Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Energía y Combustibles »
Reuniones »
Versiones Taquigráficas »
ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 131
Secretario Administrativo DRA. FERREIRO MARÍA CECILIA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2119 Internos 2119/18
ceycombust@hcdn.gob.ar
- ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Reunión del día 28/05/2019
- VARIOS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo de 2019, a la hora 14 y 31:
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Buenas tardes a todos; les agradezco su presencia.
Si bien en esta reunión de la Comisión de Energía y Combustibles no tenemos quorum, de todos modos escucharemos la exposición que harán los invitados presentes sobre la temática a considerar.
Hoy nos acompañan los señores diputados Soria, Filmus, Ciampini, Salvarezza y Álvarez Rodríguez.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Federico Bernal, quien brindará una explicación técnica sobre la adjudicación de las áreas; luego hará su exposición el doctor Agustín Gerez y abriremos el debate.
También contamos con la presencia de Fabián Brown, Francisco Cafiero, Alicia Castro, Sergio Novarín, Carlos Gómez, Guillermo Rossi, Juan Soto y Jorge Taiana.
Tiene la palabra el señor Federico Bernal, Director General del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, OETEC.
Si bien en esta reunión de la Comisión de Energía y Combustibles no tenemos quorum, de todos modos escucharemos la exposición que harán los invitados presentes sobre la temática a considerar.
Hoy nos acompañan los señores diputados Soria, Filmus, Ciampini, Salvarezza y Álvarez Rodríguez.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Federico Bernal, quien brindará una explicación técnica sobre la adjudicación de las áreas; luego hará su exposición el doctor Agustín Gerez y abriremos el debate.
También contamos con la presencia de Fabián Brown, Francisco Cafiero, Alicia Castro, Sergio Novarín, Carlos Gómez, Guillermo Rossi, Juan Soto y Jorge Taiana.
Tiene la palabra el señor Federico Bernal, Director General del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, OETEC.
SR. BERNAL Les agradezco la invitación.
Lo felicito por la iniciativa, señor presidente, que es estratégica y fundamental en pos de la defensa de nuestra soberanía nacional, de nuestro país y de nuestra Constitución Nacional. Quiero agradecer también la presencia de nuestros héroes de Malvinas.
En el Observatorio hemos venido denunciando, junto a mi colega Agustín Gerez, lo que es esta gravísima afrenta, que lesiona nuestra soberanía nacional. Tal como podrán observar en nuestra presentación, me refiero a la adjudicación de estas áreas hidrocarburíferas nada más y nada menos que al interés británico y kelper.
Para ubicarnos, nos referimos al decreto 872/18, que fue el inicio de la licitación, el Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1, aparentemente la primera ronda de otras varias que tendrán lugar.
Se trata de la mayor licitación del Mar Argentino de nuestra historia. Involucra una superficie de 200.800 kilómetros cuadrados ─mil veces la superficie de la Capital Federal y casi el 65 por ciento de la superficie de la provincia de Buenos Aires─ y un total de tres áreas: la Cuenca Argentina, frente a la provincia de Buenos Aires; la Cuenca Austral Marina, frente a Tierra del Fuego, prácticamente lindante con esa provincia; y la Cuenca Malvinas Occidental, entre Tierra del Fuego, el sur de la provincia de Santa Cruz y las Islas Malvinas.
Lo que ustedes ven en rojo en la filmina son las treinta y ocho áreas de estas tres cuencas que se licitaron.
¿En qué etapa nos encontramos? Esto no está en orden cronológico, pero quiero que observen que la apertura de ofertas se realizó el 16 de abril, la adjudicación ─prevista para el 16 de mayo─, el 17 de mayo, y el 1° de agosto de 2019 será la publicación, con las resoluciones de otorgamiento del permiso de adjudicación de áreas, lo que contractualmente ─a esto se referirá el doctor Gerez─ ya implica el otorgamiento formal y concreto del derecho para la exploración.
Recordemos que en esta primera etapa estamos hablando de exploración; si los resultados son positivos, se avanzará sobre la extracción comercial, es decir, el desarrollo de las áreas o la explotación.
En esta filmina pueden observar la resolución ─es de hace unos días, oficial, por supuesto─ con el dato de las empresas que han ganado las distintas áreas. Se presentó una oferta para dieciocho áreas y se adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas.
Por las ofertas, la Secretaría de Energía piensa recaudar -esto lo que figura en la resolución- 724 millones de dólares, monto que, en este contexto de recesión y con un Fondo Monetario Internacional que decide y dirige la política económica, irán a parar directamente a los bolsillos de la señora Christine Lagarde.
En esta filmina pueden observar las grandes ganadoras de las dieciocho áreas adjudicadas. Me remitiré a esta información, que es en la que nos hemos concentrado y en la que se basan las denuncias y las advertencias que venimos haciendo y que se vienen realizando desde la Comisión de Energía y Combustibles ─tanto de parte del diputado Norman Darío Martínez como del diputado Martín Pérez. Respecto de este punto, también presentó un amparo la Municipalidad de Río Grande.
Tenemos entonces, por un lado, a la empresa estatal noruega Equinor, conocida como State Oil, que ganó siete áreas de las dieciocho adjudicadas. Por otro lado, tres empresas británicas ─Shell, British Petroleum y Tullow, esta última como consorcio con Pluspetrol y Wintershall─ ganaron un total de siete áreas.
Entonces, tenemos dos primeras conclusiones. La primera, que hay una empresa estatal, noruega ─lamentablemente no YPF─, que fue adjudicataria de la mayor cantidad de áreas y, la segunda, que la nación más favorecida fue Gran Bretaña, a través de tres empresas privadas de origen británico.
Acá las pueden ver distribuidas en el mapa. British Petroleum y Shell ganaron frente a la provincia de Buenos Aires, en la Cuenca Argentina, y Tullow Oil ganó estas tres áreas ─como bien se señala en la filmina─ en la Cuenca Malvinas Occidental. En dos de estas áreas, Tullow Oil irá como concesión, es decir, con Pluspetrol y Wintershall, y, en la tercera área, irá con un cien por ciento de participación. No importa que lean lo que dice la filmina, pero lo incluí porque son los documentos que nosotros publicamos oficialmente.
Voy a pasar ahora a los gravísimos conflictos que tiene Tullow Oil. Si hay algún lugar en el mapa de la República Argentina ─económico, político, comercial, el que ustedes quieran─ en que el interés británico no debiera estar presente ni consolidarse es precisamente en esta zona; sin embargo, es justamente donde el interés económico, comercial e hidrocarburífero británico ─es decir, es geopolítica pura, e intervencionismo militar─ comienza a consolidar su presencia. Precisamente acá, entre las Islas Malvinas y el sur de la provincia de Santa Cruz.
Tullow Oil, entonces, es una empresa británica que ganó tres áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, pero no se trata de cualquier empresa británica ─acá ven el logo de la firma─ y no está ahí por capricho; en esta zona, al sur de las Islas Malvinas, esta empresa operó en 2007 licencias de exploración otorgadas por el ilegítimo gobierno colonial isleño. No se trata de una empresa británica solamente, sino de una empresa británica que reconoció como legítimo al ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas, que está ocupando el Departamento Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Provincia de Tierra del Fuego.
En uno de los documentos de Tullow Oil se comenta la campaña exploratoria que realizaron en 2007 en esta área, a la que luego me referiré.
Si la Secretaría de Energía, el Comité de Evaluación de Ofertas y, por tanto, el que después recomendó a la autoridad aplicación que se adjudiquen las áreas, hubiese ingresado a la página oficial del Departamento de Minería del ilegítimo gobierno kelper habría encontrado precisamente la mención de la empresa Tullow Oil en su paso por estas licencias en 2007. Al menos hace unos días, en la página oficial del Departamento de Minería del gobierno kelper, figuraba la mención a esta empresa Tullow Oil en su paso por las licencias al sur de las islas otorgadas por las autoridades isleñas.
Otro tema a tener muy en cuenta y que es muy importante es el siguiente. Les pido que se concentren primero en la imagen que está proyecta en la pantalla. Está un poquito borrosa, pero quiero que vean que ahí están las licencias que operó Tullow Oil en 2007, cada recuadro rojo que ven al sur de las islas. Esta es la cuenca sedimentaria, es decir, donde se supone que residen hidrocarburos en cantidades comercialmente viables al sur de las islas que, como ven todo lo blanco, tiene una continuidad geológica con la Cuenca Malvinas Oeste. ¿Qué significa continuidad geológica? Este inclusive es un informe de 2004 de otra petrolera pirata que publicó la importancia que tuvieron ciertas perforaciones en nuestra cuenca, es decir, perforaciones de exploración en la Cuenca Malvinas Oeste años atrás; o sea, la importancia que tienen los resultados de esas perforaciones en la cuenca que ahora se licitó para el futuro prospectivo de las áreas al sur de las islas que están bajo dominio colonialista.
¿Qué quiero decir con esto -y acá el gobierno isleño inclusive también publica en su portal oficial la importancia de esta continuidad geológica? Significa que cualquier resultado importante, determinante, que realice Tullow Oil con toda la geología, que además la suministró gratuitamente la Secretaría de Energía a todas las empresas que participaron. Ahora no solo tiene toda la información geológica sino que además lo que realice es determinante para el futuro prospectivo de la Cuenca al Sur de las islas porque es una continuidad geológica.
Otro dato interesante es que cuando Tullow Oil se desprendió de estas áreas, que lo hizo a fines de 2007, terminaron en poder de Rockhopper, que es la empresa punta de lanza en la avanzada exploratoria y en breve posiblemente de extracción, de desarrollo, alrededor de las Islas Malvinas, por supuesto de forma ilegal e ilegítima.
Ahora me voy a referir a la otra empresa, Equinor. Como les decía, la estatal noruega ganó siete de las dieciocho áreas adjudicadas, tres en la Cuenca Argentina, dos en la Cuenca Marina Austral y otras dos en la Cuenca Malvinas Oeste. Es decir, entre Tullow Oil, la empresa británica que reconoció como legítimo el gobierno kelper en 2007 que tenía esas tres áreas, y Equinor que ganó otras dos, suman cinco áreas. Y ahora les voy a contar lo grave de esta empresa noruega.
¿Qué encontramos con mi colega Agustín Gerez? Encontramos que esta señora que es miembro de la Junta Directiva de Equinor, Anne Drinkwater, fue y es asesora petrolera del gobierno isleño. Reitero: un miembro del directorio de Equinor, que ganó siete de las dieciocho áreas adjudicadas, dos de ellas en la Cuenca Malvinas Oeste, fue por lo menos desde 2013 y sigue siendo -y ahora les voy a decir por qué sigue siendo- asesora petrolera del ilegítimo gobierno kelper. Drinkwater no es asesora en cómo se corta el pasto en la casa de gobierno que tiene el gobernador colonial en Puerto Argentino, sino que es asesora en hidrocarburos, y no cualquier asesora sino una asesora estratégica. Porque como se publicó y está en Internet fue además quien trazó, diseñó, la hoja de ruta para una exitosa campaña de exploración y explotación hidrocarburífera, que entregó a las autoridades isleñas y que iba de 2013 a 2018. Esa es la directora de Equinor.
Y esta mujer no solamente fue asesora petrolera del gobierno isleño desde 2013 como mínimo y hasta 2019, es decir vigente; además de ser directora de Equinor, fue directora de Tullow Oil, la otra empresa. Es asesora petrolera desde 2013 y hasta la actualidad del gobierno kelper, fue directora de Tullow Oil -la empresa que ganó tres áreas y que operó para los kelpers en 2007 al sur de las islas-, y en julio de 2018 dio el salto de Tullow Oil y pasó a Equinor. Es asesora petrolera de una política como creo que solamente los británicos saben hacer, que es con esa inteligencia a la hora de intervenir y hacer valer sus intereses, sobre todo en las en las áreas consideradas coloniales.
Por otro lado, ven en pantalla la foto de un señor que está posando delante de un mapa de nuestras islas con todas las áreas licitadas; al norte son las áreas que están más avanzadas en materia de exploración hidrocarburífera. Este señor es el director de Minería de las Islas Malvinas, o sea del gobierno kelper, Stephen Luxton. El diario Clarín le realizó una entrevista y figura el video también, porque además él tuvo un rol protagónico como kelper durante la invasión británica de nuestras islas que algunos confunden y hablan de la invasión de 1982, que ahora no importa, porque no es el caso. Él fue entrevistado por el diario Clarín porque tiene mucho conocimiento de la política argentina.
Desde el Observatorio de la Energía le mandamos un mail pidiéndole que nos confirme -porque hasta unas semanas atrás no sabíamos- si Anne Drinkwater, la directora de Equinor, seguía ejerciendo la asesoría. Nos respondió en inglés lo que está subrayado. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo es que no pueden dar información sobre personas que estén asesorando al gobierno de las Falklands Islands, con lo cual, no nos respondió, pero nos dijo "who advise". Se está refiriendo precisamente a ella y hasta ahora no hubo ninguna rectificación: Ann Drinkwater, ex directora de Tullow Oil que ganó tres áreas, actual directora de Equinor que ganó siete áreas en total, dos de ellas en la Cuenca Malvinas Oeste, es asesora petrolera del gobierno kelper. Esto fue confirmado por ese señor, el director de Minería, que está ahí posando delante de un mapa de nuestras islas, y por supuesto con lo que es la avanzada pirata alrededor de ellas en materia hidrocarburífera.
Simplemente para relacionarlo políticamente, lo que ven en pantalla es una nota que salió en Interfax Global Energy Natural Gas, que es un portal especializado, el 23 de septiembre 2016 en el que precisamente este señor, Stephen Luxton, habla de la importancia que tiene el triunfo de la administración Macri para la realización de una actividad hidrocarburífera conjunta entre Gran Bretaña, y por supuesto los kelpers, y la República Argentina, un viejo anhelo de la potencia colonialista invasora de trabajar conjuntamente amparada por la legislación nacional y la Constitución Nacional, con el otorgamiento formal de un gobierno argentino sobre nuestros hidrocarburos en el archipiélago y en el Atlántico Sur.
Lo que ven en pantalla es el mapa que nosotros creemos que hay que ver de cómo queda ahora la geopolítica hidrocarburífera y el interés comercial y económico británico y kelper alrededor de las Islas Malvinas. Acá tenemos a Tullow Oil, en el área a 150 o 100 kilómetros de las Islas Malvinas, la otra área que ganó Tullow Oil y la tercera área que ganó Tullow Oil. También se observa a Equinor que, si bien el logo de la empresa es otro, le pusimos el escudito de los kelpers porque tiene en su Directorio a la asesora petrolera del gobierno kelper, y sus áreas. Se ven las empresas y las áreas en la Cuenca Malvinas Occidental. También se observa Rockhopper, que es la petrolera británica que está a muy poco de conseguir financiamiento para comenzar la fase de extracción, o sea, de desarrollo de pozos para la producción comercial de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Y la misma empresa es la que tiene las licencias para explorar al sur de las islas; como les comentaba, Tullow Oil le cedió la geología, porque esta empresa se quedó con la licencia que Tullow Oil exploró en 2007.
Acá ven datos de Rockhopper, un poco para actualizarlos sobre lo que sucede; este es uno de los directores de Rockhopper, que el año pasado señaló la importancia que tienen los hallazgos hidrocarburíferos en Sea Lion ─lobo marino─, que es el prospecto más importante en la Cuenca Norte y está entre los más importantes del mundo.
Esto que ven acá, esta curva, es para señalar que ellos, si consiguen unos mil millones de dólares, comienzan con la fase de desarrollo de la Cuenca Norte. Para eso deben readaptar toda la logística portuaria en las Islas Malvinas, porque en los cinco primeros años ─tal como dice acá─ tendrán una presencia de entre veinte y veintisiete buques petroleros extranjeros por año fondeando en Malvinas. Entonces, imagínense que, si esto prospera, a partir de 2020, 2022, estos buques vendrán a buscar nuestro petróleo con plataformas semisumergibles, al norte, posiblemente al sur y, desde ya, en la Cuenca Malvinas Oeste, 150 kilómetros al oeste de las Islas Malvinas. Entonces, las islas estarán rodeadas, en una jugada magistral de ajedrez en la que, por supuesto, las piezas las moverán desde Downing Street, desde Londres, junto a los kelpers y al señor presidente de la Nación. Nada quedará del otro lado del tablero.
Para finalizar quiero decir que -sobre este aspecto Agustín dará más detalles- la Secretaría de Energía, motivada por nuestros informes, se expidió en los dictámenes de la Comisión Evaluadora -que nadie sabe quiénes integran─. Nosotros tenemos la sospecha ─ojalá los legisladores y las legisladoras tomen este tema en cuenta─ de que el señor Aranguren también está detrás de todo esto, a través de su consultora, Energy Consilium. Aranguren fue muy afecto ─y tuvo una brillante gestión, acorde─ a los intereses británicos; creemos que muy probablemente haya estado ahí metido, asesorando. Esto es algo por investigar.
En esta filmina pueden ver la opinión de la Comisión Evaluadora sobre la empresa Tullow. Simplemente quiero que vean esto que dice acá en cuanto a la opinión que ellos dieron: "... dicha empresa realizó actividades de exploración en el año 2007 en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido habilitación emitida por autoridad competente argentina;..." ─chocolate por la noticia─ "...; aunque, en ese mismo año vendió su participación en esas actividades".
Y hacemos hincapié donde dice "... sin haber obtenido habilitación emitida...". Este es el problema, o, mejor dicho, la solución, porque lo presentan como algo favorable.
Ahora, fíjense cómo debiera haberse redactado esto. No debiera haber dicho "sin haber obtenido habilitación emitida por autoridad competente argentina", sino "habiendo obtenido habilitación por parte del ilegítimo gobierno colonial isleño", reconociendo de esta forma su legitimidad sobre el Departamento Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Provincia de Tierra del Fuego, hecho que debe ser consultado urgentemente y sin mayores dilaciones por parte de la Cancillería ─tengo entendido que se está impulsando, de parte del diputado y de la comisión, un pedido de interpelación al canciller─ e independientemente del destino dado a aquellas licencias ─es decir, si la empresa las dejó de operar o no en 2007─.
Esta empresa reconoció como legítimo al gobierno colonial isleño, y este es motivo suficiente para que el canciller actúe en forma urgente; debiera preguntarle a esta empresa ─ante una eventual escalada del conflicto, como hipótesis del conflicto si se quiere latente, como es la que tenemos con el Reino Unido─ cuál será su posición respecto a su plataforma semisumergible, y todos los portaviones y los submarinos nucleares que envíe Gran Bretaña para defenderse, como lo han hecho y lo hacen en cualquier parte donde Gran Bretaña tiene intereses, sobre todo hidrocarburíferos. Les dejo el mapa. (Aplausos.)
Lo felicito por la iniciativa, señor presidente, que es estratégica y fundamental en pos de la defensa de nuestra soberanía nacional, de nuestro país y de nuestra Constitución Nacional. Quiero agradecer también la presencia de nuestros héroes de Malvinas.
En el Observatorio hemos venido denunciando, junto a mi colega Agustín Gerez, lo que es esta gravísima afrenta, que lesiona nuestra soberanía nacional. Tal como podrán observar en nuestra presentación, me refiero a la adjudicación de estas áreas hidrocarburíferas nada más y nada menos que al interés británico y kelper.
Para ubicarnos, nos referimos al decreto 872/18, que fue el inicio de la licitación, el Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1, aparentemente la primera ronda de otras varias que tendrán lugar.
Se trata de la mayor licitación del Mar Argentino de nuestra historia. Involucra una superficie de 200.800 kilómetros cuadrados ─mil veces la superficie de la Capital Federal y casi el 65 por ciento de la superficie de la provincia de Buenos Aires─ y un total de tres áreas: la Cuenca Argentina, frente a la provincia de Buenos Aires; la Cuenca Austral Marina, frente a Tierra del Fuego, prácticamente lindante con esa provincia; y la Cuenca Malvinas Occidental, entre Tierra del Fuego, el sur de la provincia de Santa Cruz y las Islas Malvinas.
Lo que ustedes ven en rojo en la filmina son las treinta y ocho áreas de estas tres cuencas que se licitaron.
¿En qué etapa nos encontramos? Esto no está en orden cronológico, pero quiero que observen que la apertura de ofertas se realizó el 16 de abril, la adjudicación ─prevista para el 16 de mayo─, el 17 de mayo, y el 1° de agosto de 2019 será la publicación, con las resoluciones de otorgamiento del permiso de adjudicación de áreas, lo que contractualmente ─a esto se referirá el doctor Gerez─ ya implica el otorgamiento formal y concreto del derecho para la exploración.
Recordemos que en esta primera etapa estamos hablando de exploración; si los resultados son positivos, se avanzará sobre la extracción comercial, es decir, el desarrollo de las áreas o la explotación.
En esta filmina pueden observar la resolución ─es de hace unos días, oficial, por supuesto─ con el dato de las empresas que han ganado las distintas áreas. Se presentó una oferta para dieciocho áreas y se adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas.
Por las ofertas, la Secretaría de Energía piensa recaudar -esto lo que figura en la resolución- 724 millones de dólares, monto que, en este contexto de recesión y con un Fondo Monetario Internacional que decide y dirige la política económica, irán a parar directamente a los bolsillos de la señora Christine Lagarde.
En esta filmina pueden observar las grandes ganadoras de las dieciocho áreas adjudicadas. Me remitiré a esta información, que es en la que nos hemos concentrado y en la que se basan las denuncias y las advertencias que venimos haciendo y que se vienen realizando desde la Comisión de Energía y Combustibles ─tanto de parte del diputado Norman Darío Martínez como del diputado Martín Pérez. Respecto de este punto, también presentó un amparo la Municipalidad de Río Grande.
Tenemos entonces, por un lado, a la empresa estatal noruega Equinor, conocida como State Oil, que ganó siete áreas de las dieciocho adjudicadas. Por otro lado, tres empresas británicas ─Shell, British Petroleum y Tullow, esta última como consorcio con Pluspetrol y Wintershall─ ganaron un total de siete áreas.
Entonces, tenemos dos primeras conclusiones. La primera, que hay una empresa estatal, noruega ─lamentablemente no YPF─, que fue adjudicataria de la mayor cantidad de áreas y, la segunda, que la nación más favorecida fue Gran Bretaña, a través de tres empresas privadas de origen británico.
Acá las pueden ver distribuidas en el mapa. British Petroleum y Shell ganaron frente a la provincia de Buenos Aires, en la Cuenca Argentina, y Tullow Oil ganó estas tres áreas ─como bien se señala en la filmina─ en la Cuenca Malvinas Occidental. En dos de estas áreas, Tullow Oil irá como concesión, es decir, con Pluspetrol y Wintershall, y, en la tercera área, irá con un cien por ciento de participación. No importa que lean lo que dice la filmina, pero lo incluí porque son los documentos que nosotros publicamos oficialmente.
Voy a pasar ahora a los gravísimos conflictos que tiene Tullow Oil. Si hay algún lugar en el mapa de la República Argentina ─económico, político, comercial, el que ustedes quieran─ en que el interés británico no debiera estar presente ni consolidarse es precisamente en esta zona; sin embargo, es justamente donde el interés económico, comercial e hidrocarburífero británico ─es decir, es geopolítica pura, e intervencionismo militar─ comienza a consolidar su presencia. Precisamente acá, entre las Islas Malvinas y el sur de la provincia de Santa Cruz.
Tullow Oil, entonces, es una empresa británica que ganó tres áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, pero no se trata de cualquier empresa británica ─acá ven el logo de la firma─ y no está ahí por capricho; en esta zona, al sur de las Islas Malvinas, esta empresa operó en 2007 licencias de exploración otorgadas por el ilegítimo gobierno colonial isleño. No se trata de una empresa británica solamente, sino de una empresa británica que reconoció como legítimo al ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas, que está ocupando el Departamento Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Provincia de Tierra del Fuego.
En uno de los documentos de Tullow Oil se comenta la campaña exploratoria que realizaron en 2007 en esta área, a la que luego me referiré.
Si la Secretaría de Energía, el Comité de Evaluación de Ofertas y, por tanto, el que después recomendó a la autoridad aplicación que se adjudiquen las áreas, hubiese ingresado a la página oficial del Departamento de Minería del ilegítimo gobierno kelper habría encontrado precisamente la mención de la empresa Tullow Oil en su paso por estas licencias en 2007. Al menos hace unos días, en la página oficial del Departamento de Minería del gobierno kelper, figuraba la mención a esta empresa Tullow Oil en su paso por las licencias al sur de las islas otorgadas por las autoridades isleñas.
Otro tema a tener muy en cuenta y que es muy importante es el siguiente. Les pido que se concentren primero en la imagen que está proyecta en la pantalla. Está un poquito borrosa, pero quiero que vean que ahí están las licencias que operó Tullow Oil en 2007, cada recuadro rojo que ven al sur de las islas. Esta es la cuenca sedimentaria, es decir, donde se supone que residen hidrocarburos en cantidades comercialmente viables al sur de las islas que, como ven todo lo blanco, tiene una continuidad geológica con la Cuenca Malvinas Oeste. ¿Qué significa continuidad geológica? Este inclusive es un informe de 2004 de otra petrolera pirata que publicó la importancia que tuvieron ciertas perforaciones en nuestra cuenca, es decir, perforaciones de exploración en la Cuenca Malvinas Oeste años atrás; o sea, la importancia que tienen los resultados de esas perforaciones en la cuenca que ahora se licitó para el futuro prospectivo de las áreas al sur de las islas que están bajo dominio colonialista.
¿Qué quiero decir con esto -y acá el gobierno isleño inclusive también publica en su portal oficial la importancia de esta continuidad geológica? Significa que cualquier resultado importante, determinante, que realice Tullow Oil con toda la geología, que además la suministró gratuitamente la Secretaría de Energía a todas las empresas que participaron. Ahora no solo tiene toda la información geológica sino que además lo que realice es determinante para el futuro prospectivo de la Cuenca al Sur de las islas porque es una continuidad geológica.
Otro dato interesante es que cuando Tullow Oil se desprendió de estas áreas, que lo hizo a fines de 2007, terminaron en poder de Rockhopper, que es la empresa punta de lanza en la avanzada exploratoria y en breve posiblemente de extracción, de desarrollo, alrededor de las Islas Malvinas, por supuesto de forma ilegal e ilegítima.
Ahora me voy a referir a la otra empresa, Equinor. Como les decía, la estatal noruega ganó siete de las dieciocho áreas adjudicadas, tres en la Cuenca Argentina, dos en la Cuenca Marina Austral y otras dos en la Cuenca Malvinas Oeste. Es decir, entre Tullow Oil, la empresa británica que reconoció como legítimo el gobierno kelper en 2007 que tenía esas tres áreas, y Equinor que ganó otras dos, suman cinco áreas. Y ahora les voy a contar lo grave de esta empresa noruega.
¿Qué encontramos con mi colega Agustín Gerez? Encontramos que esta señora que es miembro de la Junta Directiva de Equinor, Anne Drinkwater, fue y es asesora petrolera del gobierno isleño. Reitero: un miembro del directorio de Equinor, que ganó siete de las dieciocho áreas adjudicadas, dos de ellas en la Cuenca Malvinas Oeste, fue por lo menos desde 2013 y sigue siendo -y ahora les voy a decir por qué sigue siendo- asesora petrolera del ilegítimo gobierno kelper. Drinkwater no es asesora en cómo se corta el pasto en la casa de gobierno que tiene el gobernador colonial en Puerto Argentino, sino que es asesora en hidrocarburos, y no cualquier asesora sino una asesora estratégica. Porque como se publicó y está en Internet fue además quien trazó, diseñó, la hoja de ruta para una exitosa campaña de exploración y explotación hidrocarburífera, que entregó a las autoridades isleñas y que iba de 2013 a 2018. Esa es la directora de Equinor.
Y esta mujer no solamente fue asesora petrolera del gobierno isleño desde 2013 como mínimo y hasta 2019, es decir vigente; además de ser directora de Equinor, fue directora de Tullow Oil, la otra empresa. Es asesora petrolera desde 2013 y hasta la actualidad del gobierno kelper, fue directora de Tullow Oil -la empresa que ganó tres áreas y que operó para los kelpers en 2007 al sur de las islas-, y en julio de 2018 dio el salto de Tullow Oil y pasó a Equinor. Es asesora petrolera de una política como creo que solamente los británicos saben hacer, que es con esa inteligencia a la hora de intervenir y hacer valer sus intereses, sobre todo en las en las áreas consideradas coloniales.
Por otro lado, ven en pantalla la foto de un señor que está posando delante de un mapa de nuestras islas con todas las áreas licitadas; al norte son las áreas que están más avanzadas en materia de exploración hidrocarburífera. Este señor es el director de Minería de las Islas Malvinas, o sea del gobierno kelper, Stephen Luxton. El diario Clarín le realizó una entrevista y figura el video también, porque además él tuvo un rol protagónico como kelper durante la invasión británica de nuestras islas que algunos confunden y hablan de la invasión de 1982, que ahora no importa, porque no es el caso. Él fue entrevistado por el diario Clarín porque tiene mucho conocimiento de la política argentina.
Desde el Observatorio de la Energía le mandamos un mail pidiéndole que nos confirme -porque hasta unas semanas atrás no sabíamos- si Anne Drinkwater, la directora de Equinor, seguía ejerciendo la asesoría. Nos respondió en inglés lo que está subrayado. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo es que no pueden dar información sobre personas que estén asesorando al gobierno de las Falklands Islands, con lo cual, no nos respondió, pero nos dijo "who advise". Se está refiriendo precisamente a ella y hasta ahora no hubo ninguna rectificación: Ann Drinkwater, ex directora de Tullow Oil que ganó tres áreas, actual directora de Equinor que ganó siete áreas en total, dos de ellas en la Cuenca Malvinas Oeste, es asesora petrolera del gobierno kelper. Esto fue confirmado por ese señor, el director de Minería, que está ahí posando delante de un mapa de nuestras islas, y por supuesto con lo que es la avanzada pirata alrededor de ellas en materia hidrocarburífera.
Simplemente para relacionarlo políticamente, lo que ven en pantalla es una nota que salió en Interfax Global Energy Natural Gas, que es un portal especializado, el 23 de septiembre 2016 en el que precisamente este señor, Stephen Luxton, habla de la importancia que tiene el triunfo de la administración Macri para la realización de una actividad hidrocarburífera conjunta entre Gran Bretaña, y por supuesto los kelpers, y la República Argentina, un viejo anhelo de la potencia colonialista invasora de trabajar conjuntamente amparada por la legislación nacional y la Constitución Nacional, con el otorgamiento formal de un gobierno argentino sobre nuestros hidrocarburos en el archipiélago y en el Atlántico Sur.
Lo que ven en pantalla es el mapa que nosotros creemos que hay que ver de cómo queda ahora la geopolítica hidrocarburífera y el interés comercial y económico británico y kelper alrededor de las Islas Malvinas. Acá tenemos a Tullow Oil, en el área a 150 o 100 kilómetros de las Islas Malvinas, la otra área que ganó Tullow Oil y la tercera área que ganó Tullow Oil. También se observa a Equinor que, si bien el logo de la empresa es otro, le pusimos el escudito de los kelpers porque tiene en su Directorio a la asesora petrolera del gobierno kelper, y sus áreas. Se ven las empresas y las áreas en la Cuenca Malvinas Occidental. También se observa Rockhopper, que es la petrolera británica que está a muy poco de conseguir financiamiento para comenzar la fase de extracción, o sea, de desarrollo de pozos para la producción comercial de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Y la misma empresa es la que tiene las licencias para explorar al sur de las islas; como les comentaba, Tullow Oil le cedió la geología, porque esta empresa se quedó con la licencia que Tullow Oil exploró en 2007.
Acá ven datos de Rockhopper, un poco para actualizarlos sobre lo que sucede; este es uno de los directores de Rockhopper, que el año pasado señaló la importancia que tienen los hallazgos hidrocarburíferos en Sea Lion ─lobo marino─, que es el prospecto más importante en la Cuenca Norte y está entre los más importantes del mundo.
Esto que ven acá, esta curva, es para señalar que ellos, si consiguen unos mil millones de dólares, comienzan con la fase de desarrollo de la Cuenca Norte. Para eso deben readaptar toda la logística portuaria en las Islas Malvinas, porque en los cinco primeros años ─tal como dice acá─ tendrán una presencia de entre veinte y veintisiete buques petroleros extranjeros por año fondeando en Malvinas. Entonces, imagínense que, si esto prospera, a partir de 2020, 2022, estos buques vendrán a buscar nuestro petróleo con plataformas semisumergibles, al norte, posiblemente al sur y, desde ya, en la Cuenca Malvinas Oeste, 150 kilómetros al oeste de las Islas Malvinas. Entonces, las islas estarán rodeadas, en una jugada magistral de ajedrez en la que, por supuesto, las piezas las moverán desde Downing Street, desde Londres, junto a los kelpers y al señor presidente de la Nación. Nada quedará del otro lado del tablero.
Para finalizar quiero decir que -sobre este aspecto Agustín dará más detalles- la Secretaría de Energía, motivada por nuestros informes, se expidió en los dictámenes de la Comisión Evaluadora -que nadie sabe quiénes integran─. Nosotros tenemos la sospecha ─ojalá los legisladores y las legisladoras tomen este tema en cuenta─ de que el señor Aranguren también está detrás de todo esto, a través de su consultora, Energy Consilium. Aranguren fue muy afecto ─y tuvo una brillante gestión, acorde─ a los intereses británicos; creemos que muy probablemente haya estado ahí metido, asesorando. Esto es algo por investigar.
En esta filmina pueden ver la opinión de la Comisión Evaluadora sobre la empresa Tullow. Simplemente quiero que vean esto que dice acá en cuanto a la opinión que ellos dieron: "... dicha empresa realizó actividades de exploración en el año 2007 en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido habilitación emitida por autoridad competente argentina;..." ─chocolate por la noticia─ "...; aunque, en ese mismo año vendió su participación en esas actividades".
Y hacemos hincapié donde dice "... sin haber obtenido habilitación emitida...". Este es el problema, o, mejor dicho, la solución, porque lo presentan como algo favorable.
Ahora, fíjense cómo debiera haberse redactado esto. No debiera haber dicho "sin haber obtenido habilitación emitida por autoridad competente argentina", sino "habiendo obtenido habilitación por parte del ilegítimo gobierno colonial isleño", reconociendo de esta forma su legitimidad sobre el Departamento Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Provincia de Tierra del Fuego, hecho que debe ser consultado urgentemente y sin mayores dilaciones por parte de la Cancillería ─tengo entendido que se está impulsando, de parte del diputado y de la comisión, un pedido de interpelación al canciller─ e independientemente del destino dado a aquellas licencias ─es decir, si la empresa las dejó de operar o no en 2007─.
Esta empresa reconoció como legítimo al gobierno colonial isleño, y este es motivo suficiente para que el canciller actúe en forma urgente; debiera preguntarle a esta empresa ─ante una eventual escalada del conflicto, como hipótesis del conflicto si se quiere latente, como es la que tenemos con el Reino Unido─ cuál será su posición respecto a su plataforma semisumergible, y todos los portaviones y los submarinos nucleares que envíe Gran Bretaña para defenderse, como lo han hecho y lo hacen en cualquier parte donde Gran Bretaña tiene intereses, sobre todo hidrocarburíferos. Les dejo el mapa. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Tiene la palabra el doctor Agustín Gerez, especialista en Regulación Energética e Hidrocarburífera.
SR. GEREZ Ante todo, señor presidente, quiero agradecer la invitación. Celebro profundamente que nos hayan convocado a abordar una temática tan importante para todos los argentinos.
En particular, me entristece que, si bien existe una normativa tan clara al respecto, tengamos que salir corriendo a apagar los incendios de aquellos que pretenden atropellar, incluso, la propia Constitución Nacional.
En primer lugar, es importante destacar que nuestra Constitución Nacional, en su Disposición Transitoria Primera, ratifica la legítima soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y de los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional.
¿Cuál es la primera pauta que nos da la Constitución Nacional? Toda la normativa argentina, no solamente la hidrocarburífera, es de aplicación en las Islas Malvinas; cualquier acto de comercio, cualquier acto civil que allí se cometa, está en una clara e ilegítima contradicción con nuestro ordenamiento jurídico.
En particular, Federico ha sido muy preciso respecto del trabajo que hemos realizado en el Observatorio. Ha abordado los hechos con absoluta claridad. Creo que solamente le faltó mencionar que a todos esos indicios habría que agregarle que Noruega fue uno de los once países que se abstuvo de votar la famosa resolución 2065, que convocaba e invitaba a las partes, a los gobiernos de Gran Bretaña y de Argentina, a llegar a una pacífica solución respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Sobre el particular que nos convoca, la licitación, el decreto que mencionaba Federico, estableció algo muy grave: la prórroga de jurisdicción en tribunales foráneos. Es decir, cualquier cuestión relativa a la legalidad o a la actividad que las empresas adjudicatarias realicen en el Mar Argentino no será resuelta por jueces y tribunales argentinos, sino por tribunales extranjeros. La autoridad de aplicación va a devenir en tribunales extranjeros.
En segundo lugar, la resolución 407 de la Secretaría de Energía, de marzo de 2007, estableció una clara prohibición para aquellas empresas que hubieran operado en las Islas Malvinas sin tener la autorización por parte del gobierno argentino. En este sentido, la empresa Tullow, al momento de ser titular de los permisos otorgados por el gobierno kelper, estaba en una violación concreta de la normativa hidrocarburífera argentina, la resolución 407.
Posteriormente, en 2011, como es de público conocimiento, a través de la ley 26.659, sancionada por este Cuerpo legislativo, se establecieron las sanciones en particular que se les iban a aplicar a las empresas que, ilegítimamente, operaran en las zonas de la plataforma continental de la Argentina, que actualmente están siendo ilegal e ilegítimamente ocupadas por el gobierno kelper. Es en esa ley donde se establecieron sanciones, hasta penales, para esas empresas.
Pero pareciera que ni siquiera una constitución fuera suficiente para frenar un proceso de adjudicación a estas empresas. Sin perjuicio de haber puesto esto en conocimiento de la autoridad de aplicación, el pasado 17 de mayo se procedió a la adjudicación y, en un dictamen vergonzoso -permítanme que lo denomine así-, el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda manifestó que en 2007 no había normativa que sancionara la explotación ni la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas, cuando la resolución 407 justamente hace eso.
Entonces, uno ya no sabe, sinceramente, si estamos gobernados por personas que no tienen conocimiento de lo que están haciendo y que no están capacitadas para llevar adelante las tareas para las que fueron encomendados, o si tenemos que pensar que, realmente, lo hacen con malicia.
Porque en el dictamen que citaba Federico Bernal se hace una mención expresa a la empresa Tullow Oil, pero nada se dice respecto de Equinor, reitero: absolutamente nada se dice respecto de Equinor. Y en uno de los incisos de la ley 26.659 se establece que las personas físicas que lleven a cabo contratos de asesoramiento con actividades ilegales tienen prohibido realizar actividades hidrocarburíferas en nuestro país.
La señora Drinkwater, como recién lo veíamos, está en una clara violación de ese inciso. Pero nada es suficiente. Son resoluciones que en el año 2013 han tenido empresas sancionadas como Rockhopper, Desire, Argos, Borders, Falkland Oil & Gas, que ya fueron sancionadas, y hay normativas que tienen que seguir aplicándose. En cuanto aparezcan nuevas empresas hay que sancionarlas, porque esa es la manera en la cual nosotros tenemos que defender nuestra soberanía en las islas.
No me quiero extender mucho más, y obviamente si así lo requieren pueden hacer las consultas que necesiten.
El 2 de agosto del 2016 -esto es de público conocimiento porque cualquiera puede tener acceso- la primera ministra inglesa, Theresa May, le envió una carta al presidente Mauricio Macri solicitándole, entre otras cosas, que remueva las restricciones para la actividad hidrocarburífera en las islas. Reitero: en agosto de 2016 le solicita que remueva las restricciones para las operaciones hidrocarburíferas en las islas. Y nos encontramos dos años después con una licitación y seis meses después, con adjudicaciones -casualmente- a empresas que ya han estado y están vinculadas con el ilegal e ilegítimo gobierno kelper.
No me voy a extender mucho más, simplemente quiero decirles que desde acá se puede y se debe actuar, y creo que es también nuestra obligación como ciudadanos -por eso celebré al inicio de esta breve intervención que el diputado Martínez haya propiciado este espacio- interferir en la definición de esta adjudicación y del otorgamiento definitivo de los títulos.
Les voy a decir una última cosa -y con esto finalizo: la legislación argentina en el inciso c) del artículo 35 de la ley 17.319 establece que las concesiones de explotación sobre la plataforma continental argentina son por treinta años prorrogable por períodos de diez años. Es decir, las concesiones cuanto mínimo son por cuarenta años. Díganme ustedes si esto no implica una entrega de nuestra soberanía argentina. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
En particular, me entristece que, si bien existe una normativa tan clara al respecto, tengamos que salir corriendo a apagar los incendios de aquellos que pretenden atropellar, incluso, la propia Constitución Nacional.
En primer lugar, es importante destacar que nuestra Constitución Nacional, en su Disposición Transitoria Primera, ratifica la legítima soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y de los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional.
¿Cuál es la primera pauta que nos da la Constitución Nacional? Toda la normativa argentina, no solamente la hidrocarburífera, es de aplicación en las Islas Malvinas; cualquier acto de comercio, cualquier acto civil que allí se cometa, está en una clara e ilegítima contradicción con nuestro ordenamiento jurídico.
En particular, Federico ha sido muy preciso respecto del trabajo que hemos realizado en el Observatorio. Ha abordado los hechos con absoluta claridad. Creo que solamente le faltó mencionar que a todos esos indicios habría que agregarle que Noruega fue uno de los once países que se abstuvo de votar la famosa resolución 2065, que convocaba e invitaba a las partes, a los gobiernos de Gran Bretaña y de Argentina, a llegar a una pacífica solución respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Sobre el particular que nos convoca, la licitación, el decreto que mencionaba Federico, estableció algo muy grave: la prórroga de jurisdicción en tribunales foráneos. Es decir, cualquier cuestión relativa a la legalidad o a la actividad que las empresas adjudicatarias realicen en el Mar Argentino no será resuelta por jueces y tribunales argentinos, sino por tribunales extranjeros. La autoridad de aplicación va a devenir en tribunales extranjeros.
En segundo lugar, la resolución 407 de la Secretaría de Energía, de marzo de 2007, estableció una clara prohibición para aquellas empresas que hubieran operado en las Islas Malvinas sin tener la autorización por parte del gobierno argentino. En este sentido, la empresa Tullow, al momento de ser titular de los permisos otorgados por el gobierno kelper, estaba en una violación concreta de la normativa hidrocarburífera argentina, la resolución 407.
Posteriormente, en 2011, como es de público conocimiento, a través de la ley 26.659, sancionada por este Cuerpo legislativo, se establecieron las sanciones en particular que se les iban a aplicar a las empresas que, ilegítimamente, operaran en las zonas de la plataforma continental de la Argentina, que actualmente están siendo ilegal e ilegítimamente ocupadas por el gobierno kelper. Es en esa ley donde se establecieron sanciones, hasta penales, para esas empresas.
Pero pareciera que ni siquiera una constitución fuera suficiente para frenar un proceso de adjudicación a estas empresas. Sin perjuicio de haber puesto esto en conocimiento de la autoridad de aplicación, el pasado 17 de mayo se procedió a la adjudicación y, en un dictamen vergonzoso -permítanme que lo denomine así-, el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda manifestó que en 2007 no había normativa que sancionara la explotación ni la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas, cuando la resolución 407 justamente hace eso.
Entonces, uno ya no sabe, sinceramente, si estamos gobernados por personas que no tienen conocimiento de lo que están haciendo y que no están capacitadas para llevar adelante las tareas para las que fueron encomendados, o si tenemos que pensar que, realmente, lo hacen con malicia.
Porque en el dictamen que citaba Federico Bernal se hace una mención expresa a la empresa Tullow Oil, pero nada se dice respecto de Equinor, reitero: absolutamente nada se dice respecto de Equinor. Y en uno de los incisos de la ley 26.659 se establece que las personas físicas que lleven a cabo contratos de asesoramiento con actividades ilegales tienen prohibido realizar actividades hidrocarburíferas en nuestro país.
La señora Drinkwater, como recién lo veíamos, está en una clara violación de ese inciso. Pero nada es suficiente. Son resoluciones que en el año 2013 han tenido empresas sancionadas como Rockhopper, Desire, Argos, Borders, Falkland Oil & Gas, que ya fueron sancionadas, y hay normativas que tienen que seguir aplicándose. En cuanto aparezcan nuevas empresas hay que sancionarlas, porque esa es la manera en la cual nosotros tenemos que defender nuestra soberanía en las islas.
No me quiero extender mucho más, y obviamente si así lo requieren pueden hacer las consultas que necesiten.
El 2 de agosto del 2016 -esto es de público conocimiento porque cualquiera puede tener acceso- la primera ministra inglesa, Theresa May, le envió una carta al presidente Mauricio Macri solicitándole, entre otras cosas, que remueva las restricciones para la actividad hidrocarburífera en las islas. Reitero: en agosto de 2016 le solicita que remueva las restricciones para las operaciones hidrocarburíferas en las islas. Y nos encontramos dos años después con una licitación y seis meses después, con adjudicaciones -casualmente- a empresas que ya han estado y están vinculadas con el ilegal e ilegítimo gobierno kelper.
No me voy a extender mucho más, simplemente quiero decirles que desde acá se puede y se debe actuar, y creo que es también nuestra obligación como ciudadanos -por eso celebré al inicio de esta breve intervención que el diputado Martínez haya propiciado este espacio- interferir en la definición de esta adjudicación y del otorgamiento definitivo de los títulos.
Les voy a decir una última cosa -y con esto finalizo: la legislación argentina en el inciso c) del artículo 35 de la ley 17.319 establece que las concesiones de explotación sobre la plataforma continental argentina son por treinta años prorrogable por períodos de diez años. Es decir, las concesiones cuanto mínimo son por cuarenta años. Díganme ustedes si esto no implica una entrega de nuestra soberanía argentina. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Agradezco nuevamente a los expositores representantes del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo.
Ahora sí, abrimos la lista de oradores. En primer lugar, tiene la palabra Jorge Taiana actual parlamentario del Parlasur.
Ahora sí, abrimos la lista de oradores. En primer lugar, tiene la palabra Jorge Taiana actual parlamentario del Parlasur.
SR. TAIANA Señor presidente: agradezco a usted y a los miembros de la comisión, a las amigas y amigos que están participando, a los veteranos de guerra a los que siempre les brindamos nuestro reconocimiento y a Guillermo Rossi, con quien hemos trabajado mucho tiempo defendiendo estos temas.
Me parece que las exposiciones han sido muy claras, pero quiero hacer un par de consideraciones generales porque considero que está claro lo que significa esta licitación. Pienso que hay que tener la visión del conjunto, sobre todo los miembros de la Comisión de Energía y Combustibles, de qué es lo que nos estamos jugando y por qué esto tiene una enorme trascendencia negativa sobre el interés nacional.
Ustedes saben que desde el fin de la guerra se firmaron unos pactos como el Acuerdo de Madrid y en los años 90 hubo una serie de acuerdos que se los llamó preliminares tendientes -desde la perspectiva argentina, se decía- a quitar desconfianza y generar espacios para que se restableciera el diálogo sobre soberanía. De esos hay muchos acuerdos, algunos sobre toponimia por ejemplo, pero hay acuerdos muy trascendentes. Entre esos acuerdos, además de algunas cuestiones para que no hubiera conflictos armados, los más importantes tienen que ver con los recursos naturales -renovables y no renovables. Uno, los acuerdos de pesca y otro, el Acuerdo sobre Hidrocarburos en el Atlántico Sur Occidental.
Durante los diez, doce o catorce años que estuvieron en vigencia, esos acuerdos no produjeron ningún resultado positivo, es decir, no acercaron a los británicos ni un milímetro a la mesa de negociación, que era el objetivo; en cambio, favorecieron el enriquecimiento, una mayor autonomización de las islas y, en algunos casos, el ejercicio de decisiones que de alguna manera -aunque hubiera un paraguas-, iban consolidando la posición británica.
Algunos de esos temas desde el 2003, con la llegada del nuevo gobierno, fueron revisados porque la conclusión que sacamos en aquel entonces era que esa política de generar con buena voluntad una posición favorable al diálogo no había logrado ningún resultado. Y eso se vio en tres debates claros: uno fue sobre los vuelos, otro sobre pesca y otro, la cuestión de hidrocarburos.
Lo de los vuelos también está de moda ahora y por eso aparece en el memorándum de septiembre del 2016. Hubo un largo debate y se logró un solo vuelo operado por LAN Chile que pasa sobre territorio aéreo administrado por la Argentina y que una vez por mes para en Río Gallegos. Ahora acaban de permitir un segundo vuelo porque -como lo dijeron anteriormente- la Argentina se comprometió a levantar los obstáculos que impiden el desarrollo de las islas. ¿Qué son los obstáculos que impiden el desarrollo de las islas? Se trata de la legislación o las normas argentinas que impiden que nos roben lo nuestro, para decirlo de manera sencilla y clara.
Con los vuelos hicimos algo verdaderamente escandaloso. Ahora han firmado un acuerdo sobre un segundo vuelo que pareciera que va a parar una vez por mes en Córdoba, pero que tiene la característica central de que los otros vuelos no pasan por este espacio aéreo administrado desde la Argentina, con lo cual se autonomizan de la Argentina, que es el objetivo de las islas. Nosotros durante mucho tiempo peleamos para que ese segundo vuelo partiera del territorio continental y fuera operado por una aerolínea de bandera. Fíjense cómo ellos están desarmando el tema.
En cuanto a la pesca, veníamos paralizados desde 2005. ¿Por qué? Porque los acuerdos de pesca que teóricamente tenían solo el fin de ayudar a la conservación del recurso, porque muchos de los recursos pasan de un lado al otro de la zona que está ocupada y controlada administrativamente por los británicos. En realidad, ellos empezaron a dar licencias de pesca, primero de un año, después de cinco y después de veinticinco años. Cuando llegaron a los veinticinco años dijimos que no porque significaba modificar lo que establecieron las Naciones Unidas, que no se puede aprovechar el espacio que debe negociarse para consolidar cosas. Entonces, paralizamos la Comisión de Pesca.
En marzo del 2007, el mismo día que salió la resolución, denunciamos el acuerdo sobre hidrocarburos en el Atlántico Sur Occidental. ¿Por qué? Porque nosotros observamos dos fenómenos que se daban y que continúan su vigencia. El primero, es el proceso de agotamiento de los yacimientos hidrocarburíferos del Mar del Norte que son compartidos por Noruega y el Reino Unido.
Entonces, la primera hipótesis era que si a ellos, con experiencia en la exploración y explotación en alta mar, se les iba agotando el recurso, iban a venir a buscar por este lado.
La segunda hipótesis era que estaba empezando a subir el precio del petróleo. Entonces, necesitábamos desarmar el acuerdo, ya que tan muy malo que desde el momento en que se firmó, las dos partes lo interpretaron de manera distinta. La Argentina consideraba que el acuerdo habilitaba a hacer trabajos conjuntos en 200.000 kilómetros cuadrados, y, el Reino Unido, en 20.000, y prácticamente solo para ellos.
¿Qué problema tenía ese acuerdo -que es el mismo que tiene este-, más allá del robo del recurso? El problema era que legitimaba y daba la idea al mundo ─y, por lo tanto, a las empresas, a los financistas que deben apoyar las tareas de exploración y explotación─ de que la Argentina no tenía problemas en que las empresas británicas, o de cualquier otro país, hicieran acuerdos con las ilegítimas autoridades de las islas y se pusieran a ver dónde había petróleo.
Tal como ya se dijo, es seguro que hay petróleo en esa zona; el asunto pasa por ver dónde y en qué cantidad. Es una zona sedimentaria, por lo que es indudable que hay yacimientos hidrocarburíferos de gran importancia.
Nosotros en 2007 denunciamos ese acuerdo y emitimos una resolución de la Secretaría de Energía, que claramente disponía castigar y prohibir el ingreso a quienes fueran a pedir permiso a los ilegítimos isleños. Esto, porque la lógica era desanimar la exploración y explotación de nuestro recurso; primero, porque no nos gusta que nos roben, y, segundo, porque lo que queremos, en todo caso, es atraer para nuestra parte y dejarlos a ellos en dificultades.
Todo esto, además, tuvo otra serie de complementos en cuanto a los barcos y al lugar donde paraban, para evitar el proceso de ocupación.
Lamentablemente, entre las medidas que tomó el Gobierno, hubo una serie de actos y señales que tendieron a favorecer la ocupación.
El segundo vuelo a las islas, por ejemplo, tiende a favorecer la ocupación. Por su parte, creo que el hecho, sin antecedentes, de enviar a embajadores argentinos junto a embajadores británicos a pedirle a los países limítrofes de la Argentina ─cuando todos estaban comprometidos en la defensa y reconocen los derechos de soberanía argentina sobre las islas, no solo de diálogo─ que se presenten en la licitación de ese segundo vuelo ha dañado mucho la solidaridad regional y la comprensión por parte de nuestros vecinos de la importancia que para nosotros tienen las Malvinas.
Nosotros desestimamos eso. ¿Por qué? Porque, al deslegitimar y al imponer sanciones, hacíamos que se perdiera la voluntad de explorar y encarecíamos muchísimo el posible financiamiento de las tareas para hacerlo.
A todo eso le sumamos un gran éxito diplomático en 2010 cuando, al crearse lo que luego sería la CELAC, logramos incorporar la posición del Grupo de Río ─el reconocimiento de los derechos soberanos argentinos─.
La diferencia de la CELAC respecto del Grupo de Río es que en la CELAC están incluidos todos los países angloparlantes del Caribe. Logramos entonces, por primera vez, que esos países plantearan que no solo era necesario reconocer un conflicto de soberanía sino también que no se podía hacer exploración hidrocarburífera sin acuerdo de la Argentina.
Como decíamos recién con Alicia Castro, se enviaron muchas cartas a todas las empresas con la finalidad de evitar su consolidación. De hecho, una de las primeras empresas tenía un financiamiento que no logró consolidarse gracias a la fuere campaña de la Argentina, que sostenía que íbamos a demandar a quien estuviera allá y que no iba a poder entrar acá nunca.
Esa estrategia buscaba presionar, sabiendo que, a largo plazo, las dificultades con la Argentina y con toda América del Sur y América Latina toda iban a ir moviendo la balanza para lograr la negociación por el conflicto de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina.
Es muy fácil responder la pregunta que me hacen siempre respecto a cuándo se van a sentar los británicos. Los británicos son muy inteligentes; se van a sentar cuando comprendan y vean que les cuesta más no sentarse que hacerlo. El día en que pelearse y tener problemas económicos, comerciales y de todo tipo con la región sea más difícil que sentarse a negociar, se sentarán a negociar.
Esta resolución 407 es muy obvia. No quiero entrar en detalles legales, pero está vigente. ¿Cuál es la diferencia entre la resolución 407 y la ley 26.659? Hay un pequeño detalle, que no es menor. La ley habla en presente, habla de aquellos que "realicen" o "tengan" actividad, y dice que no se le podría dar una concesión a quien esté actuando en las islas. Eso dice, y así la interpretan algunos. En cambio, la resolución 407 habla en presente y en pasado; dice: "aquellos que hubieran actuado". Entonces, hay una diferencia.
Algunos interpretan que como la ley utiliza el presente, en el caso de Tullow no tendría valor, porque actuó en el pasado. La resolución 407 no dice eso. Yo no soy un gran experto en legislación, pero lo cierto es que el artículo 1° de la ley, que habla en presente, dice: "... solo podrán realizarse observando las condiciones establecidas por la presente ley, las leyes y los reglamentos vigentes", y dentro de esos reglamentos vigentes está la resolución 407.
Con esto quiero decir que, claramente, acá hay una violación de las normas básicas. Creo que la Comisión de Energía debiera pronunciarse ─o interrogar al Estado, o a la Secretaría de Energía─ sobre esto porque, la verdad, parece una falta muy obvia a una norma.
En lo que se refiere a la jurisdicción extranjera ─que es algo que se ha utilizado en otras jurisdicciones─, cabe decir que hay una diferencia abismal cuando se trata de Malvinas, ya que a algunos podrá gustarle más o menos que se aplique una jurisdicción extranjera para cierta licitación. Seguramente los que lo defienden podrán citar otros casos, pero no es lo mismo utilizar un tribunal extranjero en una situación donde hay una disputa de soberanía y los países se pronuncian de distinta manera.
Es obvio que nosotros, dentro de nuestras posibilidades ─o al límite de nuestras posibilidades─, debemos tratar de que la jurisdicción para actuar, en relación a todo lo que tiene que ver con las Malvinas, dependa la de nuestros tribunales y nuestro sistema de justicia.
Como bien mencionó Federico, creo que ellos están expandiendo el área; avanzar hacia el oeste implica ir armando el cerco que ellos quieren e ir desarrollando una fuente petrolera que tiene un gran potencial y que, en el caso del Reino Unido, viene a suplir una necesidad o una carencia que es muy significativa: el retroceso o el agotamiento paulatino de todo el petróleo del Mar del Norte.
Obviamente, como ustedes comprenden, al interés estratégico, a la prevención sobre la Antártida y a los recursos naturales renovables, el petróleo les asigna una importancia y una relevancia que le da muchísimo más interés, prioridad y recursos a la ocupación ilegítima de las islas.
Para terminar, lo malo de esto es que no nos sorprende, porque toda la política del gobierno de Macri ha sido favorable a los británicos.
Quiero decir que quizás, además de pedir esas explicaciones o hacer las actuaciones judiciales, tendríamos que mandarle un cierto saludo -no diría de pésame, pero sí de condolencias al presidente Macri- porque a pesar de que creo que fue el único gobierno del mundo que apoyaba a la señora May, la primera ministra ha tenido que renunciar. Es decir que entiendo que el presidente debe estar pasando un mal momento y quizás merezca un saludo de parte de esta comisión. Muchas gracias. (Aplausos.)
Me parece que las exposiciones han sido muy claras, pero quiero hacer un par de consideraciones generales porque considero que está claro lo que significa esta licitación. Pienso que hay que tener la visión del conjunto, sobre todo los miembros de la Comisión de Energía y Combustibles, de qué es lo que nos estamos jugando y por qué esto tiene una enorme trascendencia negativa sobre el interés nacional.
Ustedes saben que desde el fin de la guerra se firmaron unos pactos como el Acuerdo de Madrid y en los años 90 hubo una serie de acuerdos que se los llamó preliminares tendientes -desde la perspectiva argentina, se decía- a quitar desconfianza y generar espacios para que se restableciera el diálogo sobre soberanía. De esos hay muchos acuerdos, algunos sobre toponimia por ejemplo, pero hay acuerdos muy trascendentes. Entre esos acuerdos, además de algunas cuestiones para que no hubiera conflictos armados, los más importantes tienen que ver con los recursos naturales -renovables y no renovables. Uno, los acuerdos de pesca y otro, el Acuerdo sobre Hidrocarburos en el Atlántico Sur Occidental.
Durante los diez, doce o catorce años que estuvieron en vigencia, esos acuerdos no produjeron ningún resultado positivo, es decir, no acercaron a los británicos ni un milímetro a la mesa de negociación, que era el objetivo; en cambio, favorecieron el enriquecimiento, una mayor autonomización de las islas y, en algunos casos, el ejercicio de decisiones que de alguna manera -aunque hubiera un paraguas-, iban consolidando la posición británica.
Algunos de esos temas desde el 2003, con la llegada del nuevo gobierno, fueron revisados porque la conclusión que sacamos en aquel entonces era que esa política de generar con buena voluntad una posición favorable al diálogo no había logrado ningún resultado. Y eso se vio en tres debates claros: uno fue sobre los vuelos, otro sobre pesca y otro, la cuestión de hidrocarburos.
Lo de los vuelos también está de moda ahora y por eso aparece en el memorándum de septiembre del 2016. Hubo un largo debate y se logró un solo vuelo operado por LAN Chile que pasa sobre territorio aéreo administrado por la Argentina y que una vez por mes para en Río Gallegos. Ahora acaban de permitir un segundo vuelo porque -como lo dijeron anteriormente- la Argentina se comprometió a levantar los obstáculos que impiden el desarrollo de las islas. ¿Qué son los obstáculos que impiden el desarrollo de las islas? Se trata de la legislación o las normas argentinas que impiden que nos roben lo nuestro, para decirlo de manera sencilla y clara.
Con los vuelos hicimos algo verdaderamente escandaloso. Ahora han firmado un acuerdo sobre un segundo vuelo que pareciera que va a parar una vez por mes en Córdoba, pero que tiene la característica central de que los otros vuelos no pasan por este espacio aéreo administrado desde la Argentina, con lo cual se autonomizan de la Argentina, que es el objetivo de las islas. Nosotros durante mucho tiempo peleamos para que ese segundo vuelo partiera del territorio continental y fuera operado por una aerolínea de bandera. Fíjense cómo ellos están desarmando el tema.
En cuanto a la pesca, veníamos paralizados desde 2005. ¿Por qué? Porque los acuerdos de pesca que teóricamente tenían solo el fin de ayudar a la conservación del recurso, porque muchos de los recursos pasan de un lado al otro de la zona que está ocupada y controlada administrativamente por los británicos. En realidad, ellos empezaron a dar licencias de pesca, primero de un año, después de cinco y después de veinticinco años. Cuando llegaron a los veinticinco años dijimos que no porque significaba modificar lo que establecieron las Naciones Unidas, que no se puede aprovechar el espacio que debe negociarse para consolidar cosas. Entonces, paralizamos la Comisión de Pesca.
En marzo del 2007, el mismo día que salió la resolución, denunciamos el acuerdo sobre hidrocarburos en el Atlántico Sur Occidental. ¿Por qué? Porque nosotros observamos dos fenómenos que se daban y que continúan su vigencia. El primero, es el proceso de agotamiento de los yacimientos hidrocarburíferos del Mar del Norte que son compartidos por Noruega y el Reino Unido.
Entonces, la primera hipótesis era que si a ellos, con experiencia en la exploración y explotación en alta mar, se les iba agotando el recurso, iban a venir a buscar por este lado.
La segunda hipótesis era que estaba empezando a subir el precio del petróleo. Entonces, necesitábamos desarmar el acuerdo, ya que tan muy malo que desde el momento en que se firmó, las dos partes lo interpretaron de manera distinta. La Argentina consideraba que el acuerdo habilitaba a hacer trabajos conjuntos en 200.000 kilómetros cuadrados, y, el Reino Unido, en 20.000, y prácticamente solo para ellos.
¿Qué problema tenía ese acuerdo -que es el mismo que tiene este-, más allá del robo del recurso? El problema era que legitimaba y daba la idea al mundo ─y, por lo tanto, a las empresas, a los financistas que deben apoyar las tareas de exploración y explotación─ de que la Argentina no tenía problemas en que las empresas británicas, o de cualquier otro país, hicieran acuerdos con las ilegítimas autoridades de las islas y se pusieran a ver dónde había petróleo.
Tal como ya se dijo, es seguro que hay petróleo en esa zona; el asunto pasa por ver dónde y en qué cantidad. Es una zona sedimentaria, por lo que es indudable que hay yacimientos hidrocarburíferos de gran importancia.
Nosotros en 2007 denunciamos ese acuerdo y emitimos una resolución de la Secretaría de Energía, que claramente disponía castigar y prohibir el ingreso a quienes fueran a pedir permiso a los ilegítimos isleños. Esto, porque la lógica era desanimar la exploración y explotación de nuestro recurso; primero, porque no nos gusta que nos roben, y, segundo, porque lo que queremos, en todo caso, es atraer para nuestra parte y dejarlos a ellos en dificultades.
Todo esto, además, tuvo otra serie de complementos en cuanto a los barcos y al lugar donde paraban, para evitar el proceso de ocupación.
Lamentablemente, entre las medidas que tomó el Gobierno, hubo una serie de actos y señales que tendieron a favorecer la ocupación.
El segundo vuelo a las islas, por ejemplo, tiende a favorecer la ocupación. Por su parte, creo que el hecho, sin antecedentes, de enviar a embajadores argentinos junto a embajadores británicos a pedirle a los países limítrofes de la Argentina ─cuando todos estaban comprometidos en la defensa y reconocen los derechos de soberanía argentina sobre las islas, no solo de diálogo─ que se presenten en la licitación de ese segundo vuelo ha dañado mucho la solidaridad regional y la comprensión por parte de nuestros vecinos de la importancia que para nosotros tienen las Malvinas.
Nosotros desestimamos eso. ¿Por qué? Porque, al deslegitimar y al imponer sanciones, hacíamos que se perdiera la voluntad de explorar y encarecíamos muchísimo el posible financiamiento de las tareas para hacerlo.
A todo eso le sumamos un gran éxito diplomático en 2010 cuando, al crearse lo que luego sería la CELAC, logramos incorporar la posición del Grupo de Río ─el reconocimiento de los derechos soberanos argentinos─.
La diferencia de la CELAC respecto del Grupo de Río es que en la CELAC están incluidos todos los países angloparlantes del Caribe. Logramos entonces, por primera vez, que esos países plantearan que no solo era necesario reconocer un conflicto de soberanía sino también que no se podía hacer exploración hidrocarburífera sin acuerdo de la Argentina.
Como decíamos recién con Alicia Castro, se enviaron muchas cartas a todas las empresas con la finalidad de evitar su consolidación. De hecho, una de las primeras empresas tenía un financiamiento que no logró consolidarse gracias a la fuere campaña de la Argentina, que sostenía que íbamos a demandar a quien estuviera allá y que no iba a poder entrar acá nunca.
Esa estrategia buscaba presionar, sabiendo que, a largo plazo, las dificultades con la Argentina y con toda América del Sur y América Latina toda iban a ir moviendo la balanza para lograr la negociación por el conflicto de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina.
Es muy fácil responder la pregunta que me hacen siempre respecto a cuándo se van a sentar los británicos. Los británicos son muy inteligentes; se van a sentar cuando comprendan y vean que les cuesta más no sentarse que hacerlo. El día en que pelearse y tener problemas económicos, comerciales y de todo tipo con la región sea más difícil que sentarse a negociar, se sentarán a negociar.
Esta resolución 407 es muy obvia. No quiero entrar en detalles legales, pero está vigente. ¿Cuál es la diferencia entre la resolución 407 y la ley 26.659? Hay un pequeño detalle, que no es menor. La ley habla en presente, habla de aquellos que "realicen" o "tengan" actividad, y dice que no se le podría dar una concesión a quien esté actuando en las islas. Eso dice, y así la interpretan algunos. En cambio, la resolución 407 habla en presente y en pasado; dice: "aquellos que hubieran actuado". Entonces, hay una diferencia.
Algunos interpretan que como la ley utiliza el presente, en el caso de Tullow no tendría valor, porque actuó en el pasado. La resolución 407 no dice eso. Yo no soy un gran experto en legislación, pero lo cierto es que el artículo 1° de la ley, que habla en presente, dice: "... solo podrán realizarse observando las condiciones establecidas por la presente ley, las leyes y los reglamentos vigentes", y dentro de esos reglamentos vigentes está la resolución 407.
Con esto quiero decir que, claramente, acá hay una violación de las normas básicas. Creo que la Comisión de Energía debiera pronunciarse ─o interrogar al Estado, o a la Secretaría de Energía─ sobre esto porque, la verdad, parece una falta muy obvia a una norma.
En lo que se refiere a la jurisdicción extranjera ─que es algo que se ha utilizado en otras jurisdicciones─, cabe decir que hay una diferencia abismal cuando se trata de Malvinas, ya que a algunos podrá gustarle más o menos que se aplique una jurisdicción extranjera para cierta licitación. Seguramente los que lo defienden podrán citar otros casos, pero no es lo mismo utilizar un tribunal extranjero en una situación donde hay una disputa de soberanía y los países se pronuncian de distinta manera.
Es obvio que nosotros, dentro de nuestras posibilidades ─o al límite de nuestras posibilidades─, debemos tratar de que la jurisdicción para actuar, en relación a todo lo que tiene que ver con las Malvinas, dependa la de nuestros tribunales y nuestro sistema de justicia.
Como bien mencionó Federico, creo que ellos están expandiendo el área; avanzar hacia el oeste implica ir armando el cerco que ellos quieren e ir desarrollando una fuente petrolera que tiene un gran potencial y que, en el caso del Reino Unido, viene a suplir una necesidad o una carencia que es muy significativa: el retroceso o el agotamiento paulatino de todo el petróleo del Mar del Norte.
Obviamente, como ustedes comprenden, al interés estratégico, a la prevención sobre la Antártida y a los recursos naturales renovables, el petróleo les asigna una importancia y una relevancia que le da muchísimo más interés, prioridad y recursos a la ocupación ilegítima de las islas.
Para terminar, lo malo de esto es que no nos sorprende, porque toda la política del gobierno de Macri ha sido favorable a los británicos.
Quiero decir que quizás, además de pedir esas explicaciones o hacer las actuaciones judiciales, tendríamos que mandarle un cierto saludo -no diría de pésame, pero sí de condolencias al presidente Macri- porque a pesar de que creo que fue el único gobierno del mundo que apoyaba a la señora May, la primera ministra ha tenido que renunciar. Es decir que entiendo que el presidente debe estar pasando un mal momento y quizás merezca un saludo de parte de esta comisión. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Lamento que el oficialismo no esté sentado aquí. Creo que, sin lugar a dudas, más allá de que no compartimos el proyecto político, económico y social de este gobierno, creo que si hay uno de los puntos en el cual los argentinos estamos unidos es en la defensa de los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Este era un momento para mostrarnos en una cuestión en la cual el pueblo argentino coincide absolutamente, más allá de algunas posturas. Como decía Jorge Taiana creo que está claro lo que hace el gobierno británico con esto; lo que no tenemos muy claro es lo que está haciendo nuestro gobierno con este dejar hacer ante este avance. Así que lamento que el oficialismo no esté aquí sentado.
Los diputados que quieran hacer uso de la palabra, me lo solicitan y los anoto.
Tiene la palabra la señora Alicia Castro.
Este era un momento para mostrarnos en una cuestión en la cual el pueblo argentino coincide absolutamente, más allá de algunas posturas. Como decía Jorge Taiana creo que está claro lo que hace el gobierno británico con esto; lo que no tenemos muy claro es lo que está haciendo nuestro gobierno con este dejar hacer ante este avance. Así que lamento que el oficialismo no esté aquí sentado.
Los diputados que quieran hacer uso de la palabra, me lo solicitan y los anoto.
Tiene la palabra la señora Alicia Castro.
SRA. CASTRO Señor presidente: celebro la iniciativa de realizar esta reunión y es una alegría para mí estar reunida esta tarde con tantos viejos especialistas y jóvenes interesados en la cuestión Malvinas, que es un tema que efectivamente, además de que debiera ser política de Estado, atraviesa a los argentinos y argentinas.
Estamos hablando acá de soberanía; estamos hablando de soberanía territorial, de soberanía marítima, de soberanía antártica y de soberanía de recursos naturales.
¿De dónde venimos? Como decía Jorge Taiana recién, venimos de un escenario muy diferente donde la región unida estaba reivindicando la soberanía sobre Malvinas, donde Malvinas había dejado de ser una cuestión argentina para ser una causa regional, para ser una causa global, que tenía la adhesión todos quienes creemos que luchar contra el colonialismo es un imperativo ético, y particularmente de los gobiernos y pueblos del continente que rechazaban muy activamente, en todos los foros bilaterales y multilaterales, la presencia de un enclave colonial del siglo XIX al sur de nuestro continente, rechazaban la depredación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, y rechazaban la militarización en el Atlántico Sur.
No me voy a poder extender sobre este tema, pero lo hemos conversado en muchas oportunidades. Durante nuestra gestión nosotros logramos consenso incluso dentro del Reino Unido de aquellos ambientalistas que entendían que una exploración de hidrocarburos sin una adecuada logística con el continente podía terminar en un desastre ecológico como fue el de British Petroleum en el Golfo de México. Un derrame en un área costa afuera de las Islas Malvinas podría alcanzar el continente en una o dos semanas. También logramos la adhesión de los británicos que no querían ver sus impuestos invertidos en una gigantesca base militar en unas islas remotas para impedir una invasión que nunca ocurrirá. De modo que todo este consenso se ha desperdiciado para ir hacia esta política de entrega que yo creo -Jorge Taiana también recién lo decía- que no tiene antecedentes porque la Argentina ha sido siempre así. Todos los partidos políticos, todos los gobiernos con mayor o menor intensidad, con distintas características han defendido la cuestión Malvinas. Particularmente da pena ver a la Unión Cívica Radical arrastrada a estas políticas de entrega cuando tuvieron grandes éxitos diplomáticos como fue la Resolución 2065, el alegato Ruda, hitos en la cuestión Malvinas que hoy se empeñan en olvidar.
¿Dónde está el antecedente de estos acuerdos que estamos analizando hoy? El primer antecedente es aquel viaje el primer lord del Almirantazgo, Lord Anson, en 1753 cuando avista las islas que llama Pepys y dice: "Estas islas en tiempos de paz nos servirán para abastecernos de todo cuanto nos sirva y en tiempos de guerra nos hará dueños de los mares" -"masters of the seas". Y de esto se trata: es un interés estratégico, geoestratégico, que prevalece hasta el día de hoy y cuya intensidad e importancia podemos entender cada vez mejor. A la luz de los adelantos del siglo XXI, en un planeta superpoblado y recalentado, vemos la importancia que tiene el agua, la Antártida, el petróleo probablemente en el último siglo de su explotación, y los recursos naturales que se pueden encontrar en el Mar Argentino y que por cierto los británicos están explorando.
El antecedente más directo, como se mencionaba recién, es esta carta que vino de Downing Street el 2 de agosto al presidente Macri donde le contesta su aliada hasta hace 2 o 3 días, Theresa May, que no le puede responder la pregunta sobre si el Reino Unido va a votar a favor o en contra de Malcorra como secretaria de Naciones Unidas y que, por cierto, votaron en contra. Es conocer muy mal a los británicos pensar que porque iban a empezar a ceder iban a votar a Malcorra. Pero de todos modos Theresa May le contesta: "No es nuestra práctica adelantar nuestras elecciones, pero voy a tomar esta oportunidad para expresar mi esperanza de que podamos continuar trabajando juntos y estoy muy contenta de que el Foreign Secretary se haya reunido para hablar de negocios, comercio e inversiones, combate a las drogas, al crimen y a la corrupción, pero creemos que en una atmósfera de mutuo respeto podamos actuar en beneficio mutuo."
Y dice crudamente en una misiva muy cortita: Esto incluye hacer progresos en los vuelos entre las Falklands Island y terceros países de la región "under removal of the restricted hydrocarbons measures", es decir, la remoción de medidas restrictivas con respecto a los hidrocarburos. Esto es del 2 de agosto del 2016, y días después, el martes 13 de septiembre de 2016 se firma un acuerdo redactado en Londres, traducido literalmente del inglés, en el que se hace mención a "remove the obstacles" -un lenguaje que no se usa normalmente "remover los obstáculos". El acuerdo que se llamó Foradori-Ducan, con la firma de los dos vicecancilleres, plasma textualmente la ambición británica de remover todos los obstáculos para el comercio y el desarrollo de las islas, especialmente en lo referido a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación.
Crudamente, como decía Jorge Taiana, en criollo esto significa que el gobierno argentino se comprometió a desmantelar las medidas jurídicas, administrativas y legales que hemos tomado para proteger los recursos naturales en Malvinas que pertenecen a 42 millones de argentinos.
En aquel momento, esa medianoche, con un grupo de diputados del Frente para la Victoria, militantes y personas de distintos sectores como Pérez Esquivel, etcétera, lanzamos un manifiesto de repudio al acuerdo Foradori-Duncan. Y entonces en ese contexto Carlos Foradori vino a explicar el acuerdo a la Cámara de Diputados y Susana Malcorra al Senado.
Los dos hicieron lo mismo: una actuación de nuestra Cancillería: el secretismo y la negación.
Cuando, pese a que lo habían ocultado, el acuerdo se dio a conocer, empezaron a decir: "Esto no es un acuerdo". A mí me hacía acordar a ese cuadro surrealista de Magritte con una pipa, que decía: "Esto no es una pipa".
El acuerdo, que supuestamente no era un acuerdo, era un texto que quince veces repetía la palabra "acuerdo"; no decía "acordará", "se reunirán para acordar", o "evaluarán", como suelen decir los memorandos, sino "las partes acuerdan...". Obviamente, era un acuerdo.
Entonces, nos empezamos a preguntar qué intentaría el Gobierno, si cambiar la ley ─en este caso, la ley de hidrocarburos─, o violarla. Malcorra en el Senado fue un poco más explícita ─por más que tanto Malcorra como Foradori decían que no era un acuerdo sino una hoja de ruta─ y dijo: "Vamos a tratar de cambiar la ley, pero tiene que pasar por el Congreso".
Evidentemente, en este momento no tienen la capacidad de cambiar esta ley y, entonces, han optado por violarla. Tal como han expresado quienes me precedieron en el uso de la palabra, es claro que esta adjudicación de áreas petroleras brinda mucha información sobre prospección geofísica y geológica en una zona altamente sensible, desde el punto de vista estratégico, y que se encuentra a pocos kilómetros de donde hay una base militar que tiene casi dos mil efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y un submarino con capacidad nuclear, por la hipótesis de conflicto ─lo he visto con mis ojos en el Parlamento cada año, cuando suben el presupuesto─ con la Argentina.
Estamos dando toda nuestra información geográfica, geológica y geofísica. Evidentemente, esta adjudicación en la Cuenca Malvinas ─con las características que explicaron brillantemente los expositores Federico Bernal y Agustín Gerez, de la OTTEC─ significa consolidar la permanencia del usurpador en las Malvinas y en los espacios marítimos circundantes, en contra del mandato constitucional y también en violación de la ley de hidrocarburos.
Como decía Jorge, la modificatoria de la ley de hidrocarburos, la ley 26.915, tomó todos los recaudos para que las empresas que operaran sin autorización del gobierno argentino en las Islas Malvinas no pudieran operar ni en plataforma ni en el territorio continental argentino, además de recibir sanciones penales.
Desde la Embajada, en aquella época nosotros enviamos cientos de cartas a los pequeños accionistas y a los bancos que operaban con esas compañías; además, recibimos muchísimas respuestas, porque los británicos son educados, contestaban.
Yo recibí respuestas significativas, como la del gerente general de British Petroleum, que me contestó asegurando que su empresa quería operar en la Argentina y no en las islas Malvinas. O sea, había respuesta.
Esa ley y esas acciones administrativas y diplomáticas realmente no fueron un brindis al sol, sino que desanimaron concretamente la exploración de empresas serias. Ahora, el gobierno firma un acuerdo por el que dice que va a remover todos los obstáculos para la explotación hidrocarburífera, por lo que estas empresas avanzan.
Muchas veces cuando uno habla de esto en otros ámbitos, la gente pregunta si el Congreso no hace nada. Esto lo habrán escuchado decir en varias oportunidades.
El Congreso ha hecho mucho. Tengo delante de mí, por ejemplo, algunas de las preguntas que le ha hecho el diputado por Mendoza, Guillermo Carmona, al jefe de Gabinete. Por ejemplo: ¿Cuáles son los recaudos jurídicos y diplomáticos que ha adoptado el gobierno argentino para evitar que las empresas británicas obtengan información estratégica de la plataforma continental argentina que puede ser utilizada en contra de los intereses de nuestro país? ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se han otorgado áreas exclusivas a YPF?
Los diputados y las diputadas han estado activos, pero el gobierno ha sido sordo frente a esto.
Creo que desde la época de Roca no hubo un gobierno que defendiera más claramente los intereses británicos en la Argentina que el gobierno de Macri. Lo creo sinceramente, como creo sinceramente que es el peor gobierno de la democracia argentina, especialmente por su desastrosa política de relaciones exteriores.
Creo -y espero- que prosperen medidas judiciales tales como el amparo colectivo del municipio de Río Grande, y otras que se pudieran presentar. Comparto con el diputado Martínez que es una lástima que el oficialismo no solo no esté acá hoy sino que haya impedido el funcionamiento del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas.
Ustedes saben que la diputada Cornelia Schmidt-Liermann, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, desatiende el reglamento del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas -que lo integramos con el diputado Filmus siete diputados y siete expertos- y lo convoca en un promedio de dos veces por año y nunca que coincida con algún tema urgente de la cuestión Malvinas como el que estamos tratando hoy. (Aplausos.)
Estamos hablando acá de soberanía; estamos hablando de soberanía territorial, de soberanía marítima, de soberanía antártica y de soberanía de recursos naturales.
¿De dónde venimos? Como decía Jorge Taiana recién, venimos de un escenario muy diferente donde la región unida estaba reivindicando la soberanía sobre Malvinas, donde Malvinas había dejado de ser una cuestión argentina para ser una causa regional, para ser una causa global, que tenía la adhesión todos quienes creemos que luchar contra el colonialismo es un imperativo ético, y particularmente de los gobiernos y pueblos del continente que rechazaban muy activamente, en todos los foros bilaterales y multilaterales, la presencia de un enclave colonial del siglo XIX al sur de nuestro continente, rechazaban la depredación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, y rechazaban la militarización en el Atlántico Sur.
No me voy a poder extender sobre este tema, pero lo hemos conversado en muchas oportunidades. Durante nuestra gestión nosotros logramos consenso incluso dentro del Reino Unido de aquellos ambientalistas que entendían que una exploración de hidrocarburos sin una adecuada logística con el continente podía terminar en un desastre ecológico como fue el de British Petroleum en el Golfo de México. Un derrame en un área costa afuera de las Islas Malvinas podría alcanzar el continente en una o dos semanas. También logramos la adhesión de los británicos que no querían ver sus impuestos invertidos en una gigantesca base militar en unas islas remotas para impedir una invasión que nunca ocurrirá. De modo que todo este consenso se ha desperdiciado para ir hacia esta política de entrega que yo creo -Jorge Taiana también recién lo decía- que no tiene antecedentes porque la Argentina ha sido siempre así. Todos los partidos políticos, todos los gobiernos con mayor o menor intensidad, con distintas características han defendido la cuestión Malvinas. Particularmente da pena ver a la Unión Cívica Radical arrastrada a estas políticas de entrega cuando tuvieron grandes éxitos diplomáticos como fue la Resolución 2065, el alegato Ruda, hitos en la cuestión Malvinas que hoy se empeñan en olvidar.
¿Dónde está el antecedente de estos acuerdos que estamos analizando hoy? El primer antecedente es aquel viaje el primer lord del Almirantazgo, Lord Anson, en 1753 cuando avista las islas que llama Pepys y dice: "Estas islas en tiempos de paz nos servirán para abastecernos de todo cuanto nos sirva y en tiempos de guerra nos hará dueños de los mares" -"masters of the seas". Y de esto se trata: es un interés estratégico, geoestratégico, que prevalece hasta el día de hoy y cuya intensidad e importancia podemos entender cada vez mejor. A la luz de los adelantos del siglo XXI, en un planeta superpoblado y recalentado, vemos la importancia que tiene el agua, la Antártida, el petróleo probablemente en el último siglo de su explotación, y los recursos naturales que se pueden encontrar en el Mar Argentino y que por cierto los británicos están explorando.
El antecedente más directo, como se mencionaba recién, es esta carta que vino de Downing Street el 2 de agosto al presidente Macri donde le contesta su aliada hasta hace 2 o 3 días, Theresa May, que no le puede responder la pregunta sobre si el Reino Unido va a votar a favor o en contra de Malcorra como secretaria de Naciones Unidas y que, por cierto, votaron en contra. Es conocer muy mal a los británicos pensar que porque iban a empezar a ceder iban a votar a Malcorra. Pero de todos modos Theresa May le contesta: "No es nuestra práctica adelantar nuestras elecciones, pero voy a tomar esta oportunidad para expresar mi esperanza de que podamos continuar trabajando juntos y estoy muy contenta de que el Foreign Secretary se haya reunido para hablar de negocios, comercio e inversiones, combate a las drogas, al crimen y a la corrupción, pero creemos que en una atmósfera de mutuo respeto podamos actuar en beneficio mutuo."
Y dice crudamente en una misiva muy cortita: Esto incluye hacer progresos en los vuelos entre las Falklands Island y terceros países de la región "under removal of the restricted hydrocarbons measures", es decir, la remoción de medidas restrictivas con respecto a los hidrocarburos. Esto es del 2 de agosto del 2016, y días después, el martes 13 de septiembre de 2016 se firma un acuerdo redactado en Londres, traducido literalmente del inglés, en el que se hace mención a "remove the obstacles" -un lenguaje que no se usa normalmente "remover los obstáculos". El acuerdo que se llamó Foradori-Ducan, con la firma de los dos vicecancilleres, plasma textualmente la ambición británica de remover todos los obstáculos para el comercio y el desarrollo de las islas, especialmente en lo referido a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación.
Crudamente, como decía Jorge Taiana, en criollo esto significa que el gobierno argentino se comprometió a desmantelar las medidas jurídicas, administrativas y legales que hemos tomado para proteger los recursos naturales en Malvinas que pertenecen a 42 millones de argentinos.
En aquel momento, esa medianoche, con un grupo de diputados del Frente para la Victoria, militantes y personas de distintos sectores como Pérez Esquivel, etcétera, lanzamos un manifiesto de repudio al acuerdo Foradori-Duncan. Y entonces en ese contexto Carlos Foradori vino a explicar el acuerdo a la Cámara de Diputados y Susana Malcorra al Senado.
Los dos hicieron lo mismo: una actuación de nuestra Cancillería: el secretismo y la negación.
Cuando, pese a que lo habían ocultado, el acuerdo se dio a conocer, empezaron a decir: "Esto no es un acuerdo". A mí me hacía acordar a ese cuadro surrealista de Magritte con una pipa, que decía: "Esto no es una pipa".
El acuerdo, que supuestamente no era un acuerdo, era un texto que quince veces repetía la palabra "acuerdo"; no decía "acordará", "se reunirán para acordar", o "evaluarán", como suelen decir los memorandos, sino "las partes acuerdan...". Obviamente, era un acuerdo.
Entonces, nos empezamos a preguntar qué intentaría el Gobierno, si cambiar la ley ─en este caso, la ley de hidrocarburos─, o violarla. Malcorra en el Senado fue un poco más explícita ─por más que tanto Malcorra como Foradori decían que no era un acuerdo sino una hoja de ruta─ y dijo: "Vamos a tratar de cambiar la ley, pero tiene que pasar por el Congreso".
Evidentemente, en este momento no tienen la capacidad de cambiar esta ley y, entonces, han optado por violarla. Tal como han expresado quienes me precedieron en el uso de la palabra, es claro que esta adjudicación de áreas petroleras brinda mucha información sobre prospección geofísica y geológica en una zona altamente sensible, desde el punto de vista estratégico, y que se encuentra a pocos kilómetros de donde hay una base militar que tiene casi dos mil efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y un submarino con capacidad nuclear, por la hipótesis de conflicto ─lo he visto con mis ojos en el Parlamento cada año, cuando suben el presupuesto─ con la Argentina.
Estamos dando toda nuestra información geográfica, geológica y geofísica. Evidentemente, esta adjudicación en la Cuenca Malvinas ─con las características que explicaron brillantemente los expositores Federico Bernal y Agustín Gerez, de la OTTEC─ significa consolidar la permanencia del usurpador en las Malvinas y en los espacios marítimos circundantes, en contra del mandato constitucional y también en violación de la ley de hidrocarburos.
Como decía Jorge, la modificatoria de la ley de hidrocarburos, la ley 26.915, tomó todos los recaudos para que las empresas que operaran sin autorización del gobierno argentino en las Islas Malvinas no pudieran operar ni en plataforma ni en el territorio continental argentino, además de recibir sanciones penales.
Desde la Embajada, en aquella época nosotros enviamos cientos de cartas a los pequeños accionistas y a los bancos que operaban con esas compañías; además, recibimos muchísimas respuestas, porque los británicos son educados, contestaban.
Yo recibí respuestas significativas, como la del gerente general de British Petroleum, que me contestó asegurando que su empresa quería operar en la Argentina y no en las islas Malvinas. O sea, había respuesta.
Esa ley y esas acciones administrativas y diplomáticas realmente no fueron un brindis al sol, sino que desanimaron concretamente la exploración de empresas serias. Ahora, el gobierno firma un acuerdo por el que dice que va a remover todos los obstáculos para la explotación hidrocarburífera, por lo que estas empresas avanzan.
Muchas veces cuando uno habla de esto en otros ámbitos, la gente pregunta si el Congreso no hace nada. Esto lo habrán escuchado decir en varias oportunidades.
El Congreso ha hecho mucho. Tengo delante de mí, por ejemplo, algunas de las preguntas que le ha hecho el diputado por Mendoza, Guillermo Carmona, al jefe de Gabinete. Por ejemplo: ¿Cuáles son los recaudos jurídicos y diplomáticos que ha adoptado el gobierno argentino para evitar que las empresas británicas obtengan información estratégica de la plataforma continental argentina que puede ser utilizada en contra de los intereses de nuestro país? ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se han otorgado áreas exclusivas a YPF?
Los diputados y las diputadas han estado activos, pero el gobierno ha sido sordo frente a esto.
Creo que desde la época de Roca no hubo un gobierno que defendiera más claramente los intereses británicos en la Argentina que el gobierno de Macri. Lo creo sinceramente, como creo sinceramente que es el peor gobierno de la democracia argentina, especialmente por su desastrosa política de relaciones exteriores.
Creo -y espero- que prosperen medidas judiciales tales como el amparo colectivo del municipio de Río Grande, y otras que se pudieran presentar. Comparto con el diputado Martínez que es una lástima que el oficialismo no solo no esté acá hoy sino que haya impedido el funcionamiento del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas.
Ustedes saben que la diputada Cornelia Schmidt-Liermann, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, desatiende el reglamento del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas -que lo integramos con el diputado Filmus siete diputados y siete expertos- y lo convoca en un promedio de dos veces por año y nunca que coincida con algún tema urgente de la cuestión Malvinas como el que estamos tratando hoy. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Antes de dar la palabra, quiero trasmitir el saludo del diputado Carmona, que no pudo estar presente, y también le quiero agradecer a Jorge Taiana su presencia.
Tiene la palabra el señor diputado Filmus.
Tiene la palabra el señor diputado Filmus.
SR. FILMUS Señor presidente: quiero felicitarlo por la convocatoria y lamento que no estén no solamente los diputados del oficialismo, sino de otras fuerzas de la oposición que no nos están acompañado en esta reunión.
Voy a ser muy breve y pido disculpas porque me tengo que ir a una reunión de otra comisión. En la misma dirección de lo que se venía planteando aquí, en primer lugar quiero señalar que el presidente de la Nación, en su primer discurso, cuando asume su cargo, no menciona a la cuestión Malvinas como una prioridad de la política exterior argentina. Es la primera vez que eso ocurre desde 1983 hasta ahora.
Asimismo, uno de sus primeros actos de gobierno fue la supresión de la Secretaría de Malvinas. La primera medida de gobierno tuvo que ver con sacarle la institucionalidad que tenía Malvinas en la Cancillería y, por supuesto, todo lo que se contó, que no voy a reiterar.
Me tocó ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y defender la reforma de la ley 26.659, a través de la ley 26.915, de diciembre del año 2013, que justamente ha permitido un avance enorme al colocar como delito penal a aquellos que exploraren o explotasen hidrocarburos en la plataforma continental. Esto fue decisivo porque permitió que por primera vez en la Argentina iniciáramos juicio -y fueron el excanciller Timerman y Julio de Vido, quienes presentaron en el juzgado federal de Tierra del Fuego una demanda- hasta el punto de que la Justicia argentina -porque justamente el lugar era la Justicia federal, como plantea la ley 26.915 para cualquier cuestión que tuviera que dirimirse- embargó por 156 millones de dólares a las empresas que estuvieran explorando o explotando hidrocarburos en la región. Fue un embargo por 156 millones de dólares.
Acto seguido, como también es un delito penal, se pidió que comparezcan los directivos de las empresas que estaban cometiendo este delito en la plataforma continental argentina. Esto hizo que en una semana las acciones de las empresas bajaran más del 30 por ciento. Una de las razones por las cuales todavía no pueden explotar hidrocarburos es la amenaza concreta de que se apliquen las leyes argentinas.
Estamos en un interregno porque este gobierno paralizó estas causas, no se pudo avanzar porque cuando llegó Macri las causas se paralizaron, pero están en curso. Quiere decir que en cualquier momento, por ejemplo si hubiera otro gobierno a partir del 10 diciembre, pueden volver a ponerse en movimiento porque el demandante es el Estado argentino y esto puede seguir avanzando. Yo creo que ésta es una de las cuestiones más importantes que tenemos a futuro y que hay que plantear, que se cumplan las leyes.
Finalmente, simplemente quiero decir no se puede remover ninguna legislación puntual respecto de estos temas, porque no hay ninguna legislación puntual respecto de Malvinas; ninguna de estas leyes menciona a Malvinas, menciona plataforma continental argentina porque para nosotros las Malvinas son tan argentinas como el Obelisco, como que hoy vinieran a explorar hidrocarburos aquí.
No necesitamos movilizar estas leyes y decir que no se permite explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino, cosa que sería imposible que hiciéramos nosotros en el Mar del Norte, o decir "excepto en Malvinas" porque nuestra Constitución deja claro que las Malvinas son parte del territorio argentino. Lamentablemente a Theresa May ya no le va a servir, pero queremos aclarar que respecto de las leyes argentinas no hay posibilidad de una modificación que no afectara nuestra Constitución, porque no hay ninguna ley específica para este tema sino que es una ley para toda la plataforma continental.
Parece que esto que se está haciendo hoy de otorgar esta licencia debería frenarse. Es más, debiera frenarse por múltiples razones, entre otras porque estamos en vísperas de un cambio de gobierno, por lo menos de una elección que puede promoverlo y, como se dijo acá, como son cuestiones a décadas en adelante, me parece que el gobierno debería tener el respeto necesario a la continuidad de la democracia en la Argentina y no llevar adelante estas acciones. (Aplausos.)
Voy a ser muy breve y pido disculpas porque me tengo que ir a una reunión de otra comisión. En la misma dirección de lo que se venía planteando aquí, en primer lugar quiero señalar que el presidente de la Nación, en su primer discurso, cuando asume su cargo, no menciona a la cuestión Malvinas como una prioridad de la política exterior argentina. Es la primera vez que eso ocurre desde 1983 hasta ahora.
Asimismo, uno de sus primeros actos de gobierno fue la supresión de la Secretaría de Malvinas. La primera medida de gobierno tuvo que ver con sacarle la institucionalidad que tenía Malvinas en la Cancillería y, por supuesto, todo lo que se contó, que no voy a reiterar.
Me tocó ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y defender la reforma de la ley 26.659, a través de la ley 26.915, de diciembre del año 2013, que justamente ha permitido un avance enorme al colocar como delito penal a aquellos que exploraren o explotasen hidrocarburos en la plataforma continental. Esto fue decisivo porque permitió que por primera vez en la Argentina iniciáramos juicio -y fueron el excanciller Timerman y Julio de Vido, quienes presentaron en el juzgado federal de Tierra del Fuego una demanda- hasta el punto de que la Justicia argentina -porque justamente el lugar era la Justicia federal, como plantea la ley 26.915 para cualquier cuestión que tuviera que dirimirse- embargó por 156 millones de dólares a las empresas que estuvieran explorando o explotando hidrocarburos en la región. Fue un embargo por 156 millones de dólares.
Acto seguido, como también es un delito penal, se pidió que comparezcan los directivos de las empresas que estaban cometiendo este delito en la plataforma continental argentina. Esto hizo que en una semana las acciones de las empresas bajaran más del 30 por ciento. Una de las razones por las cuales todavía no pueden explotar hidrocarburos es la amenaza concreta de que se apliquen las leyes argentinas.
Estamos en un interregno porque este gobierno paralizó estas causas, no se pudo avanzar porque cuando llegó Macri las causas se paralizaron, pero están en curso. Quiere decir que en cualquier momento, por ejemplo si hubiera otro gobierno a partir del 10 diciembre, pueden volver a ponerse en movimiento porque el demandante es el Estado argentino y esto puede seguir avanzando. Yo creo que ésta es una de las cuestiones más importantes que tenemos a futuro y que hay que plantear, que se cumplan las leyes.
Finalmente, simplemente quiero decir no se puede remover ninguna legislación puntual respecto de estos temas, porque no hay ninguna legislación puntual respecto de Malvinas; ninguna de estas leyes menciona a Malvinas, menciona plataforma continental argentina porque para nosotros las Malvinas son tan argentinas como el Obelisco, como que hoy vinieran a explorar hidrocarburos aquí.
No necesitamos movilizar estas leyes y decir que no se permite explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino, cosa que sería imposible que hiciéramos nosotros en el Mar del Norte, o decir "excepto en Malvinas" porque nuestra Constitución deja claro que las Malvinas son parte del territorio argentino. Lamentablemente a Theresa May ya no le va a servir, pero queremos aclarar que respecto de las leyes argentinas no hay posibilidad de una modificación que no afectara nuestra Constitución, porque no hay ninguna ley específica para este tema sino que es una ley para toda la plataforma continental.
Parece que esto que se está haciendo hoy de otorgar esta licencia debería frenarse. Es más, debiera frenarse por múltiples razones, entre otras porque estamos en vísperas de un cambio de gobierno, por lo menos de una elección que puede promoverlo y, como se dijo acá, como son cuestiones a décadas en adelante, me parece que el gobierno debería tener el respeto necesario a la continuidad de la democracia en la Argentina y no llevar adelante estas acciones. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Tiene la palabra la señora diputada Soria.
SRA. SORIA Señor presidente: seré breve porque los que me antecedieron en la palabra creo que dieron cátedra sobre la importancia de las Islas Malvinas. Sin embargo, quiero aprovechar la oportunidad de que nos acompaña un abogado que tiene muy estudiada la legislación que nos antecede, sobre todo nuestra legislación y lo que ha sucedido en este otorgamiento de la licitación, para hacer unas preguntas puntuales.
Respecto de lo que dijo recién el diputado Filmus acerca de las demandas que nuestro Estado -el Estado argentino- ha interpuesto, y que no me sorprendería que antes del 10 de diciembre sea el propio Estado argentino el que las desista, quiero saber si estas licitaciones siguen tomando el cauce que están tomando. Son licitaciones que nacieron nulas, porque sabemos que se contradicen y se contraponen con legislación nacional actual vigente, con las leyes que mencionó. Al margen del amparo que haya presentado el municipio de Tierra del Fuego y demás, ¿existe la posibilidad de que a través de la declaración de inconstitucionalidad estas licitaciones caigan? Yo entiendo lo que dijiste sobre el plazo, sobre los cuarenta años y sobre el peligro inminente que tenemos, pero, ¿existe esa posibilidad?
Respecto de lo que dijo recién el diputado Filmus acerca de las demandas que nuestro Estado -el Estado argentino- ha interpuesto, y que no me sorprendería que antes del 10 de diciembre sea el propio Estado argentino el que las desista, quiero saber si estas licitaciones siguen tomando el cauce que están tomando. Son licitaciones que nacieron nulas, porque sabemos que se contradicen y se contraponen con legislación nacional actual vigente, con las leyes que mencionó. Al margen del amparo que haya presentado el municipio de Tierra del Fuego y demás, ¿existe la posibilidad de que a través de la declaración de inconstitucionalidad estas licitaciones caigan? Yo entiendo lo que dijiste sobre el plazo, sobre los cuarenta años y sobre el peligro inminente que tenemos, pero, ¿existe esa posibilidad?
SR. GEREZ El mecanismo para, de una manera u otra, intentar frenar estos actos es el amparo como medida urgente y luego, que el órgano jurisdiccional analice las cuestiones que estamos planteando y que decrete la medida cautelar frenando el otorgamiento definitivo de los títulos de exploración.
Permítanme que me extienda un segundo más. Es muy importante lo del otorgamiento definitivo del título porque, sin perjuicio que ya el Estado nacional reconoce sobre los oferentes una posición dentro de la licitación y una adjudicación -es decir acepta la oferta que le está haciendo el privado-, a partir del 1° de agosto es que entiendo que empieza a correr la prórroga de jurisdicción.
Entonces, si la Justicia no se expresa en el sentido de frenar el otorgamiento de los permisos exploratorios hasta tanto la cuestión de fondo no esté definida, el 1° de agosto no vamos a tener que ir a discutir esto a los tribunales de Río Grande sino con árbitros o con jueces del CIADI, básicamente.
Entonces, como decían los expositores anteriormente, este es un atropello evidente a toda la normativa argentina e, incluso, a nuestra institucionalidad. Es cierto que existen prórrogas de jurisdicción, pero en materia petrolera esto tampoco es tan habitual en la Argentina. Estas cuestiones se dirimen en nuestro país porque son nuestros recursos, más aún cuando está comprometida una cuestión de soberanía nacional.
Permítanme que me extienda un segundo más. Es muy importante lo del otorgamiento definitivo del título porque, sin perjuicio que ya el Estado nacional reconoce sobre los oferentes una posición dentro de la licitación y una adjudicación -es decir acepta la oferta que le está haciendo el privado-, a partir del 1° de agosto es que entiendo que empieza a correr la prórroga de jurisdicción.
Entonces, si la Justicia no se expresa en el sentido de frenar el otorgamiento de los permisos exploratorios hasta tanto la cuestión de fondo no esté definida, el 1° de agosto no vamos a tener que ir a discutir esto a los tribunales de Río Grande sino con árbitros o con jueces del CIADI, básicamente.
Entonces, como decían los expositores anteriormente, este es un atropello evidente a toda la normativa argentina e, incluso, a nuestra institucionalidad. Es cierto que existen prórrogas de jurisdicción, pero en materia petrolera esto tampoco es tan habitual en la Argentina. Estas cuestiones se dirimen en nuestro país porque son nuestros recursos, más aún cuando está comprometida una cuestión de soberanía nacional.
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Tiene la palabra el señor Juan Soto.
SR. SOTO Buenas tardes, señor presidente. Ante todo, quiero felicitarlo por el acto patriótico que está llevando adelante. Felicito también la labor que están haciendo los compañeros de la OETEC.
Es un honor para mí estar en esta comisión. Debiera estar aquí sentado Mariano Memolli, pero está defendiendo los intereses soberanos de la Antártida en Bulgaria, en el Instituto Antártico Búlgaro.
Mientras hacían uso de la palabra Alicia Castro y Jorge Taiana, recordaba todo lo que trabajó Mariano en la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos, conocido por sus siglas como RAPAL, un espacio estratégico para aunar fuerzas a nivel patria grande y CELAC para respaldar nuestros derechos soberanos en la Antártida, ya que esta es una proyección hacia la Antártida.
Para tratar de complementar y encontrar soluciones a lo que preguntaba la diputada, quería decir que estamos ante un acto propio internacional del Estado argentino. Entramos en lo que sería una confluencia de nuestra problemática del derecho interno con el derecho internacional. Hay jurisprudencia y distintas visiones de lo que se entiende como un acto propio de derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia lo denomina estoppel, y hay distintos tipos.
Nosotros tenemos la posibilidad, apelando al activismo parlamentario y siguiendo la línea que mencionaban Alicia Castro y Jorge Taiana, de notificar a las compañías vía parlamentaria.
Es un honor para mí estar en esta comisión. Debiera estar aquí sentado Mariano Memolli, pero está defendiendo los intereses soberanos de la Antártida en Bulgaria, en el Instituto Antártico Búlgaro.
Mientras hacían uso de la palabra Alicia Castro y Jorge Taiana, recordaba todo lo que trabajó Mariano en la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos, conocido por sus siglas como RAPAL, un espacio estratégico para aunar fuerzas a nivel patria grande y CELAC para respaldar nuestros derechos soberanos en la Antártida, ya que esta es una proyección hacia la Antártida.
Para tratar de complementar y encontrar soluciones a lo que preguntaba la diputada, quería decir que estamos ante un acto propio internacional del Estado argentino. Entramos en lo que sería una confluencia de nuestra problemática del derecho interno con el derecho internacional. Hay jurisprudencia y distintas visiones de lo que se entiende como un acto propio de derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia lo denomina estoppel, y hay distintos tipos.
Nosotros tenemos la posibilidad, apelando al activismo parlamentario y siguiendo la línea que mencionaban Alicia Castro y Jorge Taiana, de notificar a las compañías vía parlamentaria.
SRA. CASTRO Perdón, no es vía parlamentaria sino vía diplomática.
SR. SOTO Gracias por la aclaración.
Estuve investigando. Tenemos un régimen fuertemente presidencialista. Supongamos que, como parlamentarios, queremos defender este interés soberano. El bloque opositor, FPV-PJ, políticamente, sin arrogarse la representación del Estado argentino, podría advertir que se está violando la Constitución Nacional, la ley 26.659 y su modificatoria, la 26.915. Creo que de ese modo, ante un juicio en el Tribunal Arbitral, agregaríamos una herramienta de defensa.
Por supuesto, el andamiaje jurídico internacional de las corporaciones data de la Segunda Guerra Mundial, de la década del 50, del 60, y nosotros vivimos demandados ante el CIADI ─justamente esa es la idea de la privatización de los años 90.
Es cierto que también tenemos tratados bilaterales de inversión recíproca suscriptos con el Reino Unido; ya nos demandaron por el problema de Suez. Es decir que esto no sería nuevo para ellos.
No sé si tenemos tratado bilateral con Noruega, pero, al haber capitales británicos, los capitales británicos de Equinor podrían también demandarnos.
Si vamos el día de mañana al tribunal del CIADI, nuestra defensa eventualmente ─si cambiamos de Gobierno el 10 de diciembre─ podría sostener que fueron advertidos por los representantes del pueblo argentino pertenecientes al bloque opositor en la Cámara de Diputados.
¿Por qué la Cámara de Diputados es importante? Porque el pueblo argentino es el titular de los recursos naturales, con una interpretación complementaria de la disposición transitoria, por los derechos económicos, sociales y culturales que tienen jerarquía constitucional.
Somos los titulares de los hidrocarburos que se están explotando en las tres cuencas licitadas en las Islas Malvinas y que se giran al exterior.
Básicamente, creo que podríamos buscar la vía más decorosa para no quedar desprolijos a nivel internacional. Esto sería una novedad. Uno trata de dificultar y desalentar que nos demanden nuevamente ante el CIADI, porque lo más probable es que el tema se judicialice, y el derecho contencioso administrativo en la Argentina, lamentablemente, es muy engorroso.
Tal vez tenía razón el compañero Daniel Filmus cuando decía que la vía penal también prevé medidas precautorias. En el proceso penal uno puede suspender la ejecución del delito.
Para desalentar a las empresas ─muy bien contaban las experiencias de cuando notificaban a los accionistas, a los bancos intermediarios, a los financistas─, el bloque opositor ─que claramente puede ganar en las urnas y, a partir del 10 de diciembre, recuperar el Poder Ejecutivo y la Cancillería─, podría advertir de esta flagrante violación, porque está también la teoría de riesgo empresarial.
Esto incrementa su aventura de riesgo empresarial y sería más difícil de defenderlos en un tribunal arbitral.
Felicitaciones de la Multisectorial de la Soberanía Argentina. (Aplausos.)
Estuve investigando. Tenemos un régimen fuertemente presidencialista. Supongamos que, como parlamentarios, queremos defender este interés soberano. El bloque opositor, FPV-PJ, políticamente, sin arrogarse la representación del Estado argentino, podría advertir que se está violando la Constitución Nacional, la ley 26.659 y su modificatoria, la 26.915. Creo que de ese modo, ante un juicio en el Tribunal Arbitral, agregaríamos una herramienta de defensa.
Por supuesto, el andamiaje jurídico internacional de las corporaciones data de la Segunda Guerra Mundial, de la década del 50, del 60, y nosotros vivimos demandados ante el CIADI ─justamente esa es la idea de la privatización de los años 90.
Es cierto que también tenemos tratados bilaterales de inversión recíproca suscriptos con el Reino Unido; ya nos demandaron por el problema de Suez. Es decir que esto no sería nuevo para ellos.
No sé si tenemos tratado bilateral con Noruega, pero, al haber capitales británicos, los capitales británicos de Equinor podrían también demandarnos.
Si vamos el día de mañana al tribunal del CIADI, nuestra defensa eventualmente ─si cambiamos de Gobierno el 10 de diciembre─ podría sostener que fueron advertidos por los representantes del pueblo argentino pertenecientes al bloque opositor en la Cámara de Diputados.
¿Por qué la Cámara de Diputados es importante? Porque el pueblo argentino es el titular de los recursos naturales, con una interpretación complementaria de la disposición transitoria, por los derechos económicos, sociales y culturales que tienen jerarquía constitucional.
Somos los titulares de los hidrocarburos que se están explotando en las tres cuencas licitadas en las Islas Malvinas y que se giran al exterior.
Básicamente, creo que podríamos buscar la vía más decorosa para no quedar desprolijos a nivel internacional. Esto sería una novedad. Uno trata de dificultar y desalentar que nos demanden nuevamente ante el CIADI, porque lo más probable es que el tema se judicialice, y el derecho contencioso administrativo en la Argentina, lamentablemente, es muy engorroso.
Tal vez tenía razón el compañero Daniel Filmus cuando decía que la vía penal también prevé medidas precautorias. En el proceso penal uno puede suspender la ejecución del delito.
Para desalentar a las empresas ─muy bien contaban las experiencias de cuando notificaban a los accionistas, a los bancos intermediarios, a los financistas─, el bloque opositor ─que claramente puede ganar en las urnas y, a partir del 10 de diciembre, recuperar el Poder Ejecutivo y la Cancillería─, podría advertir de esta flagrante violación, porque está también la teoría de riesgo empresarial.
Esto incrementa su aventura de riesgo empresarial y sería más difícil de defenderlos en un tribunal arbitral.
Felicitaciones de la Multisectorial de la Soberanía Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Tiene la palabra el licenciado Guillermo Rossi.
SR. ROSSI Señor presidente: quiero agradecer la gentil invitación que me hizo llegar.
Me tocan muy de cerca estos temas que estamos discutiendo porque de los 39 años de carrera diplomática, 17 trabajé en el tema de Malvinas, primero en el gabinete del canciller durante la guerra y luego quince años como subdirector general de Malvinas, siete años de ellos a las órdenes del doctor Taiana, como habrán apreciado.
Fui uno de los redactores de la resolución 407 y uno de los impulsores de la denuncia de la declaración costa afuera que concretó el propio presidente Néstor Kirchner desde Casa de Gobierno el 27 de marzo 2007.
Las exposiciones que me han precedido han sido verdaderamente brillantes y solamente quedarían algunas poquitas cosas como para unir lo que se dijo. Efectivamente, como dijo el doctor, vamos a terminar en el CIADI, porque es la forma que encontró este gobierno para, justamente, proceder, como dijo la ex embajadora Castro, a cumplir con el compromiso asumido el 13 de septiembre de 2016. Como no se pudo reformar o anular la ley 26.659 por las vías normales, o sea por el Congreso, entonces se lo hace aviesamente utilizando una norma impuesta en la reforma de 1994, por la cual los tratados tienen preeminencia sobre las leyes nacionales y, por lo tanto, vamos, como dijo el doctor Díaz y como acaba de decir el doctor Soto, a terminar en el CIADI con esto indefectiblemente.
Obviamente, como ustedes advertirán, la respuesta a esto no está en los detalles jurídicos, porque con eso nos vamos a enredar y podemos estar ocho años discutiendo. Esto es producto de una decisión política. Cualquier país serio que se precie de tal no toma decisiones que tienen que ver con la defensa de su propio territorio apresuradamente.
En este caso hablamos de tres millones de kilómetros cuadrados ocupados ilegítimamente por el Reino Unido, no solamente con una base militar -podemos discutir si son bases o instalaciones-; estamos hablando de seis instalaciones, que son, la base militar conocida de Monte Agradable, la base naval de Puerto Agradable, tres radares, el más poderoso en Monte Kent, y la sexta instalación es la base de lanzamiento de misiles que está en Puerto Argentino.
Esto es una decisión política. Ustedes ven, por ejemplo, en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China que, por supuesto, las decisiones después toman, o tratan de tomar, forma jurídica, pero no hace falta ser muy especialista para darse cuenta de que las medidas que toman uno u otro país nada tienen que ver con el estatuto de la OMC, porque violan el principio de la nación más favorecida, el principio de la discriminación, etcétera.
Esto es una decisión política y lo que está mal acá es la decisión política y además no lo digo yo. Extrañamente, increíblemente, esto lo dice Mercopress.
Ustedes saben que el MercoPress es la agencia de noticias no oficial de las islas, si bien está manejada por el servicio secreto uruguayo, desde Montevideo. Acá parece que nunca nadie se enteró de nada y funciona desde hace treinta años.
El propio MercoPress dice que la cuenca Malvinas sudeste es lindera de la zona económica exclusiva de Malvinas y se ha transformado en una zona de gran significancia geopolítica y de seguridad, que la Resolución 65 no tiene en cuenta. No lo digo yo; no lo dicen ustedes: lo dicen ellos. O sea que con esto creo que ha terminado la discusión.
Quiero aprovechar para llamar la atención sobre otros peligros. Ustedes me dirán que ya con todo esto es suficiente para sacarle el sueño a cualquiera, pero tengo una lista de peligros inminentes sobre la posición argentina en la disputa de soberanía.
En este sentido, uno siempre discute sobre petróleo -como ha pasado acá-, sobre los vuelos, sobre la pesca, etcétera, y no estoy diciendo que no tengan importancia estos temas. Considero que el problema no es de importancia sino de prioridad, porque de esas cosas se va y se vuelve. Lo digo porque lo hemos hecho.
El 3 de noviembre de 2003 anulamos los vuelos chárter a las islas. El 6 de diciembre de 2005 suspendimos la declaración conjunta sobre pesca. Tal como acabo de mencionar, el 27 de marzo de 2007 le denunciamos directamente la declaración sobre explotaciones costa afuera. O sea que de esto se va y se vuelve.
El problema de la cuestión Malvinas es que le exige al Estado argentino -como a cualquier otro Estado que tenga una disputa semejante- coherencia, y acá el doctor Soto acaba de hablar del estoppel, y es eso. Lo peor que nos puede suceder es contradecirnos. El peor enemigo de la Argentina, y de cualquier país -Noruega lo sabe bien por el caso que en 1926 le significó perder Groenlandia-, es el acto propio que lesiona nuestra propia posición.
Quiero ser práctico y llamar la atención, no porque los diputados no lo sepan, pues saben de los temas que voy a mencionar, pero nunca viene mal recordarlos para ver si se le puede poner finalmente un punto terminante.
Cabe precisar que apunto a estos temas porque, de tomarse posición en estas cuestiones, no se vuelve, y la cuestión Malvinas va a pasar a ser inmediatamente una cuestión histórica. Nos vamos a juntar acá a hablar de Malvinas y la semana siguiente nos vamos a juntar a hablar de la Campaña de los Andes o de la Guerra del Paraguay.
El primero y más peligroso de todos es el Acuerdo de Nueva York, realizado en 1995, sobre Convención Internacional sobre Especies Transzonales y Altamente Migratorias. En agosto de 2000, a través de una ley, el Congreso aprobó ese acuerdo. Muchas personas hemos trabajado durante diecinueve años para taponar la posibilidad de la ratificación, porque literalmente estamos a una firma de perder la cuestión Malvinas.
Esto no es sofisticado ni requiere un simposio de cuatro días ni reuniones ni nada. Lo único que requiere es que un tercer secretario de la Cancillería escriba una nota donde explicite que la Argentina adhiere al Acuerdo de Nueva York, la coloca en una carpeta, el chofer se lo lleva a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos para que firme el presidente y se terminó la cuestión Malvinas. Esto demora media hora y es así de fácil.
¿Por qué sucede esto? Porque el Acuerdo de Nueva York contiene el artículo 8°, que es el verdadero "huevo de la serpiente", que permite la constitución de una organización regional o de ordenamiento pesquero. Eso lleva automáticamente al reconocimiento del Reino Unido como Estado ribereño, no por nosotros sino por los otros países, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido. Esto es lo más grave que hay.
Ya sé que la semana pasada una legisladora patagónica presentó, creo que es el tercer proyecto, porque el primero lo presentamos con un grupo de gente el año pasado, después existe un segundo proyecto que impulsa Chubut y ahora creo que hay una iniciativa de una legisladora de Río Negro que presentó el tercero. En definitiva, es lo mismo, pero es urgente que se derogue esa ley. ¡Es urgente, porque estamos a una firma de perder la cuestión Malvinas!
Otro caso parecido -quizás de menor entidad pero que también hemos discutido en el Congreso el año pasado- es el caso del ICCAT, que es como la OROP, que controla la pesca del atún en el Océano Atlántico central. Existe el interés de una empresa argentina para que la Argentina ingrese a la ICCAT porque quiere capturar 300 toneladas. Es decir, para empezar, vamos a perder 3 millones de kilómetros cuadrados, con todo lo que eso significa, y después vamos a perder la salida hacia la Antártida. Reitero: por 300 toneladas de atún. Estamos en la misma situación y voy a explicar los motivos.
El Reino Unido forma parte de la ICCAT, no en representación propia del Reino Unido sino como potencia administradora del territorio de ultramar de Santa Elena y Ascensión.
Entonces, en cuanto la Argentina ingresa, el Reino Unido tarda diez minutos -porque están tomando un té- para sentarse y decir que ahora representa a las Islas Malvinas. En las Islas Malvinas no hay ni una foto del atún. No saben si el atún tiene tres aletas o cuatro ruedas, no lo saben, pero en el momento en que el Reino Unido dice eso, nosotros hacemos un reconocimiento implícito de las Islas Malvinas.
El tercer caso es un desprendimiento del terrible acuerdo Foradori Duncan, que es la catástrofe absoluta. Esto ocurrió el año pasado -en ocasión de una reunión preparatoria del G20-, con el Acuerdo de Cooperación Antártica. Yo no tengo ningún problema con la cooperación antártica con el Reino Unido siempre que sea al sur del paralelo de 60 grados, que es donde rige el artículo 4° del Tratado Antártico. Pero al Norte, que es el caso de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, están bajo el régimen de CCAMLR, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y ahí no hay artículo 4° ni escudo, solamente la fórmula de soberanía. Los redactores de este gobierno, mis colegas de la Cancillería, ni siquiera se han preocupado por incluirla, pues solo hay una mención.
No voy a defender la década del 90 pero por lo menos en las declaraciones conjuntas de esa época se ponía la fórmula de soberanía completa. Ahora se hace solamente una mención.
Tal como dijo la exembajadora Castro, nosotros no intervenimos. Yo negocié seis tratados durante quince años con los británicos así que sé cómo escriben. Estoy convencido, al igual que ella, de que ni siquiera intervenimos en la redacción. Uno lee el acuerdo Foradori Duncan y se da cuenta de que ningún argentino redactó eso. No se menciona en ningún documento en forma explícita la fórmula de soberanía que se acordó en 1989.
Entonces, vamos a terminar haciendo un reconocimiento implícito en las islas Georgias y Sandwich, porque además el Reino Unido viola el instituto de CCAMLR y hace actos unilaterales propios. No respeta el control internacional que impone CCAMLR.
Por último, quiero llamar la atención sobre dos temas que nacen de haber revivido la declaración de pesca, que se volvió a reunir desde mayo pasado. Lamentablemente, a pesar de todo lo que luchamos, el 6 de diciembre de 2005 solamente se suspendió la declaración. No se denunció como la de petróleo, solamente se suspendió. Entonces, en mayo de 2018 se reunió de nuevo la comisión de pesca.
Y ahí, olvídenlo -es como el cartel de la obra de Dante Alighieri-, olviden cualquier interés por la ecología, la especie y todo eso. Eso, por supuesto, no existe. Ustedes saben que las ONG están todas, o casi todas, controladas por WWF, cuyo presidente, aunque sea honorario, es el príncipe Felipe de Edimburgo, así que estamos fregados, como dicen los mexicanos.
Ahí hay dos temas que les interesan al Reino Unido y que figuran permanentemente desde el año 1989, en todos los acuerdos que firma la Argentina con el Reino Unido. El primero es el acuerdo para altamar, que es el acuerdo de Nueva York de formación de la OROP y, en segundo lugar el acuerdo para patrullar. ¿Saben cuál es el acuerdo para patrullar? Es una invención extraordinaria. Estuvieron 15 minutos preocupados pensando los británicos cómo hacían. Ya lo rechazamos como cuatro veces. Yo mismo la rechacé, no estoy hablando de un invento. Lo que ellos quieren es que de la supuesta línea de las 200 millas hacia el oeste de las Islas Malvinas hacia la Patagonia, ellos patrullen por adentro de su zona y nosotros patrullemos por afuera. Eso implica reconocimiento implícito de un límite que no existe, que, por supuesto, no está reconocido, pero no solamente reconocido por Naciones Unidos, ni siquiera está reconocido por nadie, ni por la Argentina ni por nadie. Entendamos eso.
Estos son los peligros inmediatos que existen, más allá del petróleo. Yo creo que este tema lamentablemente en gran medida ya está jugado, mal jugado, por supuesto, pero está jugado, porque nos tienen atrapados en un sándwich con el tema del CIADI.
Además, quiero hacerle una sugerencia al Congreso, no solamente a la Comisión de Energía y Combustibles sino también a la Comisión de Relaciones Exteriores: no se molesten en convocar al canciller, ni al jefe de Gabinete, ni al presidente. No vale la pena, es un esfuerzo inútil. El Congreso tiene que convocar, que yo sepa nunca jamás lo convocaron, al verdadero ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de este gobierno, que es el señor Fulvio Pompeo; con él es con quien tienen que hablar. Así, por lo menos se van a enterar de cosas que los demás no se enteran. (Aplausos.)
Me tocan muy de cerca estos temas que estamos discutiendo porque de los 39 años de carrera diplomática, 17 trabajé en el tema de Malvinas, primero en el gabinete del canciller durante la guerra y luego quince años como subdirector general de Malvinas, siete años de ellos a las órdenes del doctor Taiana, como habrán apreciado.
Fui uno de los redactores de la resolución 407 y uno de los impulsores de la denuncia de la declaración costa afuera que concretó el propio presidente Néstor Kirchner desde Casa de Gobierno el 27 de marzo 2007.
Las exposiciones que me han precedido han sido verdaderamente brillantes y solamente quedarían algunas poquitas cosas como para unir lo que se dijo. Efectivamente, como dijo el doctor, vamos a terminar en el CIADI, porque es la forma que encontró este gobierno para, justamente, proceder, como dijo la ex embajadora Castro, a cumplir con el compromiso asumido el 13 de septiembre de 2016. Como no se pudo reformar o anular la ley 26.659 por las vías normales, o sea por el Congreso, entonces se lo hace aviesamente utilizando una norma impuesta en la reforma de 1994, por la cual los tratados tienen preeminencia sobre las leyes nacionales y, por lo tanto, vamos, como dijo el doctor Díaz y como acaba de decir el doctor Soto, a terminar en el CIADI con esto indefectiblemente.
Obviamente, como ustedes advertirán, la respuesta a esto no está en los detalles jurídicos, porque con eso nos vamos a enredar y podemos estar ocho años discutiendo. Esto es producto de una decisión política. Cualquier país serio que se precie de tal no toma decisiones que tienen que ver con la defensa de su propio territorio apresuradamente.
En este caso hablamos de tres millones de kilómetros cuadrados ocupados ilegítimamente por el Reino Unido, no solamente con una base militar -podemos discutir si son bases o instalaciones-; estamos hablando de seis instalaciones, que son, la base militar conocida de Monte Agradable, la base naval de Puerto Agradable, tres radares, el más poderoso en Monte Kent, y la sexta instalación es la base de lanzamiento de misiles que está en Puerto Argentino.
Esto es una decisión política. Ustedes ven, por ejemplo, en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China que, por supuesto, las decisiones después toman, o tratan de tomar, forma jurídica, pero no hace falta ser muy especialista para darse cuenta de que las medidas que toman uno u otro país nada tienen que ver con el estatuto de la OMC, porque violan el principio de la nación más favorecida, el principio de la discriminación, etcétera.
Esto es una decisión política y lo que está mal acá es la decisión política y además no lo digo yo. Extrañamente, increíblemente, esto lo dice Mercopress.
Ustedes saben que el MercoPress es la agencia de noticias no oficial de las islas, si bien está manejada por el servicio secreto uruguayo, desde Montevideo. Acá parece que nunca nadie se enteró de nada y funciona desde hace treinta años.
El propio MercoPress dice que la cuenca Malvinas sudeste es lindera de la zona económica exclusiva de Malvinas y se ha transformado en una zona de gran significancia geopolítica y de seguridad, que la Resolución 65 no tiene en cuenta. No lo digo yo; no lo dicen ustedes: lo dicen ellos. O sea que con esto creo que ha terminado la discusión.
Quiero aprovechar para llamar la atención sobre otros peligros. Ustedes me dirán que ya con todo esto es suficiente para sacarle el sueño a cualquiera, pero tengo una lista de peligros inminentes sobre la posición argentina en la disputa de soberanía.
En este sentido, uno siempre discute sobre petróleo -como ha pasado acá-, sobre los vuelos, sobre la pesca, etcétera, y no estoy diciendo que no tengan importancia estos temas. Considero que el problema no es de importancia sino de prioridad, porque de esas cosas se va y se vuelve. Lo digo porque lo hemos hecho.
El 3 de noviembre de 2003 anulamos los vuelos chárter a las islas. El 6 de diciembre de 2005 suspendimos la declaración conjunta sobre pesca. Tal como acabo de mencionar, el 27 de marzo de 2007 le denunciamos directamente la declaración sobre explotaciones costa afuera. O sea que de esto se va y se vuelve.
El problema de la cuestión Malvinas es que le exige al Estado argentino -como a cualquier otro Estado que tenga una disputa semejante- coherencia, y acá el doctor Soto acaba de hablar del estoppel, y es eso. Lo peor que nos puede suceder es contradecirnos. El peor enemigo de la Argentina, y de cualquier país -Noruega lo sabe bien por el caso que en 1926 le significó perder Groenlandia-, es el acto propio que lesiona nuestra propia posición.
Quiero ser práctico y llamar la atención, no porque los diputados no lo sepan, pues saben de los temas que voy a mencionar, pero nunca viene mal recordarlos para ver si se le puede poner finalmente un punto terminante.
Cabe precisar que apunto a estos temas porque, de tomarse posición en estas cuestiones, no se vuelve, y la cuestión Malvinas va a pasar a ser inmediatamente una cuestión histórica. Nos vamos a juntar acá a hablar de Malvinas y la semana siguiente nos vamos a juntar a hablar de la Campaña de los Andes o de la Guerra del Paraguay.
El primero y más peligroso de todos es el Acuerdo de Nueva York, realizado en 1995, sobre Convención Internacional sobre Especies Transzonales y Altamente Migratorias. En agosto de 2000, a través de una ley, el Congreso aprobó ese acuerdo. Muchas personas hemos trabajado durante diecinueve años para taponar la posibilidad de la ratificación, porque literalmente estamos a una firma de perder la cuestión Malvinas.
Esto no es sofisticado ni requiere un simposio de cuatro días ni reuniones ni nada. Lo único que requiere es que un tercer secretario de la Cancillería escriba una nota donde explicite que la Argentina adhiere al Acuerdo de Nueva York, la coloca en una carpeta, el chofer se lo lleva a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos para que firme el presidente y se terminó la cuestión Malvinas. Esto demora media hora y es así de fácil.
¿Por qué sucede esto? Porque el Acuerdo de Nueva York contiene el artículo 8°, que es el verdadero "huevo de la serpiente", que permite la constitución de una organización regional o de ordenamiento pesquero. Eso lleva automáticamente al reconocimiento del Reino Unido como Estado ribereño, no por nosotros sino por los otros países, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido. Esto es lo más grave que hay.
Ya sé que la semana pasada una legisladora patagónica presentó, creo que es el tercer proyecto, porque el primero lo presentamos con un grupo de gente el año pasado, después existe un segundo proyecto que impulsa Chubut y ahora creo que hay una iniciativa de una legisladora de Río Negro que presentó el tercero. En definitiva, es lo mismo, pero es urgente que se derogue esa ley. ¡Es urgente, porque estamos a una firma de perder la cuestión Malvinas!
Otro caso parecido -quizás de menor entidad pero que también hemos discutido en el Congreso el año pasado- es el caso del ICCAT, que es como la OROP, que controla la pesca del atún en el Océano Atlántico central. Existe el interés de una empresa argentina para que la Argentina ingrese a la ICCAT porque quiere capturar 300 toneladas. Es decir, para empezar, vamos a perder 3 millones de kilómetros cuadrados, con todo lo que eso significa, y después vamos a perder la salida hacia la Antártida. Reitero: por 300 toneladas de atún. Estamos en la misma situación y voy a explicar los motivos.
El Reino Unido forma parte de la ICCAT, no en representación propia del Reino Unido sino como potencia administradora del territorio de ultramar de Santa Elena y Ascensión.
Entonces, en cuanto la Argentina ingresa, el Reino Unido tarda diez minutos -porque están tomando un té- para sentarse y decir que ahora representa a las Islas Malvinas. En las Islas Malvinas no hay ni una foto del atún. No saben si el atún tiene tres aletas o cuatro ruedas, no lo saben, pero en el momento en que el Reino Unido dice eso, nosotros hacemos un reconocimiento implícito de las Islas Malvinas.
El tercer caso es un desprendimiento del terrible acuerdo Foradori Duncan, que es la catástrofe absoluta. Esto ocurrió el año pasado -en ocasión de una reunión preparatoria del G20-, con el Acuerdo de Cooperación Antártica. Yo no tengo ningún problema con la cooperación antártica con el Reino Unido siempre que sea al sur del paralelo de 60 grados, que es donde rige el artículo 4° del Tratado Antártico. Pero al Norte, que es el caso de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, están bajo el régimen de CCAMLR, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y ahí no hay artículo 4° ni escudo, solamente la fórmula de soberanía. Los redactores de este gobierno, mis colegas de la Cancillería, ni siquiera se han preocupado por incluirla, pues solo hay una mención.
No voy a defender la década del 90 pero por lo menos en las declaraciones conjuntas de esa época se ponía la fórmula de soberanía completa. Ahora se hace solamente una mención.
Tal como dijo la exembajadora Castro, nosotros no intervenimos. Yo negocié seis tratados durante quince años con los británicos así que sé cómo escriben. Estoy convencido, al igual que ella, de que ni siquiera intervenimos en la redacción. Uno lee el acuerdo Foradori Duncan y se da cuenta de que ningún argentino redactó eso. No se menciona en ningún documento en forma explícita la fórmula de soberanía que se acordó en 1989.
Entonces, vamos a terminar haciendo un reconocimiento implícito en las islas Georgias y Sandwich, porque además el Reino Unido viola el instituto de CCAMLR y hace actos unilaterales propios. No respeta el control internacional que impone CCAMLR.
Por último, quiero llamar la atención sobre dos temas que nacen de haber revivido la declaración de pesca, que se volvió a reunir desde mayo pasado. Lamentablemente, a pesar de todo lo que luchamos, el 6 de diciembre de 2005 solamente se suspendió la declaración. No se denunció como la de petróleo, solamente se suspendió. Entonces, en mayo de 2018 se reunió de nuevo la comisión de pesca.
Y ahí, olvídenlo -es como el cartel de la obra de Dante Alighieri-, olviden cualquier interés por la ecología, la especie y todo eso. Eso, por supuesto, no existe. Ustedes saben que las ONG están todas, o casi todas, controladas por WWF, cuyo presidente, aunque sea honorario, es el príncipe Felipe de Edimburgo, así que estamos fregados, como dicen los mexicanos.
Ahí hay dos temas que les interesan al Reino Unido y que figuran permanentemente desde el año 1989, en todos los acuerdos que firma la Argentina con el Reino Unido. El primero es el acuerdo para altamar, que es el acuerdo de Nueva York de formación de la OROP y, en segundo lugar el acuerdo para patrullar. ¿Saben cuál es el acuerdo para patrullar? Es una invención extraordinaria. Estuvieron 15 minutos preocupados pensando los británicos cómo hacían. Ya lo rechazamos como cuatro veces. Yo mismo la rechacé, no estoy hablando de un invento. Lo que ellos quieren es que de la supuesta línea de las 200 millas hacia el oeste de las Islas Malvinas hacia la Patagonia, ellos patrullen por adentro de su zona y nosotros patrullemos por afuera. Eso implica reconocimiento implícito de un límite que no existe, que, por supuesto, no está reconocido, pero no solamente reconocido por Naciones Unidos, ni siquiera está reconocido por nadie, ni por la Argentina ni por nadie. Entendamos eso.
Estos son los peligros inmediatos que existen, más allá del petróleo. Yo creo que este tema lamentablemente en gran medida ya está jugado, mal jugado, por supuesto, pero está jugado, porque nos tienen atrapados en un sándwich con el tema del CIADI.
Además, quiero hacerle una sugerencia al Congreso, no solamente a la Comisión de Energía y Combustibles sino también a la Comisión de Relaciones Exteriores: no se molesten en convocar al canciller, ni al jefe de Gabinete, ni al presidente. No vale la pena, es un esfuerzo inútil. El Congreso tiene que convocar, que yo sepa nunca jamás lo convocaron, al verdadero ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de este gobierno, que es el señor Fulvio Pompeo; con él es con quien tienen que hablar. Así, por lo menos se van a enterar de cosas que los demás no se enteran. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Tiene la palabra el señor Sergio Novarin, por los veteranos de guerra de Malvinas.
SR. NOVARIN Señor presidente: quiero agradecer que esta comisión permita expresarse a la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina; veintiún provincias unidas, la Carpa Verde, cuyo presidente Gómez acá está, y la federación nacional, todos unidos en la comisión nacional, dependiente del Ministerio del Interior.
La cuestión es cómo llegamos acá. ¿Cuál fue el recorrido para hoy estar acá discutiendo esto? Ya había indicios de qué política de Estado iba a hacer este gobierno con la causa de Malvinas, los mapas sin Malvinas, en el discurso del presidente ante el Congreso no estaba Malvinas, y ¿saben qué? Nosotros hicimos algo muy bien. Cuando volvimos de Malvinas nos preguntábamos por qué estábamos vivos y nos pudimos organizar.
Ante tanta desmalvinización, empezamos a malvinizar en los jardines de infantes, en las escuelas primarias, en las secundarias y en las universidades. Hoy tenemos ciudadanos de 35 o 45 años que saben lo que es Malvinas, que saben lo que son los ingleses, porque tenemos la sabiduría de haber combatido con el inglés y sabemos de qué forma es diplomático. Combate de una forma, como criminal de guerra. Diplomáticamente piensan a 20 o 30 años y nosotros siempre estamos sobre los problemas. Ahora estamos tratando sobre un hecho consumado.
Nosotros ya presentamos tres demandas judiciales al embajador argentino en Inglaterra, al canciller y al presidente de la Nación por mal desempeño de funcionario público y por traición a la patria.
No caímos en la escuela pública, caímos en el juez Lijo, pero los tiempos de la política y de la Justicia cambian. Y no vamos a parar hasta que estos tipos estén presos. Vamos a seguir denunciando hasta que estén presos por la memoria de nuestros compañeros.
Pero después de esta malvinización que nosotros hicimos, hoy a cualquier pibito de jardín ustedes le preguntan qué son las Malvinas y dice "son argentinas". Y todo un pueblo sabe que las Malvinas son argentinas.
Para doblegar y poder hacer estos negociados espurios hay que cambiar esa mentalidad que nosotros durante 37 años le mostramos al pueblo. Le mostraron un inglés más amable, un inglés más bueno, y si bien fue un acto bueno, con buenas intenciones, como fue la identificación de las tumbas -derecho inallanable e inajenable de los familiares-, era una obligación del Estado inglés y del Estado argentino haber identificado a esos cuerpos y haberlos puesto en tumbas identificadas. No hicieron nada extraordinario los ingleses, cumplieron con el tratado de Ginebra.
La cuestión es cómo llegamos acá. ¿Cuál fue el recorrido para hoy estar acá discutiendo esto? Ya había indicios de qué política de Estado iba a hacer este gobierno con la causa de Malvinas, los mapas sin Malvinas, en el discurso del presidente ante el Congreso no estaba Malvinas, y ¿saben qué? Nosotros hicimos algo muy bien. Cuando volvimos de Malvinas nos preguntábamos por qué estábamos vivos y nos pudimos organizar.
Ante tanta desmalvinización, empezamos a malvinizar en los jardines de infantes, en las escuelas primarias, en las secundarias y en las universidades. Hoy tenemos ciudadanos de 35 o 45 años que saben lo que es Malvinas, que saben lo que son los ingleses, porque tenemos la sabiduría de haber combatido con el inglés y sabemos de qué forma es diplomático. Combate de una forma, como criminal de guerra. Diplomáticamente piensan a 20 o 30 años y nosotros siempre estamos sobre los problemas. Ahora estamos tratando sobre un hecho consumado.
Nosotros ya presentamos tres demandas judiciales al embajador argentino en Inglaterra, al canciller y al presidente de la Nación por mal desempeño de funcionario público y por traición a la patria.
No caímos en la escuela pública, caímos en el juez Lijo, pero los tiempos de la política y de la Justicia cambian. Y no vamos a parar hasta que estos tipos estén presos. Vamos a seguir denunciando hasta que estén presos por la memoria de nuestros compañeros.
Pero después de esta malvinización que nosotros hicimos, hoy a cualquier pibito de jardín ustedes le preguntan qué son las Malvinas y dice "son argentinas". Y todo un pueblo sabe que las Malvinas son argentinas.
Para doblegar y poder hacer estos negociados espurios hay que cambiar esa mentalidad que nosotros durante 37 años le mostramos al pueblo. Le mostraron un inglés más amable, un inglés más bueno, y si bien fue un acto bueno, con buenas intenciones, como fue la identificación de las tumbas -derecho inallanable e inajenable de los familiares-, era una obligación del Estado inglés y del Estado argentino haber identificado a esos cuerpos y haberlos puesto en tumbas identificadas. No hicieron nada extraordinario los ingleses, cumplieron con el tratado de Ginebra.
SR. ROSSI Al revés, lo violaron.
SR. NOVARIN Lo violaron, pero ahí aparece mágicamente el coronel Geoffrey Cardozo, que el 23 de mayo de 2018 fue homenajeado en esta Cámara de Diputados.
SR. ROSSI Una vergüenza, porque él fue el que desenterró y volvió a enterrar.
SR. NOVARÍN ¿Saben qué entregó el soldado Maciel a los familiares, como pertenencia? La medalla identificatoria que teníamos todos los soldados, y este pibe -este héroe- tenía el documento militar. Éramos soldados pero nos daban un documento militar en esa época. Por eso digo que los ingleses, piensan a 20 años cuando hacen algo.
Ellos sabían que en algún momento iban a tener un gobierno al que iban a poder doblegar y conseguir lo que quieren: nuestros recursos y nuestras Malvinas. Es más, lo quisieron nombrar para premio Nobel de la paz a Geoffrey Cardozo, criminal de guerra. Y, ¿por qué? El 2 de mayo de 1982 hunden el Belgrano fuera del área de exclusión. El 9 de mayo hunden al Norwal, barco civil pesquero. Cuando los marinos estaban en el agua, en las balsas, fueron ametrallados por los ingleses. También hubo fusilamiento de soldados argentinos una vez tomados prisioneros por los propios ingleses. Diplomáticamente son unos señores, pero en la guerra son unos criminales de guerra. Nunca hay que olvidar eso. Los ingleses deben pedir perdón, cien años de perdón por tomar nuestras Malvinas, por matar a nuestros soldados, por traición.
Voy a decir algo más, todos los recursos y riquezas naturales de la Argentina están puestos en garantía en esta deuda externa que todos sabemos que el año que viene va a ser imposible pagar.
Sin dejar de pensar en que el sábado pasado se cumplieron 209 años de la Revolución de Mayo, donde esa Primera Junta firmó y juró que iba a gobernar para el rey ya depuesto, pero ya había un bichito de independencia que nos duró seis años, hasta el 9 de julio de 1816. Ahí está la verdadera brecha, donde había dos sectores, los cipayos, los apátridas, los que amaban el imperio, y los patriotas, los que querían una nación libre y soberana.
En octubre, cuando se produzcan las elecciones, ¿de qué lado de la vereda van a estar? ¿De los traidores, de los enemigos internos, o todos juntos atrás de esta bendita Patria? (Aplausos.)
Ellos sabían que en algún momento iban a tener un gobierno al que iban a poder doblegar y conseguir lo que quieren: nuestros recursos y nuestras Malvinas. Es más, lo quisieron nombrar para premio Nobel de la paz a Geoffrey Cardozo, criminal de guerra. Y, ¿por qué? El 2 de mayo de 1982 hunden el Belgrano fuera del área de exclusión. El 9 de mayo hunden al Norwal, barco civil pesquero. Cuando los marinos estaban en el agua, en las balsas, fueron ametrallados por los ingleses. También hubo fusilamiento de soldados argentinos una vez tomados prisioneros por los propios ingleses. Diplomáticamente son unos señores, pero en la guerra son unos criminales de guerra. Nunca hay que olvidar eso. Los ingleses deben pedir perdón, cien años de perdón por tomar nuestras Malvinas, por matar a nuestros soldados, por traición.
Voy a decir algo más, todos los recursos y riquezas naturales de la Argentina están puestos en garantía en esta deuda externa que todos sabemos que el año que viene va a ser imposible pagar.
Sin dejar de pensar en que el sábado pasado se cumplieron 209 años de la Revolución de Mayo, donde esa Primera Junta firmó y juró que iba a gobernar para el rey ya depuesto, pero ya había un bichito de independencia que nos duró seis años, hasta el 9 de julio de 1816. Ahí está la verdadera brecha, donde había dos sectores, los cipayos, los apátridas, los que amaban el imperio, y los patriotas, los que querían una nación libre y soberana.
En octubre, cuando se produzcan las elecciones, ¿de qué lado de la vereda van a estar? ¿De los traidores, de los enemigos internos, o todos juntos atrás de esta bendita Patria? (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Tiene la palabra el señor Gómez, veterano de guerra.
SR. GÓMEZ Señor presidente: ¿qué puedo agregar a la expresión de mi camarada excombatiente de Malvinas? Para muchos jóvenes, nosotros somos los que combatimos al imperio con el cuerpo, con la sangre y con el abandono sistemático del Estado nacional por la gran hipocresía política.
Yo iba a hablar técnicamente de un estudio, como lo expresó el doctor, pues compartimos geopolíticamente todo lo expresado en esta comisión. Lo que vemos es que en ningún momento los gobiernos democráticos que accedieron después de la batalla de Malvinas aplicaron la ley del Gaucho Rivero.
En segundo lugar, muchas veces nos jactamos de defender la soberanía y la pregunta es qué significa la soberanía. Es lamentable que, vuelta la democracia, nosotros hayamos tenido que -desde nuestras organizaciones- juntar orín para que los señores legisladores, representantes de nuestro pueblo, asumieran en qué condiciones volvieron los excombatientes de Malvinas.
Por eso, ¡basta de hipocresía política! No por nosotros, por nuestros nietos y las futuras generaciones, pues va a ser muy difícil que puedan encontrar representantes honestos que realmente sean defensores de la causa nacional y popular, en tanto y en cuanto la Argentina se maneje con una Justicia corrupta, servicios de inteligencia, y después vengan los señores legisladores y gobiernos temporales.
Lamentablemente, qué se puede decir más que lo dicho geopolíticamente por el general Rossi. Qué lástima que cuando se fue el gobierno anterior, Malvinas era geopolíticamente el último paradigma latinoamericano. Hoy Malvinas es la moneda de cambio para satisfacer los intereses imperiales, que entregan muchos señores argentinos que ostentan el poder, a costa de la sangre de nuestros camaradas caídos en Malvinas, a costa de las futuras generaciones.
Entonces, sabemos de sobra que es difícil, pero también sabemos que esto no se arregla con una Justicia corrupta sino codo a codo, argentino con argentino, "malvinizando", reivindicando la causa, pero no lo bélico, porque las guerras no sirven para nada.
Hace un tiempo, en Almirante Brown, tuve el honor de inaugurar el segundo monumento al "General Belgrano" y conocí a Héctor Elías Bonzo, capitán del crucero General Belgrano. Él decía en sus alocuciones que nosotros fuimos a Malvinas para vivir, no para morir. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta razón!
¿Saben cuántos de ustedes, los legisladores nacionales y provinciales, no saben la tasa de muertos que tenemos? Uno cada dos días. ¿Saben cuántos legisladores y funcionarios políticos temporales de turno usan el 2 de abril como una muestra de museo, nos desempolvan y después nos esconden? Hasta se dan el lujo y tienen el tupé de llamarnos "golpistas" en algunos lugares, por querer armar proyectos de "malvinización" en las escuelas. Nosotros estamos sorprendidos de la tremenda hipocresía política.
Por eso, aspiramos a que esta comisión prospere, que tenga el poder absoluto de comunicar a las futuras generaciones la entrega que se está realizando, pero no será un país justo si todos los que entregan la soberanía, los recursos naturales, no son juzgados en tiempo y forma.
Vamos a creer en este Congreso y en el próximo proyecto, venga el gobierno que venga, y vamos a seguir reclamando como el primer día que llegamos, derrotados en la Argentina y ocultados por la dictadura militar.
Yo tengo cáncer y quiero decir humildemente que lo único que les pedimos -por nuestros nietos- es que no deleguemos la bandera de soberanía. ¡Los muertos en Malvinas y los muertos en el Atlántico Sur nos dan el derecho indelegable de soberanía sobre las Islas Malvinas! (Aplausos.)
Yo iba a hablar técnicamente de un estudio, como lo expresó el doctor, pues compartimos geopolíticamente todo lo expresado en esta comisión. Lo que vemos es que en ningún momento los gobiernos democráticos que accedieron después de la batalla de Malvinas aplicaron la ley del Gaucho Rivero.
En segundo lugar, muchas veces nos jactamos de defender la soberanía y la pregunta es qué significa la soberanía. Es lamentable que, vuelta la democracia, nosotros hayamos tenido que -desde nuestras organizaciones- juntar orín para que los señores legisladores, representantes de nuestro pueblo, asumieran en qué condiciones volvieron los excombatientes de Malvinas.
Por eso, ¡basta de hipocresía política! No por nosotros, por nuestros nietos y las futuras generaciones, pues va a ser muy difícil que puedan encontrar representantes honestos que realmente sean defensores de la causa nacional y popular, en tanto y en cuanto la Argentina se maneje con una Justicia corrupta, servicios de inteligencia, y después vengan los señores legisladores y gobiernos temporales.
Lamentablemente, qué se puede decir más que lo dicho geopolíticamente por el general Rossi. Qué lástima que cuando se fue el gobierno anterior, Malvinas era geopolíticamente el último paradigma latinoamericano. Hoy Malvinas es la moneda de cambio para satisfacer los intereses imperiales, que entregan muchos señores argentinos que ostentan el poder, a costa de la sangre de nuestros camaradas caídos en Malvinas, a costa de las futuras generaciones.
Entonces, sabemos de sobra que es difícil, pero también sabemos que esto no se arregla con una Justicia corrupta sino codo a codo, argentino con argentino, "malvinizando", reivindicando la causa, pero no lo bélico, porque las guerras no sirven para nada.
Hace un tiempo, en Almirante Brown, tuve el honor de inaugurar el segundo monumento al "General Belgrano" y conocí a Héctor Elías Bonzo, capitán del crucero General Belgrano. Él decía en sus alocuciones que nosotros fuimos a Malvinas para vivir, no para morir. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta razón!
¿Saben cuántos de ustedes, los legisladores nacionales y provinciales, no saben la tasa de muertos que tenemos? Uno cada dos días. ¿Saben cuántos legisladores y funcionarios políticos temporales de turno usan el 2 de abril como una muestra de museo, nos desempolvan y después nos esconden? Hasta se dan el lujo y tienen el tupé de llamarnos "golpistas" en algunos lugares, por querer armar proyectos de "malvinización" en las escuelas. Nosotros estamos sorprendidos de la tremenda hipocresía política.
Por eso, aspiramos a que esta comisión prospere, que tenga el poder absoluto de comunicar a las futuras generaciones la entrega que se está realizando, pero no será un país justo si todos los que entregan la soberanía, los recursos naturales, no son juzgados en tiempo y forma.
Vamos a creer en este Congreso y en el próximo proyecto, venga el gobierno que venga, y vamos a seguir reclamando como el primer día que llegamos, derrotados en la Argentina y ocultados por la dictadura militar.
Yo tengo cáncer y quiero decir humildemente que lo único que les pedimos -por nuestros nietos- es que no deleguemos la bandera de soberanía. ¡Los muertos en Malvinas y los muertos en el Atlántico Sur nos dan el derecho indelegable de soberanía sobre las Islas Malvinas! (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Tiene la palabra el señor Fabián Brown.
SR. BROWN Señor presidente: muchas gracias por la invitación a la Comisión de Energía y Combustibles de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Vengo en representación de la Universidad Nacional de Lanús, que tiene la cuestión Malvinas como un elemento clave en la formación de sus estudiantes.
Por estos motivos, dentro de Planificación y Políticas Públicas, la cuestión Malvinas es fundamental para la formación de nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales. Malvinas es la mayor disputa territorial del planeta, la que mantiene la Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña, y no puede ser que nuestros estudiantes de cualquier universidad no conozcan este conflicto. Sin embargo, es poco conocido y estudiado en nuestro país.
En 1946, el general Perón, en una de sus primeras medidas de gobierno, lanza la Carta de Intención diciéndole al mundo el sector antártico que reclamamos. Entonces, la cuestión Malvinas deja de ser una disputa de soberanía por nuestras islas para pasar a ser una disputa de soberanía por el Atlántico Sur, en donde Malvinas es el elemento fundamental, articulador y el alma de ese espacio.
Tal como ha mencionado la exembajadora Alicia Castro, estamos hablando de cuantiosos recursos naturales que integran un espacio marítimo que une Sudamérica con el continente antártico. En definitiva, esto es lo que está en disputa.
Quisiera que veamos el mapa que estoy mostrando para ubicar todo en un contexto. La Argentina sufre una fragmentación social que se manifiesta en más del 30 por ciento de compatriotas en estado de pobreza. Esa situación de fragmentación social está indisolublemente vinculada a una fragmentación territorial.
La concentración en la región central del país hace que particularmente la Región Patagónica no haya podido tener el desarrollo humano deseable.
Nuestro litoral marítimo tiene escaso desarrollo humano, no tenemos industria pesquera ni empresas navieras que estén navegando el Atlántico Sur; estamos poco en nuestros mares. No tenemos obras de infraestructura portuaria para este desarrollo y tenemos un creciente proceso de extranjerización de tierras en la Patagonia.
Si miramos este mapa podemos ver un avance hacia el oeste -como bien expresaron anteriormente-, de parte de los ingleses, en una zona que es precaria y vulnerable por su escaso desarrollo humano. Esta es la situación geopolítica que presenta la Patagonia.
También queremos remarcar que en 1990 se crea la provincia de Tierra del Fuego, pero el ensamble jurídico de esta región es mucho más complejo. Acá no hemos visto las implicancias legales que tiene, tanto la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego como quienes son los depositarios de los recursos naturales, que es el pueblo, pero también en esencia lo son las provincias, por la reforma constitucional de 1994. Los contactos con la provincia de Tierra del Fuego nos manifiestan su creciente desencanto ante las medidas que se toman desde el Poder Ejecutivo, pasando por encima de las atribuciones provinciales que establece la Constitución Nacional.
La provincia de Tierra del Fuego ve cercenada su integridad territorial por el acuerdo de Madrid, que ha mencionado el ex canciller Jorge Taiana.
Aquí quiero poner énfasis en que los famosos subcomités de pesca de los que hemos hablado y los subcomités de hidrocarburos son los únicos ámbitos en los que la República Argentina puede hablar con los ingleses. Porque son los únicos temas de los que ellos aceptan hablar. Fuera de las cuestiones que ellos quieren hablar no hay forma de cooperación de nada. O hablamos de algo, como se ha manifestado reiteradamente acá, sobre lo que ellos nos escriben qué hay que decir o qué hay que opinar, o no se habla. Entonces, cada vez que generamos espacios de cooperación hablamos exclusivamente de intereses británicos puestos sobre la mesa.
En estas circunstancias, a esta situación geopolítica de debilidad, y de creciente debilidad en los últimos años, hay que agregarle que un país endeudado, como dice don Arturo Jauretche, es un país que pierde autonomía, pierde capacidad de decisión y nuestro endeudamiento está directamente relacionado a la pérdida de nuestros recursos naturales. Conjuntamente con estas decisiones de adjudicación de áreas a empresas británicas está la desinversión y el abandono de las áreas protegidas de pesca, otro golpe durísimo a nuestra soberanía en el Atlántico sur.
Al mismo tiempo, como señaló el ex canciller Taiana, estamos facilitando comunicaciones que le permiten conectar a Malvinas desde distintos lugares, especialmente, como dijeron acá, desde el puerto de Montevideo, desde donde se abastecen las islas y pasa a ser un núcleo fundamental de la articulación del Atlántico sur con Inglaterra.
Malvinas no solamente es una base militar, es parte de un sistema militar en el Atlántico Sur, que se une a la base de Tristán da Cunha y que se une a la base de Ascensión. En el Atlántico sur las bases militares son inglesas. Eso lo tenemos que tener en cuenta y comprender cuál es la situación militar que se vive en el Atlántico sur.
A esta situación estructural que mencionábamos de nuestra Patagonia, se le suma que la Argentina hace décadas viene desinvirtiendo en sus fuerzas armadas; y no solo hemos hecho eso sino que nos hemos ido de la Unasur, que era el marco de cooperación que nos garantizaba un apoyo y un encuadre en esta situación.
Para mostrar el contexto de todo lo que hemos hablado, quiero marcar la situación de precariedad en que se encuentra la Argentina con la Patagonia, que se encuentra en el Atlántico sur, y que está directamente vinculado a nuestros intereses en la Antártida.
Como dijeron los compañeros veteranos de guerra, esto no lo hacemos por nosotros sino por las generaciones que vienen. Se trata de los recursos en los que va a descansar la felicidad del pueblo argentino que, como pasó con el Potosí en su momento, con el modelo agroexportador, como pasó en reiterados períodos de la vida sudamericana, serán ser parte de la felicidad de nuestros pueblos o serán parte de la felicidad de otros pueblos, como fue en estos años donde el colonialismo fue la constante de la vida de los sudamericanos. (Aplausos.)
Vengo en representación de la Universidad Nacional de Lanús, que tiene la cuestión Malvinas como un elemento clave en la formación de sus estudiantes.
Por estos motivos, dentro de Planificación y Políticas Públicas, la cuestión Malvinas es fundamental para la formación de nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales. Malvinas es la mayor disputa territorial del planeta, la que mantiene la Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña, y no puede ser que nuestros estudiantes de cualquier universidad no conozcan este conflicto. Sin embargo, es poco conocido y estudiado en nuestro país.
En 1946, el general Perón, en una de sus primeras medidas de gobierno, lanza la Carta de Intención diciéndole al mundo el sector antártico que reclamamos. Entonces, la cuestión Malvinas deja de ser una disputa de soberanía por nuestras islas para pasar a ser una disputa de soberanía por el Atlántico Sur, en donde Malvinas es el elemento fundamental, articulador y el alma de ese espacio.
Tal como ha mencionado la exembajadora Alicia Castro, estamos hablando de cuantiosos recursos naturales que integran un espacio marítimo que une Sudamérica con el continente antártico. En definitiva, esto es lo que está en disputa.
Quisiera que veamos el mapa que estoy mostrando para ubicar todo en un contexto. La Argentina sufre una fragmentación social que se manifiesta en más del 30 por ciento de compatriotas en estado de pobreza. Esa situación de fragmentación social está indisolublemente vinculada a una fragmentación territorial.
La concentración en la región central del país hace que particularmente la Región Patagónica no haya podido tener el desarrollo humano deseable.
Nuestro litoral marítimo tiene escaso desarrollo humano, no tenemos industria pesquera ni empresas navieras que estén navegando el Atlántico Sur; estamos poco en nuestros mares. No tenemos obras de infraestructura portuaria para este desarrollo y tenemos un creciente proceso de extranjerización de tierras en la Patagonia.
Si miramos este mapa podemos ver un avance hacia el oeste -como bien expresaron anteriormente-, de parte de los ingleses, en una zona que es precaria y vulnerable por su escaso desarrollo humano. Esta es la situación geopolítica que presenta la Patagonia.
También queremos remarcar que en 1990 se crea la provincia de Tierra del Fuego, pero el ensamble jurídico de esta región es mucho más complejo. Acá no hemos visto las implicancias legales que tiene, tanto la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego como quienes son los depositarios de los recursos naturales, que es el pueblo, pero también en esencia lo son las provincias, por la reforma constitucional de 1994. Los contactos con la provincia de Tierra del Fuego nos manifiestan su creciente desencanto ante las medidas que se toman desde el Poder Ejecutivo, pasando por encima de las atribuciones provinciales que establece la Constitución Nacional.
La provincia de Tierra del Fuego ve cercenada su integridad territorial por el acuerdo de Madrid, que ha mencionado el ex canciller Jorge Taiana.
Aquí quiero poner énfasis en que los famosos subcomités de pesca de los que hemos hablado y los subcomités de hidrocarburos son los únicos ámbitos en los que la República Argentina puede hablar con los ingleses. Porque son los únicos temas de los que ellos aceptan hablar. Fuera de las cuestiones que ellos quieren hablar no hay forma de cooperación de nada. O hablamos de algo, como se ha manifestado reiteradamente acá, sobre lo que ellos nos escriben qué hay que decir o qué hay que opinar, o no se habla. Entonces, cada vez que generamos espacios de cooperación hablamos exclusivamente de intereses británicos puestos sobre la mesa.
En estas circunstancias, a esta situación geopolítica de debilidad, y de creciente debilidad en los últimos años, hay que agregarle que un país endeudado, como dice don Arturo Jauretche, es un país que pierde autonomía, pierde capacidad de decisión y nuestro endeudamiento está directamente relacionado a la pérdida de nuestros recursos naturales. Conjuntamente con estas decisiones de adjudicación de áreas a empresas británicas está la desinversión y el abandono de las áreas protegidas de pesca, otro golpe durísimo a nuestra soberanía en el Atlántico sur.
Al mismo tiempo, como señaló el ex canciller Taiana, estamos facilitando comunicaciones que le permiten conectar a Malvinas desde distintos lugares, especialmente, como dijeron acá, desde el puerto de Montevideo, desde donde se abastecen las islas y pasa a ser un núcleo fundamental de la articulación del Atlántico sur con Inglaterra.
Malvinas no solamente es una base militar, es parte de un sistema militar en el Atlántico Sur, que se une a la base de Tristán da Cunha y que se une a la base de Ascensión. En el Atlántico sur las bases militares son inglesas. Eso lo tenemos que tener en cuenta y comprender cuál es la situación militar que se vive en el Atlántico sur.
A esta situación estructural que mencionábamos de nuestra Patagonia, se le suma que la Argentina hace décadas viene desinvirtiendo en sus fuerzas armadas; y no solo hemos hecho eso sino que nos hemos ido de la Unasur, que era el marco de cooperación que nos garantizaba un apoyo y un encuadre en esta situación.
Para mostrar el contexto de todo lo que hemos hablado, quiero marcar la situación de precariedad en que se encuentra la Argentina con la Patagonia, que se encuentra en el Atlántico sur, y que está directamente vinculado a nuestros intereses en la Antártida.
Como dijeron los compañeros veteranos de guerra, esto no lo hacemos por nosotros sino por las generaciones que vienen. Se trata de los recursos en los que va a descansar la felicidad del pueblo argentino que, como pasó con el Potosí en su momento, con el modelo agroexportador, como pasó en reiterados períodos de la vida sudamericana, serán ser parte de la felicidad de nuestros pueblos o serán parte de la felicidad de otros pueblos, como fue en estos años donde el colonialismo fue la constante de la vida de los sudamericanos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MARTÍNEZ Damos por finalizada la reunión. No solamente vamos a tomar nota de todo lo que se ha expresado en esta reunión, vamos a socializar este trabajo absolutamente con todos los diputados de todos los bloques, no solamente los de la comisión de Energía y Combustibles. Seguramente habrá muchas más actividades para darle visibilidad, con la mayor celeridad posible, teniendo también como fecha importante el 1° de agosto.
Agradezco a todos y a cada uno de los que han estado presentes. Lamento y pido disculpas en nombre del Congreso por el hecho de no contar hoy uno de los temas sobre los que no tengo dudas de que a lo largo y ancho de la Argentina seguramente hay unanimidad de criterios, pero a veces en la dirigencia hay intereses ocultos que hacen que no estén sentados donde tienen que estar sentados, la caja de resonancia de los intereses argentinos. La soberanía de nuestro país es un problema que debería tenernos absolutamente a todos los diputados y diputadas sentados en este lugar. (Aplausos.)
Agradezco a todos y a cada uno de los que han estado presentes. Lamento y pido disculpas en nombre del Congreso por el hecho de no contar hoy uno de los temas sobre los que no tengo dudas de que a lo largo y ancho de la Argentina seguramente hay unanimidad de criterios, pero a veces en la dirigencia hay intereses ocultos que hacen que no estén sentados donde tienen que estar sentados, la caja de resonancia de los intereses argentinos. La soberanía de nuestro país es un problema que debería tenernos absolutamente a todos los diputados y diputadas sentados en este lugar. (Aplausos.)
- Es la hora 16 y 31.