Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que por donde corresponda informe:

1. - Si se da cumplimiento estricto en lo establecido en el del Régimen Federal de Pesca, el cual establece un marco normativo para dicha actividad y que aún no ha sido implementado.

2. - Si tiene conocimiento de la difícil situación que atraviesa este sector al no haber una clara reglamentación al respecto.

3. - Si tiene en conocimiento la gran cantidad de buques pesqueros que realizan la actividad de forma ilegal, siendo en su mayoría extranjeros.

4. - Si tiene en cuenta la importancia de este sector para la economía y la sociedad.

5. - Que políticas tiene pensadas al respecto y en favor de este sector.

6. - Como piensa administrar sus recursos naturales.

7. - Como piensa cuidar los objetivos de pesca en peligro de extinción, los cuales son productos nacionales típicos.

Señor presidente:

La situación actual del sector pesquero nos confronta hoy con la Argentina que queremos dejar de ser: aquella que deja librada al arbitrio de un funcionario circunstancial la suerte de sus recursos más importantes, en lugar de establecer reglas de juego claras que garanticen la sustentabilidad de ese mismo recurso en el mediano y el largo plazo. No debe olvidarse que cuando se trata de alimentos -cómo es el caso de la pesca-, al interés nacional se suma el interés de la comunidad internacional en asegurar una administración racional de los recursos.

Hoy en día científicos estadounidense han alertado sobre los peligros ambientales que surgirán a futuro a partir del no interés por estos temas.

Argentina teniendo un recurso tan amplio en sus costas no puede regalar sus riquezas y a su vez dejar a la deriva una industria potencialmente líder tanto en el mercado nacional como en el mundial en épocas que el hambre es una triste característica mundial.

Si bien no es una industria pesada como necesita nuestro país a futuro para no estar tan atada a los precios de las materias primas, es un eslabón estratégico que sufre los constantes embates de la ilegalidad nacional como foránea poniendo en jaque las especies y los puestos de trabajo.

Lamentablemente, no siempre somos conscientes del significado que tiene la pesca para el presente y el futuro de los argentinos. Inmersos en una fuerte tradición agroganadera, perdemos de vista sectores como el pesquero, que supera a muchos otros productos en valores de exportación. Cuando la opinión pública desconoce la importancia de un sector, cuando el pueblo está deficientemente informado, falla el control ciudadano y se corre el riesgo de caer en conductas irresponsables desde la administración pública.

Obviamente, lejos del "efecto linterna" de los medios de comunicación este sector se ve cada vez más perjudicado y deteriorado.

En 1997 el Congreso sancionó el Régimen Federal de Pesca, por el cual se estableció un ordenamiento normativo que -bien aplicado- garantizaría la sustentabilidad del recurso. Pero esa ley no ha sido todavía implementada. Y, como resultado de esta dejadez, hoy se encuentran en grave peligro especies como la merluza hubbsi, la más significativa de nuestro mercado.

No hace falta ser un experto en el tema para entender cómo se llegó a esa situación. El otorgamiento de los permisos de pesca se hizo, en los ´90, al margen de las pautas establecidas en la ley mencionada. Es decir, se hizo a través del viejo vicio de la duplicación de los permisos pesqueros, que permite el ingreso de buques que supuestamente reemplazan a otros inexistentes o que admite que aquellos que deben dejar de pescar continúen haciéndolo, continuando de esta manera la depredación de las riquezas de nuestras aguas por buques autorizados dudosamente de los cuales muchos no eran nacionales si quiera, afectando los puestos de trabajo, el medio ambiente, las inversiones, la industria en su conjunto, etc. Y al no estar reflejada en los medios, ni al haber encontrado respuesta a los reclamos, quedó este sector de la misma manera viéndose estancado.

No se respetaron las recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que por ley es el referente técnico y científico de la administración pesquera nacional. Tampoco se tuvo en cuenta al Consejo Federal Pesquero ni a los otros institutos de investigación. Estos organismos se encargan de establecer la captura máxima permisible en cada caso, fijando los límites de explotación de la especie. Al no tomarse en cuenta esos límites, se llegó al extremo de duplicar, en los hechos, los niveles recomendados por las instituciones.

El Régimen Federal de pesca intentó acabar con esa falta de control, llevando el esfuerzo o capacidad de pesca hacia otras especies, pero sin mayor éxito. Quizás el fracaso sea consecuencia de la sistemática rotación de funcionarios en la subsecretaría de Pesca: diecisiete subsecretarios distintos se sucedieron desde 1989 hasta hoy. Con ese marco de inestabilidad, no resulta fácil adoptar medidas que miren más allá de una visión estrecha y cortoplacista. Es necesario hacer notar el abuso en que incurre el poder administrador cuando, violentando un principio republicano básico, desconoce la existencia de una norma sancionada por los representantes del pueblo.

Así mismo el apuntalamiento de distintas industrias, sobre todo en el área alimenticia, posiciona a la Argentina fuertemente en el mercado mundial ya que si se dan las tristes predicciones de los científicos estadounidenses, los alimentos pasarán a ser productos determinantes pudiendo el país sacar provecho en el mercado. Desde otro punto de vista, es otra industria que el país puede desarrollar absorbiendo mano de obra y colaborando con la reactivación económica.

Por otro lado, el funcionario que tiene en sus manos la capacidad de determinar quién pesca y cuánto, puede verse tentado a hacer un uso poco transparente de ese poder, dejando de lado las leyes que velan por los intereses de todos los argentinos. Un ejemplo del uso que se le dio a los permisos de pesca fue la campaña de publicidad de la década del 90: se inundó la ciudad de Buenos Aires con carteles que promocionaban como un logro importante él haber llegado a pescar un millón de toneladas de merluza, con un eslogan que decía: "Argentina, de un país con pesca a un país pesquero". En realidad, se estaba depredando el recurso y poniéndolo en un grave riesgo de colapso. Todo eso a pesar de las reiteradas y enérgicas protestas de organizaciones no gubernamentales especializadas y de científicos de prestigio nacional e internacional. La situación no está todavía resuelta y sigue afectando los recursos argentinos y a todos los sectores que viven de la pesca.

La ley le pone un freno al oportunismo a través de un sistema de cuotas, que son otorgadas por el Consejo Federal de Pesca sobre la base de las recomendaciones que surgen de los estudios del Inidep. Este sistema es el mismo que se aplica en países como los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. No se trata de innovar, sino de hacer cumplir una ley sancionada hace más de cinco años en la Argentina y de eficacia probada en países desarrollados, de reconocida seriedad en la administración de recursos sustentables.

Respetar el Régimen Federal de Pesca significa reafirmar el principio de la legalidad republicana, consolidar las competencias de cada una de sus instituciones y evitar abusos y arbitrariedades en el ejercicio del poder administrador. Al mismo tiempo, esa legitimidad otorga previsibilidad a la industria y permite planificar inversiones en el largo plazo, en el marco de seguridad jurídica que debe acompañar necesariamente al desarrollo económico y social del país.

Esta discusión sobre la aplicación o el desconocimiento arbitrario del Régimen Federal de Pesca conduce a un planteo sobre el modelo de país que queremos construir. Se trata de elegir de una vez por todas si queremos vivir o no en una sociedad republicana, donde las instituciones son las que garantizan el crecimiento. El desarrollo no puede quedar a merced del ingenio o el acierto mesiánico de un poder administrador desbordado. La primera opción garantiza la previsibilidad, la generación de empleo genuino, la riqueza y el desarrollo sustentable. La otra, en cambio, lleva a la incertidumbre y el estancamiento. La decisión es nuestra y debemos asumirla con responsabilidad.

Por eso como representante del pueblo por la Provincia de Buenos Aires, pido se tenga en cuenta este proyecto ya que la situación de la actividad en la provincia, como por ejemplo en Mar del Plata, es realmente delicada. Sin más, espero se cumpla el deber nacional de proteger nuestras riquezas y explotarlas con idoneidad.