Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, previamente a la profundización del dragado del tramo Santa Fe - Océano de la hidrovía Paraná-Paraguay, se realicen de manera urgente los estudios de impacto ambiental integral de dicha obra a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y garantizando en los mismos la opinión de todos los actores sociales involucrados en la problemática.

Señor presidente:

La hidrovía Paraná-Paraguay es un sistema hídrico conformado por el río Paraná hasta su desembocadura en el río de la Plata y el río Paraguay hasta Puerto Cáceres. Su largo total, desde su comienzo en el mencionado puerto de Brasil hasta el puerto Nueva Palmira en Uruguay, es de 3.432 kilómetros y constituye la mayor arteria de comunicación y transporte fluvial para la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En lo que a nuestro país se refiere, el extenso complejo portuario del Gran Rosario ubicado sobre la margen oeste del río Paraná posibilita el 68 % de los embarques nacionales de aceites vegetales, el 85 % de los embarques de subproductos y el 47 % de los embarques de granos. Dicho complejo abarca una franja costera de 80 kilómetros que cuenta con un calado de 32 pies desde Puerto General San Martín hasta la desembocadura en el río de la Plata y comprende terminales ubicadas desde la mencionada localidad al norte hasta Villa Constitución al sur.

En la actualidad, los sectores productivos de la región plantean -cada vez con más fuerza- la necesidad de transformar el puerto de Rosario en un puerto oceánico, aumentando su calado de los 32 pies actuales a los 40 pies. Asimismo, se plantea aumentar el calado del puerto de Santa Fe, llevando el dragado hasta los 32 pies desde Rosario hasta dicha ciudad.

Nadie duda de la importancia estratégica que una obra como la mencionada tendría para la región y para el complejo agroindustrial argentino del país. Pero dicha obra no puede realizarse sin prestar la debida atención a la falta de constitución del órgano -que reclamamos en otras oportunidades- encargado del control de las obras de dragado no a los cuestionamientos que desde hace varios años vienen realizando organizaciones ambientalistas, científicos, pescadores artesanales, organizaciones gremiales y numerosas entidades no gubernamentales de Brasil, Bolivia, la Argentina, Paraguay y Uruguay.

En esa línea, la ONG ambientalista Taller Ecologista denunció hace unos días el desmoronamiento de parte de la costa de la isla El Espinillo, hecho del que responsabilizó al dragado del río Paraná realizado sin control alguno desde hace más de una década. Este acontecimiento se suma a la caída de parte de la barranca de Rosario ocurrida hace unos meses en el parque España y a la desaparición de 30 a 40 m de costa de la isla La Invernada denunciada por dicha organización el año pasado.

Lo cierto es que, a más de diez años de la concesión, no sólo no se creó el órgano de control previsto en el artículo 12 del decreto 863/93, sino que además la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables -dependencia encargada "por defecto" de realizar los controles- tampoco realizó un solo informe técnico ni estudio ambiental oficial sobre los efectos del dragado sobre el curso del Paraná ni el impacto de la construcción del puente Rosario-Victoria.

Por otra parte, desde Santa Fe hacia el norte, los problemas del río Paraná no son responsabilidad de la empresa concesionaria del tramo Santa Fe - Océano, sino producto del abandono por parte del gobierno del mantenimiento que históricamente -y sin dañar al medio ambiente- venía realizando Vías Navegables desde principios del siglo XX hasta 1979, al igual que las campañas de aforos sólidos y líquidos y los relevamientos batimétricos de precisión para control de dragado.

Precisamente, por el hecho de que las dependencias del Estado se desentendieron del tema del control ambiental del dragado durante la última década, no existen estudios que permitan afirmar de modo fehaciente si la causa de la erosión de las costas es el dragado del río -con su correspondiente aumento de calado-. Por ese motivo, resultaría conveniente cumplir con la recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación, quien, ante la presentación realizada por diferentes organizaciones no gubernamentales de la región, resolvió "recomendar a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, la adopción de las siguientes medidas: la elaboración de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, previo a la aprobación de los planes parciales de gestión ambiental e instar a la concreción de un órgano de control de los dragados que se efectúen en la cuenca del río de la Plata independiente de ese organismo"1.

No podemos caer en la trampa de contraponer el interés de quienes envían sus productos al exterior a través de la hidrovía con el interés colectivo de preservar las condiciones naturales. Simplemente, resulta imprescindible que el Estado asuma su rol y demuestre interés por saber cuál es el impacto ambiental que produce en el río su dragado a manos de una empresa privada que beneficia al complejo agroindustrial exportador.

Resulta necesario apostar seriamente a un desarrollo regional integrado, que responda a las necesidades nacionales y regionales, con una gestión sustentable de los recursos naturales y con participación de todos los actores sociales y económicos de la región. Para ello, en este caso particular, nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, encargue de manera urgente un estudio de impacto ambiental integral que garantice la participación en el mismo de la opinión de los diferentes actores sociales y productivos involucrados en la problemática.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del proyecto de resolución.