Su preocupación ante la persecución y los ataques a los que se ve enfrentada la ciudadana María Elba Ledesma, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, luego de haber presentado una denuncia penal por contaminación en contra de los responsables de Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM propietaria de la Planta de Tratamiento "San Felipe", ubicada en esa provincia.

Señor presidente:

En su origen, la secuencia de hechos que desembocan en la interposición de una denuncia penal por contaminación en el fuero federal de Tucumán, tiene una dinámica de participación ciudadana comprometida y harta de sufrir la desidia del Estado provincial, que merece ser tenida en cuenta al momento de valorar el estado actual y los acontecimientos que se describirán a continuación, esto indica claramente el grado de legitimación de la petición ante el Poder Judicial de la Nación.

Después de un largo peregrinar iniciado en el año 2007 y que los llevara por diferentes instituciones en Tucumán (administración de Sociedad Aguas del Tucumán -SAT-, oficinas del Poder Ejecutivo y Legislativo, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Tucumán, etc.), sin conseguir respuesta alguna, los vecinos del sureste del Gran San Miguel de Tucumán, cansados de ser recipiendarios de los efluentes cloacales de la ciudad, decidieron interponer una acción penal por contaminación. Cabe acotar, que estas aguas servidas, además de inundar el vecindario, son volcadas en el "Canal Sur" cuyo caudal es depositado directamente en el Río Salí, el que a su vez contribuye con sus aguas al Embalse de Termas de Río Hondo ubicado en la Provincia de Santiago del Estero.

La denuncia refrendada por la ciudadana María Elba Ledesma, DNI N° 18.186.580, domiciliada en Barrio CGT Mz. "C" Casa 29, de la ciudad Capital de Tucumán, fue presentada por ante la Fiscalía General a cargo del Dr. Antonio Gustavo Gómez, en fecha 6 de abril del 2009. En esa oportunidad, se formula la denuncia penal, por la posible infracción a la ley 24.051, en contra de los responsables de Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM propietaria de la Planta de Tratamiento "San Felipe" -ubicada en calle Jujuy altura 4100- y de las instalaciones ubicadas en Barrio Parque Sur. Recepcionada que fuera, a la presentación se le imprimió el tramite previsto en el art. 26 de la ley 24.946, siendo enviada con posterioridad al Fiscal Federal Nº I de Tucumán, según el turno correspondiente.

Conforme al trámite del Código Procesal Penal de la Nación (art. 181 y art. 196 segundo párrafo), se puso en conocimiento del Juzgado Federal Nº II a cargo del juez subrogante Dr. Mario Racedo, asignándosele el numero 570/09. El expediente, desde el comienzo estuvo sometido a dilaciones sin justificación legal, tanto es así, que pruebas sustanciales como allanamientos en las plantas y en las oficinas administrativas de SAT se produjeron recién el 1 de junio y el 23 agosto del 2010, cuando desde la primera oportunidad el juez contaba con pruebas concretas sobre lo que estaban soportando los denunciantes. Sin embargo, en esas ocasiones se colecto evidencia suficiente como para indagar al titular de la razón social en cuestión, Alfredo Calvo, sin que hasta la fecha se haya concretado tal instancia de la instrucción.

María Elba Ledesma, no limito su accionar a la mera denuncia, sino que en todo momento tuvo una intervención activa en legajo, esto avalado por su rol de querellante, oportunamente asumido en la investigación. Tal es así, que la esta ciudadana concurría todos los días a preguntar e instar la gestión de la causa. Esta actitud, molesto considerablemente al personal del juzgado interviniente, quienes sostenían que la cantidad de trabajo acumulado les impide decretar en tiempo y forma, excusa que no fue atendida, como corresponde, por la querella. El interés por el curso del expediente, llevó a la querella a proponer pruebas múltiples y a aportar considerable material probatorio (por ej. audiovisual), lo que contrastaba con la desidia y lentitud que demostraban los operadores del sistema.

La postura activa de la Sra. Ledesma, fundada en su calidad de victima directa y en sus derechos constitucionales vulnerados, le valieron que de a poco le fuera retaceado el acceso a los autos, desembocando en que solo se le permitía acceder a estos en presencia de su abogada patrocinarte. Insostenible!

El incumplimiento de los términos procesales, el dispendio jurisdiccional y la displicencia en el ejercicio de la función de magistrado judicial, motivo que la Sra. Ledesma ocurriera al Consejo Asesor de Magistratura (interposición de fecha 28/07/2010), buscando una solución a los padecimientos descriptos, sin obtener una remediación a la mala administración de justicia a la que está sujeta.

A pesar del ninguneo en su calidad de parte en la instrucción (violentando las normas de la ley procesal), la Sra. Ledesma continuo asistiendo a los estrados del Juzgado Federal NºII, con la intención de obtener información de la instrucción, presencia que era seguida de cerca por personal de la Policía Federal Argentina, quienes al verla llegar al quinto piso del edificio ubicado en calle Las Piedras Nº 418 inmediatamente comenzaban a seguirla, como si fueran una persona potencialmente peligrosa.

El día 1 de octubre del 2010, mientras compulsaba el expediente en la mesa de Entrada de la Secretaria Penal del Juzgado, la querellante se dio con que faltaban copias de presentaciones realizadas en la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación y en el Honorable Congreso de la Nación -ambas efectivizadas el día 19 de octubre del año 2009-, lo que la impulso a preguntar a los empleados. Mientras se desarrollaba esta ida y vuelta con los dependientes del juzgado, ingresó el Dr. Racedo, a quien se le cuestiono el faltante por ser el responsable de la documentación. Esta interpelación, molesto en demasía al magistrado lo que termino con la actitud sacada del mismo, que en voz alta intento intimidar a Maria Elba Ledesma.

El episodio someramente descripto, origino el expediente Nº 1114/10 que se lleva en el Juzgado Federal Nº I de Tucumán a cargo de Daniel Bejas (recientemente designado como titular), donde se investiga a María Elba Ledesma por ser presunta autora del delito de extorsión en contra del Juez Federal Nº II. Con una diligencia notable y poco frecuente, a la ciudadana Ledesma ya se le tomo declaración indagatoria en dos oportunidades (el 29/03/2011 y el 29/04/2011), siendo conducida por la fuerza pública en la primera oportunidad.

Finalmente, si el proceso contra la SAT SAPEM se inició el 6 de Abril del 2009, se está ante una flagrante violación del derecho a una protección judicial que impone el art. 25 apartado 1° del PSJCR, y que dice " Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". No es la primera causa penal por transgredir la ley 24.051, que se demora en ámbito del Juzgado Federal N° II de Tucumán. El caso más emblemático, tal vez sea "González, Juan Antonio s/Infracción a la ley 24.051" que lleva en trámite sumarial más de doce años, donde se investiga la presunta conducta ilícita de los responsables de Minera Alumbrera LTD.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto de repudio.