Manifestar un enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 145/19 dictado por el titular del Poder Ejecutivo Nacional, por vulnerar la soberanía pesquera y los intereses nacionales.

Señor presidente:

La publicación del DNU Nº 145/19, no sólo presenta objeciones en su forma, en cuanto a las atribuciones del Poder Ejecutivo a emitir disposiciones de carácter legislativo; sino que atenta contra los intereses nacionales y la soberanía pesquera.

Establecer este decreto bajo los lineamientos orientados a la modernización de la flota pesquera, es esconder detrás de ello, intereses y cambios estructurales, que están vinculados directamente a transformar la pesca de una actividad productiva, a una inmobiliaria y financiera, todo ello en desmedro de una política pesquera nacional sustentable.

Uno de los más importantes cuestionamientos está orientado en primer lugar, a la necesidad de un decreto de tal magnitud, excusándose en el receso de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, teniendo presente que estamos a un par de días del inicio de las Sesiones Ordinarias Legislativas, esta valoración es totalmente ilógica, poco seria y una falta de respeto a las instituciones de la República, a la democracia y a los mecanismos establecidos para la modificación de las leyes.

Por lo cual, entendemos que las discusiones y los debates sobre las políticas públicas, se llevan adelante desde los mecanismos establecidos y con los instrumentos técnicos y legislativos que desde la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se disponen. Es en esta casa, donde los representantes del Poder Ejecutivo Nacional puedan acercar propuestas, y no mediante un DNU que vulnera el sentido del mismo decreto, ya que no existe urgencia alguna para hacerlo fuera del período ordinario.

En segundo lugar, de aplicarse el DNU Nº 145/19 los empresarios pesqueros podrían utilizar como garantía para solicitar créditos para modernizar los buques, los permisos y cuotas de pesca, pese a que los recursos pesqueros que se habilitan en forma transitoria mediante instrumentos, que son de propiedad exclusiva del Estado Nacional, y el empresario, es un mero concesionario.

Por lo tanto, esta situación que se presenta ante nosotros, es de una gravedad importante, puesto que, de generarse estas condiciones, las entidades financieras reciben como garantía esos permisos de pesca tal como sucedió con las hipotecas en los Estados Unidos y en Europa.

Esta participación de los bancos en la renegociación de la venta de los permisos de pesca, le genera al estado una pérdida de control de los recursos, si los bancos transfieren los permisos pesqueros, como instrumentos financieros.

Como consecuencia de ello, se enajena el patrimonio nacional, y por lo tanto, la potestad del estado en su capacidad de administrador de los recursos naturales, y al mismo tiempo, un total vaciamiento de las políticas pesqueras, porque el estado no podrá definir, económica, social, territorial y ambientalmente sus estrategias pesqueras.

Es claro que, en este caso, queda de manifiesto que el Poder Ejecutivo Nacional presenta un total desapego a las normas y a las instituciones. Ya que la única forma de modificar las leyes vigentes en materia pesquera, se vienen trabajando en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación mediante debates plurales, democráticos y participativos, algo que pareciera ser imposible en estos momentos para los representantes del Poder Ejecutivo Nacional.

Por eso, solicito a mis pares, que me acompañen en este proyecto de declaración con su firma.