Su beneplácito por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aceptar parte del reclamo presentado por vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Partidos del Gran Buenos Aires para que en el plazo de 30 días contados a partir del 20 de Junio de 2006, se presente un plan integrado de saneamiento de la cuenca hídrica Matanza - Riachuelo.

Asimismo, hace saber de su agrado por lo oportuno que el alto tribunal haya resuelto que, en el mismo plazo de tiempo enunciado en párrafo anterior, las cuarenta y cuatro empresas demandadas por contaminación, presenten un informe sobre los residuos que arrojan al Río, la aplicación de sistemas de tratamiento para evitar la contaminación y sobre los seguros contratados.

Señor presidente:

En la cuenca Matanza Riachuelo viven actualmente 4.884.823 personas, algo más del 11 % del total de la población del país.

En el sector medio de esa cuenca existen 3.036 fábricas que llevan a un grado de contaminación industrial, cuyas cifras se reflejan, principalmente, en la concentración en microgramos por litro de los siguientes metales tóxico: arsénico 50, siendo su nivel guía de 5; cromo 38, siendo su nivel guía 2; mercurio 5, con un nivel guía de 0,1 y plomo 16, con un nivel guía de 1. Por su parte, el sector bajo de la cuenca tiene un muy alto nivel de contaminación muy alto, con un nivel de oxigeno en el agua de 0,5 miligramos por litro, siendo el nivel mínimo necesario de tal elemento para el desarrollo de la vida en el río de 5miligramos por litro de agua.

Estos datos, en realidad alarmantes, nos ponen sobre aviso de las consecuencias destructivas para el ecosistema de la cuenca y, muy especialmente, para la vida humana.

Las enfermedades más frecuentes que afectan a los habitantes de la cuenca en general y, especialmente a los de los tramos medio y bajo son: leptospirosis, gastrointestinales, tétanos, parásitos y dengue.

Por cierto, Señor Presidente, esta decisión de la Corte Suprema nos parece oportuna y digna de elogios, puesto que no sólo procura devolver a los millones de habitantes que viven en la Cuenca Matanza Riachuelo el derecho fundamental al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar; sino que, además, supone y conlleva en esa decisión el principio de equidad intergeneracional, esto es, que debemos entregar a las generaciones venideras un mundo que desde la estabilidad ambiental les brinde las mismas oportunidades de desarrollo que tuvimos nosotros.

Por otra parte, es una decisión que afirma nuestro apoyo al principio de sustentabilidad, con base directa en la Constitución Nacional, en tanto que su artículo 41 consagra que "las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras." Y, por otra parte, es concordante con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en el apartado que expresa: "A fin de alcanzar el desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada."

Los estudiosos del tema de la sustentabilidad, enseñan que ella es requerida en cuatro áreas; a saber: 1) Area ecológica: lo que demanda mantener procesos ecológicos que posibiliten la capacidad de renovación de plantas, animales, suelos y aguas; mantener la diversidad biológica y su capacidad de regeneración. 2) Area social, que permita igualdad de oportunidades de la sociedad y la participación ciudadana en la gestión ambiental. 3) Area cultural, que preserva la identidad cultural básica y reafirma las formas de relación entre el hombre y su medio. 4) Area económica, eficiencia, que implica consideración de todos los valores de los recursos, presentes y potenciales; equidad dentro de la generación actual y respeto de las generaciones futuras.

Muchos podríamos argumentar sobre tan valiosa y enjundiosa decisión de nuestro tribunal supremo; ello, seguramente, superaría el número de páginas prudentes para fundamentar un proyecto de declaración; pero al tiempo que damos cuenta de nuestro beneplácito, por nuestra misión de legisladores y con ello de educadores en civismo, le queremos recordar al pueblo de la nación que, cada uno de quienes lo integramos, desempeñándonos en cualquier rol, desde el más humilde e insignificante hasta el más alto y elogiado, estamos obligados a defender el medio ambiente; pues ello es un compromiso que atañe directamente a los derechos humanos de tercera generación, tal como ha sido calificado y tipificado por la Organización de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, la importancia del tema en cuestión y por las consecuencias que ello tiene, entre otros, para con los principios de solidaridad, cooperación y prevención, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para aprobar el presente proyecto de declaración.