BIENES DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ARTÍCULO 1°: Derógase el Decreto 864/2018.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El pasado jueves 27 de septiembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto N° 864/2018, que sustituye el Anexo IX del Decreto N° 1.126/2017 y su normativa modificatoria.

A través de dicha sustitución, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la eliminación de los aranceles de importación para componentes de fabricación de televisores y celulares en todo el territorio nacional, entre otros.

Al anular los aranceles en todo el territorio nacional, se perjudica a las empresas instaladas en el marco del Área Aduanera Especial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ya que gozaban hasta el momento de un diferencial en dichos aranceles.

Esto afecta la seguridad jurídica, la calidad institucional y la previsibilidad para las inversiones que ha sido uno de los ejes rectores de las políticas del propio Poder Ejecutivo Nacional en su actual mandato.

El régimen de promoción de esas empresas en el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego tiene vigencia, en la actualidad, hasta fines del año 2023, por lo cual eliminar el contenido de dicha promoción a través de un Decreto afecta su producción e inversiones. Más aún, en fecha reciente del 13 de noviembre de 2017, tanto las empresas fabricantes como la Provincia de Tierra del Fuego suscribieron con el Estado Nacional el Acuerdo por la Producción y el Empleo en virtud del cual se aceptó una rebaja progresiva de los Impuestos Internos, siempre que se mantuvieran inalterables las restantes condiciones del régimen de promoción de la provincia de Tierra del Fuego.

En los fundamentos que desde el Poder Ejecutivo señalan al momento de dictar este nuevo decreto, se sostiene “Que resulta conveniente modificar el universo de bienes alcanzados por la Lista Nacional de Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT), incorporando nuevos productos, a fin de disminuir los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local.”

Pero justamente el efecto es el contrario ya que el Decreto 864/2018, en la práctica, da de baja los beneficios promocionales de la Ley Nacional 19.640 y de los Acuerdos firmados por el actual Poder Ejecutivo Nacional, conllevando un riesgo cierto de reclamos judiciales y perjuicios económicos y sociales que el Estado Nacional debería afrontar. Sin dudas, la modificación de las condiciones establecidas e instituidas y la incertidumbre e inseguridad jurídica desincentivan las inversiones nacionales y extranjeras presentes y futuras.

En hechos concretos esta medida conllevaría al cierre de numerosas plantas y empresas hoy constituidas en la Provincia más austral de nuestro país. No se trata de un sector menor: la industria electrónica que se ha desarrollado en Tierra del Fuego desde hace más de 40 años es el principal sector productivo de Provincia. Actualmente representa más del 30% de su Producto Bruto Geográfico y el 33% de la recaudación provincial tributaria y no tributaria. Su impacto indirecto es aún mayor, con externalidades positivas sobre el resto de la sociedad fueguina a través de la actividad de comercios, construcción, compra y contratación de insumos y servicios tanto de la propia Provincia como del resto del país. En efecto, los trabajadores y trabajadoras empleados en estas fábricas consumen más de $3.000 millones por año, dando sustento a la actividad productiva de toda Tierra del Fuego.

Por lo tanto, la eliminación de los beneficios promocionales implicaría sin dudas un deterioro grave y abrupto de la economía provincial, con cierre de fábricas y comercios, caída de la construcción y la renuncia definitiva a una industria de alta tecnología y gran potencial, que debería ser promovida y estimulada por políticas públicas concretas en lugar de desincentivarla.

Además, debemos tener en cuenta que de la Industria Electrónica argentina consolidada y conformada por 23 compañías instaladas en Tierra del Fuego, que llevan invertidos más de USD 600 millones en tan solo los últimos 6 años en robótica, inserción automática y procesos productivos altamente integrados y bajo estándares de calidad internacional, desarrollan desde hace años acciones continuas de capacitación de su personal y generan alrededor de 12.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos). En los últimos años, y también en virtud del Acuerdo firmado en 2017 con el Poder Ejecutivo Nacional y con el aval del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, las empresas han implementado acciones para la mejora de la competitividad que han permitido reducciones de precios sostenidas de las cuales se ha beneficiado toda la sociedad argentina.

Todos estos avances y logros se perderían drásticamente con la aplicación del Decreto 864/2018. Más aún, la recaudación tributaria y no tributaria de la Nación y de la Provincia de Tierra del Fuego se vería severamente perjudicada. De esta manera favorece la instalación de unos pocos en el territorio continental, sin un proceso productivo definido y auditado, con mínima generación de puestos de trabajo y probablemente empleo informal. La eliminación de la Industria Electrónica Nacional, la coparticipación nacional debería aumentar en más del 30% para compensar los menores ingresos, dado que la industria electrónica contribuye en el 33% de la recaudación provincial tributaria y no tributaria.

También se afectará sin dudas la situación social y productiva de otras Provincias, tanto por la pérdida de ventas a la industria de Tierra del Fuego como de las compras que hoy realizan a esas empresas, debiendo por consiguiente reemplazarlas por opciones menos económicas. Asimismo, el Decreto impugnado vulnera los contratos asumidos con las empresas promocionadas, con los consiguientes reclamos que debería afrontar el Estado Nacional, como así desprotege a los usuarios consumidores; toda vez que, la quita de beneficios promocionales no baja el valor final del producto importado, como tampoco lo somete al análisis de cumplimiento de los estándares requeridos a los productos producidos en la industria nacional.

En definitiva, el presente proyecto de Ley busca evitar el perjuicio social y económico generado a las empresas y al sector productivo de la provincia de Tierra del Fuego por la implementación del Decreto 864/2018. En forma contrapuesta, se busca sostener los principios de previsibilidad y seguridad jurídica de las inversiones, de desarrollo federal y planificación de largo plazo en todo el país y de mejora continua en las condiciones para la producción y para la calidad de vida de toda la sociedad argentina.

Por todo lo expuesto, y entendiendo la urgencia e importancia de este proyecto, es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.