FINANZAS
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PROYECTO DE LEY
Expediente: 6015-D-2017
Sumario: ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION FINANCIERA. CREACION.
Fecha: 13/11/2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 165
ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Artículo 1º.- Creación. El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá elaborar una ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA en pos de fomentar una inclusión financiera integral que mejore las condiciones de vida de la población y promueva que todos los argentinos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios de la misma.
Artículo 2º.- Autoridad de Aplicación. El MINISTERIO DE FINANZAS, o quien el PODER EJECUTIVO NACIONAL designe en su lugar, será la autoridad de aplicación de esta Ley.
Artículo 3º.- Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera. Institúyese El CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA que fuera creado por la Resolución Nº 121/17 de fecha 27 de Julio de 2017 y sus modificatorias y complementarias.
Artículo 4°.- Aspectos generales. La ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA a la que hace referencia el artículo 1° deberá contemplar de manera explícita los siguientes aspectos generales:
a) Avances y antecedentes nacionales en términos de inclusión financiera.
b) Una adecuada justificación que brinde razón de ser a la Estrategia
c) Los sujetos abarcados por la misma.
d) Los compromisos y plazos asumidos por los distintos actores.
e) La metodología de trabajo a implementar por la misma.
f) El plan de acción a ejecutar.
Artículo 5°.- Aspectos específicos. La ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA a la que hace referencia el artículo 1° deberá contemplar los siguientes cuatro aspectos específicos:
a) Recopilación de datos y diagnóstico:
i. Realizar un diagnóstico representativo sobre las dimensiones de acceso, uso y calidad del sistema financiero con datos desde la demanda de la población argentina.
ii. Realizar un diagnóstico representativo sobre capacidades financieras con datos desde la demanda de la población argentina.
iii. Realizar un proceso de consulta diagnóstico con las partes participantes y actores involucrados, tanto del sector privado como del público, proveedores de servicios, clientes atendidos y desatendidos, y clientes potenciales no atendidos.
iv. Realizar un análisis de brechas (Gap Analysis) para determinar qué datos faltan en las encuestas e informes disponibles del diagnóstico a los fines de generarlos.
b) Redacción y formulación:
i. Desarrollar una definición propia que refleje el contexto local y las dimensiones de inclusión financiera que se enfatizarán en la Estrategia.
ii. Establecer objetivos generales y específicos en base a las dimensiones explicitadas en apartado anterior.
iii. Establecer prioridades y jerarquías a los objetivos explicitados en el apartado anterior.
iv. Establecer plazos de cumplimiento, en años, a los objetivos explicitados en el segundo apartado del presente inciso.
v. La redacción y formulación de la Estrategia deberá contemplar indefectiblemente la incorporación de programas de educación financiera mandatorios en las escuelas secundarias del país para mejorar las capacidades financieras en los jóvenes.
vi. La redacción y formulación de la Estrategia deberá contemplar indefectiblemente esquemas y mecanismos de protección al consumidor.
vii. La redacción y formulación de la Estrategia deberá contemplar indefectiblemente la perspectiva de género en sus objetivos específicos e indicadores.
c) Implementación:
i. Establecer prioridades y/o responsabilidades de los actores involucrados en la Estrategia explicitados en el inciso c) del artículo 4° de la presente.
ii. Definir el rol del sector privado y su canal de participación en la Estrategia.
iii. Identificar riesgos potenciales y medidas de mitigación para abordarlos.
d) Monitoreo y evaluación:
i. Establecer un marco de monitoreo y evaluación para medir el progreso y el impacto de la Estrategia.
ii. Designar una institución responsable del monitoreo y evaluación de la estrategia y describir cómo conducirá sus actividades.
iii. Indicar qué agencias o instituciones apoyarán, y de qué formas, a la agencia o institución responsable del monitoreo y evaluación descrita en apartado anterior.
iv. Presentar indicadores de rendimiento a utilizar en el marco de monitoreo y evaluación.
v. Proporcionar detalles sobre las responsabilidades de cada institución o partes interesadas y con qué frecuencia se requiere que estas instituciones presenten informes.
vi. Comprometer una revisión integral a mitad de período de la implementación acorde a lo explicitado en el cuarto apartado del inciso b) del artículo 5° de la presente.
vii. Diseñar un mandato indicativo (términos de referencia) para la revisión explicitada en el apartado anterior, y explicar su propósito.
viii. Diseñar un mecanismo para recopilar sistemáticamente las perspectivas de los usuarios sobre los aspectos relevantes de la implementación de la Estrategia.
ix. Describir sucintamente cómo se usarán los datos de monitoreo y evaluación para mejorar la implementación y quién será el actor responsable de esta tarea.
x. Evaluar el progreso hacia los objetivos de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, utilizando indicadores y objetivos bien definidos y cuantificables.
Artículo 6°.- Informe semestral al Honorable Congreso de la Nación. La Autoridad de Aplicación deberá emitir con periodicidad semestral un informe con los avances de la ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA a la Comisión de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a la Comisión de Economía Nacional e Inversión de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Artículo 7°.- Aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación. La ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA a la que refiere el artículo 1° deberá contar con la aprobación por parte del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. A tal fin, la Autoridad de Aplicación deberá exponer frente al Honorable Congreso de la Nación un plan de implementación integral de la Estrategia sujeto a los lineamientos explicitados en la presente en un lapso no mayor a los NOVENTA (90) días desde la reglamentación de la presente Ley.
Artículo 8°.- Recursos. El Presupuesto de la Administración Pública Nacional incluirá las partidas necesarias para el desarrollo de la ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA. A tal fin, facultase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la consecución de dicho fin.
Artículo 9°.- Reglamentación. El PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará la presente en un lapso no mayor a los NOVENTA (90) días de su promulgación.
Artículo 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presente iniciativa propiciamos que el Poder Ejecutivo Nacional elabore una ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA: fomentar una real inclusión financiera en el país (reconocida en el mundo como factor fundamental para el desarrollo económico y social sostenible) requiere que el país asuma compromisos concretos con fuerza de Ley.
Las justificaciones para fomentar la inclusión financiera no son menores. Dos años atrás, cuando los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) llegaron a su fin en 2015, existió un acuerdo común entre las naciones sobre la constancia de varios aspectos contemplados en sus ocho principios generales. Consecuentemente, se declaró como sucesora la nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Una de las principales características a destacar es que la misma posicionó en un lugar prioritario a la inclusión financiera mencionándola en cinco de sus 17 nuevos objetivos. Más específicamente, según Naciones Unidas, cinco ODS serían impulsados de manera explícita y otros 6 de manera implícita en economías con sistemas financieros inclusivos .
Sin embargo, el camino transitado por la inclusión financiera fue extenso y no nace con los ODS. Algunos hitos que la fueron ubicando en la agenda pública sucedieron a partir de la crisis global suscitada en el año 2008. Así, en el año 2009 el Grupo de los Veinte (G20) estableció el tema como uno de sus ejes en la Cumbre de Pittsburgh. En ese mismo año ocurre el lanzamiento de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés Alliance for Financial Inclusion) y de la Asesoría Especial de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera.
Posteriormente en el año 2011 la Declaración Maya desarrolló una serie de compromisos orientados a incrementar el acceso a los servicios financieros formales a personas sin vinculación al sistema financiero. En el 2013 el Banco Mundial inicia su publicación del Global Financial Development Report con el objeto de estudiar el papel del Estado en las finanzas poniéndole número a los excluidos del sistema financiero.
Se observan entonces dos fenómenos paralelos, por un lado la investigación académica denota un mayor reconocimiento de que el acceso a servicios financieros tiene un papel fundamental en la reducción de la pobreza extrema, el impulso a la prosperidad compartida y el desarrollo inclusivo y sostenible con una creciente evidencia empírica que lo convalida. Pero también, un mejor reconocimiento al respecto de la inmensa brecha en términos de inclusión financiera global tras los relevamientos realizados por el Banco Mundial (2011 y 2014), con 2 billones de personas adultas en el mundo que no poseen cuentas bancarias .
En esta línea, podemos afirmar que la seguridad respecto a que la inclusión financiera puede mejorar la calidad de vida de las personas ha estado presente en las principales medidas y políticas a nivel global durante los últimos años. Consecuentemente, a la fecha el debate se encuentra cerrado a nivel global y la importancia de la inclusión financiera es reconocida en el mundo como un factor fundamental para el desarrollo económico y social sostenible.
Un aspecto relevante a resaltar es la exclusión financiera que se evidencia en el mundo y la región. Como se dijo, según los datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional al 2014, alrededor de 2.000 millones de personas adultas no poseen cuentas bancarias en el mundo. Para peor, mientras esa cifra representa sólo el 11% de los adultos en las economías de ingresos altos, dentro de la población más vulnerable, adulta con ingresos inferiores a US$ 2 al día, la misma asciende al 77%.
En otras palabras, tres cuartos de los pobres del mundo carecen de una cuenta bancaria. A su vez, el 55% de quienes piden préstamos en las economías en desarrollo recurren a fuentes informales de financiamiento (amigos, familiares o prestamistas a tasas usureras).
Al igual que a nivel global, la falta de acceso al sistema financiero en la región y principalmente de los sectores de bajos ingresos, tampoco es un fenómeno reciente.
Históricamente, la escasez de garantías, los bajos ingresos y la incapacidad de poder demostrar mayor capacidad de pago por parte de sectores más desfavorecidos, fueron elementos por los cuales los bancos comerciales sólo han prestado servicios a los estratos poblacionales más ricos. Normalizando así la errónea consideración de que los más vulnerables no poseen capacidad para ahorrar, repagar un crédito o iniciar un emprendimiento productivo.
Como mencionamos anteriormente, diversos factores le dieron impulso a esta problemática hacia dentro de los organismos internacionales y gobiernos de muchos países, quienes han tomado un rol cada vez más importante en la búsqueda de que sectores vulnerables accedan al sistema financiero formal. Inmersa dentro de este fenómeno en la región han proliferado los programas de inclusión financiera, al punto de que se han formado redes locales, regionales y globales que buscan promover el acceso de las personas de bajos recursos al sistema financiero formal.
Consecuentemente, en los últimos años la inclusión financiera en América Latina y el Caribe ha crecido notablemente. Las mencionadas cifras del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (Año 2014) plasmadas en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo permiten comprobar que mientras en el 2011 sólo el 39% de la población adulta de la región tenía una cuenta bancaria en alguna institución financiera formal, en 2014 el porcentaje ascendió al 51% de la población.
A su vez, si bien el número aún no alcanza a los niveles que hay en los países más desarrollados (del 91%) la tendencia en la región es muy positiva, habiendo superado más de 10 puntos porcentuales de personas con una cuenta bancaria en tan sólo 4 años. Sin embargo hay significativas diferencias entre las diferentes economías
Pero la problemática es mucho más compleja que sólo el acceso. Las dificultades de uso también están presentes en la región y en forma mucho más grave. Sólo el 5,91% de la población más pobre de la región tiene una alta frecuencia de uso de su cuenta bancaria (3 veces al mes). Si bien Costa Rica lleva la delantera con un 16,54% de la población más pobre que tiene una alta frecuencia de uso en su cuenta bancaria, ningún país está avanzado en este sentido. En este contexto, sólo el 11% de la población en la región obtuvo un préstamo de una institución financiera en el año anterior, y menos del 7% en el grupo de más bajos ingresos.
Estos datos nos demuestran que el gran desafío de cara al futuro de la inclusión financiera de la región no será sólo dotar a la enorme masa de personas por fuera del sistema financiero con acceso, sino también asegurar que estos hagan uso efectivo de las nuevas herramientas y que aquellos que a la fecha poseen acceso también.
Argentina obviamente no se encuentra exenta en materia de exclusión financiera. Nuestro país se encuentra subdesarrollado en términos de bancarización y, consecuentemente, de inclusión financiera, mostrando niveles tanto por debajo del promedio mundial como de América Latina. En términos absolutos, habría en la Argentina más de 13 millones de adultos que no poseen una cuenta bancaria.
Sin embargo, esto no implica que no se hayan realizado importantes avances en nuestro país. Citando los mismos cálculos del FMI, al año 2014 Argentina fue el país que más bancarizó a los ciudadanos de menores ingresos. Mientras que en 2011 sólo el 19% de las personas más pobres tenía acceso a una cuenta bancaria, en 2014 dicha proporción trepó al 44.36%, superando las tasas de crecimiento promedio del mundo y la media para América Latina (40.92%).
El acceso, el uso y la profundidad de los servicios financieros, en conjunto con su calidad y las barreras de acceso a ellos, constituyen dimensiones vitales e indispensables en pos de una inclusión financiera que beneficie a los más vulnerables. Al igual que en la región, el uso efectivo es el capítulo débil en nuestro país.
Según reafirmo el Banco Mundial, el 20% de las personas con cuentas bancarias en Argentina las tiene sólo para cobrar subsidios y, de éstas, el 76% tiene el hábito de extraer todo apenas se ha depositado. Para peor, dicho hábito no se limita únicamente a los receptores de planes sociales y subsidios, en el país el 80% de los empleados registrados que reciben sus haberes en una cuenta bancaria retiran la totalidad de sus salarios al momento de ser acreditados.
Congruentemente, un 12% de los empleados formales parece no hacer uso alguno de su cuenta bancaria pues no habría realizado depósitos o extracciones durante los últimos doce meses y, del total de la población que tiene una tarjeta de débito ligada a una cuenta bancaria (44%), sólo el 25% habría ejecutado algún pago con ella.
Todo esto demuestra que el incremento en el acceso a los servicios financieros por el momento no se ha traducido en un incremento en el uso, que suelen comenzar con pagos y transferencias para luego dar lugar a otros servicios financieros.
De esto se desprende la problemática dual en materia de inclusión financiera que enfrenta actualmente Argentina. Por un lado, nuestro país que aún presenta niveles de bancarización por debajo de la media en la región (51%). Por otro, aquel sector bancarizado presenta escasos usos y prácticas en la interacción y utilización de servicios financieros.
Contar con estos datos actualizados (uno de los ejes que pretendemos que tenga la Estrategia) es crucial a la hora de diseñar proyectos de Ley: legislar sin saber dónde estamos parados puede transformar buenas iniciativas sólo en expresiones de deseo (el caos más resonante es el de la Devolución del IVA a la Canasta Básica).
Pero el desafío de la inclusión financiera en Argentina no se limita únicamente a los más vulnerables ni a los trabajadores informales. El país debe avanzar en profundizar otras dimensiones de la inclusión financiera, lo cual implica indefectiblemente trabajar paralelamente en el sector ya bancarizado.
Respecto de los avances normativos y la agenda pública en esta materia, si bien nuestro país no cuenta con una estrategia nacional que promueva específicamente la inclusión financiera como otras economías de la región, y sólo había medidas aisladas que la promovían, reconocemos que en los últimos años se avanzó de manera muy importante en este sentido.
Por ejemplo, en el año 2015 se puso en marcha el Plan Nacional de Bancarización Inclusiva, que contempló diversas medidas orientadas a extender la bancarización a amplios sectores de la población que estaba excluida.
Conjuntamente y durante el año 2016 nuevos avances se han realizado en la normativa que fomente la inclusión financiera:
-Se aumentó el monto máximo de acreditaciones y el saldo máximo de la Cuenta Gratuita Universal a cuatro veces el valor del salario mínimo, vital y móvil. Con la apertura de esta cuenta, que es obligatoria para las entidades financieras, el usuario recibe de manera automática una tarjeta de débito.
-Se amplió el carácter gratuito de las transferencias bancarias inmediatas hasta 50.000 pesos diarios, ya sea por ventanilla o por medios electrónicos.
-Se implementó una política de localización de sucursales bancarias en zonas desfavorables. Esto es, se promovió la apertura de sucursales en zonas de menor infraestructura financiera, modificando los criterios de autorización. En otras palabras cuando se trate de la apertura de sucursales, casas operativas y/o la expansión de actividades en las zonas más alejadas de los centros urbanos y con menor infraestructura financiera el BCRA podrá decidir la autorización con un criterio más flexible e inclusivo.
-A través de la Línea de Crédito de Inversión Productiva se logró que el crédito se dirija con mayor énfasis a las regiones con menor desarrollo económico y menor acceso al financiamiento.
-Se suprimieron costos por extracciones en todos los cajeros para los clientes de cuentas destinadas a la acreditación de haberes, jubilaciones y planes sociales. A la vez, se dispusieron medidas para mejorar la accesibilidad a cajeros automáticos para personas con discapacidad visual.
-Se avanzó en una política de educación financiera, a través de acciones educativas a niños, jóvenes, adultos y docentes. Se ha establecido un Curso de Educación Financiera dirigido a docentes, como parte de un convenio con el Ministerio de Educación, al tiempo que decenas de colegios han recibido visitas educativas por parte de personal y autoridades del BCRA, en el marco del plan El Banco Central va a la Escuela. Asimismo, el BCRA abrió sus puertas a la comunidad educativa y a la población en general, mientras está próximo a editarse un Diccionario de Educación Financiera para jóvenes.
El 2016 fue intenso en términos de avances hacia la Inclusión Financiera. En el inicio de su gestión, el BCRA firmó un acuerdo institucional con el Ministerio de Educación para fomentar la educación financiera.
De igual modo, el gobierno nacional en un trabajo complementario, aunque por caminos diferentes de la AFIP y del Banco Central, está abocado a elevar el bajo nivel de formalización de la economía, próximo al 40% en el promedio nacional. A través de medidas que exigen el uso del POS en las transacciones de comercios e industrias, y también de servicios personales, sean profesionales u oficios, incentivan la generalización no sólo de las cuentas sueldos, sino también de los pagos de los servicios asistenciales a las familias con acreditación bancaria y uso de la tarjeta de débito bancaria.
De las medidas más destacadas al momento se encuentra el impulso a la digitalización financiera. Sin duda las más relevantes fueron: la posibilidad de debitar de cajas de ahorro originadas para el pago de planes o programas de ayuda social el pago de impuestos, servicios y otros conceptos por canales electrónicos o débito automático; la apertura de cajas de ahorro a través de medios electrónicos y flexibilización de requisitos; la creación del ALIAS asociados al CBU para realizar transferencias y pagos; del medio de pago Débito Inmediato (DEBIN); la habilitación de una Plataforma de Pagos Móviles (PPM) para que las entidades financieras ofrezcan servicios de transferencias inmediatas de fondos y/o pago de bienes y servicios a cuentas de terceros adheridos al PPM y la implementación del POS-Móvil, el Botón de Pago y la Billetera Electrónica; entre otros.
Estas medidas muestran que la inclusión financiera está en agenda y que el enfoque digital lo hace de manera protagónica en la escena de la política pública. La nueva gestión del BCRA ha incorporado el tópico como un objetivo primordial en su agenda con el afán de impulsar un país con más inclusión financiera.
Si bien estos avances han sido importantes, todavía el país tiene mucho camino por recorrer en adoptar una medida integral de inclusión financiera como tienen otros países de la región.
Según Banco Mundial, las estrategias nacionales de inclusión financiera se pueden definir como hojas de ruta de acciones, acordadas y definidas a nivel nacional o subnacional, que las partes interesadas siguen para alcanzar los objetivos de inclusión financiera.
Según la Alianza para la Inclusión Financiera, la estrategia nacional de inclusión financiera es un documento público integral desarrollado a través de un amplio proceso de consulta que involucra a partes interesadas del sector privado y público involucradas en el desarrollo del sector financiero para acelerar sistemáticamente el nivel de inclusión financiera en un país.
Desde el año 2010, más de 55 países han firmado compromisos relacionados con la inclusión financiera y más de 30 países han implementado o se encuentran elaborando una estrategia nacional sobre inclusión financiera, demostrando el amplio consenso sobre la importancia de este tema. Estudios del Banco Mundial señalan que el ritmo y el impacto de las reformas aumentan cuando un país adopta una estrategia nacional de inclusión financiera. En América Latina a octubre del 2015, distintos países ya habían implementado estos compromisos. Entre ellos destacan México (2007), Brasil (2011), Colombia (2014), Ecuador (2013), Haití (2014), Paraguay (2014) y Perú (2015).
El importante avance normativo denotado en estos fundamentos, así como la incorporación del Banco Central de la República Argentina como miembro de la AFI y por supuesto el impulso a la creación del CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA a través de la Resolución 121-E/2017 del 27/7/2017 cuya misión es justamente aquella de “elaborar e implementar una estrategia de inclusión financiera para el desarrollo de políticas de acceso universal a servicios bancarios y financieros” afirman el compromiso del país en avanzar hacia un sistema financiero inclusivo.
No obstante, los guarismos presentados en estos fundamentos resaltan la inmensa deuda en términos de inclusión financiera que existe con el pueblo argentino y el ambiente normativo pareciera jugar un rol protagónico. Así, el informe internacional “Microscopio Global”, que evalúa anualmente el ambiente normativo para la inclusión financiera, ubicó en su último informe de 2016 en el puesto 44 de entre 55 países a nuestro país. De igual modo, el “Índice de prácticas regulatorias para la inclusión financiera en América Latina” realizado por el departamento de investigación del BBVA sobre ocho economías de la región y publicado en junio del presente, ubica a la Argentina última en Prácticas Regulatorias de Inclusión Financiera, con la peor normativa que la facilita y promueve.
Por estas razones consideramos que es imperioso dotar de previsibilidad y compromiso político con fuerza de Ley el camino hacia la inclusión financiera en Argentina. A dichos fines, en el presente proyecto instruimos a desarrollar una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera local.
Cabe señalar que un esquema similar al propuesto en este proyecto de Ley corresponde al implementado por las Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera en otros países de la región.
El Proyecto, entonces, estructura el mandato de elaborar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de la siguiente forma:
En los Artículos 1º y 2º se instruye a crear la Estrategia y se define a la Autoridad de Aplicación.
En el Artículos 3º se instituye con fuerza de Ley El CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA que fuera creado por la Resolución Nº 121/17.
En el Artículos 4º se detallan los aspectos generales que toda Estrategia integral deberá contemplar al momento de su diseño. Esto son, antecedentes, justificación, sujetos abarcados, compromisos, metodología de implementación y plan de acción.
En el Artículos 5º se detallan aspectos específicos divididos en cuatro incisos.
-El inciso a) corresponde a los lineamientos de recopilación de datos y diagnóstico. Esta es la primera etapa en el desarrollo de una Estrategia. El contenido y las prioridades de la Estrategia se basan en la recopilación de datos siendo fundamental contar con datos tanto de la oferta como de la demanda para los estudios de diagnóstico.
Más allá de los guarismos internacionalmente aceptados del Banco Mundial al 2014, fuentes alternativas y locales más actuales presentan guarismos diametralmente distintos en cuanto al acceso, aunque denotarían superiormente el problema del uso.
Por ejemplo, según la base de datos de CUIL y CUIT asociados a los CBU, COELSA se denota que los argentinos con tarjeta llegan al 80%. De igual modo, según el Régimen Informativo del BCRA, a fines del 2016 la cantidad total de tarjetas de débito en el país ascendía a 41 millones.
Cuando no se dispone de datos representativos desde la demanda como en nuestro país, es necesario diseñar y desarrollar los relevamientos necesarios. Por ejemplo, México implementa a través de su Programa Nacional de Inclusión Financiera su propia Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de manera trienal. Por ello proponemos asumir el compromiso de generar datos para un diagnóstico preciso.
-El inciso b) corresponde a los lineamientos de la redacción y formulación. Una vez que se complete la recopilación de datos, la redacción de la Estrategia se deberá realizar con carácter consultivo, para garantizar la aceptación de los distintos departamentos gubernamentales y del sector privado.
Esta instancia debe presentar una definición propia que refleje el contexto local, los objetivos, las prioridades y los plazos de acción que se imponga nuestro país.
También se exige aquí la incorporación de manera explícita de tres dimensiones fundamentales para la inclusión financiera responsable. La incorporación de programas de educación financiera en las escuelas secundarias con el fin de mejorar las capacidades financieras en jóvenes, la contemplación de esquemas y mecanismos de protección al consumidor y la perspectiva de género en objetivos específicos e indicadores.
-El inciso c) corresponde a los lineamientos de la implementación donde se exige explícitamente se detallen jerarquías en los actores involucrados, roles, riesgos y sus posibles medidas de mitigación. Es importante secuenciar e implementar acciones prioritarias.
-El inciso d) corresponde a los lineamientos del monitoreo y evaluación, esencial para asegurar que la implementación de la estrategia esté en buen camino y para ajustar las políticas y otras medidas en tiempo real.
Por lo tanto, es muy importante diseñar un esquema adecuado de marco de monitoreo y evaluación que a su vez proporcione el desarrollo de capacidades a las autoridades pertinentes a cargo de su aplicación
En los Artículos 6º y 7° se crea el marco para la intervención del Congreso en la aprobación de la Estrategia. Este punto es fundamental, ya que si el diseño y la ejecución está en cabeza del Poder Ejecutivo, se corre el riesgo de que futuros cambios de signo político en la administración puedan fácilmente cambiar de rumbo, y en esta materia se necesita la continuidad que otorga una política de Estado. En este sentido, en el artículo 6° se propone que la Autoridad de Aplicación comprometa semestralmente la presentación un de informe de avance en la Comisión de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en la Comisión de Economía Nacional e Inversión de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, mientras que en el artículo 7º se propone que en un lapso no mayor a los tres meses la Autoridad de Aplicación deba exponer el plan de implementación integral de la Estrategia adecuándose a los lineamientos aquí expuestos para que el Honorable Congreso de la Nación otorgue su aprobación definitiva.
En los Artículos 8º y 9º se propone que los recursos de la Autoridad de Aplicación se incluyan en las partidas del Presupuesto de la Administración Pública Nacional y se limita el tiempo para el cual el Poder Ejecutivo deberá el presente proyecto.
Entendemos que los lineamientos propuestos (en particular los aspectos generales y específicos señalados en los Artículos 4º y 5º) son de relevancia en toda Estrategia plausible a ser analizada y que ameritarían la implementación de un proyecto como el propuesto.
Por ello y por las razones vertidas, solicito a mis pares me acompañen con su voto al momento de sancionar el presente Proyecto de Ley.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| LAVAGNA, MARCO | CIUDAD de BUENOS AIRES | FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FINANZAS (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |