ARTICULO 1º. - Prorrógase por 10 (diez) años la vigencia del fondo establecido en el artículo 16 de la ley 25.422.

ARTICULO 2º. - Fíjase el monto mínimo del fondo aludido en el artículo 1ro de la presente en PESOS SESENTA MILLONES ($60.000.000) que deberá ser actualizado, luego de transcurrido el primer año de la sanción de esta ley, aplicando el índice "Agropecuario" del Sistema de Índices Básicos del Productor (IPP), emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

ARTICULO 3°.- La obligación presupuestaria que se prorroga en el artículo 1°, comenzará a regir a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido en el artículo 16 de la N° 25.422.

ARTICULO 4º: Comuníquese, etc.

Señor presidente:

La Ley 25422 tuvo como principal objeto la Recuperación del Ganado Ovino, estableciendo para ello en el presupuesto anual, un monto destinado a integrar el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) creado por el art. 15 de la Ley mencionada.

Habida cuenta que subsiste la necesidad originaria que motivara la ley aludida, estamos proponiendo una prórroga por el plazo de 10 (diez) años a contar desde el día siguiente al vencimiento del plazo establecido por el actual art. 16 de la norma en cuestión.

A los efectos de profundizar en el fin de este proyecto es preciso tener en cuenta los antecedentes de la Ley 25422. La misma fue sancionada en el año 2001, en virtud de un intenso debate y concientización resultante principalmente del foro lanero patagónico efectuado en noviembre de 1998 en la ciudad de Trelew (Chubut), respecto a la severa crisis que se percibió en el sector ovino argentino, la cual representaba un riesgo para el desarrollo económico de regiones como la patagónica y la noroeste, en las que resultaba imposible reemplazar satisfactoriamente a la ganadería ovina en la mayoría de los campos por razones de índole natural y geográfica.

En este sentido y si bien somos optimistas en cuanto al recupero de un sector tan importante en la economía de nuestro país, no podemos desconocer que actualmente aún se requieren herramientas que fortifiquen su crecimiento e impulsen su desarrollo. Sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos años hemos padecido, en los sectores de mayor producción ganadera, las inclemencias naturales de la sequía.

De acuerdo a informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, los registros de faena comercial hasta el año 2008, representan una caída de más del 9% (nueve por ciento) respecto al año 2007, cuya principal causa fue la emergencia agropecuaria por sequía, predominante en las principales regiones productoras de corderos y que concentran la mayor faena del país, lo que produjo menor calidad de la oferta forrajera y en consecuencia una menor calidad en la oferta de los corderos.

Hay que destacar que en un plan de integración federal, esta ley cuenta con una amplia adhesión por parte de las provincias argentinas, lo cual esta fomentado por el mismo texto de la norma, mediante el cual se invita a las provincias interesadas a adherir a la misma.

Buenos Aires (Ley 12869), Jujuy (Ley 5304), San Juan (Ley 7368), La Pampa (Ley 1981), Salta (Ley 7186), Chubut (Ley IX Nº 48 - Antes Ley 4817), San Luis (Ley Nº VIII-0248-2004- 5466), Mendoza (Ley 6995), Misiones (Ley 4336), Rio Negro (Ley Nº 3531),

Retomando los fundamentos de la Ley 25422, en referencia específica a los fondos de financiamiento para la aplicación de la norma, es preciso citar que la opción de financiamiento estuvo destinada a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos, con el objetivo de sostener las fuentes laborales, instrumentando el mismo, jurídicamente bajo la forma de un fideicomiso, a efectos de limitar legalmente su aplicación a la puesta en práctica del régimen. Este tipo de fondos, que cuenta con diversos antecedentes de importancia en nuestra legislación, permite asimismo la posibilidad de obtener financiamiento adicional a largo plazo.

La Ley 25422, ha incorporado alternativas productivas para los pequeños y medianos productores, especialmente en lo que a asistencia técnica se refiere. Centrando la reconversión no solamente respecto de un único elemento derivado del ovino, la lana, sino que amplía el espectro de posibilidades a otras producciones menos tradicionales y rentables como la producción de carne, cuero o leche y sus derivados.

Asimismo se establece un procedimiento de aprobación ágil y sencillo destinado a evitar cualquier clase de abuso en la utilización de los beneficios que se obtendrán por la aplicación del régimen, como así también se establece un mecanismo de seguimiento y control de la ejecución del régimen mediante una comisión técnica asesora, integrada por técnicos competentes de las autoridades nacionales y provinciales con injerencia en el tema ganadero.

Actualmente el Manual Operativo para la aplicación de la Ley del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina, cuenta con 21 beneficios que permiten adecuar los objetivos y las estrategias a la realidad de cada lugar. Los mismos pueden ser combinados de manera flexible por las distintas provincias y regiones, a fin de adecuarlos a sus necesidades particulares, permitiendo a los productores y organizaciones adaptar opciones de financiamiento, incluso en algunos casos mediante valor producto y aportes no reintegrables, destinadas a alentar el desarrollo de la actividad ovina en su totalidad.

En este sentido es de fundamental importancia seguir contando con la herramienta que brinda esta ley en cuanto instrumento normativo tendiente a continuar el proceso de reconversión del sector ovino nacional. Como así también reconocer el cambio económico que se ha dado en nuestro país, desde la sanción de la norma referida, momento en el cual se encontraba vigente la convertibilidad de 1 a 1 (uno a uno), siendo necesario actualizar el monto otorgado al FRAO.

Por los motivos expuestos, invito a los Sres. Legisladores a acompañar esta propuesta.