Que la sentencia de la Corte Internacional en relación con la instalación de la planta de industrialización de pasta de celulosa sobre el Río Uruguay, pone fin al litigio entre la Argentina y la República Oriental del Uruguay, debiendo llevar a recomponer las relaciones de integración y hermandad entre ambas naciones.

Asimismo vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la decisión judicial, proponga implementar mecanismos de control ambiental binacionales y/o regionales y adoptar políticas ambientales conjuntas, que garanticen que no existen criterios de doble estándar en las normas ambientales entre países desarrollados y en desarrollo.

Señor presidente:

La Corte Internacional de La Haya, determinó que Uruguay incumplió las disposiciones internacionales, por autorizar la instalación de las pasteras Botnia y Ence, y de un puerto en la Ciudad de Fray Bentos.

Se consideró que Uruguay "no tenía derechos durante todo el período de consultas ni de autorizar la construcción ni de construir las plantas ni la terminal portuaria". A su vez, la Corte señaló que "no respetó la obligación del apartado 7 del Estatuto del Río Uruguay de 1975" al autorizar la construcción de la planta de celulosa de Botnia.

El Estatuto obliga a declarar e informar sobre los proyectos a la comisión bilateral del Río Uruguay. Además, el Tribunal sostuvo que la Argentina no dio pruebas, sobre la posible contaminación de la pastera que se instaló en la costa del mencionado río. Incluso, sostuvieron, que "no se ve nada que pueda sustentar las demandas de la Argentina" en materia de contaminación visual y ambiental.

La Corte argumentó que Uruguay no violó "obligaciones de fondo" del Tratado y que por esa razón no hay motivos para determinar el cese o relocalización de la planta.

En virtud del pronunciamiento de la Corte, y de una nueva experiencia en materia de relaciones internacionales, consideramos oportuno plantear que se debe establecer una renovada agenda de política ambiental, que permita integrar intereses estratégicos y prioritarios en el ámbito nacional e internacional.

Nuestros países, al asumir el acatamiento del Fallo previo pronunciamiento del Tribunal, determinaron la aceptación del resultado, facilitando la renovación de las relaciones bilaterales en un nuevo escenario que vuelve a vincularnos con lazos de hermandad, solidaridad y vecindad.

En mérito a los fundamentos expuestos, se solicita a este Honorable Cuerpo, la aprobación del presente proyecto de Declaración.