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INTERESES MARITIMOS, FLUVIALES, PESQUEROS Y PORTUARIOS
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 219
Jefe SR. RODRIGUEZ JUAN MANUEL
Martes 17.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2367 Internos 2367/2449/2356
cimaritimos@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE LEY
Expediente: 1618-D-2009
Sumario: CODIGO CIVIL. MODIFICACIONES, SOBRE BIENES PUBLICOS EN LO CONCERNIENTE AL "RECURSO AGUA".
Fecha: 14/04/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 27
Artículo 1. Modifícase el
artículo 2.340 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2340. Quedan comprendidos
entre los bienes públicos:
1° Los mares territoriales hasta la
distancia que determine la legislación especial, independientemente del poder
jurisdiccional sobre la zona contigua;
2° Los mares interiores, bahías,
ensenadas, puertos y ancladeros;
3° Los ríos, sus cauces, las demás
aguas que corren por cauces naturales, los glaciares, los humedales y toda otra
agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general,
comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del
derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas, con sujeción
a la reglamentación;
4° Las playas del mar, las riberas
internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas
bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las máximas crecidas
ordinarias;
5° Los lagos, sus lechos y sus
márgenes;
5° bis Las lagunas navegables o
flotables que ocupen tierras de propiedad del estado, sus lechos y sus márgenes;
6° Las islas formadas o que se
formen en el mar territorial o en toda clase de río, o en los lagos cuando ellas no
pertenezcan a particulares;
7° Las calles, plazas, caminos,
canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o
comodidad común;
8° Los documentos oficiales de los
poderes del Estado;
9° Las ruinas y yacimientos
arqueológicos y paleontológicos de interés científico.
Artículo 2. Modifícase el
artículo 2.343 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.343. Son susceptibles de
apropiación privada:
1° Los peces de los mares interiores,
mares territoriales, ríos, lagos y lagunas de dominio público, guardándose los
reglamentos sobre la pesca marítima o fluvial;
2° Los enjambres de abejas, si el
propietario de ellos no los reclamare inmediatamente;
3° Las piedras, conchas u otras
sustancias que el mar arroja, siempre que no presenten signos de un dominio
anterior;
4° Las plantas y yerbas que vegetan
en las costas del mar, y también las que cubrieren las aguas del mar o de los ríos
o lagos, guardándose los reglamentos policiales;
5° Los tesoros abandonados,
monedas, joyas y objetos preciosos que se encuentran sepultados o escondidos,
sin que haya indicios o memoria de quien sea su dueño, observándose las
restricciones de la parte especial de este código, relativas a esos objetos.
Artículo 3. Derogase el
artículo 2349 del Código Civil.
Artículo 4. Modifícase el
artículo 2.527 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.527. Son susceptibles de
apropiación por la ocupación, los animales de caza, los peces de los mares, ríos,
lagos y lagunas de dominio público; las cosas que se hallen en el fondo de los
mares o ríos, como las conchas, corales, etcétera, y otras sustancias que el mar o
los ríos arrojan, siempre que no presenten señales de un dominio anterior; el
dinero y cualesquiera otros objetos voluntariamente abandonados por sus dueños
para que se los apropie el primer ocupante, los animales bravíos o salvajes y los
domesticados que recuperen su antigua libertad.
Artículo 5. Modifícase el
artículo 2.572 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.572. Son accesorios de los
terrenos confinantes con la ribera de los ríos, los acrecentamientos de tierra que
reciban paulatina e insensiblemente por efecto de la corriente de las aguas, y
pertenecen a los dueños de las heredades ribereñas. Siendo en las costas de mar,
de ríos, de lagos o de lagunas de dominio público, pertenecen al Estado.
Artículo 6. Modifícase el
artículo 2.577 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.577. Tampoco constituyen
aluvión, las arenas o fango, que se encuentren comprendidas en los límites del
lecho del río, del lago o de la laguna de dominio público, determinado por la línea
a que llegan las más altas aguas en su estado normal.
Artículo 7. Modifícase el
artículo 2.579 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2579. El aumento de tierra
no se reputará efecto espontáneo de las aguas, cuando fuere a consecuencia de
obras hechas por los ribereños. El estado y los perjudicados por el aumento tienen
derecho a pedir el restablecimiento de las aguas en su lecho; y si no fuere posible
conseguirlo, pueden demandar la destrucción de esas obras.
Artículo 8. Modifícase el
artículo 2.580 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2580. Si los trabajos hechos
por uno de los ribereños no fueren simplemente defensivos, y avanzaren sobre la
corriente del agua, el propietario de la otra ribera o quienes resulten perjudicados
tendrán derecho a demandar la supresión de las obras.
Artículo 9. Modificase el
artículo 2.639 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.639. Los propietarios
limítrofes con ríos, con canales que sirven a la comunicación por agua, con lagos o
con lagunas de dominio público están obligados a dejar una calle o camino público
de treinta y cinco metros de ancho hasta la orilla del río, del canal, del lago o de la
laguna, para el acceso público, sin ninguna indemnización. Los propietarios
ribereños no pueden hacer en esos espacios ninguna construcción, ni reparar las
antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna.
Artículo 10. Modificase el
artículo 2.640 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.640. Si el río, canal, lago o
laguna atravesare alguna ciudad o población, se podrá modificar por la respectiva
Municipalidad, el ancho de la calle pública, no pudiendo dejarla de menos de
quince metros.
Artículo 11. Incorporase
como artículo 2640 bis del Código Civil el siguiente:
Artículo 2640 bis. Los propietarios
limítrofes con aguas de dominio público están obligados a dejar calles o caminos
públicos, que permitan el libre acceso a aquellas, sin ninguna indemnización, los
que se abrirán desde los lugares más poblados o teniendo en cuenta los caminos
habituales o tradicionales de la población. Los propietarios no pueden hacer en
esos espacios ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni
deteriorar el terreno en manera alguna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone la
modificación de algunos artículos del Código Civil que regulan el dominio de las
aguas, la delimitación de ese dominio y las restricciones a la propiedad privada en
función de aquel. El mismo fue presentado en el año 2.007 por la entonces
diputada Marta Maffei. Siendo que coincido absolutamente con la propuesta
efectuada por la legisladora es que vuelvo a presentar su iniciativa, contando
obviamente con su conformidad y apoyo.
Las reformas aquí propuestas tienen
como fin la protección del recurso hídrico, incorporando otras aguas como bienes
de dominio público. Así también, persigue el esclarecimiento de algunas cuestiones
que fueron y son objeto de interpretación jurisprudencial, tomando para ello los
criterios sostenidos por la mayoría de la doctrina y los magistrados, por
considerarlos más ajustados a derecho.
El artículo 2340 del Código Civil
enumera los bienes sometidos al dominio público del Estado. Dicho conjunto de
bienes se encuentran afectados al uso público, directo o indirecto y sometidos a
un régimen jurídico especial de derecho público. Los fines que con ellos se
pretende cumplir es lo que justifica dicha clasificación. Todos esos bienes tienden
a satisfacer necesidades colectivas y tienen por objeto el desarrollo de la
personalidad humana, al hombre en su condición de tal.
El espíritu del Código Civil, en materia
de aguas, es atribuirle la condición de públicas, la excepción es que sean privadas
(Marienhoff). En ese sentido, el inc. 3 del artículo citado, dice que será pública,
además de las enumeradas "...toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de
satisfacer usos de interés general".
La realidad imperante en los tiempos
de la sanción del Código Civil era bien distinta a la actual en la que el agua se
presenta como un bien escaso y de difícil acceso. Tal es así que hoy en día, el
agua en todas sus formas tiene la aptitud de satisfacer usos de interés general, sin
embargo hay muchísimos cuerpos de agua que forman parte del patrimonio
privado o de los que pueden disponer unos pocos. El acceso al agua es un
derecho del que depende la vida del hombre, si la consideramos solo como bien
de consumo o fuente de alimento y un recurso básico para desarrollar distintas
actividades. La agricultura, la cría de animales y otras tantas de las que el hombre
se vale para subsistir requieren agua.
Por ello es que proponemos la
incorporación de los glaciares, humedales, todos los lagos, independientemente
que sean o no navegables y las lagunas que ocupen tierras de propiedad del
estado, al dominio público.
Por qué afectar expresamente los
glaciares al dominio público? El agua dulce corresponde solo a 3% del total de
agua en el planeta, y un 77,06% de ella esta congelada en los polos y en los
glaciares de latitudes medias. En nuestro país un gran porcentaje de la población
se abastece de recursos hídricos de las zonas alto-andinas. La Cordillera de los
Andes es el más importante cordón montañoso, en él se encuentran los glaciares,
fuentes de agua congelada que, gracias a su proceso de acumulación y
derretimiento, permiten la regulación hídrica de los diferentes afluentes,
proporcionando abastecimiento de los ecosistemas, la población y las fuentes
productivas de gran parte del país.
Es dable destacar que los glaciares se
comportan inversamente respecto de las sequías, es decir, cuanto mayor sea la
sequía y menos nieve haya caído durante el invierno, el glaciar entrega una cuota
mayor de agua. Este fenómeno tan importante, que está relacionado a complejos
intercambios de energía en la superficie del glaciar, es el que en parte mantiene el
caudal de muchos de nuestros ríos.
Por ello entendemos que es necesario
que los glaciares sean propiedad del estado, o sea nuestro.
En lo que respecta a los humedales,
la Convención RAMSAR (II.63), ratificada por nuestro país por ley 23.919,
recomienda que los mismos pertenezcan al dominio público de los estados.
"Los humedales son ecosistemas de
gran importancia por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren y
la diversidad biológica que sustentan. Entre los procesos hidrológicos que se
desarrollan en los humedales se encuentran la recarga de acuíferos, cuando el
agua acumulada en el humedal desciende hasta las napas subterráneas... Uno de
los aspectos fundamentales por los que en los últimos años se ha volcado mayor
atención en la conservación de los humedales es su importancia para el
abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, agrícolas o industriales. La
obtención de agua dulce se evidencia como uno de los problemas ambientales
más importantes de los próximos años; dado que la existencia de agua limpia está
relacionada con el mantenimiento de ecosistemas sanos, la conservación y el uso
sustentable de los humedales se vuelve una necesidad impostergable." (Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).
En lo que hace a los lagos, en su
redacción original el Código incluía como de dominio público a "los lagos
navegables por buques de más de 100 toneladas...". La reforma introducida por la
ley 17.711, en el año 1968, con la con la finalidad de extender el dominio estatal
sobre las aguas, quitó dicha exigencia dejando solo la expresión "los lagos
navegables", sin establecer cuál es el criterio a adoptar para determinar la
navegabilidad. A partir de dicha modificación la mayor parte de la doctrina y la
jurisprudencia entendió que se requiere que el lago sea simplemente navegable o
flotable para ser de dominio público, es decir, que "... basta la simple posibilidad
de navegar en lancha sobre un espejo de agua para que el mismo pertenezca al
dominio público" (Tratado de Derecho Civil - Derechos Reales. Borda, Guillermo,
1992).
Por otra parte, en función de lo
dispuesto por los artículos 2.349 y 2350 del Código Civil que dicen que "el uso y
goce de los lagos que no son navegables pertenecen a sus propietarios ribereños"
y "Las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, pertenecen,
en propiedad, uso y goce, al dueño de la heredad", respectivamente, la mayoría
de la doctrina considera públicos a los lagos no navegables. Ello se funda en que
lo cedido a los propietarios ribereños por el artículo 2349 es solo el uso y goce del
espejo de agua y no su propiedad como sí lo hace respecto de las vertientes.
En virtud de lo expresado y con el fin
de dirimir esta cuestión, en consonancia con el espíritu del cuerpo normativo que
aquí se modifica, es que se propone incluir todos los lagos dentro de los bienes
sujetos al dominio público del Estado
La ley 17.711 excluyó del dominio
público a las márgenes de los lagos, vale decir a la franja costera que linda con la
línea de ribera. Al respecto, Borda señala "sin duda ha sido un error de la reforma
no incluir las márgenes de los lagos dentro del dominio público, lo que haría mas
claro el derecho de todos los ciudadanos de utilizarlos". Naturalmente, hay
doctrinarios que opinan que fue voluntad del legislador dejarlas fuera del dominio
público. Este proyecto propone volver a incluirlas, con el fin de no tornar ilusorio e
imposible el ejercicio del derecho de uso y goce de los mismos por parte de la
comunidad.
Asimismo, se incorpora un inciso 5º
bis al artículo 2340 incluyendo entre los bienes de dominio público a las lagunas
navegables o flotables que ocupen tierras de propiedad del estado.
De acuerdo al criterio más sostenido,
lo que diferencia a los lagos de las lagunas es, en la mayoría de los casos su
profundidad y, en otros, su extensión, siendo ambos parámetros menores en las
últimas. Sin perjuicio de ello lo cierto es que en nuestro país hay lagunas de gran
tamaño.
Con el fin de distinguir unas lagunas
de otras y no avasallar los derechos de los particulares, es que en el caso de éstas
sí nos parece apropiado incluir los requisitos de navegabilidad o flotabilidad y el
hecho que se encuentren en tierras de propiedad del estado para que sean
consideradas públicas. De esa forma pueden pertenecer al dominio privado, ya sea
del estado o de los particulares, aquellas lagunas que por su escasa profundidad o
superficie cuentan con un volumen de agua muy reducido y las existentes o que
se formen después de grandes lluvias o inundaciones en terrenos de terceros.
También es objeto del presente
proyecto, el uso de las aguas subterráneas por parte del propietario del fundo,
quién, de acuerdo a lo expresado en el inc. 3 del artículo 2340, "puede extraer las
aguas subterráneas en la medida de su interés". Siendo que los intereses del
propietario pueden ser diversos pero nunca contrarios a la reglamentación
específica en la materia es que entendemos más adecuado eliminar esas líneas.
Por otra parte, el presente modifica el
inciso 4 del artículo 2340. Consideramos que en lo que hace a la delimitación de la
línea de ribera el mismo se contradice con lo dispuesto por el artículo 2.577.
El Código Civil de 1869 refería
indirectamente el límite de los ríos a las crecidas ordinarias o plenissimun flumen,
según surgía de la aplicación del artículo 2.577, que establece que el río está
determinado por la línea a que llegan las más altas aguas en su estado normal.
La ley 17.711 no modificó el artículo
2577 pero introdujo una nueva delimitación en el artículo 2.340 inc. 4, reduciendo
el límite del cauce solo hasta el nivel de la crecida media ordinaria. Ambos
artículos plantean contradicciones conceptuales.
El presente propone subsanar dicha
diferencia y adoptar el criterio del artículo 2577 fijando la extensión de la ribera
interna hasta la extensión que llegan las aguas durante las crecidas máximas
ordinarias. Esta es la solución adoptada por la legislación comparada.
Los bienes del dominio público están
destinados al uso público. Al incorporar como tal a los lagos que no son
navegables es necesario derogar el artículo 2349 que le asigna el uso y goce de
los mismos a los propietarios ribereños. Esto lógicamente no implica privarlos del
uso y goce de los lagos dado que como cualquier particular podrán hacerlo, pero
no con carácter exclusivo. Es decir, de acuerdo con lo normado por el artículo
2.341 las personas particulares, entre ellos los propietarios ribereños, tienen el uso
y goce de los bienes públicos del Estado o de los Estados, con sujeción a las
normas que regulen el ejercicio de dichos derechos.
Por otro lado y con el fin de
armonizar las modificaciones antedichas es que este proyecto propone incluir los
lagos y lagunas de dominio público en los artículos 2572 y 2577, incluir lagunas de
dominio público y excluir el término navegables de los artículos 2.343 y 2.527.
También es objeto del presente la
modificación de los artículos 2579 y 2580 con el fin de evitar los perjuicios que
ocasionan las obras que se realizan en las riberas y avanzan sobre el curso de las
aguas, ganando tierra al río. Muchas veces dichas obras no perjudican solo a otros
propietarios ribereños sino a todos los ciudadanos al modificar el cauce del río.
Esta realidad es la que se pretende plasmar en la reforma de los artículos
mencionados.
Como ya expresamos, los bienes
públicos tienen como fin satisfacer necesidades colectivas y todos los ciudadanos
tienen el uso y goce de los mismos, con sujeción a las normas específicas. En
función de ese interés común es que pesan sobre los particulares algunas
restricciones al dominio o al ejercicio del derecho de propiedad.
En ese sentido los artículos 2639 y
2640 del C.C. establecen que el propietario limítrofe con ríos o canales se
encuentra obligado a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la costa
del río o canal, no pudiendo hacer en ese espacio construcciones ni deteriorar el
terreno, "si el río o canal atravesare alguna ciudad o población se podrá modificar
por la respectiva Municipalidad el ancho de la calle pública no pudiendo dejarla en
menos de quince metros. (2640).
Si bien esta restricción fue
establecida en beneficio de la navegación, muchos entienden que el fundamento
de este instituto es el de garantizar el acceso público al recurso para su uso y goce
común, en el que quedaría incluido el transporte de personas o cosas.
Así lo ha entendido numerosa
jurisprudencia: "El derecho de tránsito en el denominado camino de sirga no sólo
se encuentra instituido en beneficio de la navegación, sino también configura un
derecho de tránsito para los propietarios de los fundos ribereños colindantes y
terceros (Spota - Tratado de Aguas (N°: 981 etc.), con tal que no obsten la
navegación, manteniendo el propietario el dominio restringido de la margen hasta
llegar a la ribera (C.S.J.N. 26/05/92 en Unitan S.A. c/ Pcia. de Formosa; L.L.
8/03/83, pág. 3). En igual sentido, un fallo de la Cámara Federal de La Plata de
fecha 9 de Diciembre de 1903 (Fallos C.S.J.N. Tomo 101, pág. 288), ha
establecido que cuando el Estado manda abrir una calle pública en la costa de los
ríos y por terreno de los ribereños es para todos los hombres, para el público.
Como ya dijimos, la norma establece
que los cursos de agua, los lagos y sus riberas son de propiedad pública, todos los
argentinos tenemos derecho de acceder y transitar por ellos. Ahora bien, qué pasa
cuando aquellos se encuentran dentro de una propiedad privada? Qué pasa
cuando el ciudadano que pretende acceder al espejo de agua no tiene intenciones
de navegar, sino de pescar, lavar ropa o extraer agua para beber? En esos casos
el agua deja de ser pública? La respuesta obvia es no, la propiedad ribereña se
verá afectada por una restricción al dominio privado en favor del público para
permitir el acceso libre a ese lago o playa, que nunca dejaron de ser colectivos,
aun encontrándose dentro de un predio privado.
Si bien lo antedicho suena lógico lo
cierto es que en la actualidad, no son pocos los cursos de agua, navegables o no,
cuyo acceso público se encuentra vedado por los propietarios de las heredades
vecinas. Si los bienes públicos no están en condiciones de ser utilizados el
cumplimiento del derecho que nos asiste se torna ilusorio.
Por todo ello es que proponemos
incluir los lagos y lagunas de dominio público entre aquellos cuya vecindad obliga
a dejar el "camino de sirga" en el 2639 y dejar expresado lo que parte de la
doctrina viene sosteniendo -que dicho camino no es solo en función de la
navegación- al agregar la frase "para el acceso público".
Con el mismo fin introducimos un
nuevo artículo 2641 bis que instituye otra restricción al dominio (va de suyo sin
indemnización) que consiste en la obligación de dejar calles o caminos para el libre
acceso a todas las agua de dominio público del Estado.
Siendo que de acuerdo a los establecido por el artículo 2611 "las restricciones
impuestas al dominio privado solo en el interés público, son regidas por el derecho
administrativo" serán las administraciones competentes las que deberán regular de
que forma se hacen efectivas y velar por su cumplimiento.
Dejamos, entonces, a consideración
de los Sres. Diputados estas propuestas que persiguen los objetivos de proteger
un recurso escaso y vital como el agua y que el mismo este a disposición de todos
los argentinos.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BENAS, VERONICA CLAUDIA | SANTA FE | SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.) |
| BISUTTI, DELIA BEATRIZ | CIUDAD de BUENOS AIRES | SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.) |
| GORBACZ, LEONARDO ARIEL | TIERRA DEL FUEGO | SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.) |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION GENERAL (Primera Competencia) |
| INTERESES MARITIMOS, FLUVIALES, PESQUEROS Y PORTUARIOS |