Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación, para que en ese ámbito, y en el contexto de una política más rígida y definida, se adopten:

1-Medidas punitivas severas para todas las Empresas que se detecten en infracciòn, a las normas nacionales y acuerdos internacionales y que de algun modo u otro ofenda la dignidad de la nación.

2-Procedimientos de control y supervisión que desalienten los procedimientos como el adoptado por el armador del barco "77-DOO-NA"; que luego de reparaciones en puertos continentales y operando con permiso de pesca Británico, cometen infracciones en nuestra ZEE.

3-El control del mar y las pesquerías, por parte de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina, en forma persistente.

Señor presidente:

Cualquiera que ha navegado o volado el Mar Argentino en las proximidades del talud continental, advierte la inmensa cantidad de buques poteros de cualquier bandera que se concentran en las proximidades de la milla 201.

Desde una fotografía satelital, se puede apreciar que el resplandor de las luces de esa concentración de barcos, supera al resplandor de ciudades como Buenos Aires, Montevideo o Santos. Ello da una idea da la magnitud.

Es por todos sabido que el calamar es una especie migratoria, y en la zona de referencia se incrementa su presencia por la existencia de nutrientes en y proximidades del talud.

La pesca en esa zona no hace más que afectar al recurso que, con un ciclo de vida acotado, se ve seriamente diezmado.

A la situación descripta se suman los incursotes de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional, que en forma furtiva pescan sin permiso y sin control alguno por parte del Estado Ribereño, como está establecido en la Ley del mar; con la consiguiente afectación de la biomasa en términos de sustentabilidad.

La caótica situación señalad, se agrava con la presencia ilegal en los caladeros nacionales de aquellos barcos que operan con licencias extendidas por la actual Administración de las Islas Malvinas.

Pero, aún es peor cuando nos anoticiamos que empresas pesqueras, de capitales extranjeros radicadas en el país, operan tanto con la licencia nacional como con la otorgada por las Islas Malvinas; que el Subsecretario de Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Oscar Fortunato, en declaraciones públicas ha identificado a algunas de ellas, como PESCAPUERTA, PEREIRA, FREIREMAR y PESCANOVA. Ello así, estas empresas desconocen la soberanía nacional, y desprecian los esfuerzos argentinos para recuperar nuestro territorio archipelágico malvinense.

Por otro lado, paree conveniente aclarar la ambigua relación entre los intereses comerciales y los derechos de soberanía. No parece admisible que barcos con antecedentes en el registro de la Administración kelper, que fueron capturados en infracción, como es el caso del "77-DOO-AN", cuyo armador lo da de baja del permiso de Malvinas, para acceder a distintos servicios en los puertos del continente, y luego recuperar aquel permiso.

La situación descripta, a mi juicio, requiere a la brevedad, la implementación y aplicación de medidas severas y persistentes que contribuyan a eliminar no solo la pesca ilegal; sino también la reiterada afrenta y desprecio de los esfuerzos nacionales por recuperar nuestras Islas Malvinas.

En base a lo expuesto, solicito al Señor Presidente la aprobación del presente.