Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de la Producción y de los organismos pertinentes, se arbitren los medios necesarios para dejar sin efecto el cobro de tasas en concepto de verificación técnica y control de calidad a los transportistas de cargas, para los camiones que ingresen al puerto de Buenos Aires, por afectar a las exportaciones y a las economías regionales de todo el país.

Señor presidente:

Existe desde hace unos días una comunicación del Centro de Despachantes de Aduana (CDA) a sus asociados, que indica que a partir del 1° de abril las terminales portuarias exigirían un certificado de calidad a los transportistas de cargas para los camiones que ingresaran al puerto de Buenos Aires.

Esta situación perjudica en general, y en forma notable, a la producción nacional que se exporta y que compite desfavorablemente con otros países con costos de producción significativamente menores, y a las economías regionales en particular.

El control, que exige el pago de U$S 14 más IVA a cada camión por la descarga y carga de contenedores, se habría postergado durante el mes pasado ante los reclamos de los sectores exportadores de todo el país; pero ahora, y de acuerdo a lo manifestado por las empresas exportadoras y de transportistas, habría empezado a cobrarse.

Según estimaciones realizadas, y de acuerdo al flujo de equipos que llegan a la terminal, la recaudación equivale a ingresos sólo en embarques por más de U$S 1,5 millones mensuales a administrar por la Federación de Camioneros, actual operador del predio que cedió el manejo a Ivectra SA.

La medida, como dijimos, impacta negativamente en el sector exportador y en las economías regionales de todo el país, y particularmente en mi provincia, Mendoza, el impacto del gravamen no es menor si se tiene en cuenta que encarece en un 10% los costos de los principales rubros exportadores, como vino, aceite de oliva y fruta industrializada.

De acuerdo a información aportada por los despachantes de aduana de la Provincia de Mendoza, embarcar un contenedor cuesta actualmente entre U$S 140 y U$S 200, según tamaño y condiciones de la carga y viaje; precio que se encarecería de imponer este nuevo gravamen o derecho, y que de acuerdo a fuentes de la AGP (Administración General de Puertos) ya se estaría cobrando.

Esta Honorable Cámara no tiene en claro el origen y la legalidad de este nuevo gravamen, ni la vigencia de los permisos a extender en concepto de verificación técnica y control de calidad de las cargas.

La medida impactaría de manera muy fuerte en la industria vitivinícola, cuyo volumen de exportaciones sale en un 70% por Buenos Aires, y que actualmente se ha visto resentida por la crisis económica internacional y el impacto negativo que esta ha tenido en el consumo de vinos en el mercado interno y en las exportaciones de este producto.

Ya existen reclamos formales de la Cámara Argentina de Exportadores, que no han sido contestados, y los operadores de carga dudan de la seriedad de Ivetra por el modo en notificar la medida.

Fuentes extra oficiales indican que la recaudación obtenida como consecuencia de la aplicación de la medida irá al mejoramiento de la logística del puerto; la inversión de unos U$S 16 millones aproximadamente, en la que Terminales Río de la Plata acordó con la Federación de Camioneros erigir un área logística para estacionar 400 camiones y contenedores vacíos, que permanecerá abierta las 24 horas, todos los días. Esto a partir de un proyecto de la Federación, que luego cedió la administración a Ivetra.

Esta situación, Señor Presidente, es similar al cobro de la tasa de abasto que oportunamente algunos Municipios de la Provincia de Buenos Aires quisieron imponer a los productos de Mendoza.

La tasa de abasto era un tributo que pretendían cobrar a los productos que ingresaran a algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires (Partidos y/o Municipios). Se cobraba inicialmente sólo a los productos en fresco y se extendió luego al vino, a las conservas y al aceite de oliva, lo que afectaba directamente a la economía de Mendoza.

Luego la Cámara Federal de La Plata confirmó una resolución mediante la cual se le prohibió a los municipios bonaerenses cobrar tasa de abasto o inspección sanitaria.

Por los motivos expuestos, y frente a lo inoportuno de la medida, atentos a la actual situación económica, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de Resolución.