... Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para solicitarle que, a través de la Secretaría de Defensa del Consumidor y las otras áreas competentes a su cargo, disponga la instrumentación de un operativo especial, en el más breve plazo, para detectar el grado de incumplimiento a lo normado por la Ley 25.065 (Ley de Tarjetas de Crédito y Débito) en los casos denunciados por el organismo señalado, por particulares y por asociaciones de defensa del consumidor, respecto a la aplicación de recargos prohibidos por parte de empresas y comercios en las compras con tarjetas de crédito y de débito.

Solicitarle asimismo, para el caso de confirmarse los abusos señalados, la aplicación de las sanciones previstas en la legislación, y su difusión pública.

Señor presidente:

Recientemente, y según la crónica de varios medios de difusión masiva, se hicieron públicas varias denuncias de comercios que cobran recargos por pagos con tarjetas de crédito y débito, notoriamente ilegales en el marco de la Ley 25.065 que regula la compra con éstos medios de pago.

El abuso consistiría en el cobro por parte de algunos comerciantes de recargos, esto es, cobrando un precio preferencial rebajado para las compras que se realizan en efectivo, y otro más caro cuando se abona con tarjetas.

"Es posible encontrar diferencias de hasta un 10% en el precio por pagar con tarjeta de crédito y de hasta un 5% por pagar con débito", señalaron algunas fuentes.

De resultar ciertas las denuncias, estaríamos frente a flagrantes violaciones a la ley, ya que la misma dispone la obligatoriedad de mantener el valor del producto o servicio más allá de la forma de pago.

"El recargo es ilegal y por ello el consumidor debe insistir en defender el mismo precio que el resultado de pagar al contado, a sabiendas de que muchas de éstas prácticas reprochables buscan justificaciones y argumentos que propia la propia letra de la ley ha decidido no atender con el fin de beneficiar al consumidor".

Pareciera que hoy ésta practica es un clásico, sobre todo en farmacias y casas de deporte.

Muchas veces los comerciantes justifican la aplicación de recargos porque las compras con tarjeta de crédito y débito le implican el pago de un arancel. Este costo que tiene el comercio va de un 2 a un 5%. Esta operatoria les implica blanquear la operación, una retención anticipada de Ganancias o Ingresos Brutos. Es verdad que para el comerciante no es lo mismo, pero por otro lado, las tarjetas implican la posibilidad de un incremento en el volumen de sus ventas. Ese beneficio se potencia cuando, por ejemplo, se lanzan las promociones de 12 (doce) cuotas sin interés que permitieron a muchos incrementar los consumos. No obstante, la normativa se aplica en los casos en que se compra a un solo pago.

Es verdad que para el comerciante operar con tarjeta le cuesta un poco más caro; pero tambien es cierto que tambien puede elegir no operar con ellas si no está de acuerdo; no es obligatorio. La práctica ha demostrado en muchos casos la diferencia de costos entre lo que cobra el emisor de la tarjeta y el comercio. Lo cierto es que, a tenor de algunas denuncias, los recargos se ubican dentro de los márgenes señalados anteriormente (del 5 al 10%), y precisamente acá está el abuso si tenemos en cuenta que el emisor del plástico no puede cobrar al comerciante más de un 3% en las de crédito y no más de un 1,5% en las de débito; además de gozar de sólo tres (3) días hábiles para que se le acredite el pago.

La titular de Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor (PADEC) señaló que cuando el comercio se adhiere al sistema de tarjeta de crédito, está consiguiendo también una mayor posibilidad de ventas. Pero el cobro del recargo es contrario a la ley y afecta los derechos de los usuarios.

Entendemos que éstas practicas deben desaparecer. Hoy más que nunca. El esfuerzo oficial y colectivo, sobre todo el de los asalariados y menos pudientes para sostener los positivos logros en materia económica no puede naufragar ni desperdiciarse por quienes se aferran a la insaciable vocación de ganar dinero al margen de la ley, ofendiendo el bolsillo de los consumidores. Todos los comerciantes tienen derecho a ganar más dentro de lo razonable, lo legal, lo ético y por sobre todo, lo solidario. En una economía como la nuestra que abre horizontes serios y sólidos, las cargas son menos pesadas cuando son equilibradamente repartidas.

En ésta línea argumental es que, con las facultades de las que está investido el Poder Ejecutivo, y por sobre todo con éste nuevo concepto de Estado que se ejerce,;dentro del marco legal y en defensa de los usuarios, es que proponemos la instrumentación urgente de un operativo humano especial para corroborar el grado de certeza de las denuncias efectuadas; el grado de cumplimiento de la normativa en cuestión; y la solicitud de aplicar las sanciones para quienes abusan de los más vulnerables en las transacciones comerciales.

Descuento la aprobación del presente proyecto que desde ya solicitamos.