Federal Pesquero ni a los otros institutos de investigación. Estos organismos se encargan de establecer la captura máxima permisible en cada caso, fijando los límites de explotación de la especie. Al no tomarse en cuenta esos límites, se llegó al extremo de duplicar, en los hechos, los niveles recomendados por las instituciones.

No hace falta ser un experto en el tema para entender cómo se llegó a esa situación. El otorgamiento de los permisos de pesca se hizo al margen de las pautas establecidas en la ley mencionada. Es decir, se hizo a través del viejo vicio de la duplicación de los permisos pesqueros, que permite el ingreso de buques que supuestamente reemplazan a otros inexistentes o que admite que aquellos que deben dejar de pescar continúen haciéndolo.

La ley le pone un freno al oportunismo a través de un sistema de cuotas, que son otorgadas por el Consejo Federal de Pesca sobre la base de las recomendaciones que surgen de los estudios del Inidep. Este sistema es el mismo que se aplica en países como los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. No se trata de innovar, sino de hacer cumplir una ley sancionada hace más de cinco años en la Argentina y de eficacia probada en países desarrollados, de reconocida seriedad en la administración de recursos sustentables.

La administración pesquera hace más de una década que zozobra por denuncias de corrupción e irregularidades en el otorgamiento de las licencias de pesca con consecuencias nefastas sobre los recursos del mar argentino.

"El Estado es el principal depredador del mar porque no controla a las empresas pesqueras"

En 2001 una auditoria realizada por un equipo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), financiados por la misma Secretaría de Agricultura, reveló abrumadoras violaciones a las normas vigentes. Ese informe, entre otros, cayó en saco roto, pues implicaba avanzar en temas inconvenientes tanto en el plano político como en el empresarial.

Mientras tanto, las existencias de los principales recursos, como la merluza hubbsi, continuaron descendiendo a niveles preocupantes. La biomasa total y reproductiva de la especie está en los guarismos más bajos de la historia, según el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).

Este es un año de mala racha para la pesca. Cayeron las exportaciones respecto de 2006 (un 20% en volúmenes y un 7% en montos), hay una sobreoferta de calamar y langostino a nivel mundial que dejó los precios de estos productos por el piso y se redujo un 10% la captura permitida de la merluza, lo que despierta cierta incertidumbre sobre el estado de este recurso. Según informó el Senasa, las exportaciones de pescados y mariscos durante los primeros 5 meses del año alcanzaron las 232.000 toneladas, por un valor de más de 425 millones de dólares. A pesar de la caída, la tonelada de pescado argentino en el exterior cotizó a un valor un 16% superior al de 2006 (de 1576 dólares la tonelada en 2006 a 1832 dólares en lo que va de 2007). Los más afectados por la caída de las exportaciones fueron los mariscos (calamar y langostino), cuyas ventas al exterior descendieron un 26% en volúmenes y un 20% en valores frente a 2006, habiéndose exportado a la fecha 85.000 toneladas por 172 millones de dólares. La caída de las exportaciones era esperable, porque en calamar y langostino hubo una caída del precio internacional muy marcada, debido a que este año hubo una oferta abundante a nivel global.

En este contexto, la situación del langostino es quizá la más complicada, porque si bien las exportaciones de este producto se triplicaron respecto de 2006 (15.000 toneladas vendidas al exterior, frente a las 5000 de 2006), el precio por tonelada del marisco pasó de 11.000 dólares en 2006 a un promedio de 5000 dólares en 2007.

Pero no es solamente la caída del precio lo que afectó al marisco. Ahora hay que tener en cuenta y adoptar previsiones porque enfrentamos una competencia a nivel interno con el langostino de cultivo, que se presenta como una opción más económica.

Después de los mariscos, el producto que bajó sus ventas significativamente fue el pescado, cuyas exportaciones descendieron de 175.000 a 147.000 toneladas (un 16% menos). Sin embargo, el monto facturado por estas ventas superó los 253 millones de dólares, un 5 por ciento más que lo registrado en similar período del año anterior, por el buen precio de la tonelada: 1722 dólares, un 25 por ciento más que en 2006.

En este rubro, la estrella en el mercado local es la merluza común o hubbsi, un producto cuyo precio crece en forma sostenida desde hace varios años, a pesar de la alta demanda, porque hubo que reducir la captura permitida de merluza de 380.000 a 340.000 toneladas este año. Podría haber conflictos en el corto plazo con este recurso, porque habría habido serios problemas con el llamado reclutamiento (que es el ingreso de ejemplares jóvenes en la población adulta).

Merluza en problemas

Esto parece ser confirmado por los números de las capturas de esta temporada. Según publicó el semanario Pesca y Puertos, en los primeros cinco meses de 2007 solamente se desembarcaron 122.000 toneladas de merluza al sur y al norte del paralelo 41, cuando para la misma fecha de 2006 solamente en el stock sur se había descargado una cifra similar. A pesar de que la merluza es longeva, los desembarques muestran un predominio de los ejemplares de edad 2 y 3.

Lo más preocupante es que, del total de la biomasa, las clases mayoritarias son las de edad 1 y 2, con un fuerte descenso de las edades mayores.

El seguimiento del estado del recurso merluza está a cargo del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un organismo independiente que se encarga de monitorear el estado de las diferentes especies. Aunque el Inidep es un organismo científico, no escapa de las presiones políticas que podrían significar anunciar una nueva crisis de la merluza hubbsi. La explotación pesquera sigue, desde la pasada década, una política de falta de conservación por la entrega ilegal de nuestros recursos pesqueros. El eslabón de la cadena más frágil de la industria pesquera es el "filetero" y sobre él recae inmediatamente el impacto de la falta de materia prima. Mar del Plata tiene miles de trabajadores de "filet" como las demás provincias marítimas que están reaccionando ante la falta de pescado que se traduce en la falta de alimento a sus hijos y familia.

Adoptar medidas de protección como indica el sentido común y la Ley 25.109 para la flota ilegal de factorías congeladora al sur del grado 48 para la conservación de las especies y biodiversidad. Nuevamente se demuestra que el tema ambiental no interesa y lo que sí interesa es lo mediático.

La anterior crisis, ocurrida en 2000, dejó como saldo varios desempleados y el establecimiento de cupos de pesca. En esa ocasión, fue el Inidep el que advirtió el peligro que corría el recurso, cuya biomasa cayó a niveles alarmantes entre 1993 y 2000. Se calcula que el año pasado la pesca generó ingresos por exportaciones por unos US$ 900 millones.

Hoy no hay métodos confiables de control sobre los casi 700 buques que operan en el caladero -zona de pesca-. El sistema satelital fue desactivado hace dos años por falta de pago a la empresa que suministraba el servicio. Nunca más volvió a funcionar en forma integral.

La resolución 73/04, con la que se intentó cuotificar, como indica el régimen federal de pesca, la pesca de merluza. Pero la norma también permitía que 40 buques congeladores -algunos con irregularidades en sus permisos, operaran al norte del paralelo 48°S.

Esto contradecía un decreto anterior (189/99) que había confinado a estas grandes fábricas flotantes al sur de ese límite para preservar el recurso. Apenas una semana después de anunciada, la norma fue suspendida. Es así como la Argentina hoy no cuenta con un régimen de manejo de un recurso crítico como la merluza, a pesar de algunas resoluciones de la Autoridad de Aplicación.

Por todo lo expuesto se considera oportuno que sea conformada la Comisión Especial de Investigaciones, solicitándose la aprobación del presente proyecto.