Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos y dependencias que correspondan, informe lo que a continuación se solicita con referencia a obras de dragado y balizamiento del tramo Santa Fe-Pilcomayo de la hidrovía Paraná- Paraguay:

1. Cuántas propuestas existen con referencia a dicha obra.

2. Mediante qué mecanismo y en qué plazos se tiene prevista su adjudicación.

3. Cuáles son los términos de cada una de ellas en cuanto a inversión requerida por parte del estado nacional, costo del peaje a cobrar, duración de la concesión, profundidad del dragado, servicio de balizamiento y demás elementos a considerar en materia de navegabilidad.

4. Si existen estudios ambientales realizados sobre el impacto de la obra.

5. Cuál será el organismo encargado de controlar la obra y los términos del contrato de concesión.

Señor presidente:

El Presidente de la Nación aseguró la semana pasada en Rosario que firmó la renegociación del contrato con la firma concesionaria del tramo Santa Fe-Océano de la hidrovía Paraná- Paraguay, la cual incluiría, además del aumento del calado del tramo señalado, la concesión a Hidrovía SA del dragado y balizamiento de la traza de Santa Fe al Norte, pero siendo el Estado el encargado de financiar la obra.

Los problemas de dicho tramo son producto del abandono por parte del gobierno del mantenimiento que históricamente -y sin dañar al medio ambiente- venía realizando Vías Navegables desde principios del Siglo XX hasta 1979, al igual que las campañas de aforos sólidos y líquidos y los relevamientos batimétricos de precisión para control de dragado. Como ejemplo de dicho abandono, en 2004 se relevaron 42 señales en un tramo en el cual deberían existir alrededor de 530, lo que da cuenta de la desinversión existente en el sistema de señalización y un déficit en el mantenimiento de esta vía actualmente gestionada por el Estado.

El anuncio presidencial sorprendió al sector empresario, cansado de reclamar por los mayores costos que provoca la dificultosa transitabilidad de los 1.030 kilómetros de traza entre Santa Fe y el Río Pilcomayo, dificultad agravada por el hecho de que en los últimos 20 años las cargas se multiplicaron por 18: en 1988, la hidrovía transportaba unas 750 mil toneladas, mientras que en 2006 alcanzó los 13 millones de toneladas. Específicamente en el tramo Norte, entre 1991 y el 2005 el movimiento pasó de 2 millones a 8,5 millones de toneladas, creciendo el número de barcazas que transitan por la hidrovía de 258 a 1.200 unidades. (1)

Si bien el gobierno teóricamente aún no tenía decidido llamar a licitación para concesionar este tramo, unos meses atrás la compañía Hidrovía SA, que actualmente opera el tramo de Santa Fe-Océano, manifestó su interés por el tramo Norte a través de Carl Heiremans, gerente en Argentina del grupo Jan de Nul, uno de los propietarios de la firma. (2) Este interés por realizar los trabajos ya había sido manifestado por la empresa en 1997 ante el entonces presidente Carlos Menem, pero a la fecha no había respuesta alguna.

Por otra parte, en el 2006, las firmas Dragados y Obras Portuarias SA (DyOPSA) y Pentamar elevaron a la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas (CEDIP), organismo dependiente del Ministerio de Economía, una propuesta para encarar el dragado, adecuación y mantenimiento del balizamiento de la traza que va desde el kilómetro 584 en Santa Fe hasta el 161 en la desembocadura con el río Pilcomayo.

El proyecto fue presentado en el marco del decreto 966/2005 sobre Régimen Nacional de Iniciativa Privada, sin que hasta ahora tuviera respuesta alguna por parte del gobierno nacional, pese a la creciente demanda de los usuarios para la adecuación de esta traza. Para encarar este proyecto, las empresas conformaron una UTE, y previeron una inversión de U$S 18 millones para el primer año, suma que sería financiada con el pago de un peaje de U$S 0,70 la tonelada para el trayecto ida y vuelta a pagar sólo por las barcazas cargadas, transitando las vacías sin costo alguno.

La propuesta contempla la prestación de los servicios de relevamientos batimétricos periódicos, adecuación y mantenimiento del sistema de señalización fluvial y dragado de los pasos críticos de la vía navegable conformada por los ríos Paraná y Paraguay, desde Santa Fe hasta Pilcomayo, todo lo cuál reducirá el sobrecosto actualmente existente como consecuencia de los inconvenientes que presenta la navegabilidad en este tramo de la hidrovía.

Para la UTE nacional, su propuesta "mejora el costo del peaje calculado por un estudio del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CHI) que preveía tasas del orden de 2 dólares por tonelada (considerando dragado a 8 pies al cero, el pago de la inversión inicial por parte de los Estados y un subsidio anual de 2,8 millones de dólares) para viajes desde Corumbá a San Nicolás con convoyes de 16 barcazas (24.000 toneladas)." (3) Si bien la tasa de referencia de la propuesta del grupo nacional es para algo menos de la mitad del viaje calculado por CHI, sigue siendo sustancialmente menor que la propuesta del estudio, ya que no solicita ningún aporte ni subsidio del Estado y con dragado a 10 pies al cero -2 pies más que el estudio del Comité-.

Queda absolutamente claro que estamos frente a una obra sumamente necesaria que mejorará la competitividad de la producción del norte de nuestro país al bajar los costos del transporte fluvial, a la vez que facilitará el abastecimiento de soja para las empresas aceiteras que se concentran sobre el río Paraná entre Santa Fe y Ramallo, las cuales se alimentarán parcialmente de materia prima proveniente de Bolivia, Brasil y Paraguay por vía fluvial.

Sin embargo, entendemos que resulta imprescindible que dicha obra se realice en un marco de absoluta transparencia y contemplando todos los requisitos de sustentabilidad ambiental. Precisamente por ello, entendemos que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, brinde un informe detallado de todos los proyectos existentes en la materia que nos permita cotejar cuál resulta más conveniente, utilizando de la manera más racional y eficaz posible los recursos públicos, con un exhaustivo control ciudadano.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del proyecto de resolución.