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ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 131
Secretario Administrativo DRA. FERREIRO MARÍA CECILIA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2119 Internos 2119/18
ceycombust@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
- ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Reunión del día 09/06/2021
- INFORMATIVA
EXPEDIENTES
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de junio de 2021, a la hora 16 y 10, comienza la reunión virtual llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE FÉLIX Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. Saludo al señor diputado Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Nos vamos a abocar al tratamiento del expediente 2058-d-2021 sobre el cual ya hubo una reunión informativa con la presencia de las autoridades del Enargas. En función de esto, como ha habido algunas propuestas de modificación, por Secretaría se dará lectura del texto del proyecto.
Nos vamos a abocar al tratamiento del expediente 2058-d-2021 sobre el cual ya hubo una reunión informativa con la presencia de las autoridades del Enargas. En función de esto, como ha habido algunas propuestas de modificación, por Secretaría se dará lectura del texto del proyecto.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Voy a dar lectura del dictamen contenido en el expediente
2058-d-2021.
Dice así: "Honorable Cámara: las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del señor diputado Kirchner y otras y otros señores diputados, por el que se modifica el artículo 67 de la ley 27.591, de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2021, sobre prorrogar por diez años el Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas previsto en el artículo 75 de la ley 25.565. Por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante acompaño la sanción del siguiente proyecto de ley.
"El Senado y Cámara de Diputados... Ampliación del régimen de zona fría.
"Artículo 1°.- El plazo de vigencia del régimen establecido en el artículo 75 de la ley 25.565 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2031.
"Artículo 2°.- Sustituyese el párrafo cuarto del artículo 75 de la ley 25.565, que quedará redactado de la siguiente manera: el Poder Ejecutivo, por sí o a través de la autoridad de aplicación, queda facultado para aumentar o disminuir el nivel de recargo establecido en el presente artículo en hasta un 50 por ciento con las modalidades que considere pertinentes.
"Artículo 3°.- Para las regiones y el departamento que se enumeran en el punto A del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 continuarán los beneficios de la aplicación del régimen para usuarios residenciales del servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes y todos los usuarios del servicio general de aquellas localidades abastecidas por gas propano indiluido por redes que se aplican en el marco de este régimen, los que serán equivalentes al 50 por ciento de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas. La tarifa diferencial establecida en este artículo no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.
"Artículo 4.- Se amplía el beneficio establecido en el punto a) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I de la presente ley, de las zonas bioambientales utilizadas por el Enargas bajo las normas IRAM 11.603/2012 que no estaban incorporadas al régimen vigente. Las localidades que se encuentren dentro de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I de la presente ley, y que en un futuro sean abastecidas por el servicio público de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes obtendrán de forma automática los beneficios establecidos. Las empresas distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural por redes y de gas propano indiluido deberán percibir dicha compensación por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos de los beneficiarios del régimen. Para las nuevas regiones, provincias, departamentos y localidades que se incorporen al régimen vigente del punto a), párrafo primero, del artículo 75 de la ley 25.565, los usuarios residenciales del servicio de gas natural por redes y de gas propano indiluido y todos los usuarios del servicio general de aquellas localidades abastecidas con gas propano indiluido poron redes que se apliquen en el marco de este régimen serán equivalentes al 70 por ciento de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas, con la excepción de los usuarios residenciales que satisfagan alguno de los siguientes criterios de elegibilidad, a los cuales se les aplicará un cuadro tarifario equivalente al 50 por ciento del cuadro tarifario pleno: 1) titulares de la asignación universal por hijo (AUH) y la asignación por embarazo.
"2. Titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el salario mínimo vital y móvil.
"3. Usuarios y usuarias inscriptas en el régimen de monotributo social.
"4. Jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro salarios mínimos vitales y móviles.
"5. Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el salario mínimo vital y móvil.
"6. Usuarios y usuarias que perciban seguro de desempleo.
"7. Electrodependientes, beneficiarios y beneficiaras de la ley 27.351.
"8. Usuarios y usuarias incorporadas en el régimen especial del régimen social para empleados de casas particulares de la ley 26.844.
"9. Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
"10. Titular de pensión vitalicia a veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.
"La tarifa diferencial establecida en la presente ley no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.
"Artículo 5°.- A los consumos que realicen las entidades de bien público de acuerdo a la ley 27.218, del servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes de la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I, que se enumeran en el punto a) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 y en el artículo 4° de la presente ley de las zonas bioambientales utilizadas por Enargas bajo norma IRAM 11.603/2012, se aplican los beneficios en el marco de este régimen, los que serán equivalentes al 50 por ciento de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas.
"La taifa diferencial establecida en la presente ley no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.
"Artículo 6°.- A los consumos que realicen los usuarios del servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes de la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas, IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I, que se enumeran en el punto A) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 y en el párrafo primero del artículo 4° de la presente ley, de las zonas bioambientales utilizadas por Enargas bajo normas IRAM 11.603/2012, se aplican los beneficios en el marco de este régimen, los que serán equivalentes al 50 por ciento de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas cuando satisfagan alguno de los siguientes criterios de exigibilidad:
a) Asociaciones civiles con ingresos ordinarios anuales menores a la categoría 'G' del régimen del monotributo;
"b) Comedores comunitarios con o sin personería jurídica, reconocidos en su jurisdicción provincial o municipal o que estén inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM).
"La tarifa diferencial establecida en la presente ley no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.
"Artículo 7º.- Se amplía el beneficio establecido en el punto b) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I de la presente ley, de las zonas bioambientales utilizadas por Enargas, bajo norma IRAM 11.603/2012, que no estaban incorporadas al régimen vigente.
"Artículo 8º.- Se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar o modificar los territorios mencionados en el artículo 75 de la ley 25.565 y en la presente ley, previa revisión integral cada dos años como plazo máximo, con previo dictamen técnico emitido por el Ente Regulador con relación al punto a) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 y del párrafo primero del artículo 4º de la presente ley y la Secretaría de Energía con relación al punto b) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 y del artículo 7º de la presente ley, los cuales deberán considerar para ello la evolución de los factores climáticos con incidencia en los mismos. A tal efecto, podrán solicitar los informes adicionales que consideren necesarios a otros organismos o autoridades competentes de las localidades que estén en análisis.
"El Poder Ejecutivo remitirá su informe final al Congreso de la Nación.
"La autoridad de aplicación podrá modificar o exceptuar del cumplimiento de los criterios de elegibilidad para acceder a un cuadro tarifario equivalente al 50 por ciento del cuadro tarifario pleno, cuando la capacidad de pago del usuario o usuaria resulte sensiblemente afectada por una situación de necesidad o vulnerabilidad social, conforme lo establezca la reglamentación.
"El Poder Ejecutivo, por sí o a través de la autoridad de aplicación, queda facultado para disponer los mecanismos mediante los cuales los usuarios y las usuarias puedan renunciar al presente beneficio, con la finalidad de que lleguen exclusivamente a aquellos usuarios y a aquellas usuarias que lo necesiten.
"Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo."
Dice así: "Honorable Cámara: las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del señor diputado Kirchner y otras y otros señores diputados, por el que se modifica el artículo 67 de la ley 27.591, de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2021, sobre prorrogar por diez años el Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas previsto en el artículo 75 de la ley 25.565. Por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante acompaño la sanción del siguiente proyecto de ley.
"El Senado y Cámara de Diputados... Ampliación del régimen de zona fría.
"Artículo 1°.- El plazo de vigencia del régimen establecido en el artículo 75 de la ley 25.565 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2031.
"Artículo 2°.- Sustituyese el párrafo cuarto del artículo 75 de la ley 25.565, que quedará redactado de la siguiente manera: el Poder Ejecutivo, por sí o a través de la autoridad de aplicación, queda facultado para aumentar o disminuir el nivel de recargo establecido en el presente artículo en hasta un 50 por ciento con las modalidades que considere pertinentes.
"Artículo 3°.- Para las regiones y el departamento que se enumeran en el punto A del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 continuarán los beneficios de la aplicación del régimen para usuarios residenciales del servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes y todos los usuarios del servicio general de aquellas localidades abastecidas por gas propano indiluido por redes que se aplican en el marco de este régimen, los que serán equivalentes al 50 por ciento de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas. La tarifa diferencial establecida en este artículo no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.
"Artículo 4.- Se amplía el beneficio establecido en el punto a) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I de la presente ley, de las zonas bioambientales utilizadas por el Enargas bajo las normas IRAM 11.603/2012 que no estaban incorporadas al régimen vigente. Las localidades que se encuentren dentro de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I de la presente ley, y que en un futuro sean abastecidas por el servicio público de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes obtendrán de forma automática los beneficios establecidos. Las empresas distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural por redes y de gas propano indiluido deberán percibir dicha compensación por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos de los beneficiarios del régimen. Para las nuevas regiones, provincias, departamentos y localidades que se incorporen al régimen vigente del punto a), párrafo primero, del artículo 75 de la ley 25.565, los usuarios residenciales del servicio de gas natural por redes y de gas propano indiluido y todos los usuarios del servicio general de aquellas localidades abastecidas con gas propano indiluido poron redes que se apliquen en el marco de este régimen serán equivalentes al 70 por ciento de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas, con la excepción de los usuarios residenciales que satisfagan alguno de los siguientes criterios de elegibilidad, a los cuales se les aplicará un cuadro tarifario equivalente al 50 por ciento del cuadro tarifario pleno: 1) titulares de la asignación universal por hijo (AUH) y la asignación por embarazo.
"2. Titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el salario mínimo vital y móvil.
"3. Usuarios y usuarias inscriptas en el régimen de monotributo social.
"4. Jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro salarios mínimos vitales y móviles.
"5. Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el salario mínimo vital y móvil.
"6. Usuarios y usuarias que perciban seguro de desempleo.
"7. Electrodependientes, beneficiarios y beneficiaras de la ley 27.351.
"8. Usuarios y usuarias incorporadas en el régimen especial del régimen social para empleados de casas particulares de la ley 26.844.
"9. Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
"10. Titular de pensión vitalicia a veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.
"La tarifa diferencial establecida en la presente ley no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.
"Artículo 5°.- A los consumos que realicen las entidades de bien público de acuerdo a la ley 27.218, del servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes de la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I, que se enumeran en el punto a) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 y en el artículo 4° de la presente ley de las zonas bioambientales utilizadas por Enargas bajo norma IRAM 11.603/2012, se aplican los beneficios en el marco de este régimen, los que serán equivalentes al 50 por ciento de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas.
"La taifa diferencial establecida en la presente ley no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.
"Artículo 6°.- A los consumos que realicen los usuarios del servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes de la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas, IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I, que se enumeran en el punto A) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 y en el párrafo primero del artículo 4° de la presente ley, de las zonas bioambientales utilizadas por Enargas bajo normas IRAM 11.603/2012, se aplican los beneficios en el marco de este régimen, los que serán equivalentes al 50 por ciento de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas cuando satisfagan alguno de los siguientes criterios de exigibilidad:
a) Asociaciones civiles con ingresos ordinarios anuales menores a la categoría 'G' del régimen del monotributo;
"b) Comedores comunitarios con o sin personería jurídica, reconocidos en su jurisdicción provincial o municipal o que estén inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM).
"La tarifa diferencial establecida en la presente ley no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.
"Artículo 7º.- Se amplía el beneficio establecido en el punto b) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, Anexo I de la presente ley, de las zonas bioambientales utilizadas por Enargas, bajo norma IRAM 11.603/2012, que no estaban incorporadas al régimen vigente.
"Artículo 8º.- Se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar o modificar los territorios mencionados en el artículo 75 de la ley 25.565 y en la presente ley, previa revisión integral cada dos años como plazo máximo, con previo dictamen técnico emitido por el Ente Regulador con relación al punto a) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 y del párrafo primero del artículo 4º de la presente ley y la Secretaría de Energía con relación al punto b) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 y del artículo 7º de la presente ley, los cuales deberán considerar para ello la evolución de los factores climáticos con incidencia en los mismos. A tal efecto, podrán solicitar los informes adicionales que consideren necesarios a otros organismos o autoridades competentes de las localidades que estén en análisis.
"El Poder Ejecutivo remitirá su informe final al Congreso de la Nación.
"La autoridad de aplicación podrá modificar o exceptuar del cumplimiento de los criterios de elegibilidad para acceder a un cuadro tarifario equivalente al 50 por ciento del cuadro tarifario pleno, cuando la capacidad de pago del usuario o usuaria resulte sensiblemente afectada por una situación de necesidad o vulnerabilidad social, conforme lo establezca la reglamentación.
"El Poder Ejecutivo, por sí o a través de la autoridad de aplicación, queda facultado para disponer los mecanismos mediante los cuales los usuarios y las usuarias puedan renunciar al presente beneficio, con la finalidad de que lleguen exclusivamente a aquellos usuarios y a aquellas usuarias que lo necesiten.
"Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo."
SR. PRESIDENTE FÉLIX Gracias, Cecilia.
Para brindar una explicación de las modificaciones propuestas sobre el primer proyecto del que se habló en la reunión informativa, tiene la palabra la señora diputada Schwindt.
Para brindar una explicación de las modificaciones propuestas sobre el primer proyecto del que se habló en la reunión informativa, tiene la palabra la señora diputada Schwindt.
SRA. SCHWINDT Señor presidente: buenas tardes a todos y a todas. Como una de las autoras de este proyecto e impulsora del tema en mi provincia, quiero marcar algunos puntos que considero importantes.
Hemos introducido algunas modificaciones al texto original que, en definitiva, no cambian el espíritu del proyecto y que fueron hechas para seguir algún lineamiento técnico respecto de la inclusión de las localidades.
Durante la lectura del dictamen habrán observado que no se mencionaron las localidades o los departamentos, pero sí las regiones o las subzonas bioambientales que responden a una norma IRAM que explicaré más adelante.
Una vez que termine de hacer uso de la palabra, mi compañero explicará las modificaciones introducidas a los artículos 5°, 6° y 8°.
En primer lugar, quiero destacar que este proyecto es un reclamo histórico no solo de las regiones que se incorporan en la provincia de Buenos Aires -donde durante mucho tiempo se hizo un trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, las intendencias y los Concejos Deliberantes-, sino también de otras, como la de Cuyo. Usted, señor presidente, es diputado por Mendoza y ha presentado con anterioridad dos proyectos sobre el tema. Lo mismo hicieron otros señores diputados de otras fuerzas políticas. Entonces, las regiones del país mencionadas en este proyecto han pedido este beneficio en otras oportunidades.
El proyecto iguala en derechos a usuarios en cuanto a la asequibilidad del servicio. De este modo, a mayor consumo, los usuarios pueden pagar una tarifa más justa. El nivel térmico es fundamental en esta cuestión. De acuerdo con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el nivel térmico en un hogar es de 18 grados en un dormitorio y de 21 grados en una sala de estar.
En las zonas que estamos incorporando, a muchos usuarios les cuesta muchísimo dinero tener esta temperatura confortable dentro de sus casas y hogares. En la región en que resido -centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, la zona de Tandil, la región de la Costa Atlántica y el sur de la mencionada provincia- y en cualquiera de las provincias que estamos incorporando, la mayoría de los usuarios se encuentra dentro de la categoría R3 4. Esta es la categoría más alta de consumo, en la que el metro cúbico tiene un mayor valor y llegan a estar calificados en esta categoría por el alto consumo en el invierno.
Hoy en día una familia tipo recibe una factura de aproximadamente 12.000 pesos y una pareja de jubilados una cercana a 8.000 pesos. Entonces, se trabajó muy seriamente con el Enargas para determinar con objetividad la incorporación de estas regiones a esta modificación.
Para eso, tal como decía al principio, no se mencionan los departamentos ni las ciudades, sino que se utilizan las regiones, para lo cual nos basamos en la norma IRAM 11.603/2012. Esta norma establece la clasificación de zonas bioambientales con datos de temperaturas grado-día de calefacción, a temperatura base de 18 grados en distintas regiones del país.
El dictado de esta norma IRAM fue a pedido del Instituto de la Vivienda y contó con la participación de representantes del Conicet, del Servicio Meteorológico y de distintos organismos. El objetivo fue determinar estas regiones. Por eso modificamos el artículo en el que se mencionaban las localidades, figurando ahora las zonas bioambientales, al tiempo que se debe hacer referencia al mapa del anexo del proyecto.
En la reunión informativa hemos escuchado muchas preguntas de distintos señores diputados y señoras diputadas en relación con el financiamiento del proyecto. El Enargas explicó claramente que el fondo se autofinancia. El incremento de aproximadamente un punto porcentual en el recargo es suficiente para ampliar el beneficio a las nuevas zonas bioambientales que estamos proponiendo.
En la presentación que hizo el lunes, el interventor Federico Bernal mencionó que el monto necesario para abastecer a todos los usuarios comprendidos en el proyecto oscila entre 26.000 millones de pesos y 29.000 millones de pesos, al tiempo que para 2021 se prevé que el recargo será del 5,44 por ciento. Esto generaría un impacto mínimo en las facturas de los usuarios, de aproximadamente un 0,5 por ciento por cada una de ellas. Esta propuesta no requiere aportes del Tesoro Nacional.
No quiero finalizar mi discurso sin mencionar el carácter progresivo que tiene este beneficio, ya que contempla a usuarios de acuerdo con el grado de vulnerabilidad, se determinan varios criterios para alcanzar el 50 por ciento del beneficio, se llega a incluir a trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, monotributistas y responsables inscriptos cuyos ingresos alcanzan hasta cuatro salarios mínimos, en tanto que el resto de los usuarios recibe un 30 por ciento.
Aquí tenemos una segmentación de usuarios respecto de la región geográfica, de acuerdo con el consumo por la zona en la que viven y por el ingreso económico y la vulnerabilidad en que se encuentran. Con esta medida estamos incorporando a 3.140.000 usuarios, de los cuales aproximadamente dos millones setecientos mil pagan actualmente la tarifa plena sin ningún beneficio, en tanto que unos cuatrocientos mil tienen tarifa social.
No quiero extenderme más, señor presidente. Solo quiero expresar en esta reunión mi deseo y de que podamos emitir un dictamen por unanimidad, es decir, con el acompañamiento de los señores diputados y las señoras diputadas de los diferentes bloques.
Señalo esto en virtud de que con este proyecto estamos proponiendo la prórroga de un fondo fiduciario que, además, se amplía para llevar tranquilidad y justicia a millones de usuarios y de hogares de la Argentina que hoy tanto lo necesitan.
Respecto del otro artículo, mi compañero explicará la modificación.
Hemos introducido algunas modificaciones al texto original que, en definitiva, no cambian el espíritu del proyecto y que fueron hechas para seguir algún lineamiento técnico respecto de la inclusión de las localidades.
Durante la lectura del dictamen habrán observado que no se mencionaron las localidades o los departamentos, pero sí las regiones o las subzonas bioambientales que responden a una norma IRAM que explicaré más adelante.
Una vez que termine de hacer uso de la palabra, mi compañero explicará las modificaciones introducidas a los artículos 5°, 6° y 8°.
En primer lugar, quiero destacar que este proyecto es un reclamo histórico no solo de las regiones que se incorporan en la provincia de Buenos Aires -donde durante mucho tiempo se hizo un trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, las intendencias y los Concejos Deliberantes-, sino también de otras, como la de Cuyo. Usted, señor presidente, es diputado por Mendoza y ha presentado con anterioridad dos proyectos sobre el tema. Lo mismo hicieron otros señores diputados de otras fuerzas políticas. Entonces, las regiones del país mencionadas en este proyecto han pedido este beneficio en otras oportunidades.
El proyecto iguala en derechos a usuarios en cuanto a la asequibilidad del servicio. De este modo, a mayor consumo, los usuarios pueden pagar una tarifa más justa. El nivel térmico es fundamental en esta cuestión. De acuerdo con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el nivel térmico en un hogar es de 18 grados en un dormitorio y de 21 grados en una sala de estar.
En las zonas que estamos incorporando, a muchos usuarios les cuesta muchísimo dinero tener esta temperatura confortable dentro de sus casas y hogares. En la región en que resido -centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, la zona de Tandil, la región de la Costa Atlántica y el sur de la mencionada provincia- y en cualquiera de las provincias que estamos incorporando, la mayoría de los usuarios se encuentra dentro de la categoría R3 4. Esta es la categoría más alta de consumo, en la que el metro cúbico tiene un mayor valor y llegan a estar calificados en esta categoría por el alto consumo en el invierno.
Hoy en día una familia tipo recibe una factura de aproximadamente 12.000 pesos y una pareja de jubilados una cercana a 8.000 pesos. Entonces, se trabajó muy seriamente con el Enargas para determinar con objetividad la incorporación de estas regiones a esta modificación.
Para eso, tal como decía al principio, no se mencionan los departamentos ni las ciudades, sino que se utilizan las regiones, para lo cual nos basamos en la norma IRAM 11.603/2012. Esta norma establece la clasificación de zonas bioambientales con datos de temperaturas grado-día de calefacción, a temperatura base de 18 grados en distintas regiones del país.
El dictado de esta norma IRAM fue a pedido del Instituto de la Vivienda y contó con la participación de representantes del Conicet, del Servicio Meteorológico y de distintos organismos. El objetivo fue determinar estas regiones. Por eso modificamos el artículo en el que se mencionaban las localidades, figurando ahora las zonas bioambientales, al tiempo que se debe hacer referencia al mapa del anexo del proyecto.
En la reunión informativa hemos escuchado muchas preguntas de distintos señores diputados y señoras diputadas en relación con el financiamiento del proyecto. El Enargas explicó claramente que el fondo se autofinancia. El incremento de aproximadamente un punto porcentual en el recargo es suficiente para ampliar el beneficio a las nuevas zonas bioambientales que estamos proponiendo.
En la presentación que hizo el lunes, el interventor Federico Bernal mencionó que el monto necesario para abastecer a todos los usuarios comprendidos en el proyecto oscila entre 26.000 millones de pesos y 29.000 millones de pesos, al tiempo que para 2021 se prevé que el recargo será del 5,44 por ciento. Esto generaría un impacto mínimo en las facturas de los usuarios, de aproximadamente un 0,5 por ciento por cada una de ellas. Esta propuesta no requiere aportes del Tesoro Nacional.
No quiero finalizar mi discurso sin mencionar el carácter progresivo que tiene este beneficio, ya que contempla a usuarios de acuerdo con el grado de vulnerabilidad, se determinan varios criterios para alcanzar el 50 por ciento del beneficio, se llega a incluir a trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, monotributistas y responsables inscriptos cuyos ingresos alcanzan hasta cuatro salarios mínimos, en tanto que el resto de los usuarios recibe un 30 por ciento.
Aquí tenemos una segmentación de usuarios respecto de la región geográfica, de acuerdo con el consumo por la zona en la que viven y por el ingreso económico y la vulnerabilidad en que se encuentran. Con esta medida estamos incorporando a 3.140.000 usuarios, de los cuales aproximadamente dos millones setecientos mil pagan actualmente la tarifa plena sin ningún beneficio, en tanto que unos cuatrocientos mil tienen tarifa social.
No quiero extenderme más, señor presidente. Solo quiero expresar en esta reunión mi deseo y de que podamos emitir un dictamen por unanimidad, es decir, con el acompañamiento de los señores diputados y las señoras diputadas de los diferentes bloques.
Señalo esto en virtud de que con este proyecto estamos proponiendo la prórroga de un fondo fiduciario que, además, se amplía para llevar tranquilidad y justicia a millones de usuarios y de hogares de la Argentina que hoy tanto lo necesitan.
Respecto del otro artículo, mi compañero explicará la modificación.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Igón.
SR. IGÓN Señor presidente: básicamente, quiero dejar planteada una modificación respecto de los artículos 5° y 6°.
La modificación del artículo 5° está relacionada con el consumo que realizan las entidades de bien público, como la Cruz Roja, los espacios culturales, los talleres protegidos, las entidades religiosas y las cooperativas de trabajo. Básicamente, más allá de que está determinado por una resolución del Enargas, queremos aprovechar la oportunidad para dejar establecido el mismo derecho con fuerza de ley.
Es decir, en lo que respecta al artículo 5°, proponemos que aquello que está determinado por resolución ahora quede establecido con fuerza de ley por medio de este proyecto.
Por otro lado, en el artículo 6°, en los puntos a) y b), relacionados con las asociaciones civiles, con un ingreso ordinario anual por debajo de la facturación del monotributo de la Categoría "G" y los comedores comunitarios reconocidos por las provincias y los municipios como así también los inscriptos en el Renacom, proponemos que también cuenten con la posibilidad de tener esta tarifa diferenciada. En mi opinión, necesitamos ponerlos en igualdad de condiciones porque son aquellos que muchísimas veces se han puesto al hombro tantas crisis en la República Argentina.
En tal sentido, es importante reconocerlos porque no se modifica el espíritu de la ley sino que se amplían derechos consagrados por una resolución y ahora tenemos la oportunidad de consagrarlos con fuerza de ley.
Esta es mi argumentación respecto de las modificaciones de los artículos 5° y 6°.
La modificación del artículo 5° está relacionada con el consumo que realizan las entidades de bien público, como la Cruz Roja, los espacios culturales, los talleres protegidos, las entidades religiosas y las cooperativas de trabajo. Básicamente, más allá de que está determinado por una resolución del Enargas, queremos aprovechar la oportunidad para dejar establecido el mismo derecho con fuerza de ley.
Es decir, en lo que respecta al artículo 5°, proponemos que aquello que está determinado por resolución ahora quede establecido con fuerza de ley por medio de este proyecto.
Por otro lado, en el artículo 6°, en los puntos a) y b), relacionados con las asociaciones civiles, con un ingreso ordinario anual por debajo de la facturación del monotributo de la Categoría "G" y los comedores comunitarios reconocidos por las provincias y los municipios como así también los inscriptos en el Renacom, proponemos que también cuenten con la posibilidad de tener esta tarifa diferenciada. En mi opinión, necesitamos ponerlos en igualdad de condiciones porque son aquellos que muchísimas veces se han puesto al hombro tantas crisis en la República Argentina.
En tal sentido, es importante reconocerlos porque no se modifica el espíritu de la ley sino que se amplían derechos consagrados por una resolución y ahora tenemos la oportunidad de consagrarlos con fuerza de ley.
Esta es mi argumentación respecto de las modificaciones de los artículos 5° y 6°.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Para dar comienzo a la lista de oradores, solicito a los señores diputados y a las señoras diputadas que pidan la palabra a través del chat.
Tiene la palabra el señor diputado Riccardo.
Tiene la palabra el señor diputado Riccardo.
SR. RICCARDO Señor presidente: mi intervención es en relación con el proyecto contenido en el expediente
1727-d-2020, que hemos presentado sobre este mismo objeto, como podrá referenciarse por el número de expediente y cuyo objetivo también fue la prórroga por diez años de este fondo fiduciario -en el mismo sentido que el proyecto en tratamiento- y la incorporación de todos los departamentos de la provincia de San Luis al beneficio de dicho fondo.
En primer término, quiero decir que me llamó la atención que este y otros proyectos no estuviesen a la vista en esta discusión, ya que fueron presentados con antelación sobre el mismo objeto de fondo, más allá de la forma del proyecto, y con el objetivo de ampliar el alcance de las zonas. Trataré de explicar sus fundamentos en orden a la modificación del dictamen.
En lo personal, desde mediados de mayo envié varias notas que seguramente se habrán recibido a través de la Dirección de Comisiones. Tengo entendido que en alguna reunión de comisión se había acordado y quisiera saber si al menos existe la voluntad de incorporar las iniciativas anteriores a la vista de este proyecto.
Por lo tanto, esta es mi primera solicitud formal porque es de estricta práctica legislativa, ya que fueron proyectos presentados con antelación y me parece que corresponde que sean considerados.
Por otra parte, pasando al fondo de la cuestión, como representante de la provincia de San Luis intervengo para fundamentar y solicitar las modificaciones que consideramos fundamentales y que están científica y técnicamente validadas.
Respecto de la primera versión del proyecto, recién escuché decir a una señora diputada que existen modificaciones -y no alcancé a entender cómo alcanzarían a estas regiones- en las que solo se incluía al departamento Pedernera de la provincia de San Luis, ubicado en la zona IIIa de la nomenclatura de las zonas ecoambientales del Enargas.
En este sentido, no sé si los autores del proyecto lo saben, ya que probablemente no conocen todas las zonas de San Luis y no hace falta ir a conocerlas sino usar la información científica que tenemos, pero incluir solamente al departamento Pedernera -lo que desde ya es una buena noticia- implicaría dejar de lado a otros que incluso están a la vista del mapa de zonas ecoambientales del Enargas en la zona IVb. Me refiero por ejemplo, al departamento Dupuy, ubicado al sur -que es mucho más frío- y a los departamentos del centro, como los de Pringles y de San Martín.
Toda esta información puede verse en el mapa del Programa de Nacional de Ecorregiones del INTA, una de las más prestigiosas instituciones científicas del país. En ese mapa climático digital de las ecorregiones de la Argentina se hace una perfecta caracterización de las isotermas y de los promedios de las temperaturas, por ejemplo, del mes de julio, donde se ve claramente que en el departamento San Martín, en parte del departamento Chacabuco y también en el departamento Junín de la provincia de San Luis, las temperaturas son equivalentes a las del sur de la provincia Río Negro. Esto no es una opinión política, sino un fundamento científico.
Toda la línea térmica que incluye los departamentos de la provincia de Buenos Aires que se han incorporado, si de buena fe se la proyecta sobre la provincia de San Luis, poniendo solo al departamento Pedernera....
En primer término, quiero decir que me llamó la atención que este y otros proyectos no estuviesen a la vista en esta discusión, ya que fueron presentados con antelación sobre el mismo objeto de fondo, más allá de la forma del proyecto, y con el objetivo de ampliar el alcance de las zonas. Trataré de explicar sus fundamentos en orden a la modificación del dictamen.
En lo personal, desde mediados de mayo envié varias notas que seguramente se habrán recibido a través de la Dirección de Comisiones. Tengo entendido que en alguna reunión de comisión se había acordado y quisiera saber si al menos existe la voluntad de incorporar las iniciativas anteriores a la vista de este proyecto.
Por lo tanto, esta es mi primera solicitud formal porque es de estricta práctica legislativa, ya que fueron proyectos presentados con antelación y me parece que corresponde que sean considerados.
Por otra parte, pasando al fondo de la cuestión, como representante de la provincia de San Luis intervengo para fundamentar y solicitar las modificaciones que consideramos fundamentales y que están científica y técnicamente validadas.
Respecto de la primera versión del proyecto, recién escuché decir a una señora diputada que existen modificaciones -y no alcancé a entender cómo alcanzarían a estas regiones- en las que solo se incluía al departamento Pedernera de la provincia de San Luis, ubicado en la zona IIIa de la nomenclatura de las zonas ecoambientales del Enargas.
En este sentido, no sé si los autores del proyecto lo saben, ya que probablemente no conocen todas las zonas de San Luis y no hace falta ir a conocerlas sino usar la información científica que tenemos, pero incluir solamente al departamento Pedernera -lo que desde ya es una buena noticia- implicaría dejar de lado a otros que incluso están a la vista del mapa de zonas ecoambientales del Enargas en la zona IVb. Me refiero por ejemplo, al departamento Dupuy, ubicado al sur -que es mucho más frío- y a los departamentos del centro, como los de Pringles y de San Martín.
Toda esta información puede verse en el mapa del Programa de Nacional de Ecorregiones del INTA, una de las más prestigiosas instituciones científicas del país. En ese mapa climático digital de las ecorregiones de la Argentina se hace una perfecta caracterización de las isotermas y de los promedios de las temperaturas, por ejemplo, del mes de julio, donde se ve claramente que en el departamento San Martín, en parte del departamento Chacabuco y también en el departamento Junín de la provincia de San Luis, las temperaturas son equivalentes a las del sur de la provincia Río Negro. Esto no es una opinión política, sino un fundamento científico.
Toda la línea térmica que incluye los departamentos de la provincia de Buenos Aires que se han incorporado, si de buena fe se la proyecta sobre la provincia de San Luis, poniendo solo al departamento Pedernera....
SR. HELLER ¿Me permite efectuar una aclaración, señor diputado?
SR. RICCARDO Sí, señor diputado.
SR. HELLER La zona IIIa completa está incluida en la nueva redacción. Digo esto para ahorrarle la explicación porque es un punto que está resuelto.
SR. RICCARDO Gracias, señor diputado.
Justamente, en razón de fundamentar nuestro proyecto -que no es arbitrario- quiero estar seguro porque si no me equivoco la zona IIIa completa incluye a casi toda la provincia de San Luis, excepto una zona del Norte, que correspondería a una parte del departamento Junín y eventualmente a una parte del departamento Ayacucho.
De manera que quiero estar seguro de que los departamentos de las demás zonas, desde el sur hasta el borde...
Justamente, en razón de fundamentar nuestro proyecto -que no es arbitrario- quiero estar seguro porque si no me equivoco la zona IIIa completa incluye a casi toda la provincia de San Luis, excepto una zona del Norte, que correspondería a una parte del departamento Junín y eventualmente a una parte del departamento Ayacucho.
De manera que quiero estar seguro de que los departamentos de las demás zonas, desde el sur hasta el borde...
SR. HELLER Toda la zona IIIa, señor diputado.
SR. RICCARDO De acuerdo. Me parece que es una resolución justa porque de lo contrario pensaríamos que San Luis es un corredor caribeño y no lo es.
SRA. SCHWINDT Si quiere puedo leerlo o enviarle la información.
SR. RICCARDO Se lo agradecería, señora diputada. Quería estar seguro de que la zona IIIa incluye prácticamente a toda la provincia de San Luis.
SR. HELLER Queda un pedacito, que es la zona IIa y que como usted dice no está incluida.
SR. RICCARDO Es un angosto corredor del norte que está en el límite de las zonas más templadas y con la zona IIa.
Solicito entonces que se incorpore a la vista en el tratamiento el proyecto de ley contenido en el expediente 1727-d-21; creo que será un aporte para todos.
Solicito entonces que se incorpore a la vista en el tratamiento el proyecto de ley contenido en el expediente 1727-d-21; creo que será un aporte para todos.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Respecto de la incorporación a la vista de otras iniciativas, me parece importante recordar al señor diputado que el acuerdo para el tratamiento virtual alcanza al proyecto de ley contenido en el expediente
2058-d-21.
Tengamos en cuenta el antecedente que existe en la Cámara de Diputados a partir de una resolución emitida por el entonces presidente Emilio Monzó: cuando se analizaron iniciativas cuyo tratamiento no había sido acordado -tengo en mis manos una de ellas, registrada bajo el expediente 3329-d-17- se declaró la nulidad, con efecto retroactivo, de lo actuado hasta el momento por una comisión.
Por esta razón, y en cumplimiento de lo que establece el reglamento en su artículo 108, solo se ha puesto en tratamiento el proyecto de ley contenido en el expediente 2058-d-21.
Tengamos en cuenta el antecedente que existe en la Cámara de Diputados a partir de una resolución emitida por el entonces presidente Emilio Monzó: cuando se analizaron iniciativas cuyo tratamiento no había sido acordado -tengo en mis manos una de ellas, registrada bajo el expediente 3329-d-17- se declaró la nulidad, con efecto retroactivo, de lo actuado hasta el momento por una comisión.
Por esta razón, y en cumplimiento de lo que establece el reglamento en su artículo 108, solo se ha puesto en tratamiento el proyecto de ley contenido en el expediente 2058-d-21.
SR. RICCARDO Si el señor presidente me permite, no he solicitado el tratamiento de la iniciativa, sino que sea tenida a la vista. Es decir, que la comisión tome conocimiento de que hay otros proyectos; no que se dictamine sobre aquel registrado bajo el expediente
1727-d-21. Si así no ocurriere, formularé el pedido en el recinto.
Reitero que es distinto a pedir que una iniciativa sea tratada. Si bien no puedo ver a todos mis colegas dado que estoy conectado desde mi celular, sí veo al diputado Heller, quien tiene una larga experiencia al respecto.
Lo que solicito es muy preciso: que se tenga a la vista el expediente. Todos sabemos qué significa: informar a la Cámara, poner en conocimiento de los colegas al momento del debate que hay otros expedientes sobre la misma temática. No hay nada que lo impida o que nos libere de la obligación de hacerlo.
Lo que establece la resolución de Emilio Monzó es, en efecto, que no se puede tratar y dictaminar sobre un proyecto no incluido en el orden del día. Esto es entendible. Espero haber sido claro.
Reitero que es distinto a pedir que una iniciativa sea tratada. Si bien no puedo ver a todos mis colegas dado que estoy conectado desde mi celular, sí veo al diputado Heller, quien tiene una larga experiencia al respecto.
Lo que solicito es muy preciso: que se tenga a la vista el expediente. Todos sabemos qué significa: informar a la Cámara, poner en conocimiento de los colegas al momento del debate que hay otros expedientes sobre la misma temática. No hay nada que lo impida o que nos libere de la obligación de hacerlo.
Lo que establece la resolución de Emilio Monzó es, en efecto, que no se puede tratar y dictaminar sobre un proyecto no incluido en el orden del día. Esto es entendible. Espero haber sido claro.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Hay varios expedientes sobre el mismo tema; de hecho, los diputados están en conocimiento de cada uno y además pueden invocarlos por sus números al hacer uso de la palabra. Con eso no hay problema; lo que no es posible es dictaminar sobre esas iniciativas.
Tiene la palabra la señora diputada Sapag.
Tiene la palabra la señora diputada Sapag.
SRA. SAPAG Señor presidente: en Caviahue está nevando. Por eso agradezco el uso de la palabra ahora, porque en cualquier momento me quedo sin electricidad o sin Internet.
Antes de referirme a los puntos que quiero abordar, me permito recordar que la Patagonia abastece el ciento por ciento del gas de la República.
De ese total, el 55 por ciento es generado por la provincia del Neuquén. Entonces, tenemos autoridad como para hacer nuestros planteos, pues consideramos que la provincia no es una colonia que abastecería de recursos naturales regalados, siendo entonces la variable de ajuste de la situación macroeconómica nacional. Cada uno debe hacerse responsable de que hayamos llegado al actual nivel de pobreza, además de esta situación de pandemia, de la inflación, de la deuda externa y del déficit del Estado. La Patagonia no pide respeto; lo exige.
No se puede regalar lo que no se tiene. En economía hay leyes que deben respetarse y, si deciden estar presente en los sectores más desfavorecidos, encontrarán en nuestra provincia mucha solidaridad, como la han encontrado a lo largo de la historia; pero solidaridad con los necesitados, no con los avivados.
Por eso exigimos que la familia subsidiada sea la necesitada, y la mejor manera de medir la necesidad es mediante la verificación del consumo anual de una familia tipo.
Es necesario aumentar las redes de distribución de gas e invertir en la infraestructura de distribución; pero, si no fijan un consumo tipo por familia subsidiada y un límite en la cantidad de subsidios, quedará un tope de metros cúbicos subsidiados por año y, sin duda, será un agujero negro.
La provincia del Neuquén tiene autoridad para plantarse y decir: hagamos justicia como corresponde.
Aristóteles decía que es tan injusto tratar en forma desigual a los iguales, como en forma igual a los desiguales. Si uno trata de forma igual a todos los habitantes de una ciudad, es injusto; es necesario hacer distinciones. Si quieren beneficiar a todos, tendrían que hacerlo hasta un tope de consumo.
Mínimamente se deben respetar las leyes de la economía. Es como en una familia: si no se respetan las leyes de ingresos y egresos del hogar, seguramente se funde.
Lo mismo ocurre en los distintos países. La administración tiene que ser austera, cerrada; no se puede regalar porque, en economía, aquello que se regala alguien lo paga. Sin lugar a duda, las consecuencias de regalar el gas son el aumento del consumo y la disminución de la producción. Esto es clave.
Si regalamos el gas sin hacer justicia entre los iguales y los desiguales, correremos esos riesgos: aumentará el consumo de gas y los productores no lo podrán producir, por lo que tendremos que importarlo. Y, cuando se importa, el precio es otro.
En el mercado interno se pagan las regalías a menos de 3 dólares por millón de BTU. A Bolivia estamos pagando 6 dólares por millón de BTU, mientras que el barco lo comprará a 10 o 12 dólares. Entonces, debemos respetar las leyes de la economía.
Desde el Movimiento Popular Neuquino no estamos en una postura neoliberal, sino en la de respetar las leyes de la economía, y podemos dar muchísimas muestras al respecto con nuestras empresas del Estado.
Conceptualmente, el subsidio está mal; pero, políticamente, ¿cómo quedaría una diputada neuquina que se opone al mantenimiento del subsidio de gas en la zona patagónica? Quedaría entre la espada y la pared. Fíjense cuál es la situación.
Pasemos a los errores conceptuales. Se cree que es una medida para beneficiar a los sectores más humildes cuando, en realidad, gran parte de la población en situación de vulnerabilidad no cuenta con acceso al gas natural por red y, por lo tanto, pagará mucho más caro que alguien de clase media o media alta. Más del 40 por ciento de la población no tiene acceso al gas natural y, obviamente, la mayor parte pertenece a las clases más humildes.
El proyecto plantea subsidiar en idéntica proporción el consumo de cualquier volumen de gas natural realizado por un usuario. Una propuesta para mejorarlo sería aplicar subsidios progresivos, cubriendo fuertemente los primeros metros cúbicos consumidos y luego aplicando el PIST en consumos mayores.
Se producen desincentivos al uso racional de la energía. Si el precio es lo suficientemente bajo, no existen incentivos para realizar inversiones tendientes a mejorar el aislamiento de la vivienda o instalar artefactos más eficientes, dado que los ahorros logrados nunca resultan suficientes para recuperar la inversión realizada.
La ampliación de la brecha entre el precio abonado por los usuarios y el de mercado plantea aún más distorsiones en el mercado gasífero, creando incertidumbre sobre los futuros precios y afectando, en consecuencia, las decisiones de inversión de las empresas petroleras y la futura disponibilidad del fluido.
Para financiar esta ampliación se genera un esquema de subsidios cruzados al incrementarse el recargo sobre el PIST, lo que se refleja en la tarifa de los no beneficiarios, tanto residenciales como, principalmente, comerciales e industriales.
Por otro lado, actualmente el pico de demanda residencial se da en el invierno. Esta demanda adicional es abastecida con GNL importado cuyo costo no es regulado por el Estado, a lo que se debe sumar que es un precio en dólares.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el consumo residencial representa aproximadamente el 31 por ciento del gas entregado por las distribuidoras. Esto puede convertirse en una bomba explosiva, además de que se corre el riesgo de repetir el error que llevó a volcar la economía en un período no muy lejano.
Estoy de acuerdo con el subsidio, pero con volúmenes de consumo por metro cúbico para los que viven en la Patagonia. Nosotros, los patagónicos, nos quedamos con el 50 por ciento. ¿Por qué no nos dan el 70 por ciento? ¿Por qué no dan a todo el país el 30 por ciento, que es lo que están reclamando, si, en definitiva, es prácticamente todo el mapa de la República? Entonces, a nosotros nos dan para calefaccionar una casa normal para cuatro personas y al resto el porcentaje de este cupo, porque no necesitan menos gas para calefaccionarse, y lo que se consume por encima se cobraría a precio de mercado.
En el proyecto se mencionan localidades y departamentos donde el consumo residencial de gas se verá beneficiado. En el mapa bioambiental se encuentran clasificados en zonas templadas-cálidas, aunque he visto que se introdujo una modificación. Se utiliza solo el criterio territorial para otorgar el beneficio, haciendo que la aplicación del subsidio no discrimine entre quienes, por su nivel de ingresos, pueden afrontar el pago de la factura y quienes no. Además, no se promueve el uso racional de la energía.
El autofinanciamiento que contempla el proyecto se pone en duda cuando con un incremento del 21 por ciento en el recargo se quiere solventar un aumento del 350 por ciento en la cantidad de beneficiarios. Entonces, creo que es compleja la situación. Realmente espero que esté todo contemplado y que no creemos otro agujero negro.
Acá nieva. Puede ser que, en otras provincias como Santa Fe y Córdoba también, con unos cuantos grados bajo cero. Nosotros no tenemos redes de gas; no hay gas natural en muchísimos lugares. En verdad, me parece que tendrían que pensar un poquito en gasoductos, en infraestructura, en rutas y en poner recursos para facilitar la vida a ese 60 por ciento de argentinos que no tienen red de gas.
El señor presidente sabe que estamos entre la espada y la pared, porque al establecer el proyecto una prórroga por diez años, por supuesto tengo que apoyarlo en general. Veremos si alguna vez toman alguna idea de un partido chiquito que tiene una experiencia de gobierno de sesenta años.
Antes de referirme a los puntos que quiero abordar, me permito recordar que la Patagonia abastece el ciento por ciento del gas de la República.
De ese total, el 55 por ciento es generado por la provincia del Neuquén. Entonces, tenemos autoridad como para hacer nuestros planteos, pues consideramos que la provincia no es una colonia que abastecería de recursos naturales regalados, siendo entonces la variable de ajuste de la situación macroeconómica nacional. Cada uno debe hacerse responsable de que hayamos llegado al actual nivel de pobreza, además de esta situación de pandemia, de la inflación, de la deuda externa y del déficit del Estado. La Patagonia no pide respeto; lo exige.
No se puede regalar lo que no se tiene. En economía hay leyes que deben respetarse y, si deciden estar presente en los sectores más desfavorecidos, encontrarán en nuestra provincia mucha solidaridad, como la han encontrado a lo largo de la historia; pero solidaridad con los necesitados, no con los avivados.
Por eso exigimos que la familia subsidiada sea la necesitada, y la mejor manera de medir la necesidad es mediante la verificación del consumo anual de una familia tipo.
Es necesario aumentar las redes de distribución de gas e invertir en la infraestructura de distribución; pero, si no fijan un consumo tipo por familia subsidiada y un límite en la cantidad de subsidios, quedará un tope de metros cúbicos subsidiados por año y, sin duda, será un agujero negro.
La provincia del Neuquén tiene autoridad para plantarse y decir: hagamos justicia como corresponde.
Aristóteles decía que es tan injusto tratar en forma desigual a los iguales, como en forma igual a los desiguales. Si uno trata de forma igual a todos los habitantes de una ciudad, es injusto; es necesario hacer distinciones. Si quieren beneficiar a todos, tendrían que hacerlo hasta un tope de consumo.
Mínimamente se deben respetar las leyes de la economía. Es como en una familia: si no se respetan las leyes de ingresos y egresos del hogar, seguramente se funde.
Lo mismo ocurre en los distintos países. La administración tiene que ser austera, cerrada; no se puede regalar porque, en economía, aquello que se regala alguien lo paga. Sin lugar a duda, las consecuencias de regalar el gas son el aumento del consumo y la disminución de la producción. Esto es clave.
Si regalamos el gas sin hacer justicia entre los iguales y los desiguales, correremos esos riesgos: aumentará el consumo de gas y los productores no lo podrán producir, por lo que tendremos que importarlo. Y, cuando se importa, el precio es otro.
En el mercado interno se pagan las regalías a menos de 3 dólares por millón de BTU. A Bolivia estamos pagando 6 dólares por millón de BTU, mientras que el barco lo comprará a 10 o 12 dólares. Entonces, debemos respetar las leyes de la economía.
Desde el Movimiento Popular Neuquino no estamos en una postura neoliberal, sino en la de respetar las leyes de la economía, y podemos dar muchísimas muestras al respecto con nuestras empresas del Estado.
Conceptualmente, el subsidio está mal; pero, políticamente, ¿cómo quedaría una diputada neuquina que se opone al mantenimiento del subsidio de gas en la zona patagónica? Quedaría entre la espada y la pared. Fíjense cuál es la situación.
Pasemos a los errores conceptuales. Se cree que es una medida para beneficiar a los sectores más humildes cuando, en realidad, gran parte de la población en situación de vulnerabilidad no cuenta con acceso al gas natural por red y, por lo tanto, pagará mucho más caro que alguien de clase media o media alta. Más del 40 por ciento de la población no tiene acceso al gas natural y, obviamente, la mayor parte pertenece a las clases más humildes.
El proyecto plantea subsidiar en idéntica proporción el consumo de cualquier volumen de gas natural realizado por un usuario. Una propuesta para mejorarlo sería aplicar subsidios progresivos, cubriendo fuertemente los primeros metros cúbicos consumidos y luego aplicando el PIST en consumos mayores.
Se producen desincentivos al uso racional de la energía. Si el precio es lo suficientemente bajo, no existen incentivos para realizar inversiones tendientes a mejorar el aislamiento de la vivienda o instalar artefactos más eficientes, dado que los ahorros logrados nunca resultan suficientes para recuperar la inversión realizada.
La ampliación de la brecha entre el precio abonado por los usuarios y el de mercado plantea aún más distorsiones en el mercado gasífero, creando incertidumbre sobre los futuros precios y afectando, en consecuencia, las decisiones de inversión de las empresas petroleras y la futura disponibilidad del fluido.
Para financiar esta ampliación se genera un esquema de subsidios cruzados al incrementarse el recargo sobre el PIST, lo que se refleja en la tarifa de los no beneficiarios, tanto residenciales como, principalmente, comerciales e industriales.
Por otro lado, actualmente el pico de demanda residencial se da en el invierno. Esta demanda adicional es abastecida con GNL importado cuyo costo no es regulado por el Estado, a lo que se debe sumar que es un precio en dólares.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el consumo residencial representa aproximadamente el 31 por ciento del gas entregado por las distribuidoras. Esto puede convertirse en una bomba explosiva, además de que se corre el riesgo de repetir el error que llevó a volcar la economía en un período no muy lejano.
Estoy de acuerdo con el subsidio, pero con volúmenes de consumo por metro cúbico para los que viven en la Patagonia. Nosotros, los patagónicos, nos quedamos con el 50 por ciento. ¿Por qué no nos dan el 70 por ciento? ¿Por qué no dan a todo el país el 30 por ciento, que es lo que están reclamando, si, en definitiva, es prácticamente todo el mapa de la República? Entonces, a nosotros nos dan para calefaccionar una casa normal para cuatro personas y al resto el porcentaje de este cupo, porque no necesitan menos gas para calefaccionarse, y lo que se consume por encima se cobraría a precio de mercado.
En el proyecto se mencionan localidades y departamentos donde el consumo residencial de gas se verá beneficiado. En el mapa bioambiental se encuentran clasificados en zonas templadas-cálidas, aunque he visto que se introdujo una modificación. Se utiliza solo el criterio territorial para otorgar el beneficio, haciendo que la aplicación del subsidio no discrimine entre quienes, por su nivel de ingresos, pueden afrontar el pago de la factura y quienes no. Además, no se promueve el uso racional de la energía.
El autofinanciamiento que contempla el proyecto se pone en duda cuando con un incremento del 21 por ciento en el recargo se quiere solventar un aumento del 350 por ciento en la cantidad de beneficiarios. Entonces, creo que es compleja la situación. Realmente espero que esté todo contemplado y que no creemos otro agujero negro.
Acá nieva. Puede ser que, en otras provincias como Santa Fe y Córdoba también, con unos cuantos grados bajo cero. Nosotros no tenemos redes de gas; no hay gas natural en muchísimos lugares. En verdad, me parece que tendrían que pensar un poquito en gasoductos, en infraestructura, en rutas y en poner recursos para facilitar la vida a ese 60 por ciento de argentinos que no tienen red de gas.
El señor presidente sabe que estamos entre la espada y la pared, porque al establecer el proyecto una prórroga por diez años, por supuesto tengo que apoyarlo en general. Veremos si alguna vez toman alguna idea de un partido chiquito que tiene una experiencia de gobierno de sesenta años.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra la señora diputada Latorre.
SRA. LATORRE Señor presidente: en primer lugar, no puedo dejar de decir que el texto del dictamen en tratamiento dista abismalmente de aquel en el que estuvimos trabajando en la reunión informativa del lunes y del proyecto ingresado. O sea, es muy difícil seguir -ya lo ha expresado el diputado Riccardo- cuando, a último momento, supuestamente cambian solo el criterio de determinación de localidades por el de zonas. No es la modificación de un artículo de la ley de presupuesto, como se planteó, sino directamente una norma nueva.
Más allá de lo reglamentario o no reglamentario, creo que es una falta de respeto al trabajo de esta comisión.
Por otra parte, como manifestó el señor diputado Riccardo y otros legisladores de Juntos por el Cambio, en particular de la provincia de Mendoza, hemos presentado proyectos que deberían estar a la vista. Cambiar el texto a último momento no es antirreglamentario y no va a acarrear la nulidad de lo actuado; pero, no tener a la vista los proyectos presentados con anterioridad al que se encuentra en tratamiento, sí podría hacerlo.
Me parece que la interpretación que hacen ustedes de las normas es demasiado elástica. Pero, bueno, hay que decir que son consecuentes con lo que vienen mostrando desde hace un año y medio. No tienen vocación de diálogo y tampoco de construcción de las herramientas legislativas que necesita la sociedad. También lo vimos en la comisión cuando tratamos el proyecto de biocombustibles que presentaron.
En aquella ocasión, antirreglamentariamente ignoraron el tratamiento de los proyectos que con anterioridad habíamos presentado diputados de otros bloques. Ahora hacen lo mismo; pese a que pedimos expresamente tener a la vista y discutir los proyectos que habíamos presentado sobre el mismo tema, solo considerarán de nuevo las modificaciones que acaban de incorporar y que nos mandaron a las 16 y 30. Una de ellas terminaron de definirla hace media hora con un mapa, dos crayones y la libretita de almacenero donde anotan los distritos electorales que ya arreglaron con algunos socios.
Puede que haya colegas que se dicen opositores, pero que terminan acomodando los melones en cualquier carro. Sin duda, más que el declamado objetivo de beneficiar a los consumidores, lo que comparten es la vocación por la demagogia y el discurso populista.
El objeto de este proyecto, por más que reciten cual paladines de la justicia social que es la defensa de los derechos, implica, en verdad, un serio compromiso de esos derechos, tanto actuales como futuros; es decir, comprometen la sostenibilidad de la política energética y económica de este país.
El artículo 75 de la ley 25.565, de presupuesto del año 2002, dispone que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene por objeto financiar las compensaciones tarifarias para la región patagónica, Departamento Malargüe -al sur de mi provincia-, a la que luego se sumó la Puna.
Para poner blanco sobre negro, con la normativa vigente el fondo fiduciario actual subsidia el consumo residencial de todos los usuarios de gas por redes con un criterio territorial; esto es, sin distinguir capacidad de pago de la Patagonia, de Malargüe y de la Puna.
En estas zonas, los usuarios tienen un gas tres veces subsidiado. Al subsidiado costo de abastecimiento con el plan GasAr o barril criollo se suma el subsidio del Tesoro nacional a través de IEASA, ex ENARSA, al precio de venta a las distribuidoras de esas zonas y, sobre ese precio, sumándole transporte y distribución, le subsidian el 50 por ciento de la factura.
Lo que ahora proponen, como muy bien decía la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, es extender el mapa a más de la mitad del territorio argentino. Es decir, trasladar el beneficio a más de la mitad de los usuarios que actualmente están conectados a la red. Se propone, en principio -digo "en principio", porque tienen total arbitrariedad para incluir nuevos territorios y usuarios-, extender el beneficio a cuatro millones de usuarios. Esto implica ampliar el universo de hogares subsidiados de ochocientos cincuenta mil a cuatro millones. Lo más intrigante -o indignante, según si uno les cree o no- es que pretenden hacerlo casi con el mismo fondo fiduciario.
Inevitablemente, tenemos que hablar de impacto fiscal. He escuchado a algunos colegas hablar de la frivolidad de referirse al impacto fiscal cuando discutimos sobre subsidios. A estos colegas les pido seriedad y sensatez, porque la ciudadanía no es ingenua. Aspiramos a hablar a una ciudadanía informada y empoderada, pero, sobre todo, consciente de que la realidad que vivimos es abismalmente diferente a la que ustedes relatan.
Esa ciudadanía sabe que la fiesta de subsidios del kirchnerismo, históricamente la pagan los argentinos. Saben que lo que sale barato, por un lado, lo pagamos muy caro, por el otro. Es algo tan sencillo y lineal como pensar que la asignación de los subsidios con criterios electoralistas, sin atender a las verdaderas necesidades de la población, es ineficiente; pero, sobre todo, es injusta. Esos subsidios significan mayor emisión y aumento de los precios y, por ende, más inflación; luego, mayor inflación significa pérdida del poder adquisitivo. Es decir, saben que lo que ustedes les ahorran benévolamente en las facturas de gas o de luz se va en el tique del supermercado.
Ahora bien, el argumento del oficialismo en la defensa que hizo el lunes a través del Enargas -que ha perdido autarquía y tecnicismo, y ha pasado a ser un bastión político-, es que este subsidio seguirá siendo paliado con este fondo fiduciario compuesto con los sobrecargos que pagan todos los usuarios por los metros cúbicos consumidos y comercializados.
Si, como indican los fundamentos del proyecto presentado -los nuevos no alcancé a leerlos-, hay más o menos tres millones de nuevos hogares para ser subsidiados, significa que el universo de beneficiarios se incrementó en un 370 por ciento, mientras que el de aportantes se reduce en la misma medida.
El programa, actualmente se financia con un cargo fijo en el precio del gas; ahora, en el proyecto, sostienen que es discrecionalidad de la autoridad de aplicación ampliarlo hasta en un 50 por ciento. En el año 2019, ese recargo era de 4,46. El interventor del Enargas dijo que sería suficiente con aumentarlo en un punto porcentual; es decir llevarlo a 5,50. Es decir que con un punto porcentual financiarán un aumento del 370 por ciento de los beneficiarios. ¡Una ecuación increíble!
Este aumento del sobrecargo por cada metro cúbico -reitero que en el proyecto establecen la discrecionalidad de ampliarlo hasta un 50 por ciento-, entre los usuarios a los que afecta está la industria y, en particular, las generadoras térmicas, que representan un tercio del consumo del gas de nuestro país. Esto significa que los costos de generación eléctrica se encarecerán; esto implicará un aumento de las tarifas eléctricas, lo que sería un subsidio cruzado entre los usuarios de electricidad y los de gas -esto está prohibido, además de la disparidad de conexiones que existen entre los dos servicios-, o bien que haya un aumento en la cuenta de subsidios direccionados a Cammesa.
Párrafo aparte merecen los que están excluidos de este beneficio y a quienes les están vendiendo que tendrán subsidio. Lo dijo también la diputada preopinante: la discrecionalidad que se guardan para ampliar el sobrecargo también se la guardan para agregar páginas a esa libretita del almacenero en la que suman territorios y beneficiarios. Los que siguen quedando afuera son los que no están incluidos en la red.
Es cierto que prevén que, una vez conectados a la red, inmediatamente quedarán incorporados al beneficio. Me pregunto cuándo quedarán incorporados a la red si reestructuran partidas de infraestructura para solventar semejante nivel de subsidios.
El más perverso de los subsidios es el que pagan quienes tienen que peregrinar buscando garrafa social a quienes están conectados a la red. Para que se den una idea, el metro cúbico de gas de garrafa social hoy cuesta 23,50 pesos, mientras que el metro cúbico de gas natural, con el subsidio que acá se proyecta, costará 9,88 pesos. Fíjense si hay justicia social y si se acrecientan o achican las brechas.
El Enargas, que participó el lunes de la reunión de comisión en esta Cámara representado ilegítimamente por un interventor político que incrementó un 35 por ciento el personal de planta del ente, debería ocuparse de controlar y exigir el cumplimiento de los planes de obras para que haya mayor cantidad de obras de transporte y distribución, y cada vez más argentinos y argentinas tengan acceso en condiciones de igualdad y de seguridad, lo que de ningún modo se va a lograr en este esquema.
No puedo dejar de contextualizar con la situación de los subsidios energéticos en la Argentina. Voy a detenerme para que tratemos de entender lo que estamos discutiendo y, si es posible, hacerlo a partir de un diagnóstico y de los datos concretos de lo que se está subsidiando actualmente.
Llevamos veinticinco meses de congelamiento tarifario, con un aumento de los costos energéticos que crecen con la inflación que ustedes no logran controlar y que ha excedido ampliamente lo que habían presupuestado. En lo que llevamos de 2021, los subsidios energéticos han crecido un 40 por ciento en relación con el año pasado: son 6.800 millones de dólares los que seguirán en ese sendero de crecimiento, básicamente porque estamos entrando en el invierno, porque están aumentando las importaciones para cubrir la caída de la producción local y porque están manteniendo un semicongelamiento del precio de la energía.
La transferencia de Cammesa hoy representa 4.900 millones de dólares al año; crece un 32 por ciento anual. A Cammesa, que tiene una deuda de 177 billones de pesos, le van a licuar 136 billones, por el artículo 87 de la ley de presupuesto de este año, y continuarán transfiriéndole dinero del Tesoro Nacional a fuerza de mayor impuesto inflacionario; es decir, de más inflación en ese tique del supermercado.
Las tarifas de gas tienen un atraso del orden del 80 por ciento con la última actualización. El 56 por ciento del costo de abastecimiento está subsidiado por la Secretaría de Energía, lo que significa 110.000 millones de pesos, un 40 por ciento más de lo presupuestado para 2021; es decir que van a necesitar un refuerzo presupuestario del orden de los 52.000 millones de pesos.
En este contexto, ustedes tratan este subsidio cruzado de la producción, de la industria y de los usuarios de las pocas zonas no comprendidas. Esto está expresamente prohibido en el marco regulatorio, que dice: "En ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o categoría de consumidores podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros consumidores."
El incremento del precio del gas a las industrias, que ya aumentaron un 95 por ciento en el VAD -es decir que cuatro mil cien industrias del país tienen un aumento del 95 por ciento, algo que no dicen-, afectará la competitividad sistémica de la economía y generará aumentos en los costos que se trasladarán a los precios, lo que significa mayor inflación.
En síntesis, señor presidente, entiéndase bien lo que hemos planteado distintos legisladores de Juntos por el Cambio: hay zonas que por sus condiciones geográficas, térmicas y productivas ameritan una tarifa distinta, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios. Este proyecto no respeta ninguno de esos criterios. Hace pasar gato por liebre al incluir zonas y usuarios, y al dejar abierta la puerta para discrecionales nuevas incorporaciones con un solo criterio: el electoral del Frente de Todos.
Por lo tanto, sostengo la necesidad de prorrogar el subsidio a las zonas frías y muy frías, ampliándolo a la provincia de Mendoza por compartir esas condiciones isotérmicas; pero, de ninguna manera apoyaré este gatopardismo con el que quieren hacer creer a los que realmente lo necesitan y a quienes no van a tener el subsidio, que van a tenerlo.
Tampoco apoyo que el esfuerzo de todos los contribuyentes argentinos deba tener como destino pagar las deudas que ustedes generan con esa libretita en la que discrecionalmente anotan beneficiarios con criterios electoralistas.
Más allá de lo reglamentario o no reglamentario, creo que es una falta de respeto al trabajo de esta comisión.
Por otra parte, como manifestó el señor diputado Riccardo y otros legisladores de Juntos por el Cambio, en particular de la provincia de Mendoza, hemos presentado proyectos que deberían estar a la vista. Cambiar el texto a último momento no es antirreglamentario y no va a acarrear la nulidad de lo actuado; pero, no tener a la vista los proyectos presentados con anterioridad al que se encuentra en tratamiento, sí podría hacerlo.
Me parece que la interpretación que hacen ustedes de las normas es demasiado elástica. Pero, bueno, hay que decir que son consecuentes con lo que vienen mostrando desde hace un año y medio. No tienen vocación de diálogo y tampoco de construcción de las herramientas legislativas que necesita la sociedad. También lo vimos en la comisión cuando tratamos el proyecto de biocombustibles que presentaron.
En aquella ocasión, antirreglamentariamente ignoraron el tratamiento de los proyectos que con anterioridad habíamos presentado diputados de otros bloques. Ahora hacen lo mismo; pese a que pedimos expresamente tener a la vista y discutir los proyectos que habíamos presentado sobre el mismo tema, solo considerarán de nuevo las modificaciones que acaban de incorporar y que nos mandaron a las 16 y 30. Una de ellas terminaron de definirla hace media hora con un mapa, dos crayones y la libretita de almacenero donde anotan los distritos electorales que ya arreglaron con algunos socios.
Puede que haya colegas que se dicen opositores, pero que terminan acomodando los melones en cualquier carro. Sin duda, más que el declamado objetivo de beneficiar a los consumidores, lo que comparten es la vocación por la demagogia y el discurso populista.
El objeto de este proyecto, por más que reciten cual paladines de la justicia social que es la defensa de los derechos, implica, en verdad, un serio compromiso de esos derechos, tanto actuales como futuros; es decir, comprometen la sostenibilidad de la política energética y económica de este país.
El artículo 75 de la ley 25.565, de presupuesto del año 2002, dispone que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene por objeto financiar las compensaciones tarifarias para la región patagónica, Departamento Malargüe -al sur de mi provincia-, a la que luego se sumó la Puna.
Para poner blanco sobre negro, con la normativa vigente el fondo fiduciario actual subsidia el consumo residencial de todos los usuarios de gas por redes con un criterio territorial; esto es, sin distinguir capacidad de pago de la Patagonia, de Malargüe y de la Puna.
En estas zonas, los usuarios tienen un gas tres veces subsidiado. Al subsidiado costo de abastecimiento con el plan GasAr o barril criollo se suma el subsidio del Tesoro nacional a través de IEASA, ex ENARSA, al precio de venta a las distribuidoras de esas zonas y, sobre ese precio, sumándole transporte y distribución, le subsidian el 50 por ciento de la factura.
Lo que ahora proponen, como muy bien decía la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, es extender el mapa a más de la mitad del territorio argentino. Es decir, trasladar el beneficio a más de la mitad de los usuarios que actualmente están conectados a la red. Se propone, en principio -digo "en principio", porque tienen total arbitrariedad para incluir nuevos territorios y usuarios-, extender el beneficio a cuatro millones de usuarios. Esto implica ampliar el universo de hogares subsidiados de ochocientos cincuenta mil a cuatro millones. Lo más intrigante -o indignante, según si uno les cree o no- es que pretenden hacerlo casi con el mismo fondo fiduciario.
Inevitablemente, tenemos que hablar de impacto fiscal. He escuchado a algunos colegas hablar de la frivolidad de referirse al impacto fiscal cuando discutimos sobre subsidios. A estos colegas les pido seriedad y sensatez, porque la ciudadanía no es ingenua. Aspiramos a hablar a una ciudadanía informada y empoderada, pero, sobre todo, consciente de que la realidad que vivimos es abismalmente diferente a la que ustedes relatan.
Esa ciudadanía sabe que la fiesta de subsidios del kirchnerismo, históricamente la pagan los argentinos. Saben que lo que sale barato, por un lado, lo pagamos muy caro, por el otro. Es algo tan sencillo y lineal como pensar que la asignación de los subsidios con criterios electoralistas, sin atender a las verdaderas necesidades de la población, es ineficiente; pero, sobre todo, es injusta. Esos subsidios significan mayor emisión y aumento de los precios y, por ende, más inflación; luego, mayor inflación significa pérdida del poder adquisitivo. Es decir, saben que lo que ustedes les ahorran benévolamente en las facturas de gas o de luz se va en el tique del supermercado.
Ahora bien, el argumento del oficialismo en la defensa que hizo el lunes a través del Enargas -que ha perdido autarquía y tecnicismo, y ha pasado a ser un bastión político-, es que este subsidio seguirá siendo paliado con este fondo fiduciario compuesto con los sobrecargos que pagan todos los usuarios por los metros cúbicos consumidos y comercializados.
Si, como indican los fundamentos del proyecto presentado -los nuevos no alcancé a leerlos-, hay más o menos tres millones de nuevos hogares para ser subsidiados, significa que el universo de beneficiarios se incrementó en un 370 por ciento, mientras que el de aportantes se reduce en la misma medida.
El programa, actualmente se financia con un cargo fijo en el precio del gas; ahora, en el proyecto, sostienen que es discrecionalidad de la autoridad de aplicación ampliarlo hasta en un 50 por ciento. En el año 2019, ese recargo era de 4,46. El interventor del Enargas dijo que sería suficiente con aumentarlo en un punto porcentual; es decir llevarlo a 5,50. Es decir que con un punto porcentual financiarán un aumento del 370 por ciento de los beneficiarios. ¡Una ecuación increíble!
Este aumento del sobrecargo por cada metro cúbico -reitero que en el proyecto establecen la discrecionalidad de ampliarlo hasta un 50 por ciento-, entre los usuarios a los que afecta está la industria y, en particular, las generadoras térmicas, que representan un tercio del consumo del gas de nuestro país. Esto significa que los costos de generación eléctrica se encarecerán; esto implicará un aumento de las tarifas eléctricas, lo que sería un subsidio cruzado entre los usuarios de electricidad y los de gas -esto está prohibido, además de la disparidad de conexiones que existen entre los dos servicios-, o bien que haya un aumento en la cuenta de subsidios direccionados a Cammesa.
Párrafo aparte merecen los que están excluidos de este beneficio y a quienes les están vendiendo que tendrán subsidio. Lo dijo también la diputada preopinante: la discrecionalidad que se guardan para ampliar el sobrecargo también se la guardan para agregar páginas a esa libretita del almacenero en la que suman territorios y beneficiarios. Los que siguen quedando afuera son los que no están incluidos en la red.
Es cierto que prevén que, una vez conectados a la red, inmediatamente quedarán incorporados al beneficio. Me pregunto cuándo quedarán incorporados a la red si reestructuran partidas de infraestructura para solventar semejante nivel de subsidios.
El más perverso de los subsidios es el que pagan quienes tienen que peregrinar buscando garrafa social a quienes están conectados a la red. Para que se den una idea, el metro cúbico de gas de garrafa social hoy cuesta 23,50 pesos, mientras que el metro cúbico de gas natural, con el subsidio que acá se proyecta, costará 9,88 pesos. Fíjense si hay justicia social y si se acrecientan o achican las brechas.
El Enargas, que participó el lunes de la reunión de comisión en esta Cámara representado ilegítimamente por un interventor político que incrementó un 35 por ciento el personal de planta del ente, debería ocuparse de controlar y exigir el cumplimiento de los planes de obras para que haya mayor cantidad de obras de transporte y distribución, y cada vez más argentinos y argentinas tengan acceso en condiciones de igualdad y de seguridad, lo que de ningún modo se va a lograr en este esquema.
No puedo dejar de contextualizar con la situación de los subsidios energéticos en la Argentina. Voy a detenerme para que tratemos de entender lo que estamos discutiendo y, si es posible, hacerlo a partir de un diagnóstico y de los datos concretos de lo que se está subsidiando actualmente.
Llevamos veinticinco meses de congelamiento tarifario, con un aumento de los costos energéticos que crecen con la inflación que ustedes no logran controlar y que ha excedido ampliamente lo que habían presupuestado. En lo que llevamos de 2021, los subsidios energéticos han crecido un 40 por ciento en relación con el año pasado: son 6.800 millones de dólares los que seguirán en ese sendero de crecimiento, básicamente porque estamos entrando en el invierno, porque están aumentando las importaciones para cubrir la caída de la producción local y porque están manteniendo un semicongelamiento del precio de la energía.
La transferencia de Cammesa hoy representa 4.900 millones de dólares al año; crece un 32 por ciento anual. A Cammesa, que tiene una deuda de 177 billones de pesos, le van a licuar 136 billones, por el artículo 87 de la ley de presupuesto de este año, y continuarán transfiriéndole dinero del Tesoro Nacional a fuerza de mayor impuesto inflacionario; es decir, de más inflación en ese tique del supermercado.
Las tarifas de gas tienen un atraso del orden del 80 por ciento con la última actualización. El 56 por ciento del costo de abastecimiento está subsidiado por la Secretaría de Energía, lo que significa 110.000 millones de pesos, un 40 por ciento más de lo presupuestado para 2021; es decir que van a necesitar un refuerzo presupuestario del orden de los 52.000 millones de pesos.
En este contexto, ustedes tratan este subsidio cruzado de la producción, de la industria y de los usuarios de las pocas zonas no comprendidas. Esto está expresamente prohibido en el marco regulatorio, que dice: "En ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o categoría de consumidores podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros consumidores."
El incremento del precio del gas a las industrias, que ya aumentaron un 95 por ciento en el VAD -es decir que cuatro mil cien industrias del país tienen un aumento del 95 por ciento, algo que no dicen-, afectará la competitividad sistémica de la economía y generará aumentos en los costos que se trasladarán a los precios, lo que significa mayor inflación.
En síntesis, señor presidente, entiéndase bien lo que hemos planteado distintos legisladores de Juntos por el Cambio: hay zonas que por sus condiciones geográficas, térmicas y productivas ameritan una tarifa distinta, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios. Este proyecto no respeta ninguno de esos criterios. Hace pasar gato por liebre al incluir zonas y usuarios, y al dejar abierta la puerta para discrecionales nuevas incorporaciones con un solo criterio: el electoral del Frente de Todos.
Por lo tanto, sostengo la necesidad de prorrogar el subsidio a las zonas frías y muy frías, ampliándolo a la provincia de Mendoza por compartir esas condiciones isotérmicas; pero, de ninguna manera apoyaré este gatopardismo con el que quieren hacer creer a los que realmente lo necesitan y a quienes no van a tener el subsidio, que van a tenerlo.
Tampoco apoyo que el esfuerzo de todos los contribuyentes argentinos deba tener como destino pagar las deudas que ustedes generan con esa libretita en la que discrecionalmente anotan beneficiarios con criterios electoralistas.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Antes de continuar con el listado de oradores, para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Heller.
SR. HELLER Señor presidente: no contestaré la cantidad de imprecisiones, inexactitudes y tergiversaciones que acabo de escuchar, porque, si no, creo que la reunión entraría por otro rumbo.
Quiero ser preciso en alguna cuestión. La primera es que, justamente, para evitar todas las cuestiones de discrecionalidad en las que se pudiera incurrir o de interpretaciones respecto de localidades o cuestiones por el estilo, acá estamos hablando de las zonas bioambientales utilizadas por el Enargas bajo normas IRAM 11.603/2012; es decir, se trata de un criterio absolutamente científico y objetivo, que elimina toda esa enorme cantidad de palabrerío que acabamos de escuchar.
La otra cuestión a la que quiero referirme es el planteo hecho antes respecto de los proyectos tenidos a la vista, que ha sido reiterado. Al respecto quiero decir que me parece bien que los tengamos a la vista, habiéndose aclarado -como lo hizo el señor presidente de manera pertinente- que, de acuerdo al reglamento y a las notas intercambiadas con el vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles, solo se encuentra en tratamiento este proyecto de ley.
Con respecto a los demás, propongo que la sugerencia del señor diputado Riccardo de que se tengan a la vista otras iniciativas sea tomada en cuenta, de manera que efectivamente se tome conocimiento de ellas y quede registrada su existencia. Creo que de este modo se zanja una cuestión de fondo.
Finalmente, para introducir un concepto, también considero que hay que trabajar en un régimen de tarifa diferenciada y que los subsidios no pueden ser solo por regiones. En la reunión del lunes, Federico Bernal, el interventor del Enargas, dijo que se está trabajando en eso. Es decir, es un tema no solo en las tarifas de gas, sino, en general, en las tarifas de servicios públicos.
Se está trabajando con una idea y con un criterio de tarifas diferenciadas que tengan en cuenta justamente la capacidad contributiva de cada grupo familiar, los niveles de consumo, la territorialidad -es decir, la existencia de una radicación en una zona que tiene un mayor consumo de una energía que de otra-, etcétera. El otro día escuchamos hablar también de provincias que son electrodependientes y que entonces tienen el mismo problema.
Me parece que esta es una medida muy positiva que amplía derechos para una enorme cantidad de gente afectada por ser habitantes de zona fría, aunque no vivan en la provincia de Mendoza o en la Patagonia. Ese es el criterio que se ha querido utilizar, y eso es lo que estamos planteando en este proyecto.
Querer convertir en perverso que se aumente en tres millones de personas a los beneficiarios de este hecho, cuando el criterio que se toma es -insisto- el que las normas IRAM establecen para determinar cuáles son las zonas frías, es una manera de bastardear un proyecto que solo tiene como objetivo aliviar la situación, teniendo en cuenta condiciones medioambientales y también las excepciones que tienen que ver con aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.
Esto es lo que quería aclarar, señor presidente.
Quiero ser preciso en alguna cuestión. La primera es que, justamente, para evitar todas las cuestiones de discrecionalidad en las que se pudiera incurrir o de interpretaciones respecto de localidades o cuestiones por el estilo, acá estamos hablando de las zonas bioambientales utilizadas por el Enargas bajo normas IRAM 11.603/2012; es decir, se trata de un criterio absolutamente científico y objetivo, que elimina toda esa enorme cantidad de palabrerío que acabamos de escuchar.
La otra cuestión a la que quiero referirme es el planteo hecho antes respecto de los proyectos tenidos a la vista, que ha sido reiterado. Al respecto quiero decir que me parece bien que los tengamos a la vista, habiéndose aclarado -como lo hizo el señor presidente de manera pertinente- que, de acuerdo al reglamento y a las notas intercambiadas con el vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles, solo se encuentra en tratamiento este proyecto de ley.
Con respecto a los demás, propongo que la sugerencia del señor diputado Riccardo de que se tengan a la vista otras iniciativas sea tomada en cuenta, de manera que efectivamente se tome conocimiento de ellas y quede registrada su existencia. Creo que de este modo se zanja una cuestión de fondo.
Finalmente, para introducir un concepto, también considero que hay que trabajar en un régimen de tarifa diferenciada y que los subsidios no pueden ser solo por regiones. En la reunión del lunes, Federico Bernal, el interventor del Enargas, dijo que se está trabajando en eso. Es decir, es un tema no solo en las tarifas de gas, sino, en general, en las tarifas de servicios públicos.
Se está trabajando con una idea y con un criterio de tarifas diferenciadas que tengan en cuenta justamente la capacidad contributiva de cada grupo familiar, los niveles de consumo, la territorialidad -es decir, la existencia de una radicación en una zona que tiene un mayor consumo de una energía que de otra-, etcétera. El otro día escuchamos hablar también de provincias que son electrodependientes y que entonces tienen el mismo problema.
Me parece que esta es una medida muy positiva que amplía derechos para una enorme cantidad de gente afectada por ser habitantes de zona fría, aunque no vivan en la provincia de Mendoza o en la Patagonia. Ese es el criterio que se ha querido utilizar, y eso es lo que estamos planteando en este proyecto.
Querer convertir en perverso que se aumente en tres millones de personas a los beneficiarios de este hecho, cuando el criterio que se toma es -insisto- el que las normas IRAM establecen para determinar cuáles son las zonas frías, es una manera de bastardear un proyecto que solo tiene como objetivo aliviar la situación, teniendo en cuenta condiciones medioambientales y también las excepciones que tienen que ver con aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.
Esto es lo que quería aclarar, señor presidente.
SR. PRESIDENTE FÉLIX En relación con lo que usted ha planteado, quiero decir que los proyectos que cuentan con estado parlamentario en la Comisión de Energía y Combustibles que tratan sobre el mismo tema o similares están contenidos en los siguientes expedientes:
3330-d-2020;
3374-d-2020;
4408-d-2020;
1727-d-2021;
2058-d-2021;
2149-d-2021;
4041-d-2020;
3871-d-2020;
1881-d-2020 y
0713-d-2020.
Lamento que muchos otros proyectos, que fueran presentados durante el gobierno anterior, hayan perdido estado parlamentario porque nunca se accedió a que fueran tratados.
Tiene la palabra el señor diputado Menna.
Lamento que muchos otros proyectos, que fueran presentados durante el gobierno anterior, hayan perdido estado parlamentario porque nunca se accedió a que fueran tratados.
Tiene la palabra el señor diputado Menna.
SR. MENNA Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar que la forma de tratar esta iniciativa excluye la participación porque nos encontramos aquí con un cambio absoluto, de hecho es un nuevo proyecto de ley el que escuchamos en la lectura del dictamen.
En segundo lugar -hago mías las expresiones de la diputada Latorre-, la incógnita que deja abierta esto es de qué manera esta multiplicación de beneficiarios de este subsidio se va a hacer con la misma fuente de financiamiento. Es un subsidio explícito que tiene una fuente de financiamiento que es el fondo fiduciario, que se alimenta de un cargo que pagan absolutamente todos los usuarios de gas del país, incluidos los beneficiarios de este subsidio. Como dijo el interventor de Enargas en la reunión del lunes, cubre a 849.000 beneficiarios como universo comprendido por el beneficio, y va a pasar a tener prácticamente 4.000.000 de beneficiarios.
Uno no puede dejar de advertir y señalar que este beneficio, que nació teniendo en cuenta a la Patagonia argentina, se está poniendo en peligro. No podemos dejar de señalar que con esta forma de legislar improvisada, donde claramente ha cambiado todo el sentido del proyecto en tan sólo dos días, sin estudios y sin análisis de sostenibilidad financiera, se termine licuando este beneficio.
Además, se habla de criterios objetivos y de un mapa bioambiental como si fuera una cuestión sacrosanta. En verdad, miro ese mapa y me desayuno que, por ejemplo, localidades de la costa patagónica están en la misma zona bioambiental que la meseta de Chubut, donde hace 20 o 25 grados bajo cero en invierno. Todavía tenemos fuera de servicio la línea de 330 kilovatios que va de Futaleufú a Puerto Madryn porque el año pasado colapsó, justamente por el rigor de la nieve y el hielo sobre el tendido de esa línea de alta tensión. Entonces, me parece que esta cuestión debería ser revisada.
También me parece que debería haber un tratamiento más respetuoso de quienes hemos presentado iniciativas, no ahora al calor de la próxima campaña electoral, sino de quiénes venimos pidiendo por la prórroga de este beneficio desde hace un año. Me parece que estas son cuestiones que no se pueden soslayar. Lo que expuso la diputada Latorre creo que es absolutamente claro, preciso, detallado y exime de mayores comentarios.
Sí quiero decir, señor presidente, teniendo en cuenta que acaba de manifestar y ratificar lo que había sostenido el lunes, en el sentido de que se incorporan al tratamiento todos esos expedientes, que nosotros -al menos parte de nosotros- vamos a emitir un dictamen sobre la base de esos proyectos. Concretamente, vamos hacer una síntesis del proyecto que propone la prórroga para las zonas que hoy están comprendidas en el beneficio, sumando la iniciativa que sostuvo la diputada Jimena Latorre, y en ese sentido es que vamos a emitir dictamen.
Por otro lado, para ir terminando, quiero decir que ratifico lo que manifesté en la reunión del lunes, que después pretendió ser refutado por el interventor de Enargas: esa intervención es ilegal. Es un acto válido únicamente en una ley delegativa, como la ley 27.541, que venció el 31 de diciembre de 2020. Con lo cual, el Poder Ejecutivo carece de aptitud legal para prorrogar esa intervención. No se puede prorrogar tampoco una ley de emergencia por decreto de necesidad y urgencia. Esto es algo que está claro absolutamente y así fue sostenido por la Corte en el caso San Luis. Quería dejar asentado este punto.
En segundo lugar -hago mías las expresiones de la diputada Latorre-, la incógnita que deja abierta esto es de qué manera esta multiplicación de beneficiarios de este subsidio se va a hacer con la misma fuente de financiamiento. Es un subsidio explícito que tiene una fuente de financiamiento que es el fondo fiduciario, que se alimenta de un cargo que pagan absolutamente todos los usuarios de gas del país, incluidos los beneficiarios de este subsidio. Como dijo el interventor de Enargas en la reunión del lunes, cubre a 849.000 beneficiarios como universo comprendido por el beneficio, y va a pasar a tener prácticamente 4.000.000 de beneficiarios.
Uno no puede dejar de advertir y señalar que este beneficio, que nació teniendo en cuenta a la Patagonia argentina, se está poniendo en peligro. No podemos dejar de señalar que con esta forma de legislar improvisada, donde claramente ha cambiado todo el sentido del proyecto en tan sólo dos días, sin estudios y sin análisis de sostenibilidad financiera, se termine licuando este beneficio.
Además, se habla de criterios objetivos y de un mapa bioambiental como si fuera una cuestión sacrosanta. En verdad, miro ese mapa y me desayuno que, por ejemplo, localidades de la costa patagónica están en la misma zona bioambiental que la meseta de Chubut, donde hace 20 o 25 grados bajo cero en invierno. Todavía tenemos fuera de servicio la línea de 330 kilovatios que va de Futaleufú a Puerto Madryn porque el año pasado colapsó, justamente por el rigor de la nieve y el hielo sobre el tendido de esa línea de alta tensión. Entonces, me parece que esta cuestión debería ser revisada.
También me parece que debería haber un tratamiento más respetuoso de quienes hemos presentado iniciativas, no ahora al calor de la próxima campaña electoral, sino de quiénes venimos pidiendo por la prórroga de este beneficio desde hace un año. Me parece que estas son cuestiones que no se pueden soslayar. Lo que expuso la diputada Latorre creo que es absolutamente claro, preciso, detallado y exime de mayores comentarios.
Sí quiero decir, señor presidente, teniendo en cuenta que acaba de manifestar y ratificar lo que había sostenido el lunes, en el sentido de que se incorporan al tratamiento todos esos expedientes, que nosotros -al menos parte de nosotros- vamos a emitir un dictamen sobre la base de esos proyectos. Concretamente, vamos hacer una síntesis del proyecto que propone la prórroga para las zonas que hoy están comprendidas en el beneficio, sumando la iniciativa que sostuvo la diputada Jimena Latorre, y en ese sentido es que vamos a emitir dictamen.
Por otro lado, para ir terminando, quiero decir que ratifico lo que manifesté en la reunión del lunes, que después pretendió ser refutado por el interventor de Enargas: esa intervención es ilegal. Es un acto válido únicamente en una ley delegativa, como la ley 27.541, que venció el 31 de diciembre de 2020. Con lo cual, el Poder Ejecutivo carece de aptitud legal para prorrogar esa intervención. No se puede prorrogar tampoco una ley de emergencia por decreto de necesidad y urgencia. Esto es algo que está claro absolutamente y así fue sostenido por la Corte en el caso San Luis. Quería dejar asentado este punto.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Quiero aclararle que los temas que están a la vista no están en tratamiento. Por lo cual, sobre ellos no se puede dictaminar, tal como se estableció y aclaró al principio de la reunión.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
SR. RAMÓN Señor presidente: agradezco a los presidentes de ambas comisiones por permitirme participar sin ser miembro de las mismas. Lo que me trae a participar en este momento es que la aprobación de este proyecto es una reivindicación histórica para la provincia de Mendoza, que me toca representar.
Allá por 2008 y 2009, a partir de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, comenzamos a trabajar en Mendoza para lograr la incorporación de la provincia, dentro de los parámetros que tiene el departamento de Malargüe, en la zona patagónica.
En ese momento tuvimos la oportunidad de hacer estudios técnicos aunque no logramos realizar el estudio económico con el que cuenta este proyecto. Dado que llegar a los organismos nacionales que permitieran esa situación de incorporar a mi provincia a la zona patagónica era tan difícil, a partir de 2009 tuvimos que recurrir a la Justicia Federal. En mi provincia, desde 2009 a 2016, se participó activamente, y desde la sociedad civil, tratando de perseguir ese logro de incorporar a la provincia de Mendoza en esta zona patagónica.
Esto fue así durante años y con argumentos muy sólidos porque, técnicamente, la provincia de Mendoza se compara con la provincia de La Pampa, tal como lo expresó recién una diputada. Me acuerdo que utilizamos un informe técnico de un especialista, el doctor Federico Norte, que hizo el estudio que permitía comprender eso que nosotros justificamos en los estrados judiciales. Así fue y durante años, en mi provincia, la boleta de gas venía con una leyenda cruzada que decía que estaba alcanzada por una medida judicial.
Por los avatares de la política, y en buena medida porque estamos en una democracia donde los gobiernos cambian, tuvimos la oportunidad de acceder a esta Cámara de Diputados y presentar un proyecto con el material aportado judicialmente para lograr lo que originalmente pensábamos que era un reclamo de reivindicación histórica de nuestra provincia.
¿Por qué? Porque no podíamos seguir dependiendo de las medidas judiciales y de los avatares de la política. ¿Por qué nosotros pensamos esto tan fuerte? ¿Por qué la Justicia Federal reconoció este derecho a los mendocinos durante tantos años? Esto es porque hay una cuestión: no hay mayor desigualdad que se genere por un sistema -en el caso del gas domiciliario- que tratar por igual a aquellos que viven en el norte de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Conurbano, con los que vimos en toda la zona fría, especialmente en la zona que trata este proyecto, que es la zona IIIa de las normas IRAM.
Creo que esta debe ser la enésima vez que repito lo siguiente en la Cámara, pero es bueno recordarlo: no hay mayor desigualdad que considerar iguales a los desiguales. Una familia de cuatro personas, que vive en el norte de esta Capital Federal y Conurbano bonaerense, en el rigor del invierno -que dura un mes- tiene un costo de consumo y de pago de una boleta muy distinto de aquellos que vivimos en la zona fría, donde el invierno dura tres meses.
El consumo no tiene que ver con el derroche. No se trata de ninguna de las cualidades de aquellos que piden a gritos que en la zona fría paguemos carísimo el gas porque somos unos "derrochones de gas". El gas que se consume en la Patagonia y en la zona fría es un gas que se utiliza para lograr una mejor condición de vida, para alimentarse, para cocinar y para calefaccionar. Cuando se vive en un lugar frío, se necesita de calefacción, sobre todo, porque peligra seriamente el derecho a la salud. Cuando alguien tiene frío, se resfría; no hay vueltas.
En los últimos días, he escuchado a muchos colegas hablar sobre temas federales. Yo soy un defensor acérrimo del federalismo en nuestro país, y si hay algo que trae este proyecto es la equidad federal. El eje del proyecto es tratar distinto a los que son distintos. Ello trae, directamente, un proceso de equiparación del fiel de la balanza de esa tremenda desigualdad y nos pone en el mismo plano respecto del reconocimiento de derechos.
Voy a hablar un poquito de lo económico. Este proyecto de ley tiene una gran argumentación técnica porque ha sido elaborado a través de un proceso largo y muy profesional por parte del Ente Nacional Regulador del Gas. Yo he tenido la oportunidad de participar de dicho proceso y no porque me llamaran expresamente, sino porque he pedido participar y me han aceptado. De manera tal que he despejado mis dudas y he logrado ser parte del proyecto de ley que se presentó hace muy poco en la Cámara y que hoy estamos tratando.
¿Qué quiero decir con eso? Con este proyecto de ley, nosotros ponemos en valor que quien vive en una zona donde hace frío, pueda tener un estándar de la calidad de vida igual a aquel que está viviendo en una zona cálida. No se trata de ricos y pobres ni del beneficio de los ricos por sobre el de los pobres. ¿Saben por qué? Porque hay dos cosas importantes en este proyecto.
En primer lugar, aquellos ricos que consideren que los subsidios no tienen que existir, tienen la oportunidad de retirarse de este subsidio que establece el fideicomiso, de forma clara, en uno de sus artículos; se puede pedir la renuncia al beneficio.
En segundo término, está el factor económico -no solo geográfico- de todas las personas que tienen vulnerabilidades. En aquellas zonas donde, ya sea por la cualidad del clima, por decirlo de alguna manera, se requiere de un descuento del valor de la factura del 30 por ciento, se puede reconocer a aquel que percibe una Asignación Universal por Hijo o aquel que es jubilado o pensionado por debajo de los cuatro salarios mínimo, vital y móvil.
Se trata de una ecuación económica que permite equilibrar este fiel de la balanza. Se trata de leyes que sanciona el Congreso, a través de diputados que representamos al pueblo y no a los intereses de las empresas que prestan el servicio.
Dichas empresas deben saber que tienen que asumir un rol, que en un sistema de relación de consumo, donde lo que se presta es un servicio público y no un bien de mercado, el valor que tiene que tener la prestación del servicio público es una tarifa adecuada a la capacidad económica de la persona. Ahora, si hablamos de un empresario que considera que este servicio es un bien de mercado, va a tener un precio acorde a si fuera un producto.
Para que se puedan hacer las inversiones de las que hablábamos, hay que garantizar la adecuación de los costos y la rentabilidad de la empresa. Esto es muy distinto, pues se trata de un proveedor de un servicio público -un derecho social que tenemos los usuarios y consumidores de nuestra Argentina- que permite el acceso a muchos derechos humanos, como lo es el vivir en una mejor condición de vida y con mayor dignidad.
Haré una pequeña referencia al impacto económico. He participado, junto a las personas técnicas del ENARGAS, del desarrollo de la progresión que permite que nosotros hoy podamos firmar este dictamen, a fin de prorrogar por diez años el fideicomiso que permite que a toda la zona patagónica se le siga respetando ese porcentaje de descuento en su boleta. ¡Se suman más de 3.000.000 de familias! Hablemos de usuarios o de consumidores, porque no son clientes; son familias y esto tiene un impacto en su economía.
En relación a ese aspecto, quiero hablar de mi provincia. En Mendoza, son 400.000 familias las que van a tener la oportunidad de tener un alivio frente a una factura que hoy, en el rigor del invierno, no baja de los 8.500 o 10.000 pesos. Hoy van a poder decir: "Tengo la posibilidad de asignar una parte de mi presupuesto familiar a otros temas que mejoren mi calidad de vida". Eso es fuerte, se trata de un análisis de leyes que reconocen derechos.
Quiero hablar en términos más claros porque para interpretarlo necesitaríamos economistas, y la verdad es que los economistas lo han hecho técnicamente en el ENARGAS. Por lo tanto, quiero hablar desde quien tiene una factura de gas. En la factura de gas figuran un cargo fijo y un cargo variable por lo que se consume. El cargo variable por lo que se consume tiene categoría de consumidores, de menores a mayores. Por otro lado, el cargo fijo es aquello que permite la consolidación de ese fideicomiso que hoy es superavitario, esto está visto en el análisis presentado por el interventor del ENARGAS. Con ese fideicomiso y esa capacidad económica del fideicomiso, junto al aporte de los usuarios y consumidores de toda la red de gas domiciliaria en la Argentina, es que se permite sostener económicamente, durante los próximos diez años, este proyecto de ley que entrega un beneficio directo a la economía de las familias.
No voy a hacer referencia a lo que algunos diputados ya han hecho, pero dentro de la historia de este proyecto se cuenta algo que recuerdo. En el año 2017, llegué a esta Cámara con esta frazada. Permítame, señor presidente, utilizar treinta segundos para contar lo siguiente. Llegué con esta frazada representando el reclamo de miles de familias de mi provincia, quienes pedían a la jueza federal de aquel momento que entendiera qué era lo que estábamos reclamando los mendocinos. Básicamente, esto que estamos resolviendo hoy, de manera legal.
Presenté dicho reclamo en el año 2018. Al respecto, en algún momento, he escuchado a un colega diputado decir: "Ahí viene el loco de la frazada con este proyecto alocado". No es un proyecto alocado. Es un proyecto que reconoce derechos, genera igualdad y establece un concepto federal acerca de que la desigualdad se puede equilibrar entre los que viven acá, en el nudo neurálgico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano, y los que vivimos en los lugares más alejados de la Argentina.
Eso no solamente incluye a mi provincia. Esto tiene que ver con la solidaridad, ya que este fideicomiso que pagamos todos los usuarios de la Argentina que tenemos el aporte con nuestra boleta, también permite que vecinos de la provincia de San Luis, de Córdoba, del sur de San Juan y de lugares de Salta y de Jujuy puedan lograr, aún cuando todavía no tienen acceso a la red, tener un derecho reconocido. Eso es legislar para el pueblo.
En relación al tema del acceso y a la cantidad de ciudadanos que aún no cuentan con él, el expediente Nº 24.001, caratulado como el fiscal contra los cinco socios de la Empresa Distribuidora de Gas Cuyana S. A. -no voy a decir los nombres- y que tramita en el Juzgado Nº 8, de Comodoro Py, en Capital Federal, investiga qué hicieron con el dinero que cobraron de la revisión tarifaria integral del año 2016 estos cinco socios de la empresa ECOGAS, Distribuidora de Gas Cuyana. Dichos socios, en vez de hacer las inversiones para que accedieran al derecho humano que tenemos todos los ciudadanos a estos derechos sociales, se embolsaron el dinero, lo repartieron en el exterior y no hubo inversiones, tratándose así de uno de los peores ataques a los usuarios y consumidores; me refiero al estrepitoso aumento tarifario de aquellos años 2016-2018. En aquel entonces, había un ministro que quiero nombrar: se llamaba Aranguren y consideraba que esto era un bien de mercado y no un servicio social que genera derechos humanos.
Por eso, a aquellos que tengan argumentaciones desde el punto de vista económico, les sugiero analizar los números hechos en el ENARGAS.
La sustentabilidad económica del fideicomiso para los próximos diez años, que se prorroga por este proyecto, e incorporar a más de 3 millones de familias argentinas -y multipliquemos esa cifra por la cantidad de personas que querramos, en mi provincia en particular, 400.000 familias por tres, o por cuatro-, es reconocer derechos y dar la posibilidad de una mejor calidad de vida.
Es la segunda ley que vamos a votar este año en línea directa y a favor de un beneficio a los usuarios, a los consumidores, a la clase media, a los trabajadores y a todos aquellos que son el motor de desarrollo de nuestra sociedad.
Muchas gracias por permitirnos participar, señores presidentes. Gracias por aceptar que pueda ponerme esta frazada, que fue la que llevé el día que juré en esta Cámara. Y ojalá podamos hacer que este proyecto sea ley muy pronto.
Para terminar, quiero agradecer a la diputada Liliana Schwindt, que en el momento de batalla fuerte que tuvimos permitió que en la Comisión de Defensa del Consumidor permitió se discutieran las tarifas en aquel año 2016, y a Alejandro "Topo" Rodríguez; dos diputados de la provincia de Buenos Aires que tuvieron la amplitud de entender que este proyecto lo podíamos hacer de manera solidaria y así beneficiar a tres millones de familias.
Por sobre todas las cosas, quiero agradecerle al presidente del bloque del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner, quien fue capaz de poder llevar adelante este proyecto para que a miles de familias se les reconozca su derecho a una mejor vida.
Allá por 2008 y 2009, a partir de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, comenzamos a trabajar en Mendoza para lograr la incorporación de la provincia, dentro de los parámetros que tiene el departamento de Malargüe, en la zona patagónica.
En ese momento tuvimos la oportunidad de hacer estudios técnicos aunque no logramos realizar el estudio económico con el que cuenta este proyecto. Dado que llegar a los organismos nacionales que permitieran esa situación de incorporar a mi provincia a la zona patagónica era tan difícil, a partir de 2009 tuvimos que recurrir a la Justicia Federal. En mi provincia, desde 2009 a 2016, se participó activamente, y desde la sociedad civil, tratando de perseguir ese logro de incorporar a la provincia de Mendoza en esta zona patagónica.
Esto fue así durante años y con argumentos muy sólidos porque, técnicamente, la provincia de Mendoza se compara con la provincia de La Pampa, tal como lo expresó recién una diputada. Me acuerdo que utilizamos un informe técnico de un especialista, el doctor Federico Norte, que hizo el estudio que permitía comprender eso que nosotros justificamos en los estrados judiciales. Así fue y durante años, en mi provincia, la boleta de gas venía con una leyenda cruzada que decía que estaba alcanzada por una medida judicial.
Por los avatares de la política, y en buena medida porque estamos en una democracia donde los gobiernos cambian, tuvimos la oportunidad de acceder a esta Cámara de Diputados y presentar un proyecto con el material aportado judicialmente para lograr lo que originalmente pensábamos que era un reclamo de reivindicación histórica de nuestra provincia.
¿Por qué? Porque no podíamos seguir dependiendo de las medidas judiciales y de los avatares de la política. ¿Por qué nosotros pensamos esto tan fuerte? ¿Por qué la Justicia Federal reconoció este derecho a los mendocinos durante tantos años? Esto es porque hay una cuestión: no hay mayor desigualdad que se genere por un sistema -en el caso del gas domiciliario- que tratar por igual a aquellos que viven en el norte de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Conurbano, con los que vimos en toda la zona fría, especialmente en la zona que trata este proyecto, que es la zona IIIa de las normas IRAM.
Creo que esta debe ser la enésima vez que repito lo siguiente en la Cámara, pero es bueno recordarlo: no hay mayor desigualdad que considerar iguales a los desiguales. Una familia de cuatro personas, que vive en el norte de esta Capital Federal y Conurbano bonaerense, en el rigor del invierno -que dura un mes- tiene un costo de consumo y de pago de una boleta muy distinto de aquellos que vivimos en la zona fría, donde el invierno dura tres meses.
El consumo no tiene que ver con el derroche. No se trata de ninguna de las cualidades de aquellos que piden a gritos que en la zona fría paguemos carísimo el gas porque somos unos "derrochones de gas". El gas que se consume en la Patagonia y en la zona fría es un gas que se utiliza para lograr una mejor condición de vida, para alimentarse, para cocinar y para calefaccionar. Cuando se vive en un lugar frío, se necesita de calefacción, sobre todo, porque peligra seriamente el derecho a la salud. Cuando alguien tiene frío, se resfría; no hay vueltas.
En los últimos días, he escuchado a muchos colegas hablar sobre temas federales. Yo soy un defensor acérrimo del federalismo en nuestro país, y si hay algo que trae este proyecto es la equidad federal. El eje del proyecto es tratar distinto a los que son distintos. Ello trae, directamente, un proceso de equiparación del fiel de la balanza de esa tremenda desigualdad y nos pone en el mismo plano respecto del reconocimiento de derechos.
Voy a hablar un poquito de lo económico. Este proyecto de ley tiene una gran argumentación técnica porque ha sido elaborado a través de un proceso largo y muy profesional por parte del Ente Nacional Regulador del Gas. Yo he tenido la oportunidad de participar de dicho proceso y no porque me llamaran expresamente, sino porque he pedido participar y me han aceptado. De manera tal que he despejado mis dudas y he logrado ser parte del proyecto de ley que se presentó hace muy poco en la Cámara y que hoy estamos tratando.
¿Qué quiero decir con eso? Con este proyecto de ley, nosotros ponemos en valor que quien vive en una zona donde hace frío, pueda tener un estándar de la calidad de vida igual a aquel que está viviendo en una zona cálida. No se trata de ricos y pobres ni del beneficio de los ricos por sobre el de los pobres. ¿Saben por qué? Porque hay dos cosas importantes en este proyecto.
En primer lugar, aquellos ricos que consideren que los subsidios no tienen que existir, tienen la oportunidad de retirarse de este subsidio que establece el fideicomiso, de forma clara, en uno de sus artículos; se puede pedir la renuncia al beneficio.
En segundo término, está el factor económico -no solo geográfico- de todas las personas que tienen vulnerabilidades. En aquellas zonas donde, ya sea por la cualidad del clima, por decirlo de alguna manera, se requiere de un descuento del valor de la factura del 30 por ciento, se puede reconocer a aquel que percibe una Asignación Universal por Hijo o aquel que es jubilado o pensionado por debajo de los cuatro salarios mínimo, vital y móvil.
Se trata de una ecuación económica que permite equilibrar este fiel de la balanza. Se trata de leyes que sanciona el Congreso, a través de diputados que representamos al pueblo y no a los intereses de las empresas que prestan el servicio.
Dichas empresas deben saber que tienen que asumir un rol, que en un sistema de relación de consumo, donde lo que se presta es un servicio público y no un bien de mercado, el valor que tiene que tener la prestación del servicio público es una tarifa adecuada a la capacidad económica de la persona. Ahora, si hablamos de un empresario que considera que este servicio es un bien de mercado, va a tener un precio acorde a si fuera un producto.
Para que se puedan hacer las inversiones de las que hablábamos, hay que garantizar la adecuación de los costos y la rentabilidad de la empresa. Esto es muy distinto, pues se trata de un proveedor de un servicio público -un derecho social que tenemos los usuarios y consumidores de nuestra Argentina- que permite el acceso a muchos derechos humanos, como lo es el vivir en una mejor condición de vida y con mayor dignidad.
Haré una pequeña referencia al impacto económico. He participado, junto a las personas técnicas del ENARGAS, del desarrollo de la progresión que permite que nosotros hoy podamos firmar este dictamen, a fin de prorrogar por diez años el fideicomiso que permite que a toda la zona patagónica se le siga respetando ese porcentaje de descuento en su boleta. ¡Se suman más de 3.000.000 de familias! Hablemos de usuarios o de consumidores, porque no son clientes; son familias y esto tiene un impacto en su economía.
En relación a ese aspecto, quiero hablar de mi provincia. En Mendoza, son 400.000 familias las que van a tener la oportunidad de tener un alivio frente a una factura que hoy, en el rigor del invierno, no baja de los 8.500 o 10.000 pesos. Hoy van a poder decir: "Tengo la posibilidad de asignar una parte de mi presupuesto familiar a otros temas que mejoren mi calidad de vida". Eso es fuerte, se trata de un análisis de leyes que reconocen derechos.
Quiero hablar en términos más claros porque para interpretarlo necesitaríamos economistas, y la verdad es que los economistas lo han hecho técnicamente en el ENARGAS. Por lo tanto, quiero hablar desde quien tiene una factura de gas. En la factura de gas figuran un cargo fijo y un cargo variable por lo que se consume. El cargo variable por lo que se consume tiene categoría de consumidores, de menores a mayores. Por otro lado, el cargo fijo es aquello que permite la consolidación de ese fideicomiso que hoy es superavitario, esto está visto en el análisis presentado por el interventor del ENARGAS. Con ese fideicomiso y esa capacidad económica del fideicomiso, junto al aporte de los usuarios y consumidores de toda la red de gas domiciliaria en la Argentina, es que se permite sostener económicamente, durante los próximos diez años, este proyecto de ley que entrega un beneficio directo a la economía de las familias.
No voy a hacer referencia a lo que algunos diputados ya han hecho, pero dentro de la historia de este proyecto se cuenta algo que recuerdo. En el año 2017, llegué a esta Cámara con esta frazada. Permítame, señor presidente, utilizar treinta segundos para contar lo siguiente. Llegué con esta frazada representando el reclamo de miles de familias de mi provincia, quienes pedían a la jueza federal de aquel momento que entendiera qué era lo que estábamos reclamando los mendocinos. Básicamente, esto que estamos resolviendo hoy, de manera legal.
Presenté dicho reclamo en el año 2018. Al respecto, en algún momento, he escuchado a un colega diputado decir: "Ahí viene el loco de la frazada con este proyecto alocado". No es un proyecto alocado. Es un proyecto que reconoce derechos, genera igualdad y establece un concepto federal acerca de que la desigualdad se puede equilibrar entre los que viven acá, en el nudo neurálgico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano, y los que vivimos en los lugares más alejados de la Argentina.
Eso no solamente incluye a mi provincia. Esto tiene que ver con la solidaridad, ya que este fideicomiso que pagamos todos los usuarios de la Argentina que tenemos el aporte con nuestra boleta, también permite que vecinos de la provincia de San Luis, de Córdoba, del sur de San Juan y de lugares de Salta y de Jujuy puedan lograr, aún cuando todavía no tienen acceso a la red, tener un derecho reconocido. Eso es legislar para el pueblo.
En relación al tema del acceso y a la cantidad de ciudadanos que aún no cuentan con él, el expediente Nº 24.001, caratulado como el fiscal contra los cinco socios de la Empresa Distribuidora de Gas Cuyana S. A. -no voy a decir los nombres- y que tramita en el Juzgado Nº 8, de Comodoro Py, en Capital Federal, investiga qué hicieron con el dinero que cobraron de la revisión tarifaria integral del año 2016 estos cinco socios de la empresa ECOGAS, Distribuidora de Gas Cuyana. Dichos socios, en vez de hacer las inversiones para que accedieran al derecho humano que tenemos todos los ciudadanos a estos derechos sociales, se embolsaron el dinero, lo repartieron en el exterior y no hubo inversiones, tratándose así de uno de los peores ataques a los usuarios y consumidores; me refiero al estrepitoso aumento tarifario de aquellos años 2016-2018. En aquel entonces, había un ministro que quiero nombrar: se llamaba Aranguren y consideraba que esto era un bien de mercado y no un servicio social que genera derechos humanos.
Por eso, a aquellos que tengan argumentaciones desde el punto de vista económico, les sugiero analizar los números hechos en el ENARGAS.
La sustentabilidad económica del fideicomiso para los próximos diez años, que se prorroga por este proyecto, e incorporar a más de 3 millones de familias argentinas -y multipliquemos esa cifra por la cantidad de personas que querramos, en mi provincia en particular, 400.000 familias por tres, o por cuatro-, es reconocer derechos y dar la posibilidad de una mejor calidad de vida.
Es la segunda ley que vamos a votar este año en línea directa y a favor de un beneficio a los usuarios, a los consumidores, a la clase media, a los trabajadores y a todos aquellos que son el motor de desarrollo de nuestra sociedad.
Muchas gracias por permitirnos participar, señores presidentes. Gracias por aceptar que pueda ponerme esta frazada, que fue la que llevé el día que juré en esta Cámara. Y ojalá podamos hacer que este proyecto sea ley muy pronto.
Para terminar, quiero agradecer a la diputada Liliana Schwindt, que en el momento de batalla fuerte que tuvimos permitió que en la Comisión de Defensa del Consumidor permitió se discutieran las tarifas en aquel año 2016, y a Alejandro "Topo" Rodríguez; dos diputados de la provincia de Buenos Aires que tuvieron la amplitud de entender que este proyecto lo podíamos hacer de manera solidaria y así beneficiar a tres millones de familias.
Por sobre todas las cosas, quiero agradecerle al presidente del bloque del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner, quien fue capaz de poder llevar adelante este proyecto para que a miles de familias se les reconozca su derecho a una mejor vida.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Cacace.
SR. CACACE Señor presidente: escuché atentamente las distintas intervenciones que se formularon sobre el dictamen propuesto por el oficialismo.
Sin dudas, creo que al respecto se pueden hacer muchas consideraciones, y desde distintas perspectivas, las cuales vengo escuchando.
Una de ellas está referida al tema de los subsidios en general. Indudablemente, cuando se establecen los subsidios se persiguen determinados fines, sobre todo, el de ayudar a aquellos que tienen dificultad para pagar un servicio público. Junto a ese objetivo, lograr la asequibilidad o permitir que se pueda reforzar esa capacidad de pago para consumir un servicio público, es una meta muy importante.
Por supuesto que, a la vez, hay que analizar que todo subsidio genera determinado grado de ineficiencia económica. Tal como lo afirmaba la diputada Sapag en su intervención, siempre hay un costo. Ya sea cuando establecemos subsidios directos -que implica un costo a nivel fiscal que tenemos que sufragar presupuestariamente-, o también el costo cruzado cuando otros usuarios de un servicio tienen que pagar recargos.
En este caso, para constituir ese fondo fiduciario, se ha establecido un recargo que deberá pagar todo el resto de los usuarios de gas. Esa fue la preocupación que expresó la diputada Latorre.
La verdad que todos los subsidios generan esta situación. Es decir, todos persiguen el objetivo de ayudar en los pagos por razones de necesidad. En este caso, también está el propósito de establecer una tarifa diferencial según la zona bioambiental climática, o en definitiva, el frío que exista en cada región del país. Es decir que son criterios que se determinan.
Me parece que el análisis que se está haciendo es muy bueno y es una mirada que, desde la perspectiva económica y fiscal que tienen los subsidios, nunca podemos dejar de considerar; particularmente en nuestro país, donde el nivel de gastos respecto del PBI en subsidios económicos -tanto para el transporte, la electricidad, como para el gas- es muy alto. Según el subsidio de que se trate, salen favorecidas ciertas regiones, u otras, como por ejemplo sucede con el transporte.
En tal sentido, es cierto lo que plantea el diputado Ramón respecto de la equidad federal y de ver cómo se ayuda a cada región del país, o cómo se equilibra la distribución del dinero en la utilización de los subsidios.
La verdad es que podríamos estar horas discutiendo sobre teoría económica y la explicación de los subsidios. De hecho, yo escribí mi tesis de Maestría en Economía sobre la regulación del precio en el sector de la electricidad y cómo utilizar los subsidios. Creo que es una discusión interesantísima y la debemos abordar en el país.
Lo cierto es que acá tenemos una cuestión muy concreta: la prórroga de este fondo fiduciario y la definición de la tarifa diferencial que favorecía una región determinada y ahora se están ampliando los beneficiarios de ese subsidio por tarifa diferencial.
Sobre este punto debo decir que, desde luego, toda elección va a ser arbitraria, en el sentido de que yo puedo decir que estén las zonas templadas, las frías, las muy frías; o puedo decir que solo estén las frías y las muy frías; o decir que estén solo las muy frías o que no esté ninguna. Siempre va a haber una definición arbitraria respecto a dónde se marca el corte.
Acá ha habido una determinación por parte de quienes han propuesto el proyecto de ley referido a hacer el corte en las zonas IIIa, IV, V y VI, que corresponden al mapa al cual ya se ha aludido, de acuerdo a las normas IRAM.
Sí debo reconocer en este punto que el criterio es objetivo. Es decir, el planteo que hice el lunes en la comisión, en oportunidad de la reunión informativa, es en el mismo sentido que lo manifestó el diputado Riccardo.
Si hacíamos una mención de las localidades y de los departamentos -al menos lo veía con mucha claridad para mi provincia-, resultaba que algunos de ellos estaban en una misma zona bioambiental, y sin embargo, uno percibía el beneficio, y el otro no. Inclusive, había zonas de mi provincia que estaban categorizadas como más frías que otras, no obstante, las menos frías tenían el beneficio y las otras no.
Con lo cual, ese aspecto que planteamos el lunes en la comisión -ese día no obtuvimos respuesta, no sé si luego ha sido advertido o analizado- creo que ha repercutido efectivamente en una mejora del proyecto de ley al establecer con objetividad las zonas bioambientales. Considero también que ese criterio habría que mantenerlo hacia el futuro.
Es decir, aquí discrepo con lo que se consigna sobre el final del proyecto de ley a partir de la lectura que se realizó. En este sentido, comparto lo que dijeron la diputada Latorre y el diputado Menna, en cuanto a que quizá es difícil interactuar con algunas disposiciones, si se van conociendo sobre la marcha. Me refiero a que en la lectura se consigna al Poder Ejecutivo la facultad de ampliación o de disminución, y creo que no debería estar. Debería atenderse el criterio objetivo de las zonas bioambientales y determinarse que un cambio de criterio sobre esas zonas bioambientales lo defina, en todo caso, el Congreso, tal como lo estamos estableciendo ahora.
También debo decir que es distinto, se discrimina el beneficio entre las diferentes zonas. Nosotros reconocemos -tal como lo dijo el diputado Riccardo en su intervención- que si bien hay partes de la provincia de San Luis que tienen un régimen climático frío, es verdad que no es el mismo nivel de frío que el que tiene la Patagonia. Esto no lo vamos a negar, pero también es cierto que no estamos recibiendo el mismo porcentaje de tarifa diferencial que el que reciben otras regiones más frías, sino que es menor, es del 30 por ciento.
No me queda más que decir lo mismo que afirmó la diputada Sapag en su intervención que, en definitiva, no escapa a ninguno de nosotros: además de tener en cuenta todas estas consideraciones de orden general, nosotros también representamos las vocaciones y aspiraciones de aquellos que nos han elegido y de nuestra provincia.
Debo decir que antes teníamos una ley que no contemplaba que en la provincia de San Luis hay zonas frías. Ninguna de ellas recibe el beneficio que esperan hace mucho tiempo nuestros ciudadanos. Muy en particular, los del departamento Gobernador Dupuy, del sur de la provincia de San Luis, que limita con La Pampa, en donde verdaderamente los inviernos son muy fríos.
Ahora, a partir de esta reforma que se va a hacer, prácticamente toda nuestra provincia va a quedar incluida en los beneficios, a excepción de la zona más templada del norte. Y en ese sentido, para nosotros claramente es una mejora y vemos con satisfacción lo que se ha propuesto en el dictamen.
Sin dudas, creo que al respecto se pueden hacer muchas consideraciones, y desde distintas perspectivas, las cuales vengo escuchando.
Una de ellas está referida al tema de los subsidios en general. Indudablemente, cuando se establecen los subsidios se persiguen determinados fines, sobre todo, el de ayudar a aquellos que tienen dificultad para pagar un servicio público. Junto a ese objetivo, lograr la asequibilidad o permitir que se pueda reforzar esa capacidad de pago para consumir un servicio público, es una meta muy importante.
Por supuesto que, a la vez, hay que analizar que todo subsidio genera determinado grado de ineficiencia económica. Tal como lo afirmaba la diputada Sapag en su intervención, siempre hay un costo. Ya sea cuando establecemos subsidios directos -que implica un costo a nivel fiscal que tenemos que sufragar presupuestariamente-, o también el costo cruzado cuando otros usuarios de un servicio tienen que pagar recargos.
En este caso, para constituir ese fondo fiduciario, se ha establecido un recargo que deberá pagar todo el resto de los usuarios de gas. Esa fue la preocupación que expresó la diputada Latorre.
La verdad que todos los subsidios generan esta situación. Es decir, todos persiguen el objetivo de ayudar en los pagos por razones de necesidad. En este caso, también está el propósito de establecer una tarifa diferencial según la zona bioambiental climática, o en definitiva, el frío que exista en cada región del país. Es decir que son criterios que se determinan.
Me parece que el análisis que se está haciendo es muy bueno y es una mirada que, desde la perspectiva económica y fiscal que tienen los subsidios, nunca podemos dejar de considerar; particularmente en nuestro país, donde el nivel de gastos respecto del PBI en subsidios económicos -tanto para el transporte, la electricidad, como para el gas- es muy alto. Según el subsidio de que se trate, salen favorecidas ciertas regiones, u otras, como por ejemplo sucede con el transporte.
En tal sentido, es cierto lo que plantea el diputado Ramón respecto de la equidad federal y de ver cómo se ayuda a cada región del país, o cómo se equilibra la distribución del dinero en la utilización de los subsidios.
La verdad es que podríamos estar horas discutiendo sobre teoría económica y la explicación de los subsidios. De hecho, yo escribí mi tesis de Maestría en Economía sobre la regulación del precio en el sector de la electricidad y cómo utilizar los subsidios. Creo que es una discusión interesantísima y la debemos abordar en el país.
Lo cierto es que acá tenemos una cuestión muy concreta: la prórroga de este fondo fiduciario y la definición de la tarifa diferencial que favorecía una región determinada y ahora se están ampliando los beneficiarios de ese subsidio por tarifa diferencial.
Sobre este punto debo decir que, desde luego, toda elección va a ser arbitraria, en el sentido de que yo puedo decir que estén las zonas templadas, las frías, las muy frías; o puedo decir que solo estén las frías y las muy frías; o decir que estén solo las muy frías o que no esté ninguna. Siempre va a haber una definición arbitraria respecto a dónde se marca el corte.
Acá ha habido una determinación por parte de quienes han propuesto el proyecto de ley referido a hacer el corte en las zonas IIIa, IV, V y VI, que corresponden al mapa al cual ya se ha aludido, de acuerdo a las normas IRAM.
Sí debo reconocer en este punto que el criterio es objetivo. Es decir, el planteo que hice el lunes en la comisión, en oportunidad de la reunión informativa, es en el mismo sentido que lo manifestó el diputado Riccardo.
Si hacíamos una mención de las localidades y de los departamentos -al menos lo veía con mucha claridad para mi provincia-, resultaba que algunos de ellos estaban en una misma zona bioambiental, y sin embargo, uno percibía el beneficio, y el otro no. Inclusive, había zonas de mi provincia que estaban categorizadas como más frías que otras, no obstante, las menos frías tenían el beneficio y las otras no.
Con lo cual, ese aspecto que planteamos el lunes en la comisión -ese día no obtuvimos respuesta, no sé si luego ha sido advertido o analizado- creo que ha repercutido efectivamente en una mejora del proyecto de ley al establecer con objetividad las zonas bioambientales. Considero también que ese criterio habría que mantenerlo hacia el futuro.
Es decir, aquí discrepo con lo que se consigna sobre el final del proyecto de ley a partir de la lectura que se realizó. En este sentido, comparto lo que dijeron la diputada Latorre y el diputado Menna, en cuanto a que quizá es difícil interactuar con algunas disposiciones, si se van conociendo sobre la marcha. Me refiero a que en la lectura se consigna al Poder Ejecutivo la facultad de ampliación o de disminución, y creo que no debería estar. Debería atenderse el criterio objetivo de las zonas bioambientales y determinarse que un cambio de criterio sobre esas zonas bioambientales lo defina, en todo caso, el Congreso, tal como lo estamos estableciendo ahora.
También debo decir que es distinto, se discrimina el beneficio entre las diferentes zonas. Nosotros reconocemos -tal como lo dijo el diputado Riccardo en su intervención- que si bien hay partes de la provincia de San Luis que tienen un régimen climático frío, es verdad que no es el mismo nivel de frío que el que tiene la Patagonia. Esto no lo vamos a negar, pero también es cierto que no estamos recibiendo el mismo porcentaje de tarifa diferencial que el que reciben otras regiones más frías, sino que es menor, es del 30 por ciento.
No me queda más que decir lo mismo que afirmó la diputada Sapag en su intervención que, en definitiva, no escapa a ninguno de nosotros: además de tener en cuenta todas estas consideraciones de orden general, nosotros también representamos las vocaciones y aspiraciones de aquellos que nos han elegido y de nuestra provincia.
Debo decir que antes teníamos una ley que no contemplaba que en la provincia de San Luis hay zonas frías. Ninguna de ellas recibe el beneficio que esperan hace mucho tiempo nuestros ciudadanos. Muy en particular, los del departamento Gobernador Dupuy, del sur de la provincia de San Luis, que limita con La Pampa, en donde verdaderamente los inviernos son muy fríos.
Ahora, a partir de esta reforma que se va a hacer, prácticamente toda nuestra provincia va a quedar incluida en los beneficios, a excepción de la zona más templada del norte. Y en ese sentido, para nosotros claramente es una mejora y vemos con satisfacción lo que se ha propuesto en el dictamen.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el diputado Cassinerio, quien se encontraba antes en el orden del listado, pero por un error involuntario lo dejé atrás.
SR. CASSINERIO Señor presidente: en primera instancia, la verdad que nos parece correcta la decisión de poder traer un poco más de claridad en el nuevo dictamen, en relación a lo comprendido en la zona IIIa.
En este nuevo dictamen, en el artículo 4° queda bien claro que el beneficio del subsidio de la zona IIIa no es para aquellas localidades que a futuro tengan la posibilidad de ser abastecidas por gas natural o gas licuado, como en el dictamen anterior.
En este dictamen ahora se amplía el beneficio establecido en el punto a) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, etcétera. Eso trae claridad en el sentido de que, inmediatamente luego de aprobada esta ley, serán beneficiarias esas localidades, y a futuro lo serán todas aquellas que obtengan la posibilidad de ser abastecidas por gas natural o gas licuado.
Creemos que este es un buen proyecto que beneficia a muchísimos cordobeses, y no obstante debo marcar una inquietud respecto de que las zonas que se han determinado como beneficiarias del subsidio tienen un criterio objetivo -que bien se manifestó de esa manera- que fue establecido por el Enargas, con mediciones que entendemos pueden llegar a estar desactualizadas, o en algunos casos no están hechas aún en varias regiones del interior de nuestra provincia. Con lo cual, al no tener registro, quizá no estaban incorporadas.
Si bien el interventor el Enargas manifestó que habrá una actualización que se haría en los próximos doce meses, desde Córdoba vamos a aportar mayor información para llegar a zonas que creemos que deben ser incluidas, como por ejemplo los departamentos San Javier y Minas, así como Pocho y Cruz del Eje, en función de datos científicos del Atlas Climático Digital del Programa Nacional de Ecorregiones. Entendemos que el criterio del Enargas es la clasificación de regiones climáticas que utiliza la norma IRAM 11603, de utilidad constructiva. Si bien estas normas son adecuadas para ponderar los factores de confort habitacionales generales, no deben considerarse como excluyentes de otras referencias específicas diseñadas para sondear condiciones climatológicas que son variables y determinantes de acuerdo con la altitud, el relieve, las temperaturas mínimas absolutas, los períodos de heladas, la ocurrencia de días con temperaturas inferiores a 18 grados y la amplitud térmica. Por ejemplo, tenemos localidades que van a estar separadas aproximadamente por diez kilómetros que están exactamente la misma región geográfica y climatológica, pero por no pertenecer a un departamento, no tendrán el beneficio.
Para cerrar, nosotros vamos a elevar toda esta información al Enargas para que sea contemplada a fin de que en el futuro se incorporen estas regiones. Vamos a acompañar este proyecto, y recalco que el nuevo articulado trae claridad para que queden inmediatamente incorporadas las regiones IIIa como beneficiarias del subsidio.
En este nuevo dictamen, en el artículo 4° queda bien claro que el beneficio del subsidio de la zona IIIa no es para aquellas localidades que a futuro tengan la posibilidad de ser abastecidas por gas natural o gas licuado, como en el dictamen anterior.
En este dictamen ahora se amplía el beneficio establecido en el punto a) del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25.565 a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, etcétera. Eso trae claridad en el sentido de que, inmediatamente luego de aprobada esta ley, serán beneficiarias esas localidades, y a futuro lo serán todas aquellas que obtengan la posibilidad de ser abastecidas por gas natural o gas licuado.
Creemos que este es un buen proyecto que beneficia a muchísimos cordobeses, y no obstante debo marcar una inquietud respecto de que las zonas que se han determinado como beneficiarias del subsidio tienen un criterio objetivo -que bien se manifestó de esa manera- que fue establecido por el Enargas, con mediciones que entendemos pueden llegar a estar desactualizadas, o en algunos casos no están hechas aún en varias regiones del interior de nuestra provincia. Con lo cual, al no tener registro, quizá no estaban incorporadas.
Si bien el interventor el Enargas manifestó que habrá una actualización que se haría en los próximos doce meses, desde Córdoba vamos a aportar mayor información para llegar a zonas que creemos que deben ser incluidas, como por ejemplo los departamentos San Javier y Minas, así como Pocho y Cruz del Eje, en función de datos científicos del Atlas Climático Digital del Programa Nacional de Ecorregiones. Entendemos que el criterio del Enargas es la clasificación de regiones climáticas que utiliza la norma IRAM 11603, de utilidad constructiva. Si bien estas normas son adecuadas para ponderar los factores de confort habitacionales generales, no deben considerarse como excluyentes de otras referencias específicas diseñadas para sondear condiciones climatológicas que son variables y determinantes de acuerdo con la altitud, el relieve, las temperaturas mínimas absolutas, los períodos de heladas, la ocurrencia de días con temperaturas inferiores a 18 grados y la amplitud térmica. Por ejemplo, tenemos localidades que van a estar separadas aproximadamente por diez kilómetros que están exactamente la misma región geográfica y climatológica, pero por no pertenecer a un departamento, no tendrán el beneficio.
Para cerrar, nosotros vamos a elevar toda esta información al Enargas para que sea contemplada a fin de que en el futuro se incorporen estas regiones. Vamos a acompañar este proyecto, y recalco que el nuevo articulado trae claridad para que queden inmediatamente incorporadas las regiones IIIa como beneficiarias del subsidio.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Antes de dar la palabra al próximo orador, por una cuestión de tiempos, quiero informar que a partir de las 18 vamos a pedir que los secretarios de cada una de las comisiones solicite el apoyo al dictamen. Después podremos seguir escuchando a los diferentes oradores que no se hayan podido expresar hasta ese momento.
Tiene la palabra el señor diputado Suárez Lastra.
Tiene la palabra el señor diputado Suárez Lastra.
SR. SUÁREZ LASTRA Señor presidente: en primer lugar, quiero decir con toda claridad que es necesaria la prórroga. No podríamos enfrentar este este invierno -que podría hasta tornarse en un invierno shakesperiano del descontento- si no les permitiéramos a la población disponer del recurso que ha tenido tradicionalmente con una tarifa diferenciada de zona fría. Sería muy malo: estamos sobre el vencimiento y tiene que ser prorrogado.
Ahora bien, tengo muy serias dudas acerca de cómo lo estamos haciendo, y me parece que lo estamos haciendo muy mal. Quiero resaltar el papel de la diputada Sapag, quien viene de una provincia con una gran tradición en materia de petróleo y gas. Estoy muy familiarizado con estos temas desde muy chico, porque mi padre fue presidente de YPF. Cuando se decía que éramos un país petrolero, mi padre respondía: "No, no somos un país petrolero; somos un país con petróleo. Somos un país gasífero, tenemos mucho gas." Mi padre murió antes de que se hubiera descubierto el potencial de Vaca Muerta.
En el marco de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, llamo la atención a que estamos viendo cómo administramos las limitaciones para el uso de gas para calentar a nuestra gente como si estuviéramos en una época remota de la humanidad, siendo un país que es una de las grandes reservas gasíferas del mundo. Entonces, pensemos un poquito cuando tomamos decisiones, y hagámoslo desde una óptica más amplia. Esto lo digo para que reflexionemos en estas comisiones del Congreso, para que no nos pase lo de la famosa ley de Murphy, que señala que si una ley puede salir mal, va a salir mal.
Venimos de experiencias muy malas. Este país tenía autoabastecimiento energético, y en los últimos años pasó a tener incidencia en los subsidios a la energía sobre el Producto Bruto. En 2004 el porcentaje del déficit energético sobre Producto era de 0,4 por ciento. Hubo políticas energéticas inconsistentes: entre otras cosas, se congelaron las tarifas durante diez años cuando hubo aumentos del salario real. Había aumentos del salario real, las tarifas estaban congeladas, caían la producción y la inversión, empezaban las importaciones, se rompía el ciclo importador, y en 2008 pasaron a hacer el 1,2 por ciento. Luego, en 2011 pasó a 2 por ciento; en 2013, al 3,1; en 2014, al 3,5 por ciento, y se llegó al 4,5 por ciento del déficit energético del Producto. Luego se fue disminuyendo sensiblemente y llegamos a poco más del 1 por ciento, y actualmente en el presupuesto que estamos considerando está previsto un 1,7 por ciento.
Llamo la atención de todos los colegas -sin hacer imputaciones ni adjudicar intencionalidad, sino simplemente convocándonos a reflexionar- pues no han sido suficientes las explicaciones de un interventor de tercera línea de la administración, como es el interventor ocasional del Enargas, un órgano que la ley sabiamente ordena que su presidente elegido por un órgano colegiado de cinco personas con saberes técnicos. La ley se preocupó por llamar la atención en el sentido de que hay temas que, por su complejidad y delicadeza, requieren de saberes técnicos muy consolidados, que no parecieran ser los que tenemos a disposición. En el fondo, la pregunta es cuál es el costo real y la pérdida de recaudación que significa pasar de ochocientos mil a tres millones de beneficiarios. Sería muy razonable, si fuera justo.
Más adelante voy a explicar, en la misma línea que la diputada Sapag, por qué pienso que esto no es justo y que es arbitrario. No lo digo por la localización -porque no estoy en condiciones de opinar sobre el tema-, los entendidos dicen que lo de las isotermas está bien, lo doy por bueno.
Lo que lo hace injusto es que no seamos capaces de subsidiar a aquel que lo necesita y que subsidiemos a gente con recursos importantes porque si no la masa global de los recursos va a los que más consumen, pero los que más consumen son precisamente los que mayor capacidad adquisitiva tienen, es decir, los que más pueden gastar. Esto ya pasó con estímulos mal inspirados y mal llevados adelante en materia de política energética.
Señor presidente: me da la impresión de que esta es una ley del Siglo XX y ya estamos casi transitando un cuarto del Siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Porque esta ley se sancionó con criterios de los años 2000, cuando tal vez las posibilidades técnicas de ser más precisos en el subsidio estaban fuera del alcance de la mano.
En cambio, con lo que ha pasado en los últimos años que por año -no cada dos o tres años- se multiplican las capacidades de administración y selección de información en la era del Big Data, de la inteligencia de las cosas, estamos siendo incapaces de decir que le vamos a dar el subsidio a quien lo necesita y no territorialmente.
¿Por qué vamos a darle un subsidio a quién tiene una casa que vale 2 millones de dólares en Arelauquen, en Bariloche o en Cumelén, en Villa La Angostura, lugares que ustedes conocen por los diarios? ¿A título de qué? ¿Cuál es el objetivo nacional de interés que esa tarifa tenga un subsidio?
Como dijo la diputada Sapag, ¿no somos capaces de determinar los subsidios por niveles de consumo?, ¿no somos capaces de poner tope? A eso el interventor de tercera línea del gobierno hace un año que viene contestando que es un tema muy complejo. ¿Muy complejo? Somos líderes de economía del conocimiento en América Latina, tenemos especialistas en software, estamos creciendo en exportaciones y en producción y no somos capaces de un trabajo técnico que nos lleve a hacer que los subsidios sean correctamente orientados y lleguen a los que los necesitan y no hagamos este cruce en donde en las zonas cálidas los pobres financian a los ricos de las zonas frías.
Ojo que estamos prorrogando esta ley por diez años. ¿No sería más prudente decir que si se viene el infierno y eso está mal, prorroguémosla por un año? Hagamos las pequeñas ampliaciones que se plantean. No puedo negarme a la ampliación planteada en Mendoza, pero no puedo dejar de decir que es poco razonable que en Mendoza, que en la Patagonia y en la Puna los sectores de mayores recursos y capacidad tengan un subsidio.
Otra cosa más, ¿no somos capaces de que ese subsidio no sea durante todo el año? Acá tengo los consumos de gas natural en total país por mes. No son tres meses, como dijo el diputado Ramón; son cuatro los meses bravos.
Entonces, subsidiemos a la gente de menores recursos solamente los cuatro meses bravos. ¿Por qué le vamos a subsidiar un bien escaso, que debemos procurar controlar mientras aseguramos la producción, cuando la producción ha caído abruptamente un 13 por ciento? Estamos tratando esto con una abrupta caída del 13 por ciento de la producción de gas en este último período.
En términos de política energética y de la lógica de la economía, ¿es un bien de mercado o no es un bien de mercado? Las necesidades del pueblo no son un bien de mercado. Coincido con los objetivos planteados de que para los sectores de menores recursos de zona fría hay un problema de salud pública y un problema de dignidad que tiene que ser atendido.
Ahora, si pensamos que la provisión de gas no es un problema de mercado, señores, estamos en el Congreso de la Nación. Este es un lugar en donde las cosas tienen que ser tratadas en serio; el gas es un bien de mercado, le guste a quien le guste. El gas se compra y se vende, cuesta producirlo y cuesta importarlo. El que no piense que esto es así le va a pasar lo que le pasó al gobierno anterior que nos dejó un pufo de 150.000 millones de dólares a lo largo diez años. Me parece que tenemos que pensar un poquito más estas cosas.
Señor presidente, quiero agregar dos temas más que me parecen sumamente importantes: el tema de la energía lo tenemos visto, el mal cálculo y las malas decisiones de política energética han tenido tremendos efectos macroeconómicos en la Argentina, acelerando la inflación e incrementando la pobreza.
Este es un dato de la realidad económica, no es ni mercado, ni ortodoxia, ni heterodoxia, ni marxismo, ni neoliberalismo. Esto ha pasado y es así, como decía Felipe González, la inflación no es de izquierda ni de derecha, es mala.
Esta situación en un país con esa experiencia, donde el ministro de Economía -esto les pido que lo hagamos con la atención y lo digo sin ánimo polémico, solo a los efectos de incorporar un elemento más- se ha planteado un objetivo, inclusive, una política tarifaria donde se ha diferenciado públicamente con este funcionario de tercera categoría preocupado por esta situación.
Nosotros estamos tomando una decisión que tiene alto impacto en términos de política energética y alto impacto en términos de la economía sin que pasen por esta Cámara a dar su opinión los funcionarios de Economía, ni los funcionarios de Energía. Quizás nos dicen que tienen razón, que esto cierra totalmente.
El interventor de tercera línea de gobierno que vino a explicar la ley -que pareciera ser su ley, aunque hay algunos diputados la han acompañado, pero todos los fundamentos, la expresión técnica, etcétera, estuvo a cargo de este funcionario-, no dio respuesta a preguntas específicas sobre el costo.
Otro punto que quiero resaltar tiene que ver con el funcionamiento del Congreso. Esta ley que estamos cambiando es una es una ley que se origina en un presupuesto, es un artículo de un presupuesto del año 2002 que se ha venido prorrogando.
En el artículo 50 de la ley 25.565 dice con toda claridad que las modificaciones a realizar al presupuesto aprobado de los fondos fiduciarios del Estado nacional durante el período de ejecución que implique la alteración con signo negativo del resultado económico o financiero o el incremento del endeudamiento bruto autorizado deben ser aprobadas por resolución del Ministerio de Economía e Infraestructura con intervención de la Secretaría de Hacienda, previo dictamen de la Oficina Nacional de Presupuesto.
No veo nada de eso acá en la consideración de este asunto. Como un tema de crecimiento, hemos desarrollado en este Congreso la Oficina de Presupuesto, que nos podría dar las informaciones que nos están negando, la falta de respuestas, la falta de completitud de las respuestas del funcionario de tercera línea que vino a dar las explicaciones, invitado a esta Cámara.
Me parece que son muchas las cosas que pueden hacer pensar seriamente que esto es una mala respuesta a una necesidad que nos requiere una actitud distinta.
Señor presidente: concretamente, propongo que prorroguemos por un año el régimen vigente y que nos aboquemos a hacer un régimen de subsidios equitativos, justo, que tengan que ver con las reales necesidades de la gente y que no haga que los pobres de las zonas cálidas financien a los ricos de las zonas frías.
Ahora bien, tengo muy serias dudas acerca de cómo lo estamos haciendo, y me parece que lo estamos haciendo muy mal. Quiero resaltar el papel de la diputada Sapag, quien viene de una provincia con una gran tradición en materia de petróleo y gas. Estoy muy familiarizado con estos temas desde muy chico, porque mi padre fue presidente de YPF. Cuando se decía que éramos un país petrolero, mi padre respondía: "No, no somos un país petrolero; somos un país con petróleo. Somos un país gasífero, tenemos mucho gas." Mi padre murió antes de que se hubiera descubierto el potencial de Vaca Muerta.
En el marco de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, llamo la atención a que estamos viendo cómo administramos las limitaciones para el uso de gas para calentar a nuestra gente como si estuviéramos en una época remota de la humanidad, siendo un país que es una de las grandes reservas gasíferas del mundo. Entonces, pensemos un poquito cuando tomamos decisiones, y hagámoslo desde una óptica más amplia. Esto lo digo para que reflexionemos en estas comisiones del Congreso, para que no nos pase lo de la famosa ley de Murphy, que señala que si una ley puede salir mal, va a salir mal.
Venimos de experiencias muy malas. Este país tenía autoabastecimiento energético, y en los últimos años pasó a tener incidencia en los subsidios a la energía sobre el Producto Bruto. En 2004 el porcentaje del déficit energético sobre Producto era de 0,4 por ciento. Hubo políticas energéticas inconsistentes: entre otras cosas, se congelaron las tarifas durante diez años cuando hubo aumentos del salario real. Había aumentos del salario real, las tarifas estaban congeladas, caían la producción y la inversión, empezaban las importaciones, se rompía el ciclo importador, y en 2008 pasaron a hacer el 1,2 por ciento. Luego, en 2011 pasó a 2 por ciento; en 2013, al 3,1; en 2014, al 3,5 por ciento, y se llegó al 4,5 por ciento del déficit energético del Producto. Luego se fue disminuyendo sensiblemente y llegamos a poco más del 1 por ciento, y actualmente en el presupuesto que estamos considerando está previsto un 1,7 por ciento.
Llamo la atención de todos los colegas -sin hacer imputaciones ni adjudicar intencionalidad, sino simplemente convocándonos a reflexionar- pues no han sido suficientes las explicaciones de un interventor de tercera línea de la administración, como es el interventor ocasional del Enargas, un órgano que la ley sabiamente ordena que su presidente elegido por un órgano colegiado de cinco personas con saberes técnicos. La ley se preocupó por llamar la atención en el sentido de que hay temas que, por su complejidad y delicadeza, requieren de saberes técnicos muy consolidados, que no parecieran ser los que tenemos a disposición. En el fondo, la pregunta es cuál es el costo real y la pérdida de recaudación que significa pasar de ochocientos mil a tres millones de beneficiarios. Sería muy razonable, si fuera justo.
Más adelante voy a explicar, en la misma línea que la diputada Sapag, por qué pienso que esto no es justo y que es arbitrario. No lo digo por la localización -porque no estoy en condiciones de opinar sobre el tema-, los entendidos dicen que lo de las isotermas está bien, lo doy por bueno.
Lo que lo hace injusto es que no seamos capaces de subsidiar a aquel que lo necesita y que subsidiemos a gente con recursos importantes porque si no la masa global de los recursos va a los que más consumen, pero los que más consumen son precisamente los que mayor capacidad adquisitiva tienen, es decir, los que más pueden gastar. Esto ya pasó con estímulos mal inspirados y mal llevados adelante en materia de política energética.
Señor presidente: me da la impresión de que esta es una ley del Siglo XX y ya estamos casi transitando un cuarto del Siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Porque esta ley se sancionó con criterios de los años 2000, cuando tal vez las posibilidades técnicas de ser más precisos en el subsidio estaban fuera del alcance de la mano.
En cambio, con lo que ha pasado en los últimos años que por año -no cada dos o tres años- se multiplican las capacidades de administración y selección de información en la era del Big Data, de la inteligencia de las cosas, estamos siendo incapaces de decir que le vamos a dar el subsidio a quien lo necesita y no territorialmente.
¿Por qué vamos a darle un subsidio a quién tiene una casa que vale 2 millones de dólares en Arelauquen, en Bariloche o en Cumelén, en Villa La Angostura, lugares que ustedes conocen por los diarios? ¿A título de qué? ¿Cuál es el objetivo nacional de interés que esa tarifa tenga un subsidio?
Como dijo la diputada Sapag, ¿no somos capaces de determinar los subsidios por niveles de consumo?, ¿no somos capaces de poner tope? A eso el interventor de tercera línea del gobierno hace un año que viene contestando que es un tema muy complejo. ¿Muy complejo? Somos líderes de economía del conocimiento en América Latina, tenemos especialistas en software, estamos creciendo en exportaciones y en producción y no somos capaces de un trabajo técnico que nos lleve a hacer que los subsidios sean correctamente orientados y lleguen a los que los necesitan y no hagamos este cruce en donde en las zonas cálidas los pobres financian a los ricos de las zonas frías.
Ojo que estamos prorrogando esta ley por diez años. ¿No sería más prudente decir que si se viene el infierno y eso está mal, prorroguémosla por un año? Hagamos las pequeñas ampliaciones que se plantean. No puedo negarme a la ampliación planteada en Mendoza, pero no puedo dejar de decir que es poco razonable que en Mendoza, que en la Patagonia y en la Puna los sectores de mayores recursos y capacidad tengan un subsidio.
Otra cosa más, ¿no somos capaces de que ese subsidio no sea durante todo el año? Acá tengo los consumos de gas natural en total país por mes. No son tres meses, como dijo el diputado Ramón; son cuatro los meses bravos.
Entonces, subsidiemos a la gente de menores recursos solamente los cuatro meses bravos. ¿Por qué le vamos a subsidiar un bien escaso, que debemos procurar controlar mientras aseguramos la producción, cuando la producción ha caído abruptamente un 13 por ciento? Estamos tratando esto con una abrupta caída del 13 por ciento de la producción de gas en este último período.
En términos de política energética y de la lógica de la economía, ¿es un bien de mercado o no es un bien de mercado? Las necesidades del pueblo no son un bien de mercado. Coincido con los objetivos planteados de que para los sectores de menores recursos de zona fría hay un problema de salud pública y un problema de dignidad que tiene que ser atendido.
Ahora, si pensamos que la provisión de gas no es un problema de mercado, señores, estamos en el Congreso de la Nación. Este es un lugar en donde las cosas tienen que ser tratadas en serio; el gas es un bien de mercado, le guste a quien le guste. El gas se compra y se vende, cuesta producirlo y cuesta importarlo. El que no piense que esto es así le va a pasar lo que le pasó al gobierno anterior que nos dejó un pufo de 150.000 millones de dólares a lo largo diez años. Me parece que tenemos que pensar un poquito más estas cosas.
Señor presidente, quiero agregar dos temas más que me parecen sumamente importantes: el tema de la energía lo tenemos visto, el mal cálculo y las malas decisiones de política energética han tenido tremendos efectos macroeconómicos en la Argentina, acelerando la inflación e incrementando la pobreza.
Este es un dato de la realidad económica, no es ni mercado, ni ortodoxia, ni heterodoxia, ni marxismo, ni neoliberalismo. Esto ha pasado y es así, como decía Felipe González, la inflación no es de izquierda ni de derecha, es mala.
Esta situación en un país con esa experiencia, donde el ministro de Economía -esto les pido que lo hagamos con la atención y lo digo sin ánimo polémico, solo a los efectos de incorporar un elemento más- se ha planteado un objetivo, inclusive, una política tarifaria donde se ha diferenciado públicamente con este funcionario de tercera categoría preocupado por esta situación.
Nosotros estamos tomando una decisión que tiene alto impacto en términos de política energética y alto impacto en términos de la economía sin que pasen por esta Cámara a dar su opinión los funcionarios de Economía, ni los funcionarios de Energía. Quizás nos dicen que tienen razón, que esto cierra totalmente.
El interventor de tercera línea de gobierno que vino a explicar la ley -que pareciera ser su ley, aunque hay algunos diputados la han acompañado, pero todos los fundamentos, la expresión técnica, etcétera, estuvo a cargo de este funcionario-, no dio respuesta a preguntas específicas sobre el costo.
Otro punto que quiero resaltar tiene que ver con el funcionamiento del Congreso. Esta ley que estamos cambiando es una es una ley que se origina en un presupuesto, es un artículo de un presupuesto del año 2002 que se ha venido prorrogando.
En el artículo 50 de la ley 25.565 dice con toda claridad que las modificaciones a realizar al presupuesto aprobado de los fondos fiduciarios del Estado nacional durante el período de ejecución que implique la alteración con signo negativo del resultado económico o financiero o el incremento del endeudamiento bruto autorizado deben ser aprobadas por resolución del Ministerio de Economía e Infraestructura con intervención de la Secretaría de Hacienda, previo dictamen de la Oficina Nacional de Presupuesto.
No veo nada de eso acá en la consideración de este asunto. Como un tema de crecimiento, hemos desarrollado en este Congreso la Oficina de Presupuesto, que nos podría dar las informaciones que nos están negando, la falta de respuestas, la falta de completitud de las respuestas del funcionario de tercera línea que vino a dar las explicaciones, invitado a esta Cámara.
Me parece que son muchas las cosas que pueden hacer pensar seriamente que esto es una mala respuesta a una necesidad que nos requiere una actitud distinta.
Señor presidente: concretamente, propongo que prorroguemos por un año el régimen vigente y que nos aboquemos a hacer un régimen de subsidios equitativos, justo, que tengan que ver con las reales necesidades de la gente y que no haga que los pobres de las zonas cálidas financien a los ricos de las zonas frías.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Gracias, señor diputado.
Siendo ya las 18:00 horas y quedando nueve oradores aún por expresarse, les pediría a los secretarios que tomen la adhesión o no al dictamen y después continuamos con la lista de oradores, si les parece bien.
¿Está de acuerdo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda?
Siendo ya las 18:00 horas y quedando nueve oradores aún por expresarse, les pediría a los secretarios que tomen la adhesión o no al dictamen y después continuamos con la lista de oradores, si les parece bien.
¿Está de acuerdo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda?
SR. HELLER Totalmente, señor presidente. Hay razones operativas y técnicas que así lo indican.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Entonces, solicito a los secretarios de ambas comisiones si por favor pueden pasar a pedir la adhesión.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Voy a empezar a tomar a viva voz la adhesión o no de los diputados integrantes de la Comisión de Energía y Combustibles.
Comienzo con usted, señor presidente, ¿suscribe el dictamen y el informe?
Comienzo con usted, señor presidente, ¿suscribe el dictamen y el informe?
SR. PRESIDENTE FÉLIX Suscribo el dictamen presentado por el oficialismo.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Diputado De Marchi: ¿suscribe el dictamen?
SR. DE MARCHI Suscribo en disidencia parcial. El diputado Menna está preparando una disidencia parcial al dictamen de mayoría que va a ser oportunamente aportada a la Secretaría de la comisión porque seguramente va a haber otros diputados que la acompañen. Insisto, no es un dictamen de minoría, sino una disidencia parcial, acompañando en general el dictamen de mayoría, que va ser presentada en estos minutos por el diputado Menna.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Perfecto. Gracias, diputado.
¿Diputado Igón?
¿Diputado Igón?
SR. IGÓN Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) ¿Diputada Sapag?
SRA. SAPAG Acompaño el dictamen de mayoría, en el que seguramente haga alguna disidencia parcial.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias.
¿Diputada Latorre?
¿Diputada Latorre?
SRA. LATORRE Adhiero a la disidencia parcial, como dijo el vicepresidente de la comisión, con los fundamentos que acompañaremos.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputada.
¿Diputado Amaya?
¿Diputado Amaya?
SR. AMAYA Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias.
¿Diputado Berhongaray?
¿Diputado Berhongaray?
-Luego de unos instantes:
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) ¿Diputada Bertone?
SRA. BERTONE Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputada.
¿Diputada Caparrós?
¿Diputada Caparrós?
SRA. CAPARRÓS Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias.
¿Diputado Carnaghi?
¿Diputado Carnaghi?
SR. CARNAGHI Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) ¿Diputado Casaretto?
SR. CASARETTO Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias.
¿Diputado Cleri?
¿Diputado Cleri?
SR. CLERI Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
¿Diputada Figueroa?
¿Diputada Figueroa?
SRA. FIGUEROA Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputada.
¿Diputado Fernández Langan?
¿Diputado Fernández Langan?
SR. FERNÁNDEZ LANGAN Acompaño el dictamen con la disidencia que hacía referencia el vicepresidente de la comisión, Omar De Marchi, que será presentada oportunamente por Gustavo Menna. Muchas gracias.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias.
¿Diputado Gioja?
¿Diputado Gioja?
SR. GIOJA Acompaño el dictamen de mayoría. Vale para las dos comisiones.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
¿Diputado Álvaro González?
¿Diputado Álvaro González?
SR. GONZÁLEZ (A.G.) Acompaño el dictamen con la disidencia que hizo mención el vicepresidente de la comisión, el diputado Omar De Marchi.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
¿Diputada Lampreabe?
¿Diputada Lampreabe?
SRA. LAMPREABE Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputada.
¿Diputado Leito?
¿Diputado Leito?
SR. LEITO Acompaño el dictamen de mayoría. Y tenga en cuenta también que formo parte de las dos comisiones.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
¿Diputado López Rodríguez?
¿Diputado López Rodríguez?
SR. LÓPEZ RODRÍGUEZ Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias.
¿Diputado López?
¿Diputado López?
-Luego de unos instantes:
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) ¿Diputado Menna?
-Luego de unos instantes:
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) ¿Diputado Monaldi?
SR. MONALDI Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
¿Diputada Reyes?
¿Diputada Reyes?
SRA. REYES Acompaño el dictamen con disidencias mencionado por el vicepresidente de la comisión y que va a fundamentar el diputado Menna.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputada.
¿Diputado Rizzotti?
¿Diputado Rizzotti?
SR. RIZZOTTI Acompaño el dictamen de mayoría. De todos modos, quedé sin hacer uso de la palabra y lo haré después porque pretendo que haya alguna aclaración en algún tema.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
¿Diputado Romero?
¿Diputado Romero?
SR. ROMERO Acompaño el dictamen de mayoría en las dos comisiones.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias.
¿Diputado Schlereth, David?
¿Diputado Schlereth, David?
SR. SCHLERETH Acompaño el dictamen con las disidencias que planteó el diputado De Marchi. Gracias.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
¿Diputada Schwindt?
¿Diputada Schwindt?
SRA. SCHWINDT Acompaño el dictamen de mayoría. Gracias.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputada.
¿Diputado Suárez Lastra?
¿Diputado Suárez Lastra?
SR. SUÁREZ LASTRA Me abstengo por ahora, probablemente adhiera a las disidencias que presentará el diputado Menna más adelante, pero quiero ver el plazo.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
¿Diputada Vallejos?
¿Diputada Vallejos?
-Luego de unos instantes:
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) ¿Diputado Verón?
SR. VERÓN Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
¿Diputada Yutrovic?
¿Diputada Yutrovic?
SRA. YUTROVIC Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias.
¿Diputado Zottos?
¿Diputado Zottos?
SR. ZOTTOS Acompaño el dictamen de mayoría.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, diputado.
Quedó sin expresarse el diputado López.
Quedó sin expresarse el diputado López.
SR. CANO Señor presidente: no me puedo conectar al VPN.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Diputado Cano: ¿no se ha podido conectar al VPN?
SR. CANO Estoy esperando si pueden resolverlo, si no, me expresaré al final.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Faltarían los diputados López y Berhongaray.
Le paso la palabra al secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Le paso la palabra al secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Gracias, Cecilia.
Le pido al presidente de la comisión, diputado Carlos Heller, el acompañamiento al dictamen del oficialismo.
Le pido al presidente de la comisión, diputado Carlos Heller, el acompañamiento al dictamen del oficialismo.
SR. PRESIDENTE HELLER Voy a acompañar el único dictamen en consideración, porque no debe haber confusiones al respecto.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Gracias.
Diputado Rauschenberger, ¿acompaña el dictamen?
Diputado Rauschenberger, ¿acompaña el dictamen?
SR. RAUSCHENBERGER Acompaño el dictamen.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Gracias, diputado.
¿Diputado Pastori?
¿Diputado Pastori?
SR. PASTORI No acompaño el dictamen, el único que está en consideración.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Ya tengo el pronunciamiento de los diputados Casaretto y Amaya.
Diputado Angelini, ¿acompaña el único dictamen?
Diputado Angelini, ¿acompaña el único dictamen?
SR. ANGELINI Sí, acompaño el dictamen de minoría.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) No hay dictamen de minoría, ¿acompaña con disidencia?
SR. ANGELINI Sí, acompaño el dictamen con disidencias.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Bazze, ¿acompaña el dictamen?
SR. BAZZE No acompaño el dictamen, secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Gracias, diputado.
Diputado Benedetti, ¿acompaña el dictamen?
Diputado Benedetti, ¿acompaña el dictamen?
SR. BENEDETTI No acompaño el dictamen.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Gracias, diputado.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Brue, ¿acompaña el dictamen?
SR. BRUE Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Buryaile, ¿acompaña el dictamen?
SR. BURYAILE No acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Campos, ¿acompaña el dictamen?
SR. CAMPOS No acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Cano: lamentablemente, no lo tengo en el VPN y no le puedo tomar su manifestación a viva voz. Continuaré con la lista, para ver si puede solucionar el problema.
SR. PRESIDENTE HELLER Esperamos hasta el final, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Perfecto, señor presidente.
Diputado Casas, ¿acompaña el dictamen?
Diputado Casas, ¿acompaña el dictamen?
-Luego de unos instantes:
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Cassinerio, ¿acompaña el dictamen?
SR. CASSINERIO Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Cornejo, ¿acompaña el dictamen?
SR. CORNEJO Acompaño el dictamen que oportunamente presenta el señor diputado Menna, con disidencia parcial, señor secretario.
SR. CASAS Señor secretario: estoy en línea.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Casas, ¿acompaña el único dictamen?
SR. CASAS Acompaño el dictamen de mayoría, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputada Corpacci, ¿acompaña el dictamen?
SRA. CORPACCI Sí, acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Quiero manifestar una aclaración para el señor diputado Cornejo: es acompañamiento del dictamen con disidencia, conforme lo que dijo el diputado De Marchi.
SR. CORNEJO Sí, con disidencia.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Perfecto, o sea que no hay otro dictamen sino que es el dictamen con disidencia.
SR. CORNEJO No, pero el diputado Menna va a acercar la disidencia.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Perfecto, señor diputado.
Diputado Fernández (E.), ¿acompaña el dictamen?
Diputado Fernández (E.), ¿acompaña el dictamen?
SR. FERNÁNDEZ (E.) Acompaño el dictamen puesto en consideración.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Fernández Patri, ¿acompaña el dictamen?
SR. FERNÁNDEZ PATRI Acompaño el dictamen puesto en consideración, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado García de Luca, ¿acompaña el dictamen?
SR. GARCÍA DE LUCA Acompaño con disidencia, tal como dijo el señor diputado Cornejo.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado García (A.), ¿acompaña el dictamen?
SR. GARCÍA (A.) No acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Hagman, ¿acompaña el dictamen?
SR. HAGMAN Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputada Landriscini, ¿acompaña el dictamen?
SRA. LANDRISCINI Acompaño el dictamen que se ha presentado, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Martínez (G.), ¿acompaña el dictamen?
SR. MARTÍNEZ (G.) Sí, acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputada Masin, ¿acompaña el dictamen?
SR. MASIN Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputada Osuna, ¿acompaña el dictamen?
SR. OSUNA Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputada Pértile, ¿acompaña el dictamen?
SRA. PÉRTILE Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputada Polledo, ¿acompaña el dictamen?
SRA. POLLEDO No acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Ponce, ¿acompaña el dictamen?
SR. PONCE Con alegría, acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Romero (J.A.), ¿acompaña el dictamen?
SR. ROMERO (J.A.) Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Romero (V.H.), ¿acompaña el dictamen?
SR. ROMERO (V.H.) Acompaño el dictamen con disidencia, señor secretario. No he podido hablar, pero quiero dejar asentado que la disidencia es por no haber incluido los departamentos de Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Punilla y San Alberto, en Córdoba, dado que tienen las mismas características de otros departamentos de la provincia.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputada Rosso, ¿acompaña el dictamen?
SRA. ROSSO Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Sartori, ¿acompaña el dictamen?
SR. SARTORI Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Torello, ¿acompaña el dictamen?
SR. TORELLO No acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputada Vallejos, ¿acompaña el dictamen?
SRA. VALLEJOS Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Diputado Vivero, ¿acompaña el dictamen?
SR. VIVERO Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) No me queda ninguno para consultar, porque el diputado Casas manifestó su acompañamiento. Quedaría pendiente saber si el señor diputado Cano se pudo loguear.
SR. CANO Sí, me pude loguear, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Perfecto. Entonces, señor diputado Cano, ¿acompaña el dictamen?
SR. CANO Acompaño el dictamen, señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Los señores diputados que manifestaron su acompañamiento previamente ya están anotados. Me refiero a los diputados Cassaretto, Amaya, Bertone, Cleri, Félix, Gioja, Leito, Rizzotti, Romero, Schlereth y Suárez Lastra.
SR. PRESIDENTE HELLER ¿Los secretarios podrían hacernos conocer el resultado?
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Señor presidente: en unos segundos podremos decirlo. Si quiere continuar con la reunión, en breve, lo manifestamos.
SR. PRESIDENTE HELLER Perfecto. Si el señor diputado Félix está de acuerdo puede hacer uso de la palabra uno de los señores diputados que están anotados en la lista de oradores y cuando tengan el resultado, nos lo dan a conocer; así no perdemos tiempo.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Me parece perfecto, señor presidente.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Está bien.
Tiene la palabra el señor diputado Rizzotti, según el orden de la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor diputado Rizzotti, según el orden de la lista de oradores.
SR. MENNA Señor presidente: solicito una interrupción, porque estoy con problemas de conectividad.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Señor diputado Rizzotti: el señor diputado Menna le solicita una interrupción, ¿se la concede?
SR. RIZZOTTI Sí, señor presidente.
SR. MENNA Señor presidente: simplemente quiero aclarar que acompaño la disidencia parcial, como la diputada Latorre.
SR. PRESIDENTE FÉLIX De acuerdo, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Rizzotti.
Tiene la palabra el señor diputado Rizzotti.
SR. BERHONGARAY Señor presidente: solicito una interrupción.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Señor diputado Rizzotti: el señor diputado Berhongaray le solicita una interrupción, ¿se la concede?
SR. RIZZOTTI Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Berhongaray.
SR. BERHONGARAY Señor presidente: yo también estoy con problemas de conectividad. Asenté en el chat el acompañamiento al dictamen y quiero chequear que ha sido registrado.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Queda registrada su intención de voto, señor diputado Berhongaray.
SR. Disculpe, señor diputado. Tiene que expresarla a viva voz. No podemos registrarla por chat.
SR. PRESIDENTE HELLER Que la exprese a viva voz.
SR. BERHONGARAY Lo acabo de hacer, entonces.
SR. Señor diputado Berhongaray, ¿acompaña con o sin disidencia?
SR. BERHONGARAY Acompaño sin disidencia.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Rizzotti.
SR. RIZOTTI Señor presidente: en realidad, lo que voy a decir ahora me hubiera gustado expresarlo antes de los acompañamientos al dictamen. Nosotros acompañamos en general porque nos parece que para la provincia de Jujuy es muy importante, por la situación particular de nuestra geografía y de nuestro clima.
De todos modos, hay cuestiones que quiero que se aclaren en el dictamen, para que no tengamos dudas o confusiones al respecto.
Nosotros hemos presentado una iniciativa, de la cual soy autor -contenida en el expediente 2149-d-2021-, por medio de la cual pedimos que se incorporen a este beneficio las zonas de la Puna y de la Quebrada de Humahuaca, que pertenecen a nuestra provincia.
En relación con el mapa que acompaña el proyecto original, según la norma IRAM 11603 la zona de la Quebrada de Humahuaca está comprendida dentro de la zona IV a, además de la zona de la Puna. Allí, a los departamentos de la Puna que están identificados, como los departamentos de Sucre, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochinoca, a fin de que sean beneficiarios de la aplicación de esta reducción en la tarifa por parte de Enargas, también se suman las localidades de Tilcara y Humahuaca, que son parte del Departamento de Humahuaca, conocido como la zona de la Quebrada.
Si bien en el artículo 3° de la norma que hoy estamos despachando se tiene en cuenta que la reducción de la tarifa no va a ser modificada, nos parece importante que quede constancia en forma clara de que para estos departamentos que pertenecen a la Quebrada de Humahuaca -es decir, los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, que hoy tienen el beneficio, a pesar de no estar dentro de la región de la Puna- igualmente se sostenga el beneficio.
Cuando vemos el nuevo mapa que viene en el despacho, esta zona está considerada como Zona III b, es decir que no tendría el beneficio. Asimismo, dentro de la clasificación de las normas IRAM corresponde a III b, al igual que la Quebrada de Humahuaca, la ciudad de Buenos Aires.
La verdad es que no creo válida la crítica técnica hacia la norma IRAM, pero obviamente que hay una diferencia muy clara. Por ejemplo, en el departamento de Humahuaca, en la localidad de Tres Cruces, en el mes de junio tenemos una amplitud térmica muy grande. Durante el día -por ejemplo, a las 3 de la tarde- pueden llegar a registrarse temperaturas de entre 3 y 15 grados, y a las 7 de la mañana podemos llegar a tener 10 grados bajo cero, o incluso más frío. Esa temperatura puede incluso alcanzar los 12 o 13 grados bajo cero. Quienes realmente conocen la geografía y el clima de nuestra provincia, saben que está lejos de tener una similitud con lo que es hoy el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo tanto, lo que pretendo como diputado provincial en este acompañamiento es que quienes gozan hoy del beneficio, lo sigan teniendo. Pero, además de lo mencionado para los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, apoyamos la incorporación de nuevos pueblos a la red de gas, porque hay gasoducto. Sabemos que hay que hacer la planta reductora y las redes locales, pero queremos que en el futuro aquellos que se incorporen también tengan el beneficio de las tarifas, más allá de que hoy no lo tienen.
Lo mismo ocurre con las localidades de Caspalá y de Santa Ana, que pertenecen al Valle. Son dos localidades que están por encima de los 4.000 metros de altura y que obviamente en el invierno tienen temperaturas inferiores a los 15 o 20 grados bajo cero durante la noche. Por lo tanto, queremos que el mapa que hoy se encuentra en la clasificación de Enargas tome a la región de la Quebrada de Humahuaca de igual manera en que toma a la Puna de alta montaña, porque dicha región reúne las mismas características, pero tiene una definición geográfica distinta. Eso es todo, señor presidente.
De todos modos, hay cuestiones que quiero que se aclaren en el dictamen, para que no tengamos dudas o confusiones al respecto.
Nosotros hemos presentado una iniciativa, de la cual soy autor -contenida en el expediente 2149-d-2021-, por medio de la cual pedimos que se incorporen a este beneficio las zonas de la Puna y de la Quebrada de Humahuaca, que pertenecen a nuestra provincia.
En relación con el mapa que acompaña el proyecto original, según la norma IRAM 11603 la zona de la Quebrada de Humahuaca está comprendida dentro de la zona IV a, además de la zona de la Puna. Allí, a los departamentos de la Puna que están identificados, como los departamentos de Sucre, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochinoca, a fin de que sean beneficiarios de la aplicación de esta reducción en la tarifa por parte de Enargas, también se suman las localidades de Tilcara y Humahuaca, que son parte del Departamento de Humahuaca, conocido como la zona de la Quebrada.
Si bien en el artículo 3° de la norma que hoy estamos despachando se tiene en cuenta que la reducción de la tarifa no va a ser modificada, nos parece importante que quede constancia en forma clara de que para estos departamentos que pertenecen a la Quebrada de Humahuaca -es decir, los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, que hoy tienen el beneficio, a pesar de no estar dentro de la región de la Puna- igualmente se sostenga el beneficio.
Cuando vemos el nuevo mapa que viene en el despacho, esta zona está considerada como Zona III b, es decir que no tendría el beneficio. Asimismo, dentro de la clasificación de las normas IRAM corresponde a III b, al igual que la Quebrada de Humahuaca, la ciudad de Buenos Aires.
La verdad es que no creo válida la crítica técnica hacia la norma IRAM, pero obviamente que hay una diferencia muy clara. Por ejemplo, en el departamento de Humahuaca, en la localidad de Tres Cruces, en el mes de junio tenemos una amplitud térmica muy grande. Durante el día -por ejemplo, a las 3 de la tarde- pueden llegar a registrarse temperaturas de entre 3 y 15 grados, y a las 7 de la mañana podemos llegar a tener 10 grados bajo cero, o incluso más frío. Esa temperatura puede incluso alcanzar los 12 o 13 grados bajo cero. Quienes realmente conocen la geografía y el clima de nuestra provincia, saben que está lejos de tener una similitud con lo que es hoy el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo tanto, lo que pretendo como diputado provincial en este acompañamiento es que quienes gozan hoy del beneficio, lo sigan teniendo. Pero, además de lo mencionado para los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, apoyamos la incorporación de nuevos pueblos a la red de gas, porque hay gasoducto. Sabemos que hay que hacer la planta reductora y las redes locales, pero queremos que en el futuro aquellos que se incorporen también tengan el beneficio de las tarifas, más allá de que hoy no lo tienen.
Lo mismo ocurre con las localidades de Caspalá y de Santa Ana, que pertenecen al Valle. Son dos localidades que están por encima de los 4.000 metros de altura y que obviamente en el invierno tienen temperaturas inferiores a los 15 o 20 grados bajo cero durante la noche. Por lo tanto, queremos que el mapa que hoy se encuentra en la clasificación de Enargas tome a la región de la Quebrada de Humahuaca de igual manera en que toma a la Puna de alta montaña, porque dicha región reúne las mismas características, pero tiene una definición geográfica distinta. Eso es todo, señor presidente.
SR. PRESIDENTE FELIX Tiene la palabra el señor diputado Ponce.
SR. PONCE Brevemente quiero hacer una aclaración al diputado Riccardo, quien se había referido a la situación de San Luis, cuestión que ya se había aclarado en la reunión anterior. En ese momento planteé que para mí había que modificar el texto, pero ya había sido modificado, y se entendió perfectamente que se incluía a toda la provincia de San Luis o, por lo menos, en lo que hace a la región o a la zona III a.
Con respecto a la situación de aquellos que pueden pagar la tarifa pero que están incorporados dentro de la zona correspondiente y van a tener ese beneficio, es cierto lo que dijo el diputado Ramón. Más allá de cualquier cambio que pueda haber o que se proponga en el futuro, está contemplada en la misma norma la posibilidad de desistir del beneficio por parte de aquellos que en forma solidaria quieran hacerlo. Por lo tanto, todos aquellos que quieran solidariamente hacerlo, pueden optar por ello. En esto creo que no hay ninguna duda.
Por supuesto que me siento tocado por todo lo que se ha dicho acá en relación con este proyecto, pero creo que tiene una buena intencionalidad. Sabemos que estamos en pandemia. Además, sabemos que el dinero que los beneficiarios puedan ahorrar en cuanto al tema de la garrafa de gas será destinado a mejorar su economía, el comercio y el movimiento atinente al almacén del barrio, porque acá estamos hablando de familias que tienen dificultades económicas, a las que se suma la pandemia, que por supuesto ha agravado mucho más su situación.
También sabemos que estos beneficiarios no son los que atesoran dólares. Es decir, no son personas pudientes o empresas que cuando ahorran dinero gracias a este tipo de beneficios, o a bajas de retenciones o de impuestos, lo vuelcan a la fuga de capitales o a la compra de dólares. En este caso, estamos hablando de que dicho beneficio va a ser también un motor para el movimiento de la economía.
Yo estoy muy contento, porque en la provincia de San Luis los beneficiarios de la red son más de 90.000, a los que se suma lo que pueda impactar en cuanto al tema de las garrafas. Creo que esta iniciativa es muy buena para mi provincia, pero también lo es, por supuesto, para toda la Argentina. Así que estoy muy satisfecho con este proyecto. Ojalá que podamos sancionarlo.
Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho para saludar a todas y a todos los diputados.
Con respecto a la situación de aquellos que pueden pagar la tarifa pero que están incorporados dentro de la zona correspondiente y van a tener ese beneficio, es cierto lo que dijo el diputado Ramón. Más allá de cualquier cambio que pueda haber o que se proponga en el futuro, está contemplada en la misma norma la posibilidad de desistir del beneficio por parte de aquellos que en forma solidaria quieran hacerlo. Por lo tanto, todos aquellos que quieran solidariamente hacerlo, pueden optar por ello. En esto creo que no hay ninguna duda.
Por supuesto que me siento tocado por todo lo que se ha dicho acá en relación con este proyecto, pero creo que tiene una buena intencionalidad. Sabemos que estamos en pandemia. Además, sabemos que el dinero que los beneficiarios puedan ahorrar en cuanto al tema de la garrafa de gas será destinado a mejorar su economía, el comercio y el movimiento atinente al almacén del barrio, porque acá estamos hablando de familias que tienen dificultades económicas, a las que se suma la pandemia, que por supuesto ha agravado mucho más su situación.
También sabemos que estos beneficiarios no son los que atesoran dólares. Es decir, no son personas pudientes o empresas que cuando ahorran dinero gracias a este tipo de beneficios, o a bajas de retenciones o de impuestos, lo vuelcan a la fuga de capitales o a la compra de dólares. En este caso, estamos hablando de que dicho beneficio va a ser también un motor para el movimiento de la economía.
Yo estoy muy contento, porque en la provincia de San Luis los beneficiarios de la red son más de 90.000, a los que se suma lo que pueda impactar en cuanto al tema de las garrafas. Creo que esta iniciativa es muy buena para mi provincia, pero también lo es, por supuesto, para toda la Argentina. Así que estoy muy satisfecho con este proyecto. Ojalá que podamos sancionarlo.
Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho para saludar a todas y a todos los diputados.
SR. PRESIDENTE FELIX Gracias, señor diputado.
Antes de dar la palabra al próximo orador, quisiera que nos informen por medio de las Secretarías de ambas comisiones el resultado de la adhesión a los proyectos.
Antes de dar la palabra al próximo orador, quisiera que nos informen por medio de las Secretarías de ambas comisiones el resultado de la adhesión a los proyectos.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Señor presidente: si le parece, le paso los resultados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tenemos 34 acompañamientos con 5 disidencias, sobre un total de 44 presentes y 5 ausentes.
Tenemos 34 acompañamientos con 5 disidencias, sobre un total de 44 presentes y 5 ausentes.
SR. PRESIDENTE FELIX Gracias, Ariel.
Creo que la secretaria de nuestra comisión tiene algunos problemas de conexión en este momento. Iremos avanzando con el próximo orador hasta que podamos conectarnos nuevamente con ella.
Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
Creo que la secretaria de nuestra comisión tiene algunos problemas de conexión en este momento. Iremos avanzando con el próximo orador hasta que podamos conectarnos nuevamente con ella.
Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente quiero fundamentar los motivos del no acompañamiento al dictamen en tratamiento en este plenario de comisiones.
En verdad, hasta antes de comenzar la reunión, venía dispuesto a apoyar con disidencia parcial el proyecto o el predictamen que conocía. Luego de iniciado este plenario, nos encontramos con un proyecto diferente, que en algunas cuestiones es un tanto confuso; habría que estar auxiliándose con un mapa para comprenderlo.
Esto confundió a muchos diputados que venían trabajando en este proyecto muy de cerca, y bien lo expresó, por ejemplo, el señor diputado Riccardo. Después hubo una aclaración por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero evidentemente, al encontrarnos con un proyecto diferente -esto también lo expresó el señor diputado Menna al señalar que pareciera que se trata de otra iniciativa-, responsablemente no puedo acompañar sin antes conocer en profundidad de qué se trata la iniciativa y si satisface o no los requerimientos de varios pares de diferentes bancadas que han trabajado mucho en este tema, especialmente mis colegas de bloque. Ellos se encuentran de golpe con un dictamen que no conocíamos y que tiene diferencias con el anterior. Esta es una de las razones por las que no acompaño el dictamen.
La otra razón que deseo expresar, y quiero que se entienda bien lo que digo, es a modo de protesta. Provengo de la provincia de Misiones. Hoy, por ejemplo, hace frío en Misiones; se registra una temperatura de apenas poco más de 20 grados.
Hoy se hablaba de una temperatura de confort, que generaba la justificación de este subsidio, de entre 18 y 21 grados, según se la tomara en tal o cual lugar.
En Misiones el verano dura mucho más que los tres meses que marca el calendario y tenemos temperaturas por encima de los 30 grados, con picos que están por encima de los 40 grados durante varios días o varias semanas al año.
Sin embargo, resulta que los subsidios a los consumos, que permiten tener una temperatura confortable para poder vivir, valen para los que soportan el frío pero no valen para los que soportamos el calor, que por ser distinto y diferente parece que no justifica ningún tipo de subsidio.
El presidente de la Nación tenía prevista una reunión para el 30 de abril con los gobernadores de las provincias del NOA y del NEA -el Norte Grande-, en puerto Iguazú, donde supuestamente se iba a anunciar una rebaja de las tarifas de energía eléctrica para toda la región del Norte Grande, es decir, para el NEA y el NOA.
Lamentablemente esa reunión no se pudo hacer por el fallecimiento del ministro Meoni y se postergó para la primera semana de mayo, pero esa reunión también fue suspendida porque el presidente tenía que viajar a Europa a los pocos días.
Estamos casi promediando junio y no hay noticia de cuándo se va a llevar a cabo dicha reunión. Mientras tanto, en el NEA y el NOA, aunque yo hablo por Misiones, seguimos pagando una de las tarifas de energía eléctrica más caras del país.
No tenemos gas natural, no tenemos redes y no sabemos cuándo lo vamos a tener a pesar de las diferentes promesas. Lo del gas en Misiones está muy verde, y en Corrientes también. Entonces, resulta que en la provincia estamos pagando casi 800 pesos por una garrafa de 10 kilos puesta en el domicilio y entre 5.000 y 6.000 pesos el cilindro de 45 kilos.
Como dijo hoy Facundo Suárez Lastra, parece que los pobres del norte del país tenemos que subsidiar a las regiones más ricas del país por el frío, pero nadie se acuerda de que nosotros dependemos de garrafas que cuestan esta friolera de plata que les comentaba recién o de energía eléctrica con una de las tarifas más altas del país.
Las promesas se siguen acumulando, las reuniones nunca se hacen, las soluciones tampoco llegan y Misiones sigue siendo discriminada, como lo fue cuando en ocasión de sancionar el presupuesto nacional se aprobó un artículo que establecía la posibilidad de instalar una zona franca aduanera especial en la provincia. El presidente Alberto Fernández, en Posadas, comprometía su apoyo para esa decisión el mismo día que dictaminábamos sobre el proyecto de presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, pocos días después de haberse aprobado el presupuesto, el mismo presidente termina vetando ese artículo en la ley.
Los misioneros seguimos siendo discriminados desde todo punto de vista, también en materia energética y en los costos que debemos soportar por vivir a mil kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el centro del poder.
Por ese motivo, señor presidente, y a modo de protesta por la discriminación de las provincias calurosas del norte, y por este cambio en la redacción que no termino de comprender debidamente en este momento -lo estudiaré mejor después-, no he acompañado el dictamen presentado por la mayoría.
En verdad, hasta antes de comenzar la reunión, venía dispuesto a apoyar con disidencia parcial el proyecto o el predictamen que conocía. Luego de iniciado este plenario, nos encontramos con un proyecto diferente, que en algunas cuestiones es un tanto confuso; habría que estar auxiliándose con un mapa para comprenderlo.
Esto confundió a muchos diputados que venían trabajando en este proyecto muy de cerca, y bien lo expresó, por ejemplo, el señor diputado Riccardo. Después hubo una aclaración por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero evidentemente, al encontrarnos con un proyecto diferente -esto también lo expresó el señor diputado Menna al señalar que pareciera que se trata de otra iniciativa-, responsablemente no puedo acompañar sin antes conocer en profundidad de qué se trata la iniciativa y si satisface o no los requerimientos de varios pares de diferentes bancadas que han trabajado mucho en este tema, especialmente mis colegas de bloque. Ellos se encuentran de golpe con un dictamen que no conocíamos y que tiene diferencias con el anterior. Esta es una de las razones por las que no acompaño el dictamen.
La otra razón que deseo expresar, y quiero que se entienda bien lo que digo, es a modo de protesta. Provengo de la provincia de Misiones. Hoy, por ejemplo, hace frío en Misiones; se registra una temperatura de apenas poco más de 20 grados.
Hoy se hablaba de una temperatura de confort, que generaba la justificación de este subsidio, de entre 18 y 21 grados, según se la tomara en tal o cual lugar.
En Misiones el verano dura mucho más que los tres meses que marca el calendario y tenemos temperaturas por encima de los 30 grados, con picos que están por encima de los 40 grados durante varios días o varias semanas al año.
Sin embargo, resulta que los subsidios a los consumos, que permiten tener una temperatura confortable para poder vivir, valen para los que soportan el frío pero no valen para los que soportamos el calor, que por ser distinto y diferente parece que no justifica ningún tipo de subsidio.
El presidente de la Nación tenía prevista una reunión para el 30 de abril con los gobernadores de las provincias del NOA y del NEA -el Norte Grande-, en puerto Iguazú, donde supuestamente se iba a anunciar una rebaja de las tarifas de energía eléctrica para toda la región del Norte Grande, es decir, para el NEA y el NOA.
Lamentablemente esa reunión no se pudo hacer por el fallecimiento del ministro Meoni y se postergó para la primera semana de mayo, pero esa reunión también fue suspendida porque el presidente tenía que viajar a Europa a los pocos días.
Estamos casi promediando junio y no hay noticia de cuándo se va a llevar a cabo dicha reunión. Mientras tanto, en el NEA y el NOA, aunque yo hablo por Misiones, seguimos pagando una de las tarifas de energía eléctrica más caras del país.
No tenemos gas natural, no tenemos redes y no sabemos cuándo lo vamos a tener a pesar de las diferentes promesas. Lo del gas en Misiones está muy verde, y en Corrientes también. Entonces, resulta que en la provincia estamos pagando casi 800 pesos por una garrafa de 10 kilos puesta en el domicilio y entre 5.000 y 6.000 pesos el cilindro de 45 kilos.
Como dijo hoy Facundo Suárez Lastra, parece que los pobres del norte del país tenemos que subsidiar a las regiones más ricas del país por el frío, pero nadie se acuerda de que nosotros dependemos de garrafas que cuestan esta friolera de plata que les comentaba recién o de energía eléctrica con una de las tarifas más altas del país.
Las promesas se siguen acumulando, las reuniones nunca se hacen, las soluciones tampoco llegan y Misiones sigue siendo discriminada, como lo fue cuando en ocasión de sancionar el presupuesto nacional se aprobó un artículo que establecía la posibilidad de instalar una zona franca aduanera especial en la provincia. El presidente Alberto Fernández, en Posadas, comprometía su apoyo para esa decisión el mismo día que dictaminábamos sobre el proyecto de presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, pocos días después de haberse aprobado el presupuesto, el mismo presidente termina vetando ese artículo en la ley.
Los misioneros seguimos siendo discriminados desde todo punto de vista, también en materia energética y en los costos que debemos soportar por vivir a mil kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el centro del poder.
Por ese motivo, señor presidente, y a modo de protesta por la discriminación de las provincias calurosas del norte, y por este cambio en la redacción que no termino de comprender debidamente en este momento -lo estudiaré mejor después-, no he acompañado el dictamen presentado por la mayoría.
SR. PRESIDENTE FÉLIX La secretaria de la Comisión de
Energía y Combustibles ha tenido un problema de conectividad y está intentando conectarse nuevamente para poder informar sobre el resultado.
SR. Señor presidente: soy Gonzalo (Inaudible.). Si quiere, le puedo pasar el resultado yo. No tengo problema.
SR. Han acompañado el dictamen veintinueve señores diputados y hubo siete disidencias.
El diputado Fernández Langan envió un mail al correo oficial de la comisión pidiendo que se retire la disidencia que había expresado a viva voz.
Por ende, el dictamen tiene veintinueve acompañamientos, de los cuales siete son con disidencias.
El diputado Fernández Langan envió un mail al correo oficial de la comisión pidiendo que se retire la disidencia que había expresado a viva voz.
Por ende, el dictamen tiene veintinueve acompañamientos, de los cuales siete son con disidencias.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor diputado Romero.
Tiene la palabra el señor diputado Romero.
SR. ROMERO Señor presidente: voy a ser muy breve.
En primer lugar, quiero plantear la misma inquietud que expresó el diputado Pastori en el sentido de que no hemos tenido tiempo de estudiar profundamente esta modificación.
También me preocupa que no se haya hecho un análisis profundo de la situación fiscal que genera esta decisión, entendiendo que el incremento del recargo para nada va a cubrir la ampliación de la zona. No he podido ver los números, pero en la reunión informativa de la comisión se hablaba de una situación neutra en cuanto a que el incremento del recargo iba a compensar la ampliación de los beneficios.
Aclarado esto, es cierto que esta ampliación de beneficios alcanza a más de 3.100.000 usuarios. Insisto, dejando a un lado el tema fiscal y el hecho de no haber podido analizar la política energética en su conjunto, que es un tema que este Congreso tiene que debatir de manera clara, definiendo la política energética, asociado también a la situación fiscal de la política energética, porque claramente hay antecedentes sobre las derivaciones de cómo impacta el incremento de subsidios -por congelamiento de tarifas- en el déficit fiscal, que se traduce en endeudamiento o en emisión monetaria. Y ya sabemos que esta última es la inflación que terminamos pagando todos.
La disidencia que planteé al momento de votar tiene que ver con la inclusión de algunas zonas a las cuales pertenezco. Más allá de la tendencia subjetiva que uno puede tener, porque soy un diputado del interior del interior del noroeste de la provincia de Córdoba -cerca de los límites con La Rioja, para que se ubiquen-, bajo ningún concepto voy a entrar en la irresponsabilidad de criticar la norma IRAM 11603.
Pero hay un tema puntual, que inclusive está aclarado en la norma. En esa época, en localidades pequeñas como la nuestra, donde el poder adquisitivo es muy bajo -somos de los actores más deprimidos de la provincia de Córdoba-, no había un registro climatológico que permitiera un análisis, y entonces quedamos incluidos en la zona aII. Si bien la ley establece futuras mediciones, tenemos el antecedente de no tener estaciones climatológicas que vayan midiendo. Por eso se nos genera esta dificultad al momento de aprobar esta ley.
Voy a dar un ejemplo muy concreto. En la provincia de Córdoba están las Sierras Chicas y las Sierras Grandes. Para que tengan una idea, de acuerdo con las normas IRAM se está aprobando la inclusión del departamento San Alberto, en Villa Dolores, que está cerca de San Luis. Como dijo el señor diputado Cassinerio, está incluida la zona aII, donde está el departamento San Alberto, que incluye a Mina Clavero y a Villa Cura Brochero; esta es una zona de sierras, muy fría. Sin embargo, los departamentos Pocho, Minas y Cruz del Eje, que están a unos pocos kilómetros y que claramente tienen problemas climatológicos, están excluidos en este nuevo régimen.
La verdad es que si bien no tenemos gas, pagamos garrafas, como dijo Pastori. Estas garrafas también serán alcanzadas por este recargo por lo que tendremos un incremento en el costo, generándose una injusticia ya que somos una de las zonas postergadas.
En Córdoba la energía es cara y lo es mucho más cuando se depende de cooperativas ya que hay un sobrecargo en la tarifa de la energía provincial. Esto nos posterga aún más.
Reitero, nuestra zona necesita un desarrollo regional. Indudablemente tenemos la energía más cara y ahora, además, tendremos un gas más caro sin la posibilidad de obtener un beneficio.
Claramente estas desigualdades -sobre las que se habló mucho esta tarde- se generan y profundizan en nuestra zona y ese es el motivo de nuestra disidencia con respecto a este proyecto. Ojalá que en las próximas mediciones o en el próximo análisis se incluya esta región. Se trata de una zona muy poco poblada, con muy pocos usuarios, que se queda afuera por no tener estaciones climatológicas ni diferencias climáticas profundas con distintas temperaturas.
En ese sentido, me parece que sería bueno que en el transcurso del debate de este proyecto de ley se prevea alguna cláusula que permita una ampliación y la incorporación de esta zona.
Básicamente estoy hablando de los departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y, otro que ustedes también conocen, Punilla. Este último departamento es turístico ya que, justamente, comprende las sierras de Córdoba.
De esta forma, estos departamentos estarán afrontando un mayor costo en la tarifa sin obtener beneficios, especialmente en el caso de las zonas turísticas que, producto de la pandemia, están pasando una situación difícil.
Por eso, como representante de Córdoba, estoy contento por los departamentos que se incorporan con esta iniciativa, a la que acompaño en disidencia puesto que no se incluyeron estas otras zonas que tienen características similares desde el punto de vista climatológico y también necesitan gozar de tales beneficios. Muchas gracias.
En primer lugar, quiero plantear la misma inquietud que expresó el diputado Pastori en el sentido de que no hemos tenido tiempo de estudiar profundamente esta modificación.
También me preocupa que no se haya hecho un análisis profundo de la situación fiscal que genera esta decisión, entendiendo que el incremento del recargo para nada va a cubrir la ampliación de la zona. No he podido ver los números, pero en la reunión informativa de la comisión se hablaba de una situación neutra en cuanto a que el incremento del recargo iba a compensar la ampliación de los beneficios.
Aclarado esto, es cierto que esta ampliación de beneficios alcanza a más de 3.100.000 usuarios. Insisto, dejando a un lado el tema fiscal y el hecho de no haber podido analizar la política energética en su conjunto, que es un tema que este Congreso tiene que debatir de manera clara, definiendo la política energética, asociado también a la situación fiscal de la política energética, porque claramente hay antecedentes sobre las derivaciones de cómo impacta el incremento de subsidios -por congelamiento de tarifas- en el déficit fiscal, que se traduce en endeudamiento o en emisión monetaria. Y ya sabemos que esta última es la inflación que terminamos pagando todos.
La disidencia que planteé al momento de votar tiene que ver con la inclusión de algunas zonas a las cuales pertenezco. Más allá de la tendencia subjetiva que uno puede tener, porque soy un diputado del interior del interior del noroeste de la provincia de Córdoba -cerca de los límites con La Rioja, para que se ubiquen-, bajo ningún concepto voy a entrar en la irresponsabilidad de criticar la norma IRAM 11603.
Pero hay un tema puntual, que inclusive está aclarado en la norma. En esa época, en localidades pequeñas como la nuestra, donde el poder adquisitivo es muy bajo -somos de los actores más deprimidos de la provincia de Córdoba-, no había un registro climatológico que permitiera un análisis, y entonces quedamos incluidos en la zona aII. Si bien la ley establece futuras mediciones, tenemos el antecedente de no tener estaciones climatológicas que vayan midiendo. Por eso se nos genera esta dificultad al momento de aprobar esta ley.
Voy a dar un ejemplo muy concreto. En la provincia de Córdoba están las Sierras Chicas y las Sierras Grandes. Para que tengan una idea, de acuerdo con las normas IRAM se está aprobando la inclusión del departamento San Alberto, en Villa Dolores, que está cerca de San Luis. Como dijo el señor diputado Cassinerio, está incluida la zona aII, donde está el departamento San Alberto, que incluye a Mina Clavero y a Villa Cura Brochero; esta es una zona de sierras, muy fría. Sin embargo, los departamentos Pocho, Minas y Cruz del Eje, que están a unos pocos kilómetros y que claramente tienen problemas climatológicos, están excluidos en este nuevo régimen.
La verdad es que si bien no tenemos gas, pagamos garrafas, como dijo Pastori. Estas garrafas también serán alcanzadas por este recargo por lo que tendremos un incremento en el costo, generándose una injusticia ya que somos una de las zonas postergadas.
En Córdoba la energía es cara y lo es mucho más cuando se depende de cooperativas ya que hay un sobrecargo en la tarifa de la energía provincial. Esto nos posterga aún más.
Reitero, nuestra zona necesita un desarrollo regional. Indudablemente tenemos la energía más cara y ahora, además, tendremos un gas más caro sin la posibilidad de obtener un beneficio.
Claramente estas desigualdades -sobre las que se habló mucho esta tarde- se generan y profundizan en nuestra zona y ese es el motivo de nuestra disidencia con respecto a este proyecto. Ojalá que en las próximas mediciones o en el próximo análisis se incluya esta región. Se trata de una zona muy poco poblada, con muy pocos usuarios, que se queda afuera por no tener estaciones climatológicas ni diferencias climáticas profundas con distintas temperaturas.
En ese sentido, me parece que sería bueno que en el transcurso del debate de este proyecto de ley se prevea alguna cláusula que permita una ampliación y la incorporación de esta zona.
Básicamente estoy hablando de los departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y, otro que ustedes también conocen, Punilla. Este último departamento es turístico ya que, justamente, comprende las sierras de Córdoba.
De esta forma, estos departamentos estarán afrontando un mayor costo en la tarifa sin obtener beneficios, especialmente en el caso de las zonas turísticas que, producto de la pandemia, están pasando una situación difícil.
Por eso, como representante de Córdoba, estoy contento por los departamentos que se incorporan con esta iniciativa, a la que acompaño en disidencia puesto que no se incluyeron estas otras zonas que tienen características similares desde el punto de vista climatológico y también necesitan gozar de tales beneficios. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Rodríguez.
SR. RODRÍGUEZ Señor presidente: quiero agradecerle a usted y al señor diputado Heller. Seré muy breve.
Durante buena parte de esta tarde se ha hecho referencia al concepto de mercado. Obviamente con el máximo respeto hacia todas las opiniones, quiero decir que hay algunos temas que no son opinables.
La literatura económica y la práctica de administración de los servicios de provisión de gas domiciliario -es decir, del servicio de gas distribuido a usuarios residenciales- en la Argentina y en todo el mundo configura la típica situación de falla de mercado. Esta es una realidad evidente y de comprobación empírica -no sólo teórica- que es corroborada y sostenida por todos los libros y estudios de economía del mundo.
Por esta razón, tratándose de una configuración de falla de mercado -igual que los bienes públicos, las externalidades positivas o negativas, los mercados incompletos y las asimetrías de información-, requiere de un esfuerzo activo por parte de los gobiernos para formular políticas que tiendan a generar equilibrio ya que si funcionara la libre oferta y demanda sería peor para la sociedad en su conjunto.
En este caso se configura lo que la economía denomina economía creciente de escala. Es por ello que es muy importante el rol de los gobiernos para poner los equilibrios necesarios de manera activa, sana y constructiva.
En los últimos diecinueve años -desde el año 2002- la Argentina ha mantenido una política de compensación respecto de algunas zonas frías o muy frías del país para generar un equilibrio. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos visto que este instrumento claramente ha resultado insuficiente.
Con este proyecto de ley, que claramente ha sido aprobado con el dictamen de estas dos comisiones, se logrará más justicia y más equilibrio.
Por un lado, esto se dará desde el punto de vista de la filosofía del federalismo en la Argentina. Si este proyecto de ley recibe el apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado, será un instrumento más federal. Se habrá federalizado la compensación como debería haber ocurrido hace ya casi veinte años. A su vez, será un instrumento de compensación mucho más justo también territorialmente y socialmente.
Por otro lado, y esto tampoco es materia de opinión sino de trabajo experto, este proyecto toma el criterio de definición de zonas bioambientales atadas a las normas que pone en práctica y que periódicamente actualiza el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Es por ello que el resultado termina siendo lo que la aplicación de esas normas indica. Por lo tanto, no hay ningún margen -como no lo ha habido en este proyecto- para que un criterio político desnaturalice la aplicación de la norma.
En mi provincia -la provincia de Buenos Aires- la aplicación de los criterios que establecen las normas IRAM del Instituto de Normalización y Certificación arroja como resultado que se extenderá el beneficio a una determinada cantidad de usuarios de gas residencial. El 80 por ciento de estos usuarios viven, trabajan, sueñan, sufren y miran con esperanza el futuro. El 80 por ciento de esos municipios se encuentran gobernados por Juntos por el Cambio.
Esto también ha quedado de manifiesto en la provincia de Buenos Aires con el consenso y el apoyo activo de intendentes y concejales de Juntos por el Cambio, quienes junto con otras fuerzas políticas han venido sosteniendo y reclamando sistemáticamente la aprobación de un proyecto de esta naturaleza.
Por lo tanto, en el caso de la provincia de Buenos Aires, claramente la aplicación de criterios técnicos no se ha visto afectada por ningún nivel de criterio político o partidario.
Finalmente, hay que destacar que este proyecto es fiscalmente muy responsable. La aplicación de la extensión del beneficio a usuarios que legítimamente lo necesitan no implica ni un centavo adicional del presupuesto nacional. Incluso, pienso que en algún momento deberíamos reflexionar acerca del motivo por el cual el fondo de compensación de tarifas de usuarios de gas residenciales de zonas frías tenía excedentes en el pasado reciente. ¿Por qué sobraban miles de millones de pesos al año sin ser aplicados a la compensación? Eso significa ineficiencia económica e injusticia social.
Ojalá que mañana podamos tener un debate constructivo como el que se ha dado aquí y que este proyecto de ley también pueda ser aprobado pronto en el Senado de la Nación.
Quiero agradecer a la diputada Liliana Schwindt y al diputado José Luis Ramón; también al presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, por su apoyo.
Durante buena parte de esta tarde se ha hecho referencia al concepto de mercado. Obviamente con el máximo respeto hacia todas las opiniones, quiero decir que hay algunos temas que no son opinables.
La literatura económica y la práctica de administración de los servicios de provisión de gas domiciliario -es decir, del servicio de gas distribuido a usuarios residenciales- en la Argentina y en todo el mundo configura la típica situación de falla de mercado. Esta es una realidad evidente y de comprobación empírica -no sólo teórica- que es corroborada y sostenida por todos los libros y estudios de economía del mundo.
Por esta razón, tratándose de una configuración de falla de mercado -igual que los bienes públicos, las externalidades positivas o negativas, los mercados incompletos y las asimetrías de información-, requiere de un esfuerzo activo por parte de los gobiernos para formular políticas que tiendan a generar equilibrio ya que si funcionara la libre oferta y demanda sería peor para la sociedad en su conjunto.
En este caso se configura lo que la economía denomina economía creciente de escala. Es por ello que es muy importante el rol de los gobiernos para poner los equilibrios necesarios de manera activa, sana y constructiva.
En los últimos diecinueve años -desde el año 2002- la Argentina ha mantenido una política de compensación respecto de algunas zonas frías o muy frías del país para generar un equilibrio. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos visto que este instrumento claramente ha resultado insuficiente.
Con este proyecto de ley, que claramente ha sido aprobado con el dictamen de estas dos comisiones, se logrará más justicia y más equilibrio.
Por un lado, esto se dará desde el punto de vista de la filosofía del federalismo en la Argentina. Si este proyecto de ley recibe el apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado, será un instrumento más federal. Se habrá federalizado la compensación como debería haber ocurrido hace ya casi veinte años. A su vez, será un instrumento de compensación mucho más justo también territorialmente y socialmente.
Por otro lado, y esto tampoco es materia de opinión sino de trabajo experto, este proyecto toma el criterio de definición de zonas bioambientales atadas a las normas que pone en práctica y que periódicamente actualiza el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Es por ello que el resultado termina siendo lo que la aplicación de esas normas indica. Por lo tanto, no hay ningún margen -como no lo ha habido en este proyecto- para que un criterio político desnaturalice la aplicación de la norma.
En mi provincia -la provincia de Buenos Aires- la aplicación de los criterios que establecen las normas IRAM del Instituto de Normalización y Certificación arroja como resultado que se extenderá el beneficio a una determinada cantidad de usuarios de gas residencial. El 80 por ciento de estos usuarios viven, trabajan, sueñan, sufren y miran con esperanza el futuro. El 80 por ciento de esos municipios se encuentran gobernados por Juntos por el Cambio.
Esto también ha quedado de manifiesto en la provincia de Buenos Aires con el consenso y el apoyo activo de intendentes y concejales de Juntos por el Cambio, quienes junto con otras fuerzas políticas han venido sosteniendo y reclamando sistemáticamente la aprobación de un proyecto de esta naturaleza.
Por lo tanto, en el caso de la provincia de Buenos Aires, claramente la aplicación de criterios técnicos no se ha visto afectada por ningún nivel de criterio político o partidario.
Finalmente, hay que destacar que este proyecto es fiscalmente muy responsable. La aplicación de la extensión del beneficio a usuarios que legítimamente lo necesitan no implica ni un centavo adicional del presupuesto nacional. Incluso, pienso que en algún momento deberíamos reflexionar acerca del motivo por el cual el fondo de compensación de tarifas de usuarios de gas residenciales de zonas frías tenía excedentes en el pasado reciente. ¿Por qué sobraban miles de millones de pesos al año sin ser aplicados a la compensación? Eso significa ineficiencia económica e injusticia social.
Ojalá que mañana podamos tener un debate constructivo como el que se ha dado aquí y que este proyecto de ley también pueda ser aprobado pronto en el Senado de la Nación.
Quiero agradecer a la diputada Liliana Schwindt y al diputado José Luis Ramón; también al presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, por su apoyo.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández.
SR. FERNÁNDEZ (E.) Señor presidente: seré breve al igual que los diputados preopinantes.
En primer lugar, si bien ya tenemos dictamen, quiero hacer un llamado a la responsabilidad de todos los diputados que representan distintas localidades, pueblos y provincias, en el tratamiento de este proyecto de ley.
El diputado Carlos Heller mencionó los fundamentos supuestamente económicos para oponerse a esta iniciativa, pero ahora no los podemos explicar, lo haremos en la sesión.
Por otro lado, rechazo enfáticamente esta idea de que es una ley improvisada. Esta es una ley largamente pedida. En mi provincia, los defensores del Pueblo de Villa María y de Río Cuarto presentaron el reclamo muchas veces al Enargas, porque, como dijo el diputado preopinante, la ley 25.565 de 2002 estableció una calificación en su momento -seguramente los diputados y senadores habrán entendido que era necesario hacerlo- que dejó en desigualdad de condiciones a muchísimos argentinos y argentinas.
Esta ley viene a poner remedio a esto. Somos conscientes, porque se repite cada vez que tratamos un proyecto de ley, de que hace falta considerar integralmente el tema de las tarifas. El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles sabe que estamos en esa tarea. Además, cuando nos visitó el licenciado Federico Bernal, también explicó que estamos en la tarea de lograr cuadros tarifarios más justos. Lo que no podemos hacer es permitir que subsistan las desigualdades y usar ciertos argumentos. El diputado que me precedió en el uso de la palabra claramente ha dicho que este fondo ha sido superavitario. Ya que se dijeron algunas cosas al respecto, quisiera preguntar cuáles fueron los resultados en gestionas pasadas del Enargas por haber aumentado el porcentaje de ese fondo. Hay un informe anual que tiene un cuadro con varios ítems. El capítulo VII dice cuál ha sido el resultado patrimonial de las concesionarias de distribución.
Entonces, hubo una clara desigualdad, porque los argentinos y las argentinas pagaron tarifas y aumentos increíbles. Tengo los datos de 2018, año en que las empresas triplicaron su patrimonio. Y no hubo construcción de redes, exploración ni ninguna de las tormentas que decían que iban a venir porque nosotros queríamos poner un poco de justicia a todo esto. Yo pertenezco al Frente de Todos, que ha puesto a los hombres y mujeres de nuestra patria en el centro. Nosotros no tenemos libretitas. No estamos gobernando para solucionar algunos problemas coyunturales. El pueblo argentino nos eligió y nos dio esta responsabilidad para apagar un incendio. Lo que pasa es que otros ya se habían gastado el agua. En este marco, se habla de subsidios, pero el subsidio más grande que ha habido y que todavía subsiste es el del endeudamiento externo que tenemos que pagar todos.
Hago un llamado para que discutamos este tema. Podemos discutir todas las cuestiones desde las diferencias políticas que tenemos. Comparto la preocupación de los colegas diputados de mi provincia, Córdoba, tanto de Hugo Romero como de Paulo Cassinerio.
Hubo que adoptar un criterio. Yo pregunté y me tuve que poner a estudiar, mientras que Liliana lo venía haciendo desde hacía tiempo. Hemos hecho muchas consultas porque nuestro bloque tiene integrantes de todas las provincias: San Luis, La Rioja, Jujuy, etcétera. Por supuesto que había que adoptar un criterio que tuviera fundamentos científicos y técnicos. En este sentido, las isocurvas ambientales eran lo único que nos permitía avanzar. Como ha dicho Hugo Romero, puede pasar que, como en mi provincia, no haya estaciones meteorológicas para medir la temperatura. Pero había que adoptar un criterio. Ya viene el invierno y estamos en medio de una pandemia. Vamos a hacer lo imposible para que nuestros hogares tengan la temperatura promedio que necesitan.
Entendemos que hay muchas diferencias. Pero hay que construir más gasoductos. En eso también tiene que ver cada provincia. Mi provincia también expresa esto. La construcción de la red troncal demoró muchísimo porque se prefirió hacer otras obras. Pero en Córdoba va a haber más de 650.000 usuarios de redes de gas que van a tener la posibilidad de contar con una energía más barata. La energía más barata significa más recursos para comer en el medio de la pandemia, porque en esta puja distributiva las diferencias más grandes las están teniendo algunos sectores empresarios que no conjugan la palabra "solidaridad".
Ya hemos votado y tenemos un dictamen, pero llamo a los colegas para que entre todos le digamos al pueblo argentino que estamos pensando en él y no en posturas ideológicas que solo tratan de justificar cómo van a oponerse. Yo sé que en este juego de la democracia puedo quedar como alguien inocente al plantear esto. Pero nosotros debemos resolver rápidamente cuestiones que este proyecto de ley, que es perfectible, va a tener que solucionar en mi provincia y en otras provincias. Hagámoslo, diputados. En medio del desánimo que se quiere crear, ojalá mañana votemos todos juntos un proyecto de ley que pone un poco más de justicia a estas tarifas con las que se sufrió tanto.
A mí me tocó presentar, como pequeño y mediano empresario, un recurso de amparo, que en primera instancia fue concedido. Las empresas no podían pagar y las familias se desconectaron. Nosotros tenemos que tratar los servicios públicos como un derecho humano. Nosotros lo tomamos ahí. Las demás cosas hay que resolverlas por el bien de todos.
Agradezco y también pido disculpas por esta intervención, ya que está fuera del tratamiento para la votación. A pesar de las disidencias, vamos a tener la oportunidad de votar todos juntos un proyecto de ley que es en favor de todos y todas en nuestro país.
En primer lugar, si bien ya tenemos dictamen, quiero hacer un llamado a la responsabilidad de todos los diputados que representan distintas localidades, pueblos y provincias, en el tratamiento de este proyecto de ley.
El diputado Carlos Heller mencionó los fundamentos supuestamente económicos para oponerse a esta iniciativa, pero ahora no los podemos explicar, lo haremos en la sesión.
Por otro lado, rechazo enfáticamente esta idea de que es una ley improvisada. Esta es una ley largamente pedida. En mi provincia, los defensores del Pueblo de Villa María y de Río Cuarto presentaron el reclamo muchas veces al Enargas, porque, como dijo el diputado preopinante, la ley 25.565 de 2002 estableció una calificación en su momento -seguramente los diputados y senadores habrán entendido que era necesario hacerlo- que dejó en desigualdad de condiciones a muchísimos argentinos y argentinas.
Esta ley viene a poner remedio a esto. Somos conscientes, porque se repite cada vez que tratamos un proyecto de ley, de que hace falta considerar integralmente el tema de las tarifas. El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles sabe que estamos en esa tarea. Además, cuando nos visitó el licenciado Federico Bernal, también explicó que estamos en la tarea de lograr cuadros tarifarios más justos. Lo que no podemos hacer es permitir que subsistan las desigualdades y usar ciertos argumentos. El diputado que me precedió en el uso de la palabra claramente ha dicho que este fondo ha sido superavitario. Ya que se dijeron algunas cosas al respecto, quisiera preguntar cuáles fueron los resultados en gestionas pasadas del Enargas por haber aumentado el porcentaje de ese fondo. Hay un informe anual que tiene un cuadro con varios ítems. El capítulo VII dice cuál ha sido el resultado patrimonial de las concesionarias de distribución.
Entonces, hubo una clara desigualdad, porque los argentinos y las argentinas pagaron tarifas y aumentos increíbles. Tengo los datos de 2018, año en que las empresas triplicaron su patrimonio. Y no hubo construcción de redes, exploración ni ninguna de las tormentas que decían que iban a venir porque nosotros queríamos poner un poco de justicia a todo esto. Yo pertenezco al Frente de Todos, que ha puesto a los hombres y mujeres de nuestra patria en el centro. Nosotros no tenemos libretitas. No estamos gobernando para solucionar algunos problemas coyunturales. El pueblo argentino nos eligió y nos dio esta responsabilidad para apagar un incendio. Lo que pasa es que otros ya se habían gastado el agua. En este marco, se habla de subsidios, pero el subsidio más grande que ha habido y que todavía subsiste es el del endeudamiento externo que tenemos que pagar todos.
Hago un llamado para que discutamos este tema. Podemos discutir todas las cuestiones desde las diferencias políticas que tenemos. Comparto la preocupación de los colegas diputados de mi provincia, Córdoba, tanto de Hugo Romero como de Paulo Cassinerio.
Hubo que adoptar un criterio. Yo pregunté y me tuve que poner a estudiar, mientras que Liliana lo venía haciendo desde hacía tiempo. Hemos hecho muchas consultas porque nuestro bloque tiene integrantes de todas las provincias: San Luis, La Rioja, Jujuy, etcétera. Por supuesto que había que adoptar un criterio que tuviera fundamentos científicos y técnicos. En este sentido, las isocurvas ambientales eran lo único que nos permitía avanzar. Como ha dicho Hugo Romero, puede pasar que, como en mi provincia, no haya estaciones meteorológicas para medir la temperatura. Pero había que adoptar un criterio. Ya viene el invierno y estamos en medio de una pandemia. Vamos a hacer lo imposible para que nuestros hogares tengan la temperatura promedio que necesitan.
Entendemos que hay muchas diferencias. Pero hay que construir más gasoductos. En eso también tiene que ver cada provincia. Mi provincia también expresa esto. La construcción de la red troncal demoró muchísimo porque se prefirió hacer otras obras. Pero en Córdoba va a haber más de 650.000 usuarios de redes de gas que van a tener la posibilidad de contar con una energía más barata. La energía más barata significa más recursos para comer en el medio de la pandemia, porque en esta puja distributiva las diferencias más grandes las están teniendo algunos sectores empresarios que no conjugan la palabra "solidaridad".
Ya hemos votado y tenemos un dictamen, pero llamo a los colegas para que entre todos le digamos al pueblo argentino que estamos pensando en él y no en posturas ideológicas que solo tratan de justificar cómo van a oponerse. Yo sé que en este juego de la democracia puedo quedar como alguien inocente al plantear esto. Pero nosotros debemos resolver rápidamente cuestiones que este proyecto de ley, que es perfectible, va a tener que solucionar en mi provincia y en otras provincias. Hagámoslo, diputados. En medio del desánimo que se quiere crear, ojalá mañana votemos todos juntos un proyecto de ley que pone un poco más de justicia a estas tarifas con las que se sufrió tanto.
A mí me tocó presentar, como pequeño y mediano empresario, un recurso de amparo, que en primera instancia fue concedido. Las empresas no podían pagar y las familias se desconectaron. Nosotros tenemos que tratar los servicios públicos como un derecho humano. Nosotros lo tomamos ahí. Las demás cosas hay que resolverlas por el bien de todos.
Agradezco y también pido disculpas por esta intervención, ya que está fuera del tratamiento para la votación. A pesar de las disidencias, vamos a tener la oportunidad de votar todos juntos un proyecto de ley que es en favor de todos y todas en nuestro país.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Benedetti.
SR. BENEDETTI Señor presidente: solamente quiero dejar asentado el sentido de mi voto para la sesión de mañana. No he acompañado el dictamen y me voy a abstener, pero no porque crea que no es necesario atender la prórroga de un derecho que ya tenía vigencia, ni tampoco porque crea que no se necesita ampliar esa ayuda a los hogares que tienen dificultades en algo básico como son la energía y el gas para calefaccionar. Pero, teniendo en cuenta el sentido de la responsabilidad, considero que hemos tenido muy poco tiempo para estudiar este proyecto de ley. Pienso que sancionar una ley que va a tener vigencia por diez años no es lo más atinado ni responsable. Planteo esto porque solemos decir que no importa la cuestión fiscal, pero la cuestión fiscal después sale con mayores impuestos que pagan todos los argentinos. Esto también forma parte de la suba de precios, de esa espiral que no se puede controlar y que está lejos del 29 por ciento que proyectó el gobierno.
He escuchado a varios diputados que expresaron que esto no tiene costo fiscal. Me gustaría que en algún momento de la sesión de mañana alguien pueda fundamentar por qué creen que es así. Desde la época del relato bíblico de la multiplicación de los panes, nunca escuché otro milagro mayor que el que expresó el secretario en la reunión informativa cuando nos quiso explicar que con un 1 por ciento, es decir, con una suba de un 20 por ciento sobre un fondo ya prestablecido, vamos a mejorar el servicio o vamos a dar alcance a 3.150.000 hogares. Es decir que con un 20 por ciento de incremento de recursos vamos a asistir a un 276 por ciento más de hogares. La verdad es que este es un milagro que yo no escuchaba desde hace mucho tiempo. Como me parece que el tema merece una fundamentación mayor, me voy a abstener y no porque crea que no es necesario atender el subsidio.
De todas maneras, señor presidente, no quiero dejar de decir que adhiero a la línea argumental de la diputada Sapag, que dio la mirada de una provincia que genera gas, y del diputado Suárez Lastra, que también habló del costo de un recurso escaso y de las cuestiones de la economía, más allá de que consideramos el gas como un bien social.
Finalmente, cuando hablamos de igualdad de zonas, no dudo de las isotermas, de las normas IRAM y de que la temperatura confort es de 18 grados, pero resulta que, en el sur de mi provincia, Entre Ríos, durante tres meses tenemos temperaturas más cercanas a cero grados. De todas maneras, sí pareciera estar comprendida en la zona III a, templada cálida, y en la zona III b, que también es templada cálida. Entonces, quien habita en la zona III a puede acceder a estos beneficios, en cambio, quien vive en Entre Ríos tendrá que cruzar el río Paraná y ponerse en la otra orilla. Esa es un poco la línea que se está marcando. Quería dejar asentado este comentario.
He escuchado a varios diputados que expresaron que esto no tiene costo fiscal. Me gustaría que en algún momento de la sesión de mañana alguien pueda fundamentar por qué creen que es así. Desde la época del relato bíblico de la multiplicación de los panes, nunca escuché otro milagro mayor que el que expresó el secretario en la reunión informativa cuando nos quiso explicar que con un 1 por ciento, es decir, con una suba de un 20 por ciento sobre un fondo ya prestablecido, vamos a mejorar el servicio o vamos a dar alcance a 3.150.000 hogares. Es decir que con un 20 por ciento de incremento de recursos vamos a asistir a un 276 por ciento más de hogares. La verdad es que este es un milagro que yo no escuchaba desde hace mucho tiempo. Como me parece que el tema merece una fundamentación mayor, me voy a abstener y no porque crea que no es necesario atender el subsidio.
De todas maneras, señor presidente, no quiero dejar de decir que adhiero a la línea argumental de la diputada Sapag, que dio la mirada de una provincia que genera gas, y del diputado Suárez Lastra, que también habló del costo de un recurso escaso y de las cuestiones de la economía, más allá de que consideramos el gas como un bien social.
Finalmente, cuando hablamos de igualdad de zonas, no dudo de las isotermas, de las normas IRAM y de que la temperatura confort es de 18 grados, pero resulta que, en el sur de mi provincia, Entre Ríos, durante tres meses tenemos temperaturas más cercanas a cero grados. De todas maneras, sí pareciera estar comprendida en la zona III a, templada cálida, y en la zona III b, que también es templada cálida. Entonces, quien habita en la zona III a puede acceder a estos beneficios, en cambio, quien vive en Entre Ríos tendrá que cruzar el río Paraná y ponerse en la otra orilla. Esa es un poco la línea que se está marcando. Quería dejar asentado este comentario.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra la señora diputada Landriscini.
SRA. LANDRISCINI Señores presidentes de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda: quiero fundamentar mi posición.
En primer lugar, reconozco el trabajo de quienes tomaron en sus manos esta iniciativa, a partir de los reclamos de gran parte del país, y recolectaron los antecedentes y las demandas de los concejos deliberantes, de las intendencias, de los defensores del Pueblo y de las asociaciones de consumidores. Me refiero fundamentalmente a la tarea realizada por quienes retomaron el antecedente de la explosión tarifaria que en 2016 llevó a una situación de angustia colectiva a gran parte de la población de la Argentina que no podía pagar los aumentos.
Asimismo, reconozco el trabajo del licenciado Federico Bernal, responsable del Enargas, y de su equipo, quienes han trabajado con criterios técnicos y objetivos a partir de las normas IRAM de 2012.
Seré muy breve porque tanto el diputado Rodríguez como el diputado Fernández se pronunciaron extensamente sobre los criterios que unifican lo económico con lo social. Claramente, disiento con la mirada de algunos legisladores y legisladoras que definieron que este proyecto no respeta las leyes de mercado, es decir, no respeta la consideración de que tanto el servicio de gas, como el de agua o el de electricidad, sea un bien transable. En realidad, me posiciona en una visión de la economía que pone a estos bienes y servicios como bienes públicos cuyo acceso es derecho universal. Además, si son bienes escasos, el Estado los compensa con políticas que estimulen la producción para generalizar el acceso a los servicios de agua potable, electricidad y gas debido a que son derechos básicos de la vida humana. Por lo tanto, pensar en una economía micro exclusivamente de costos no tiene nada que ver con la visión macro y con una economía política y una ciencia social que también pone al Estado, a partir de su accionar, como compensador entre la distribución primaria y secundaria de los bienes.
No cuestiono los subsidios, pero sí quiero recordar a quienes lo hacen, que no procedieron de igual modo con la resolución 46/2017 que estimulaba la producción de gas en la Argentina a nivel de 7,50 dólares el millón de BTU; sobre esto Neuquén puede decir bastante. En ese entonces, no se quejaron por el subsidio. Sin embargo, hoy presentan quejas por estos subsidios que federalizan el acceso al gas y generan una diferenciación social en las tarifas al señalar que estarán contemplados en el subsidio incluso quienes reciben el equivalente a cuatro salarios mínimo, vital y móvil, ya sean jubilados, pensionados, monotributistas o reciban pensiones no contributivas. Esto lo digo para refrescar la memoria de quienes quieren subsidiar a unos y a quienes queremos subsidiar a otros. Este es el modo que elegimos para federalizar los derechos, que son humanos y tienen base en el bienestar social.
Entonces, a quienes solamente leen algunos manuales de economía, les recomiendo que también lean a Adam Smith que dice que los servicios públicos son el esqueleto del sistema económico y la base de su crecimiento y desarrollo. Nadie puede decir que Adam Smith era un economista marxista; era un economista liberal de la época de la revolución francesa, cuando se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad.
Este proyecto busca introducir -con criterios técnicos basados en las normas IRAM que tienen que ver con las biorregiones y las biotemperaturas- una cuota de equidad y retrotraer la locura de las tarifas de 2016 que cercenó derechos y multiplicó la angustia en el territorio nacional.
En primer lugar, reconozco el trabajo de quienes tomaron en sus manos esta iniciativa, a partir de los reclamos de gran parte del país, y recolectaron los antecedentes y las demandas de los concejos deliberantes, de las intendencias, de los defensores del Pueblo y de las asociaciones de consumidores. Me refiero fundamentalmente a la tarea realizada por quienes retomaron el antecedente de la explosión tarifaria que en 2016 llevó a una situación de angustia colectiva a gran parte de la población de la Argentina que no podía pagar los aumentos.
Asimismo, reconozco el trabajo del licenciado Federico Bernal, responsable del Enargas, y de su equipo, quienes han trabajado con criterios técnicos y objetivos a partir de las normas IRAM de 2012.
Seré muy breve porque tanto el diputado Rodríguez como el diputado Fernández se pronunciaron extensamente sobre los criterios que unifican lo económico con lo social. Claramente, disiento con la mirada de algunos legisladores y legisladoras que definieron que este proyecto no respeta las leyes de mercado, es decir, no respeta la consideración de que tanto el servicio de gas, como el de agua o el de electricidad, sea un bien transable. En realidad, me posiciona en una visión de la economía que pone a estos bienes y servicios como bienes públicos cuyo acceso es derecho universal. Además, si son bienes escasos, el Estado los compensa con políticas que estimulen la producción para generalizar el acceso a los servicios de agua potable, electricidad y gas debido a que son derechos básicos de la vida humana. Por lo tanto, pensar en una economía micro exclusivamente de costos no tiene nada que ver con la visión macro y con una economía política y una ciencia social que también pone al Estado, a partir de su accionar, como compensador entre la distribución primaria y secundaria de los bienes.
No cuestiono los subsidios, pero sí quiero recordar a quienes lo hacen, que no procedieron de igual modo con la resolución 46/2017 que estimulaba la producción de gas en la Argentina a nivel de 7,50 dólares el millón de BTU; sobre esto Neuquén puede decir bastante. En ese entonces, no se quejaron por el subsidio. Sin embargo, hoy presentan quejas por estos subsidios que federalizan el acceso al gas y generan una diferenciación social en las tarifas al señalar que estarán contemplados en el subsidio incluso quienes reciben el equivalente a cuatro salarios mínimo, vital y móvil, ya sean jubilados, pensionados, monotributistas o reciban pensiones no contributivas. Esto lo digo para refrescar la memoria de quienes quieren subsidiar a unos y a quienes queremos subsidiar a otros. Este es el modo que elegimos para federalizar los derechos, que son humanos y tienen base en el bienestar social.
Entonces, a quienes solamente leen algunos manuales de economía, les recomiendo que también lean a Adam Smith que dice que los servicios públicos son el esqueleto del sistema económico y la base de su crecimiento y desarrollo. Nadie puede decir que Adam Smith era un economista marxista; era un economista liberal de la época de la revolución francesa, cuando se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad.
Este proyecto busca introducir -con criterios técnicos basados en las normas IRAM que tienen que ver con las biorregiones y las biotemperaturas- una cuota de equidad y retrotraer la locura de las tarifas de 2016 que cercenó derechos y multiplicó la angustia en el territorio nacional.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Quedan dos oradores anotados.
Tiene la palabra el señor diputado Cano.
Tiene la palabra el señor diputado Cano.
SR. CANO Señor presidente: en primer lugar, quiero resaltar, nobleza obliga, que a partir del planteo que hice por la inclusión dentro de las zonas frías de los Valles Calchaquíes a El Mollar de Tafí del Valle, Amaicha del Valle y Colalao del Valle, ayer el doctor Maya, funcionario del Enargas, me acercó la información y el dictamen que finalmente hoy fue presentado que da un poco más de claridad sobre las dudas que teníamos los diputados de Tucumán sobre estas comunidades que ahora aparecen claramente especificadas dentro de las zonas III y III a.
La verdad es que el tema de los subsidios tiene un costo fiscal y, tomando lo que dijo el diputado Cacace, me parece que este es un asunto transversal que involucra a toda la dirigencia. El debate profundo en la Argentina es respecto al modo en que se distribuyen los subsidios, es decir, de qué manera federalizamos la distribución de estos recursos. En todo caso, lo que hoy estamos tratando es la prórroga del sistema vigente y la inclusión de áreas que atraviesan situaciones similares y que no cuentan con los mismos beneficios de otras regiones del país.
Uno puede dar ejemplos de la zona patagónica, de la zona austral, del barril criollo, del subsidio al gas y a los servicios eléctricos, de los beneficios previsionales y de distintas cuestiones que tienen que ver con las situaciones que venimos reclamando. El mismo planteo lo hice cuando fui senador durante la última gestión de la actual vicepresidenta y cuando nos tocó ser gobierno de 2015 a 2019. Pero la verdad es que no pudimos resolver el tema, así como tampoco pudo hacerlo este gobierno hasta ahora.
Entonces, todos los diputados -independientemente del espacio político que representamos y de la provincia de la cual venimos- debemos ser sensatos y nos tiene que preocupar el costo fiscal de todos los subsidios.
Voy a insistir en la Comisión de Transporte con un proyecto que presentamos con el diputado Selva que tiene que ver con el subsidio al transporte. Veo que les preocupa la dimensión del costo fiscal, y naturalmente eso es algo que nos tiene que preocupar a todos.
Concretamente, en el año 2019, en el AMBA, el subsidio al transporte fue de 56.380 millones de pesos; en todo el interior fue de 6.500 millones de pesos. En el año 2020 se destinaron 116.000 millones de pesos para el AMBA y 16.800 millones para el resto del país. En lo que va de 2021, 53.520 millones para el AMBA y 9.000 millones para el interior del país.
Yo no estoy diciendo que no se tiene que continuar con ese mecanismo en la zona del AMBA, en un sistema de transporte que involucra a líneas de CABA, de la provincia de Buenos Aires y de jurisdicción federal. Lo que estoy señalando es que hay casi 100.000 millones de pesos de diferencia -el año pasado- entre lo que se le otorga al AMBA en relación con el resto del país.
Entonces, no es un problema de quién gobierna. Se trata de defender el federalismo fiscal. Y esto involucra muchas áreas, en la línea de lo que planteaba el diputado Cacace. Se trata de llevar adelante una discusión sensata para ver de qué manera garantizamos equidad, independientemente de la región donde vivamos o de quién gobierne. Es una lucha y un debate que debemos darlo como Congreso.
Por otro lado, cuando uno toma la cantidad de personal, en el interior del país hay aproximadamente 35.000 empleados en el transporte público, con casi 13.000 vehículos y, cuando toma el AMBA, hay 54.000 empleados y 18.000 colectivos. Nosotros hablamos de las inequidades. Por trabajador, en el interior, se subsidia por año 550.000 pesos; por coche, 1.300.000 pesos, y en el AMBA, 2.141.000 pesos y 6.490.000 pesos, respectivamente. Se trata de una inequidad que no tiene ningún punto de justificación.
Celebro que en esta prórroga estemos incorporando áreas que no estaban contempladas, porque de esa manera vamos generando una equidad en la distribución de los recursos. Seguramente quedan algunas otras áreas por incluir, como lo afirmó el diputado Romero, perteneciente a la provincia de Córdoba.
Además, escuché que el día lunes un funcionario declaró que la política energética no se mide por la balanza energética. La energía más cara es la que no se tiene. En el año 2010 perdimos el autoabastecimiento energético y el déficit en el año 2013 superó los 6.500 millones de dólares.
También es real lo que se planteó con las tarifas eléctricas. La zona del AMBA -y esto viene de años-, que es la región más acomodada, paga mucho menos de tarifa eléctrica que lo que abonamos en el interior. Lo que planteó el diputado Suárez Lastra también es sensato y al respecto he visto algunos comentarios en el chat. Esta misma norma que estamos aprobando pone límites al subsidio para los titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el salario mínimo vital y móvil, jubilados y jubiladas, usuarios y usuarias que perciben seguros de desempleo. Habría que tener un criterio para que a aquellas personas que tengan un poder adquisitivo ya sea que vivan en el Norte, Centro o Sur, no las pongamos en un mismo plano de igualdad y reciban el mismo beneficio que una persona que realmente lo necesita. Eso también forma parte de un debate pendiente.
Cada provincia tiene su criterio a la hora de fijar la tarifa eléctrica. De hecho, en Tucumán hemos tenido un conflicto entre el gobernador y el vice porque legisladores del propio bloque oficialista frenaron un incremento tarifario hace cuatro o cinco meses. Cada provincia fija su propio cuadro tarifario. En eso hay mucha asimetría cuando analizamos lo que paga cada provincia por kilovatio.
Dicho esto, quiero marcar que el proyecto amplía beneficios a zonas que no estaban contempladas. Por eso voy a acompañar el dictamen de la mayoría.
La verdad es que el tema de los subsidios tiene un costo fiscal y, tomando lo que dijo el diputado Cacace, me parece que este es un asunto transversal que involucra a toda la dirigencia. El debate profundo en la Argentina es respecto al modo en que se distribuyen los subsidios, es decir, de qué manera federalizamos la distribución de estos recursos. En todo caso, lo que hoy estamos tratando es la prórroga del sistema vigente y la inclusión de áreas que atraviesan situaciones similares y que no cuentan con los mismos beneficios de otras regiones del país.
Uno puede dar ejemplos de la zona patagónica, de la zona austral, del barril criollo, del subsidio al gas y a los servicios eléctricos, de los beneficios previsionales y de distintas cuestiones que tienen que ver con las situaciones que venimos reclamando. El mismo planteo lo hice cuando fui senador durante la última gestión de la actual vicepresidenta y cuando nos tocó ser gobierno de 2015 a 2019. Pero la verdad es que no pudimos resolver el tema, así como tampoco pudo hacerlo este gobierno hasta ahora.
Entonces, todos los diputados -independientemente del espacio político que representamos y de la provincia de la cual venimos- debemos ser sensatos y nos tiene que preocupar el costo fiscal de todos los subsidios.
Voy a insistir en la Comisión de Transporte con un proyecto que presentamos con el diputado Selva que tiene que ver con el subsidio al transporte. Veo que les preocupa la dimensión del costo fiscal, y naturalmente eso es algo que nos tiene que preocupar a todos.
Concretamente, en el año 2019, en el AMBA, el subsidio al transporte fue de 56.380 millones de pesos; en todo el interior fue de 6.500 millones de pesos. En el año 2020 se destinaron 116.000 millones de pesos para el AMBA y 16.800 millones para el resto del país. En lo que va de 2021, 53.520 millones para el AMBA y 9.000 millones para el interior del país.
Yo no estoy diciendo que no se tiene que continuar con ese mecanismo en la zona del AMBA, en un sistema de transporte que involucra a líneas de CABA, de la provincia de Buenos Aires y de jurisdicción federal. Lo que estoy señalando es que hay casi 100.000 millones de pesos de diferencia -el año pasado- entre lo que se le otorga al AMBA en relación con el resto del país.
Entonces, no es un problema de quién gobierna. Se trata de defender el federalismo fiscal. Y esto involucra muchas áreas, en la línea de lo que planteaba el diputado Cacace. Se trata de llevar adelante una discusión sensata para ver de qué manera garantizamos equidad, independientemente de la región donde vivamos o de quién gobierne. Es una lucha y un debate que debemos darlo como Congreso.
Por otro lado, cuando uno toma la cantidad de personal, en el interior del país hay aproximadamente 35.000 empleados en el transporte público, con casi 13.000 vehículos y, cuando toma el AMBA, hay 54.000 empleados y 18.000 colectivos. Nosotros hablamos de las inequidades. Por trabajador, en el interior, se subsidia por año 550.000 pesos; por coche, 1.300.000 pesos, y en el AMBA, 2.141.000 pesos y 6.490.000 pesos, respectivamente. Se trata de una inequidad que no tiene ningún punto de justificación.
Celebro que en esta prórroga estemos incorporando áreas que no estaban contempladas, porque de esa manera vamos generando una equidad en la distribución de los recursos. Seguramente quedan algunas otras áreas por incluir, como lo afirmó el diputado Romero, perteneciente a la provincia de Córdoba.
Además, escuché que el día lunes un funcionario declaró que la política energética no se mide por la balanza energética. La energía más cara es la que no se tiene. En el año 2010 perdimos el autoabastecimiento energético y el déficit en el año 2013 superó los 6.500 millones de dólares.
También es real lo que se planteó con las tarifas eléctricas. La zona del AMBA -y esto viene de años-, que es la región más acomodada, paga mucho menos de tarifa eléctrica que lo que abonamos en el interior. Lo que planteó el diputado Suárez Lastra también es sensato y al respecto he visto algunos comentarios en el chat. Esta misma norma que estamos aprobando pone límites al subsidio para los titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el salario mínimo vital y móvil, jubilados y jubiladas, usuarios y usuarias que perciben seguros de desempleo. Habría que tener un criterio para que a aquellas personas que tengan un poder adquisitivo ya sea que vivan en el Norte, Centro o Sur, no las pongamos en un mismo plano de igualdad y reciban el mismo beneficio que una persona que realmente lo necesita. Eso también forma parte de un debate pendiente.
Cada provincia tiene su criterio a la hora de fijar la tarifa eléctrica. De hecho, en Tucumán hemos tenido un conflicto entre el gobernador y el vice porque legisladores del propio bloque oficialista frenaron un incremento tarifario hace cuatro o cinco meses. Cada provincia fija su propio cuadro tarifario. En eso hay mucha asimetría cuando analizamos lo que paga cada provincia por kilovatio.
Dicho esto, quiero marcar que el proyecto amplía beneficios a zonas que no estaban contempladas. Por eso voy a acompañar el dictamen de la mayoría.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra la señora diputada Figueroa.
SRA. FIGUEROA Señor presidente: quiero celebrar lo que votamos recientemente, es decir, la aprobación del dictamen por mayoría. Deseo expresar que, como bien lo dijo algún otro colega, estas leyes nos traspasan a nuestra vida cotidiana. Quien les habla no tiene una carrera política ni tampoco ocupó cargos. Pero, por esas cosas de la vida y de la militancia, me toca estar acá con ustedes compartiendo y aprendiendo a interpretar muchas cosas y conocer la realidad de distintas provincias.
Simplemente quisiera comentarles la tremenda angustia e incertidumbre que hemos pasado en los cuatro años del macrismo. En mi caso, no me gusta hablar de cuestiones particulares, pero creo que viene bien traer a colación una situación que me tocó padecer. Nosotros pagábamos la boleta en casa, en un barrio de Salta, a un valor de 3.500 pesos en 2015. En 2017 comenzamos a pagar 10.000 pesos de gas. Se nos hizo insostenible porque éramos dos familias para poder cubrirlo. Entonces, hicimos un reclamo como muchísimos usuarios en la provincia, salimos a hacer sentadas, reclamos, carteles dirigidos a GASNOR llevando nuestras boletas. Así luchamos meses y años. La boleta de gas era de 10.000 pesos por mes y se hacía impagable. En ese momento, mi sueldo mensual era de 40.000 pesos por un trabajo de entre ocho y diez horas diarias. Eso fue tremendo.
Ahora me pongo en el lugar de muchísimos compatriotas y comprovincianos que van a verse beneficiados por esta rebaja. Hoy por hoy, y después de muchos reclamos, el año pasado comenzaron a bajar las boletas. Hoy estamos pagando cerca de 5.000 pesos por mes.
Entonces, esto va a representar un enorme beneficio. Es cierto que falta mucho, tal como lo hemos expresado en las primeras reuniones. Hoy estoy viviendo en una zona cálida, pues tenemos más de 40 grados en verano y casi no tenemos invierno, o muy pocos días. También presentamos hace un tiempo un proyecto relacionado con la energía eléctrica, es decir, para que pudiera contemplarse la situación de las zonas cálidas del país, de modo que suceda exactamente lo mismo que con las tarifas de gas y con la reducción para las zonas frías. La ciudad de Salta va a ser beneficiada. Más de la mitad de la población de la provincia vive en la ciudad de Salta, que se va a ver beneficiada, especialmente los usuarios de red y de garrafas.
Como decía, estas leyes atraviesan nuestra vida cotidiana. Vamos a ahorrar muchísimo. Ahora, momentáneamente tenemos un sueldo holgado que nos permitiría pagar esa tarifa de 10.000 pesos; sin embargo, como muchos de ustedes, ese sueldo, ese honorario que percibimos hoy, lo compartimos con muchas personas que la están pasando muy mal en este momento por la pandemia.
Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras por estar debatiendo esta ley tan importante, que va aliviar muchísimo la economía de muchos hogares.
Simplemente quisiera comentarles la tremenda angustia e incertidumbre que hemos pasado en los cuatro años del macrismo. En mi caso, no me gusta hablar de cuestiones particulares, pero creo que viene bien traer a colación una situación que me tocó padecer. Nosotros pagábamos la boleta en casa, en un barrio de Salta, a un valor de 3.500 pesos en 2015. En 2017 comenzamos a pagar 10.000 pesos de gas. Se nos hizo insostenible porque éramos dos familias para poder cubrirlo. Entonces, hicimos un reclamo como muchísimos usuarios en la provincia, salimos a hacer sentadas, reclamos, carteles dirigidos a GASNOR llevando nuestras boletas. Así luchamos meses y años. La boleta de gas era de 10.000 pesos por mes y se hacía impagable. En ese momento, mi sueldo mensual era de 40.000 pesos por un trabajo de entre ocho y diez horas diarias. Eso fue tremendo.
Ahora me pongo en el lugar de muchísimos compatriotas y comprovincianos que van a verse beneficiados por esta rebaja. Hoy por hoy, y después de muchos reclamos, el año pasado comenzaron a bajar las boletas. Hoy estamos pagando cerca de 5.000 pesos por mes.
Entonces, esto va a representar un enorme beneficio. Es cierto que falta mucho, tal como lo hemos expresado en las primeras reuniones. Hoy estoy viviendo en una zona cálida, pues tenemos más de 40 grados en verano y casi no tenemos invierno, o muy pocos días. También presentamos hace un tiempo un proyecto relacionado con la energía eléctrica, es decir, para que pudiera contemplarse la situación de las zonas cálidas del país, de modo que suceda exactamente lo mismo que con las tarifas de gas y con la reducción para las zonas frías. La ciudad de Salta va a ser beneficiada. Más de la mitad de la población de la provincia vive en la ciudad de Salta, que se va a ver beneficiada, especialmente los usuarios de red y de garrafas.
Como decía, estas leyes atraviesan nuestra vida cotidiana. Vamos a ahorrar muchísimo. Ahora, momentáneamente tenemos un sueldo holgado que nos permitiría pagar esa tarifa de 10.000 pesos; sin embargo, como muchos de ustedes, ese sueldo, ese honorario que percibimos hoy, lo compartimos con muchas personas que la están pasando muy mal en este momento por la pandemia.
Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras por estar debatiendo esta ley tan importante, que va aliviar muchísimo la economía de muchos hogares.
SR. PRESIDENTE FELIX No teniendo más pedidos de palabra, deseo saber si el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda quiere formular algún comentario adicional.
SR. PRESIDENTE HELLER Creo que hemos trabajado intensamente, son las 19 y 20, y todo el mundo se ha expresado. Hay un dictamen firmado por las dos comisiones, así que mañana tendremos oportunidad de tratarlo en el recinto. De mi parte, muchas gracias y hasta mañana.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Muchas gracias a todos. Nos veremos mañana en la sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.