Citar de forma urgente al Señor Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, a la Comisión de Comercio de esta Honorable Cámara, a los efectos de que brinden información precisa sobre los motivos que se tuvieron en cuenta para quitar a los puertos de Gualeguaychú y Campana la calidad de especializados para la importación de carbonato de sodio.

Señor presidente:

El carbonato de sodio (soda solvay) es una commodity clave para la fabricación de un abanico de productos como vidrio, los detergentes y los jabones en polvo. Por una cuestión de demanda, se importa. En los últimos ocho años, 1,5 millones de toneladas ingresaron por el puerto de Campana, que se especializó con infraestructura para recibir este producto. También ingresa por Gualeguaychú, dado que allí una de las principales empresas globales de consumo masivo elabora su línea de productos de limpieza.

Otra razón por la cual la entrada de la soda solvay se realizaba en estos dos puertos es que prestaban servicios allí peritos químicos de la Aduana, especializados en este tipo de embarques.

El mercado consume 300.000 toneladas. Hay un solo productor nacional, que elabora 170.000 toneladas. Se trata de Alpat, Alcalis de la Patagonia, una firma del Grupo Indalo, atribuida su pertenencia a Cristóbal López, hombre cercano al Gobierno.

En 2007, el grupo argentino propietario de Alpat le solicita al Gobierno una protección que se hace efectiva con el decreto 509/2007, que establece un derecho de importación del 10%. El abastecimiento internacional (150.000 toneladas anuales) se realiza desde Estados Unidos, Bélgica, España, Bulgaria, Polonia y, en menor medida, desde China.

El 29 de enero se publicó la resolución 3/2010, firmada por el subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas Daniel Santanna -a cargo de la Dirección General de Aduanas-, que le quitó a las aduanas de Campana y de Gualeguaychú la calidad de especializadas para la importación del insumo. Unas 5000 toneladas están bloqueadas en el puerto "bajo proceso de investigación".

La falta de respuestas claras por parte de Aduanas, y las relaciones en el caso de la empresa Alpat, con vinculaciones al gobierno, hacen sospechar sobre las verdaderas razones que pudieron haber originado la resolución 3/2010. La cuestión debe ser debidamente aclarada.

Por lo aquí expuesto, solicitamos a los legisladores la aprobación del presente Proyecto de Resolución.