ARTÍCULO 1º.- Derógase la ley 26.734.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Señor presidente:

El pasado 27 de Diciembre de 2011 se sancionó la Ley 26.734 impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. Este proceso careció de una discusión profunda sobre la necesidad de esta norma así como también de los impactos negativos sobre el derecho de la ciudadanía a manifestarse. La necesidad de esta ley estuvo fundado en el argumento de que su sanción era una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Desde el momento en que el PEN envió al Congreso el proyecto, éste comenzó a recibir fuertes críticas por parte de un amplio y diverso sector de nuestra sociedad. Cerca de 80 asociaciones, personas públicas e incluso asociaciones internacionales han firmado el documento titulado: "Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta". El documento pone en evidencia que el proyecto de legislación antiterrorista utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público (1) .

Asimismo, el documento se afirma que: "...La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo..." (2)

Además, el Presidente de la Corte Suprema de la Nación, durante la apertura del año judicial, exigió que el Estado no persiga a los que piensan diferente y, posteriormente y por medios públicos, afirmó: "la ley antiterrorista ha sido ampliamente criticada y nosotros nos hemos sumado a esa crítica. Como política legislativa, ese artículo no es bueno y mucho menos aplicarlo a una protesta social" (3) .

Por último, es importante reflexionar sobre los hechos ocurridos en la Provincia de Catamarca en el mes de Enero de 2012. En tal ocasión, nueve ambientalistas fueron detenidos mientras realizaban un corte en la ruta nacional 40, impidiendo el paso de vehículos pertenecientes a una compañía Minera.

Si el motivo fundamental del proyecto era satisfacer los requisitos del GAFI para que Argentina pasara a ser considerada como un destino seguro de Inversiones Externas Directas, esto no sucedió. El GAFI publicó el 16 de febrero de 2012 un informe donde enumera siete deficiencias que tiene la Argentina y que urgen corregir (4) .

Por todas estas razones considero que la legislación que fuera aprobada en diciembre pasado no hace más que ampliar el poder punitivo del Estado arbitrariamente, atentando de ésta forma contra los derechos y libertades individuales.

Por ello solicito a los señores y las señoras legisladores que nos acompañen con su voto.