Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a través de los organismos que correspondan, declare “Situación de Emergencia por Desastre” en el marco de la ley 27.287, en los Departamentos de Santa Victoria, Iruya, Orán, General San Martín y Rivadavia de la provincia de Salta por el estado de afectación y la gravedad de las consecuencias sufridas por los desbordes de los ríos Bermejo y Pilcomayo, y disponga los mecanismos pertinentes de mitigación, reconstrucción y reparación de las zonas afectadas con el objeto de rehabilitar los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y propiciar la reactivación de su desarrollo social y económico.

Señor presidente:

Es de público conocimiento la grave situación por la que atraviesan pobladores de localidades cercanas al rio Pilcomayo y Bermejo debido a su crecida en la provincia de Salta que han provocado el anegamiento de vastas zonas produciendo el aislamiento de varios parajes. Según informó las Cruz Roja, unas 17.000 personas resultaron afectadas por estas inundaciones, muchas de las cuales han quedado totalmente incomunicadas.

En este sentido el Gobierno de la Provincia de Salta a través del Decreto Nº237/2018, ha declarado el estado de Emergencia Hídrica, Social y Sanitaria en los Departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, General San Martín y Rivadavia, por un plazo de ciento veinte (120) días, a partir del 9 de febrero del año 2018. El decreto establece que la situación es de tal gravedad que ha provocado la evacuación de prácticamente la totalidad de los habitantes de la localidad de Santa Victoria Este y el aislamiento del municipio de Los Toldos por el derrumbe del puente internacional que une dicha localidad con La Mamora, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Así mismo indica que la crítica situación incide de manera negativa en la prestación de servicios básicos esenciales, como el suministro de energía eléctrica y agua potable, y la provisión de medicamentos e insumos de primera necesidad poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población.

El referido Decreto faculta a la Secretaría de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, a coordinar con los organismos nacionales, provinciales y municipales con competencia en la materia, todas aquellas medidas conducentes para dar solución a la situación de emergencia y autoriza a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Economía a disponer, mediante Resolución Conjunta, los refuerzos y/o distribuciones de partidas presupuestarias que resultaren necesarias para el cumplimiento del presente. También autoriza a los Ministerios de Salud Pública, Economía, Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Seguridad e Infraestructura, Tierra y Vivienda a celebrar con el Estado Nacional, otras Provincias, Municipios y personas humanas y/o jurídicas los convenios que fueren necesarios para gestionar de manera eficiente la aplicación de los recursos que se destinen a contrarrestar y subsanar los efectos derivados de la situación de emergencia

Respaldando esta medida desde el gobierno provincial se han venido realizando acciones coordinadas con organismos nacionales y con cada uno de los municipios y localidades afectadas por el fenómeno climático, a fin de procurar una solución eficaz a los graves inconvenientes que se presenten en el marco de la situación de emergencia, es por ello que al solicitar la declaración de la emergencia implica poner a disposición todos los recursos del Estado para atender la situación con la celeridad que requiere el caso.

Cabe destacar que algunos parajes del norte provincial han quedado aislados y no se puede llegar a ellos por vía terrestre por lo cual ha sido necesario establecer un puente aéreo para llevar lo imprescindible a las comunidades de esas zonas, que se encuentran anegadas. En este marco el Gobierno Nacional ha colaborado enviando equipos de asistencia médica con vehículos sanitarios y partidas de medicamentos para ayudar a la población más vulnerable, pero resulta imprescindible que la Provincia reciba transferencias de la Nación que le ayuden a sortear tan desbastador evento.

Señor Presidente, el Gobierno Nacional sancionó en el año 2016, la Ley Nº 27287 por la cual se crea el “Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil”, que tiene por objeto “integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación” según cita en su artículo primero y como finalidad conforme lo establecido en su artículo tercero “la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos.”

Por esta misma normativa se crea el “Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil”, como instancia superior de decisión articulación y coordinación de los recursos del estado nacional, siendo su función, entre otras, la de “Declarar situación de emergencia por Desastre”. En este marco y teniendo en cuenta que esta normativa nacional contempla todas las aristas vinculadas a las situaciones de emergencia como la que es objeto de nuestro pedido, solicito a mis pares me acompañen con sus firmas para la aprobación del presente proyecto de declaración.