Solicitar informes al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de que conteste las siguientes preguntas referidas al funcionamiento de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO y al PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (PISA) que dicho ente público interjurisdiccional debió llevar adelante, como consecuencia de la sentencia condenatoria impuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios”, a partir del año 2016.

1) Detalle los avances producidos en los 14 programas del PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (PISA) y su correlación con los puntos incluidos en la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia del 8 de julio de 2008.

2) Indique de qué manera se está coordinando con los municipios de la provincia de Buenos Aires que integran la cuenca hidrográfica, en caso de que no se encuentre en funcionamiento pleno el Consejo Asesor.

3) ¿Cómo ha garantizado ACUMAR la participación ciudadana en el diseño y ejecución de acciones, durante los años referidos?

4) Informe sobre las adecuaciones presupuestarias realizadas, las sumas afectadas a dicho plan (PISA), incluyendo las disponibles en el fideicomiso que posee el organismo. Asimismo detalle lo ejecutado efectivamente y los compromisos a futuro.

5) Destalle las modificaciones de la planta funcional que hayan realizado en dicho período, y las modificaciones al organigrama del organismo.

6) ¿Qué resultados se han observado en los informes trimestrales de calidad de agua superficial y subterránea, y de calidad del aire de la cuenca hidrográfica en los años mencionados? Detalle la evaluación de los resultados para que se comprenda cómo evoluciona la contaminación.

7) ¿Qué riesgos ambientales se han establecido como prioridades a ser abordadas en los años referidos?

8) ¿Cuántas industrias de la cuenca se han reconvertido, y cuáles son las que contaminan y aún no han dado cumplimiento a la reconversión ordenada en la sentencia? Detalle las acciones realizadas por el organismo interjurisdiccional para revertir esta situación.

9) Indique ¿Por qué ha disminuido la información ambiental disponible en la página web del organismo, y cuándo se estima corregir este aspecto que representa un incumplimiento del mandato judicial?

10) ¿Cuál es la meta concreta de recomposición del daño ambiental que se propone la actual gestión de ACUMAR, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la sentencia?

11) Siendo que el PISA elaborado conforme lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia, constituye un plan de naturaleza “ambiental”, informe ¿por qué se ha excluido a la ACUMAR de la órbita de dependencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación?

12) Toda otra información que considere pertinente para informar a este poder del Estado Nacional sobre el cumplimiento de la sentencia para la recuperación ambiental de la cuenca MATANZA-RIACHUELO.

Señor presidente:

Se presenta esta solicitud de informes al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de que conteste algunas inquietudes referidas al funcionamiento de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO y al PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (PISA) que dicho ente público interjurisdiccional debe llevar adelante, como consecuencia de la sentencia condenatoria impuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios”, dictada el 8 de julio de 2008.

Desde que la Autoridad de Cuenca ACUMAR fue creada por convenio interjurisdiccional ratificado luego por la ley nacional n° 26168 en el año 2007 y por las respectivas leyes sancionadas por la provincia de Buenos Aires y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el organismo fue creciendo institucionalmente año a año, y poniendo en marcha algunas de las acciones necesarias para dar cumplimiento a la recuperación ambiental de esta cuenca hidrográfica. Se destaca que ha llegado a tener más de 450 empleados directos y partiendo de un presupuesto anual de alrededor de 700 millones de pesos, se fue incrementando hasta llegar a los 7000 mil millones de pesos para todo el Plan Integral en el año 2014, el cual se ejecuta a través de las diferentes áreas ministeriales y autoridades involucradas.

A través de diversas acciones realizadas, los tres niveles de gobierno condenados (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional) cumplieron una primera etapa de recomposición ambiental, sin perjuicio de lo cual el saldo pendiente es aún muy elevado.

Asimismo se ha actuado conforme a los controles establecidos en el fallo, con un sistema de triple verificación de la ejecución de sentencia, integrado por:

• los Juzgados de primera instancia de Morón y de Capital Federal designados por la Corte Suprema de Justicia;

• el Cuerpo Colegiado coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación y 5 Organizaciones No Gubernamentales y,

• la Auditoría General de la Nación.

Todos los informes y resoluciones han ido reflejando el detalle de avances, y fundamentalmente el de temas y acciones pendientes.

Sin embargo, en los años 2016 y 2017 se observó un estancamiento mucho mayor en las líneas de trabajo desarrolladas, las que han sido puestas de manifiesto ante nuestros legisladores a través de presentaciones y reuniones que se han mantenido con las distintas autoridades municipales, vecinos y organizaciones sociales y ambientales. En particular, la Asociación Vecinos La Boca ha hecho llegar a todos los miembros de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano su profunda preocupación por la inacción, y se ha calificado al año 2016 como el peor de todos.

Por otro lado, la audiencia de evaluación del cumplimiento de la sentencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y llevada a cabo en 2016 dejó como conclusión

no solo la inacción sino el desconocimiento de los funcionarios de las cuestiones de su competencia.

Los temas pendientes son numerosos y de diversa índole y escala. No se entiende porqué se ha sacado a la ACUMAR de la órbita del Ministerio de Ambiente, por Decreto de Necesidad y Urgencia, modificando la letra de la ley 26168. En particular preocupa la interrupción de los estudios de monitoreo de la calidad de los recursos naturales que pudiera producirse, la suspensión de los contratos con las instituciones de investigación que venían actuando, preocupan las bajas al personal abocado por ejemplo a los controles nutricionales, preocupa el enfoque dado a la reconversión industrial (más basado en un criterio cuantitativo que cualitativo), el bajo nivel de ejecución presupuestario y la falta de precisión en los desafíos pendientes, entre otros puntos.

Por lo expuesto solicito a los Sres. Diputados me acompañen en la presente iniciativa.