Solicitar al poder ejecutivo el cumplimiento de lo establecido en la Ley 26.168 de creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo en su artículo 8. "La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo informará anualmente al Honorable Congreso de la Nación sobre las iniciativas, acciones y programas ejecutados".

Señor presidente:

El 22 de marzo de 2011, desde la Presidencia de la Comisión de DD.HH de la Cámara de Diputados de la Nación se realizó una Audiencia Pública sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, días después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevara adelante la primera Audiencia Pública posterior al fallo del 8 de julio de 2008, en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios".

Este proyecto de resolución, para que la ACUMAR cumpla con su informe anual ante el Congreso, es uno de los compromisos asumidos con los participantes. En la audiencia mencionada estuvieron presentes diputados y diputadas de distintos bloques: Ricardo Cuccovillo (PS), Gerardo Milman, Horacio Alcuaz (GEN), María Luisa Storani y Silvana Giudici (UCR), quienes han presentado en reiteradas oportunidades pedidos de informe similares, sin lograr a la fecha resultado alguno.

También hubo una representación de todos los integrantes del Cuerpo Colegiado que coordina la Defensoría del Pueblo de la Nación para la participación ciudadana en la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema; y funcionarios de la Auditoría General de la Nación y del Ente Regulador del Agua. En términos generales, reiteraron las observaciones difundidas tras el último informe de la ACUMAR ante la Corte Suprema: a dos años de la sentencia, continúa el proceso con pocos avances y muchas deudas.

La audiencia tuvo como principal objetivo escuchar las denuncias de una importante cantidad de grupos de vecinos y vecinas de los distritos de la cuenca, que dan cuenta del incumplimiento, lentitud o complicidad de los distintos gobiernos, y que en términos generales tienen que ver con:

- la debilidad del sistema de salud y la falta de políticas para atender a la población afectada,

- la demora en el cierre del CEAMSE en La Matanza, las críticas a las nuevas tecnologías de tratamiento de residuos planteadas como alternativas y el aumento de basurales

- fallas en la realización de obras de infraestructura (cloacas, entubamiento de arroyos)

- dificultades por la forma en que se encaran las relocalizaciones previstas en los distintos distritos

- y la falta de políticas de Estado para preservar los pocos espacios verdes que quedan en el territorio de la Cuenca

A pesar de sufrir cotidianamente las consecuencias del incumplimiento de cada uno de estos aspectos mencionados en el fallo de la Corte, muy pocos casos han sido notificados o presentados ante el juzgado a cargo de la sentencia. De allí que otro de los compromisos asumidos en la Audiencia fue hacer entrega de la versión taquigráfica y todo el material complementario al Juez interviniente, Dr. Luis Armella.

Es de nuestro interés destacar algunos aspectos de lo recogido. El primero tiene que ver con la salud de la población, donde más impacta la demora en la resolución de estos problemas.

A la fecha se desconoce cuál es la población total que ACUMAR considera que está afectada, discriminada por distrito. Tampoco cuáles son los instrumentos y metodología utilizados o a utilizar para el diagnóstico, por cuanto es muy difícil evaluar los avances respecto a lo señalado en el fallo de la Corte.

Un ejemplo concreto sucede en González Catán, en La Matanza. Vecinos al relleno sanitario del CEAMSE iniciaron en el año 2004 una causa ante el Juzgado Nº3 de Morón con datos y pruebas recolectadas por su cuenta de la población afectada en su barrio. En dicho expediente, un perito de Gendarmería que participó de las pericias realizadas en el 2006 por contaminación en el predio de CEAMSE recomendó un relevamiento "cruzado" entre los síntomas o enfermedades que afectan la población lindante al relleno, con un análisis de aire, suelo y agua tanto bacteriológico como químico en zonas aledañas, incluída el agua domiciliaria, tomando como epicentro la zona del relleno y de allí alejarse para saber hasta dónde llega la contaminación.

La resolución del Juez de Morón determinó que tanto la Provincia de Buenos Aires y la empresa dispusieran en diciembre del 2007 el cierre del relleno -que aún recibe 1,5 tn de basura por día-, pero no determinó ninguna medida respecto al relevamiento sanitario, sólo se pronunció respecto a la recepción de basura y a la provisión de agua potable. Tampoco hubo posteriormente ningún relevamiento en relación a los otros agentes contaminantes del lugar: cementerios, vuelcos de industrias a las tosqueras y arroyos, entre otros. Sin embargo, allí mismo hoy el municipio está construyendo otro centro de disposición, el CARE, esta vez para incinerar basura.

Respecto al sistema de salud, buena parte de la población afectada vive en asentamientos o pertenece a sectores vulnerables que dependen del sistema público, superados siempre por la demanda que cubren.

Un médico y una vecina de la villa 21-24 de la comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires hablaron de la cantidad de niños con plomo en sangre en su barrio, rodeado por cementerios de chatarra, y lo que tuvieron que pelear para que no le cierren uno de los centros de salud con que cuentan. Vecinos de La Boca mencionaron que en el Hospital Argerich, a pedido de los vecinos en cercanía al Polo Petroquímico, se estaba armando un centro de toxicología, pero fue desactivado cuando ACUMAR resolvió armar un centro en el Hospital Sor Ludovica, en La Plata, con la excusa de que ya hay un servicio en el Garrahan para Capital, que de por sí ya está saturado. Una asesora de la legislatura porteña y una profesional de La Matanza coincidieron en señalar cómo mientras las patologías aumentan en estas zonas, no se fortalecen los centros de salud con más personal y presupuesto.

El segundo punto tiene que ver con la transparencia del proceso. Lo señalado por el diputado Milman (GEN) y el representante de la Auditoría General de la Nación en la audiencia: los incumplimientos al fallo de la Corte no son por falta de presupuesto. Según el informe de la AGN, por ejemplo, en el primer semestre del 2010 hubo una subejecución del 40% del presupuesto destinado para igual período; además no hay una concordancia entre el grado de avance de las obras en ejecución y los montos gastados. Hay una subejecución del préstamo 1059 del BID: de los 100 millones destinados al saneamiento de la cuenca, sólo se ejecutó el 54%, el Estado Nacional está pagando altos intereses por toda esa planta depositada que no se usa. Hay mucha desprolijidad en la transferencia de fondos a los municipios, no cumplen con las condiciones mínimas que requieren las rendiciones. Mientras no se identifiquen las partidas presupuestarias destinadas al saneamiento, tal como señala el fallo de la corte, va a seguir siendo difícil cualquier control. Es inadmisible que a dos años del fallo sólo el 8% del dinero asignado pueda ser auditado.

El último punto, es el completo divorcio que existe entre la población afectada, sus acciones, preocupaciones, su organización, y los distintos ámbitos de gobierno encargados del saneamiento de la cuenca. Va más allá del recambio político que se ha dado en todos estos años en las distintas reparticiones involucradas de los distintos niveles, que es un elemento no menor.

Los testimonios de vecinos de zonas que deben ser relocalizadas en Lanús, del asesor de la legisladora Laura García Tuñón y de la ACDH dan cuenta de la enorme incertidumbre que existe entre la población, la falta de información respecto a cómo se van a implementar los traslados en los distintos distritos, qué mecanismos se aplicarán para garantizar los derechos mínimos a los afectados. Si no hay un mínimo de información, cómo podemos imaginar que se darán la participación y los consensos indispensables en estos casos.

Por otro lado, vecinas de Ezeiza y de González Catán señalaron que lejos de ser escuchados por los municipios en sus reclamos, han recibido intimidaciones de patotas que actúan con total impunidad. La concejala de La Matanza señaló la restringida participación que existe en el Consejo Consultivo del Municipio, la falta de periodicidad con que se reúne, y lo que significa que un distrito como ése ni siquiera tenga una comisión de ambiente en el Consejo Deliberante para hacer un seguimiento a todas estas cuestiones.

Gracias al esfuerzo de vecinos y vecinas de Esteban Echeverría y de Lomas de Zamora hoy mucha más gente conoce las Lagunas de Rocha y de Santa Catalina, y la necesidad de preservarlas por su función reguladora en la Cuenca. La voluntad de los municipios estuvo desde el principio en sentido contrario: en el caso de la de Rocha recategorizando los terrenos lindantes como zona industrial y en el de Santa Catalina permitiendo su venta a la empresa Covelia S.A. para una planta de transferencia de basura.

Desde la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos nos hemos comprometido a continuar y ampliar todas estas denuncias, de modo que continuaremos realizando Audiencias Públicas en algunos distritos. También trabajaremos en forma conjunta con otros diputados y diputadas para que aquellos proyectos presentados vinculados a la Cuenca tengan tratamiento en el recinto. Pero es imprescindible que la ACUMAR cumpla con lo establecido en la ley que le dio origen y brinde la información indispensable para poder controlar los avances o retrocesos en esta enorme deuda que tiene el Estado con los casi cinco millones de argentinos y argentinas que viven en la cuenca.

Por todo lo antes dicho, solicito me acompañen en este proyecto.