FINANZAS
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 0191-D-2006
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA AMPLIACION DE LA EMISION DE "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES LIBOR 2012", RESOLUCION CONJUNTA 12/06 Y 50/06.
Fecha: 02/03/2006
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 2
1- Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Hacienda, ambos organismos dependientes del Ministerio de Economía y Producción de la Nación:
a) las causas que motivaron la Resolución Conjunta 12/2006 y 50/2006 que establecieron la ampliación de la emisión del instrumento de deuda pública denominado "Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses Libor 2012", cuya colocación se realizará a precio de mercado por suscripción directa a la República Bolivariana de Venezuela por un monto total de US$ 308,2 millones.
b) el motivo por el cual, dado que además de esperarse durante el periodo 2006 un Superávit fiscal considerable, se continúa incrementando el Pasivo Nacional recurriendo a dicho país y no a los mercados financieros globales.
c) El destino final estimado de los fondos efectivos originados por el mencionado Superávit Fiscal para el periodo 2006 ya sea para reducir la alícuota de algún impuesto, aumentar el gasto, acumular activos y/o reducir pasivos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venezuela se ha convertido en los últimos meses en un de las principales fuentes de financiamiento de la administración Nacional al adquirir otros US$ 308,2 millones en Boden 2012. Dicho, título en dólares ya amortizó un 10% de su capital y fue emitido en su momento el gobierno de Eduardo Duhalde para ofrecer en canje a los ahorristas afectados por el corralón y la pesificación de 2002. Con esta compra, el gobierno de Hugo Chávez lleva adquiridos unos US$ 2500 millones en títulos de la deuda argentina.
De ese total, adquirido en progresivas operaciones a lo largo de los últimos 10 meses (la primera compra se pactó en mayo de 2005), han vendido US$ 1100 millones al mercado local venezolano, obteniendo una ganancia de 75 millones de dólares.
La suscripción del Boden 12 volvió a realizarse en forma directa y a "precios de mercado", según consignó el Boletín Oficial.
Las colocaciones de títulos por esta vía forman parte de una estrategia de financiamiento que adoptó el gobierno nacional para eludir a los mercados, por considerar que las tasas que los inversores privados le demandan para prestarle son demasiado elevadas, una decisión que adoptó después de declarar desierta una licitación en septiembre pasado. Los analistas señalan que, en las condiciones de liquidez en las que se encuentra el mercado internacional de deuda voluntaria, no sería difícil para el gobierno argentino colocar deuda a una tasa similar (de mercado) a la que lo hará con Venezuela.
Los mayores financistas desde entonces pasaron a ser Venezuela y el Banco Hipotecario (con mayoría estatal pero gerenciamiento privado), que desde entonces compró en sucesivas operaciones US$ 773,5 millones en Boden 2012, la última de las cuales se concretó el 27 de enero por 116,3 millones.
Para el 2006, existe consenso en que el superávit fiscal superará los 10 mil millones de pesos y probablemente se acerque a los 13 mil millones, lo que equivale al 2,5% del PBI; esto, después del pago de intereses de deuda.
Se abre por lo tanto el debate sobre qué destino que se dará a ese superávit. El primer set de alternativas radica en: a) reducir la alícuota de algún impuesto; b) aumentar el gasto; c) acumular activos; d) reducir pasivos (o sea cancelar deuda).
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que Argentina pasa por un período de condiciones externas extremadamente favorables que podrían revertirse a mediano plazo, lo que sugiere descartar la alternativa b) de aumentar el gasto, en particular el llamado gasto "estructural". Además, sería peligroso cebar más todavía, la demanda global, cuando la preocupación de todos -gobierno y particulares- son las presiones inflacionarias.
La alternativa a) merece alguna atención en un contexto en el cual el superávit está sustentado por impuestos distorsivos. Una reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios más castigados por el clima no sería una mala idea. De todas maneras, es sabido que el gobierno es reluctante a reducir alícuotas, salvo en condiciones límites, en que la obstinación le representa costos políticos significativos.
En relación a c) y d), en 2005 el gobierno nacional no canceló deudas; en cambio acumuló activos como lo indica el crecimiento de los depósitos oficiales en los bancos. ¿Tiene sentido seguir acumulando activos?
Si este es el cuadro de situación, se impondría la recomendación de cancelar deuda. Debemos recordar que el Gobierno inauguró el 2006 con un cambio de acreedor para una porción de su deuda: canceló deuda con el FMI y la tomó por un monto equivalente con el BCRA y con el gobierno de Venezuela. La pregunta subsiguiente es ¿cuál deuda es razonable cancelar?
Con el objeto de simplificar el análisis, se ha supuesto que el apoyo financiero previsto para las provincias en 2006 (4,6 mil millones de pesos) se compensa con la recuperación de deudas que las provincias tienen con la Nación (este año deberían pagarle cerca de 4 mil millones). También se supone que se renueva, pero no aumenta, el financiamiento que diversos organismos públicos -DGI, ANSeS, etc.- hicieron al Tesoro en 2005.
Un primer destino plausible sería reducir en 3 mil millones de pesos el endeudamiento que el Tesoro mantiene con el BCRA a raíz del pago al FMI. Se trataría de una cancelación anticipada de los BODEN que le colocara en enero pasado, a cambio de las reservas internacionales que "salieron" del activo del BCRA. De esta manera, se emitiría una señal al mercado, se fortalecería la posición de reservas internacionales sin necesidad de emisión.
Asumiendo esta prioridad quedarían 10 mil millones de pesos para atender vencimientos. La elección del mix de cancelaciones deberá tener en cuenta el costo de los distintos tipos de deuda que vence y las posibilidades de refinanciación y de obtención de nuevos fondos. Es probable que los tenedores de Préstamos Garantizados estén interesados en renovar una parte importante de los vencimientos, aunque la sanidad del sector financiero hace conveniente que disminuyan su elevada exposición con el sector público.
No es tan evidente la decisión que pueden adoptar los tenedores de los bonos que vencen, en su mayoría BODEN. Hoy estos bonos cotizan con bajo desagio, señal de que son apreciados pero ¿qué bono puede ofrecerles el gobierno que los seduzca frente a la oportunidad de cobrar, salvo que se trate de un bono ajustable? Es cierto que parte de los tenedores son inversores institucionales (AFJP, Compañías de Seguro) que no disponen de muchas otras alternativas, excepto que se concrete la intención anunciada por el Gobierno de involucrar a este tipo de inversores en el financiamiento directo de proyectos a mediano plazo.
Por lo tanto, es plausible suponer que el superávit se usará principalmente para pagar los vencimientos de estos bonos, comenzando con los más "caros". Ello implicaría, obviamente, renovar los vencimientos con el BID y el Banco Mundial. Si, en cambio, fuera necesario priorizar el pago a los organismos, quedaría menos margen para cancelar con los tenedores de bonos y sería necesario asegurar una tasa más alta de renovación.
Esperemos, por el interés de la Nación, que el Gobierno sepa aprovechar eficientemente dicho Superávit Fiscal y sea prudente en el momento de aumentar la Deuda Externa Pública Nacional. Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BULLRICH, ESTEBAN JOSE | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| MARTINI, HUGO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PRESUPUESTO Y HACIENDA (Primera Competencia) |
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