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ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 131
Secretario Administrativo DRA. FERREIRO MARÍA CECILIA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2119 Internos 2119/18
ceycombust@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
- ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Reunión del día 07/06/2021
- INFORMATIVA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de junio de 2021, a la hora 15 y 5, comienza la reunión informativa conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Energía y Combustibles, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Buenas tardes a todas y todos. Damos inicio a la reunión informativa de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles con la participación del interventor del Enargas, Federico Bernal y su equipo.
Agradezco la presencia de Federico Bernal. Aprovecho para saludar a todos los diputados y también al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
Como disponemos solamente de dos horas, para poder ordenarnos y hacer un uso eficiente de este tiempo, voy a solicitar a Federico Bernal si puede exponer sobre el proyecto y explicarlo a los señores diputados.
A continuación, se abrirá un ciclo de preguntas que solicito sea ordenado, de no más de tres minutos por pregunta -justamente por la escasez de tiempo-, que el interventor del Enargas responderá, de manera de hacer un uso racional del escaso tiempo del que disponemos.
Agradezco la presencia de Federico Bernal. Aprovecho para saludar a todos los diputados y también al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
Como disponemos solamente de dos horas, para poder ordenarnos y hacer un uso eficiente de este tiempo, voy a solicitar a Federico Bernal si puede exponer sobre el proyecto y explicarlo a los señores diputados.
A continuación, se abrirá un ciclo de preguntas que solicito sea ordenado, de no más de tres minutos por pregunta -justamente por la escasez de tiempo-, que el interventor del Enargas responderá, de manera de hacer un uso racional del escaso tiempo del que disponemos.
SR. MENNA ¿Me permite la palabra para una consulta, señor presidente?
SR. PRESIDENTE FÉLIX Sí, señor diputado. Solicito a los señores diputados que pidan la palabra por el chat para saber quién está hablando.
Tiene la palabra el señor diputado Menna.
Tiene la palabra el señor diputado Menna.
SR. MENNA Por una cuestión de orden quisiera comentar que se ha citado esta reunión para el tratamiento del expediente
2058-d-2021 pero muchos otros diputados -entre ellos quien habla- hemos presentado proyectos de ley con antelación a este; en mi caso, me refiero al expediente
3330-d-2020.
Este es un tema que nos preocupa, especialmente en relación con las provincias de la Patagonia que son las beneficiarias del subsidio. En ese sentido, sé que existen proyectos de ley como el de la señora diputada Latorre y creo que también del señor diputado Ramón.
Por lo tanto, solicito que se incluya en el tratamiento la totalidad de los expedientes que proponen proyectos de ley vinculados a la prórroga de este subsidio. Este era el pedido que quería realizar. Muchas gracias.
Este es un tema que nos preocupa, especialmente en relación con las provincias de la Patagonia que son las beneficiarias del subsidio. En ese sentido, sé que existen proyectos de ley como el de la señora diputada Latorre y creo que también del señor diputado Ramón.
Por lo tanto, solicito que se incluya en el tratamiento la totalidad de los expedientes que proponen proyectos de ley vinculados a la prórroga de este subsidio. Este era el pedido que quería realizar. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Señor diputado, los proyectos van a estar a la vista al momento que estemos debatiendo los temas en concreto en las respectivas comisiones.
En este caso, la invitación al interventor del Enargas es para que concretamente exponga sobre el expediente 2058-d-2021, que es el que todos tenemos a la vista.
El día miércoles, en la próxima reunión de la comisión, estarán a disposición todos los proyectos que tengan estado parlamentario y estarán a la vista.
Tiene la palabra el señor Federico Bernal.
En este caso, la invitación al interventor del Enargas es para que concretamente exponga sobre el expediente 2058-d-2021, que es el que todos tenemos a la vista.
El día miércoles, en la próxima reunión de la comisión, estarán a disposición todos los proyectos que tengan estado parlamentario y estarán a la vista.
Tiene la palabra el señor Federico Bernal.
SR. BERNAL Gracias, señor presidente.
Buenas tardes a todos y todas. Es un privilegio y un honor participar en esta reunión informativa. Trataré de ser lo más breve posible, y como bien dijo el señor diputado Félix, en la ronda de preguntas responderé todas y cada una de sus inquietudes.
Quisiera comenzar presentando a quienes me acompañan. En primer lugar, el gerente de Protección del Usuario, Héctor Maya; el gerente de Desempeño y Economía, Fabián Bello; el coordinador de la Gerencia, Javier Perdomo; y el gerente de Distribución y Gas Natural Vehicular, Jorge Deferrari.
A continuación, quisiera solicitar a la gente de soporte técnico si pueden habilitarme para compartir pantalla y mostrar algunas diapositivas.
Buenas tardes a todos y todas. Es un privilegio y un honor participar en esta reunión informativa. Trataré de ser lo más breve posible, y como bien dijo el señor diputado Félix, en la ronda de preguntas responderé todas y cada una de sus inquietudes.
Quisiera comenzar presentando a quienes me acompañan. En primer lugar, el gerente de Protección del Usuario, Héctor Maya; el gerente de Desempeño y Economía, Fabián Bello; el coordinador de la Gerencia, Javier Perdomo; y el gerente de Distribución y Gas Natural Vehicular, Jorge Deferrari.
A continuación, quisiera solicitar a la gente de soporte técnico si pueden habilitarme para compartir pantalla y mostrar algunas diapositivas.
- Luego de unos instantes.
SR. BERNAL A modo de síntesis, voy rápido y cualquier duda, luego profundizamos con las preguntas.
En primer lugar, por este proyecto de ley se propone la prórroga por diez años del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por medio de la ley 25.565 de Presupuesto General de la Nación de 2002, específicamente en su artículo 75.
El proyecto de ley, además de prorrogar por diez años este fondo fiduciario, amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del régimen de tarifa diferencial, beneficiados por cuadros tarifarios de los servicios públicos de gas natural por red, gas propano indiluido por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, comercializado a granel en la región Patagónica, la Puna y Malargüe.
La ampliación de la extensión abarca a localidades de bajas temperaturas, además de las localidades de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Todo esto, como verán en la próxima diapositiva que es un resumen general con números concretos, permite la extensión del beneficio de esta tarifa diferencial aproximadamente a 3.150.000 hogares de la República Argentina.
El régimen se financia con un recargo sobre el precio del gas natural en PIST aplicable al volumen comercializado en el país, que no puede superar el límite del 7,5 por ciento; actualmente, el nivel de recargo se ubica en 4,46 por ciento.
En tal sentido, se prevé que este recargo pase a 5,44 por ciento para cubrir la ampliación que les mencionaba de 3.1 millones de nuevos beneficiarios y beneficiarias. Ello genera un impacto mínimo en la factura de los usuarios, aproximadamente 0,5 por ciento en la factura promedio; además, es fundamental destacar que no requiere de aportes del Tesoro Nacional ya que se autofinancia.
El nuevo régimen disminuye los componentes fijos y variables de la factura del servicio de gas por redes, ya sea gas natural o propano indiluido, para los usuarios y usuarias residenciales de zonas frías. En ese sentido, el beneficio representa un descuento del 30 por ciento o del 50 por ciento, dependiendo de la condición de vulnerabilidad económica de cada usuario. Es decir, se genera un beneficio progresivo para los hogares.
Asimismo, en los hogares de menores ingresos -beneficiarios de planes sociales, jubilados y jubiladas, monotributistas sociales, entre otros- y donde residan electrodependientes, se aplicará una reducción del 50 por ciento del cuadro tarifario.
Además, conservarán el descuento del 50 por ciento sobre el cuadro tarifario los usuarios y las usuarias de la región patagónica, del departamento de Malargüe en la provincia Mendoza y de la región de la Puna en el Noroeste.
El resto de los hogares con tarifa diferencial incorporados -es decir, los nuevos beneficiarios de tarifa diferencial-, percibirán un descuento del 30 por ciento en su cuadro tarifario, que es el cuadro tarifario de transición vigente desde el 2 de junio.
En la siguiente filmina figura precisamente el resumen con números que comentaba con anterioridad. El escenario actual pueden verlo en los recuadros en gris, que indican los números actuales de beneficiarios. Por ejemplo, actualmente tenemos 849.965 usuarios con el beneficio por zona fría que, con esta ampliación, pasan a ser aproximadamente 4 millones de beneficiarios. Es decir, estamos hablando de 3,1 millones de beneficiarios nuevos, de los cuales 2,8 serían usuarios de tarifa diferencial; se suman 374.000 de tarifa social que incorporan el beneficio de la tarifa diferencial.
Las zonas IV y IIIa tendrán 2,7 millones de nuevos usuarios beneficiados con un 30 por ciento de descuento -son 2,8 millones, detallados en la parte superior de la filmina-, y luego tenemos 373.000 -aquí se sintetiza como 374- usuarios de tarifa social que tendrán un descuento del 50 por ciento porque perciben el beneficio de la tarifa diferencial por zona fría.
Aquí pueden observar los 849.000 usuarios del escenario actual que quedan igual; mantienen el beneficio de la tarifa diferencial y corresponden a las zonas de la Patagonia, la Puna y Malargüe, con el 50 por ciento de descuento.
Producto de esta ampliación -es decir, de la ubicación de estos 3,1 millones de nuevos beneficiarios-, se suman cuatro provincias -un total de 151 departamentos-, por lo cual el proyecto de ley de la prórroga de los diez años para el fondo fiduciario -manteniendo el beneficio de la tarifa diferencial para Patagonia, Malargüe y Mendoza-, sumado a las zonas IIIa y IV, redundará en que haya un total de 4 millones de beneficiarios con descuentos del 30 al 50 por ciento en 14 provincias y 230 departamentos.
Aquí pueden observar un esquema de cómo se autofinancia el fondo fiduciario. Hay un recargo sobre el precio de venta de gas en el PIST de 5,44; esto ya es con el aumento que se requiere para ampliar el beneficio a 3,1 millones de nuevos usuarios y usuarias. Este recargo permite que este fondo fiduciario tenga recursos para compensar a las distribuidoras, las que, al emitir las facturas, ya deberán incluir este descuento que les comento del 30 al 50 por ciento.
El recargo además se alimenta de lo que proviene de usinas, grandes usuarios, SGP y GNC, que son otras categorías de usuarios, además de los residenciales.
Aquí pueden observar una factura de gas -de Metrogás en la filmina-. Como ven, se incluyen nuevos conceptos, por ejemplo, el fondo del artículo 75 de la ley 25.565 que, en este caso, representa 19 pesos para una liquidación total de 1200 e implica un impacto de un 0,5 por ciento sobre la factura residencial media. Esto corresponde al recargo del 5,44 que les mencionaba.
Un usuario residencial pagará entre 6 y 8 pesos más por mes, por factura. Como ustedes saben, las facturas son mes a mes; se registra el consumo del bimestre previo, pero luego la facturación se divide como para emitir una factura por mes.
Esta ampliación implica entonces para un usuario residencial entre 6 y 8 pesos para zonas no frías, y para las frías es menor.
En esta filmina pueden ver en azul y celeste las zonas bioambientales vigentes. El proyecto de ampliación, como les decía, permite incluir la zona IIIa -en color naranja-; esta que ven en amarillo, que casi bordea la precordillera y va hacia el norte; y la IV, en color verde claro y verde oscuro.
Con la ampliación entonces tenemos la zona V y VI -Patagonia, Malargüe y Puna-, y se suma la IV y la IIIa.
Luego el gerente de Distribución y Gas Natural Vehicular y el de Protección del Usuario del Enargas darán mayores detalles respecto del criterio de este proyecto de ley, que apunta a brindar una bonificación solidaria a aquellas regiones del país que necesitan -por ejemplo, para calefaccionarse- un mayor consumo del servicio público del gas por redes que, como bien saben, es un derecho social que garantiza la concreción de derechos humanos.
La ampliación lleva entonces el beneficio a un total de 4 millones de usuarios y usuarias, de los cuales 2,8 millones actualmente abonan la factura sin ningún tipo de descuento y recibirán un descuento del 30 por ciento en el cuadro tarifario de transición vigente a partir del pasado 2 de junio. Los 374.000 que actualmente reciben la tarifa social también tendrán un importante descuento del 50 por ciento, sobre todo los que corresponden al cuadro tarifario de las zonas incorporadas, es decir, IIIa y IV.
Se agregan las localidades comprendidas en el frente marítimo y las subzonas del sur de la provincia de Buenos Aires y de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y Salta, y se agregan algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy que sean a futuro abastecidas de gas natural o gas licuado de petróleo de uso domiciliario. Es decir, si esas zonas el día de mañana tienen gas por redes, automáticamente percibirán los descuentos del 30 y del 50 por ciento, según corresponda.
Le cedo la palabra a Jorge Deferrari, gerente de Distribución y Gas Natural Vehicular, para que explique cuáles son las normas IRAM y los criterios fundamentales que hacen a este beneficio.
En primer lugar, por este proyecto de ley se propone la prórroga por diez años del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por medio de la ley 25.565 de Presupuesto General de la Nación de 2002, específicamente en su artículo 75.
El proyecto de ley, además de prorrogar por diez años este fondo fiduciario, amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del régimen de tarifa diferencial, beneficiados por cuadros tarifarios de los servicios públicos de gas natural por red, gas propano indiluido por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, comercializado a granel en la región Patagónica, la Puna y Malargüe.
La ampliación de la extensión abarca a localidades de bajas temperaturas, además de las localidades de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Todo esto, como verán en la próxima diapositiva que es un resumen general con números concretos, permite la extensión del beneficio de esta tarifa diferencial aproximadamente a 3.150.000 hogares de la República Argentina.
El régimen se financia con un recargo sobre el precio del gas natural en PIST aplicable al volumen comercializado en el país, que no puede superar el límite del 7,5 por ciento; actualmente, el nivel de recargo se ubica en 4,46 por ciento.
En tal sentido, se prevé que este recargo pase a 5,44 por ciento para cubrir la ampliación que les mencionaba de 3.1 millones de nuevos beneficiarios y beneficiarias. Ello genera un impacto mínimo en la factura de los usuarios, aproximadamente 0,5 por ciento en la factura promedio; además, es fundamental destacar que no requiere de aportes del Tesoro Nacional ya que se autofinancia.
El nuevo régimen disminuye los componentes fijos y variables de la factura del servicio de gas por redes, ya sea gas natural o propano indiluido, para los usuarios y usuarias residenciales de zonas frías. En ese sentido, el beneficio representa un descuento del 30 por ciento o del 50 por ciento, dependiendo de la condición de vulnerabilidad económica de cada usuario. Es decir, se genera un beneficio progresivo para los hogares.
Asimismo, en los hogares de menores ingresos -beneficiarios de planes sociales, jubilados y jubiladas, monotributistas sociales, entre otros- y donde residan electrodependientes, se aplicará una reducción del 50 por ciento del cuadro tarifario.
Además, conservarán el descuento del 50 por ciento sobre el cuadro tarifario los usuarios y las usuarias de la región patagónica, del departamento de Malargüe en la provincia Mendoza y de la región de la Puna en el Noroeste.
El resto de los hogares con tarifa diferencial incorporados -es decir, los nuevos beneficiarios de tarifa diferencial-, percibirán un descuento del 30 por ciento en su cuadro tarifario, que es el cuadro tarifario de transición vigente desde el 2 de junio.
En la siguiente filmina figura precisamente el resumen con números que comentaba con anterioridad. El escenario actual pueden verlo en los recuadros en gris, que indican los números actuales de beneficiarios. Por ejemplo, actualmente tenemos 849.965 usuarios con el beneficio por zona fría que, con esta ampliación, pasan a ser aproximadamente 4 millones de beneficiarios. Es decir, estamos hablando de 3,1 millones de beneficiarios nuevos, de los cuales 2,8 serían usuarios de tarifa diferencial; se suman 374.000 de tarifa social que incorporan el beneficio de la tarifa diferencial.
Las zonas IV y IIIa tendrán 2,7 millones de nuevos usuarios beneficiados con un 30 por ciento de descuento -son 2,8 millones, detallados en la parte superior de la filmina-, y luego tenemos 373.000 -aquí se sintetiza como 374- usuarios de tarifa social que tendrán un descuento del 50 por ciento porque perciben el beneficio de la tarifa diferencial por zona fría.
Aquí pueden observar los 849.000 usuarios del escenario actual que quedan igual; mantienen el beneficio de la tarifa diferencial y corresponden a las zonas de la Patagonia, la Puna y Malargüe, con el 50 por ciento de descuento.
Producto de esta ampliación -es decir, de la ubicación de estos 3,1 millones de nuevos beneficiarios-, se suman cuatro provincias -un total de 151 departamentos-, por lo cual el proyecto de ley de la prórroga de los diez años para el fondo fiduciario -manteniendo el beneficio de la tarifa diferencial para Patagonia, Malargüe y Mendoza-, sumado a las zonas IIIa y IV, redundará en que haya un total de 4 millones de beneficiarios con descuentos del 30 al 50 por ciento en 14 provincias y 230 departamentos.
Aquí pueden observar un esquema de cómo se autofinancia el fondo fiduciario. Hay un recargo sobre el precio de venta de gas en el PIST de 5,44; esto ya es con el aumento que se requiere para ampliar el beneficio a 3,1 millones de nuevos usuarios y usuarias. Este recargo permite que este fondo fiduciario tenga recursos para compensar a las distribuidoras, las que, al emitir las facturas, ya deberán incluir este descuento que les comento del 30 al 50 por ciento.
El recargo además se alimenta de lo que proviene de usinas, grandes usuarios, SGP y GNC, que son otras categorías de usuarios, además de los residenciales.
Aquí pueden observar una factura de gas -de Metrogás en la filmina-. Como ven, se incluyen nuevos conceptos, por ejemplo, el fondo del artículo 75 de la ley 25.565 que, en este caso, representa 19 pesos para una liquidación total de 1200 e implica un impacto de un 0,5 por ciento sobre la factura residencial media. Esto corresponde al recargo del 5,44 que les mencionaba.
Un usuario residencial pagará entre 6 y 8 pesos más por mes, por factura. Como ustedes saben, las facturas son mes a mes; se registra el consumo del bimestre previo, pero luego la facturación se divide como para emitir una factura por mes.
Esta ampliación implica entonces para un usuario residencial entre 6 y 8 pesos para zonas no frías, y para las frías es menor.
En esta filmina pueden ver en azul y celeste las zonas bioambientales vigentes. El proyecto de ampliación, como les decía, permite incluir la zona IIIa -en color naranja-; esta que ven en amarillo, que casi bordea la precordillera y va hacia el norte; y la IV, en color verde claro y verde oscuro.
Con la ampliación entonces tenemos la zona V y VI -Patagonia, Malargüe y Puna-, y se suma la IV y la IIIa.
Luego el gerente de Distribución y Gas Natural Vehicular y el de Protección del Usuario del Enargas darán mayores detalles respecto del criterio de este proyecto de ley, que apunta a brindar una bonificación solidaria a aquellas regiones del país que necesitan -por ejemplo, para calefaccionarse- un mayor consumo del servicio público del gas por redes que, como bien saben, es un derecho social que garantiza la concreción de derechos humanos.
La ampliación lleva entonces el beneficio a un total de 4 millones de usuarios y usuarias, de los cuales 2,8 millones actualmente abonan la factura sin ningún tipo de descuento y recibirán un descuento del 30 por ciento en el cuadro tarifario de transición vigente a partir del pasado 2 de junio. Los 374.000 que actualmente reciben la tarifa social también tendrán un importante descuento del 50 por ciento, sobre todo los que corresponden al cuadro tarifario de las zonas incorporadas, es decir, IIIa y IV.
Se agregan las localidades comprendidas en el frente marítimo y las subzonas del sur de la provincia de Buenos Aires y de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y Salta, y se agregan algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy que sean a futuro abastecidas de gas natural o gas licuado de petróleo de uso domiciliario. Es decir, si esas zonas el día de mañana tienen gas por redes, automáticamente percibirán los descuentos del 30 y del 50 por ciento, según corresponda.
Le cedo la palabra a Jorge Deferrari, gerente de Distribución y Gas Natural Vehicular, para que explique cuáles son las normas IRAM y los criterios fundamentales que hacen a este beneficio.
SR. DEFERRARI Buenas tardes a todos y a todas. Voy a solicitar compartir la pantalla.
Muchas gracias.
En primer lugar, quiero comentarles en qué nos basamos para hacer esta clasificación de zonas para otorgar los beneficios mencionados.
Nos basamos en la norma IRAM 11.603/2012. El IRAM es el representante argentino ante la Organización Internacional de Normalización; nos representa en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas y en la Asociación del Mercosur. Se trata de un organismo reconocido internacionalmente.
El instituto IRAM, cada vez que emite una norma, se reúne, llama a expertos -en este caso puntual, mencionaré luego quiénes participaron de esta iniciativa- y la somete a la discusión pública.
Esta norma, de la cual estamos seleccionando las categorías para otorgar algunos beneficios, se puso en discusión en 2012 y estuvo 60 días en discusión pública con la participación de todos los actores.
En ese entonces, colaboraron en esta norma y con la gente del IRAM las siguientes entidades: la Secretaría de Energía, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, la Universidad Nacional del Noroeste, la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, el Centro Argentino de Ingenieros y fabricantes y cámaras del sector de la construcción.
Esta norma es una norma de diseño y se la utiliza frecuentemente en la construcción porque de aquí obtienen, los que se dedican en construcción de viviendas, datos fundamentales para realizar el diseño de construcciones civiles. ¿Qué hizo en aquel momento la gente que se dedicó a elaborar esta norma? Sobre la base de 96 estaciones del Servicio Meteorológico Nacional distribuidas a lo largo del país, se tomó la temperatura de los últimos diez años. En tal sentido, próximamente, la gente de IRAM estará trabajando para volver a actualizar esta norma. ¿Por qué se toman las temperaturas de los últimos diez años? Se hace para que no influya si en los últimos años hubo un invierno cálido o un invierno riguroso; de esa manera se disminuye, se minimiza cualquier posibilidad de error.
¿Qué tomó la norma para dividir las zonas? Tomó lo que se llama diferencia de grado día. Es sabido -y esto es un criterio internacional- que temperaturas inferiores de 18 grados no son temperaturas confortables, por lo tanto, generalmente, accionamos la calefacción.
Entonces, ¿qué se hizo para poder determinar la diferencia de grado día y poder individualizar aquellas zonas más críticas en cuanto a la sensación de temperatura y al requerimiento de calefacción? Yo les voy a dar un ejemplo. Imagínense un día cualquiera, con una temperatura media -el promedio entre la máxima y la mínima- por debajo de 18 grados, supongamos 17 grados. En ese caso, la diferencia entre 18 y 17 es de un grado. Al día siguiente puede ser que la diferencia de temperatura media en promedio haya sido de 10 grados. Entonces, entre 18 y 10 grados tenemos una diferencia de 8 grados, por lo tanto, la sumatoria va a ser un grado más, vamos a tener 9 grados, y así sucesivamente.
Se fueron agrupando la cantidad de grados día al año para determinadas zonas, lo que, de alguna manera, nos está representando la necesidad de calefacción para esa zona. Sobre esa base, la norma IRAM luego dividió al país en estas zonas que ustedes ven en la pantalla.
La zona amarilla es la zona 4, que en verano tiene temperaturas que pueden llegar a los 30 grados y en invierno están en el orden de entre los 4 y de 8 grados las temperaturas medias, pero las temperaturas mínimas siempre son inferiores a 0 grados. Tenemos las diferencias. Por ejemplo, arriba la zona 4 A es una zona de montaña; la zona 4 B es una zona con bastante asoleamiento, la zona este 4 C es una zona intermedia y la zona 4 D es la zona marítima. Cada una de las zonas se diferencia en función de la amplitud térmica que tenga cada una de las zonas.
La otra zona que se está incluyendo es la zona 3 A, que la norma la dio en llamar de temperatura cálida. Si vamos a los datos duros de las temperaturas que se fueron registrando a lo largo de los años en esa zona, tenemos temperaturas máximas que están en el orden de los 30 grados y temperaturas medias de 20 a 26 grados en verano. En invierno tenemos temperaturas medias que están en el orden de 8 y 12 grados, los que siempre están por debajo de los 18 grados de temperatura confortable, como les comenté recién. En esta zona es muy frecuente que se lleguen a dar temperaturas inferiores a los 0 grados en el invierno.
Aquí también se hace una diferenciación en cuanto a la amplitud térmica. De alguna manera, lo que nosotros estamos tratando de demostrar aquí es que nos estamos basando en una norma IRAM, que tiene un sustento técnico y de temperatura, donde para su elaboración participaron otros organismos del Estado.
Muchas gracias.
En primer lugar, quiero comentarles en qué nos basamos para hacer esta clasificación de zonas para otorgar los beneficios mencionados.
Nos basamos en la norma IRAM 11.603/2012. El IRAM es el representante argentino ante la Organización Internacional de Normalización; nos representa en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas y en la Asociación del Mercosur. Se trata de un organismo reconocido internacionalmente.
El instituto IRAM, cada vez que emite una norma, se reúne, llama a expertos -en este caso puntual, mencionaré luego quiénes participaron de esta iniciativa- y la somete a la discusión pública.
Esta norma, de la cual estamos seleccionando las categorías para otorgar algunos beneficios, se puso en discusión en 2012 y estuvo 60 días en discusión pública con la participación de todos los actores.
En ese entonces, colaboraron en esta norma y con la gente del IRAM las siguientes entidades: la Secretaría de Energía, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, la Universidad Nacional del Noroeste, la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, el Centro Argentino de Ingenieros y fabricantes y cámaras del sector de la construcción.
Esta norma es una norma de diseño y se la utiliza frecuentemente en la construcción porque de aquí obtienen, los que se dedican en construcción de viviendas, datos fundamentales para realizar el diseño de construcciones civiles. ¿Qué hizo en aquel momento la gente que se dedicó a elaborar esta norma? Sobre la base de 96 estaciones del Servicio Meteorológico Nacional distribuidas a lo largo del país, se tomó la temperatura de los últimos diez años. En tal sentido, próximamente, la gente de IRAM estará trabajando para volver a actualizar esta norma. ¿Por qué se toman las temperaturas de los últimos diez años? Se hace para que no influya si en los últimos años hubo un invierno cálido o un invierno riguroso; de esa manera se disminuye, se minimiza cualquier posibilidad de error.
¿Qué tomó la norma para dividir las zonas? Tomó lo que se llama diferencia de grado día. Es sabido -y esto es un criterio internacional- que temperaturas inferiores de 18 grados no son temperaturas confortables, por lo tanto, generalmente, accionamos la calefacción.
Entonces, ¿qué se hizo para poder determinar la diferencia de grado día y poder individualizar aquellas zonas más críticas en cuanto a la sensación de temperatura y al requerimiento de calefacción? Yo les voy a dar un ejemplo. Imagínense un día cualquiera, con una temperatura media -el promedio entre la máxima y la mínima- por debajo de 18 grados, supongamos 17 grados. En ese caso, la diferencia entre 18 y 17 es de un grado. Al día siguiente puede ser que la diferencia de temperatura media en promedio haya sido de 10 grados. Entonces, entre 18 y 10 grados tenemos una diferencia de 8 grados, por lo tanto, la sumatoria va a ser un grado más, vamos a tener 9 grados, y así sucesivamente.
Se fueron agrupando la cantidad de grados día al año para determinadas zonas, lo que, de alguna manera, nos está representando la necesidad de calefacción para esa zona. Sobre esa base, la norma IRAM luego dividió al país en estas zonas que ustedes ven en la pantalla.
La zona amarilla es la zona 4, que en verano tiene temperaturas que pueden llegar a los 30 grados y en invierno están en el orden de entre los 4 y de 8 grados las temperaturas medias, pero las temperaturas mínimas siempre son inferiores a 0 grados. Tenemos las diferencias. Por ejemplo, arriba la zona 4 A es una zona de montaña; la zona 4 B es una zona con bastante asoleamiento, la zona este 4 C es una zona intermedia y la zona 4 D es la zona marítima. Cada una de las zonas se diferencia en función de la amplitud térmica que tenga cada una de las zonas.
La otra zona que se está incluyendo es la zona 3 A, que la norma la dio en llamar de temperatura cálida. Si vamos a los datos duros de las temperaturas que se fueron registrando a lo largo de los años en esa zona, tenemos temperaturas máximas que están en el orden de los 30 grados y temperaturas medias de 20 a 26 grados en verano. En invierno tenemos temperaturas medias que están en el orden de 8 y 12 grados, los que siempre están por debajo de los 18 grados de temperatura confortable, como les comenté recién. En esta zona es muy frecuente que se lleguen a dar temperaturas inferiores a los 0 grados en el invierno.
Aquí también se hace una diferenciación en cuanto a la amplitud térmica. De alguna manera, lo que nosotros estamos tratando de demostrar aquí es que nos estamos basando en una norma IRAM, que tiene un sustento técnico y de temperatura, donde para su elaboración participaron otros organismos del Estado.
SR. MAYA Solamente, quiero destacar, además de lo que vos venís mencionando en la parte técnica, que hemos ido escuchando, en el ámbito de las comisiones de usuarios del Enargas que se crearon a partir de la intervención, todos estos pedidos y estas iniciativas que han planteado diferentes localidades o (MIC), municipalidades, defensorías de consumidores, que han ido solicitando la inclusión de zonas frías y hacer una reparación histórica al respecto.
SR. BERNAL Simplemente, quiero agregar que cuando uno ve esos mapas advierte la expansión, la ampliación que significa el proyecto de ley al poder cubrir zonas bioambientales adicionales, además de regirnos, como bien explicado a Jorge Deferrari, por las normas IRAM. O sea, acá no hay ningún capricho, sino que nos regimos precisamente por criterios absolutamente técnicos y que hacen a esas normas y que hacen, además, a sistemas de medición del Servicio Meteorológico Nacional, a algoritmos y estaciones de medición, que están distribuidas en la República Argentina. A partir de una triangulación se estiman las temperaturas.
Quiero decirles que con este proyecto se cuida, fundamentalmente, un derecho humano que es el acceso a una vivienda adecuada, una vivienda digna, que va más allá de tener cuatro paredes y un techo. No hay vivienda adecuada sin una adecuada calefacción, sin el servicio público de gas por redes. Por eso entendemos que al hacerlo de esta manera, a través de las zonas bioambientales, puede ser perfeccionando el tema. Como bien explicaba Jorge, las normas IRAM sobre las cuales nos estamos basando son de 2012, y como cada 10 años tienen una actualización, el año que viene ya de por sí van a tener una actualización.
Además, nosotros ya venimos trabajando fuertemente para mejorarla en todo lo que se pueda, pero acá estamos, ampliando derechos. Este proyecto de ley amplía derechos para aquellos argentinos y argentinas que no pueden prescindir de este servicio público y necesitan no verse afectados en su consumo y tener una vivienda adecuada, que es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75, que, precisamente, da jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
Me gustaría si me pueden poner de vuelta la presentación que estaba mostrándoles así termino con tres diapositivas.
Había llegado aquí cuando le pasé el uso de la palabra a Jorge Deferrari. Ahora quiero mostrarles lo siguiente. Lo que se ve en pantalla ya son casos concretos. Por ejemplo, acá tenemos una factura de Camuzzi Pampeana, que alcanza a Buenos Aires y 25 partidos de la provincia.
Tenemos entonces beneficiarios nuevos de tarifa diferencial. En las barras verán los meses de mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre; y en las barras grises tienen lo que recibe, por ejemplo, un usuario. Esto siempre hace referencia a una factura promedio residencial para esta distribuidora.
En mayo y junio un usuario de Camuzzi Gas Pampeana, por ejemplo, percibe una factura de 821 pesos; en julio y agosto aumenta a 2.500 por un mayor consumo del mes de invierno; en septiembre y octubre tiene un incremento también menor, pero un incremento al fin. Recuerden siempre que las facturas que llegan en septiembre y octubre reflejan el consumo del bimestre anterior, con lo cual van a estar registrando el mayor consumo por el invierno, haber prendido estufas, etcétera.
Las columnas celestes tienen que ver con cómo impactará el beneficio para esta factura promedio de un usuario residencial de Camuzzi Gas Pampeana. Entonces, acá tienen el descuento del 30 por ciento que van a percibir entre el consumo que hubieran tenido en septiembre-octubre; digo septiembre-octubre porque ahí ya tienen el impacto pleno del mayor consumo y del beneficio. Entonces, en vez de pagar 2.987 pesos, pagarán 2.104 pesos; esto es un descuento del 30 por ciento.
¿Qué es la columna amarilla? La columna amarilla es la RTI 2016-2017, es decir, la tarifa del gobierno anterior, que el presidente de la Nación decidió suspender a través del DNU 1020. Esto como consecuencia de los resultados del proceso de revisión de auditoría que encararon los entes reguladores -más precisamente el Ente Nacional Regulador del Gas- en lo que respecta al servicio público de gas por redes, que evitó que un usuario de Camuzzi Gas Pampeana en septiembre-octubre pague 6.834 pesos, producto de esa suspensión de la tarifa de la RTI 2016-2017, que -como bien saben- en realidad tenía vigencia hasta abril del año que viene.
Con lo cual, no solamente acá hay un descuento del 30 por ciento, que es lo que quiero mencionarles -y esto vale para beneficiarios nuevos de tarifa diferencial, que tendrán el descuento del 50 por ciento obviamente-, sino que además hay un abaratamiento respecto de lo que se hubiese pagado de continuar vigentes las tarifas del gobierno anterior.
Es decir, y sintetizando, para una factura promedio de un usuario residencial de Camuzzi Gas Pampeana, en septiembre-octubre, en vez de pagar 6.800 pesos no solamente no va a pagar 2.987, que es lo que le correspondería de no aprobarse este proyecto de ley, sino que -si se aprueba- además bajará a 2.104 pesos, es decir, un abaratamiento del servicio público del 70 por ciento respecto de lo que se hubiese pagado de continuar vigentes las tarifas del gobierno anterior. Esto es Camuzzi Gas Pampeana.
Acá tienen el caso de una factura para un promedio residencial de la región cuyana, provincia de Mendoza, en la que se da lo mismo: 30 por ciento de descuento; o sea, en septiembre-octubre, cuando esté plenamente vigente el cuadro tarifario de transición -que, como les decía, entró a regir el pasado 2 de junio-, en vez de 2.400 pesos que pagaría de no tener este beneficio ahora pasa a pagar 1.700 pesos, lo que significa una bonificación del 30 por ciento. Aquí tenemos una bonificación del 50 por ciento, que significa un abaratamiento del servicio público del 68 por ciento respecto de lo que hubiese pagado de continuar vigentes las tarifas del gobierno anterior.
Finalmente, tenemos el ejemplo para una factura del litoral, provincia de Santa Fe. Lo mismo: 30 por ciento, 50 por ciento, con abaratamientos del 58 por ciento, o sea casi del 60 y 70 por ciento de continuar vigentes las tarifas de la gestión anterior.
Señor presidente: hasta aquí esta síntesis. He hecho lo más rápido posible. Por supuesto, ya lo que usted disponga para responder las preguntas.
Quiero decirles que con este proyecto se cuida, fundamentalmente, un derecho humano que es el acceso a una vivienda adecuada, una vivienda digna, que va más allá de tener cuatro paredes y un techo. No hay vivienda adecuada sin una adecuada calefacción, sin el servicio público de gas por redes. Por eso entendemos que al hacerlo de esta manera, a través de las zonas bioambientales, puede ser perfeccionando el tema. Como bien explicaba Jorge, las normas IRAM sobre las cuales nos estamos basando son de 2012, y como cada 10 años tienen una actualización, el año que viene ya de por sí van a tener una actualización.
Además, nosotros ya venimos trabajando fuertemente para mejorarla en todo lo que se pueda, pero acá estamos, ampliando derechos. Este proyecto de ley amplía derechos para aquellos argentinos y argentinas que no pueden prescindir de este servicio público y necesitan no verse afectados en su consumo y tener una vivienda adecuada, que es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75, que, precisamente, da jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
Me gustaría si me pueden poner de vuelta la presentación que estaba mostrándoles así termino con tres diapositivas.
Había llegado aquí cuando le pasé el uso de la palabra a Jorge Deferrari. Ahora quiero mostrarles lo siguiente. Lo que se ve en pantalla ya son casos concretos. Por ejemplo, acá tenemos una factura de Camuzzi Pampeana, que alcanza a Buenos Aires y 25 partidos de la provincia.
Tenemos entonces beneficiarios nuevos de tarifa diferencial. En las barras verán los meses de mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre; y en las barras grises tienen lo que recibe, por ejemplo, un usuario. Esto siempre hace referencia a una factura promedio residencial para esta distribuidora.
En mayo y junio un usuario de Camuzzi Gas Pampeana, por ejemplo, percibe una factura de 821 pesos; en julio y agosto aumenta a 2.500 por un mayor consumo del mes de invierno; en septiembre y octubre tiene un incremento también menor, pero un incremento al fin. Recuerden siempre que las facturas que llegan en septiembre y octubre reflejan el consumo del bimestre anterior, con lo cual van a estar registrando el mayor consumo por el invierno, haber prendido estufas, etcétera.
Las columnas celestes tienen que ver con cómo impactará el beneficio para esta factura promedio de un usuario residencial de Camuzzi Gas Pampeana. Entonces, acá tienen el descuento del 30 por ciento que van a percibir entre el consumo que hubieran tenido en septiembre-octubre; digo septiembre-octubre porque ahí ya tienen el impacto pleno del mayor consumo y del beneficio. Entonces, en vez de pagar 2.987 pesos, pagarán 2.104 pesos; esto es un descuento del 30 por ciento.
¿Qué es la columna amarilla? La columna amarilla es la RTI 2016-2017, es decir, la tarifa del gobierno anterior, que el presidente de la Nación decidió suspender a través del DNU 1020. Esto como consecuencia de los resultados del proceso de revisión de auditoría que encararon los entes reguladores -más precisamente el Ente Nacional Regulador del Gas- en lo que respecta al servicio público de gas por redes, que evitó que un usuario de Camuzzi Gas Pampeana en septiembre-octubre pague 6.834 pesos, producto de esa suspensión de la tarifa de la RTI 2016-2017, que -como bien saben- en realidad tenía vigencia hasta abril del año que viene.
Con lo cual, no solamente acá hay un descuento del 30 por ciento, que es lo que quiero mencionarles -y esto vale para beneficiarios nuevos de tarifa diferencial, que tendrán el descuento del 50 por ciento obviamente-, sino que además hay un abaratamiento respecto de lo que se hubiese pagado de continuar vigentes las tarifas del gobierno anterior.
Es decir, y sintetizando, para una factura promedio de un usuario residencial de Camuzzi Gas Pampeana, en septiembre-octubre, en vez de pagar 6.800 pesos no solamente no va a pagar 2.987, que es lo que le correspondería de no aprobarse este proyecto de ley, sino que -si se aprueba- además bajará a 2.104 pesos, es decir, un abaratamiento del servicio público del 70 por ciento respecto de lo que se hubiese pagado de continuar vigentes las tarifas del gobierno anterior. Esto es Camuzzi Gas Pampeana.
Acá tienen el caso de una factura para un promedio residencial de la región cuyana, provincia de Mendoza, en la que se da lo mismo: 30 por ciento de descuento; o sea, en septiembre-octubre, cuando esté plenamente vigente el cuadro tarifario de transición -que, como les decía, entró a regir el pasado 2 de junio-, en vez de 2.400 pesos que pagaría de no tener este beneficio ahora pasa a pagar 1.700 pesos, lo que significa una bonificación del 30 por ciento. Aquí tenemos una bonificación del 50 por ciento, que significa un abaratamiento del servicio público del 68 por ciento respecto de lo que hubiese pagado de continuar vigentes las tarifas del gobierno anterior.
Finalmente, tenemos el ejemplo para una factura del litoral, provincia de Santa Fe. Lo mismo: 30 por ciento, 50 por ciento, con abaratamientos del 58 por ciento, o sea casi del 60 y 70 por ciento de continuar vigentes las tarifas de la gestión anterior.
Señor presidente: hasta aquí esta síntesis. He hecho lo más rápido posible. Por supuesto, ya lo que usted disponga para responder las preguntas.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Gracias, Federico.
Si bien hay expositores que han pedido participar, antes de darles la palabra, se la daré a los diputados que la han solicitado.
En primer lugar, tiene la palabra la señora diputada Latorre.
Si bien hay expositores que han pedido participar, antes de darles la palabra, se la daré a los diputados que la han solicitado.
En primer lugar, tiene la palabra la señora diputada Latorre.
SRA. LATORRE Señor presidente: muchas gracias. ¿Me escucha bien?
SR. PRESIDENTE FÉLIX Sí, se escucha, diputada.
Solamente reitero que no estamos debatiendo en este momento, sino que la idea -por el poco tiempo del que disponemos y para que puedan tener espacio los otros expositores- es que se limite hoy a preguntas al interventor del ENARGAS. Gracias.
Solamente reitero que no estamos debatiendo en este momento, sino que la idea -por el poco tiempo del que disponemos y para que puedan tener espacio los otros expositores- es que se limite hoy a preguntas al interventor del ENARGAS. Gracias.
SRA. LATORRE Perfecto. Trataré de hacer las preguntas con la contextualización del caso.
Gracias al equipo del ENARGAS, a su interventor y al equipo técnico. Para contextualizar justamente las preguntas y como ya se explicó en la presentación, este proyecto surge del artículo 75 de la ley que, en 2002, creó este fondo fiduciario para los subsidios que actualmente son para la región patagónica del departamento de Malargüe, de la provincia de Mendoza, y luego se incorporó también la Puna.
Para poner blanco sobre negro, hoy el fondo subsidia el consumo residencial de todos los usuarios de gas por redes con un criterio territorial. Esto lo que hace es no distinguir la capacidad de pago de estos territorios. En estas zonas, hoy los usuarios pagan tres veces el gas subsidiado.
Al subsidiado costo de abastecimiento del plan "GasAr" o "Barril Criollo" se le suma el subsidio del Tesoro Nacional a través del IEASA, ex Enarsa, del precio de venta a las distribuidoras de esa zona, y sobre ese precio ahora se le suma el transporte y la distribución, y se subsidia el 50 por ciento de la factura.
Si no entendí mal, con este proyecto que se presenta, ese mismo esquema se replica a más de la mitad del territorio argentino. Es decir, con este proyecto, más de la mitad del territorio argentino sería la Patagonia, sin respetar siquiera el propio mapa isotérmico que nos mostraron recientemente y que publica el organismo, que debería ser técnico, pero está bastante politizado actualmente.
Mis preguntas están relacionadas principalmente al impacto fiscal. Si no entendí mal, actualmente el beneficio alcanza a 850.000 hogares. En el proyecto se estima que el crecimiento de este universo de beneficiarios alcanzará en total a 4.000.000, es decir, un crecimiento de 3.100.000 hogares.
Entonces, creo que hay una cuestión de sábana corta: este fondo fiduciario que se compone con este sobre cargo, que actualmente está en un 4,46 por ciento, y que, por lo que dijo el interventor, se incrementaría a un 5,50 por ciento. Es decir, con un incremento de un punto se subsidiarían 3.100.000 hogares más. Por lo tanto, siendo menos los que aportan y siendo muchos más los que se van a ver beneficiarios, no encuentro el punto de equilibrio del fondo fiduciario, sobre todo con un incremento que se está anunciando en solo un punto.
Esto también me lleva a preguntarle al interventor, justamente, cuál es la previsión presupuestaria para el refuerzo con rentas generales a través del Tesoro de la Nación y a través de las respectivas partidas presupuestarias para hacer frente a este margen que, evidentemente, no va a quedar cubierto con el fondo fiduciario.
Además de esto, tenemos que tener en cuenta en ese gráfico que él nos mostraba -que, en realidad, puede que lo conceptual no haya estado bien volcado a lo gráfico justamente, sobre todo por el reparto y la proporción en la representación- que ese aumento del sobre cargo por cada metro cúbico consumido de los aportantes también afecta a la industria y, en particular, a las generadoras térmicas, que estaban indicadas ahí.
Estas generadoras térmicas representan un tercio del consumo del gas de nuestro país, y el incremento de este sobre cargo va a encarecer los costos de generación eléctrica y, por lo tanto, va a implicar o bien un aumento en las tarifas eléctricas o lo que implicaría un subsidio cruzado entre los usuarios de energía eléctrica y los usuarios de gas con la disparidad en la conectividad que hay entre estos dos servicios públicos, o bien un aumento en la cuenta de subsidios direccionados a Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, que hoy acumula una deuda de 177 billones de pesos, de los cuales están encaminados a condonarle 136 billones por el artículo 87 del presupuesto.
Entonces, teniendo en cuenta la discrecionalidad con la que proyectan que la autoridad de aplicación puede aumentar o disminuir el nivel de recargo -con el impacto que acabo de señalar-, en un fondo donde aportan menos y se benefician indeterminadamente más, necesitamos saber cuál es la estimación o simulación de ese impacto de los aportes y la modificación del recargo vigente en el fondo fiduciario, en los costos de la generación eléctrica y en la cuenta de subsidios para asegurar el normal funcionamiento del fondo.
Además, necesitamos saber cuándo se va a comunicar al resto de los usuarios el próximo aumento tarifario, necesario para cubrir ese aumento de subsidio; o, en su defecto -como es política de este gobierno-, cuándo va a comunicar el Poder Ejecutivo nacional la necesidad de reestructuración, la afectación que va a implicar en la cuenta de subsidios y si se ha estimado e informado en cuánto.
Además, queremos saber cuál es la previsión con respecto a la incidencia de este subsidio en el régimen tarifario general, es decir, cuál va a ser el costo para los usuarios no beneficiarios, porque no está claro en las imágenes que mostraron.
Por otra parte, más allá de algunas cuestiones relacionadas con la discrecionalidad que enseguida voy a señalar, creo que hay un gran afectado en este proyecto. En este punto quiero ser clara porque soy legisladora por Mendoza y, como dijo el diputado Menna, distintos legisladores de Juntos por el Cambio hemos pedido tanto la prórroga de la tarifa patagónica como la inclusión de determinadas zonas en dicha tarifa.
Puntualmente, soy autora de uno de los proyectos para incluir a los departamentos de General Alvear y de San Rafael, Mendoza, dentro de esa tarifa patagónica. Principalmente, porque existen tres razones fundamentales: geográficas, técnicas y por tratarse de una provincia productora. No encuentro la misma justificación, ni tampoco criterios objetivos de determinación, para que se incluyan muchas de las zonas y localidades que hoy se están incluyendo arbitraria y discrecionalmente.
Pero más arbitraria y discrecional es la exclusión de los eternos excluidos, como son los usuarios de gas de garrafa. Me encantaría que el interventor me lo aclare si es que estoy equivocada -aunque en otras ocasiones lo escuché decir que esto es competencia de la Secretaría de Energía-, pero entiendo que este proyecto, paradójicamente y a contra relato del oficialismo, deja afuera a quienes no se ven alcanzados, que son los que desde hace mucho tiempo en la Argentina -más de cinco años- no tienen acceso al gas natural. Esto justamente lo explicó o lo enunció cuando dijo que "cuando tengan" o "cuando estén conectados" van a quedar automáticamente incorporados.
El inciso b) enumera a los usuarios de cilindros, garrafas o gas licuado, pero a renglón seguido, cuando enumera quiénes y con qué porcentajes van a gozar de los beneficios del proyecto, los excluye, porque dice claramente que es para los usuarios de gas natural o por redes.
Es cierto que en las zonas comprendidas en el proyecto dice que cuando estén conectados a las redes quedarán inmediatamente incorporados al beneficio. Pero esto me lleva a preguntarme -y seguramente a todos los ciudadanos que cargan las garrafas en sus bicicletas- lo siguiente: ¿cuándo van a estar conectados?, ¿cuándo van a estar incorporados al sistema?
¿Cuándo va a ocurrir tal cosa teniendo en cuenta que en estas reestructuraciones presupuestarias que sin dudas van a hacer falta para reforzar la cuenta de subsidios y equilibrar este fondo fiduciario, que se está desequilibrando, van a sacrificarse las inversiones y, con esto, las esperanzas de dejar de ser usuarios de segunda para el gobierno nacional?
Los usuarios de gas de garrafa no solo son las víctimas de estos subsidios cruzados que ya enumeré, sino que este es el subsidio cruzado más perverso, porque quienes no tienen gas por redes -por falta de inversión o por falta de infraestructura en transporte y distribución- se lo pagan a quienes ya están conectados a la red y gozan de estos subsidios dados discrecionalmente, con criterios oscuros y poco eficientes, gastando los recursos que nunca se van a utilizar para garantizar los derechos de quienes aún no están conectados.
Más allá de este deslinde de competencias hacia la Secretaría de Energía que en ocasiones hace el interventor, quiero dar algunos datos para que tanto el interventor como el resto de los expositores nos aclaren cuál será el alcance de este proyecto para estos usuarios en particular. Hoy el metro cúbico de gas de la garrafa social, la garrafa subsidiada, cuesta 23,50 pesos; el metro cúbico de gas de la garrafa sin subsidio cuesta 42,20 pesos; el metro cúbico de gas natural, con el subsidio que están proyectando, va a pasar a costar 9,88 pesos; el metro cúbico de gas natural sin el tercer subsidio, es decir, el metro cúbico de gas natural actual, cuesta 19,70 pesos.
Creo que esto no hace más que incrementar las asimetrías y la brecha. Es totalmente falso que este proyecto abarca y beneficia a todos los usuarios de gas de las zonas comprendidas; solo beneficia a los que actualmente están comprendidos en la red, sacrificando indefinidamente a los que no están comprendidos en la misma.
Para ir cerrando, luego de veinticinco meses de congelamiento tarifario, con un aumento de los costos energéticos que crecen por una inflación que no están logrando controlar y que excedió ampliamente la pauta presupuestaria, los subsidios energéticos acumulados a mayo representan un 40 por ciento más con relación al año pasado. Hoy ascienden a 6.821 millones de dólares, y van a seguir creciendo en este sendero por las siguientes razones: estamos entrando a la temporada más fría, hay un mayor gasto en importaciones para cubrir la caída de la producción local y, además, mantienen semicongelado el precio de la energía.
Las transferencias a Cammesa se han incrementado un 32 por ciento anual y representan 4.900 millones de dólares al año. Las tarifas siguen congeladas, con un retraso del 80 por ciento en materia de gas. El 56 por ciento de ese costo de abastecimiento ya está...
Gracias al equipo del ENARGAS, a su interventor y al equipo técnico. Para contextualizar justamente las preguntas y como ya se explicó en la presentación, este proyecto surge del artículo 75 de la ley que, en 2002, creó este fondo fiduciario para los subsidios que actualmente son para la región patagónica del departamento de Malargüe, de la provincia de Mendoza, y luego se incorporó también la Puna.
Para poner blanco sobre negro, hoy el fondo subsidia el consumo residencial de todos los usuarios de gas por redes con un criterio territorial. Esto lo que hace es no distinguir la capacidad de pago de estos territorios. En estas zonas, hoy los usuarios pagan tres veces el gas subsidiado.
Al subsidiado costo de abastecimiento del plan "GasAr" o "Barril Criollo" se le suma el subsidio del Tesoro Nacional a través del IEASA, ex Enarsa, del precio de venta a las distribuidoras de esa zona, y sobre ese precio ahora se le suma el transporte y la distribución, y se subsidia el 50 por ciento de la factura.
Si no entendí mal, con este proyecto que se presenta, ese mismo esquema se replica a más de la mitad del territorio argentino. Es decir, con este proyecto, más de la mitad del territorio argentino sería la Patagonia, sin respetar siquiera el propio mapa isotérmico que nos mostraron recientemente y que publica el organismo, que debería ser técnico, pero está bastante politizado actualmente.
Mis preguntas están relacionadas principalmente al impacto fiscal. Si no entendí mal, actualmente el beneficio alcanza a 850.000 hogares. En el proyecto se estima que el crecimiento de este universo de beneficiarios alcanzará en total a 4.000.000, es decir, un crecimiento de 3.100.000 hogares.
Entonces, creo que hay una cuestión de sábana corta: este fondo fiduciario que se compone con este sobre cargo, que actualmente está en un 4,46 por ciento, y que, por lo que dijo el interventor, se incrementaría a un 5,50 por ciento. Es decir, con un incremento de un punto se subsidiarían 3.100.000 hogares más. Por lo tanto, siendo menos los que aportan y siendo muchos más los que se van a ver beneficiarios, no encuentro el punto de equilibrio del fondo fiduciario, sobre todo con un incremento que se está anunciando en solo un punto.
Esto también me lleva a preguntarle al interventor, justamente, cuál es la previsión presupuestaria para el refuerzo con rentas generales a través del Tesoro de la Nación y a través de las respectivas partidas presupuestarias para hacer frente a este margen que, evidentemente, no va a quedar cubierto con el fondo fiduciario.
Además de esto, tenemos que tener en cuenta en ese gráfico que él nos mostraba -que, en realidad, puede que lo conceptual no haya estado bien volcado a lo gráfico justamente, sobre todo por el reparto y la proporción en la representación- que ese aumento del sobre cargo por cada metro cúbico consumido de los aportantes también afecta a la industria y, en particular, a las generadoras térmicas, que estaban indicadas ahí.
Estas generadoras térmicas representan un tercio del consumo del gas de nuestro país, y el incremento de este sobre cargo va a encarecer los costos de generación eléctrica y, por lo tanto, va a implicar o bien un aumento en las tarifas eléctricas o lo que implicaría un subsidio cruzado entre los usuarios de energía eléctrica y los usuarios de gas con la disparidad en la conectividad que hay entre estos dos servicios públicos, o bien un aumento en la cuenta de subsidios direccionados a Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, que hoy acumula una deuda de 177 billones de pesos, de los cuales están encaminados a condonarle 136 billones por el artículo 87 del presupuesto.
Entonces, teniendo en cuenta la discrecionalidad con la que proyectan que la autoridad de aplicación puede aumentar o disminuir el nivel de recargo -con el impacto que acabo de señalar-, en un fondo donde aportan menos y se benefician indeterminadamente más, necesitamos saber cuál es la estimación o simulación de ese impacto de los aportes y la modificación del recargo vigente en el fondo fiduciario, en los costos de la generación eléctrica y en la cuenta de subsidios para asegurar el normal funcionamiento del fondo.
Además, necesitamos saber cuándo se va a comunicar al resto de los usuarios el próximo aumento tarifario, necesario para cubrir ese aumento de subsidio; o, en su defecto -como es política de este gobierno-, cuándo va a comunicar el Poder Ejecutivo nacional la necesidad de reestructuración, la afectación que va a implicar en la cuenta de subsidios y si se ha estimado e informado en cuánto.
Además, queremos saber cuál es la previsión con respecto a la incidencia de este subsidio en el régimen tarifario general, es decir, cuál va a ser el costo para los usuarios no beneficiarios, porque no está claro en las imágenes que mostraron.
Por otra parte, más allá de algunas cuestiones relacionadas con la discrecionalidad que enseguida voy a señalar, creo que hay un gran afectado en este proyecto. En este punto quiero ser clara porque soy legisladora por Mendoza y, como dijo el diputado Menna, distintos legisladores de Juntos por el Cambio hemos pedido tanto la prórroga de la tarifa patagónica como la inclusión de determinadas zonas en dicha tarifa.
Puntualmente, soy autora de uno de los proyectos para incluir a los departamentos de General Alvear y de San Rafael, Mendoza, dentro de esa tarifa patagónica. Principalmente, porque existen tres razones fundamentales: geográficas, técnicas y por tratarse de una provincia productora. No encuentro la misma justificación, ni tampoco criterios objetivos de determinación, para que se incluyan muchas de las zonas y localidades que hoy se están incluyendo arbitraria y discrecionalmente.
Pero más arbitraria y discrecional es la exclusión de los eternos excluidos, como son los usuarios de gas de garrafa. Me encantaría que el interventor me lo aclare si es que estoy equivocada -aunque en otras ocasiones lo escuché decir que esto es competencia de la Secretaría de Energía-, pero entiendo que este proyecto, paradójicamente y a contra relato del oficialismo, deja afuera a quienes no se ven alcanzados, que son los que desde hace mucho tiempo en la Argentina -más de cinco años- no tienen acceso al gas natural. Esto justamente lo explicó o lo enunció cuando dijo que "cuando tengan" o "cuando estén conectados" van a quedar automáticamente incorporados.
El inciso b) enumera a los usuarios de cilindros, garrafas o gas licuado, pero a renglón seguido, cuando enumera quiénes y con qué porcentajes van a gozar de los beneficios del proyecto, los excluye, porque dice claramente que es para los usuarios de gas natural o por redes.
Es cierto que en las zonas comprendidas en el proyecto dice que cuando estén conectados a las redes quedarán inmediatamente incorporados al beneficio. Pero esto me lleva a preguntarme -y seguramente a todos los ciudadanos que cargan las garrafas en sus bicicletas- lo siguiente: ¿cuándo van a estar conectados?, ¿cuándo van a estar incorporados al sistema?
¿Cuándo va a ocurrir tal cosa teniendo en cuenta que en estas reestructuraciones presupuestarias que sin dudas van a hacer falta para reforzar la cuenta de subsidios y equilibrar este fondo fiduciario, que se está desequilibrando, van a sacrificarse las inversiones y, con esto, las esperanzas de dejar de ser usuarios de segunda para el gobierno nacional?
Los usuarios de gas de garrafa no solo son las víctimas de estos subsidios cruzados que ya enumeré, sino que este es el subsidio cruzado más perverso, porque quienes no tienen gas por redes -por falta de inversión o por falta de infraestructura en transporte y distribución- se lo pagan a quienes ya están conectados a la red y gozan de estos subsidios dados discrecionalmente, con criterios oscuros y poco eficientes, gastando los recursos que nunca se van a utilizar para garantizar los derechos de quienes aún no están conectados.
Más allá de este deslinde de competencias hacia la Secretaría de Energía que en ocasiones hace el interventor, quiero dar algunos datos para que tanto el interventor como el resto de los expositores nos aclaren cuál será el alcance de este proyecto para estos usuarios en particular. Hoy el metro cúbico de gas de la garrafa social, la garrafa subsidiada, cuesta 23,50 pesos; el metro cúbico de gas de la garrafa sin subsidio cuesta 42,20 pesos; el metro cúbico de gas natural, con el subsidio que están proyectando, va a pasar a costar 9,88 pesos; el metro cúbico de gas natural sin el tercer subsidio, es decir, el metro cúbico de gas natural actual, cuesta 19,70 pesos.
Creo que esto no hace más que incrementar las asimetrías y la brecha. Es totalmente falso que este proyecto abarca y beneficia a todos los usuarios de gas de las zonas comprendidas; solo beneficia a los que actualmente están comprendidos en la red, sacrificando indefinidamente a los que no están comprendidos en la misma.
Para ir cerrando, luego de veinticinco meses de congelamiento tarifario, con un aumento de los costos energéticos que crecen por una inflación que no están logrando controlar y que excedió ampliamente la pauta presupuestaria, los subsidios energéticos acumulados a mayo representan un 40 por ciento más con relación al año pasado. Hoy ascienden a 6.821 millones de dólares, y van a seguir creciendo en este sendero por las siguientes razones: estamos entrando a la temporada más fría, hay un mayor gasto en importaciones para cubrir la caída de la producción local y, además, mantienen semicongelado el precio de la energía.
Las transferencias a Cammesa se han incrementado un 32 por ciento anual y representan 4.900 millones de dólares al año. Las tarifas siguen congeladas, con un retraso del 80 por ciento en materia de gas. El 56 por ciento de ese costo de abastecimiento ya está...
SR. PRESIDENTE FELIX Por favor, vaya redondeando, señora diputada.
SRA. LATORRE Ya termino, señor presidente.
En este contexto, me gustaría saber si tuvieron en cuenta este incremento abismal que están teniendo los subsidios y la necesidad que tendrán de reestructurar las partidas presupuestarias. Sin ir más lejos, el mismo interventor dijo que el presupuesto es estimativo y que se va acomodando en la ejecución durante el año. Evidentemente, no solo se van a resignar las inversiones sino que se va afectar la competitividad sistémica que tiene nuestra economía.
Este incremento de más del 90 por ciento en el VAD para los consumidores de industrias -más de 4.100 grandes usuarios están alcanzados por esta suba-, del cual no hablan, se va a trasladar a los precios y esto va a generar una mayor inflación aún. Por ende, quiero saber qué opinan al respecto y si este proyecto está consensuado y coordinado con el equipo económico del gobierno. Fundamentalmente, quisiera saber cuál es la diferencia de criterio para recomponer uno u otro tipo de usuario y uno u otro tipo de segmento. Muchas gracias, señor presidente.
En este contexto, me gustaría saber si tuvieron en cuenta este incremento abismal que están teniendo los subsidios y la necesidad que tendrán de reestructurar las partidas presupuestarias. Sin ir más lejos, el mismo interventor dijo que el presupuesto es estimativo y que se va acomodando en la ejecución durante el año. Evidentemente, no solo se van a resignar las inversiones sino que se va afectar la competitividad sistémica que tiene nuestra economía.
Este incremento de más del 90 por ciento en el VAD para los consumidores de industrias -más de 4.100 grandes usuarios están alcanzados por esta suba-, del cual no hablan, se va a trasladar a los precios y esto va a generar una mayor inflación aún. Por ende, quiero saber qué opinan al respecto y si este proyecto está consensuado y coordinado con el equipo económico del gobierno. Fundamentalmente, quisiera saber cuál es la diferencia de criterio para recomponer uno u otro tipo de usuario y uno u otro tipo de segmento. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE FELIX Pido a los señores diputados que sean breves en sus exposiciones para que todos puedan hacer preguntas. Les pido que hagan preguntas y no análisis.
Tiene la palabra el señor diputado Quetglas.
Tiene la palabra el señor diputado Quetglas.
SR. QUETGLAS Señor presidente: es un gusto compartir con usted esta reunión.
Señor interventor: en línea con lo expresado por la colega que me antecedió en el uso de la palabra, la diputada Jimena Latorre, quiero decir lo siguiente. Usted sabe que a todos los funcionarios públicos del mundo lo que más les gusta es dar buenas noticias y decir que defienden el derecho y la Justicia. Esto es universal. Si yo estuviera sentado en su lugar, también me gustaría hacerlo. Pero la verdad es que el sentido de responsabilidad de la acción pública nos obliga a que esas buenas noticias sean sostenibles en el tiempo para que no sean una cosa vacua, superficial. Cuando los políticos somos inconsistentes, se deteriora mucho nuestra imagen frente a la sociedad. Yo, como defiendo la actividad pública, quiero que los beneficios que demos sean consistentes.
Le voy a hacer una pregunta. Me quedé muy impresionado, positivamente, por el estudio que han expresado sobre la cuestión climática. Me parece muy bien que se califique la información y que la información técnica de calidad sea el soporte de nuestras decisiones. En ese mismo sentido, señor interventor, le hago una pregunta: ¿ustedes han calculado cuánto será el delta de aumento del consumo a partir del subsidio?, porque ese delta de aumento de consumo va a determinar un aumento de las importaciones de gas, a un precio que la Argentina no determina ya que se trata de un commodity internacional, con el consecuente impacto en las cuentas externas.
Para nosotros es importante porque ahora, circunstancialmente, tenemos algunos dólares más de los que pensábamos tener ya que la tonelada de soja vale 600 dólares, pero en el futuro podemos no tenerlos y no sería bueno tener que sacar este beneficio en caso de que la soja bajara de precio el invierno que viene. En este sentido, mi pregunta es muy concreta: ¿tienen calculado ese delta?
Por otra parte, usted sabe que los subsidios en un servicio público que pretende llegar a ser universal lo pagan los que no lo tienen si no se han universalizado, tal como lo adelantara Jimena. Entonces, ¿cómo vamos a financiar la ampliación de la red, a fin de garantizar los derechos a los más postergados de este país? Lo pregunto porque este fondo fiduciario tenía esa finalidad pero ahora va a atender, decididamente, el aumento del consumo y tal vez se quede sin recursos. Uno puede estar de acuerdo, eventualmente, sabiendo o previendo cómo va a financiar la ampliación de la red.
Señor interventor: en línea con lo expresado por la colega que me antecedió en el uso de la palabra, la diputada Jimena Latorre, quiero decir lo siguiente. Usted sabe que a todos los funcionarios públicos del mundo lo que más les gusta es dar buenas noticias y decir que defienden el derecho y la Justicia. Esto es universal. Si yo estuviera sentado en su lugar, también me gustaría hacerlo. Pero la verdad es que el sentido de responsabilidad de la acción pública nos obliga a que esas buenas noticias sean sostenibles en el tiempo para que no sean una cosa vacua, superficial. Cuando los políticos somos inconsistentes, se deteriora mucho nuestra imagen frente a la sociedad. Yo, como defiendo la actividad pública, quiero que los beneficios que demos sean consistentes.
Le voy a hacer una pregunta. Me quedé muy impresionado, positivamente, por el estudio que han expresado sobre la cuestión climática. Me parece muy bien que se califique la información y que la información técnica de calidad sea el soporte de nuestras decisiones. En ese mismo sentido, señor interventor, le hago una pregunta: ¿ustedes han calculado cuánto será el delta de aumento del consumo a partir del subsidio?, porque ese delta de aumento de consumo va a determinar un aumento de las importaciones de gas, a un precio que la Argentina no determina ya que se trata de un commodity internacional, con el consecuente impacto en las cuentas externas.
Para nosotros es importante porque ahora, circunstancialmente, tenemos algunos dólares más de los que pensábamos tener ya que la tonelada de soja vale 600 dólares, pero en el futuro podemos no tenerlos y no sería bueno tener que sacar este beneficio en caso de que la soja bajara de precio el invierno que viene. En este sentido, mi pregunta es muy concreta: ¿tienen calculado ese delta?
Por otra parte, usted sabe que los subsidios en un servicio público que pretende llegar a ser universal lo pagan los que no lo tienen si no se han universalizado, tal como lo adelantara Jimena. Entonces, ¿cómo vamos a financiar la ampliación de la red, a fin de garantizar los derechos a los más postergados de este país? Lo pregunto porque este fondo fiduciario tenía esa finalidad pero ahora va a atender, decididamente, el aumento del consumo y tal vez se quede sin recursos. Uno puede estar de acuerdo, eventualmente, sabiendo o previendo cómo va a financiar la ampliación de la red.
SR. PRESIDENTE FELIX Tiene la palabra el señor diputado Cacace.
SR. CACACE Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al señor interventor por su presentación.
Entendí el criterio IRAM y la delimitación de las zonas IIIa y IV para la ampliación de los beneficiarios, pero quiero hacer una pregunta muy concreta sobre su aplicación en el territorio de mi provincia, San Luis.
En el texto del proyecto de ley ha sido incluido el departamento General Pedernera, donde se encuentra nuestra ciudad de Villa Mercedes, lo cual celebro. Ahora bien, no entiendo lo que ha ocurrido entre lo que está planteado en los fundamentos del proyecto de ley y dicha parte del texto.
En los fundamentos del proyecto de ley, tal cual lo expusieran recién en la intervención, se menciona a todas las localidades o todo lo que está en las zonas ambientales IIIa y IV. Ahora bien, si uno mira el mapa que se presenta en el proyecto de ley o se fija en las normas IRAM a las que se hace referencia, prácticamente todo el resto de nuestra provincia está en la zona IIIa. Es decir, hay muchas otras localidades -entre ellas, la ciudad de San Luis- que están en la misma condición que el departamento incluido en el texto. Incluso, tenemos el departamento Gobernador Dupuy, sobre el sur de la provincia de San Luis, que corresponde a la zona IV.
Sin embargo, esas zonas o localidades, tanto aquellas que actualmente tienen gas como aquellas que no pero que en el futuro podrían tenerlo, no están incluidas luego en el texto. Por lo tanto, quiero saber, en función de los criterios marcados, en qué situación quedan esos lugares.
Entendí el criterio IRAM y la delimitación de las zonas IIIa y IV para la ampliación de los beneficiarios, pero quiero hacer una pregunta muy concreta sobre su aplicación en el territorio de mi provincia, San Luis.
En el texto del proyecto de ley ha sido incluido el departamento General Pedernera, donde se encuentra nuestra ciudad de Villa Mercedes, lo cual celebro. Ahora bien, no entiendo lo que ha ocurrido entre lo que está planteado en los fundamentos del proyecto de ley y dicha parte del texto.
En los fundamentos del proyecto de ley, tal cual lo expusieran recién en la intervención, se menciona a todas las localidades o todo lo que está en las zonas ambientales IIIa y IV. Ahora bien, si uno mira el mapa que se presenta en el proyecto de ley o se fija en las normas IRAM a las que se hace referencia, prácticamente todo el resto de nuestra provincia está en la zona IIIa. Es decir, hay muchas otras localidades -entre ellas, la ciudad de San Luis- que están en la misma condición que el departamento incluido en el texto. Incluso, tenemos el departamento Gobernador Dupuy, sobre el sur de la provincia de San Luis, que corresponde a la zona IV.
Sin embargo, esas zonas o localidades, tanto aquellas que actualmente tienen gas como aquellas que no pero que en el futuro podrían tenerlo, no están incluidas luego en el texto. Por lo tanto, quiero saber, en función de los criterios marcados, en qué situación quedan esos lugares.
SR. PRESIDENTE FELIX Tiene la palabra el señor diputado Menna.
SR. MENNA Señor presidente: yo volveré sobre lo que dije de forma preliminar. Me llama mucho la atención el tratamiento que se le está dando a este proyecto. En primer lugar, porque acá está exponiendo el interventor del ENARGAS como si fuera el Poder Ejecutivo el autor de este proyecto de ley, cuando en realidad fue presentado por un diputado. Algunos hemos presentado proyectos de ley sobre esta materia con mucha antelación. En mi caso, presenté un proyecto en el mes de junio o julio del año pasado porque estaba preocupado por el vencimiento de este beneficio, que data desde el año 2012, es decir, desde hace casi veinte años.
Asimismo, me acabo de enterar de que hay un listado de expositores invitados, lo cual está muy bien. Sin embargo, lamentablemente, el resto de los integrantes, al menos de la Comisión de Energía y Combustibles, no hemos tenido la misma oportunidad de proponer a representantes de la sociedad civil. Nos hubiese interesado mucho poder hacerlo, sobre todo a quienes provenimos de las provincias que actualmente están incluidas en el beneficio, pues estamos preocupados por esta situación.
Quiero dejar señalado este punto. El ENARGAS no solo ha informado en esta reunión como si fuera el gestor o el autor del proyecto de ley, sino que, además -hay que decirlo-, tiene una situación irregular, porque está intervenido y la norma que facultaba dicha intervención está vencida. La ley 27.541 -denominada por nosotros como "ley de las nueve emergencias"-, que fue dictada en el marco de lo que dispone el artículo 76 de la Constitución Nacional, establece en su artículo 1° que vencía el 31 de diciembre de 2020. Es decir que la autoridad regulatoria en materia de gas está ilegítima e ilegalmente a cargo de una intervención. Esta no es una cuestión menor a la hora de ponderar el informe que se ha presentado.
Sin perjuicio de ello, yendo a la exposición que hemos escuchado, se ha dicho que este beneficio hoy abarca a 849.000 usuarios residenciales de las provincias patagónicas, de Malargüe -Mendoza-, de Patagones -provincia de Buenos Aires, que no lo vi en el informe pero en la ley está- y de la Puna. El recargo que pagan todos los usuarios de gas, incluidos los de las zonas beneficiarias, es del 4,46 por ciento.
Acá se nos ha dicho que se incorporan 3.100.000 usuarios y que el recargo o ese cargo que alimenta y financia al fondo fiduciario, que sirve para pagar este subsidio, va a estar en el 5,44 por ciento. La verdad es que es difícil entender cómo un aumento del universo de usuarios de casi el 400 por ciento -porque de 800.000 se pasa a 3.100.000- tiene un aumento del cargo tan exiguo.
Hay algo que no cierra, señor presidente. O se viene un incremento exorbitante en las tarifas que va a pagar el usuario final, producto del aumento de este cargo que financia el fondo fiduciario o, en realidad, dicho fondo, que hoy tiene el criterio de atender la situación de las provincias donde hay frío extremo -que sin ninguna duda son las de la Patagonia-, tiene en cuenta, además, otro factor objetivo: que el gas que se produce en la Argentina se produce esencialmente en las provincias patagónicas.
Aquí hemos escuchado una exposición de tono político más que técnico. Pareciera que estamos ante una especie de operativo "Papá Noel" en donde se va a terminar por poner en compromiso un beneficio que legítimamente y con toda justicia tiene la Patagonia.
Repito: financiar un incremento del 400 por ciento de la cantidad de usuarios aumentando de un modo tan exiguo el cargo no cierra por ningún lado, salvo que estemos hablando de distribuir entre más personas el mismo beneficio y, entonces, de una manera indirecta, quitárselo a la Patagonia.
Además, esta suspicacia viene alimentada por el hecho de que acá se habla de un cargo del 5,44 por ciento pero en el texto del articulado del proyecto de ley no aparece dicho porcentaje; salvo que esté en el ánimo o en el espíritu del interventor o de quien tenga que fijar este cargo, lo cual también sería grave porque, entonces, estaríamos hablando de una norma delegativa, lo cual no es posible constitucionalmente porque dicho cargo tiene una naturaleza tributaria y, de acuerdo al principio de legalidad de la tributación, que es un principio constitucional, solo podría tener como fuente normativa una ley.
Quiero dejar planteadas estas cuestiones e interrogantes.
Asimismo, me acabo de enterar de que hay un listado de expositores invitados, lo cual está muy bien. Sin embargo, lamentablemente, el resto de los integrantes, al menos de la Comisión de Energía y Combustibles, no hemos tenido la misma oportunidad de proponer a representantes de la sociedad civil. Nos hubiese interesado mucho poder hacerlo, sobre todo a quienes provenimos de las provincias que actualmente están incluidas en el beneficio, pues estamos preocupados por esta situación.
Quiero dejar señalado este punto. El ENARGAS no solo ha informado en esta reunión como si fuera el gestor o el autor del proyecto de ley, sino que, además -hay que decirlo-, tiene una situación irregular, porque está intervenido y la norma que facultaba dicha intervención está vencida. La ley 27.541 -denominada por nosotros como "ley de las nueve emergencias"-, que fue dictada en el marco de lo que dispone el artículo 76 de la Constitución Nacional, establece en su artículo 1° que vencía el 31 de diciembre de 2020. Es decir que la autoridad regulatoria en materia de gas está ilegítima e ilegalmente a cargo de una intervención. Esta no es una cuestión menor a la hora de ponderar el informe que se ha presentado.
Sin perjuicio de ello, yendo a la exposición que hemos escuchado, se ha dicho que este beneficio hoy abarca a 849.000 usuarios residenciales de las provincias patagónicas, de Malargüe -Mendoza-, de Patagones -provincia de Buenos Aires, que no lo vi en el informe pero en la ley está- y de la Puna. El recargo que pagan todos los usuarios de gas, incluidos los de las zonas beneficiarias, es del 4,46 por ciento.
Acá se nos ha dicho que se incorporan 3.100.000 usuarios y que el recargo o ese cargo que alimenta y financia al fondo fiduciario, que sirve para pagar este subsidio, va a estar en el 5,44 por ciento. La verdad es que es difícil entender cómo un aumento del universo de usuarios de casi el 400 por ciento -porque de 800.000 se pasa a 3.100.000- tiene un aumento del cargo tan exiguo.
Hay algo que no cierra, señor presidente. O se viene un incremento exorbitante en las tarifas que va a pagar el usuario final, producto del aumento de este cargo que financia el fondo fiduciario o, en realidad, dicho fondo, que hoy tiene el criterio de atender la situación de las provincias donde hay frío extremo -que sin ninguna duda son las de la Patagonia-, tiene en cuenta, además, otro factor objetivo: que el gas que se produce en la Argentina se produce esencialmente en las provincias patagónicas.
Aquí hemos escuchado una exposición de tono político más que técnico. Pareciera que estamos ante una especie de operativo "Papá Noel" en donde se va a terminar por poner en compromiso un beneficio que legítimamente y con toda justicia tiene la Patagonia.
Repito: financiar un incremento del 400 por ciento de la cantidad de usuarios aumentando de un modo tan exiguo el cargo no cierra por ningún lado, salvo que estemos hablando de distribuir entre más personas el mismo beneficio y, entonces, de una manera indirecta, quitárselo a la Patagonia.
Además, esta suspicacia viene alimentada por el hecho de que acá se habla de un cargo del 5,44 por ciento pero en el texto del articulado del proyecto de ley no aparece dicho porcentaje; salvo que esté en el ánimo o en el espíritu del interventor o de quien tenga que fijar este cargo, lo cual también sería grave porque, entonces, estaríamos hablando de una norma delegativa, lo cual no es posible constitucionalmente porque dicho cargo tiene una naturaleza tributaria y, de acuerdo al principio de legalidad de la tributación, que es un principio constitucional, solo podría tener como fuente normativa una ley.
Quiero dejar planteadas estas cuestiones e interrogantes.
SR. PRESIDENTE FELIX Tiene la palabra la señora diputada Márquez.
SRA. MÁRQUEZ Señor presidente: mi pregunta está relacionada con las localidades que se encuentran dentro de la zona bioambiental -de acuerdo a las normas IRAM, según se nos explicó en esta reunión-, dentro de las cuales se encuentra Córdoba. Quisiera saber por qué no ha quedado incluida en forma expresa entre las localidades comprendidas para las compensaciones tarifarias, habida cuenta de que en las exposiciones se habló -entre otras cuestiones- de reparaciones en los casos donde ha habido desigualdad en el tratamiento del monto de la tarifa.
Córdoba ha hecho reclamos al respecto -probablemente le consten al interventor del ENARGAS-, solicitando, básicamente, el derecho de igualdad ante la ley, para pagar tarifas equiparables a las de aquellos lugares con condiciones geográficas y climáticas similares, habida cuenta de la amplitud térmica a la que también se hizo referencia en esta reunión.
En concreto, quisiera que se me aclare por qué no está dentro de los departamentos enumerados en la primera parte del artículo 1°, referido a la prórroga del fondo fiduciario por diez años. ¿Por qué se ha hecho esta diferenciación entre esa enunciación y las localidades? ¿Qué condiciones deben reunir, para que se haga efectivo el beneficio en forma automática, aquellas localidades que reciben el servicio de gas de uso domiciliario?
Córdoba ha hecho reclamos al respecto -probablemente le consten al interventor del ENARGAS-, solicitando, básicamente, el derecho de igualdad ante la ley, para pagar tarifas equiparables a las de aquellos lugares con condiciones geográficas y climáticas similares, habida cuenta de la amplitud térmica a la que también se hizo referencia en esta reunión.
En concreto, quisiera que se me aclare por qué no está dentro de los departamentos enumerados en la primera parte del artículo 1°, referido a la prórroga del fondo fiduciario por diez años. ¿Por qué se ha hecho esta diferenciación entre esa enunciación y las localidades? ¿Qué condiciones deben reunir, para que se haga efectivo el beneficio en forma automática, aquellas localidades que reciben el servicio de gas de uso domiciliario?
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Rizzotti.
SR. RIZZOTTI Muy buenas tardes, señor presidente, colegas diputados y diputadas, y señor interventor.
Soy diputado por la provincia de Jujuy, y por eso mi inquietud tiene que ver con la región de la Puna. Comparto la inquietud planteada por el diputado Quetglas con respecto al sostenimiento del financiamiento. También comparto la inquietud del diputado Menna en cuanto a que la cantidad de usuarios que estaría incorporando este proyecto de ley genera dudas sobre el incremento para aquellos que no están subsidiados. Pero estas respuestas seguramente las dará el interventor.
Como dije, mi inquietud tiene que ver con la región de la Puna, ubicada en la provincia de Jujuy e integrada por los departamentos de Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochinoca.
Si uno observa el mapa que presentaron las autoridades del ENARGAS, en la zona amarilla hay un corte entre la provincia de Jujuy y Salta, cuya única razón es el contorno limítrofe entre las dos provincias. Es decir que las condiciones climáticas en la zona son exactamente las mismas. Se excluyen algunos departamentos de la provincia de Jujuy; si bien no están en la región de la Puna, solicito que se los incorpore.
Por ejemplo, dentro de la región de la Quebrada de Humahuaca hay localidades como Volcán, más próximas a la ciudad capital, donde el frío no es tan fuerte. Pero hay otras zonas, como Tres Cruces o la zona de la mina El Aguilar, en las cuales en invierno se registran temperaturas inferiores a los 15 o 20 grados bajo cero. Entonces, el departamento de Humahuaca no puede estar ajeno.
Lo mismo ocurre en el departamento de Valle Grande, en las localidades de Santa Ana, de Valle Colorado y de Caspalá, donde también tienen frío de altura sobre el nivel del mar. Específicamente, en el caso de Abralaite, que se encuentra ubicada por encima de los 4.500 metros de altura, durante el invierno -y sobre todo en la noche- se registran temperaturas inferiores a los 25 o 30 grados bajo cero.
Concretamente, quiero solicitar -más allá de la delimitación que se hace de acuerdo a las normas IRAM- que en el caso puntual de la provincia de Jujuy no solo se haga referencia a la región de la Puna sino que también se incorporen de manera textual departamentos que pertenecen a la zona de quebrada o a la zona de valle. O sea, solicitamos que en el texto se diga que dentro de la zona de quebrada se incluye al departamento de Humahuaca y que dentro de la zona de valle se incluye a la localidad de Valle Grande. Este caso puntual tiene una diferenciación, porque Santa Ana y Capalá pertenecerían a la zona de Puna de Alta Montaña pero están dentro de Valle Grande, que es la región del Ramal, próxima a Libertador General San Martín. Las amplitudes térmicas son tan grandes que necesitamos que en el proyecto de ley se incorpore la diferenciación puntual para que, de esa manera, se ponga en igualdad de condiciones a los habitantes de esas regiones.
Soy diputado por la provincia de Jujuy, y por eso mi inquietud tiene que ver con la región de la Puna. Comparto la inquietud planteada por el diputado Quetglas con respecto al sostenimiento del financiamiento. También comparto la inquietud del diputado Menna en cuanto a que la cantidad de usuarios que estaría incorporando este proyecto de ley genera dudas sobre el incremento para aquellos que no están subsidiados. Pero estas respuestas seguramente las dará el interventor.
Como dije, mi inquietud tiene que ver con la región de la Puna, ubicada en la provincia de Jujuy e integrada por los departamentos de Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochinoca.
Si uno observa el mapa que presentaron las autoridades del ENARGAS, en la zona amarilla hay un corte entre la provincia de Jujuy y Salta, cuya única razón es el contorno limítrofe entre las dos provincias. Es decir que las condiciones climáticas en la zona son exactamente las mismas. Se excluyen algunos departamentos de la provincia de Jujuy; si bien no están en la región de la Puna, solicito que se los incorpore.
Por ejemplo, dentro de la región de la Quebrada de Humahuaca hay localidades como Volcán, más próximas a la ciudad capital, donde el frío no es tan fuerte. Pero hay otras zonas, como Tres Cruces o la zona de la mina El Aguilar, en las cuales en invierno se registran temperaturas inferiores a los 15 o 20 grados bajo cero. Entonces, el departamento de Humahuaca no puede estar ajeno.
Lo mismo ocurre en el departamento de Valle Grande, en las localidades de Santa Ana, de Valle Colorado y de Caspalá, donde también tienen frío de altura sobre el nivel del mar. Específicamente, en el caso de Abralaite, que se encuentra ubicada por encima de los 4.500 metros de altura, durante el invierno -y sobre todo en la noche- se registran temperaturas inferiores a los 25 o 30 grados bajo cero.
Concretamente, quiero solicitar -más allá de la delimitación que se hace de acuerdo a las normas IRAM- que en el caso puntual de la provincia de Jujuy no solo se haga referencia a la región de la Puna sino que también se incorporen de manera textual departamentos que pertenecen a la zona de quebrada o a la zona de valle. O sea, solicitamos que en el texto se diga que dentro de la zona de quebrada se incluye al departamento de Humahuaca y que dentro de la zona de valle se incluye a la localidad de Valle Grande. Este caso puntual tiene una diferenciación, porque Santa Ana y Capalá pertenecerían a la zona de Puna de Alta Montaña pero están dentro de Valle Grande, que es la región del Ramal, próxima a Libertador General San Martín. Las amplitudes térmicas son tan grandes que necesitamos que en el proyecto de ley se incorpore la diferenciación puntual para que, de esa manera, se ponga en igualdad de condiciones a los habitantes de esas regiones.
SR. PRESIDENTE FELIX Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
SR. RAMÓN Señor presidente: pensaba hacer una pregunta directa al interventor del ENARGAS, pero primero voy a hacer una breve consideración política, sobre todo a partir de las expresiones de algunos diputados que forman parte del bloque de Juntos por el Cambio, referidas a ciertos aspectos que evidentemente están relacionados con un tema que es político.
Es decir, hay colegas nuestros, diputados, que representan políticamente a un sector muy claro, muy definido y muy fuerte, que tiene una capacidad económica y un poder de realizar lobby en el sistema de nuestra política y de nuestras discusiones, que quiere que nada cambie.
Generalmente, ante cada iniciativa que se intenta discutir para beneficio de los ciudadanos comunes, pareciera ser que siempre hay un problema técnico, contable, de presupuesto o que "no es el momento". Son muchísimas las excusas de aquellos "fuertes" que quieren que nada cambie.
Cuando hablamos de un proyecto de esta naturaleza, que no proviene del Poder Ejecutivo sino de diputados que hace mucho tiempo venimos efectuando este reclamo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay un sector de la ciudadanía, que es muy numeroso y que es la base de la sociedad -me refiero a la clase media, los trabajadores, aquellos que forman parte de un sistema en el que se provee un servicio público de estas características, como es el gas domiciliario-, que viene siendo sometido, sobre todo durante los cuatro años en los que gobernó el presidente Macri. Pido disculpas a los colegas que comparten sus pensamientos u opiniones, pero créanme que en ese momento había que ser mago para poder tratar estos temas en la Comisión de Energía y Combustibles. Recuerdo que junto al diputado Felix y al diputado Miranda intentábamos poner en conversación o en agenda el tratamiento de los proyectos de la zona fría; en mi caso, para la provincia de Mendoza.
Incluso, recién un colega expresó "su preocupación", porque pertenece a la provincia de Chubut, que ya forma parte de la tarifa patagónica; pareciera ser que no quiere que ingresen nuevos actores a este beneficio. Pero quiero aclarar que no es un beneficio sino un derecho que tienen miles de familias -estamos hablando de 3.100.000 usuarios- que viven en la zona fría.
El concepto político no pasa por el temor de que la capacidad económica del fideicomiso del artículo 75 no vaya a ser sustentable. A partir de 2008 o 2009, desde mi fuerza política hemos ido sistemáticamente al ENARGAS a pedir información -sobre todo, después de 2002, cuando se crea el fideicomiso- sobre la capacidad económica para sustentar el subsidio a la zona patagónica.
Créanme que en este último año y medio hemos sido recibidos por la intervención del ENARGAS y se ha realizado un concienzudo estudio técnico y económico sobre la capacidad presupuestaria para hacer que este proyecto se pueda prorrogar para los próximos diez años. Es político. ¿Y por qué digo que es político? Porque el norte de la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y el conurbano son lugares donde el rigor del invierno es de un mes, en donde una factura -sin importar la capacidad económica de una familia- no supera los 2.000 pesos, mientras que en la provincia o en los lugares de la zona fría a la que nos estamos refiriendo -y que forma parte de este proyecto que apoyamos diputados que representamos un interés muy claro, que es el de los usuarios y no el de los proveedores, de los fuertes que no quieren que nada cambie-, esas facturas se aplican al rigor de un invierno que dura tres meses.
Entonces, cuando se trata de equiparar el fiel de la balanza, cuando la realidad nos dice que se están considerando como iguales a miles de personas que viven en lugares con distinta condición climática, estamos hablando de un proyecto que es político, y el tema político a considerar es un proyecto de ley que genera más igualdad. Si hay algo que un proyecto debe tener como principio base es la equidad, y esto es lo que trae la equiparación de este fiel de la balanza.
La capacidad económica de este fideicomiso está perfectamente estudiada y mi fuerza política ha participado en ello, pero Juntos por el Cambio en ningún momento pretendió ponerse de acuerdo para favorecer a miles de usuarios. Fíjense que pasamos de cerca de 840.000 a 3.000.000 de familias que van a ver mejorada su condición de vida por un aporte y por un concepto político que tiene que ver con la solidaridad, y no con el individualismo ni la capacidad técnica de los que tienen la fortaleza para hacer lobby y que esto no cambie.
Así que a esos colegas diputados que representan los intereses de aquellos que no quieren que esto cambie les quiero decir y transmitir que necesitamos un cambio de paradigma en nuestra Argentina. La política y los ciudadanos comunes están pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo para que coordinemos, consensuemos y lleguemos a acuerdos que permitan leyes que beneficien directamente la economía de cada familia. Eso es este proyecto.
Por otra parte, quería hacer una pregunta al interventor, pero la voy a resguardar, simplemente no quiero pasar de consideraciones políticas a preguntas que se responden técnicamente.
Es decir, hay colegas nuestros, diputados, que representan políticamente a un sector muy claro, muy definido y muy fuerte, que tiene una capacidad económica y un poder de realizar lobby en el sistema de nuestra política y de nuestras discusiones, que quiere que nada cambie.
Generalmente, ante cada iniciativa que se intenta discutir para beneficio de los ciudadanos comunes, pareciera ser que siempre hay un problema técnico, contable, de presupuesto o que "no es el momento". Son muchísimas las excusas de aquellos "fuertes" que quieren que nada cambie.
Cuando hablamos de un proyecto de esta naturaleza, que no proviene del Poder Ejecutivo sino de diputados que hace mucho tiempo venimos efectuando este reclamo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay un sector de la ciudadanía, que es muy numeroso y que es la base de la sociedad -me refiero a la clase media, los trabajadores, aquellos que forman parte de un sistema en el que se provee un servicio público de estas características, como es el gas domiciliario-, que viene siendo sometido, sobre todo durante los cuatro años en los que gobernó el presidente Macri. Pido disculpas a los colegas que comparten sus pensamientos u opiniones, pero créanme que en ese momento había que ser mago para poder tratar estos temas en la Comisión de Energía y Combustibles. Recuerdo que junto al diputado Felix y al diputado Miranda intentábamos poner en conversación o en agenda el tratamiento de los proyectos de la zona fría; en mi caso, para la provincia de Mendoza.
Incluso, recién un colega expresó "su preocupación", porque pertenece a la provincia de Chubut, que ya forma parte de la tarifa patagónica; pareciera ser que no quiere que ingresen nuevos actores a este beneficio. Pero quiero aclarar que no es un beneficio sino un derecho que tienen miles de familias -estamos hablando de 3.100.000 usuarios- que viven en la zona fría.
El concepto político no pasa por el temor de que la capacidad económica del fideicomiso del artículo 75 no vaya a ser sustentable. A partir de 2008 o 2009, desde mi fuerza política hemos ido sistemáticamente al ENARGAS a pedir información -sobre todo, después de 2002, cuando se crea el fideicomiso- sobre la capacidad económica para sustentar el subsidio a la zona patagónica.
Créanme que en este último año y medio hemos sido recibidos por la intervención del ENARGAS y se ha realizado un concienzudo estudio técnico y económico sobre la capacidad presupuestaria para hacer que este proyecto se pueda prorrogar para los próximos diez años. Es político. ¿Y por qué digo que es político? Porque el norte de la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y el conurbano son lugares donde el rigor del invierno es de un mes, en donde una factura -sin importar la capacidad económica de una familia- no supera los 2.000 pesos, mientras que en la provincia o en los lugares de la zona fría a la que nos estamos refiriendo -y que forma parte de este proyecto que apoyamos diputados que representamos un interés muy claro, que es el de los usuarios y no el de los proveedores, de los fuertes que no quieren que nada cambie-, esas facturas se aplican al rigor de un invierno que dura tres meses.
Entonces, cuando se trata de equiparar el fiel de la balanza, cuando la realidad nos dice que se están considerando como iguales a miles de personas que viven en lugares con distinta condición climática, estamos hablando de un proyecto que es político, y el tema político a considerar es un proyecto de ley que genera más igualdad. Si hay algo que un proyecto debe tener como principio base es la equidad, y esto es lo que trae la equiparación de este fiel de la balanza.
La capacidad económica de este fideicomiso está perfectamente estudiada y mi fuerza política ha participado en ello, pero Juntos por el Cambio en ningún momento pretendió ponerse de acuerdo para favorecer a miles de usuarios. Fíjense que pasamos de cerca de 840.000 a 3.000.000 de familias que van a ver mejorada su condición de vida por un aporte y por un concepto político que tiene que ver con la solidaridad, y no con el individualismo ni la capacidad técnica de los que tienen la fortaleza para hacer lobby y que esto no cambie.
Así que a esos colegas diputados que representan los intereses de aquellos que no quieren que esto cambie les quiero decir y transmitir que necesitamos un cambio de paradigma en nuestra Argentina. La política y los ciudadanos comunes están pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo para que coordinemos, consensuemos y lleguemos a acuerdos que permitan leyes que beneficien directamente la economía de cada familia. Eso es este proyecto.
Por otra parte, quería hacer una pregunta al interventor, pero la voy a resguardar, simplemente no quiero pasar de consideraciones políticas a preguntas que se responden técnicamente.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Suárez Lastra.
SR. SUÁREZ LASTRA Señor presidente: en realidad, iba a hacer dos preguntas, pero no puedo menos que hacer un muy pequeño comentario en el sentido de expresar el desagravio frente a la imputación del diputado preopinante acerca de asignar o hacer -cosa que está expresamente prohibida en el Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo cual pediremos una cuestión de privilegio en su momento- representaciones extrañas a la representación popular que tenemos quienes representamos el bloque de Juntos por el Cambio. No voy a entrar en el debate político, porque ese debate lo reservamos para los dueños del circo y no para los que se cuelan en la representación siendo una minoría absoluta, cambiante de posiciones, como es el caso del diputado que ha opinado previamente.
De todos modos, hago una pregunta concreta que tiene que ver con el criterio que acompañamos con muchos diputados de nuestro bloque, y que lo han expresado al presentar proyectos que tienen que ver con la prórroga de este beneficio y nuestra preocupación en el momento de considerar esta ley. Quiero saber si hay alguna información acerca de los costos que esto eventualmente puede implicar y quiénes son los que efectivamente los pagarán, ya que se dice que esto es autosuficiente, pero lleva implícito un aumento en la tarifa que van a pagar otros contribuyentes y usuarios. Parece ser que esta idea de autosuficiente es que hay una plata que se va a seguir gastando, y no es autosuficiente. Esto se va a hacer suficiente a partir de una política de tarifas que va a implicar que alguien va a poner el dinero para esto.
Las preguntas concretas son las siguientes. Una complementa la del señor diputado Quetglas, que tiene que ver con el delta de aumento al consumo que significa la baja de tarifa y si hay algo previsto para controlar la aplicación de la tarifa de los aumentos de consumo. Muchas veces, cuando se generan beneficios vinculados al uso de un consumo, se pone un límite al crecimiento del consumo para acceder al beneficio, procurando tener derecho a un comportamiento responsable del usuario beneficiario, poniéndole algún límite, que por lo general se basa sobre consumos medios razonables para la zona de acuerdo con la situación. La pregunta es si hay algún estudio que implique alguna medida de los aumentos de consumo para la preservación del beneficio.
En segundo lugar, me gustaría conocer la cifra exacta proporcional de usuarios beneficiarios de este nuevo beneficio. Si estamos en casi 4 millones de beneficiarios, me gustaría saber cuál es el número total de los usuarios del Sistema Nacional de Gas y cuál es el porcentaje que va a tener este beneficio a partir de la sanción de la ley en los términos en que ha sido planteada.
En síntesis: ¿hay previsto algún control del aumento del consumo para percibir el beneficio? Segundo, en la relación de los usuarios, ¿está prevista la posibilidad de que haya una orientación por consumos que tenga que ver con los ingresos y el volumen, para que desaparezca esto que el ministro Guzmán ha dicho de la tendencia pro rico de algunos beneficios? Ya que se si se discrimina por zona y no por ingreso, probablemente estaremos beneficiando con el esfuerzo a muchos millonarios de las zonas beneficiadas que van a tener una tarifa muy reducida.
De todos modos, hago una pregunta concreta que tiene que ver con el criterio que acompañamos con muchos diputados de nuestro bloque, y que lo han expresado al presentar proyectos que tienen que ver con la prórroga de este beneficio y nuestra preocupación en el momento de considerar esta ley. Quiero saber si hay alguna información acerca de los costos que esto eventualmente puede implicar y quiénes son los que efectivamente los pagarán, ya que se dice que esto es autosuficiente, pero lleva implícito un aumento en la tarifa que van a pagar otros contribuyentes y usuarios. Parece ser que esta idea de autosuficiente es que hay una plata que se va a seguir gastando, y no es autosuficiente. Esto se va a hacer suficiente a partir de una política de tarifas que va a implicar que alguien va a poner el dinero para esto.
Las preguntas concretas son las siguientes. Una complementa la del señor diputado Quetglas, que tiene que ver con el delta de aumento al consumo que significa la baja de tarifa y si hay algo previsto para controlar la aplicación de la tarifa de los aumentos de consumo. Muchas veces, cuando se generan beneficios vinculados al uso de un consumo, se pone un límite al crecimiento del consumo para acceder al beneficio, procurando tener derecho a un comportamiento responsable del usuario beneficiario, poniéndole algún límite, que por lo general se basa sobre consumos medios razonables para la zona de acuerdo con la situación. La pregunta es si hay algún estudio que implique alguna medida de los aumentos de consumo para la preservación del beneficio.
En segundo lugar, me gustaría conocer la cifra exacta proporcional de usuarios beneficiarios de este nuevo beneficio. Si estamos en casi 4 millones de beneficiarios, me gustaría saber cuál es el número total de los usuarios del Sistema Nacional de Gas y cuál es el porcentaje que va a tener este beneficio a partir de la sanción de la ley en los términos en que ha sido planteada.
En síntesis: ¿hay previsto algún control del aumento del consumo para percibir el beneficio? Segundo, en la relación de los usuarios, ¿está prevista la posibilidad de que haya una orientación por consumos que tenga que ver con los ingresos y el volumen, para que desaparezca esto que el ministro Guzmán ha dicho de la tendencia pro rico de algunos beneficios? Ya que se si se discrimina por zona y no por ingreso, probablemente estaremos beneficiando con el esfuerzo a muchos millonarios de las zonas beneficiadas que van a tener una tarifa muy reducida.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Quedan cuatro oradores, pero el señor diputado Menna pide la palabra por haber sido aludido. Le pido que sea lo más breve posible.
Tiene la palabra el señor diputado Menna.
Tiene la palabra el señor diputado Menna.
SR. MENNA Señor presidente: rechazo la acusación. Lamento las manifestaciones del señor diputado Ramón.
Nosotros no estamos defendiendo a ninguna empresa, sino todo lo contrario. En mi caso, creo que soy el autor del primer proyecto de ley de prórroga del subsidio. He expuesto simplemente la preocupación que genera en la Patagonia este proyecto de ley, que en realidad va a terminar neutralizando el beneficio, aunque puedo asegurar que hace frío en serio, como en toda la Patagonia. Pero si hablamos de defender empresas, esta intervención irregular e ilegal del Enargas acaba de firmar una resolución por la que de un modo absolutamente ilegal -ilegal por ser ilegal la intervención, pero además porque el funcionario público no tiene atribuciones para dispensar este cumplimiento de la ley- han obligado a las empresas distribuidoras de gas a cumplir el plan de inversiones que tienen impuesto contractualmente. Así que, si vamos a hablar de estar beneficiando empresas, hablemos de esas cosas, hablemos de que hay una multa impuesta por 630 millones de pesos a la empresa Naturgy por no cumplir el plan de inversiones y que la intervención del Enargas no está ejecutando la multa.
Si vamos a hablar de beneficiar a empresas en desmedro de los usuarios y de las inversiones, digamos que no se trata solamente de tarifas, sino también de las inversiones para que el gas llegue a todos. Estuvimos en la zona de la Cordillera chubutense durante más de diez años esperando la repotenciación de los gasoductos Cordillerano y Patagónico, y no se podía hacer una sola conexión de gas por la falta de inversiones que padecimos hasta 2015.
Así que no voy a aceptar ese tipo de imputaciones, y ya que el señor diputado Ramón trabaja tan en conjunto con el Enargas, pregunte por qué han relevado de la obligación de hacer inversiones a las empresas concesionarias y por qué no le ejecutan la multa de 630 millones de pesos a Naturgy.
Nosotros no estamos defendiendo a ninguna empresa, sino todo lo contrario. En mi caso, creo que soy el autor del primer proyecto de ley de prórroga del subsidio. He expuesto simplemente la preocupación que genera en la Patagonia este proyecto de ley, que en realidad va a terminar neutralizando el beneficio, aunque puedo asegurar que hace frío en serio, como en toda la Patagonia. Pero si hablamos de defender empresas, esta intervención irregular e ilegal del Enargas acaba de firmar una resolución por la que de un modo absolutamente ilegal -ilegal por ser ilegal la intervención, pero además porque el funcionario público no tiene atribuciones para dispensar este cumplimiento de la ley- han obligado a las empresas distribuidoras de gas a cumplir el plan de inversiones que tienen impuesto contractualmente. Así que, si vamos a hablar de estar beneficiando empresas, hablemos de esas cosas, hablemos de que hay una multa impuesta por 630 millones de pesos a la empresa Naturgy por no cumplir el plan de inversiones y que la intervención del Enargas no está ejecutando la multa.
Si vamos a hablar de beneficiar a empresas en desmedro de los usuarios y de las inversiones, digamos que no se trata solamente de tarifas, sino también de las inversiones para que el gas llegue a todos. Estuvimos en la zona de la Cordillera chubutense durante más de diez años esperando la repotenciación de los gasoductos Cordillerano y Patagónico, y no se podía hacer una sola conexión de gas por la falta de inversiones que padecimos hasta 2015.
Así que no voy a aceptar ese tipo de imputaciones, y ya que el señor diputado Ramón trabaja tan en conjunto con el Enargas, pregunte por qué han relevado de la obligación de hacer inversiones a las empresas concesionarias y por qué no le ejecutan la multa de 630 millones de pesos a Naturgy.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Gracias, señor diputado.
Todavía quedan tres o cuatro diputados anotados para hacer uso de la palabra. En función del tiempo del que disponemos, le solicito a Federico Bernal si puede responder hasta acá para que no se diluyan las preguntas formuladas. ¿Puede ser?
Todavía quedan tres o cuatro diputados anotados para hacer uso de la palabra. En función del tiempo del que disponemos, le solicito a Federico Bernal si puede responder hasta acá para que no se diluyan las preguntas formuladas. ¿Puede ser?
SR. BERNAL Gracias, señor presidente.
En primer lugar, pido disculpas si no llego a responder todo, pero son muchos temas -aunque hay algunos denominadores comunes-, muchas inquietudes y -lamentablemente- también muchas imputaciones, que trascienden incluso el objeto de esta reunión informativa.
En segundo lugar, lo más importante o el denominador común que escuché tiene que ver con la duda de cómo se va a financiar. Reitero que se va autofinanciar. El fondo fiduciario se autofinancia a partir del recargo.
Creo que fueron el diputado Menna y la diputada Latorre, entre otros, los que plantearon esta inquietud.
En tercer lugar, la recaudación del fondo se ve incrementada por el tipo de cambio y por los aumentos del precio en el marco del plan gas. No es que el fondo venga recaudando cero, pero estimamos que se necesitan aproximadamente entre 26.000 y 28.000 pesos, en la actualidad, con el recargo del 446.
El 446 fue un porcentaje que aumentó prácticamente de cero Juntos por el Cambio, pero que ahora se sorprende de este aumento del recargo de apenas un punto porcentual y, por supuesto, ve extraño que con ese punto porcentual se beneficien o se incorporen a 3 millones de usuarios, cuando Juntos por el Cambio aumentó 4 puntos porcentuales y medio, prácticamente sin incorporar un solo usuario argentino al beneficio de zona fría. Por supuesto que entiendo la preocupación, yo estaría muy preocupado y hasta con un poquito de vergüenza.
Entonces, respondiendo las preguntas de los diputados y las diputadas, estimamos que se van a requerir aproximadamente unos 14.000 millones de pesos adicionales.
Aclaro que en el presupuesto 2021, en Fondos Fiduciarios, en el Concepto N° I, Capítulo VIII, Planilla Anexa al artículo 55), hay presupuestados 16.000 millones de pesos.
Como les expliqué con anterioridad, la diferencia va a provenir del recargo de un punto porcentual. Obviamente, ahí luego dependiendo de la categoría de usuario hay distintos niveles de aportes.
Estimamos que el aporte que va a realizar Cammesa o Usinas sobre la categoría ronda en los 2.000 millones de pesos y no es que se requiera esta cifra adicional a esta suma que no estaba contemplada. Esto es precisamente porque estamos trabajando muy fuerte y en breve vamos a tener grandes avances en materia de segmentación, lo cual nos va a permitir tener ahorros más que significativos en los subsidios. De esta forma, se va a poder compensar lo que en este caso tenga que aportarse de parte de la categoría Usinas.
Con respecto a los comentarios o acusaciones del diputado Menna sobre la ilegitimidad o ilegalidad, vuelvo a decir que no es objeto de esta reunión informativa. Simplemente, quiero invitarlo a que lea el artículo 12 del decreto 2020, donde se prorroga la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas.
Además, el Enargas fue invitado a exponer como organismo técnico para contribuir a salvar las dudas y las inquietudes. Desde chiquito me enseñaron siempre que es bueno nutrirse de aquellos que entienden en la materia y que pueden aportar humildemente como nosotros.
Es por eso que, simplemente, nos ponemos a disposición de todos los diputados y las diputadas para evacuar estas dudas, como cualquier otra, sin que medie ninguna descalificación ni amenaza. Sería bueno para el diálogo, para que se entienda o, por lo menos, para aportar al entendimiento completo de este proyecto.
Por otra parte, le aclaro a una diputada -discúlpeme que no recuerdo el nombre y que no lo llegué a anotar-, que el artículo 75 de la 25.565 no financia la expansión de redes.
Con respeto a la inquietud del diputado Quetglas y otro diputado, que no recuerdo el nombre -discúlpeme, pero no lo llegué a anotar-, sobre el mayor consumo asociado eventualmente a mayores importaciones por el aumento de la demanda, lo que quiero aclararles es que el precio por la demanda es muy poco elástico; en todo caso, es sensible la temperatura. Nosotros no vemos ahí que haya ningún tipo de inconveniente, como lo están planteando los diputados.
También es importante hacer una aclaración acerca de los aproximadamente 14.000 o 15.000 millones de pesos, que reitero están contemplados dentro del presupuesto. Allí hay un requerimiento muy importante que viene del GLP fraccionado; nosotros calculamos en aproximadamente 4.300 millones de pesos, con lo cual estamos hablando solamente para requerimiento de gas natural y propano en diluido cerca de 10.000 millones de pesos.
Con respecto a la "oscuridad" del criterio que mencionó la diputada Latorre, quiero señalar que no encuentro motivo para hablar de oscuridad sobre algo que no se entiende. Encuentro su expresión sumamente peyorativa.
Nosotros explicamos técnicamente las normas IRAM, que están vigentes desde 2012, y volveremos a hacerlo si ustedes tienen tiempo para escuchar las explicaciones más detallada o más profundamente, no para llevar claridad a algo oscuro, sino para que se entiendan bien las cuestiones técnicas. En definitiva, acá no hay ninguna discrecionalidad sobre la ampliación.
Tampoco entiendo las contradicciones de la diputada que, por un lado, critica la ampliación, pero por otro, ella misma propuso una ampliación para dos departamentos de la provincia de Mendoza.
Acá se trata de un proyecto de ley que realmente tiene una expresión y un espíritu genuinamente federal, por supuesto restringido y limitado en cuanto a las zonas tarifarias.
Con respecto a lo que puede ser un beneficio bien de carácter federal, lo ideal es complementar este proyecto de zona fría a través de una tarifa diferencial del servicio público de gas por redes con una tarifa diferencial del servicio público de electricidad para aquellas provincias o zonas que tienen un mayor consumo de energía eléctrica que de gas por redes.
Por otra parte, me llama poderosamente la atención -creo que es muy importante que se entienda- la persistente preocupación de los diputados y las diputadas de la oposición sobre el aumento del recargo -de un punto porcentual-, que expliqué anteriormente, como si esto fuera la primera vez que ocurre.
Juntos por el Cambio fue quién aumentó prácticamente de un 0 por ciento el recargo en los cuadros tarifarios a 446. Lo hizo en 2017, que pasó de prácticamente de 0,09 por ciento el recargo a 2,58 por ciento en diciembre de 2017. Quiero aclarar que 2,58 por ciento es el promedio ponderado, pero en realidad el aumento osciló entre 2,58 y 2,77, o sea que de cero pasó a 2,58 y 2,77 por ciento.
En aquel entonces yo no escuché a nadie de Juntos por el Cambio que se quejara de este aumento del recargo que, reitero, se trataba de un aumento que no apuntaba en realidad a ampliar el beneficio, sino a cubrir los desaguisados que se producían como consecuencia del incremento sideral del precio del gas en boca de pozo y de las tarifas de los servicios públicos que excluían cada vez a más argentinos y argentinas del uso del servicio público.
Después del aumento del 2,58 por ciento -y que además el mayor aumento del recargo se concentraba en Metrogas y Ban, es decir, en usuarios de la región Metropolitana de Buenos Aires-, en septiembre de 2018 se pasó a 2,96 por ciento, o sea, de 2,58 saltó a 2,96. En realidad, fue de 2,96 a 3,18 por ciento; el recargo osciló, dependiendo la distribuidora, entre 2,96 a 3,18 por ciento. Y luego el recargo volvió a aumentarse en mayo 2019 a 4,46 por ciento.
En definitiva, ahora no se entiende cómo con un aumento de 1 porcentual se incorporan a 3,1 millones de nuevos usuarios a este beneficio, siendo que Juntos por el Cambio tuvo que verse obligado a incrementar el recargo para compensar los aumentos siderales en transporte, distribución y precio del gas de prácticamente cero a 4,46 por ciento.
Me parece que esto es muy importante mencionarlo y recordarlo porque mientras ocurría este aumento del recargo sin incorporar un solo usuario beneficiado a zonas frías, sin analizar Juntos por el Cambio nunca el impacto que esto tenía, las tarifas se incrementaban para usuarios residenciales en aproximadamente el 1.000 por ciento, duplicando o triplicando a la inflación.
Por otra parte, la morosidad de los usuarios residenciales endeudados en 2019 era de tres de cada diez hogares que no podían pagar el servicio público de gas de redes. En 2019, cinco de cada diez pymes terminaron endeudadas porque no podían pagar el servicio público. Ahora hay preocupación por las pymes, sin embargo, se desconectaron más de 13.000 pymes entre 2016 y 2019; primera vez en la historia del servicio público que esto ocurre durante un gobierno en democracia.
Decía que la morosidad residencial era de tres de cada diez y de cinco de cada 10 pymes, los cortes del suministro aumentaron 249 por ciento entre 2016 y 2017, y un 187 por ciento, es decir, los cortes de suministro de servicio casi se triplicaron entre 2015 y 2019 por no poder pagar, y los cortes de suministro a aquellos usuarios que estaban endeudados y no podían pagar aumentaron en más de un 73 por ciento. Esto se da por supuesto en el marco de una dolarización de las tarifas. Y por supuesto se da además en el marco de una tarifa social que durante el macrismo perdió 780.000 beneficiarios y beneficiarias por los criterios de exclusión que se agregaron y por los de inclusión que se eliminaron.
Asimismo, en cuanto a la expansión de las redes, varios diputados y diputadas de la oposición estuvieron muy preocupados por eso. Permítanme recordarles que durante la gestión de Mauricio Macri el servicio público de gas por redes a nivel residencial registró paradójicamente por el incremento de las tarifas la peor expansión de la historia; repito: la peor expansión de la historia del servicio público de gas por redes a nivel residencial ocurrió entre 2016 y 2019. Se incorporaron 410.000 nuevos usuarios residenciales cuando por ejemplo durante el gobierno anterior se incorporaron casi 660.900 y entre 2008 y 2011, que fue el pico histórico, 780.000.
Por otra parte, la expansión de la red de distribución medida en kilómetros fue menor entre 2016 y 2019 que durante 2012 y 2015, y la expansión de la red del sistema licenciado de transporte fue la menor de la historia con una expansión de apenas 40 kilómetros cuando en el gobierno anterior fue de 600 kilómetros aproximadamente y durante el primer gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue de 1.500 kilómetros.
Entonces les pido -y el Ente Nacional Regulador del Gas está a total disposición- que repasen estos números para que, como bien decía la diputada Latorre, estén contextualizados en función de las críticas que están haciendo de este proyecto de ley para tomar conciencia de lo que ocurrió precisamente con este servicio público tan maltratado y avasallado en cuanto a los derechos y las garantías de los usuarios y las usuarias.
Por último, quiero referirme a que en realidad también este proyecto de extensión de zonas frías se enmarca no solamente en un reclamo histórico, en un derecho social que adquieren cada vez más compatriotas, sino que además se contextualiza en lo que está sucediendo en el mundo, principalmente en los países desarrollados e industrializados, y sobre todo en aquellos países que están en latitudes similares a la nuestra, tanto en el hemisferio sur como en el norte. Por ejemplo, Estados Unidos, Irlanda, Gales -o sea, el Reino Unido-, Nueva Zelanda y Australia en los últimos meses y sobre todo desde el inicio de la pandemia están invirtiendo y aumentando de forma exponencial subsidios, cuando esto no ocurre en este proyecto, ya que no se requieren subsidios adicionales.
Pero, así y todo, me gustaría traer a colación que por ejemplo en Estados Unidos para cubrir las mayores erogaciones producto de los mayores consumos de invierno el gobierno de Biden ha liberado una partida extraordinaria de 4.500 millones de dólares. Por otro lado, en todo el Reino Unido, con aplicación en Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, recientemente se aprobó una partida de 170.000.000 de libras esterlinas, que traducido en pesos estamos hablando de 22.000 millones, exclusivamente para cubrir los mayores gastos con criterios absolutamente amplios como por ejemplo en el hogar donde la familia tenga hijos para cubrir las mayores erogaciones que implica el consumo de invierno. ¿Por qué? Precisamente por lo que está ocurriendo con la pandemia y cómo está afectando a las poblaciones y a las sociedades del mundo entero.
Es importante destacar que este esfuerzo -perdón por la palabra, porque no es un esfuerzo-, esta iniciativa, que reúne a tres bloques distintos, se inscribe también en esa lógica y nosotros celebramos cuando en este contexto de pandemia, mientras que el pueblo argentino y los pueblos del mundo están padeciendo tanto, que tanto desde el Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo se tomen o propongan iniciativas de esta naturaleza, más aún cuando en el caso como el que nos compete estamos hablando de un subsidio inexistente, de un autofinanciamiento, aunque no quieran creerlo los diputados y las diputadas, que surge de este recargo y que va a traer más certidumbre y previsibilidad a los argentinos y las argentinas de las zonas más frías del país. Esto no lo tuvieron durante la gestión anterior ya que se caracterizó porque la única previsibilidad que existía era que iban a aumentar la tarifa, pero no se sabía el techo de ese aumento. Esto obligó a millones de hogares argentinos, porque el gobierno de Macri empobreció energéticamente a tres millones de hogares...
En primer lugar, pido disculpas si no llego a responder todo, pero son muchos temas -aunque hay algunos denominadores comunes-, muchas inquietudes y -lamentablemente- también muchas imputaciones, que trascienden incluso el objeto de esta reunión informativa.
En segundo lugar, lo más importante o el denominador común que escuché tiene que ver con la duda de cómo se va a financiar. Reitero que se va autofinanciar. El fondo fiduciario se autofinancia a partir del recargo.
Creo que fueron el diputado Menna y la diputada Latorre, entre otros, los que plantearon esta inquietud.
En tercer lugar, la recaudación del fondo se ve incrementada por el tipo de cambio y por los aumentos del precio en el marco del plan gas. No es que el fondo venga recaudando cero, pero estimamos que se necesitan aproximadamente entre 26.000 y 28.000 pesos, en la actualidad, con el recargo del 446.
El 446 fue un porcentaje que aumentó prácticamente de cero Juntos por el Cambio, pero que ahora se sorprende de este aumento del recargo de apenas un punto porcentual y, por supuesto, ve extraño que con ese punto porcentual se beneficien o se incorporen a 3 millones de usuarios, cuando Juntos por el Cambio aumentó 4 puntos porcentuales y medio, prácticamente sin incorporar un solo usuario argentino al beneficio de zona fría. Por supuesto que entiendo la preocupación, yo estaría muy preocupado y hasta con un poquito de vergüenza.
Entonces, respondiendo las preguntas de los diputados y las diputadas, estimamos que se van a requerir aproximadamente unos 14.000 millones de pesos adicionales.
Aclaro que en el presupuesto 2021, en Fondos Fiduciarios, en el Concepto N° I, Capítulo VIII, Planilla Anexa al artículo 55), hay presupuestados 16.000 millones de pesos.
Como les expliqué con anterioridad, la diferencia va a provenir del recargo de un punto porcentual. Obviamente, ahí luego dependiendo de la categoría de usuario hay distintos niveles de aportes.
Estimamos que el aporte que va a realizar Cammesa o Usinas sobre la categoría ronda en los 2.000 millones de pesos y no es que se requiera esta cifra adicional a esta suma que no estaba contemplada. Esto es precisamente porque estamos trabajando muy fuerte y en breve vamos a tener grandes avances en materia de segmentación, lo cual nos va a permitir tener ahorros más que significativos en los subsidios. De esta forma, se va a poder compensar lo que en este caso tenga que aportarse de parte de la categoría Usinas.
Con respecto a los comentarios o acusaciones del diputado Menna sobre la ilegitimidad o ilegalidad, vuelvo a decir que no es objeto de esta reunión informativa. Simplemente, quiero invitarlo a que lea el artículo 12 del decreto 2020, donde se prorroga la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas.
Además, el Enargas fue invitado a exponer como organismo técnico para contribuir a salvar las dudas y las inquietudes. Desde chiquito me enseñaron siempre que es bueno nutrirse de aquellos que entienden en la materia y que pueden aportar humildemente como nosotros.
Es por eso que, simplemente, nos ponemos a disposición de todos los diputados y las diputadas para evacuar estas dudas, como cualquier otra, sin que medie ninguna descalificación ni amenaza. Sería bueno para el diálogo, para que se entienda o, por lo menos, para aportar al entendimiento completo de este proyecto.
Por otra parte, le aclaro a una diputada -discúlpeme que no recuerdo el nombre y que no lo llegué a anotar-, que el artículo 75 de la 25.565 no financia la expansión de redes.
Con respeto a la inquietud del diputado Quetglas y otro diputado, que no recuerdo el nombre -discúlpeme, pero no lo llegué a anotar-, sobre el mayor consumo asociado eventualmente a mayores importaciones por el aumento de la demanda, lo que quiero aclararles es que el precio por la demanda es muy poco elástico; en todo caso, es sensible la temperatura. Nosotros no vemos ahí que haya ningún tipo de inconveniente, como lo están planteando los diputados.
También es importante hacer una aclaración acerca de los aproximadamente 14.000 o 15.000 millones de pesos, que reitero están contemplados dentro del presupuesto. Allí hay un requerimiento muy importante que viene del GLP fraccionado; nosotros calculamos en aproximadamente 4.300 millones de pesos, con lo cual estamos hablando solamente para requerimiento de gas natural y propano en diluido cerca de 10.000 millones de pesos.
Con respecto a la "oscuridad" del criterio que mencionó la diputada Latorre, quiero señalar que no encuentro motivo para hablar de oscuridad sobre algo que no se entiende. Encuentro su expresión sumamente peyorativa.
Nosotros explicamos técnicamente las normas IRAM, que están vigentes desde 2012, y volveremos a hacerlo si ustedes tienen tiempo para escuchar las explicaciones más detallada o más profundamente, no para llevar claridad a algo oscuro, sino para que se entiendan bien las cuestiones técnicas. En definitiva, acá no hay ninguna discrecionalidad sobre la ampliación.
Tampoco entiendo las contradicciones de la diputada que, por un lado, critica la ampliación, pero por otro, ella misma propuso una ampliación para dos departamentos de la provincia de Mendoza.
Acá se trata de un proyecto de ley que realmente tiene una expresión y un espíritu genuinamente federal, por supuesto restringido y limitado en cuanto a las zonas tarifarias.
Con respecto a lo que puede ser un beneficio bien de carácter federal, lo ideal es complementar este proyecto de zona fría a través de una tarifa diferencial del servicio público de gas por redes con una tarifa diferencial del servicio público de electricidad para aquellas provincias o zonas que tienen un mayor consumo de energía eléctrica que de gas por redes.
Por otra parte, me llama poderosamente la atención -creo que es muy importante que se entienda- la persistente preocupación de los diputados y las diputadas de la oposición sobre el aumento del recargo -de un punto porcentual-, que expliqué anteriormente, como si esto fuera la primera vez que ocurre.
Juntos por el Cambio fue quién aumentó prácticamente de un 0 por ciento el recargo en los cuadros tarifarios a 446. Lo hizo en 2017, que pasó de prácticamente de 0,09 por ciento el recargo a 2,58 por ciento en diciembre de 2017. Quiero aclarar que 2,58 por ciento es el promedio ponderado, pero en realidad el aumento osciló entre 2,58 y 2,77, o sea que de cero pasó a 2,58 y 2,77 por ciento.
En aquel entonces yo no escuché a nadie de Juntos por el Cambio que se quejara de este aumento del recargo que, reitero, se trataba de un aumento que no apuntaba en realidad a ampliar el beneficio, sino a cubrir los desaguisados que se producían como consecuencia del incremento sideral del precio del gas en boca de pozo y de las tarifas de los servicios públicos que excluían cada vez a más argentinos y argentinas del uso del servicio público.
Después del aumento del 2,58 por ciento -y que además el mayor aumento del recargo se concentraba en Metrogas y Ban, es decir, en usuarios de la región Metropolitana de Buenos Aires-, en septiembre de 2018 se pasó a 2,96 por ciento, o sea, de 2,58 saltó a 2,96. En realidad, fue de 2,96 a 3,18 por ciento; el recargo osciló, dependiendo la distribuidora, entre 2,96 a 3,18 por ciento. Y luego el recargo volvió a aumentarse en mayo 2019 a 4,46 por ciento.
En definitiva, ahora no se entiende cómo con un aumento de 1 porcentual se incorporan a 3,1 millones de nuevos usuarios a este beneficio, siendo que Juntos por el Cambio tuvo que verse obligado a incrementar el recargo para compensar los aumentos siderales en transporte, distribución y precio del gas de prácticamente cero a 4,46 por ciento.
Me parece que esto es muy importante mencionarlo y recordarlo porque mientras ocurría este aumento del recargo sin incorporar un solo usuario beneficiado a zonas frías, sin analizar Juntos por el Cambio nunca el impacto que esto tenía, las tarifas se incrementaban para usuarios residenciales en aproximadamente el 1.000 por ciento, duplicando o triplicando a la inflación.
Por otra parte, la morosidad de los usuarios residenciales endeudados en 2019 era de tres de cada diez hogares que no podían pagar el servicio público de gas de redes. En 2019, cinco de cada diez pymes terminaron endeudadas porque no podían pagar el servicio público. Ahora hay preocupación por las pymes, sin embargo, se desconectaron más de 13.000 pymes entre 2016 y 2019; primera vez en la historia del servicio público que esto ocurre durante un gobierno en democracia.
Decía que la morosidad residencial era de tres de cada diez y de cinco de cada 10 pymes, los cortes del suministro aumentaron 249 por ciento entre 2016 y 2017, y un 187 por ciento, es decir, los cortes de suministro de servicio casi se triplicaron entre 2015 y 2019 por no poder pagar, y los cortes de suministro a aquellos usuarios que estaban endeudados y no podían pagar aumentaron en más de un 73 por ciento. Esto se da por supuesto en el marco de una dolarización de las tarifas. Y por supuesto se da además en el marco de una tarifa social que durante el macrismo perdió 780.000 beneficiarios y beneficiarias por los criterios de exclusión que se agregaron y por los de inclusión que se eliminaron.
Asimismo, en cuanto a la expansión de las redes, varios diputados y diputadas de la oposición estuvieron muy preocupados por eso. Permítanme recordarles que durante la gestión de Mauricio Macri el servicio público de gas por redes a nivel residencial registró paradójicamente por el incremento de las tarifas la peor expansión de la historia; repito: la peor expansión de la historia del servicio público de gas por redes a nivel residencial ocurrió entre 2016 y 2019. Se incorporaron 410.000 nuevos usuarios residenciales cuando por ejemplo durante el gobierno anterior se incorporaron casi 660.900 y entre 2008 y 2011, que fue el pico histórico, 780.000.
Por otra parte, la expansión de la red de distribución medida en kilómetros fue menor entre 2016 y 2019 que durante 2012 y 2015, y la expansión de la red del sistema licenciado de transporte fue la menor de la historia con una expansión de apenas 40 kilómetros cuando en el gobierno anterior fue de 600 kilómetros aproximadamente y durante el primer gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue de 1.500 kilómetros.
Entonces les pido -y el Ente Nacional Regulador del Gas está a total disposición- que repasen estos números para que, como bien decía la diputada Latorre, estén contextualizados en función de las críticas que están haciendo de este proyecto de ley para tomar conciencia de lo que ocurrió precisamente con este servicio público tan maltratado y avasallado en cuanto a los derechos y las garantías de los usuarios y las usuarias.
Por último, quiero referirme a que en realidad también este proyecto de extensión de zonas frías se enmarca no solamente en un reclamo histórico, en un derecho social que adquieren cada vez más compatriotas, sino que además se contextualiza en lo que está sucediendo en el mundo, principalmente en los países desarrollados e industrializados, y sobre todo en aquellos países que están en latitudes similares a la nuestra, tanto en el hemisferio sur como en el norte. Por ejemplo, Estados Unidos, Irlanda, Gales -o sea, el Reino Unido-, Nueva Zelanda y Australia en los últimos meses y sobre todo desde el inicio de la pandemia están invirtiendo y aumentando de forma exponencial subsidios, cuando esto no ocurre en este proyecto, ya que no se requieren subsidios adicionales.
Pero, así y todo, me gustaría traer a colación que por ejemplo en Estados Unidos para cubrir las mayores erogaciones producto de los mayores consumos de invierno el gobierno de Biden ha liberado una partida extraordinaria de 4.500 millones de dólares. Por otro lado, en todo el Reino Unido, con aplicación en Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, recientemente se aprobó una partida de 170.000.000 de libras esterlinas, que traducido en pesos estamos hablando de 22.000 millones, exclusivamente para cubrir los mayores gastos con criterios absolutamente amplios como por ejemplo en el hogar donde la familia tenga hijos para cubrir las mayores erogaciones que implica el consumo de invierno. ¿Por qué? Precisamente por lo que está ocurriendo con la pandemia y cómo está afectando a las poblaciones y a las sociedades del mundo entero.
Es importante destacar que este esfuerzo -perdón por la palabra, porque no es un esfuerzo-, esta iniciativa, que reúne a tres bloques distintos, se inscribe también en esa lógica y nosotros celebramos cuando en este contexto de pandemia, mientras que el pueblo argentino y los pueblos del mundo están padeciendo tanto, que tanto desde el Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo se tomen o propongan iniciativas de esta naturaleza, más aún cuando en el caso como el que nos compete estamos hablando de un subsidio inexistente, de un autofinanciamiento, aunque no quieran creerlo los diputados y las diputadas, que surge de este recargo y que va a traer más certidumbre y previsibilidad a los argentinos y las argentinas de las zonas más frías del país. Esto no lo tuvieron durante la gestión anterior ya que se caracterizó porque la única previsibilidad que existía era que iban a aumentar la tarifa, pero no se sabía el techo de ese aumento. Esto obligó a millones de hogares argentinos, porque el gobierno de Macri empobreció energéticamente a tres millones de hogares...
SR. GONZÁLEZ (G.A.) Señor presidente: ¿le puede decir a este sujeto que...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. BERNAL ...de la República Argentina y los obligó a verse en la disyuntiva de alimentarse o pagar los servicios públicos.
Entonces, tal como ustedes lo hicieron -y yo los dejé hablar-, quisiera responderles contextualizando lo sucedido con el servicio público, y también señalando por qué el pueblo argentino celebrará y aplaudirá iniciativas de esta naturaleza.
Entonces, tal como ustedes lo hicieron -y yo los dejé hablar-, quisiera responderles contextualizando lo sucedido con el servicio público, y también señalando por qué el pueblo argentino celebrará y aplaudirá iniciativas de esta naturaleza.
SR. PRESIDENTE FÉLIX En la lista de oradores tengo anotados a cuatro señores diputados que quieren formular sus preguntas, y también hubo un pedido de interrupción por parte del diputado Quetglas.
Les pedimos que sean muy sintéticos en sus intervenciones, porque tenemos muy poco tiempo para quienes han solicitado participar en representación de sus instituciones.
Les pedimos que sean muy sintéticos en sus intervenciones, porque tenemos muy poco tiempo para quienes han solicitado participar en representación de sus instituciones.
SR. CACACE Disculpe la interrupción, señor presidente. Soy el diputado Cacace, y creo que se pasó por alto mi pregunta respecto de la aplicación territorial, zonas III a y IV, en la provincia de San Luis.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Señor diputado Cacace: en todo caso, esa pregunta se incorporará para que la responda el interventor cuando conteste las inquietudes de los otros cuatro diputados que todavía no hicieron uso de la palabra.
SR. CACACE Sí, por favor, porque no ha sido respondida.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Para una interrupción, tiene el uso de la palabra el señor diputado Quetglas.
SR. QUETGLAS Señor presidente: soy de los que consideran que la política no se reduce a un cruce de imputaciones memorioso y, a veces, muy sesgado. Por el contrario, soy de los que creen que el debate político nos enriquece como sociedad y nos permite tomar mejores decisiones.
Acá se ha invocado a la política como una contradicción con la técnica. Parece algo horroroso, en pleno siglo XXI, que representantes del pueblo de la Nación Argentina no puedan conjugar una conversación política con elementos de disquisición técnica sin caer en imputaciones vanas.
Un colega ha señalado, lamentablemente, que la decisión política se impone a los criterios técnicos. Las observaciones y las objeciones que han hecho mis colegas tienen como sentido perfeccionar nuestra forma de tomar decisiones. No somos obstruccionistas sino personas que ocupamos nuestro lugar de responsabilidad cabalmente. No nos interesa impedir algo, sino que se haga bien. Esto es lo que quería dejar en claro.
Acá se ha invocado a la política como una contradicción con la técnica. Parece algo horroroso, en pleno siglo XXI, que representantes del pueblo de la Nación Argentina no puedan conjugar una conversación política con elementos de disquisición técnica sin caer en imputaciones vanas.
Un colega ha señalado, lamentablemente, que la decisión política se impone a los criterios técnicos. Las observaciones y las objeciones que han hecho mis colegas tienen como sentido perfeccionar nuestra forma de tomar decisiones. No somos obstruccionistas sino personas que ocupamos nuestro lugar de responsabilidad cabalmente. No nos interesa impedir algo, sino que se haga bien. Esto es lo que quería dejar en claro.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Víctor Hugo Romero.
SR. ROMERO (V.H) Señor presidente: voy a ser muy breve. Agradezco a la Secretaría de Energía, y comparto lo que dijo el diputado que me precedió en el uso de la palabra. El análisis de la discusión tiene que ser mucho más amplio, y cada uno de los sectores del gobierno que hemos transitado y que transitamos en la Argentina debemos hacernos cargo, más que de echar culpas, de ver la cuota de responsabilidad que nos corresponde.
Respecto del análisis que se está realizando, la verdad es que no tengo los números, pero los vamos a repasar y pediremos mayor información. De todos modos, considero que también hay que realizar un análisis más concreto sobre el déficit fiscal y los parámetros generales de la Argentina.
En este planteo hay otra cuestión que quiero mencionar. Todo recargo que se va incrementando, independientemente del gobierno, es más cargo para aquellos que pagan la tarifa plana. Si mal no entiendo, este subsidio no tiene aportes extras del Estado y ese tema es una de las preguntas, es decir, si no se va a financiar con los recursos del Fondo Fiduciario. En la medida en la que haya más beneficiarios, el Fondo Fiduciario tiene que tener ingresos para compensar los beneficios que se dan. Entonces, si no se reciben aportes del Tesoro -esa es precisamente la pregunta, si este fondo recibe aportes del Tesoro-, claramente hoy estamos hablando de que el incremento de los beneficios implicaría un mayor recargo.
Hay algo que me gustaría dejar en claro. En realidad, el recargo no se incrementa en un punto, sino en el 21,97 por ciento. Es cierto que asciende del 4,46 al 5,44 por ciento, pero eso significa un incremento del 21,97 por ciento.
Más allá de todo esto, y con la visión de generar un criterio solidario, quiero hacer una consulta sobre algunas zonas de la provincia de Córdoba, tal como ya lo mencionó la señora diputada Márquez.
Por alguna circunstancia, en el mapa que se presenta no se han incluido zonas que realmente tienen la característica de ser zonas frías. Quizás no se las incluyó, por algún sistema científico o porque no había mediciones. ¿Hay posibilidad de incluirlas o debemos esperar el nuevo estudio que se produzca el año próximo?
Se trata de zonas frías, y además son una de las zonas más postergadas de la provincia de Córdoba porque no tiene una economía arraigada. Entonces, está llegando el gas y la paradoja es que van a tener que pagar un recargo más caro con menos recursos, porque la mayoría son poblaciones vulnerables. Quizás no están incluidos dentro del sistema porque no había centros de medición o no los tenían en ese momento; entonces, no se las tuvo en cuenta y por eso no tienen este beneficio.
Respecto del análisis que se está realizando, la verdad es que no tengo los números, pero los vamos a repasar y pediremos mayor información. De todos modos, considero que también hay que realizar un análisis más concreto sobre el déficit fiscal y los parámetros generales de la Argentina.
En este planteo hay otra cuestión que quiero mencionar. Todo recargo que se va incrementando, independientemente del gobierno, es más cargo para aquellos que pagan la tarifa plana. Si mal no entiendo, este subsidio no tiene aportes extras del Estado y ese tema es una de las preguntas, es decir, si no se va a financiar con los recursos del Fondo Fiduciario. En la medida en la que haya más beneficiarios, el Fondo Fiduciario tiene que tener ingresos para compensar los beneficios que se dan. Entonces, si no se reciben aportes del Tesoro -esa es precisamente la pregunta, si este fondo recibe aportes del Tesoro-, claramente hoy estamos hablando de que el incremento de los beneficios implicaría un mayor recargo.
Hay algo que me gustaría dejar en claro. En realidad, el recargo no se incrementa en un punto, sino en el 21,97 por ciento. Es cierto que asciende del 4,46 al 5,44 por ciento, pero eso significa un incremento del 21,97 por ciento.
Más allá de todo esto, y con la visión de generar un criterio solidario, quiero hacer una consulta sobre algunas zonas de la provincia de Córdoba, tal como ya lo mencionó la señora diputada Márquez.
Por alguna circunstancia, en el mapa que se presenta no se han incluido zonas que realmente tienen la característica de ser zonas frías. Quizás no se las incluyó, por algún sistema científico o porque no había mediciones. ¿Hay posibilidad de incluirlas o debemos esperar el nuevo estudio que se produzca el año próximo?
Se trata de zonas frías, y además son una de las zonas más postergadas de la provincia de Córdoba porque no tiene una economía arraigada. Entonces, está llegando el gas y la paradoja es que van a tener que pagar un recargo más caro con menos recursos, porque la mayoría son poblaciones vulnerables. Quizás no están incluidos dentro del sistema porque no había centros de medición o no los tenían en ese momento; entonces, no se las tuvo en cuenta y por eso no tienen este beneficio.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Licenciado Bernal: si quiere responder ahora, le aviso que quedan las intervenciones de tres diputados para el cierre.
SR. BERNAL Prefiero que continúen. De todas maneras, entiendo que ya fueron respondidas las inquietudes que se reiteraron.
En cuanto a la pregunta que realizó el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra, tal como dije al comienzo de mi exposición, nosotros ya estamos trabajando en una actualización de las normas IRAM 2012 para optimizarlas, mejorarlas y corregirlas.
Tal como expliqué, tienen una vigencia de diez años; entonces, el año próximo -para decirlo rápidamente- están obligados a modificarlas. Para su tranquilidad y para la de los diputados y las diputadas que tienen esta misma inquietud, quiero precisar que los equipos técnicos del Ente Nacional Regulador del Gas junto con el Conicet y con los responsables de las normas IRAM estamos trabajando en ese sentido.
Quiero abrir el juego al gerente de Distribución del Enargas, ingeniero Jorge Deferrari.
En cuanto a la pregunta que realizó el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra, tal como dije al comienzo de mi exposición, nosotros ya estamos trabajando en una actualización de las normas IRAM 2012 para optimizarlas, mejorarlas y corregirlas.
Tal como expliqué, tienen una vigencia de diez años; entonces, el año próximo -para decirlo rápidamente- están obligados a modificarlas. Para su tranquilidad y para la de los diputados y las diputadas que tienen esta misma inquietud, quiero precisar que los equipos técnicos del Ente Nacional Regulador del Gas junto con el Conicet y con los responsables de las normas IRAM estamos trabajando en ese sentido.
Quiero abrir el juego al gerente de Distribución del Enargas, ingeniero Jorge Deferrari.
SR. DEFERRARI Me voy a referir a la duda sobre los lugares de medición, pues dijeron que no había. Quiero señalar que hay lugares donde las mediciones del servicio meteorológico se hacen de manera más espaciada. Eso no significa que no tengan datos, porque ellos realizan interpolación de las distintas temperaturas que obtuvieron en las 96 estaciones de medición.
Reiteramos que nos estamos basando exclusivamente en la norma IRAM de 2012 y, tal como dijo recién Federico, estamos trabajando con personal del Conicet y todos los integrantes que van a conformar la comisión de actualización de la norma IRAM. La idea es, próximamente, buscar la posibilidad de que esté georreferenciado, para tener más exactitud de los lugares donde atraviesan las isocurvas, porque no son isobaras. Hay distintos factores para adoptar estos criterios. Eso es todo.
Reiteramos que nos estamos basando exclusivamente en la norma IRAM de 2012 y, tal como dijo recién Federico, estamos trabajando con personal del Conicet y todos los integrantes que van a conformar la comisión de actualización de la norma IRAM. La idea es, próximamente, buscar la posibilidad de que esté georreferenciado, para tener más exactitud de los lugares donde atraviesan las isocurvas, porque no son isobaras. Hay distintos factores para adoptar estos criterios. Eso es todo.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Germán Martínez.
SR. MARTÍNEZ (G.) Señor presidente: gracias por darme el uso de la palabra, y también agradezco al licenciado Federico Bernal por estar presente con todo su equipo en el plenario de comisiones de esta reunión informativa.
Quiero valorar muy positivamente este encuentro. No es un tema fácil, más allá de que se trata de un proyecto que se logra sintetizar en dos palabras: zona fría. Considero que la implementación tiene numerosos elementos necesarios para ser comprendidos, junto con una cantidad de cuestiones técnicas, que el titular del Enargas las expuso con muchísima solvencia.
Esto quiero decirlo, porque en algún momento un diputado preopinante habló sobre la importancia de que en algunas decisiones de índole política -y nosotros hacemos leyes que tienen un componente esencialmente político- se contemplen los elementos técnicos, y también señaló que la representación mejora cuando los elementos técnicos ayudan a tomar las mejores definiciones políticas, cuestión que comparto.
También quiero decir que un elemento clave a tener en cuenta a la hora de plantear la necesaria y cotidiana reconciliación que debe tener la política con la sociedad -lo que es una tarea cotidiana y permanente-, consiste en tener presente lo que cada uno ha planteado en sus plataformas políticas, en sus propuestas electorales o en sus promesas electorales -como algunos las llaman, quizás un tanto más livianamente-, y lo que después termina haciendo cuando está en el gobierno.
Quiero reivindicar el hecho de que este proyecto en cierta medida genera eso. Me refiero a la posibilidad de que podamos traducir una decisión política en un proyecto de ley sobre una cuestión que venimos debatiendo desde 2019, cuando fuimos a la campaña electoral desde el Frente de Todos. Ya en esa campaña hablábamos de muchas de las cosas que hoy están plasmadas en este proyecto. Por lo tanto, estamos honrando aquel debate electoral.
Con esta iniciativa también estamos honrando cuatro años de intensas luchas y movilizaciones que hubo a lo largo y ancho del país. Aquí hay muchos que no solamente acompañaron, sino que protagonizaron la lucha, tanto de los usuarios residenciales como de las pequeñas y medianas empresas, respecto de lo que fue la política tarifaria del gas y de la electricidad durante el gobierno anterior.
Les aclaro que eso está lejos de ser una chicana política; se trata solo del lugar en el que estamos parados. Bienvenido sea, entonces, que estemos parados en esos lugares distintos.
También es cierto que uno crea el clima para el debate. Digo esto porque si a quien hemos invitado hoy a esta reunión informativa uno le dice que lo que hace es ilegal e ilegítimo, eso no crea las mejores condiciones para tener un debate armónico.
En este sentido, además de honrar la palabra electoral, obviamente que es importante que nos demos este debate y que continuemos con esta discusión. Seguramente en breve habrá una nueva convocatoria, ya no de carácter informativo, sino deliberativo, para debatir sobre el proyecto en cuestión.
Las principales referencias que acerca nuestro bloque alrededor de este tema van a poder explicar los lineamientos de ese proyecto. Además, respecto de este tema creo que estamos animándonos a un debate y avanzando en algo que me parece clave y que en cierta medida ha marcado algunas cuestiones de los últimos debates parlamentarios que tuvimos. Me refiero al criterio de la segmentación, criterio siempre difícil, no solamente en lo territorial, reconociendo la diversidad de situaciones que hoy se viven -por ejemplo, con el acceso al gas natural en toda la Argentina-, sino también en términos sociales.
Me parece importante reconocer en este proyecto dos elementos: por un lado, la posibilidad de hacer segmentaciones territoriales que permitan incorporar más beneficiarios a este mecanismo y ampliar más derechos en la Argentina; y por el otro, que aquellos beneficiarios que están en condiciones sociales más desfavorables puedan pagar menos.
Creo que es muy bienvenido que estemos dando estos debates. ¿Son complejos? Sí. ¿Nos generan dificultades a la hora de trazar la línea del "hasta dónde"? También. ¿Generan contradicciones muchas veces en la aplicación geográfica de algunas políticas públicas? Puede ser. Sin embargo, me parece que es el camino correcto.
¿Este proyecto va a solucionar todos los problemas que tenemos en relación con el acceso al gas natural? No, porque hay lugares donde directamente no tenemos redes de gas natural, cuestión que constituye un reclamo histórico. Acá veo a muchos compañeros y compañeras del Noreste Argentino que conocen este tema, que es fundamental. El norte de mi provincia está afectado por todo esto. Además, hay lugares que cuentan con la red de gas natural, pero la gente ni siquiera puede conectarse, obviamente por falta de recursos económicos.
También se habló de la cuestión del GLP. En nuestra provincia, por ejemplo, desde hace tiempo se está trabajando junto a las autoridades nacionales en el Gasoducto Regional Sur, el Gasoducto Regional II, el Gasoducto Metropolitano de Santa Fe. Obviamente que eso va a permitir ampliar la cobertura del gas natural. Sin embargo, no podemos meter todos los debates en un mismo proyecto porque, si no, terminamos no discutiendo nada.
Estamos debatiendo sobre cuáles son los alcances del proyecto vinculado con la ampliación de la zona fría. Eso es lo que estamos analizando. Pero esto no significa que lo otro no se deba tratar, sino que merece herramientas específicas para cada una de las circunstancias.
Más que para preguntar, solicité la palabra para agradecer. Quiero invitarlos a que nos animemos a dar el debate sobre un tema importante que yo creo que amplía el acceso al gas natural en la Argentina y que posibilita que en determinadas zonas haya tarifas más accesibles. Sugiero que en eso no mezclemos los tantos ni nos chicaneemos, porque me parece que nos alejamos de las posibilidades concretas de contar con la mejor solución, que es a lo que aspiran los argentinos. Muchísimas gracias.
Quiero valorar muy positivamente este encuentro. No es un tema fácil, más allá de que se trata de un proyecto que se logra sintetizar en dos palabras: zona fría. Considero que la implementación tiene numerosos elementos necesarios para ser comprendidos, junto con una cantidad de cuestiones técnicas, que el titular del Enargas las expuso con muchísima solvencia.
Esto quiero decirlo, porque en algún momento un diputado preopinante habló sobre la importancia de que en algunas decisiones de índole política -y nosotros hacemos leyes que tienen un componente esencialmente político- se contemplen los elementos técnicos, y también señaló que la representación mejora cuando los elementos técnicos ayudan a tomar las mejores definiciones políticas, cuestión que comparto.
También quiero decir que un elemento clave a tener en cuenta a la hora de plantear la necesaria y cotidiana reconciliación que debe tener la política con la sociedad -lo que es una tarea cotidiana y permanente-, consiste en tener presente lo que cada uno ha planteado en sus plataformas políticas, en sus propuestas electorales o en sus promesas electorales -como algunos las llaman, quizás un tanto más livianamente-, y lo que después termina haciendo cuando está en el gobierno.
Quiero reivindicar el hecho de que este proyecto en cierta medida genera eso. Me refiero a la posibilidad de que podamos traducir una decisión política en un proyecto de ley sobre una cuestión que venimos debatiendo desde 2019, cuando fuimos a la campaña electoral desde el Frente de Todos. Ya en esa campaña hablábamos de muchas de las cosas que hoy están plasmadas en este proyecto. Por lo tanto, estamos honrando aquel debate electoral.
Con esta iniciativa también estamos honrando cuatro años de intensas luchas y movilizaciones que hubo a lo largo y ancho del país. Aquí hay muchos que no solamente acompañaron, sino que protagonizaron la lucha, tanto de los usuarios residenciales como de las pequeñas y medianas empresas, respecto de lo que fue la política tarifaria del gas y de la electricidad durante el gobierno anterior.
Les aclaro que eso está lejos de ser una chicana política; se trata solo del lugar en el que estamos parados. Bienvenido sea, entonces, que estemos parados en esos lugares distintos.
También es cierto que uno crea el clima para el debate. Digo esto porque si a quien hemos invitado hoy a esta reunión informativa uno le dice que lo que hace es ilegal e ilegítimo, eso no crea las mejores condiciones para tener un debate armónico.
En este sentido, además de honrar la palabra electoral, obviamente que es importante que nos demos este debate y que continuemos con esta discusión. Seguramente en breve habrá una nueva convocatoria, ya no de carácter informativo, sino deliberativo, para debatir sobre el proyecto en cuestión.
Las principales referencias que acerca nuestro bloque alrededor de este tema van a poder explicar los lineamientos de ese proyecto. Además, respecto de este tema creo que estamos animándonos a un debate y avanzando en algo que me parece clave y que en cierta medida ha marcado algunas cuestiones de los últimos debates parlamentarios que tuvimos. Me refiero al criterio de la segmentación, criterio siempre difícil, no solamente en lo territorial, reconociendo la diversidad de situaciones que hoy se viven -por ejemplo, con el acceso al gas natural en toda la Argentina-, sino también en términos sociales.
Me parece importante reconocer en este proyecto dos elementos: por un lado, la posibilidad de hacer segmentaciones territoriales que permitan incorporar más beneficiarios a este mecanismo y ampliar más derechos en la Argentina; y por el otro, que aquellos beneficiarios que están en condiciones sociales más desfavorables puedan pagar menos.
Creo que es muy bienvenido que estemos dando estos debates. ¿Son complejos? Sí. ¿Nos generan dificultades a la hora de trazar la línea del "hasta dónde"? También. ¿Generan contradicciones muchas veces en la aplicación geográfica de algunas políticas públicas? Puede ser. Sin embargo, me parece que es el camino correcto.
¿Este proyecto va a solucionar todos los problemas que tenemos en relación con el acceso al gas natural? No, porque hay lugares donde directamente no tenemos redes de gas natural, cuestión que constituye un reclamo histórico. Acá veo a muchos compañeros y compañeras del Noreste Argentino que conocen este tema, que es fundamental. El norte de mi provincia está afectado por todo esto. Además, hay lugares que cuentan con la red de gas natural, pero la gente ni siquiera puede conectarse, obviamente por falta de recursos económicos.
También se habló de la cuestión del GLP. En nuestra provincia, por ejemplo, desde hace tiempo se está trabajando junto a las autoridades nacionales en el Gasoducto Regional Sur, el Gasoducto Regional II, el Gasoducto Metropolitano de Santa Fe. Obviamente que eso va a permitir ampliar la cobertura del gas natural. Sin embargo, no podemos meter todos los debates en un mismo proyecto porque, si no, terminamos no discutiendo nada.
Estamos debatiendo sobre cuáles son los alcances del proyecto vinculado con la ampliación de la zona fría. Eso es lo que estamos analizando. Pero esto no significa que lo otro no se deba tratar, sino que merece herramientas específicas para cada una de las circunstancias.
Más que para preguntar, solicité la palabra para agradecer. Quiero invitarlos a que nos animemos a dar el debate sobre un tema importante que yo creo que amplía el acceso al gas natural en la Argentina y que posibilita que en determinadas zonas haya tarifas más accesibles. Sugiero que en eso no mezclemos los tantos ni nos chicaneemos, porque me parece que nos alejamos de las posibilidades concretas de contar con la mejor solución, que es a lo que aspiran los argentinos. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Gracias, señor diputado.
Quedan tres diputados anotados para hacer uso de la palabra, además de los oradores representantes de distintas entidades que solicitaron por correo electrónico participar en esta reunión de comisión.
He consultado acerca del horario. Tenemos media hora más, hasta las 17 y 30, según me informaron. Así que pasaremos a escuchar a los tres legisladores que quedan, que son los señores diputados Cassinerio y Cano, y la señora diputada Schwindt.
Procederemos de esta manera, a fin de poder escuchar a continuación a quienes, en representación de distintas entidades, solicitaron participar en esta reunión informativa.
Tiene la palabra el señor diputado Cassinerio.
Quedan tres diputados anotados para hacer uso de la palabra, además de los oradores representantes de distintas entidades que solicitaron por correo electrónico participar en esta reunión de comisión.
He consultado acerca del horario. Tenemos media hora más, hasta las 17 y 30, según me informaron. Así que pasaremos a escuchar a los tres legisladores que quedan, que son los señores diputados Cassinerio y Cano, y la señora diputada Schwindt.
Procederemos de esta manera, a fin de poder escuchar a continuación a quienes, en representación de distintas entidades, solicitaron participar en esta reunión informativa.
Tiene la palabra el señor diputado Cassinerio.
SR. CASSINERIO Muchas gracias, señor presidente. Agradezco también a los funcionarios nacionales que hoy nos acompañan.
Lo primero que quiero manifestar es que estoy totalmente de acuerdo con la preocupación expresada por el señor diputado Víctor Hugo Romero en relación con zonas de Córdoba que son desfavorables. Además, celebro la respuesta del señor Bernal en el sentido de que se está trabajando en una actualización de la norma IRAM, porque sin lugar a dudas eso es más que importante para poder llevar equidad e igualad de posibilidades a un sector muy postergado de nuestra provincia. Creo que esa actualización será sumamente necesaria y bienvenida.
En segunda instancia, me parece importante trabajar en la aclaración de la normativa, puntualmente en el artículo 1º, donde se mencionan las localidades comprendidas en este nuevo beneficio. En una parte, dice lo siguiente: "Las localidades que se encuentren dentro de la zona Bioambiental utilizada por Enargas bajo la norma IRAM 11603/2011, III a, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, que en un futuro sean abastecidas de gas natural y/o gas licuado de petróleo en su domicilio, obtendrán en forma automática los beneficios aquí establecidos."
Me parece que es sumamente importante dejar aclarado en esta normativa que los usuarios residenciales que hoy se encuentran incorporados en esa zona III obtengan el beneficio hoy; es decir, en forma inmediata, en caso de que esta norma sea sancionada.
Trabajar en esa aclaración es sumamente importante y va a sacarnos un montón de dudas que podemos llegar a tener. Por eso, pregunto al señor Bernal o a los autores del proyecto de ley si después, en la reunión de comisión que seguramente tendremos para emitir dictamen, se puede modificar y aclarar esa cuestión para que no tengamos dudas de que todos los beneficiarios que hoy tienen gas natural, puedan incorporarse. Esa es una de mis preguntas.
Por supuesto que también creemos que es importantísima, y la celebramos, la decisión de incorporar todas esas zonas a este nuevo plan tarifario, con el subsidio que se contempla a través de este fondo, y que sea un porcentaje mínimo el que se aumente para aquellos usuarios que tienen que pagar la totalidad del monto correspondiente a la tarifa.
En ese sentido, quiero consultar si tienen previsto a futuro un incremento de la tarifa de gas para esos usuarios que no están alcanzados por este subsidio.
Lo primero que quiero manifestar es que estoy totalmente de acuerdo con la preocupación expresada por el señor diputado Víctor Hugo Romero en relación con zonas de Córdoba que son desfavorables. Además, celebro la respuesta del señor Bernal en el sentido de que se está trabajando en una actualización de la norma IRAM, porque sin lugar a dudas eso es más que importante para poder llevar equidad e igualad de posibilidades a un sector muy postergado de nuestra provincia. Creo que esa actualización será sumamente necesaria y bienvenida.
En segunda instancia, me parece importante trabajar en la aclaración de la normativa, puntualmente en el artículo 1º, donde se mencionan las localidades comprendidas en este nuevo beneficio. En una parte, dice lo siguiente: "Las localidades que se encuentren dentro de la zona Bioambiental utilizada por Enargas bajo la norma IRAM 11603/2011, III a, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, que en un futuro sean abastecidas de gas natural y/o gas licuado de petróleo en su domicilio, obtendrán en forma automática los beneficios aquí establecidos."
Me parece que es sumamente importante dejar aclarado en esta normativa que los usuarios residenciales que hoy se encuentran incorporados en esa zona III obtengan el beneficio hoy; es decir, en forma inmediata, en caso de que esta norma sea sancionada.
Trabajar en esa aclaración es sumamente importante y va a sacarnos un montón de dudas que podemos llegar a tener. Por eso, pregunto al señor Bernal o a los autores del proyecto de ley si después, en la reunión de comisión que seguramente tendremos para emitir dictamen, se puede modificar y aclarar esa cuestión para que no tengamos dudas de que todos los beneficiarios que hoy tienen gas natural, puedan incorporarse. Esa es una de mis preguntas.
Por supuesto que también creemos que es importantísima, y la celebramos, la decisión de incorporar todas esas zonas a este nuevo plan tarifario, con el subsidio que se contempla a través de este fondo, y que sea un porcentaje mínimo el que se aumente para aquellos usuarios que tienen que pagar la totalidad del monto correspondiente a la tarifa.
En ese sentido, quiero consultar si tienen previsto a futuro un incremento de la tarifa de gas para esos usuarios que no están alcanzados por este subsidio.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Cano.
SR. CANO Señor presidente: en la línea de lo que planteaba el señor diputado Germán Martínez, voy a hacer una sola reflexión para que, como bien se dijo, nos hagamos cargo de la parte de la responsabilidad que nos toca.
En ese sentido no me parece correcto venir a plantear que durante los cuatro años de la gestión anterior se provocó una crisis energética cuando dejaron el gobierno con un déficit en la balanza energética que superó a los 6.900 millones de dólares en 2013; el último año en que tuvimos superávit en la balanza comercial energética fue 2010 y, de allí en adelante, claramente hubo un proceso de incremento de la importación de energía.
También hay que decir que existe un largo camino por desandar en cuanto a la tarifa eléctrica, porque no es lo mismo lo que paga el megavatio una familia en Tucumán que lo que se paga en Santiago del Estero o en otra provincia del Norte. Sin duda, la asimetría es mayor cuando comparamos con la zona del AMBA.
Por eso creo que en la próxima reunión de comisión o en la sesión vamos a tener momentos para hablar de cuestiones profundas de política energética. Pero uno no puede venir al Congreso de la Nación pensando que la historia comienza a partir de hoy, sin hacerse cargo de lo que ocurrió en la Argentina de 2010 a 2015 con respecto a la matriz energética y la manera en que el desincentivo a la inversión privada generó una enorme dependencia energética en nuestro país con respecto a lo que vivimos cuando nos fuimos en 2019, cuando por primera vez hubo un leve balance positivo.
Más allá de que coincido con algunas participaciones de diputados de nuestro bloque, no veo que esté incluida -en la línea de lo que planteaba también el diputado Romero- la zona de los Valles Calchaquíes, la zona que comprende a El Mollar, Tafí del Valle, Ampimpa, Amaicha del Valle y Colalao del Valle, que realmente son zonas donde en la época de invierno el frío es bastante importante. Sin embargo, no veo que estén incluidas en esta etapa del proyecto.
Probablemente en las respuestas que dio el funcionario esté contenida la pregunta que estoy haciendo en particular sobre esta región de Tucumán.
En ese sentido no me parece correcto venir a plantear que durante los cuatro años de la gestión anterior se provocó una crisis energética cuando dejaron el gobierno con un déficit en la balanza energética que superó a los 6.900 millones de dólares en 2013; el último año en que tuvimos superávit en la balanza comercial energética fue 2010 y, de allí en adelante, claramente hubo un proceso de incremento de la importación de energía.
También hay que decir que existe un largo camino por desandar en cuanto a la tarifa eléctrica, porque no es lo mismo lo que paga el megavatio una familia en Tucumán que lo que se paga en Santiago del Estero o en otra provincia del Norte. Sin duda, la asimetría es mayor cuando comparamos con la zona del AMBA.
Por eso creo que en la próxima reunión de comisión o en la sesión vamos a tener momentos para hablar de cuestiones profundas de política energética. Pero uno no puede venir al Congreso de la Nación pensando que la historia comienza a partir de hoy, sin hacerse cargo de lo que ocurrió en la Argentina de 2010 a 2015 con respecto a la matriz energética y la manera en que el desincentivo a la inversión privada generó una enorme dependencia energética en nuestro país con respecto a lo que vivimos cuando nos fuimos en 2019, cuando por primera vez hubo un leve balance positivo.
Más allá de que coincido con algunas participaciones de diputados de nuestro bloque, no veo que esté incluida -en la línea de lo que planteaba también el diputado Romero- la zona de los Valles Calchaquíes, la zona que comprende a El Mollar, Tafí del Valle, Ampimpa, Amaicha del Valle y Colalao del Valle, que realmente son zonas donde en la época de invierno el frío es bastante importante. Sin embargo, no veo que estén incluidas en esta etapa del proyecto.
Probablemente en las respuestas que dio el funcionario esté contenida la pregunta que estoy haciendo en particular sobre esta región de Tucumán.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el interventor del Enargas, Federico Bernal.
SR. BERNAL Celebro que la preocupación del diputado preopinante sea la de seguir incorporando zonas no incluidas porque son más derechos para aquellos que no los tienen. Sin embargo, como respondí, todo eso se está trabajando y se va a seguir haciendo muy fuertemente.
El Enargas está trabajando junto con el Conicet y las autoridades que están detrás de las normas IRAM. De manera que profundizaremos, mejoraremos y optimizaremos lo que tiene que ver con zonas bioambientales en la República Argentina. Esa es la respuesta en cuanto a su preocupación.
En cuanto al análisis que hace de la balanza comercial, mi humilde opinión y aporte -si le sirve, bien, y si no, también- es que la salud energética de una Nación no se mide por la salud energética de su balanza comercial; se mide por la salud energética de su pueblo.
Simplemente, con la contextualización que hice, me refería a que el pueblo argentino sufrió mucho y fue empobrecido energéticamente, independientemente de lo que ocurrió con la balanza comercial.
No es factor de medición ni parámetro la balanza comercial para medir la eficiencia de un servicio público. Por eso, cuando hace un análisis de lo ocurrido durante la gestión previa, así como de la anterior a la de Mauricio Macri, lo invito a preguntarse qué pasó con el ser humano, antes de preguntar qué pasó con la balanza comercial. Lo invito a preguntarse qué pasó con el usuario y la usuaria del servicio público, antes de qué ocurrió con la balanza comercial energética.
El Enargas está trabajando junto con el Conicet y las autoridades que están detrás de las normas IRAM. De manera que profundizaremos, mejoraremos y optimizaremos lo que tiene que ver con zonas bioambientales en la República Argentina. Esa es la respuesta en cuanto a su preocupación.
En cuanto al análisis que hace de la balanza comercial, mi humilde opinión y aporte -si le sirve, bien, y si no, también- es que la salud energética de una Nación no se mide por la salud energética de su balanza comercial; se mide por la salud energética de su pueblo.
Simplemente, con la contextualización que hice, me refería a que el pueblo argentino sufrió mucho y fue empobrecido energéticamente, independientemente de lo que ocurrió con la balanza comercial.
No es factor de medición ni parámetro la balanza comercial para medir la eficiencia de un servicio público. Por eso, cuando hace un análisis de lo ocurrido durante la gestión previa, así como de la anterior a la de Mauricio Macri, lo invito a preguntarse qué pasó con el ser humano, antes de preguntar qué pasó con la balanza comercial. Lo invito a preguntarse qué pasó con el usuario y la usuaria del servicio público, antes de qué ocurrió con la balanza comercial energética.
SR. MAYA Permítame una aclaración con respecto a lo que consultaba el diputado Cano.
Recién me fijé en la planilla y hoy no tienen red de gas los usuarios de Amaicha del Valle, Colalao del Valle, El Mollar y Tafí del Valle, pero están incluidas en las zonas III a.
Recién me fijé en la planilla y hoy no tienen red de gas los usuarios de Amaicha del Valle, Colalao del Valle, El Mollar y Tafí del Valle, pero están incluidas en las zonas III a.
SR. DEFERRARI En cuanto a lo que preguntó el señor diputado Cassinerio de las zonas que no están incluidas, son localidades que no tienen redes ni servicio de gas, lo que significa que cuando esas redes se construyan y se instalen, los usuarios que están comprendidos dentro de esas localidades o partidos, automáticamente van a ser beneficiarios.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra la señora diputada Schwindt.
SRA. SCHWINDT Señor presidente: mi compañero del Frente de Todos, Germán Martínez, ha expresado parte de lo que yo quería decir.
Sin embargo, no quiero terminar este encuentro sin aclarar algunas situaciones. Aquí se habló y se cuestionó la autoridad que invitamos a la comisión. Un diputado también cuestionó que el Enargas estaba aquí sentado como el Poder Ejecutivo.
No es así. Nosotros convocamos a los representantes del Enargas porque hemos trabajado codo a codo con este organismo. Como diputada he presentado muchos proyectos sobre esta temática, incluidos uno que estamos tratando ahora y otro que presenté el año pasado, y los hemos trabajado con el Enargas porque es el organismo técnico que nos brinda en todo momento la apertura para tratar y contar con los elementos para poder avanzar con este proyecto.
Por ello, quiero agradecer al señor interventor y a todo su equipo.
Como diputada me han tocado dos etapas, una de 2016 a 2017, como presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. En ese momento, ante el tarifazo -porque hay que contextualizar los hechos-, citamos al interventor del Enargas, el señor Tezanos, para que concurriera a la comisión. Estoy obligada a recordar eso porque acá se está cuestionando lo que estamos haciendo y a quienes hemos convocado a esta reunión.
Como decía, en ese momento invitamos al interventor para que explique los aumentos. A raíz de las preguntas que se le hicieron, dijo que hasta hacía muy poco tiempo había representado a las empresas y que había trabajado en una empresa privada. Todo eso está en los diarios y por eso duró lo que un suspiro en el cargo. Lo sacaron y pusieron a otro porque reconoció que estaba defendiendo a las empresas.
En este caso, nosotros consultamos al Enargas porque es el organismo que tiene que intervenir.
Cuando se produjo el tarifazo e íbamos a reclamar por esta situación y para ser incluidos como zona fría, nos mandaban a reclamar al Enargas.
De hecho, el intendente de mi ciudad, que no tiene nuestro color político, ha hecho una presentación el año pasado para reclamar al Enargas la inclusión como zona fría.
Entonces ¿a quién íbamos a traer hoy a la comisión? ¿A quién íbamos a traer para que explique y sustente el proyecto que hemos trabajado, si no es al Enargas, con el cual hemos trabajado codo a codo y es algo que agradecemos profundamente?
Por otro lado, aquí se escuchó mucho el pedido de que se incluya una u otra zona. Discutiremos esto en la comisión.
Hemos introducido algunas modificaciones en la redacción del proyecto pero las trataremos en otro momento, puesto que el temario de hoy está delimitado, y se encuentran presentes invitados de organizaciones que han pedido participar para manifestarse acerca de esta iniciativa.
Este proyecto es de larga data, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo y el distrito que represento. Tiene casi diez años, y en los últimos seis, ha habido gente que ha mantenido vivo este reclamo. Pueden buscar las diferentes presentaciones realizadas.
¿Por qué está Enargas hoy representado aquí? Justamente, porque se abrió no solo a usuarios y a una representación reducida, sino también a las multisectoriales que estuvieron trabajando y reclamando por este proyecto durante muchísimo tiempo. Ellos fueron quienes mantuvieron vivo este reclamo. De no haber sido por ellos, no hubiésemos avanzado tanto.
Aquí se habló de discrecionalidad, pero no es así. No sé a qué se refieren cuando dicen discrecionalidad. De hecho, de las más de noventa ciudades de la provincia de Buenos Aires que se incluirán, me atrevo a decir que la mayor parte de ellas están gobernadas por Juntos por el Cambio. A su vez, representantes de la gran mayoría de las oficinas de Defensa del Consumidor de esas ciudades concurrieron a las audiencias públicas y reclamaron que sus distritos fueran incluidos como zonas frías. Entonces, no hay discrecionalidad, sino un reclamo genuino de muchísimas ciudades. Cuando trabajamos en esto, nunca miramos el color político de las ciudades y regiones que serían beneficiadas; siempre pensamos en los usuarios.
Se trata de un reclamo que nace de los usuarios; debe ser una de las cosas más lindas que nos pasan a los políticos, en este momento en que tanto se habla de la antipolítica. Es un proyecto que nace genuinamente de los usuarios. Hoy tengo la suerte de poder concretarlo y llevarlo al recinto. Es un proyecto que ha nacido de abajo, es decir, de los usuarios, más allá de cualquier color político.
Para finalizar, quiero decir que debemos tratar de analizar tranquilos esta iniciativa y de mirarla ampliamente. Debemos tratar de no traer aquí cuestiones que pertenecen al pasado y que a veces hay que contextualizar.
Hagamos de cuenta que vamos hacia delante, que avanzamos hacia una ampliación de derechos en virtud de un reclamo genuino que nació de los usuarios. Cientos de oficinas municipales de Defensa del Consumidor lo han mantenido vivo más allá de cualquier color político.
Seguiremos debatiendo este proyecto en la próxima reunión de comisión, que tendrá lugar el martes o el miércoles conforme usted determine, señor presidente. Es por eso que ahora no quiero disponer más de su tiempo sino que quiero darles espacio a los invitados, que ojalá hubieran sido muchos más.
Muchas organizaciones de consumidores querían participar, pero no pudieron hacerlo por cuestiones de tiempo. Querían estar presentes para apoyar este proyecto que han sentido como propio durante mucho tiempo y en el que vienen militando desde cada rincón de la provincia de Buenos Aires, por lo menos.
Sin embargo, no quiero terminar este encuentro sin aclarar algunas situaciones. Aquí se habló y se cuestionó la autoridad que invitamos a la comisión. Un diputado también cuestionó que el Enargas estaba aquí sentado como el Poder Ejecutivo.
No es así. Nosotros convocamos a los representantes del Enargas porque hemos trabajado codo a codo con este organismo. Como diputada he presentado muchos proyectos sobre esta temática, incluidos uno que estamos tratando ahora y otro que presenté el año pasado, y los hemos trabajado con el Enargas porque es el organismo técnico que nos brinda en todo momento la apertura para tratar y contar con los elementos para poder avanzar con este proyecto.
Por ello, quiero agradecer al señor interventor y a todo su equipo.
Como diputada me han tocado dos etapas, una de 2016 a 2017, como presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. En ese momento, ante el tarifazo -porque hay que contextualizar los hechos-, citamos al interventor del Enargas, el señor Tezanos, para que concurriera a la comisión. Estoy obligada a recordar eso porque acá se está cuestionando lo que estamos haciendo y a quienes hemos convocado a esta reunión.
Como decía, en ese momento invitamos al interventor para que explique los aumentos. A raíz de las preguntas que se le hicieron, dijo que hasta hacía muy poco tiempo había representado a las empresas y que había trabajado en una empresa privada. Todo eso está en los diarios y por eso duró lo que un suspiro en el cargo. Lo sacaron y pusieron a otro porque reconoció que estaba defendiendo a las empresas.
En este caso, nosotros consultamos al Enargas porque es el organismo que tiene que intervenir.
Cuando se produjo el tarifazo e íbamos a reclamar por esta situación y para ser incluidos como zona fría, nos mandaban a reclamar al Enargas.
De hecho, el intendente de mi ciudad, que no tiene nuestro color político, ha hecho una presentación el año pasado para reclamar al Enargas la inclusión como zona fría.
Entonces ¿a quién íbamos a traer hoy a la comisión? ¿A quién íbamos a traer para que explique y sustente el proyecto que hemos trabajado, si no es al Enargas, con el cual hemos trabajado codo a codo y es algo que agradecemos profundamente?
Por otro lado, aquí se escuchó mucho el pedido de que se incluya una u otra zona. Discutiremos esto en la comisión.
Hemos introducido algunas modificaciones en la redacción del proyecto pero las trataremos en otro momento, puesto que el temario de hoy está delimitado, y se encuentran presentes invitados de organizaciones que han pedido participar para manifestarse acerca de esta iniciativa.
Este proyecto es de larga data, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo y el distrito que represento. Tiene casi diez años, y en los últimos seis, ha habido gente que ha mantenido vivo este reclamo. Pueden buscar las diferentes presentaciones realizadas.
¿Por qué está Enargas hoy representado aquí? Justamente, porque se abrió no solo a usuarios y a una representación reducida, sino también a las multisectoriales que estuvieron trabajando y reclamando por este proyecto durante muchísimo tiempo. Ellos fueron quienes mantuvieron vivo este reclamo. De no haber sido por ellos, no hubiésemos avanzado tanto.
Aquí se habló de discrecionalidad, pero no es así. No sé a qué se refieren cuando dicen discrecionalidad. De hecho, de las más de noventa ciudades de la provincia de Buenos Aires que se incluirán, me atrevo a decir que la mayor parte de ellas están gobernadas por Juntos por el Cambio. A su vez, representantes de la gran mayoría de las oficinas de Defensa del Consumidor de esas ciudades concurrieron a las audiencias públicas y reclamaron que sus distritos fueran incluidos como zonas frías. Entonces, no hay discrecionalidad, sino un reclamo genuino de muchísimas ciudades. Cuando trabajamos en esto, nunca miramos el color político de las ciudades y regiones que serían beneficiadas; siempre pensamos en los usuarios.
Se trata de un reclamo que nace de los usuarios; debe ser una de las cosas más lindas que nos pasan a los políticos, en este momento en que tanto se habla de la antipolítica. Es un proyecto que nace genuinamente de los usuarios. Hoy tengo la suerte de poder concretarlo y llevarlo al recinto. Es un proyecto que ha nacido de abajo, es decir, de los usuarios, más allá de cualquier color político.
Para finalizar, quiero decir que debemos tratar de analizar tranquilos esta iniciativa y de mirarla ampliamente. Debemos tratar de no traer aquí cuestiones que pertenecen al pasado y que a veces hay que contextualizar.
Hagamos de cuenta que vamos hacia delante, que avanzamos hacia una ampliación de derechos en virtud de un reclamo genuino que nació de los usuarios. Cientos de oficinas municipales de Defensa del Consumidor lo han mantenido vivo más allá de cualquier color político.
Seguiremos debatiendo este proyecto en la próxima reunión de comisión, que tendrá lugar el martes o el miércoles conforme usted determine, señor presidente. Es por eso que ahora no quiero disponer más de su tiempo sino que quiero darles espacio a los invitados, que ojalá hubieran sido muchos más.
Muchas organizaciones de consumidores querían participar, pero no pudieron hacerlo por cuestiones de tiempo. Querían estar presentes para apoyar este proyecto que han sentido como propio durante mucho tiempo y en el que vienen militando desde cada rincón de la provincia de Buenos Aires, por lo menos.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Señor interventor Bernal: no quedan más diputados anotados para plantear inquietudes pero sí expositores. No sé si usted quiere agregar algo.
SR. BERNAL No, señor presidente. Gracias.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Entonces, a continuación comenzarán las exposiciones.
En primer lugar, tiene la palabra la doctora Paula Lafourcade, integrante de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA.
En primer lugar, tiene la palabra la doctora Paula Lafourcade, integrante de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA.
-Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE FÉLIX La doctora Lafourcade tiene algún problema de conexión. Mientras lo resuelve, hará uso de la palabra la señora Silvia Jensen, integrante de la Multisectorial de Necochea.
SRA. JENSEN Señor presidente: buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Silvia Jensen. Soy de Necochea e integro la Red Nacional de Multisectoriales. Asimismo, soy una de las coordinadoras de la Comisión de Usuarios de dicha red dentro del Enargas.
Aprovecho esta oportunidad para destacar y agradecer a su interventor, Federico Bernal, por haber abierto el organismo para que nosotros podamos llevar la palabra de los usuarios a través de las comisiones.
Estamos convencidos de que los servicios públicos no son mercancía sino un derecho humano que debe ser garantizado a todos los argentinos y las argentinas, con tarifas justas, razonables y asequibles. En ese sentido, junto con Silvana Szmukler, de la multisectorial de Villa Gesell, y Carlos Rajoy, de la multisectorial del Partido de La Costa, y con la colaboración de las multisectoriales de Bahía Blanca, Salta y Mendoza, comenzamos a escribir esta iniciativa que propone la modificación del artículo 75 de la ley 25.565 a través de la subcomisión de zona fría de la comisión del Enargas. Por supuesto, este trabajo se hizo con todo el soporte técnico ya explicado por el interventor y el resto de los funcionarios del Enargas.
Esta iniciativa fue tomada en cuenta por la diputada Liliana Schwindt, quien ya venía trabajando hace muchísimo tiempo sobre este tema al igual que la diputada Jimena López y el diputado José Luis Ramón, entre otros. Así fue como ellos introdujeron las modificaciones pertinentes para que esta iniciativa se convirtiera hoy en un proyecto de ley y pudiera llegar a esta instancia.
Nosotros colaboramos en lograr consenso y adhesiones en los distintos lugares. En principio, nuestra iniciativa contemplaba todo el frente marítimo de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, algunos distritos de Salta y de San Juan. Por suerte, en este proyecto de ley se han incluido muchísimos más distritos de otras zonas la provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país. Hemos juntado más de quince mil firmas de vecinos y vecinas y adhesiones de sindicatos, partidos políticos, asociaciones vecinales e intendentes.
Celebramos una reunión por Zoom con los diputados nacionales que antes mencioné y otros más -como el diputado Allende, por San Juan-, en conjunto con legisladores provinciales, concejales de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires e intendentes a fin de que los diputados pudieran exponer acerca de este proyecto y conseguir adhesiones.
Así fue como logramos la adhesión de la mayoría de los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires que figuran en el proyecto. A modo de ejemplo, se adhirieron por unanimidad los concejos de los municipios de Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Pinamar y Olavarría.
Como pueden apreciar, los vecinos y las vecinas estamos reclamando este derecho sin diferencias políticas. El frío no tiene color partidario; todos sentimos el frío por igual. Se han logrado dejar de lado esas diferencias para acompañar este proyecto y que todos podamos tener una mejor calidad de vida.
El principal argumento de este proyecto de ley es el clima. Puedo asegurarles que quienes vivimos en la zona costera de cara al mar utilizamos el calefactor entre ocho y nueve meses al año. En el 2015 nuestras facturas eran de 500 pesos bimestrales, pero hoy oscilan entre los 5.000 y 7.000 pesos mensuales. Es por eso que necesitamos esta tarifa diferenciada. Acá también se siente el frío y, además, el viento.
Otro de los argumentos en los que se basa este proyecto de ley es la salud. Sabemos que para ahorrar hay que pasar frío. Cuando pasamos frío, nos podemos enfermar. Cuando nos enfermamos, podemos recargar aún más el sistema de salud cuyo estado ya conocemos a raíz de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, sería aún más difícil de atender nuestra salud en caso de verse afectada por pasar frío. Esto se encuentra avalado por la Organización Mundial de la Salud dentro de nuestro proyecto.
La Red Nacional de Multisectoriales está trabajando de punta a punta del país, desde Salta hasta Tierra del Fuego, siempre en defensa de los usuarios.
No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los diputados y las diputadas que han trabajado en este proyecto y que se han hecho carne de nuestro reclamo. Muchos de ellos ya lo venían haciendo desde hace muchísimo tiempo y pudimos trabajar en conjunto. Esto demuestra la humildad de esos diputados y diputadas, quienes se sentaron con nosotros, que somos militantes de base, usuarios, gente y vecinos que mostramos una necesidad real.
Agradecemos enormemente la sensibilidad de haber escuchado nuestro reclamo y que lo hayan traído a este ámbito para poder debatirlo entre todos.
Agradecemos también al diputado Máximo Kirchner, que ha hecho la presentación de este proyecto. Y no quiero olvidarme del diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, quien también fue parte de esto. En definitiva, fueron un montón de personas. Por eso, no tenemos más que palabras de agradecimiento.
Créanme que no vamos a consumir más gas porque no vamos a tener la posibilidad de pagarlo. Hay muchísima gente que ha sufrido el corte del servicio, que está endeudada y que realmente no puede pagar. Lo que nos van a garantizar es el derecho a la salud, a una vivienda digna y a poder pagar la factura. Esa plata que no vamos a destinar al gas quizás la podamos aplicar al pago de otro servicio. O tal vez sirva para alentar la rueda económica mediante el consumo, que tanta falta nos hace en nuestro distrito.
Muchas gracias a todas y a todos por dejarme ser parte. Gracias a la Red Nacional de Multisectoriales por esta posibilidad que me dieron de representarlos a todos, como lo hago con todos los usuarios y usuarias. Estamos esperando de ustedes que hoy dictaminen en favor de los más de 3 millones de usuarios que vamos a ser beneficiados con este derecho.
Aprovecho esta oportunidad para destacar y agradecer a su interventor, Federico Bernal, por haber abierto el organismo para que nosotros podamos llevar la palabra de los usuarios a través de las comisiones.
Estamos convencidos de que los servicios públicos no son mercancía sino un derecho humano que debe ser garantizado a todos los argentinos y las argentinas, con tarifas justas, razonables y asequibles. En ese sentido, junto con Silvana Szmukler, de la multisectorial de Villa Gesell, y Carlos Rajoy, de la multisectorial del Partido de La Costa, y con la colaboración de las multisectoriales de Bahía Blanca, Salta y Mendoza, comenzamos a escribir esta iniciativa que propone la modificación del artículo 75 de la ley 25.565 a través de la subcomisión de zona fría de la comisión del Enargas. Por supuesto, este trabajo se hizo con todo el soporte técnico ya explicado por el interventor y el resto de los funcionarios del Enargas.
Esta iniciativa fue tomada en cuenta por la diputada Liliana Schwindt, quien ya venía trabajando hace muchísimo tiempo sobre este tema al igual que la diputada Jimena López y el diputado José Luis Ramón, entre otros. Así fue como ellos introdujeron las modificaciones pertinentes para que esta iniciativa se convirtiera hoy en un proyecto de ley y pudiera llegar a esta instancia.
Nosotros colaboramos en lograr consenso y adhesiones en los distintos lugares. En principio, nuestra iniciativa contemplaba todo el frente marítimo de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, algunos distritos de Salta y de San Juan. Por suerte, en este proyecto de ley se han incluido muchísimos más distritos de otras zonas la provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país. Hemos juntado más de quince mil firmas de vecinos y vecinas y adhesiones de sindicatos, partidos políticos, asociaciones vecinales e intendentes.
Celebramos una reunión por Zoom con los diputados nacionales que antes mencioné y otros más -como el diputado Allende, por San Juan-, en conjunto con legisladores provinciales, concejales de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires e intendentes a fin de que los diputados pudieran exponer acerca de este proyecto y conseguir adhesiones.
Así fue como logramos la adhesión de la mayoría de los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires que figuran en el proyecto. A modo de ejemplo, se adhirieron por unanimidad los concejos de los municipios de Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Pinamar y Olavarría.
Como pueden apreciar, los vecinos y las vecinas estamos reclamando este derecho sin diferencias políticas. El frío no tiene color partidario; todos sentimos el frío por igual. Se han logrado dejar de lado esas diferencias para acompañar este proyecto y que todos podamos tener una mejor calidad de vida.
El principal argumento de este proyecto de ley es el clima. Puedo asegurarles que quienes vivimos en la zona costera de cara al mar utilizamos el calefactor entre ocho y nueve meses al año. En el 2015 nuestras facturas eran de 500 pesos bimestrales, pero hoy oscilan entre los 5.000 y 7.000 pesos mensuales. Es por eso que necesitamos esta tarifa diferenciada. Acá también se siente el frío y, además, el viento.
Otro de los argumentos en los que se basa este proyecto de ley es la salud. Sabemos que para ahorrar hay que pasar frío. Cuando pasamos frío, nos podemos enfermar. Cuando nos enfermamos, podemos recargar aún más el sistema de salud cuyo estado ya conocemos a raíz de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, sería aún más difícil de atender nuestra salud en caso de verse afectada por pasar frío. Esto se encuentra avalado por la Organización Mundial de la Salud dentro de nuestro proyecto.
La Red Nacional de Multisectoriales está trabajando de punta a punta del país, desde Salta hasta Tierra del Fuego, siempre en defensa de los usuarios.
No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los diputados y las diputadas que han trabajado en este proyecto y que se han hecho carne de nuestro reclamo. Muchos de ellos ya lo venían haciendo desde hace muchísimo tiempo y pudimos trabajar en conjunto. Esto demuestra la humildad de esos diputados y diputadas, quienes se sentaron con nosotros, que somos militantes de base, usuarios, gente y vecinos que mostramos una necesidad real.
Agradecemos enormemente la sensibilidad de haber escuchado nuestro reclamo y que lo hayan traído a este ámbito para poder debatirlo entre todos.
Agradecemos también al diputado Máximo Kirchner, que ha hecho la presentación de este proyecto. Y no quiero olvidarme del diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, quien también fue parte de esto. En definitiva, fueron un montón de personas. Por eso, no tenemos más que palabras de agradecimiento.
Créanme que no vamos a consumir más gas porque no vamos a tener la posibilidad de pagarlo. Hay muchísima gente que ha sufrido el corte del servicio, que está endeudada y que realmente no puede pagar. Lo que nos van a garantizar es el derecho a la salud, a una vivienda digna y a poder pagar la factura. Esa plata que no vamos a destinar al gas quizás la podamos aplicar al pago de otro servicio. O tal vez sirva para alentar la rueda económica mediante el consumo, que tanta falta nos hace en nuestro distrito.
Muchas gracias a todas y a todos por dejarme ser parte. Gracias a la Red Nacional de Multisectoriales por esta posibilidad que me dieron de representarlos a todos, como lo hago con todos los usuarios y usuarias. Estamos esperando de ustedes que hoy dictaminen en favor de los más de 3 millones de usuarios que vamos a ser beneficiados con este derecho.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra la doctora Leticia Zanelli, por la provincia de Mendoza.
SRA. ZANELLI Buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la comisión por permitirnos esta participación y al interventor por instruirnos con elementos que nosotros no conocíamos. Digo "nosotros" porque, como notarán, soy de la provincia de Mendoza, desde donde venimos acompañando este reclamo por la realidad que nos aqueja a los mendocinos en particular, pero también a muchos habitantes de otros departamentos de provincias vecinas. De manera que les agradezco por darle relevancia a este capítulo histórico que prometo no va a ser aburrido y que tiene que ver con cómo se gestan los intereses colectivos.
Para dar un ejemplo, hay un caso particular de un cliente de un estudio jurídico que venía con la grave preocupación de que el gas aumentaba hasta un ciento por ciento. Estoy hablando de los años 2008 y 2009. A esto quiero llegar al final de mi intervención: a que llevamos muchos años con este problema. Les puedo relatar sucintamente que se trató de un reclamo individual de una persona preocupada por esta situación, pero en concomitancia con el momento histórico en que la ley de defensa del consumidor incorporaba la modalidad de las acciones colectivas. De manera que la preocupación de un ciudadano políticamente comprometido tuvo que ver con la representación de un colectivo mayor.
De ese modo, pudimos solicitar el acompañamiento y apoyo de organizaciones de la sociedad civil, en particular de una asociación de defensa del consumidor de Mendoza. A partir de allí, contamos con el respaldo del estudio científico que nos aportó el doctor Federico Norte. Es decir que el problema no tenía que ver solamente con la sensación y la preocupación individual, sino sobre todo con un reclamo con asidero científico real.
Esto puso en evidencia algo muy importante, que tuvo que ver con lo siguiente: no se trataba de una cuestión lineal de una factura que se iba al doble, sino de una situación de inequidad que se unía con una cuestión mucho más profunda, vinculada con políticas que se ponían en vigencia desde la Capital y que habían dispuesto, por el decreto 2067 de diciembre de 2008, trasladar a la factura del consumidor o usuario el costo de transporte de importación de gas natural.
Fíjense todos aquellos que se están haciendo eco de este problema desde el recinto parlamentario a qué tiempos se remonta esta lucha. Es importante que no olviden que estos reclamos, como decía Silvia Jensen, nacen de la preocupación individual, pero perseveran como reclamo colectivo porque se trata de algo muy relevante. Además, se puso en evidencia que una política gestada en Capital Federal consideraba que la realidad era igual para todo el país, olvidándose de que hay situaciones particulares en ciertas zonas de nuestro territorio que constituyen realidades totalmente distintas en términos bioclimáticos.
A esta altura ustedes ya saben qué es lo que ocurre en nuestra provincia. En ese momento, nosotros no contábamos con toda la información que hoy, afortunadamente, el organismo técnico nos brinda. Nosotros sentíamos el frío. Esto se debe a que tenemos una amplitud térmica que no se registra en buena parte del país. Esta amplitud térmica y, sobre todo, la cantidad de horas en las que reina el frío, más la altitud en algunas zonas hoy muy pobladas de la provincia, hacían que esa situación fuera sumamente inequitativa.
Entonces, decidimos recurrir a la Justicia para solicitar la adecuación de esa tarifa supuestamente igualitaria a una realidad científicamente demostrada. Afortunadamente, obtuvimos lo que queríamos gracias a una medida cautelar, sin perjuicio de la persistencia en la lucha sobre las cuestiones de fondo. Esa medida cautelar suspendió la aplicación del traslado del costo de la importación de gas natural para Mendoza. Digo "para Mendoza", aunque por una cuestión de competencia geográfica quedaron afuera San Rafael y Malargüe. Recuerden lo que hace un rato decía la diputada Latorre, cuando hizo su exposición. Desde la sociedad civil, entonces, buscamos un estudio jurídico que nos acompañara para hacer extensiva la medida cautelar que habíamos obtenido para nuestros comprovincianos de San Rafael y Malargüe. Finalmente, obtuvimos la excepción para toda la provincia.
¿Qué quiero decir con esto? Pedimos a la Justicia que adecuara una norma general, que tal vez era legítima, a una situación que estaba resultando sumamente inequitativa. Nos estaban aplicando una tarifa propia de zonas como el norte de Córdoba o Santa Fe, donde un usuario residencial consumía un margen de metros cúbicos que posiblemente categorizaban en R3 o R4, y por tanto podíamos ser tildados de derrochones. Ahora nos vuelven a decir que con estas medidas van a fomentar el consumo y el derroche. No, no es derroche. Entiendan que en Mendoza hace más frío. Duranet muchos años, nosotros reclamamos que la Justicia haga una adecuación del cuadro tarifario. Pasó el tiempo y también obtuvimos en el Juzgado Federal de Mendoza la prórroga de esa medida cautelar.
¿A qué voy con esto? A que tanto el usuario individual como el usuario colectivo, las ONG y la Justicia gestábamos una lucha que, afortunadamente, hoy fue recibida por el Parlamento. Entonces, no perdamos esta oportunidad. Digo esto porque, luego de haberlos escuchado, siento que voy a tener que volver a preparar una acción colectiva, ya no solo para los usuarios de gas por garrafa. Voy a tener que volver a litigar, y ahora en Capital Federal, porque después de lo que vine contando, con el "fallo CEPIS" se nos fueron los expedientes a los tribunales federales de CABA. De manera que vamos a seguir esperando un pronunciamiento de fondo para lograr equidad. No se trata de una factura que linealmente aumenta, ni solamente del frío o de ser derrochones: se trata de garantizar mediante un servicio público la concreción de derechos humanos básicos e indispensables, como son la salud, el hábitat saludable y la dignidad.
Yo pensaba que la jueza de aquella vez no analizó cómo iba a ser la previsión presupuestaria y de dónde iban a sacar el dinero. Esa jueza entendió que hacía falta la adecuación de esa norma, que estaba pensada para Buenos Aires, a la situación particular -que es mucho más amplia de lo que nosotros creíamos- de una provincia con una realidad bioclimática distinta, lo cual está científicamente comprobado.
Estamos ante una oportunidad histórica. Además, fíjense de lo que venimos hablando. Tengámoslo en cuenta, porque nosotros estamos en el llano. Entiendan que reclamamos judicialmente estos derechos. Entonces, escuchen: este lugar tiene que poner de relieve el valor intrínseco de la participación política de los ciudadanos en las organizaciones civiles.
Cuando comencé a participar -voluntariamente y como podía- de algunas comisiones multisectoriales y del Enargas, empecé a entender que había formas de inserción de la sociedad civil en los organismos burocráticos del Estado. Hoy pedí estar acá para decirles que tengan en cuenta lo siguiente: no nos obliguen a volver a accionar judicialmente. Al menos, déjennos ir preparando la acción para las garrafas, porque venimos de esa gesta. Pero tengan en cuenta que están ante la oportunidad de ser equitativos y de ampliar derechos para toda una sociedad que está esperando eso de ustedes, sin mezquindades. Simplemente, es una cuestión de equidad.
Les agradezco esta oportunidad que me dieron para poner todo esto de relieve.
En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la comisión por permitirnos esta participación y al interventor por instruirnos con elementos que nosotros no conocíamos. Digo "nosotros" porque, como notarán, soy de la provincia de Mendoza, desde donde venimos acompañando este reclamo por la realidad que nos aqueja a los mendocinos en particular, pero también a muchos habitantes de otros departamentos de provincias vecinas. De manera que les agradezco por darle relevancia a este capítulo histórico que prometo no va a ser aburrido y que tiene que ver con cómo se gestan los intereses colectivos.
Para dar un ejemplo, hay un caso particular de un cliente de un estudio jurídico que venía con la grave preocupación de que el gas aumentaba hasta un ciento por ciento. Estoy hablando de los años 2008 y 2009. A esto quiero llegar al final de mi intervención: a que llevamos muchos años con este problema. Les puedo relatar sucintamente que se trató de un reclamo individual de una persona preocupada por esta situación, pero en concomitancia con el momento histórico en que la ley de defensa del consumidor incorporaba la modalidad de las acciones colectivas. De manera que la preocupación de un ciudadano políticamente comprometido tuvo que ver con la representación de un colectivo mayor.
De ese modo, pudimos solicitar el acompañamiento y apoyo de organizaciones de la sociedad civil, en particular de una asociación de defensa del consumidor de Mendoza. A partir de allí, contamos con el respaldo del estudio científico que nos aportó el doctor Federico Norte. Es decir que el problema no tenía que ver solamente con la sensación y la preocupación individual, sino sobre todo con un reclamo con asidero científico real.
Esto puso en evidencia algo muy importante, que tuvo que ver con lo siguiente: no se trataba de una cuestión lineal de una factura que se iba al doble, sino de una situación de inequidad que se unía con una cuestión mucho más profunda, vinculada con políticas que se ponían en vigencia desde la Capital y que habían dispuesto, por el decreto 2067 de diciembre de 2008, trasladar a la factura del consumidor o usuario el costo de transporte de importación de gas natural.
Fíjense todos aquellos que se están haciendo eco de este problema desde el recinto parlamentario a qué tiempos se remonta esta lucha. Es importante que no olviden que estos reclamos, como decía Silvia Jensen, nacen de la preocupación individual, pero perseveran como reclamo colectivo porque se trata de algo muy relevante. Además, se puso en evidencia que una política gestada en Capital Federal consideraba que la realidad era igual para todo el país, olvidándose de que hay situaciones particulares en ciertas zonas de nuestro territorio que constituyen realidades totalmente distintas en términos bioclimáticos.
A esta altura ustedes ya saben qué es lo que ocurre en nuestra provincia. En ese momento, nosotros no contábamos con toda la información que hoy, afortunadamente, el organismo técnico nos brinda. Nosotros sentíamos el frío. Esto se debe a que tenemos una amplitud térmica que no se registra en buena parte del país. Esta amplitud térmica y, sobre todo, la cantidad de horas en las que reina el frío, más la altitud en algunas zonas hoy muy pobladas de la provincia, hacían que esa situación fuera sumamente inequitativa.
Entonces, decidimos recurrir a la Justicia para solicitar la adecuación de esa tarifa supuestamente igualitaria a una realidad científicamente demostrada. Afortunadamente, obtuvimos lo que queríamos gracias a una medida cautelar, sin perjuicio de la persistencia en la lucha sobre las cuestiones de fondo. Esa medida cautelar suspendió la aplicación del traslado del costo de la importación de gas natural para Mendoza. Digo "para Mendoza", aunque por una cuestión de competencia geográfica quedaron afuera San Rafael y Malargüe. Recuerden lo que hace un rato decía la diputada Latorre, cuando hizo su exposición. Desde la sociedad civil, entonces, buscamos un estudio jurídico que nos acompañara para hacer extensiva la medida cautelar que habíamos obtenido para nuestros comprovincianos de San Rafael y Malargüe. Finalmente, obtuvimos la excepción para toda la provincia.
¿Qué quiero decir con esto? Pedimos a la Justicia que adecuara una norma general, que tal vez era legítima, a una situación que estaba resultando sumamente inequitativa. Nos estaban aplicando una tarifa propia de zonas como el norte de Córdoba o Santa Fe, donde un usuario residencial consumía un margen de metros cúbicos que posiblemente categorizaban en R3 o R4, y por tanto podíamos ser tildados de derrochones. Ahora nos vuelven a decir que con estas medidas van a fomentar el consumo y el derroche. No, no es derroche. Entiendan que en Mendoza hace más frío. Duranet muchos años, nosotros reclamamos que la Justicia haga una adecuación del cuadro tarifario. Pasó el tiempo y también obtuvimos en el Juzgado Federal de Mendoza la prórroga de esa medida cautelar.
¿A qué voy con esto? A que tanto el usuario individual como el usuario colectivo, las ONG y la Justicia gestábamos una lucha que, afortunadamente, hoy fue recibida por el Parlamento. Entonces, no perdamos esta oportunidad. Digo esto porque, luego de haberlos escuchado, siento que voy a tener que volver a preparar una acción colectiva, ya no solo para los usuarios de gas por garrafa. Voy a tener que volver a litigar, y ahora en Capital Federal, porque después de lo que vine contando, con el "fallo CEPIS" se nos fueron los expedientes a los tribunales federales de CABA. De manera que vamos a seguir esperando un pronunciamiento de fondo para lograr equidad. No se trata de una factura que linealmente aumenta, ni solamente del frío o de ser derrochones: se trata de garantizar mediante un servicio público la concreción de derechos humanos básicos e indispensables, como son la salud, el hábitat saludable y la dignidad.
Yo pensaba que la jueza de aquella vez no analizó cómo iba a ser la previsión presupuestaria y de dónde iban a sacar el dinero. Esa jueza entendió que hacía falta la adecuación de esa norma, que estaba pensada para Buenos Aires, a la situación particular -que es mucho más amplia de lo que nosotros creíamos- de una provincia con una realidad bioclimática distinta, lo cual está científicamente comprobado.
Estamos ante una oportunidad histórica. Además, fíjense de lo que venimos hablando. Tengámoslo en cuenta, porque nosotros estamos en el llano. Entiendan que reclamamos judicialmente estos derechos. Entonces, escuchen: este lugar tiene que poner de relieve el valor intrínseco de la participación política de los ciudadanos en las organizaciones civiles.
Cuando comencé a participar -voluntariamente y como podía- de algunas comisiones multisectoriales y del Enargas, empecé a entender que había formas de inserción de la sociedad civil en los organismos burocráticos del Estado. Hoy pedí estar acá para decirles que tengan en cuenta lo siguiente: no nos obliguen a volver a accionar judicialmente. Al menos, déjennos ir preparando la acción para las garrafas, porque venimos de esa gesta. Pero tengan en cuenta que están ante la oportunidad de ser equitativos y de ampliar derechos para toda una sociedad que está esperando eso de ustedes, sin mezquindades. Simplemente, es una cuestión de equidad.
Les agradezco esta oportunidad que me dieron para poner todo esto de relieve.
- Luego de unos instantes:
SRA. LAFOURCADE Señor presidente: muchísimas gracias al equipo técnico por resolver los problemas que tuvimos con la computadora de la Defensoría.
Sé que estamos en el final de la reunión y quiero ser breve y concisa. Agradezco la convocatoria y la posibilidad de participar en esta reunión. Además, manifiesto mi alegría y apoyo a tan importante proyecto que nos convoca.
Hoy, como en otras ocasiones, me toca defender el derecho de los habitantes de Tandil a ser incluidos en el beneficio del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y en Garrafas, estipulado en el artículo 75 de la ley 25.565 de la que tanto hemos escuchado hablar en este debate.
Como saben, las defensorías del pueblo a lo largo y ancho del país tenemos un rol importantísimo de promoción y protección de los derechos humanos, en especial, de los sectores más vulnerables.
La Defensoría de la ciudad de Tandil, a la que me toca representar, recibió innumerables reclamos de vecinos y vecinas imposibilitados de abonar las abultadas facturas de gas, que habitualmente oscilan entre los 5.000 y 10.000 pesos. Por eso se contactaron con el organismo ante un eventual corte del servicio o solicitud de refinanciación. Recordemos que en Tandil el 60 por ciento de los usuarios están comprendidos entre las categorías R2 a R4. Por ello, nos sumamos a este extenso reclamo para obtener una tarifa justa, equitativa y digna que refleje las diferencias climáticas de mi ciudad y de la región.
Entendemos que el fondo fiduciario debe ser federal en el sentido más genuino de la palabra. Como ya se ha mencionado, durante los últimos tres años, tanto las defensorías del Pueblo como las defensorías del Consumidor presentamos los reclamos de nuestra ciudad. Tandil es una de las ciudades que registra temperaturas más frías a lo largo del año, ya que las contingencias climáticas se padecen desde abril hasta diciembre y afectan no solo la economía familiar sino también la de todos los usuarios residenciales. Además, como también se ha señalado, hay investigaciones que demuestran que los sectores más vulnerables son los que menos soportan las bajas temperaturas. Asimismo, cada vez hay más preocupación por el efecto acumulativo de la pobreza energética en los niños, niñas y adolescentes, y el impacto en la salud presente y futura.
Ahora, quiero referirme a la Observación General N° 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas titulada "El derecho a una vivienda adecuada", donde se afirma que una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Específicamente señala: "Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado...".
Por último, agrega que los Estados parte -la Argentina es uno de ellos- deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda fueran menores al 10 por ciento, conmensurados -como saben- con los niveles de ingreso.
Obviamente, el cuadro de la crisis sanitaria y el incremento en las tarifas muestra que se generará una mayor morosidad o una contracción del consumo, con el agravamiento de las condiciones habitacionales y de la salud de los vecinos del partido que me toca defender.
Por ello, aplaudimos la iniciativa ya que no se trata de un proyecto menor, sino de un reclamo histórico de la ciudad de Tandil desde hace diez años. No debemos olvidar que el acceso al gas es imprescindible para la vida, el goce y el efectivo derecho a una alimentación y a una vivienda adecuada. No hablamos de una necesidad, sino de un derecho y de una desigualdad que debe ser subsanada. En este momento, los diputados tienen en consideración este proyecto que incluye a Tandil, y al centro, sur y costa de la provincia de Buenos Aires.
Por lo expuesto, festejamos con mucha alegría el tratamiento de este proyecto que incluye subsidios del 30 al 50 por ciento para la población, especialmente para los sectores vulnerables y la clase media trabajadora.
Los habitantes de Tandil también somos vulnerables. Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación: todos somos vulnerables. Específicamente, el caso CEPIS marca un horizonte y se señala que las tarifas deben ser justas, razonables y equitativas. Entonces, la desigualdad debe ser subsanada de una vez por todas.
Por último, agradezco a los diputados que llevaron adelante el proyecto, entre ellos, la diputada Liliana Schwindt, el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez y el diputado José Luis Ramón. Finalmente, puedo decir que la voz de los vecinos y las vecinas de Tandil ha sido escuchada.
Agradecida por la invitación, espero que este proyecto tenga resultados favorables.
Sé que estamos en el final de la reunión y quiero ser breve y concisa. Agradezco la convocatoria y la posibilidad de participar en esta reunión. Además, manifiesto mi alegría y apoyo a tan importante proyecto que nos convoca.
Hoy, como en otras ocasiones, me toca defender el derecho de los habitantes de Tandil a ser incluidos en el beneficio del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y en Garrafas, estipulado en el artículo 75 de la ley 25.565 de la que tanto hemos escuchado hablar en este debate.
Como saben, las defensorías del pueblo a lo largo y ancho del país tenemos un rol importantísimo de promoción y protección de los derechos humanos, en especial, de los sectores más vulnerables.
La Defensoría de la ciudad de Tandil, a la que me toca representar, recibió innumerables reclamos de vecinos y vecinas imposibilitados de abonar las abultadas facturas de gas, que habitualmente oscilan entre los 5.000 y 10.000 pesos. Por eso se contactaron con el organismo ante un eventual corte del servicio o solicitud de refinanciación. Recordemos que en Tandil el 60 por ciento de los usuarios están comprendidos entre las categorías R2 a R4. Por ello, nos sumamos a este extenso reclamo para obtener una tarifa justa, equitativa y digna que refleje las diferencias climáticas de mi ciudad y de la región.
Entendemos que el fondo fiduciario debe ser federal en el sentido más genuino de la palabra. Como ya se ha mencionado, durante los últimos tres años, tanto las defensorías del Pueblo como las defensorías del Consumidor presentamos los reclamos de nuestra ciudad. Tandil es una de las ciudades que registra temperaturas más frías a lo largo del año, ya que las contingencias climáticas se padecen desde abril hasta diciembre y afectan no solo la economía familiar sino también la de todos los usuarios residenciales. Además, como también se ha señalado, hay investigaciones que demuestran que los sectores más vulnerables son los que menos soportan las bajas temperaturas. Asimismo, cada vez hay más preocupación por el efecto acumulativo de la pobreza energética en los niños, niñas y adolescentes, y el impacto en la salud presente y futura.
Ahora, quiero referirme a la Observación General N° 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas titulada "El derecho a una vivienda adecuada", donde se afirma que una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Específicamente señala: "Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado...".
Por último, agrega que los Estados parte -la Argentina es uno de ellos- deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda fueran menores al 10 por ciento, conmensurados -como saben- con los niveles de ingreso.
Obviamente, el cuadro de la crisis sanitaria y el incremento en las tarifas muestra que se generará una mayor morosidad o una contracción del consumo, con el agravamiento de las condiciones habitacionales y de la salud de los vecinos del partido que me toca defender.
Por ello, aplaudimos la iniciativa ya que no se trata de un proyecto menor, sino de un reclamo histórico de la ciudad de Tandil desde hace diez años. No debemos olvidar que el acceso al gas es imprescindible para la vida, el goce y el efectivo derecho a una alimentación y a una vivienda adecuada. No hablamos de una necesidad, sino de un derecho y de una desigualdad que debe ser subsanada. En este momento, los diputados tienen en consideración este proyecto que incluye a Tandil, y al centro, sur y costa de la provincia de Buenos Aires.
Por lo expuesto, festejamos con mucha alegría el tratamiento de este proyecto que incluye subsidios del 30 al 50 por ciento para la población, especialmente para los sectores vulnerables y la clase media trabajadora.
Los habitantes de Tandil también somos vulnerables. Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación: todos somos vulnerables. Específicamente, el caso CEPIS marca un horizonte y se señala que las tarifas deben ser justas, razonables y equitativas. Entonces, la desigualdad debe ser subsanada de una vez por todas.
Por último, agradezco a los diputados que llevaron adelante el proyecto, entre ellos, la diputada Liliana Schwindt, el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez y el diputado José Luis Ramón. Finalmente, puedo decir que la voz de los vecinos y las vecinas de Tandil ha sido escuchada.
Agradecida por la invitación, espero que este proyecto tenga resultados favorables.
SR. PRESIDENTE FÉLIX No hay más oradores anotados. Agradezco a todos, especialmente a Manuel, que nos procuró una extensión en el tiempo previsto. Solo quedaría confirmar la convocatoria a la reunión de comisión para el tratamiento del tema.
SR. ZOTTOS Señor presidente: disculpe, yo había pedido la palabra.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Disculpe, diputado, no lo tenía anotado en el chat.
SR. ZOTTOS Le había mandado por el celular.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Zottos, a quien pido que sea breve porque no nos queda tiempo.
SR. ZOTTOS Señor presidente: seré muy breve.
Como se dijo claramente, esta es una lucha que viene de tiempo atrás a la que se están incorporando otras provincias como Salta, a la que represento. Asimismo, como mencionaron algunos compañeros, hay zonas de Jujuy y de Tucumán que no tienen gas natural, por ejemplo, Cafayate. Reitero que este es un reclamo de vieja data, ya que he participado del debate sobre los subsidios para las zonas patagónicas y considero que este es un proyecto positivo y federal.
También entiendo el planteo de los diputados de Cambiemos porque a nosotros nos pasó lo mismo. Seguramente el presidente recordará cuando Marcos Peña, jefe de Gabinete del gobierno de Macri, iba al Congreso y le planteábamos que la gente de Palermo o de Recoleta, por ejemplo, pagaba tarifas de 200 pesos de electricidad con subsidio, mientras que en Salta una familia tipo pagaba entre 1.200 y 1.500 pesos. Por ello, creo que los primeros casos no deberían contar con el beneficio.
Estando presente la gente del Ente Nacional Regulador del Gas, y refiriéndome a la equidad y a la igualdad de oportunidades, quiero mencionar que, por ejemplo, en Salta producimos más gas que petróleo. Específicamente, Coronel Cornejo es una zona productora de gas con una población que oscila entre los 4.000 y los 5.000 habitantes, y no tienen gas natural.
Recuerdo que durante el gobierno de Néstor Kirchner logramos subsidios para acceder al gas natural, porque a veces la red troncal pasa por las puertas de las casas, pero la gente no tiene recursos para pagar la instalación. Entonces, creo que ahí debe estar presente el Estado conjuntamente con las provincias para que los vecinos puedan tener gas natural.
Dije que sería breve; en la próxima reunión agregaré todo lo que considero pertinente. Celebro el tratamiento de este proyecto porque es hacer justicia y espero alcance a quienes más los necesitan.
Como se dijo claramente, esta es una lucha que viene de tiempo atrás a la que se están incorporando otras provincias como Salta, a la que represento. Asimismo, como mencionaron algunos compañeros, hay zonas de Jujuy y de Tucumán que no tienen gas natural, por ejemplo, Cafayate. Reitero que este es un reclamo de vieja data, ya que he participado del debate sobre los subsidios para las zonas patagónicas y considero que este es un proyecto positivo y federal.
También entiendo el planteo de los diputados de Cambiemos porque a nosotros nos pasó lo mismo. Seguramente el presidente recordará cuando Marcos Peña, jefe de Gabinete del gobierno de Macri, iba al Congreso y le planteábamos que la gente de Palermo o de Recoleta, por ejemplo, pagaba tarifas de 200 pesos de electricidad con subsidio, mientras que en Salta una familia tipo pagaba entre 1.200 y 1.500 pesos. Por ello, creo que los primeros casos no deberían contar con el beneficio.
Estando presente la gente del Ente Nacional Regulador del Gas, y refiriéndome a la equidad y a la igualdad de oportunidades, quiero mencionar que, por ejemplo, en Salta producimos más gas que petróleo. Específicamente, Coronel Cornejo es una zona productora de gas con una población que oscila entre los 4.000 y los 5.000 habitantes, y no tienen gas natural.
Recuerdo que durante el gobierno de Néstor Kirchner logramos subsidios para acceder al gas natural, porque a veces la red troncal pasa por las puertas de las casas, pero la gente no tiene recursos para pagar la instalación. Entonces, creo que ahí debe estar presente el Estado conjuntamente con las provincias para que los vecinos puedan tener gas natural.
Dije que sería breve; en la próxima reunión agregaré todo lo que considero pertinente. Celebro el tratamiento de este proyecto porque es hacer justicia y espero alcance a quienes más los necesitan.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Señor Bernal, no sé si quiere agregar algo.
SR. BERNAL No, señor presidente. Agradezco el tiempo y la atención.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Agradezco la participación del señor Bernal, de los representantes de las distintas instituciones de las provincias y de los diputados de ambas comisiones.
No sé si el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Heller, quiere agregar algo.
No sé si el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Heller, quiere agregar algo.
SR. HELLER No. Creo que está todo dicho y estamos excedidos en el tiempo. Felicitaciones por la reunión.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Gracias a todos.
En las próximas horas convocaremos para el tratamiento conjunto de las comisiones.
Damos por finalizada la reunión.
En las próximas horas convocaremos para el tratamiento conjunto de las comisiones.
Damos por finalizada la reunión.
Es la hora 17 y 48.