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ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 131
Secretario Administrativo DRA. FERREIRO MARÍA CECILIA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2119 Internos 2119/18
ceycombust@hcdn.gob.ar
- ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Reunión del día 26/04/2012
- VARIOS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de abril de 2012, a la hora 10 y 14:
SRA. PRESIDENTA BERTONE Damos inicio a la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de ley en revisión por el cual se declara de utilidad pública y en proceso de expropiación el 51 por ciento del patrimonio de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., expediente
0029-s-2012.
Con los señores y señoras legisladores habíamos acordado que estaba permitido el ingreso de los asesores, por lo que pueden contar con eso.
Vamos a comenzar con el debate y esperamos que, al igual que en años anteriores, cuando me ha tocado presidir la Comisión de Energía y Combustibles, esto se haga con el máximo de los respetos y con ecuanimidad.
Voy a pedirle a la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que comience con la explicación del proyecto de ley que ha sido girado a Diputados.
Con los señores y señoras legisladores habíamos acordado que estaba permitido el ingreso de los asesores, por lo que pueden contar con eso.
Vamos a comenzar con el debate y esperamos que, al igual que en años anteriores, cuando me ha tocado presidir la Comisión de Energía y Combustibles, esto se haga con el máximo de los respetos y con ecuanimidad.
Voy a pedirle a la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que comience con la explicación del proyecto de ley que ha sido girado a Diputados.
SR. BURYAILE ¿Me permite, señora presidenta?
SRA. PRESIDENTA BERTONE Sí, señor diputado.
SR. BURYAILE Señora presidenta: la convocatoria a esta reunión de plenario fue hecha en relación con un mensaje del Poder Ejecutivo que no figura dentro de los expedientes ingresados en la Cámara.
Como secretario legislativo del Bloque de la UCR he planteado esta anomalía al presidente de la Cámara. Este es el primer punto que le quería plantear. Por lo tanto, hoy nos enteramos de que esta convocatoria se realiza sobre la base de un proyecto de ley.
El segundo punto tiene que ver con que nuevamente en Diputados no tenemos ningún funcionario que venga a explicarnos la iniciativa. La verdad que ello me hace sentir muy mal, porque pareciera que la Cámara de Diputados no tiene la misma relevancia que la de Senadores. Los que estamos sentados aquí tenemos el mismo derecho a preguntar y a tener las mismas dudas que han podido consultar los senadores.
Esta es la segunda vez consecutiva que pasa en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, quisiera saber si podremos contar con alguien para preguntar y evacuar las dudas que tenemos sobre el proyecto de ley.
Como secretario legislativo del Bloque de la UCR he planteado esta anomalía al presidente de la Cámara. Este es el primer punto que le quería plantear. Por lo tanto, hoy nos enteramos de que esta convocatoria se realiza sobre la base de un proyecto de ley.
El segundo punto tiene que ver con que nuevamente en Diputados no tenemos ningún funcionario que venga a explicarnos la iniciativa. La verdad que ello me hace sentir muy mal, porque pareciera que la Cámara de Diputados no tiene la misma relevancia que la de Senadores. Los que estamos sentados aquí tenemos el mismo derecho a preguntar y a tener las mismas dudas que han podido consultar los senadores.
Esta es la segunda vez consecutiva que pasa en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, quisiera saber si podremos contar con alguien para preguntar y evacuar las dudas que tenemos sobre el proyecto de ley.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Gracias, señor diputado.
Entendemos que hay una continuidad de los bloques del Senado y que el ministro De Vido y el viceministro Kicillof han explicitado debidamente el proyecto en el Senado.
Muchos diputados hemos concurrido a escuchar el debate de esta iniciativa, que se ha tratado y debatido en el día de ayer durante largas horas en el Senado, donde ha obtenido una abrumadora mayoría. Por lo tanto, me parece prudente que comencemos aquí la discusión de este tema.
Entendemos que hay una continuidad de los bloques del Senado y que el ministro De Vido y el viceministro Kicillof han explicitado debidamente el proyecto en el Senado.
Muchos diputados hemos concurrido a escuchar el debate de esta iniciativa, que se ha tratado y debatido en el día de ayer durante largas horas en el Senado, donde ha obtenido una abrumadora mayoría. Por lo tanto, me parece prudente que comencemos aquí la discusión de este tema.
SRA. FADUL Pido la palabra.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra la señora diputada Fadul.
SRA. FADUL Coincido con lo manifestado por el diputado de la Unión Cívica Radical. Teniendo en cuenta su respuesta, usted comentó que se trataría de una continuidad de los bloques de esta Cámara, pero quisiera aclarar que en mi caso el bloque del Partido Federal Fueguino no tiene representatividad en la Cámara de Senadores.
Entiendo y comparto lo expuesto por el señor diputado de la Unión Cívica Radical en cuanto a que tenemos el mismo derecho de escuchar a aquellos funcionarios que nos deberían ilustrar, sin ninguna duda, acerca de todas las cuestiones que queremos preguntar.
Por esa razón, apoyo la postura del diputado preopinante y espero que exista un acto de reflexión en este sentido, ya que un tema tan importante como este -nada más y nada menos que el tratamiento de esta cuestión- amerita la presencia de aquellos funcionarios a los que, como diputados nacionales electos, nos asiste el derecho de realizar preguntas. Gracias, señora presidenta.
Entiendo y comparto lo expuesto por el señor diputado de la Unión Cívica Radical en cuanto a que tenemos el mismo derecho de escuchar a aquellos funcionarios que nos deberían ilustrar, sin ninguna duda, acerca de todas las cuestiones que queremos preguntar.
Por esa razón, apoyo la postura del diputado preopinante y espero que exista un acto de reflexión en este sentido, ya que un tema tan importante como este -nada más y nada menos que el tratamiento de esta cuestión- amerita la presencia de aquellos funcionarios a los que, como diputados nacionales electos, nos asiste el derecho de realizar preguntas. Gracias, señora presidenta.
SR. RÍOS Pido la palabra.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Ríos.
SR. RÍOS Sólo quiero hacer una sugerencia a la Presidencia.
Si no avanzamos en el tratamiento del tema, no vamos a saber si hay dudas para aclarar. Podríamos presentarlo y luego, quien tenga alguna duda que la exprese, y tal vez pueda aclararse dentro del recinto.
Si no avanzamos en el tratamiento del tema, no vamos a saber si hay dudas para aclarar. Podríamos presentarlo y luego, quien tenga alguna duda que la exprese, y tal vez pueda aclararse dentro del recinto.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra la señora diputada Diana Conti.
SRA. CONTI Gracias, señora presidenta.
Mi presentación será muy técnica y descriptiva de la sanción del Senado que estamos considerando.
Todos sabemos que al proyecto del Poder Ejecutivo, en el Senado se le han hecho algunas modificaciones en función de que una nueva empresa también va a estar declarada de interés público y sujeta a expropiación. En principios se creyó que era una controlada de Repsol YPF, pero no lo es.
Por lo tanto, en el artículo 7 del proyecto se ha incluido un párrafo que dice: "Asimismo declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de Repsol YPF Gas S.A. representado por el 60 por ciento de las acciones clase A de dicha empresa perteneciente a Repsol Butano S.A, sus controlantes o controladas".
Con el solo sentido de incorporar este párrafo, se modificaron los artículos 11, 13, 14 y 15 del proyecto, agregando a Repsol YPF Gas S.A.
El proyecto de ley es corto, ya que consta de tres Títulos, dos de Capítulo Único y el último con tres Capítulos. El primer Título, Capítulo Único, lleva por título "De la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina" y es uno de los hitos más importantes, desde mi punto de vista, de lo que estamos haciendo: declarar de interés público nacional, como objetivo prioritario de la República Argentina, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización para asegurar el desarrollo y crecimiento de nuestro país con producción y empleo.
De eso se trata el primer Título a grandes líneas. La política hidrocarburífera va a estar regida y conducida por el Poder Ejecutivo nacional con el concurso de los estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional.
El Título II trata de la conformación del Consejo Federal de Hidrocarburos, que se dispone que esté integrado por los Ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria, por representantes de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá por función asegurar el cumplimiento de esa declaración de interés público y los objetivos prioritarios, conjuntamente con el Estado nacional.
El último Título consta de tres Capítulos. El primero se refiere a la expropiación de las empresas de las que ya estamos todos en conocimiento. Se trata del 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D de esa empresa, que pertenecen a Repsol YPF S.A., sus controladas y controlantes y también la declaración de utilidad pública y expropiación de Repsol YPF Gas S.A., como lo referí anteriormente.
La ley fija que de esas acciones, corresponderá un 51 por ciento al Estado nacional y un 49 por ciento solamente a las provincias que forman parte de la OFEPHI. Promueve, fija y establece la sindicalización de acciones por cincuenta años. Reemplaza el directorio de la empresa por directores representantes del Estado nacional y de las provincias que mencionaba e incluye un representante director por los trabajadores.
Además, fija una pauta primordial consistente en que la transferencia futura de estas acciones sólo podrá ser hecha si se cuenta con el voto de los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras de este Congreso; establece que la expropiación va a ser regida por la ley 21.499, siendo el Tribunal de Tasaciones quien fijará el precio razonable y justo a indemnizar.
El Capítulo II del Título III se refiere a la continuidad operativa de la empresa y fija la decisión de nombrar un interventor hasta que el Poder Ejecutivo nacional asuma el control total de la empresa.
El Capítulo III se refiere a la continuidad jurídica y la gestión de YPF Sociedad Anónima. Establece que la empresa seguirá siendo una sociedad anónima abierta, regida por el derecho privado.
Entonces, la base normativa de la declaración de utilidad y expropiación está dada por el artículo 17 de la Constitución Nacional, por el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a contrario sensu, por el artículo 2.511 y concordantes del Código Civil y por la ley 21.499.
Como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales pretendo que el debate jurídico de la constitucionalidad del proyecto de ley en consideración se encuadre en ese marco.
Mi presentación será muy técnica y descriptiva de la sanción del Senado que estamos considerando.
Todos sabemos que al proyecto del Poder Ejecutivo, en el Senado se le han hecho algunas modificaciones en función de que una nueva empresa también va a estar declarada de interés público y sujeta a expropiación. En principios se creyó que era una controlada de Repsol YPF, pero no lo es.
Por lo tanto, en el artículo 7 del proyecto se ha incluido un párrafo que dice: "Asimismo declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de Repsol YPF Gas S.A. representado por el 60 por ciento de las acciones clase A de dicha empresa perteneciente a Repsol Butano S.A, sus controlantes o controladas".
Con el solo sentido de incorporar este párrafo, se modificaron los artículos 11, 13, 14 y 15 del proyecto, agregando a Repsol YPF Gas S.A.
El proyecto de ley es corto, ya que consta de tres Títulos, dos de Capítulo Único y el último con tres Capítulos. El primer Título, Capítulo Único, lleva por título "De la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina" y es uno de los hitos más importantes, desde mi punto de vista, de lo que estamos haciendo: declarar de interés público nacional, como objetivo prioritario de la República Argentina, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización para asegurar el desarrollo y crecimiento de nuestro país con producción y empleo.
De eso se trata el primer Título a grandes líneas. La política hidrocarburífera va a estar regida y conducida por el Poder Ejecutivo nacional con el concurso de los estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional.
El Título II trata de la conformación del Consejo Federal de Hidrocarburos, que se dispone que esté integrado por los Ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria, por representantes de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá por función asegurar el cumplimiento de esa declaración de interés público y los objetivos prioritarios, conjuntamente con el Estado nacional.
El último Título consta de tres Capítulos. El primero se refiere a la expropiación de las empresas de las que ya estamos todos en conocimiento. Se trata del 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D de esa empresa, que pertenecen a Repsol YPF S.A., sus controladas y controlantes y también la declaración de utilidad pública y expropiación de Repsol YPF Gas S.A., como lo referí anteriormente.
La ley fija que de esas acciones, corresponderá un 51 por ciento al Estado nacional y un 49 por ciento solamente a las provincias que forman parte de la OFEPHI. Promueve, fija y establece la sindicalización de acciones por cincuenta años. Reemplaza el directorio de la empresa por directores representantes del Estado nacional y de las provincias que mencionaba e incluye un representante director por los trabajadores.
Además, fija una pauta primordial consistente en que la transferencia futura de estas acciones sólo podrá ser hecha si se cuenta con el voto de los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras de este Congreso; establece que la expropiación va a ser regida por la ley 21.499, siendo el Tribunal de Tasaciones quien fijará el precio razonable y justo a indemnizar.
El Capítulo II del Título III se refiere a la continuidad operativa de la empresa y fija la decisión de nombrar un interventor hasta que el Poder Ejecutivo nacional asuma el control total de la empresa.
El Capítulo III se refiere a la continuidad jurídica y la gestión de YPF Sociedad Anónima. Establece que la empresa seguirá siendo una sociedad anónima abierta, regida por el derecho privado.
Entonces, la base normativa de la declaración de utilidad y expropiación está dada por el artículo 17 de la Constitución Nacional, por el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a contrario sensu, por el artículo 2.511 y concordantes del Código Civil y por la ley 21.499.
Como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales pretendo que el debate jurídico de la constitucionalidad del proyecto de ley en consideración se encuadre en ese marco.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Roberti.
SR. ROBERTI Señora presidenta: mi intervención estará basada en tres disquisiciones.
La primera tiene que ver específicamente con el proyecto de ley. Creo que la declaración de interés público y el objetivo prioritario del logro del autoabastecimiento de hidrocarburos nos está diciendo dos cosas. En primer término, que efectivamente estamos teniendo un problema muy serio que debemos admitir como tal, buscando la respectiva solución. Pienso que esto, como después veremos, no representa la solución de toda la situación petrolera o hidrocarburífera que tenemos, pero sí es un avance para poner el problema en el centro de la escena. Desde ese punto de vista, me parece que tanto el artículo 1° como el 2° y el 3° van en la misma dirección.
Creo que la posibilidad de buscar un mayor salto de producción y de que tengamos un horizonte de reservas hidrocarburíferas óptimo para lo que es la Argentina -que, como se ha dicho y todos sabemos, no es un país petrolero, sino un país con petróleo, lo que a mi juicio constituye una diferencia sustantiva- es algo muy importante.
Quiero hacer alusión al artículo 7° del proyecto de ley, referente a la expropiación y en el que se establecen los porcentajes correspondientes. En ese sentido, deseo establecer una fuerte presencia, particularmente en nombre de las provincias. Si bien es cierto que represento a la provincia de Buenos Aires, por mi actividad sindical -soy dirigente del gremio petrolero- no puedo dejar de reconocer lo que significa la representación de las provincias petroleras. En 1994 la Constitución Nacional otorgó a las provincias la potestad sobre el suelo. Paulatinamente los gobernadores de las provincias y éstas últimas fueron perdiendo esa posibilidad, esa ratificación, esa fuerza, ese derecho y, finalmente, esa autoridad de negociación frente al poder dominante.
Esto lo digo con conocimiento de causa, porque la verdad es que ver negociar a los gobernadores en una situación de debilidad frente a apropiadores o dirigentes españoles de Repsol francamente me daba vergüenza ajena.
Yo creo que esta ratificación viene a poner las cosas en su lugar. Las provincias son dueñas del suelo y deben tener la complementación necesaria en la participación o en el reparto de las acciones, tal como está previsto aquí.
Por lo tanto, también creo que es absolutamente necesaria esta disquisición de que sobre la mitad hablemos de las mitades del Estado nacional y de las provincias de la OFEPHI.
Aquí también quiero hablar del organismo que se va a crear en relación con la energía, el Consejo Federal de Hidrocarburos. A mí me hubiese gustado que hablemos en conjunto de las posibilidades de todas las provincias. Por allí escuché que decían al estilo del fondo sojero.
En primer lugar, en mi provincia de Buenos Aires se comercializa el 56 por ciento de los productos obtenidos, elaborados, comercializados, refinados y, además, se comercializa casi el 90 por ciento del gas licuado proveniente de las destilaciones. Asimismo, están todos los productos líquidos, oleoductos, gasoductos, etcétera.
Considero que eso corresponde a una dinámica federal que deben discutir y plantear los gobernadores. Aspiro a que el gobernador de mi provincia también lo pueda plantear en el seno que corresponda, para que se pueda discutir a nivel -si es necesario- de la coparticipación o de un nuevo elemento que sirva como para poner el acento en una política de regalías o de coparticipaciones locales y que, además, hablemos de valor agregado.
Quizás la provincia de Buenos Aires pueda tener, en primer lugar, su agencia provincial de energía y combustibles como para poder empezar a poner el acento en ella.
No me parece que tenga que ser el motivo por el cual nosotros no debamos mirar positivamente este proyecto, si es que está hablando efectivamente de la OFEPHI. Está muy bien que así sea, ya que entiendo que es en función de las provincias petroleras y que ese es el contenido del proyecto.
Por otra parte, quiero hablar de la situación -con relación al proyecto en sí mismo- de la empresa española y de YPF. Porque por allí venimos escuchando que hay una suerte de política de Estado que pareciera que España pontifica a la Argentina y que vuelve otra vez con trajes colonizadores al país.
Siento una profunda vergüenza por esta situación. Creo que las cosas planteadas no deben ser así. Me parece que ha habido una profunda desnaturalización efectuada por la empresa española, una vez que adquirió a la empresa YPF. Creo que más que una desnaturalización, ha habido una desinversión que, como he dicho reiteradamente en los medios de comunicación, no se trató de desinversión sino de inversión cero.
Porque el compromiso de la empresa era producir en función de un contrato y distribuirlo en determinadas temporadas. La verdad es que el resultado nos indica que la compra de la compañía fue de 13.500 millones de dólares y la empresa los amortizó en siete años, y en los años siguientes repartió utilidades por 8.400 millones de dólares.
Si esto no es vaciamiento, se aproxima bastante porque entre medio nos quedamos nosotros con situaciones de contratos interrumpidos, con trabajadores en las casas cobrando la mitad del sueldo, con los gobernadores reclamando regalías y con la cuestión social medio ambiental y de suelo no remedada.
Entonces, yo pregunto: ¿sirve utilizar en nombre de la política de los Estados o de los protocolos de los Estados llevar adelante o justificar una actitud de esta naturaleza?
Considero que en todos los casos se trató de una actitud torpe y que tuvo que ver con el vaciamiento que finalmente se concretó; hay que decirlo.
También tengo que decir que desde el punto de vista de mi condición, el petróleo no tiene ideología, sino que reconoce eficiencia empresarial o no.
Este proyecto de ley, puntualmente, busca -además de declarar la soberanía y priorizar la posibilidad de que nos autoabastezcamos- sancionar la actitud de la compañía, que debió haber venido a cumplir pautas y metas de producción y de productividad plena y que, en cambio, se dedicó a vaciar la principal empresa petrolera del país.
Si el petróleo no tiene ideología y se reconoce la eficiencia empresarial -por ello estamos sancionando a esta empresa-, lo que hay que buscar -y me parece que aquí están los puntos de partida- es que YPF, una sociedad anónima con cotización en la bolsa, que va a retener esa categoría, tenga la capacidad de asociarse para marchar junto con lo que son los éxitos comprobados en el petróleo y con empresas petroleras comprobadas.
En el petróleo hay un escenario inmodificable que Repsol, por su propia condición, modificó. El escenario es que en el petróleo se negocia por volumen, tiempo y espacio. Se trata de un negocio multimillonario de ganancias importantes en el tiempo y en proyección; no es un negocio financiero especulativo y de ordenamiento bancario, tal cual es la procedencia y condición de Repsol; eso hizo que haya convalidado esto que ha sido un negocio de carácter financiero.
Por eso digo que este proyecto habilitará también el ingreso de compañías petroleras probadas que le den un carácter de posibilidad de asociación, que compongan el flujo de dinero y la inyección de capitales necesarios para desarrollar no sólo los yacimientos productivos o maduros, sino que además pueda tener valor agregado en la refinación y en la comercialización.
¿Cómo puede ser que en una semana los argentinos hayamos visto que se ha provisto de normalidad a los surtidores en la venta de gas oil y la provisión de nafta súper? ¿Por qué? Porque mágicamente a alguien se le ocurrió que había que tomar el fuel oil -que estaba escondido, planchado o guardado- para que con él pudiéramos hacer los productos pesados o, como decían los españoles, aquellos que iban a pérdida; así empezamos a recuperar el 5 por ciento de la producción en la refinería más importante de América del Sur, que es la de la ciudad de La Plata.
¿Es casualidad? Creo que se trata de un proceso de absoluto vaciamiento -reitero- y me parece que es lo que hay que corregir.
Finalmente, volviendo a la ideología y al reconocimiento de la eficiencia, creo que en línea con eso tiene que haber una mirada en esa dirección que atraviese todas nuestras posiciones partidocráticas o de bloques. Está en juego la necesidad de recuperar el aliento a la producción en un valor estratégico esencial, como es el petróleo, fundamentalmente el gas, cuyas reservas se han acotado drásticamente y tenemos que continuar atendiendo las necesidades de las industrias y de la población.
En línea con eso, considero que es absolutamente necesario apoyar este proyecto, y lo digo desde mi condición de integrante de un bloque que acaba de dictar libertad de acción, para que quede claro y todos nos pongamos de acuerdo, porque a mí tampoco me gusta que me operen por los diarios.
Soy dirigente peronista y quiero hacerme cargo de este proyecto, que ha hecho un gobierno peronista, porque como tal reconozco que le hace bien a la industria, y hablo en nombre de ella, que no reconoce empresarios ni dirigentes gremiales. Creo que es un valor agregado y una figura que dará importancia a la industria del petróleo y del gas en la Argentina.
Por lo tanto, creo que el proyecto debe ser apoyado y mi voto en el dictamen será en esa dirección. Muchas gracias. (Aplausos.)
La primera tiene que ver específicamente con el proyecto de ley. Creo que la declaración de interés público y el objetivo prioritario del logro del autoabastecimiento de hidrocarburos nos está diciendo dos cosas. En primer término, que efectivamente estamos teniendo un problema muy serio que debemos admitir como tal, buscando la respectiva solución. Pienso que esto, como después veremos, no representa la solución de toda la situación petrolera o hidrocarburífera que tenemos, pero sí es un avance para poner el problema en el centro de la escena. Desde ese punto de vista, me parece que tanto el artículo 1° como el 2° y el 3° van en la misma dirección.
Creo que la posibilidad de buscar un mayor salto de producción y de que tengamos un horizonte de reservas hidrocarburíferas óptimo para lo que es la Argentina -que, como se ha dicho y todos sabemos, no es un país petrolero, sino un país con petróleo, lo que a mi juicio constituye una diferencia sustantiva- es algo muy importante.
Quiero hacer alusión al artículo 7° del proyecto de ley, referente a la expropiación y en el que se establecen los porcentajes correspondientes. En ese sentido, deseo establecer una fuerte presencia, particularmente en nombre de las provincias. Si bien es cierto que represento a la provincia de Buenos Aires, por mi actividad sindical -soy dirigente del gremio petrolero- no puedo dejar de reconocer lo que significa la representación de las provincias petroleras. En 1994 la Constitución Nacional otorgó a las provincias la potestad sobre el suelo. Paulatinamente los gobernadores de las provincias y éstas últimas fueron perdiendo esa posibilidad, esa ratificación, esa fuerza, ese derecho y, finalmente, esa autoridad de negociación frente al poder dominante.
Esto lo digo con conocimiento de causa, porque la verdad es que ver negociar a los gobernadores en una situación de debilidad frente a apropiadores o dirigentes españoles de Repsol francamente me daba vergüenza ajena.
Yo creo que esta ratificación viene a poner las cosas en su lugar. Las provincias son dueñas del suelo y deben tener la complementación necesaria en la participación o en el reparto de las acciones, tal como está previsto aquí.
Por lo tanto, también creo que es absolutamente necesaria esta disquisición de que sobre la mitad hablemos de las mitades del Estado nacional y de las provincias de la OFEPHI.
Aquí también quiero hablar del organismo que se va a crear en relación con la energía, el Consejo Federal de Hidrocarburos. A mí me hubiese gustado que hablemos en conjunto de las posibilidades de todas las provincias. Por allí escuché que decían al estilo del fondo sojero.
En primer lugar, en mi provincia de Buenos Aires se comercializa el 56 por ciento de los productos obtenidos, elaborados, comercializados, refinados y, además, se comercializa casi el 90 por ciento del gas licuado proveniente de las destilaciones. Asimismo, están todos los productos líquidos, oleoductos, gasoductos, etcétera.
Considero que eso corresponde a una dinámica federal que deben discutir y plantear los gobernadores. Aspiro a que el gobernador de mi provincia también lo pueda plantear en el seno que corresponda, para que se pueda discutir a nivel -si es necesario- de la coparticipación o de un nuevo elemento que sirva como para poner el acento en una política de regalías o de coparticipaciones locales y que, además, hablemos de valor agregado.
Quizás la provincia de Buenos Aires pueda tener, en primer lugar, su agencia provincial de energía y combustibles como para poder empezar a poner el acento en ella.
No me parece que tenga que ser el motivo por el cual nosotros no debamos mirar positivamente este proyecto, si es que está hablando efectivamente de la OFEPHI. Está muy bien que así sea, ya que entiendo que es en función de las provincias petroleras y que ese es el contenido del proyecto.
Por otra parte, quiero hablar de la situación -con relación al proyecto en sí mismo- de la empresa española y de YPF. Porque por allí venimos escuchando que hay una suerte de política de Estado que pareciera que España pontifica a la Argentina y que vuelve otra vez con trajes colonizadores al país.
Siento una profunda vergüenza por esta situación. Creo que las cosas planteadas no deben ser así. Me parece que ha habido una profunda desnaturalización efectuada por la empresa española, una vez que adquirió a la empresa YPF. Creo que más que una desnaturalización, ha habido una desinversión que, como he dicho reiteradamente en los medios de comunicación, no se trató de desinversión sino de inversión cero.
Porque el compromiso de la empresa era producir en función de un contrato y distribuirlo en determinadas temporadas. La verdad es que el resultado nos indica que la compra de la compañía fue de 13.500 millones de dólares y la empresa los amortizó en siete años, y en los años siguientes repartió utilidades por 8.400 millones de dólares.
Si esto no es vaciamiento, se aproxima bastante porque entre medio nos quedamos nosotros con situaciones de contratos interrumpidos, con trabajadores en las casas cobrando la mitad del sueldo, con los gobernadores reclamando regalías y con la cuestión social medio ambiental y de suelo no remedada.
Entonces, yo pregunto: ¿sirve utilizar en nombre de la política de los Estados o de los protocolos de los Estados llevar adelante o justificar una actitud de esta naturaleza?
Considero que en todos los casos se trató de una actitud torpe y que tuvo que ver con el vaciamiento que finalmente se concretó; hay que decirlo.
También tengo que decir que desde el punto de vista de mi condición, el petróleo no tiene ideología, sino que reconoce eficiencia empresarial o no.
Este proyecto de ley, puntualmente, busca -además de declarar la soberanía y priorizar la posibilidad de que nos autoabastezcamos- sancionar la actitud de la compañía, que debió haber venido a cumplir pautas y metas de producción y de productividad plena y que, en cambio, se dedicó a vaciar la principal empresa petrolera del país.
Si el petróleo no tiene ideología y se reconoce la eficiencia empresarial -por ello estamos sancionando a esta empresa-, lo que hay que buscar -y me parece que aquí están los puntos de partida- es que YPF, una sociedad anónima con cotización en la bolsa, que va a retener esa categoría, tenga la capacidad de asociarse para marchar junto con lo que son los éxitos comprobados en el petróleo y con empresas petroleras comprobadas.
En el petróleo hay un escenario inmodificable que Repsol, por su propia condición, modificó. El escenario es que en el petróleo se negocia por volumen, tiempo y espacio. Se trata de un negocio multimillonario de ganancias importantes en el tiempo y en proyección; no es un negocio financiero especulativo y de ordenamiento bancario, tal cual es la procedencia y condición de Repsol; eso hizo que haya convalidado esto que ha sido un negocio de carácter financiero.
Por eso digo que este proyecto habilitará también el ingreso de compañías petroleras probadas que le den un carácter de posibilidad de asociación, que compongan el flujo de dinero y la inyección de capitales necesarios para desarrollar no sólo los yacimientos productivos o maduros, sino que además pueda tener valor agregado en la refinación y en la comercialización.
¿Cómo puede ser que en una semana los argentinos hayamos visto que se ha provisto de normalidad a los surtidores en la venta de gas oil y la provisión de nafta súper? ¿Por qué? Porque mágicamente a alguien se le ocurrió que había que tomar el fuel oil -que estaba escondido, planchado o guardado- para que con él pudiéramos hacer los productos pesados o, como decían los españoles, aquellos que iban a pérdida; así empezamos a recuperar el 5 por ciento de la producción en la refinería más importante de América del Sur, que es la de la ciudad de La Plata.
¿Es casualidad? Creo que se trata de un proceso de absoluto vaciamiento -reitero- y me parece que es lo que hay que corregir.
Finalmente, volviendo a la ideología y al reconocimiento de la eficiencia, creo que en línea con eso tiene que haber una mirada en esa dirección que atraviese todas nuestras posiciones partidocráticas o de bloques. Está en juego la necesidad de recuperar el aliento a la producción en un valor estratégico esencial, como es el petróleo, fundamentalmente el gas, cuyas reservas se han acotado drásticamente y tenemos que continuar atendiendo las necesidades de las industrias y de la población.
En línea con eso, considero que es absolutamente necesario apoyar este proyecto, y lo digo desde mi condición de integrante de un bloque que acaba de dictar libertad de acción, para que quede claro y todos nos pongamos de acuerdo, porque a mí tampoco me gusta que me operen por los diarios.
Soy dirigente peronista y quiero hacerme cargo de este proyecto, que ha hecho un gobierno peronista, porque como tal reconozco que le hace bien a la industria, y hablo en nombre de ella, que no reconoce empresarios ni dirigentes gremiales. Creo que es un valor agregado y una figura que dará importancia a la industria del petróleo y del gas en la Argentina.
Por lo tanto, creo que el proyecto debe ser apoyado y mi voto en el dictamen será en esa dirección. Muchas gracias. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Quiero aclarar que el señor diputado Alberto Roberti es vicepresidente primero de la Comisión de Energía y Combustibles.
Tiene la palabra el diputado Tonelli.
Tiene la palabra el diputado Tonelli.
SR. TONELLI Señora presidenta: el Interbloque del Pro va a votar en contra el proyecto de ley, porque considera que es, por un lado, innecesario; y, por el otro, ilegal. Voy a explicar por qué.
En primer lugar, es innecesario porque no está en debate absolutamente nada que tenga que ver con la soberanía. Nunca ha estado en juego ni en discusión la propiedad de los hidrocarburos o de las reservas energéticas del país. Está muy claro que las reservas de hidrocarburos y de gas pertenecen a las provincias, ya que el artículo 124 de la Constitución lo establece sin dejar ningún lugar a dudas.
De manera tal que el petróleo ha sido, es y seguirá siendo de las provincias, salvo que medie una reforma constitucional. Las empresas como YPF no son propietarias de los recursos, sino que obtienen concesiones para explotar esos recursos, que siguen perteneciendo a las provincias.
En consecuencia, si YPF no estaba produciendo de acuerdo con las condiciones bajo las cuales se le había otorgado la concesión, la solución era sencillísima y ya se había empezado a ejecutar. La solución era revocarle las concesiones, como ya algunas provincias habían empezado a hacer, y en todo caso adjudicar esas mismas concesiones a otras empresas para que las exploten de una manera debidamente productiva y regular.
Inclusive, si fuera cierto que lo que está en juego es la soberanía, la verdad es que la recuperación de soberanía que implica esta iniciativa es bien pobre y escasa. Hay dos tercios de la producción de hidrocarburos y de gas que está en manos de empresas distintas de YPF y respecto a las cuales este proyecto nada dispone y nada prevé.
Son empresas privadas que tienen concesiones en casi todas las provincias del país, merced a las cuales explotan reservas de hidrocarburo y de gas. De manera tal que, si efectivamente de lo que se tratara es de recuperar soberanía, es poco -insisto- lo que estaríamos recuperando porque de esas empresas que explotan dos tercios de la producción nada se ha dispuesto y nada se ha resuelto.
La verdad es que lo que el país necesita para solucionar el problema energético y llegar al autoabastecimiento de energía no es una expropiación ilegal, como esta que se está propiciando, sino una verdadera y real política energética que brinde el marco adecuado y necesario para las inversiones y para la producción y exploración que hacen falta para llegar al autoabastecimiento.
En ese sentido, nuestro Interbloque va a hacer una propuesta que voy a explicar en unos minutos.
También dije -y ahora voy a explicar- que este proyecto de ley es ilegal. En primer lugar, porque si fuera una expropiación lo que se dispone respecto de las acciones de YPF, habría que haberla indemnizado previamente, como disponen el artículo 17 de la Constitución Nacional y la ley de expropiaciones, la 21.499, varias veces citada en el proyecto de ley que estamos analizando. Se la cita, pero no se la cumple, porque si se la cumpliera, previamente a tomar posesión de la empresa habría que haberla indemnizado.
En segundo lugar, es ilegal la intervención que se ha dispuesto de la empresa mediante un decreto de necesidad y urgencia. Es absolutamente ilegal intervenir una sociedad comercial, una sociedad privada, mediante un decreto o ley. La única manera de intervenir una sociedad de acuerdo con las leyes que rigen en la Argentina es mediante una intervención dispuesta judicialmente. Es decir, la tiene que disponer un juez en el marco de una causa.
Aquí quiero destacar que para encontrar un antecedente de una sociedad intervenida por ley o por decreto hay que retrotraerse a Jorge Rafael Videla.
Fue el último presidente que intervino una sociedad por ley. Antes de él hay que retrotraerse a Juan Carlos Onganía. Estos son los antecedentes que hay en materia de intervención de sociedades por ley o por decreto. Insisto en que las sociedades no se pueden intervenir por ley o por decreto, sino solamente si así lo decide un juez.
Por otra parte, el proyecto de ley en consideración incurre en una notoria discriminación respecto de Repsol, porque sólo expropia acciones de esa empresa cuando hay otros grupos, como por ejemplo Petersen, que también son propietarios de acciones clase D, que son las que se expropian. De modo tal que resulta discriminatorio expropiar solamente las acciones de YPF.
Además, viola el acuerdo de garantía de inversiones que la Argentina y España han suscripto y que ha sido debidamente aprobado por una ley del Congreso.
Este proyecto de ley también implica una violación de nuestro sistema federal. Ello es así básicamente por dos razones. En primer término, porque se prevé pagar las acciones de Repsol que se expropian con dinero del Estado nacional, es decir, de todas las provincias. Pero de acuerdo con el proyecto de ley, sólo van a ser titulares de ese 49 por ciento de la parte que se expropia las provincias que son petroleras. Consecuentemente, el resto de ellas no recibirán acciones de Repsol-YPF, a pesar de que serán pagadas con dinero que les pertenece.
Pero lo más grave es que el federalismo se viola, porque a las provincias que sí tienen petróleo en sus territorios y otorgan concesiones para la explotación de ese recurso no se las va a dejar resolver el destino de la empresa, porque las acciones van a quedar sindicadas. El Estado nacional será el titular de ellas y el que va a adoptar decisiones con esas acciones.
De manera tal que las provincias que hoy en día tienen el poder de decidir qué hacen o no con las concesiones, a quién y cómo se las otorgan y si hacen una explotación pública, privada o mixta, se les va a restar esa capacidad porque el Estado nacional va a ser el que decidirá por ellas. Es decir que hay una clara afectación del federalismo.
Por último, hay un tema que no es menor en relación con la ilegalidad de este proyecto de ley. En ese sentido quiero advertir acerca de las notorias incompatibilidades en que están incursos todos los funcionarios nacionales que han sido designados en la nueva sociedad para actuar como administradores de ella. De acuerdo con lo establecido en la ley 25.188, de ética pública, esta situación crea una incompatibilidad absoluta. El inciso a) del artículo 13 de esa norma legal establece lo siguiente: "Es incompatible dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o de cualquier forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".
Si nos remitimos a la ley 22.520, de ministerios, no existe la menor duda de que tanto el Ministerio de Infraestructura como el de Economía, cuyos funcionarios son los que han sido designados al frente de la intervención de la sociedad, tienen competencia directa en todo lo que tenga que ver con las concesiones y la producción de hidrocarburos, la fijación de precios y demás.
La consecuencia de esta incompatibilidad que afecta a los funcionarios que fueron designados al frente de la empresa está prevista en el artículo 17 de la ley de ética pública. Dicho artículo establece que los actos que realicen o dicten estos funcionarios en situación de incompatibilidad son nulos de nulidad absoluta.
Es decir, que todo lo que están haciendo los funcionarios nacionales designados al frente de Repsol YPF es nulo de nulidad absoluta. No hay chance de que sea saneado.
En este punto me parece importante advertir que, como dice el mismo artículo 17 de la ley de Ética: "Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios". De modo que todas aquellas empresas que celebren contratos con estos funcionarios que están ilegalmente en Repsol en una situación de ostensible incompatibilidad, no solo estarán firmando contratos que son nulos, sino que también estarán asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que ello genere.
Con esto se completa un cuadro bastante evidente de ilegalidad en el proyecto de ley que justifica más que sobradamente, a nuestro modo de ver, el voto en contra o el rechazo al proyecto de ley.
Para concluir quiero referirme a lo que vamos a proponer desde el Interbloque del Pro. Nosotros creemos, y ya lo dije antes, que lo que hace falta no es expropiar ni confiscar la empresa Repsol YPF, que es lo que se está haciendo, sino generar una política energética adecuada para solucionar el déficit que el país está teniendo en materia de abastecimiento de energía.
En ese sentido, en nuestro dictamen de minoría proponemos y propiciamos la sanción de otra ley, que hemos llamado "Ley de Garantía Federal y Autoabastecimiento de Hidrocarburos", que persigue la finalidad de garantizar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sus derechos al dominio originario de los recursos naturales existentes en los respectivos territorios y al ejercicio de todo poder no delegado al gobierno federal, de acuerdo con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional.
También tiene como objeto promover el desarrollo de mecanismos que garanticen la realización de las inversiones públicas y privadas necesarias para lograr el autoabastecimiento nacional en materia de hidrocarburos.
Para atender al autoabastecimiento, entendemos que el Estado nacional debe ejercer sus funciones respetando algunos principios básicos en materia de inversión. El primero es la estabilidad de los marcos jurídicos e impositivos que proponemos y que desde el momento del registro de los contratos se mantenga durante los siguientes diez años, como mínimo.
También propiciamos el respeto a los precios de mercado para los productos hidrocarburíferas, sin perjuicio, claro está, de las políticas redistributivas que se implementen desde el gobierno.
Propiciamos la estabilidad de las pautas establecidas en materia de regalías al momento del registro de los contratos y por el término de diez años.
Finalmente, propiciamos el estímulo y otorgamiento de facilidades impositivas para la exploración en la plataforma marítima argentina, que como todos sabemos, requiere de inversiones mucho más cuantiosas que las que hacen falta en el continente.
Para concretar estos propósitos proponemos en nuestro proyecto de ley que acompaña nuestro dictamen de minoría la creación de un Ente Federal de Hidrocarburos, que debería tener como principal función la de asistir, asesorar y coordinar -cuando corresponda- al Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ejercicio de sus respectivas facultades y competencias en esta materia, pero recordando siempre que el dominio originario de los recursos es de las provincias y que son ellas las que tienen derecho a resolver, en el marco de sus competencias, qué hacer con sus recursos.
De esta manera, y con los recaudos que están previstos en nuestro proyecto de ley, creemos que se podría alcanzar la solución que verdaderamente hace falta, que es simplemente establecer una política energética coherente, razonable y acorde con las circunstancias que hoy en el mundo imperan en materia de explotación y exploración de hidrocarburos.
Por supuesto insistimos en el rechazo al proyecto de ley que estamos analizando, que de ninguna manera resuelve estos problemas, sino que por el contrario genera otros que en algún momento, más pronto o más tarde, tendrán que ser pagados por todos los argentinos. (Aplausos.)
En primer lugar, es innecesario porque no está en debate absolutamente nada que tenga que ver con la soberanía. Nunca ha estado en juego ni en discusión la propiedad de los hidrocarburos o de las reservas energéticas del país. Está muy claro que las reservas de hidrocarburos y de gas pertenecen a las provincias, ya que el artículo 124 de la Constitución lo establece sin dejar ningún lugar a dudas.
De manera tal que el petróleo ha sido, es y seguirá siendo de las provincias, salvo que medie una reforma constitucional. Las empresas como YPF no son propietarias de los recursos, sino que obtienen concesiones para explotar esos recursos, que siguen perteneciendo a las provincias.
En consecuencia, si YPF no estaba produciendo de acuerdo con las condiciones bajo las cuales se le había otorgado la concesión, la solución era sencillísima y ya se había empezado a ejecutar. La solución era revocarle las concesiones, como ya algunas provincias habían empezado a hacer, y en todo caso adjudicar esas mismas concesiones a otras empresas para que las exploten de una manera debidamente productiva y regular.
Inclusive, si fuera cierto que lo que está en juego es la soberanía, la verdad es que la recuperación de soberanía que implica esta iniciativa es bien pobre y escasa. Hay dos tercios de la producción de hidrocarburos y de gas que está en manos de empresas distintas de YPF y respecto a las cuales este proyecto nada dispone y nada prevé.
Son empresas privadas que tienen concesiones en casi todas las provincias del país, merced a las cuales explotan reservas de hidrocarburo y de gas. De manera tal que, si efectivamente de lo que se tratara es de recuperar soberanía, es poco -insisto- lo que estaríamos recuperando porque de esas empresas que explotan dos tercios de la producción nada se ha dispuesto y nada se ha resuelto.
La verdad es que lo que el país necesita para solucionar el problema energético y llegar al autoabastecimiento de energía no es una expropiación ilegal, como esta que se está propiciando, sino una verdadera y real política energética que brinde el marco adecuado y necesario para las inversiones y para la producción y exploración que hacen falta para llegar al autoabastecimiento.
En ese sentido, nuestro Interbloque va a hacer una propuesta que voy a explicar en unos minutos.
También dije -y ahora voy a explicar- que este proyecto de ley es ilegal. En primer lugar, porque si fuera una expropiación lo que se dispone respecto de las acciones de YPF, habría que haberla indemnizado previamente, como disponen el artículo 17 de la Constitución Nacional y la ley de expropiaciones, la 21.499, varias veces citada en el proyecto de ley que estamos analizando. Se la cita, pero no se la cumple, porque si se la cumpliera, previamente a tomar posesión de la empresa habría que haberla indemnizado.
En segundo lugar, es ilegal la intervención que se ha dispuesto de la empresa mediante un decreto de necesidad y urgencia. Es absolutamente ilegal intervenir una sociedad comercial, una sociedad privada, mediante un decreto o ley. La única manera de intervenir una sociedad de acuerdo con las leyes que rigen en la Argentina es mediante una intervención dispuesta judicialmente. Es decir, la tiene que disponer un juez en el marco de una causa.
Aquí quiero destacar que para encontrar un antecedente de una sociedad intervenida por ley o por decreto hay que retrotraerse a Jorge Rafael Videla.
Fue el último presidente que intervino una sociedad por ley. Antes de él hay que retrotraerse a Juan Carlos Onganía. Estos son los antecedentes que hay en materia de intervención de sociedades por ley o por decreto. Insisto en que las sociedades no se pueden intervenir por ley o por decreto, sino solamente si así lo decide un juez.
Por otra parte, el proyecto de ley en consideración incurre en una notoria discriminación respecto de Repsol, porque sólo expropia acciones de esa empresa cuando hay otros grupos, como por ejemplo Petersen, que también son propietarios de acciones clase D, que son las que se expropian. De modo tal que resulta discriminatorio expropiar solamente las acciones de YPF.
Además, viola el acuerdo de garantía de inversiones que la Argentina y España han suscripto y que ha sido debidamente aprobado por una ley del Congreso.
Este proyecto de ley también implica una violación de nuestro sistema federal. Ello es así básicamente por dos razones. En primer término, porque se prevé pagar las acciones de Repsol que se expropian con dinero del Estado nacional, es decir, de todas las provincias. Pero de acuerdo con el proyecto de ley, sólo van a ser titulares de ese 49 por ciento de la parte que se expropia las provincias que son petroleras. Consecuentemente, el resto de ellas no recibirán acciones de Repsol-YPF, a pesar de que serán pagadas con dinero que les pertenece.
Pero lo más grave es que el federalismo se viola, porque a las provincias que sí tienen petróleo en sus territorios y otorgan concesiones para la explotación de ese recurso no se las va a dejar resolver el destino de la empresa, porque las acciones van a quedar sindicadas. El Estado nacional será el titular de ellas y el que va a adoptar decisiones con esas acciones.
De manera tal que las provincias que hoy en día tienen el poder de decidir qué hacen o no con las concesiones, a quién y cómo se las otorgan y si hacen una explotación pública, privada o mixta, se les va a restar esa capacidad porque el Estado nacional va a ser el que decidirá por ellas. Es decir que hay una clara afectación del federalismo.
Por último, hay un tema que no es menor en relación con la ilegalidad de este proyecto de ley. En ese sentido quiero advertir acerca de las notorias incompatibilidades en que están incursos todos los funcionarios nacionales que han sido designados en la nueva sociedad para actuar como administradores de ella. De acuerdo con lo establecido en la ley 25.188, de ética pública, esta situación crea una incompatibilidad absoluta. El inciso a) del artículo 13 de esa norma legal establece lo siguiente: "Es incompatible dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o de cualquier forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".
Si nos remitimos a la ley 22.520, de ministerios, no existe la menor duda de que tanto el Ministerio de Infraestructura como el de Economía, cuyos funcionarios son los que han sido designados al frente de la intervención de la sociedad, tienen competencia directa en todo lo que tenga que ver con las concesiones y la producción de hidrocarburos, la fijación de precios y demás.
La consecuencia de esta incompatibilidad que afecta a los funcionarios que fueron designados al frente de la empresa está prevista en el artículo 17 de la ley de ética pública. Dicho artículo establece que los actos que realicen o dicten estos funcionarios en situación de incompatibilidad son nulos de nulidad absoluta.
Es decir, que todo lo que están haciendo los funcionarios nacionales designados al frente de Repsol YPF es nulo de nulidad absoluta. No hay chance de que sea saneado.
En este punto me parece importante advertir que, como dice el mismo artículo 17 de la ley de Ética: "Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios". De modo que todas aquellas empresas que celebren contratos con estos funcionarios que están ilegalmente en Repsol en una situación de ostensible incompatibilidad, no solo estarán firmando contratos que son nulos, sino que también estarán asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que ello genere.
Con esto se completa un cuadro bastante evidente de ilegalidad en el proyecto de ley que justifica más que sobradamente, a nuestro modo de ver, el voto en contra o el rechazo al proyecto de ley.
Para concluir quiero referirme a lo que vamos a proponer desde el Interbloque del Pro. Nosotros creemos, y ya lo dije antes, que lo que hace falta no es expropiar ni confiscar la empresa Repsol YPF, que es lo que se está haciendo, sino generar una política energética adecuada para solucionar el déficit que el país está teniendo en materia de abastecimiento de energía.
En ese sentido, en nuestro dictamen de minoría proponemos y propiciamos la sanción de otra ley, que hemos llamado "Ley de Garantía Federal y Autoabastecimiento de Hidrocarburos", que persigue la finalidad de garantizar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sus derechos al dominio originario de los recursos naturales existentes en los respectivos territorios y al ejercicio de todo poder no delegado al gobierno federal, de acuerdo con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional.
También tiene como objeto promover el desarrollo de mecanismos que garanticen la realización de las inversiones públicas y privadas necesarias para lograr el autoabastecimiento nacional en materia de hidrocarburos.
Para atender al autoabastecimiento, entendemos que el Estado nacional debe ejercer sus funciones respetando algunos principios básicos en materia de inversión. El primero es la estabilidad de los marcos jurídicos e impositivos que proponemos y que desde el momento del registro de los contratos se mantenga durante los siguientes diez años, como mínimo.
También propiciamos el respeto a los precios de mercado para los productos hidrocarburíferas, sin perjuicio, claro está, de las políticas redistributivas que se implementen desde el gobierno.
Propiciamos la estabilidad de las pautas establecidas en materia de regalías al momento del registro de los contratos y por el término de diez años.
Finalmente, propiciamos el estímulo y otorgamiento de facilidades impositivas para la exploración en la plataforma marítima argentina, que como todos sabemos, requiere de inversiones mucho más cuantiosas que las que hacen falta en el continente.
Para concretar estos propósitos proponemos en nuestro proyecto de ley que acompaña nuestro dictamen de minoría la creación de un Ente Federal de Hidrocarburos, que debería tener como principal función la de asistir, asesorar y coordinar -cuando corresponda- al Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ejercicio de sus respectivas facultades y competencias en esta materia, pero recordando siempre que el dominio originario de los recursos es de las provincias y que son ellas las que tienen derecho a resolver, en el marco de sus competencias, qué hacer con sus recursos.
De esta manera, y con los recaudos que están previstos en nuestro proyecto de ley, creemos que se podría alcanzar la solución que verdaderamente hace falta, que es simplemente establecer una política energética coherente, razonable y acorde con las circunstancias que hoy en el mundo imperan en materia de explotación y exploración de hidrocarburos.
Por supuesto insistimos en el rechazo al proyecto de ley que estamos analizando, que de ninguna manera resuelve estos problemas, sino que por el contrario genera otros que en algún momento, más pronto o más tarde, tendrán que ser pagados por todos los argentinos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra la señora diputada Bullrich.
SRA. BULLRICH Muchas gracias, señora presidenta.
Desde el año 2002 hasta la fecha el gobierno argentino construyó una política que desalentó a la producción hidrocarburífera, con una contradicción clara entre lo que ha sido la declamación pública a lo largo de estos años y las políticas concretas para aumentar la producción.
La producción de gas está estancada desde el año 2002. Si tomamos las cifras concretas veremos que hemos bajado en términos brutos de 46 mil millones de metros cúbicos en 2001 a 33 mil millones de metros cúbicos. Es decir, una merma del 24,5 por ciento en la producción.
Si tomamos el lapso de una década, -y en este gráfico que tengo aquí aparece el primer número- la merma fue del 53 por ciento en gas natural y del 12 por ciento en petróleo. Es decir, que hay una pérdida del 38 por ciento del total de los hidrocarburos de nuestro país. Ello ha significado que hemos pasado a una reserva -como se dice en esta placa- de ocho años en 2010, cinco años menos de los que teníamos en 2001.
Todo esto es de una enorme gravedad, porque la pérdida de las reservas hidrocarburíferas no es algo que nos ha pasado siempre y que ha sucedido en distintas oportunidades en la República Argentina, sino que es algo inédito en los últimos cincuenta años.
Es decir que la disminución del stock de reservas de petróleo y gas ha descapitalizado a la Argentina en una cifra de 100 mil millones de dólares -si los tomamos a valor de reposición actual. Fíjese, señora presidenta, que esto no ha sucedido sólo en el petróleo.
Por esa razón quizás podríamos hablar del modelo y reflexionar un poco sobre él. Si tomamos tres temas que han sido culturalmente producciones vinculadas de manera absoluta a la Argentina, como es el caso de la carne, el trigo y el petróleo, las tres han sido jaqueadas por malas políticas públicas y por la manipulación de los precios; para vivir con lo nuestro nos quedamos sin lo nuestro en carne, en trigo y en petróleo.
En consecuencia, tuvimos la lógica prohibitiva, los cupos de exportación, los precio sugeridos y los ROE en el caso del campo. Fíjense lo que nos pasó, con el tema de la carne: estamos igual que en el año 1960 y en cuanto al petróleo estamos igual que hace una década; cincuenta años para atrás con la carne y diez años para atrás con el petróleo. Esto sí tiene que ver con una estrategia con la que Clinton diría: "Es el modelo, estúpido".
Fíjense lo que ha pasado con la cuestión de la carne: en el mismo período que nosotros perdimos el 27 por ciento de la exportación de nuestra carne, Brasil aumentó su producción en un 38 por ciento y sus exportaciones en un 171 por ciento; Uruguay lo hizo en un 31 por ciento y Paraguay aumentó sus exportaciones de carne en un 245 por ciento.
Con el trigo pasó exactamente lo mismo -para Moreno el pan valía dos pesos el kilo-: mientras en Argentina desapareció el 30 por ciento de la harina de trigo sembrada, Brasil la aumentó en un 75 por ciento y Uruguay y Paraguay aumentaron el área sembrada de trigo en un 450 por ciento.
Esto significa que si tomamos tres elementos básicos y estratégicos de la producción Argentina, como son la carne, el trigo y el petróleo, vemos que existe una política que ha llevado al desabastecimiento de tres productos claves en nuestra economía.
Me parece que más allá de hablar de pomposidades, me referiré a cosas concretas. Ahora se dice y esto lo dijo Kicillof, que esto tiene que ver con el tema de que las empresas debían hacer aquello que el gobierno quería que hicieran. Esto de que el gobierno quería que hicieran llevó a que todas las empresas en la Argentina y todas las extranjeras disminuyeran el conjunto de la producción de hidrocarburos, exactamente en la misma proporción. Salvo una en Cerro Dragón, Pan American Energy, que descubrió nuevas reservas y las certificó. Ello le dio una diferencia.
Ahora, observen algo muy importante. Ayer se reunieron el ministro De Vido y el viceministro de Economía con Exxon. ¿Y qué les dijo Exxon? Queremos precios para venir a explotar. Porque, ¿qué dice Kicillof? El petróleo se saca con ametralladoras en cualquier parte del mundo.
En primer lugar, señora presidenta, yo creo que en la Argentina no queremos ni que el petróleo ni que absolutamente nada se saque con una ametralladora. Creo que ya hemos vivido ese momento en que en la Argentina las ametralladoras estaban custodiando a los trabajadores y nos las queremos más.
Entonces, esas comparaciones que hizo Kicillof no sirven. Además le voy a decir otra cosa: cuando se saca el petróleo con ametralladora al lado, es porque esas empresas que van a riesgo, no solamente económico, sino también físico, lo hacen a cambio de un precio que les compense ese riesgo económico y físico. Ya lo está negociando el gobierno. Ya le dijo a las empresas que a partir de ahora vamos a tener una tabla racional de precios que nos permita hacer inversiones en la Argentina.
Fíjense ustedes qué cosa tan ridícula que hemos hecho: 2,90 dólares el millón de BTU en la Argentina; 10,5 el millón de BTU el último año en Bolivia; y 18 pagados a los buques tanques.
Observe, señora presidenta, esta segunda placa que le quiero mostrar. Fíjese lo que hemos gastado en la importación de energía: 23.452 millones de dólares; podíamos haber comprado una vez y media el valor de YPF al precio que compró la familia Eskenazi, que adquirió el 25 por ciento de la empresa pagando 3.800 millones de dólares.
Es decir, que si hubiésemos tenido una política inteligente, no de disminución de nuestras reservas, podríamos haber comprado una YPF y media con la plata que dilapidamos en importación de nuestros hidrocarburos.
¿Qué dijo Kicillof? Dijo que lo que nosotros queríamos era que las empresas aceptasen estos precios mientras nosotros podíamos importar a otro precio. Que cosa tan ridícula, la empresa tiene que aceptar el precio en la Argentina, pero ahora cuando nosotros lo vamos a comprar afuera lo hacemos a otro precio.
¿Qué fue lo que pasó en consecuencia? Mire como es la distribución de la renta petrolera. Desde el 2002 al 2004 era del 34 por ciento; desde el 2005 al 2007 era del 50 por ciento; desde el 2008 al 2010 era del 67 por ciento. En consecuencia cómo va a ser lógica una política cuyo 67 por ciento se basa en los subsidios.
En consecuencia, lo primero que hay que plantear es que la política de desabastecimiento de hidrocarburos fue, ante todo y para decirlo en términos políticos, absolutamente errada.
Antes de entrar en el tema de YPF, que quiero tratar en forma concreta, deseo mostrar un cuadro que indica -y esto lo hemos dicho en numerosas oportunidades- que con excepción de Pan American Energy todas las empresas perdieron sus reservas de petróleo. Aquí tenemos las reservas comprobadas de 2002 a 2009. YPF perdió un 48 por ciento y Petrobras, que tiene una porción importante del mercado, un 64 por ciento. Por su parte, Chevron perdió un 44 por ciento y el resto un 12 por ciento. El total es negativo en un 11 por ciento, porque Pan American Energy tiene un 112 por ciento a favor, por el acuerdo que celebró con la empresa petrolera de la provincia de Chubut.
Por lo tanto, el argumento simplista de querer tener ahora un solo y único culpable, que es la empresa YPF, para decidir, a partir de ahí, su expropiación, lo que hace es esconder la realidad de una pésima política de hidrocarburos que ha desabastecido a la Argentina y que la ha dejado absolutamente sin ningún tipo de soberanía hidrocarburífera, como le gusta decir al gobierno. Ahora se plantea la recuperación de dicha soberanía.
Vamos a pensar cuál fue la política del gobierno en relación con esto. El viceministro de Economía dijo que el gobierno tuvo durísimas peleas con Repsol. ¿De dónde surge eso, Kicillof? En ningún lado -documento público, acta firmada por el directorio, etcétera- se dice que el gobierno tuvo peleas con Repsol, sino todo lo contrario. Anoche he leído todas las memorias que envío la Jefatura de Gabinete a este Parlamento desde 2005 hasta ahora. En ninguna de ellas hay una sola mención al problema de la pérdida de reservas en la política hidrocarburífera. Revísenlas; yo analicé cada una de ellas.
En ninguna dice: "Tenemos problemas con la política petrolífera y debemos pensar que hacer al respecto". Inclusive, en la memoria de 2010 se hace referencia a las exploraciones de los nuevos pozos de ultramar, que se iban a hacer con la empresa YPF. A esto deben agregarse todos los tapes que se han pasado, situación en la que no quiero entrar.
¿Quién dijo que YPF había sido vaciada? La presidenta y el viceministro. Es como que si yo estuviera acá sentada, dijera que la empresa ha sido vaciada y al lado tuviera -no es el caso del señor diputado Amadeo- al vaciador. La verdad es que es algo increíble; no lo puedo creer. Digamos que lo puedo creer porque el ministro se quedó absolutamente mudo. Durante todo el tiempo estuvo mudo y solamente contestó cuando hubo ciertos tonos elevados.
Quiero referirme al Acta de Directorio N° 30, del año 2007. Se las recomiendo. En dicha acta un accionista independiente de origen radical dice que las reservas comprobadas de petróleo bajaron un 53 por ciento.
¿Saben lo que hace en ese momento Carnero? Mira para el otro lado.
Desde el año 2002 hasta la fecha el gobierno argentino construyó una política que desalentó a la producción hidrocarburífera, con una contradicción clara entre lo que ha sido la declamación pública a lo largo de estos años y las políticas concretas para aumentar la producción.
La producción de gas está estancada desde el año 2002. Si tomamos las cifras concretas veremos que hemos bajado en términos brutos de 46 mil millones de metros cúbicos en 2001 a 33 mil millones de metros cúbicos. Es decir, una merma del 24,5 por ciento en la producción.
Si tomamos el lapso de una década, -y en este gráfico que tengo aquí aparece el primer número- la merma fue del 53 por ciento en gas natural y del 12 por ciento en petróleo. Es decir, que hay una pérdida del 38 por ciento del total de los hidrocarburos de nuestro país. Ello ha significado que hemos pasado a una reserva -como se dice en esta placa- de ocho años en 2010, cinco años menos de los que teníamos en 2001.
Todo esto es de una enorme gravedad, porque la pérdida de las reservas hidrocarburíferas no es algo que nos ha pasado siempre y que ha sucedido en distintas oportunidades en la República Argentina, sino que es algo inédito en los últimos cincuenta años.
Es decir que la disminución del stock de reservas de petróleo y gas ha descapitalizado a la Argentina en una cifra de 100 mil millones de dólares -si los tomamos a valor de reposición actual. Fíjese, señora presidenta, que esto no ha sucedido sólo en el petróleo.
Por esa razón quizás podríamos hablar del modelo y reflexionar un poco sobre él. Si tomamos tres temas que han sido culturalmente producciones vinculadas de manera absoluta a la Argentina, como es el caso de la carne, el trigo y el petróleo, las tres han sido jaqueadas por malas políticas públicas y por la manipulación de los precios; para vivir con lo nuestro nos quedamos sin lo nuestro en carne, en trigo y en petróleo.
En consecuencia, tuvimos la lógica prohibitiva, los cupos de exportación, los precio sugeridos y los ROE en el caso del campo. Fíjense lo que nos pasó, con el tema de la carne: estamos igual que en el año 1960 y en cuanto al petróleo estamos igual que hace una década; cincuenta años para atrás con la carne y diez años para atrás con el petróleo. Esto sí tiene que ver con una estrategia con la que Clinton diría: "Es el modelo, estúpido".
Fíjense lo que ha pasado con la cuestión de la carne: en el mismo período que nosotros perdimos el 27 por ciento de la exportación de nuestra carne, Brasil aumentó su producción en un 38 por ciento y sus exportaciones en un 171 por ciento; Uruguay lo hizo en un 31 por ciento y Paraguay aumentó sus exportaciones de carne en un 245 por ciento.
Con el trigo pasó exactamente lo mismo -para Moreno el pan valía dos pesos el kilo-: mientras en Argentina desapareció el 30 por ciento de la harina de trigo sembrada, Brasil la aumentó en un 75 por ciento y Uruguay y Paraguay aumentaron el área sembrada de trigo en un 450 por ciento.
Esto significa que si tomamos tres elementos básicos y estratégicos de la producción Argentina, como son la carne, el trigo y el petróleo, vemos que existe una política que ha llevado al desabastecimiento de tres productos claves en nuestra economía.
Me parece que más allá de hablar de pomposidades, me referiré a cosas concretas. Ahora se dice y esto lo dijo Kicillof, que esto tiene que ver con el tema de que las empresas debían hacer aquello que el gobierno quería que hicieran. Esto de que el gobierno quería que hicieran llevó a que todas las empresas en la Argentina y todas las extranjeras disminuyeran el conjunto de la producción de hidrocarburos, exactamente en la misma proporción. Salvo una en Cerro Dragón, Pan American Energy, que descubrió nuevas reservas y las certificó. Ello le dio una diferencia.
Ahora, observen algo muy importante. Ayer se reunieron el ministro De Vido y el viceministro de Economía con Exxon. ¿Y qué les dijo Exxon? Queremos precios para venir a explotar. Porque, ¿qué dice Kicillof? El petróleo se saca con ametralladoras en cualquier parte del mundo.
En primer lugar, señora presidenta, yo creo que en la Argentina no queremos ni que el petróleo ni que absolutamente nada se saque con una ametralladora. Creo que ya hemos vivido ese momento en que en la Argentina las ametralladoras estaban custodiando a los trabajadores y nos las queremos más.
Entonces, esas comparaciones que hizo Kicillof no sirven. Además le voy a decir otra cosa: cuando se saca el petróleo con ametralladora al lado, es porque esas empresas que van a riesgo, no solamente económico, sino también físico, lo hacen a cambio de un precio que les compense ese riesgo económico y físico. Ya lo está negociando el gobierno. Ya le dijo a las empresas que a partir de ahora vamos a tener una tabla racional de precios que nos permita hacer inversiones en la Argentina.
Fíjense ustedes qué cosa tan ridícula que hemos hecho: 2,90 dólares el millón de BTU en la Argentina; 10,5 el millón de BTU el último año en Bolivia; y 18 pagados a los buques tanques.
Observe, señora presidenta, esta segunda placa que le quiero mostrar. Fíjese lo que hemos gastado en la importación de energía: 23.452 millones de dólares; podíamos haber comprado una vez y media el valor de YPF al precio que compró la familia Eskenazi, que adquirió el 25 por ciento de la empresa pagando 3.800 millones de dólares.
Es decir, que si hubiésemos tenido una política inteligente, no de disminución de nuestras reservas, podríamos haber comprado una YPF y media con la plata que dilapidamos en importación de nuestros hidrocarburos.
¿Qué dijo Kicillof? Dijo que lo que nosotros queríamos era que las empresas aceptasen estos precios mientras nosotros podíamos importar a otro precio. Que cosa tan ridícula, la empresa tiene que aceptar el precio en la Argentina, pero ahora cuando nosotros lo vamos a comprar afuera lo hacemos a otro precio.
¿Qué fue lo que pasó en consecuencia? Mire como es la distribución de la renta petrolera. Desde el 2002 al 2004 era del 34 por ciento; desde el 2005 al 2007 era del 50 por ciento; desde el 2008 al 2010 era del 67 por ciento. En consecuencia cómo va a ser lógica una política cuyo 67 por ciento se basa en los subsidios.
En consecuencia, lo primero que hay que plantear es que la política de desabastecimiento de hidrocarburos fue, ante todo y para decirlo en términos políticos, absolutamente errada.
Antes de entrar en el tema de YPF, que quiero tratar en forma concreta, deseo mostrar un cuadro que indica -y esto lo hemos dicho en numerosas oportunidades- que con excepción de Pan American Energy todas las empresas perdieron sus reservas de petróleo. Aquí tenemos las reservas comprobadas de 2002 a 2009. YPF perdió un 48 por ciento y Petrobras, que tiene una porción importante del mercado, un 64 por ciento. Por su parte, Chevron perdió un 44 por ciento y el resto un 12 por ciento. El total es negativo en un 11 por ciento, porque Pan American Energy tiene un 112 por ciento a favor, por el acuerdo que celebró con la empresa petrolera de la provincia de Chubut.
Por lo tanto, el argumento simplista de querer tener ahora un solo y único culpable, que es la empresa YPF, para decidir, a partir de ahí, su expropiación, lo que hace es esconder la realidad de una pésima política de hidrocarburos que ha desabastecido a la Argentina y que la ha dejado absolutamente sin ningún tipo de soberanía hidrocarburífera, como le gusta decir al gobierno. Ahora se plantea la recuperación de dicha soberanía.
Vamos a pensar cuál fue la política del gobierno en relación con esto. El viceministro de Economía dijo que el gobierno tuvo durísimas peleas con Repsol. ¿De dónde surge eso, Kicillof? En ningún lado -documento público, acta firmada por el directorio, etcétera- se dice que el gobierno tuvo peleas con Repsol, sino todo lo contrario. Anoche he leído todas las memorias que envío la Jefatura de Gabinete a este Parlamento desde 2005 hasta ahora. En ninguna de ellas hay una sola mención al problema de la pérdida de reservas en la política hidrocarburífera. Revísenlas; yo analicé cada una de ellas.
En ninguna dice: "Tenemos problemas con la política petrolífera y debemos pensar que hacer al respecto". Inclusive, en la memoria de 2010 se hace referencia a las exploraciones de los nuevos pozos de ultramar, que se iban a hacer con la empresa YPF. A esto deben agregarse todos los tapes que se han pasado, situación en la que no quiero entrar.
¿Quién dijo que YPF había sido vaciada? La presidenta y el viceministro. Es como que si yo estuviera acá sentada, dijera que la empresa ha sido vaciada y al lado tuviera -no es el caso del señor diputado Amadeo- al vaciador. La verdad es que es algo increíble; no lo puedo creer. Digamos que lo puedo creer porque el ministro se quedó absolutamente mudo. Durante todo el tiempo estuvo mudo y solamente contestó cuando hubo ciertos tonos elevados.
Quiero referirme al Acta de Directorio N° 30, del año 2007. Se las recomiendo. En dicha acta un accionista independiente de origen radical dice que las reservas comprobadas de petróleo bajaron un 53 por ciento.
¿Saben lo que hace en ese momento Carnero? Mira para el otro lado.
SR. PINEDO ¿Quién es Carnero?
SRA. BULLRICH Es el director de YPF que estaba en representación del Estado en esa Asamblea.
En el año 2007, en ese mismo momento, cuando se estaba cocinando lo de Eskenazi presentamos en la Cámara de Diputados, con algunos diputados que hoy no están -quedamos solamente Marcela Rodríguez y yo-, una iniciativa para crear una comisión de investigación sobre lo que estaba sucediendo en YPF.
Recuerden que la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento siempre estuvo manejada por el oficialismo. En esa comisión se logra la firma de una cantidad de diputados que hoy no están y se dicen dos cosas: hay que investigar a YPF por la caída de las reservas y por la extraña y oscura maniobra de venta del 25 por ciento de las acciones.
El 25 por ciento de las acciones le significaron a YPF, desde el momento en que entró el Grupo Eskenazi- Petersen -que dicen que es argentino, pero en realidad es australiano, lo que no se entiende muy bien-, que cayera el 243 por ciento de su patrimonio.
¿Qué más pasó? Se comenzó a liberalizar las naftas desde el año 2008. Fíjense ustedes esta proporción: mientras en los cinco años anteriores, hasta el 2008 en que se formaliza la alianza con Petersen, los combustibles aumentaron un 40 por ciento, el WTI -que Kicillof no quiere mirar- aumentó en esos años el 170 por ciento.
Entre enero del 2008 y diciembre del 2011, los precios internos se duplicaron, mientras el WTI aumentó un 5 por ciento. Quiere decir que hay 40 millones de argentinos que cuando pagamos la nafta se la abonamos al señor Eskenazi.
Todos nosotros, los argentinos, le pagamos con ese aumento. Ese aumento de nafta, evidentemente, fue un acuerdo; si no hubiera sido un acuerdo, ¿por qué a partir de la entrada de este señor se realiza un cambio tan abrupto en el precio de las naftas?
En consecuencia, nosotros quisimos tener un petróleo barato, pero tuvimos el más caro del mundo, porque perdimos 100 mil millones de dólares de reservas. En diez años, si nosotros sumamos la pérdida de reservas, la verdad es que hemos tenido un verdadero aumento real y concreto en el bolsillo de los argentinos del precio de la nafta. Esto lo hemos pagado, hemos pagado la empresa, y a partir de pagar la empresa, hemos perdido las reservas. Una fórmula realmente increíble.
Yo me pregunto cuál fue el acuerdo secreto con el Grupo Eskenazi, porque ahora no se tocan las acciones. Algo existe y nosotros queremos conocerlo. Por eso queremos que esta comisión de Investigación sea votada conjuntamente con este proyecto que la semana que viene tratará la Cámara de Diputados.
En consecuencia, quiero plantear un segundo tema concreto, que considero fundamental que analicemos.
Ya hemos visto que si la empresa fue vaciada -como dijo Kicillof-, hay un partícipe necesario, que es el gobierno, específicamente el Ministerio de Planificación.
Hubo alertas rojas, accionistas de YPF, diputados de la Nación, ex secretarios de Energía, pedidos de informes, pedidos de comisión investigadora, y ninguno fue escuchado. No sólo no se los escuchó, sino que además se hizo esta maniobra extraña y oscura con el grupo Petersen.
Entonces, si hemos perdido no sólo el petróleo, sino también recursos estratégicos de la Argentina, ¿no será que tiene que ver con la política y con dos elementos que han dado un pésimo resultado en la Argentina?
Esos dos elementos son un intento de manipulación total y absoluta, que hemos visto en el petróleo, en la carne, en el trigo y en el INDEC. La lógica de la manipulación, la idea de que se puede manejar desde una secretaría o desde un ministerio el conjunto de las variables de la economía de un país, eso nos ha dado mal resultado, y no sólo con el petróleo.
Una segunda realidad es la entrada de los amigos a determinados recursos estratégicos de la Argentina. ¿Por qué iba a pensar el gobierno argentino que Repsol no se iba a llevar su parte, si aceptaba que el 90 por ciento de los dividendos de la empresa se podían repartir? ¿De dónde sale esa conclusión? Evidentemente Repsol firmó eso como una manera de decir: "Yo también saco mis dividendos". Esto es lo que hoy estamos viendo en la pérdida brutal de nuestra empresa, o de la empresa que hasta hace unos días era Repsol YPF.
Repsol YPF tiene absoluta responsabilidad en esto que ha sucedido. Esa responsabilidad que vimos en las pérdidas brutales de sus reservas comenzó y se agravó a partir del año 2008. En ese año YPF ganó 13.380 millones de pesos, y 5.790 en 2010. En ese lapso la empresa distribuyó utilidades por 18.628 millones y hasta el presente alcanzó una cifra de 25.250 millones. Es decir, que ya no existen más reservas mínimas comprobadas, se le ha extraído la caja y se han agotado las reservas comprobadas después de años y años en los que el gobierno hizo la vista gorda.
En consecuencia, es absolutamente fundamental que nosotros planteemos esta doble responsabilidad: en primer lugar, de la política y en segundo término, de la empresa y de los que tienen que controlar y no pueden hacerlo, porque al meter a los amigos del poder el control deja de existir. Esto lo acaba de decir el juez en la causa de TBA: si el controlador es amigo del que controla, si todo está en un mismo bodrio, termina mal porque no hay control; esto es lo que ha pasado.
Quiero plantear un segundo argumento, que es el que usted mencionó cuando dijo que discutíamos sobre la base de la constitucionalidad. Está claro que nuestra Constitución habla de expropiación como una posibilidad. Ahora, quisiera plantear qué significa el estado de derecho...
En el año 2007, en ese mismo momento, cuando se estaba cocinando lo de Eskenazi presentamos en la Cámara de Diputados, con algunos diputados que hoy no están -quedamos solamente Marcela Rodríguez y yo-, una iniciativa para crear una comisión de investigación sobre lo que estaba sucediendo en YPF.
Recuerden que la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento siempre estuvo manejada por el oficialismo. En esa comisión se logra la firma de una cantidad de diputados que hoy no están y se dicen dos cosas: hay que investigar a YPF por la caída de las reservas y por la extraña y oscura maniobra de venta del 25 por ciento de las acciones.
El 25 por ciento de las acciones le significaron a YPF, desde el momento en que entró el Grupo Eskenazi- Petersen -que dicen que es argentino, pero en realidad es australiano, lo que no se entiende muy bien-, que cayera el 243 por ciento de su patrimonio.
¿Qué más pasó? Se comenzó a liberalizar las naftas desde el año 2008. Fíjense ustedes esta proporción: mientras en los cinco años anteriores, hasta el 2008 en que se formaliza la alianza con Petersen, los combustibles aumentaron un 40 por ciento, el WTI -que Kicillof no quiere mirar- aumentó en esos años el 170 por ciento.
Entre enero del 2008 y diciembre del 2011, los precios internos se duplicaron, mientras el WTI aumentó un 5 por ciento. Quiere decir que hay 40 millones de argentinos que cuando pagamos la nafta se la abonamos al señor Eskenazi.
Todos nosotros, los argentinos, le pagamos con ese aumento. Ese aumento de nafta, evidentemente, fue un acuerdo; si no hubiera sido un acuerdo, ¿por qué a partir de la entrada de este señor se realiza un cambio tan abrupto en el precio de las naftas?
En consecuencia, nosotros quisimos tener un petróleo barato, pero tuvimos el más caro del mundo, porque perdimos 100 mil millones de dólares de reservas. En diez años, si nosotros sumamos la pérdida de reservas, la verdad es que hemos tenido un verdadero aumento real y concreto en el bolsillo de los argentinos del precio de la nafta. Esto lo hemos pagado, hemos pagado la empresa, y a partir de pagar la empresa, hemos perdido las reservas. Una fórmula realmente increíble.
Yo me pregunto cuál fue el acuerdo secreto con el Grupo Eskenazi, porque ahora no se tocan las acciones. Algo existe y nosotros queremos conocerlo. Por eso queremos que esta comisión de Investigación sea votada conjuntamente con este proyecto que la semana que viene tratará la Cámara de Diputados.
En consecuencia, quiero plantear un segundo tema concreto, que considero fundamental que analicemos.
Ya hemos visto que si la empresa fue vaciada -como dijo Kicillof-, hay un partícipe necesario, que es el gobierno, específicamente el Ministerio de Planificación.
Hubo alertas rojas, accionistas de YPF, diputados de la Nación, ex secretarios de Energía, pedidos de informes, pedidos de comisión investigadora, y ninguno fue escuchado. No sólo no se los escuchó, sino que además se hizo esta maniobra extraña y oscura con el grupo Petersen.
Entonces, si hemos perdido no sólo el petróleo, sino también recursos estratégicos de la Argentina, ¿no será que tiene que ver con la política y con dos elementos que han dado un pésimo resultado en la Argentina?
Esos dos elementos son un intento de manipulación total y absoluta, que hemos visto en el petróleo, en la carne, en el trigo y en el INDEC. La lógica de la manipulación, la idea de que se puede manejar desde una secretaría o desde un ministerio el conjunto de las variables de la economía de un país, eso nos ha dado mal resultado, y no sólo con el petróleo.
Una segunda realidad es la entrada de los amigos a determinados recursos estratégicos de la Argentina. ¿Por qué iba a pensar el gobierno argentino que Repsol no se iba a llevar su parte, si aceptaba que el 90 por ciento de los dividendos de la empresa se podían repartir? ¿De dónde sale esa conclusión? Evidentemente Repsol firmó eso como una manera de decir: "Yo también saco mis dividendos". Esto es lo que hoy estamos viendo en la pérdida brutal de nuestra empresa, o de la empresa que hasta hace unos días era Repsol YPF.
Repsol YPF tiene absoluta responsabilidad en esto que ha sucedido. Esa responsabilidad que vimos en las pérdidas brutales de sus reservas comenzó y se agravó a partir del año 2008. En ese año YPF ganó 13.380 millones de pesos, y 5.790 en 2010. En ese lapso la empresa distribuyó utilidades por 18.628 millones y hasta el presente alcanzó una cifra de 25.250 millones. Es decir, que ya no existen más reservas mínimas comprobadas, se le ha extraído la caja y se han agotado las reservas comprobadas después de años y años en los que el gobierno hizo la vista gorda.
En consecuencia, es absolutamente fundamental que nosotros planteemos esta doble responsabilidad: en primer lugar, de la política y en segundo término, de la empresa y de los que tienen que controlar y no pueden hacerlo, porque al meter a los amigos del poder el control deja de existir. Esto lo acaba de decir el juez en la causa de TBA: si el controlador es amigo del que controla, si todo está en un mismo bodrio, termina mal porque no hay control; esto es lo que ha pasado.
Quiero plantear un segundo argumento, que es el que usted mencionó cuando dijo que discutíamos sobre la base de la constitucionalidad. Está claro que nuestra Constitución habla de expropiación como una posibilidad. Ahora, quisiera plantear qué significa el estado de derecho...
SRA. PRESIDENTA BERTONE Señora diputada Bullrich...
SRA. BULLRICH Cuando termine le doy la palabra.
- Manifestaciones en la sala.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Sólo quería decirle que tenemos 40 anotados y usted ya lleva hablando 20 minutos. No quiero apurarla, pero hay diputados de otros bloques mayoritarios que me están haciendo el planteo de que por favor sea más breve y realice la propuesta concreta. (Aplausos.)
SRA. BULLRICH El segundo gran punto que quiero plantear es el tema del Estado de derecho. Cuando hablamos de Estado de derecho tenemos que definir qué quiere ser la Argentina. ¿Queremos ser una república? ¿Queremos ser una democracia que saca el petróleo a punta de pistola y expropia empresas o queremos otra cosa? ¿Qué queremos?
Entonces, yo le diría a la señora presidenta de la Nación que un estadista y un país que quiere ser respetado tienen una acepción diferente; no son omnicomprensivas de lo que es el Estado de derecho. Es el gobierno de la ley y no de las arbitrariedades. No hay una autoridad superior a la ley. Este es el Estado de derecho. Es la racionalización que requiere imperativamente que el Estado tenga límites, que se remita a las competencias, que acepte los derechos de las personas. De modo que la autoridad implique un precepto previsible para los actores de un país.
Vamos a tomar el caso de YPF. ¿Hubo alguna advertencia previa? Kicillof dice que sí; sin embargo, todos dicen que no. ¿Hubo aplicación de los artículos de la ley de hidrocarburos? No los hubo. ¿Qué dice la ley de hidrocarburos? Es bastante clarita y dice que existe con el objeto de regular las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, en la que los plazos de inversión de concesiones, las condiciones de las técnicas y los objetivos y la potestad de la autoridad de aplicación están perfectamente regulados.
Es decir que durante estos años, con esta ley el poder de policía del Estado podría haber generado un control concreto sobre los recursos naturales. Sacar una tarjeta amarilla y luego una segunda tarjeta amarilla. Pero no, acá directamente se va a la expropiación.
¿Por qué se va a la expropiación de una parte de la empresa y no de toda? Porque no queremos explicar esta lógica oscura que no sabemos qué hay detrás de Petersen.
Yo creo, señora presidenta, que un Estado constitucional representa fundamentalmente una admirable fuerza de autolimitación. Tiene que autolimitarse y saber cuáles son sus límites. Implica que los gobernantes efectivamente limiten su poder, sepan distinguir claramente lo que es absolutamente estratégico y utilicen concretamente las leyes en su oportunidad.
Si el Estado no utiliza las leyes en su oportunidad y de golpe, de un día para el otro, habiendo tenido una conducta cómplice, termina expropiando, lo que hace es que aquellos que vengan a invertir a la Argentina van a decir: el próximo soy yo. El próximo al que le toca voy a ser yo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir rápido, trataré de sacar rápido el petróleo y el gas, y no voy a hacer ninguna inversión de riesgo, porque mañana vienen y me expropian.
En consecuencia, lo lógico hubiera sido que desde el año en que comienzan las pérdidas concretas de las reservas en la empresa -y no solamente en esta, sino en todas- el Estado nacional lo hubiera advertido concretamente.
Esas advertencias concretas no se hicieron y de un día para otro se sacan las concesiones. Muchas de las concesiones que hoy se están quitando se renovaron hace un año. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza una de las concesiones ganadas por Manzano se pasó a YPF. Ahora esas concesiones son sacadas de un día para otro.
En consecuencia quiero señalar que el gobierno argentino está planteando la teoría de la excepción, que realmente es muy discutida en el mundo de la teoría política y del derecho. Vamos por la excepción y no por la regla; vamos por un camino que va a generar conflictividad, a pesar de que podríamos haber seguido otro.
Por otra parte, quiero exponer tres elementos. En primer término, la pérdida total a partir de una política hidrocarburífera que ha hecho que hoy la Argentina sea un país dependiente en materia de hidrocarburos.
En segundo lugar, la vista gorda en el vaciamiento de estas reservas; es decir, complicidad.
En tercer término, la expropiación sin previo aviso y sin utilización de las reglamentaciones y leyes que deberían haberse aplicado por la empresa.
Entonces, yo le diría a la señora presidenta de la Nación que un estadista y un país que quiere ser respetado tienen una acepción diferente; no son omnicomprensivas de lo que es el Estado de derecho. Es el gobierno de la ley y no de las arbitrariedades. No hay una autoridad superior a la ley. Este es el Estado de derecho. Es la racionalización que requiere imperativamente que el Estado tenga límites, que se remita a las competencias, que acepte los derechos de las personas. De modo que la autoridad implique un precepto previsible para los actores de un país.
Vamos a tomar el caso de YPF. ¿Hubo alguna advertencia previa? Kicillof dice que sí; sin embargo, todos dicen que no. ¿Hubo aplicación de los artículos de la ley de hidrocarburos? No los hubo. ¿Qué dice la ley de hidrocarburos? Es bastante clarita y dice que existe con el objeto de regular las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, en la que los plazos de inversión de concesiones, las condiciones de las técnicas y los objetivos y la potestad de la autoridad de aplicación están perfectamente regulados.
Es decir que durante estos años, con esta ley el poder de policía del Estado podría haber generado un control concreto sobre los recursos naturales. Sacar una tarjeta amarilla y luego una segunda tarjeta amarilla. Pero no, acá directamente se va a la expropiación.
¿Por qué se va a la expropiación de una parte de la empresa y no de toda? Porque no queremos explicar esta lógica oscura que no sabemos qué hay detrás de Petersen.
Yo creo, señora presidenta, que un Estado constitucional representa fundamentalmente una admirable fuerza de autolimitación. Tiene que autolimitarse y saber cuáles son sus límites. Implica que los gobernantes efectivamente limiten su poder, sepan distinguir claramente lo que es absolutamente estratégico y utilicen concretamente las leyes en su oportunidad.
Si el Estado no utiliza las leyes en su oportunidad y de golpe, de un día para el otro, habiendo tenido una conducta cómplice, termina expropiando, lo que hace es que aquellos que vengan a invertir a la Argentina van a decir: el próximo soy yo. El próximo al que le toca voy a ser yo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir rápido, trataré de sacar rápido el petróleo y el gas, y no voy a hacer ninguna inversión de riesgo, porque mañana vienen y me expropian.
En consecuencia, lo lógico hubiera sido que desde el año en que comienzan las pérdidas concretas de las reservas en la empresa -y no solamente en esta, sino en todas- el Estado nacional lo hubiera advertido concretamente.
Esas advertencias concretas no se hicieron y de un día para otro se sacan las concesiones. Muchas de las concesiones que hoy se están quitando se renovaron hace un año. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza una de las concesiones ganadas por Manzano se pasó a YPF. Ahora esas concesiones son sacadas de un día para otro.
En consecuencia quiero señalar que el gobierno argentino está planteando la teoría de la excepción, que realmente es muy discutida en el mundo de la teoría política y del derecho. Vamos por la excepción y no por la regla; vamos por un camino que va a generar conflictividad, a pesar de que podríamos haber seguido otro.
Por otra parte, quiero exponer tres elementos. En primer término, la pérdida total a partir de una política hidrocarburífera que ha hecho que hoy la Argentina sea un país dependiente en materia de hidrocarburos.
En segundo lugar, la vista gorda en el vaciamiento de estas reservas; es decir, complicidad.
En tercer término, la expropiación sin previo aviso y sin utilización de las reglamentaciones y leyes que deberían haberse aplicado por la empresa.
Varios señores diputados hablan a la vez
SRA. BULLRICH ¡Ríanse!
Hubo una violación total y absoluta de los derechos, cuando mediante un decreto de necesidad y urgencia se ingresó a la empresa de manera totalmente irregular. Ni siquiera cuando en Venezuela se expropió a la empresa argentina Techint sacaron así a quienes estaban administrándola.
Por último, quiero expresar que de aquí en adelante -y les pido que recuerden lo que estoy diciendo- la negociación que va a hacer el Estado argentino con otras empresas será a partir de nuevos precios. Consecuentemente, obsérvese que lo que va a dar son argumentos contrarios a todos aquellos que han brindado el ministro y el viceministro. En otras palabras, queríamos que las empresas hicieran lo que nosotros queríamos. Ahora vamos a hacer lo que quieran las empresas, porque van a venir cuando tengan precio, y de lo contrario no lo harán.
Hubo una violación total y absoluta de los derechos, cuando mediante un decreto de necesidad y urgencia se ingresó a la empresa de manera totalmente irregular. Ni siquiera cuando en Venezuela se expropió a la empresa argentina Techint sacaron así a quienes estaban administrándola.
Por último, quiero expresar que de aquí en adelante -y les pido que recuerden lo que estoy diciendo- la negociación que va a hacer el Estado argentino con otras empresas será a partir de nuevos precios. Consecuentemente, obsérvese que lo que va a dar son argumentos contrarios a todos aquellos que han brindado el ministro y el viceministro. En otras palabras, queríamos que las empresas hicieran lo que nosotros queríamos. Ahora vamos a hacer lo que quieran las empresas, porque van a venir cuando tengan precio, y de lo contrario no lo harán.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Heller.
SR. HELLER Señora presidenta: se me ocurrió que una manera de comenzar mi intervención podía ser recurriendo a una cita del general ingeniero Mosconi, que el 9 de julio de 1936 escribió un artículo titulado "¿Qué representa YPF para la Nación"? En esa oportunidad el general Mosconi dijo lo siguiente: "Haber suprimido para nuestro país la situación de peligro, de inferioridad y de desventaja que existió hasta el año 1922 ..." -este es el año en que fue creada YPF- "... transformándola en situación de seguridad, de progreso y ventaja, de acuerdo con las cifras que se indican anteriormente, conquistando durante los años 1922-1930 ..." -en este último año se produjo un golpe de Estado, que fue el primero de una larga serie con olor a petróleo- "... la absoluta independencia en cuanto a combustibles livianos y pesados se refiere y adquiriendo el dominio absoluto de nuestro interior, eliminando así la tendencia e influencias extrañas que nos aprisionaban hasta ese momento.
"El conocido y generalizado concepto de que el Estado es mal administrador, deja paso a otro nuevo..." ¡Miren cómo se mantienen las cosas y algunas cuestiones con las que se ha insistido a lo largo de la historia! Reitero: "...deja paso a otro nuevo, respaldado en hechos, de que el Estado es buen administrador cuando quiere serlo, dando y manteniendo con inflexibilidad las normas adecuadas para ello.
"Haber mantenido YPF en su mano la dirección y contralor del mercado interno y la iniciativa de la dirección política del petróleo...
"El espíritu nacionalista que YPF ha marcado en su labor señala el camino de nuestra liberación económica, de nuestro desarrollo industrial emprendido por nosotros mismos, con nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y nuestros capitales, gradual y racionalmente, sin impresionismo de protección o librecambio que puedan resultar inoportunos y extemporáneos, sino resolviendo cada caso según lo aconsejan las circunstancias y objetivos propuestos de bien general.
"En ser la acción de YPF un valioso antecedente a este respecto reside el mérito de su acción, puesto que este organismo del Estado ha dado a la Nación la comprobación de que nuestro país ha alcanzado madurez técnica y administrativa para organizar y conducir con éxito las más difíciles empresas que caracterizan la compleja estructura económica de las naciones modernas. Este sería sin duda el rumbo que deberíamos marcar para convertir a nuestro país en centro de gravitación de las naciones meridionales de nuestra América." Reitero, 9 de julio de 1936. Ingeniero Mosconi. "¿Qué representa YPF para la Nación?"
También se me ocurrió utilizar otra cita, artículo 128 del Título VII - Economía y Hacienda, de la Constitución del Reino de España: "1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.
"2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrán reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general." Este artículo es para tenerlo en cuenta.
En ese marco creo que tenemos que analizar este proyecto que, como dice su propio texto, apunta a recuperar la soberanía nacional en la producción, refinación y distribución de hidrocarburos, lo cual a nuestro juicio representa un claro y valiente avance hacia la profundización y mejoramiento del modelo iniciado en el año 2003.
Francamente discrepo con el compañero que dijo que el petróleo no tiene ideología. Creo profundamente en que el petróleo tiene ideología. La mayor parte de los conflictos armados posteriores a la Segunda Guerra Mundial tienen un definido olor a petróleo. Al respecto, la Guerra del Golfo y la invasión a Irak son nada más que muestras.
Yo me referí al golpe de Estado del 30 en la Argentina, pero también tendríamos que recordar el del 66. Siempre el petróleo estuvo en el medio de esas situaciones, porque el petróleo y el gas son insumos esenciales para el proceso productivo, ya sea para utilizarlos como fuente de energía o, no debemos olvidarnos, como insumos claves de industrias, como las de los fertilizantes y los plásticos.
También creo que cuando hablamos de autoabastecimiento debemos tener una concepción más amplia; no se trata sólo del autoabastecimiento energético, sino también de todo lo que hoy importamos -que se hace utilizando la materia prima petróleo- y que seguramente tiene un valor agregado mucho más grande que el que tiene utilizándolo como combustible. Casi todos los países del mundo...
"El conocido y generalizado concepto de que el Estado es mal administrador, deja paso a otro nuevo..." ¡Miren cómo se mantienen las cosas y algunas cuestiones con las que se ha insistido a lo largo de la historia! Reitero: "...deja paso a otro nuevo, respaldado en hechos, de que el Estado es buen administrador cuando quiere serlo, dando y manteniendo con inflexibilidad las normas adecuadas para ello.
"Haber mantenido YPF en su mano la dirección y contralor del mercado interno y la iniciativa de la dirección política del petróleo...
"El espíritu nacionalista que YPF ha marcado en su labor señala el camino de nuestra liberación económica, de nuestro desarrollo industrial emprendido por nosotros mismos, con nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y nuestros capitales, gradual y racionalmente, sin impresionismo de protección o librecambio que puedan resultar inoportunos y extemporáneos, sino resolviendo cada caso según lo aconsejan las circunstancias y objetivos propuestos de bien general.
"En ser la acción de YPF un valioso antecedente a este respecto reside el mérito de su acción, puesto que este organismo del Estado ha dado a la Nación la comprobación de que nuestro país ha alcanzado madurez técnica y administrativa para organizar y conducir con éxito las más difíciles empresas que caracterizan la compleja estructura económica de las naciones modernas. Este sería sin duda el rumbo que deberíamos marcar para convertir a nuestro país en centro de gravitación de las naciones meridionales de nuestra América." Reitero, 9 de julio de 1936. Ingeniero Mosconi. "¿Qué representa YPF para la Nación?"
También se me ocurrió utilizar otra cita, artículo 128 del Título VII - Economía y Hacienda, de la Constitución del Reino de España: "1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.
"2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrán reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general." Este artículo es para tenerlo en cuenta.
En ese marco creo que tenemos que analizar este proyecto que, como dice su propio texto, apunta a recuperar la soberanía nacional en la producción, refinación y distribución de hidrocarburos, lo cual a nuestro juicio representa un claro y valiente avance hacia la profundización y mejoramiento del modelo iniciado en el año 2003.
Francamente discrepo con el compañero que dijo que el petróleo no tiene ideología. Creo profundamente en que el petróleo tiene ideología. La mayor parte de los conflictos armados posteriores a la Segunda Guerra Mundial tienen un definido olor a petróleo. Al respecto, la Guerra del Golfo y la invasión a Irak son nada más que muestras.
Yo me referí al golpe de Estado del 30 en la Argentina, pero también tendríamos que recordar el del 66. Siempre el petróleo estuvo en el medio de esas situaciones, porque el petróleo y el gas son insumos esenciales para el proceso productivo, ya sea para utilizarlos como fuente de energía o, no debemos olvidarnos, como insumos claves de industrias, como las de los fertilizantes y los plásticos.
También creo que cuando hablamos de autoabastecimiento debemos tener una concepción más amplia; no se trata sólo del autoabastecimiento energético, sino también de todo lo que hoy importamos -que se hace utilizando la materia prima petróleo- y que seguramente tiene un valor agregado mucho más grande que el que tiene utilizándolo como combustible. Casi todos los países del mundo...
Se escucha una voz fuera de micrófono que entona una canción.
SR. HELLER ¿Qué es eso?
SRA. PRESIDENTA BERTONE Continúe, señor diputado Heller.
SR. HELLER Hay alguien que canta...
Decía que casi todos los países son conscientes del carácter estratégico de estos recursos, lo cual se expresa en medidas concretas de diverso tipo.
La adopción de marcos legales que le dan a esta actividad el carácter de utilidad pública o de recursos estratégicos es algo que se encuentra con frecuencia en las leyes y constituciones de muchos países; la creación de empresas gasíferas y petroleras estatales son algo común. Todos los países de América latina tienen petroleras estatales que monopolizan -en algunos casos- u orientan fuertemente la actividad.
El vendaval neoliberal dejó a la Argentina en la peor de las situaciones en comparación con el resto de los países de la región, porque somos el único país que se ha quedado sin una empresa estatal.
Cuando existe participación del sector privado, el Estado puede establecer -como lo ha hecho- retenciones a las exportaciones, cánones a los productos o subsidios al consumo, con el objetivo de que la renta petrolera se transfiera a los consumidores -eliminando para el sector privado ganancias extraordinarias, es decir, precios internacionales menos costo de producción- y dejando las ganancias normales, con las cual pueden explorar y exportar estos recursos hidrocarburíferos.
Más allá de las especulaciones político- partidarias y de los posicionamientos oficialistas u opositores, creo que como argentinos debemos decir que estamos en un momento extraordinario, que hace que nos sintamos profundamente orgullosos de hechos como el que estamos analizando.
En algún momento habíamos alcanzado el autoabastecimiento, que hoy se perdió. Hemos enfrentado a través de los tiempos dilemas como los de la nacionalización versus la extranjerización, estatal versus privado, dominio nacional versus dominio provincial. Si lo repasamos, veremos que ello se ha resuelto de diversas maneras en la historia argentina. Yo diría que, otra vez, ha sido la orientación ideológica y económica de los gobiernos de turno lo que reflejó en las respectivas políticas energéticas el rol asignado a YPF en el proceso de exploración, producción, distribución, etcétera.
La política de los años 90 condujo a un proceso que todos conocemos: la privatización y extranjerización de YPF. Las decisiones relativas a YPF comenzaron a tomarse...
Decía que casi todos los países son conscientes del carácter estratégico de estos recursos, lo cual se expresa en medidas concretas de diverso tipo.
La adopción de marcos legales que le dan a esta actividad el carácter de utilidad pública o de recursos estratégicos es algo que se encuentra con frecuencia en las leyes y constituciones de muchos países; la creación de empresas gasíferas y petroleras estatales son algo común. Todos los países de América latina tienen petroleras estatales que monopolizan -en algunos casos- u orientan fuertemente la actividad.
El vendaval neoliberal dejó a la Argentina en la peor de las situaciones en comparación con el resto de los países de la región, porque somos el único país que se ha quedado sin una empresa estatal.
Cuando existe participación del sector privado, el Estado puede establecer -como lo ha hecho- retenciones a las exportaciones, cánones a los productos o subsidios al consumo, con el objetivo de que la renta petrolera se transfiera a los consumidores -eliminando para el sector privado ganancias extraordinarias, es decir, precios internacionales menos costo de producción- y dejando las ganancias normales, con las cual pueden explorar y exportar estos recursos hidrocarburíferos.
Más allá de las especulaciones político- partidarias y de los posicionamientos oficialistas u opositores, creo que como argentinos debemos decir que estamos en un momento extraordinario, que hace que nos sintamos profundamente orgullosos de hechos como el que estamos analizando.
En algún momento habíamos alcanzado el autoabastecimiento, que hoy se perdió. Hemos enfrentado a través de los tiempos dilemas como los de la nacionalización versus la extranjerización, estatal versus privado, dominio nacional versus dominio provincial. Si lo repasamos, veremos que ello se ha resuelto de diversas maneras en la historia argentina. Yo diría que, otra vez, ha sido la orientación ideológica y económica de los gobiernos de turno lo que reflejó en las respectivas políticas energéticas el rol asignado a YPF en el proceso de exploración, producción, distribución, etcétera.
La política de los años 90 condujo a un proceso que todos conocemos: la privatización y extranjerización de YPF. Las decisiones relativas a YPF comenzaron a tomarse...
SRA. PRESIDENTA BERTONE Alguien de la prensa está hablando con un volumen superior al del señor diputado en uso de la palabra.
Se escucha en la sala la voz de una periodista brindando un informe de la reunión.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Continúe, señor diputado.
SR. HELLER Decía que los objetivos que a partir de entonces tuvo la empresa Repsol fueron los de maximizar y girar a España la mayor parte de sus utilidades, política que indefectiblemente conducía a abandonar las tareas de exploración y, por lo tanto, a una declinación continuada de las reservas comprobadas.
Citando al diario español El País, las declaraciones del presidente de Repsol señalan que "se decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa local, sin apenas producción, para jugar en la primera división de la liga petrolera." Yo puedo dar fe de que eso es así, porque por azar estaba en España en el momento en que se produjo la compra de YPF por parte de Repsol. En todos los diarios españoles apareció un aviso a doble página que decía que "ahora sí somos una empresa con reservas." En realidad, hasta ese momento Repsol era una destilería y una red de estaciones de servicio, y cuando adquirió YPF pasó a ser una petrolera.
Los resultados de ese proceso de privatización sin duda han sido altamente favorables para Repsol y fuertemente desfavorables para los intereses de la Nación Argentina.
Entre 1997 y 2010 YPF distribuyó dividendos por 13.246 millones de dólares, el 85 por ciento de las utilidades netas del período. Es decir, siempre tuvo esa política y no sólo en los últimos años. Con esas utilidades financió su expansión global para posicionarse en Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Argelia, entre otros países.
Es decir, lo que Repsol tendría que haber reinvertido acá, porque lo ganaba acá, lo invirtió en el exterior en negocios que -otra vez según su presidente Brufau- le generaban mayor valor agregado -eufemismo para hablar de ganancias- y le disminuía el riesgo gracias a la diversificación geográfica.
El año pasado YPF realizó la exploración de treinta pozos, cuando tenía concesionadas unas sesenta áreas. Si comparamos esa cifra con los cien pozos anuales que realizaba en promedio Yacimientos Petrolíferos Fiscales antes de la privatización, tenemos claro un elemento indicativo de la política de esta empresa. Los resultados no podían ser distintos a los que las políticas preanunciaban.
Pese a todo lo que en una costosa campaña mediática se intenta demostrar, a veces acompañados sospechosamente por un coro de cónsules españoles que escuchan los argumentos que aparecen en Europa y se convierten en sus voceros locales -en maratónicos desfiles por distintos medios de comunicación-, lo cierto es que Repsol YPF fue responsable del 54 por ciento de la caída de la producción del petróleo y del 97 por ciento de la reducción de la producción de gas.
Eso motivó que YPF fuera perdiendo participación en el sector, cayeran su producción y sus reservas, disminuyera la actividad de exploración, se maximizara el giro de las utilidades al exterior y se configurara un comportamiento depredatorio del recurso y de vaciamiento de la empresa. No puede ser calificado de otra manera.
En ese marco tenemos que ver el proyecto que hoy estamos considerando y que fue sancionado por el Senado. Se trata nada menos que de recuperar para el Estado nacional la propiedad mayoritaria y el control de las decisiones de una empresa indudablemente clave para el manejo soberano del sector hidrocarburífero. Estamos dejando atrás otra página del modelo neoliberal, privatizador y desnacionalizador que se consolidó en los 90. Estamos escribiendo una página de soberanía concreta, no declamatoria, sobre nuestros recursos naturales.
Estamos recuperando las mejores tradiciones de la política petrolera argentina. Lo estamos haciendo en consonancia con lo que pasa en otros países de la región como Bolivia, Ecuador y Venezuela, que también han dado pasos de gran trascendencia en la recuperación de su soberanía energética.
YPF es un actor central de la producción, refinación y comercialización de hidrocarburos. En otras palabras, es una herramienta poderosa para poder avanzar en el objetivo del autoabastecimiento.
Será posible avanzar en la explotación de nuevas áreas y con nuevas tecnologías. Hay que poder sostener el notable avance en la producción nacional sobre la base de que esto también genera un permanente incremento en el consumo de energía.
He escuchado a algunos negar que el déficit energético es producto de dos cosas: efectivamente, de una caída real de la producción, pero también de un enorme crecimiento de la demanda, porque algún autoabastecimiento energético de otras épocas que se exhibe estaba basado en aquella idea de que la Argentina había dejado de ser un país industrial y que no necesitaba energía, como tampoco técnicos e ingenieros, porque habíamos abandonado ese destino.
Por lo tanto, hay que apuntar a la generación de energía y de recursos energéticos para dar sustentabilidad a ese proceso de crecimiento virtuoso iniciado en 2003 y que debemos mantener a toda costa.
El corazón del proyecto -esto ya ha sido expresado, pero quiero reiterarlo- se encuentra en su artículo 1°. Centramos toda la discusión en el tema de la expropiación del 51 por ciento de las acciones, lo que tiene un enorme valor en virtud de lo que acabo de explicar, pero el corazón del proyecto en consideración está en su artículo 1°, por el que se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.
Allí se definen los principios de la política hidrocarburífera, entre los que destacamos la restitución de reservas, la maximización de inversiones dirigidas al autoabastecimiento, la incorporación de nuevas tecnologías y la obtención de saldos exportables.
El camino de la expropiación es absolutamente legal. Se encuentra establecido en la ley 21.499, siendo el expropiante el Poder Ejecutivo nacional. Pese a las protestas airadas del gobierno español y de algunos voceros locales, este proyecto de ley constituye una decisión soberana de la Argentina, que se implementa a través de las normas establecidas en la legislación nacional. No hay ningún dato de inconstitucionalidad. Algunos tratan de establecerlo porque, seguramente, en forma consciente o inconsciente, están comenzando a abrir espacios para los juicios de inconstitucionalidad que los representantes de esas empresas intentarán llevar adelante.
La señora presidenta de la Nación dijo que la reforma constitucional de 1994 le quitó poder de negociación al Estado, porque fragmentó ese poder, dejándolo en manos de provincias que debieron enfrentarse a compañías de altísimo poder de inversión, expresión con la que estoy de acuerdo. A esto le agregaría que, además del elevado poder de inversión, tienen un poder de lobby o presión que es aún mayor.
Ayer escuché el discurso del señor senador Pichetto en el cierre del debate. El señor senador dijo algo con lo que coincido, razón por la cual le pongo el derecho de autor para no decirlo como si lo hubiera pensado yo. El señor senador, al hablar de esto, dijo que la reforma constitucional de 1994 se dio en el marco de la ofensiva neoliberal y de la destrucción del concepto de Estado-Nación, porque no debe olvidarse que todo ese proceso que aparece como de transferencia de soberanía es, como la experiencia lo indica, de disminución de la capacidad para enfrentar a los poderosos intereses que se mueven alrededor de cuestiones estratégicas como la del petróleo.
En este marco creemos que está bien planteado. Y hecha esa salvedad, la manera de distribuir las acciones expropiadas es un 51 por ciento para el Estado nacional y un 49 por ciento para las provincias productoras. Además, un pacto de sindicación de esas acciones permite obtener un control eficiente y una gestión cohesionada.
Ese poder, que se perdió a partir de la reforma constitucional del 94, se recupera en la gestión de la empresa estatal a través de una sindicación de acciones que realizarán las provincias productoras, unificando el mandato con el Estado nacional.
Señora presidenta: seguramente las presiones van a ser muy fuertes y las habrá de diverso tipo, ya sean mediáticas o a través de los lobbies, por la gran cantidad de plata que estas empresas tienen para comprar voluntades que hablen a su favor. Son todas cuestiones que conocemos y que pasan, pero no nos tienen que asustar y las tenemos que aceptar como parte del juego. Pero, en realidad, la única vía legal que le queda a Repsol es acudir al CIADI. Todas las otras cosas son chantaje, tal como lo que leemos a diario de que la Unión Europea dice que no nos va a resultar gratis y aparecen amenazas dando vueltas por allí. Entre ellas, se dice, por ejemplo, que las inversiones van a huir del país y nos vamos a quedar huérfanos.
El único camino legal que le quedará a Repsol será acudir al CIADI en función del Tratado Bilateral de Inversiones entre la Argentina y España.
A mi modo de ver eso pone de relieve la importancia de que en algún momento este Parlamento encare la discusión en torno de los más de 50 tratados bilaterales de inversión que se firmaron durante los 90 y que significativamente limitan la soberanía argentina. Por lo tanto, hay que empezar a pensar cómo hacemos para desactivar esos tratados que, insisto, son una fuerte limitante a nuestra capacidad soberana. Esa una asignatura que tenemos pendiente.
Termino con una frase incluida en los fundamentos del proyecto. "El proyecto se inspira en la idea de que el Estado, legítimo dueño del recurso, no puede prescindir de la administración directa de la producción y de los precios, lo cual en el caso argentino, implica necesariamente recuperar el control de la principal empresa del sector, sustrayéndola de sus prácticas depredatorias para ponerla al servicio del desarrollo nacional y del pueblo argentino."
Por eso, adelanto el acompañamiento y el voto positivo del bloque Nuevo Encuentro al proyecto, que tiene una enorme trascendencia en este proceso de recuperar la soberanía y profundizar el modelo. (Aplausos.)
Citando al diario español El País, las declaraciones del presidente de Repsol señalan que "se decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa local, sin apenas producción, para jugar en la primera división de la liga petrolera." Yo puedo dar fe de que eso es así, porque por azar estaba en España en el momento en que se produjo la compra de YPF por parte de Repsol. En todos los diarios españoles apareció un aviso a doble página que decía que "ahora sí somos una empresa con reservas." En realidad, hasta ese momento Repsol era una destilería y una red de estaciones de servicio, y cuando adquirió YPF pasó a ser una petrolera.
Los resultados de ese proceso de privatización sin duda han sido altamente favorables para Repsol y fuertemente desfavorables para los intereses de la Nación Argentina.
Entre 1997 y 2010 YPF distribuyó dividendos por 13.246 millones de dólares, el 85 por ciento de las utilidades netas del período. Es decir, siempre tuvo esa política y no sólo en los últimos años. Con esas utilidades financió su expansión global para posicionarse en Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Argelia, entre otros países.
Es decir, lo que Repsol tendría que haber reinvertido acá, porque lo ganaba acá, lo invirtió en el exterior en negocios que -otra vez según su presidente Brufau- le generaban mayor valor agregado -eufemismo para hablar de ganancias- y le disminuía el riesgo gracias a la diversificación geográfica.
El año pasado YPF realizó la exploración de treinta pozos, cuando tenía concesionadas unas sesenta áreas. Si comparamos esa cifra con los cien pozos anuales que realizaba en promedio Yacimientos Petrolíferos Fiscales antes de la privatización, tenemos claro un elemento indicativo de la política de esta empresa. Los resultados no podían ser distintos a los que las políticas preanunciaban.
Pese a todo lo que en una costosa campaña mediática se intenta demostrar, a veces acompañados sospechosamente por un coro de cónsules españoles que escuchan los argumentos que aparecen en Europa y se convierten en sus voceros locales -en maratónicos desfiles por distintos medios de comunicación-, lo cierto es que Repsol YPF fue responsable del 54 por ciento de la caída de la producción del petróleo y del 97 por ciento de la reducción de la producción de gas.
Eso motivó que YPF fuera perdiendo participación en el sector, cayeran su producción y sus reservas, disminuyera la actividad de exploración, se maximizara el giro de las utilidades al exterior y se configurara un comportamiento depredatorio del recurso y de vaciamiento de la empresa. No puede ser calificado de otra manera.
En ese marco tenemos que ver el proyecto que hoy estamos considerando y que fue sancionado por el Senado. Se trata nada menos que de recuperar para el Estado nacional la propiedad mayoritaria y el control de las decisiones de una empresa indudablemente clave para el manejo soberano del sector hidrocarburífero. Estamos dejando atrás otra página del modelo neoliberal, privatizador y desnacionalizador que se consolidó en los 90. Estamos escribiendo una página de soberanía concreta, no declamatoria, sobre nuestros recursos naturales.
Estamos recuperando las mejores tradiciones de la política petrolera argentina. Lo estamos haciendo en consonancia con lo que pasa en otros países de la región como Bolivia, Ecuador y Venezuela, que también han dado pasos de gran trascendencia en la recuperación de su soberanía energética.
YPF es un actor central de la producción, refinación y comercialización de hidrocarburos. En otras palabras, es una herramienta poderosa para poder avanzar en el objetivo del autoabastecimiento.
Será posible avanzar en la explotación de nuevas áreas y con nuevas tecnologías. Hay que poder sostener el notable avance en la producción nacional sobre la base de que esto también genera un permanente incremento en el consumo de energía.
He escuchado a algunos negar que el déficit energético es producto de dos cosas: efectivamente, de una caída real de la producción, pero también de un enorme crecimiento de la demanda, porque algún autoabastecimiento energético de otras épocas que se exhibe estaba basado en aquella idea de que la Argentina había dejado de ser un país industrial y que no necesitaba energía, como tampoco técnicos e ingenieros, porque habíamos abandonado ese destino.
Por lo tanto, hay que apuntar a la generación de energía y de recursos energéticos para dar sustentabilidad a ese proceso de crecimiento virtuoso iniciado en 2003 y que debemos mantener a toda costa.
El corazón del proyecto -esto ya ha sido expresado, pero quiero reiterarlo- se encuentra en su artículo 1°. Centramos toda la discusión en el tema de la expropiación del 51 por ciento de las acciones, lo que tiene un enorme valor en virtud de lo que acabo de explicar, pero el corazón del proyecto en consideración está en su artículo 1°, por el que se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.
Allí se definen los principios de la política hidrocarburífera, entre los que destacamos la restitución de reservas, la maximización de inversiones dirigidas al autoabastecimiento, la incorporación de nuevas tecnologías y la obtención de saldos exportables.
El camino de la expropiación es absolutamente legal. Se encuentra establecido en la ley 21.499, siendo el expropiante el Poder Ejecutivo nacional. Pese a las protestas airadas del gobierno español y de algunos voceros locales, este proyecto de ley constituye una decisión soberana de la Argentina, que se implementa a través de las normas establecidas en la legislación nacional. No hay ningún dato de inconstitucionalidad. Algunos tratan de establecerlo porque, seguramente, en forma consciente o inconsciente, están comenzando a abrir espacios para los juicios de inconstitucionalidad que los representantes de esas empresas intentarán llevar adelante.
La señora presidenta de la Nación dijo que la reforma constitucional de 1994 le quitó poder de negociación al Estado, porque fragmentó ese poder, dejándolo en manos de provincias que debieron enfrentarse a compañías de altísimo poder de inversión, expresión con la que estoy de acuerdo. A esto le agregaría que, además del elevado poder de inversión, tienen un poder de lobby o presión que es aún mayor.
Ayer escuché el discurso del señor senador Pichetto en el cierre del debate. El señor senador dijo algo con lo que coincido, razón por la cual le pongo el derecho de autor para no decirlo como si lo hubiera pensado yo. El señor senador, al hablar de esto, dijo que la reforma constitucional de 1994 se dio en el marco de la ofensiva neoliberal y de la destrucción del concepto de Estado-Nación, porque no debe olvidarse que todo ese proceso que aparece como de transferencia de soberanía es, como la experiencia lo indica, de disminución de la capacidad para enfrentar a los poderosos intereses que se mueven alrededor de cuestiones estratégicas como la del petróleo.
En este marco creemos que está bien planteado. Y hecha esa salvedad, la manera de distribuir las acciones expropiadas es un 51 por ciento para el Estado nacional y un 49 por ciento para las provincias productoras. Además, un pacto de sindicación de esas acciones permite obtener un control eficiente y una gestión cohesionada.
Ese poder, que se perdió a partir de la reforma constitucional del 94, se recupera en la gestión de la empresa estatal a través de una sindicación de acciones que realizarán las provincias productoras, unificando el mandato con el Estado nacional.
Señora presidenta: seguramente las presiones van a ser muy fuertes y las habrá de diverso tipo, ya sean mediáticas o a través de los lobbies, por la gran cantidad de plata que estas empresas tienen para comprar voluntades que hablen a su favor. Son todas cuestiones que conocemos y que pasan, pero no nos tienen que asustar y las tenemos que aceptar como parte del juego. Pero, en realidad, la única vía legal que le queda a Repsol es acudir al CIADI. Todas las otras cosas son chantaje, tal como lo que leemos a diario de que la Unión Europea dice que no nos va a resultar gratis y aparecen amenazas dando vueltas por allí. Entre ellas, se dice, por ejemplo, que las inversiones van a huir del país y nos vamos a quedar huérfanos.
El único camino legal que le quedará a Repsol será acudir al CIADI en función del Tratado Bilateral de Inversiones entre la Argentina y España.
A mi modo de ver eso pone de relieve la importancia de que en algún momento este Parlamento encare la discusión en torno de los más de 50 tratados bilaterales de inversión que se firmaron durante los 90 y que significativamente limitan la soberanía argentina. Por lo tanto, hay que empezar a pensar cómo hacemos para desactivar esos tratados que, insisto, son una fuerte limitante a nuestra capacidad soberana. Esa una asignatura que tenemos pendiente.
Termino con una frase incluida en los fundamentos del proyecto. "El proyecto se inspira en la idea de que el Estado, legítimo dueño del recurso, no puede prescindir de la administración directa de la producción y de los precios, lo cual en el caso argentino, implica necesariamente recuperar el control de la principal empresa del sector, sustrayéndola de sus prácticas depredatorias para ponerla al servicio del desarrollo nacional y del pueblo argentino."
Por eso, adelanto el acompañamiento y el voto positivo del bloque Nuevo Encuentro al proyecto, que tiene una enorme trascendencia en este proceso de recuperar la soberanía y profundizar el modelo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Señora presidenta: la verdad que me gustaría ubicar este proyecto en el contexto de mi propia vida, porque me parece que los dirigentes políticos, cuando somos ungidos por el voto ciudadano, adquirimos responsabilidades, que tienen que ver, nada y nada menos, con la vida cotidiana de nuestros connacionales.
La verdad es que soy poco afecta a remover el pasado; dejo que los demás se fijen en lo que yo señalé.
Quiero poner el tema en contexto, ¿y sabe por qué, señora presidenta? Porque en la primavera de 1992, hace 20 años, se emprendió la transformación de YPF. Y en ese momento yo integraba el bloque oficialista, el Partido Justicialista, y fuimos muy pocos los legisladores que tuvimos la osadía de plantarnos ante algo que veíamos que era absolutamente incorrecto para los fines estratégicos de nuestra Nación.
Debo declarar que vengo a esta reunión con muchísima tristeza, porque aquello que pensábamos se cumplió. Les puedo asegurar que en aquella época, juntarse con los correligionarios y esconderse detrás de las cortinas -como decían los compañeros- era terrible. Los correligionarios venían de dejar el gobierno de la hiperinflación, de toda una situación desastrosa y en ese momento algunos peronistas tuvimos la misma estrategia para oponernos decididamente a lo que considerábamos que era la entrega de la Nación.
Quiero ponerlo en contexto, porque también en ese momento el 70 por ciento de la opinión pública, según los periodistas militantes -que existían en esa época como existen ahora y como seguirán existiendo en el futuro- nos convocaban desde las radios para que fuéramos a cumplir con nuestro deber, porque para eso nos pagaban el sueldo. "Diputada Graciela Camaño: siéntese en su banca", y yo sabía que eso significaba nada más y nada menos que votar de otra forma el proyecto de entrega de YPF.
Quiero ponerlo en contexto, en cuanto al rol que le cupo al bloque del Partido Justicialista en la coyuntura, porque el proyecto que vino del Poder Ejecutivo no fue el que finalmente salió. Más allá de la entrega, debo considerar que los diputados del oficialismo de esa época hicieron mucho para mejorar el texto.
Y para terminar de ponerlo en contexto -porque algunas veces escucho discursos en los medios, si bien estos días traté de abstraerme de aparecer, porque siento una inmensa amargura en el alma cuando veo lo que ocurre-, los mismos personajes que hoy nos vienen a proponer esta solución son los que militaban activamente, con nombre y apellido, para que ocurriera la privatización.
A continuación voy a dar lectura sólo de una parte de lo que fueron los dichos del miembro informante, el señor diputado Parrilli, actual secretario general de la Presidencia, quien en ese momento decía: "Cuando el doctor Menem asumió la presidencia de la Nación en 1989 nos cambiaron las preguntas, los instrumentos y las acciones con las que contaba el peronismo para dar respuesta a un gobierno nacional y popular.". No se si les suena eso de "nacional y popular", pero a mí me hace mucho ruido.
También decía el diputado Parrilli -justificando la transformación, porque así la denominaba y figura en la versión taquigráfica de YPF- "Va a oxigenar a nuestro gobierno y va a representar una bocanada de aire puro que fortalecerá al presidente Menem.".
Me pregunto, señores legisladores, si estos han sido los consejos que el secretario general Parrilli dio a la señora presidenta cuando se propone este tipo de privatización, que a todas luces -y todos lo sabemos- no viene a solucionar absolutamente nada.
La YPF que privatizaron, en los años 89 y 90 incidía en el 70 por ciento del mercado hidrocarburífero de la República Argentina. Lo que hoy estamos haciendo es ir nada más por el 30 por ciento de una YPF escuálida, que es lo que han dejado.
No tiren tanta bosta contra la década del 90, porque lo que pasó con YPF llega hasta nuestros días y tiene su broche de oro en esa actitud que han tenido en el año 2008, cuando por la ventana metieron un socio que no llevó un mango a YPF y que se empezó a llevar lo que ganaba; todos han sido responsables.
He sido compañera de la presidenta de la Nación durante cuatro años y era rebelde, por eso éramos más amigas que con otros.
Cuando escuché que la presidenta estaba por tomar una medida respecto a YPF, pensé que se venía algo diferente. Pero esto no es distinto; este es el negocio del petróleo, como bien dijo el diputado Heller.
Diputado Heller: lo que usted plantea es lo que iluminó mi camino en la década del 90, ya que la energía es lo estratégico para un país. Me niego a que el Estado nacional se jacte de negociar con los petroleros con una ametralladora en el hombro, porque esa es una figura que no quiero. Para que esto no ocurra, tenemos que tener más Estado en serio. No podemos engrupir a la gente con una sociedad anónima.
Miren, señores, si YPF tiene el 30 por ciento del negocio y lo que se está expropiando -en lo que no estamos en desacuerdo- es el 51 por ciento de la empresa Repsol, esto significa que el Estado nacional tendrá el 26 por ciento del 30 por ciento. A la vez, las provincias tendrán el 24 por ciento y el señor Eskenazi, o como se llame, -reitero: o como se llame-, va a tener el 25 por ciento.
Por otra parte quiere decir, señora presidenta, que si hacemos alguna otra ecuación -y hoy YPF es un problema-, los 3 mil millones de dólares que el señor Eskenazi tomó de los bancos nacionales y extranjeros están comprendidos en esa cláusula gatillo, por la cual probablemente los tenga que entregar. Y además como también tiene obligaciones negociables, ello quiere decir que este 25 por ciento puede llegar a transformarse en el 25 por ciento, ¿de quién? ¿De Repsol? Sí. Entonces, más el 5 por ciento que le dejamos, eso suma el 30 por ciento. Por eso es necesario que los funcionarios vengan y expliquen, que con seriedad vengan las instituciones y nos digan cuál es el plan estratégico para esta YPF, que no es el petróleo, como lo quiere hacer aparecer la publicidad engañosa.
Entonces, señores diputados, aquí me vuelvo a preguntar: ¿no será que esto oxigenará a nuestro gobierno, representará una bocanada de aire puro y fortalecerá a la presidenta Kirchner? Esto en boca de lo que decía el miembro informante, secretario general de aquella época y de ésta.
No creo en lo que estamos haciendo. Yo sí he defendido YPF y no creo en este proyecto. Este proyecto no trata de soberanía, este proyecto es una mentira más. Nos estamos perdiendo una oportunidad histórica.
Señora presidenta: nosotros vamos a presentar un dictamen en minoría y vamos a votar por la negativa con la autoridad moral que nos da la transparencia de nuestros años de militancia. (Aplausos.)
La verdad es que soy poco afecta a remover el pasado; dejo que los demás se fijen en lo que yo señalé.
Quiero poner el tema en contexto, ¿y sabe por qué, señora presidenta? Porque en la primavera de 1992, hace 20 años, se emprendió la transformación de YPF. Y en ese momento yo integraba el bloque oficialista, el Partido Justicialista, y fuimos muy pocos los legisladores que tuvimos la osadía de plantarnos ante algo que veíamos que era absolutamente incorrecto para los fines estratégicos de nuestra Nación.
Debo declarar que vengo a esta reunión con muchísima tristeza, porque aquello que pensábamos se cumplió. Les puedo asegurar que en aquella época, juntarse con los correligionarios y esconderse detrás de las cortinas -como decían los compañeros- era terrible. Los correligionarios venían de dejar el gobierno de la hiperinflación, de toda una situación desastrosa y en ese momento algunos peronistas tuvimos la misma estrategia para oponernos decididamente a lo que considerábamos que era la entrega de la Nación.
Quiero ponerlo en contexto, porque también en ese momento el 70 por ciento de la opinión pública, según los periodistas militantes -que existían en esa época como existen ahora y como seguirán existiendo en el futuro- nos convocaban desde las radios para que fuéramos a cumplir con nuestro deber, porque para eso nos pagaban el sueldo. "Diputada Graciela Camaño: siéntese en su banca", y yo sabía que eso significaba nada más y nada menos que votar de otra forma el proyecto de entrega de YPF.
Quiero ponerlo en contexto, en cuanto al rol que le cupo al bloque del Partido Justicialista en la coyuntura, porque el proyecto que vino del Poder Ejecutivo no fue el que finalmente salió. Más allá de la entrega, debo considerar que los diputados del oficialismo de esa época hicieron mucho para mejorar el texto.
Y para terminar de ponerlo en contexto -porque algunas veces escucho discursos en los medios, si bien estos días traté de abstraerme de aparecer, porque siento una inmensa amargura en el alma cuando veo lo que ocurre-, los mismos personajes que hoy nos vienen a proponer esta solución son los que militaban activamente, con nombre y apellido, para que ocurriera la privatización.
A continuación voy a dar lectura sólo de una parte de lo que fueron los dichos del miembro informante, el señor diputado Parrilli, actual secretario general de la Presidencia, quien en ese momento decía: "Cuando el doctor Menem asumió la presidencia de la Nación en 1989 nos cambiaron las preguntas, los instrumentos y las acciones con las que contaba el peronismo para dar respuesta a un gobierno nacional y popular.". No se si les suena eso de "nacional y popular", pero a mí me hace mucho ruido.
También decía el diputado Parrilli -justificando la transformación, porque así la denominaba y figura en la versión taquigráfica de YPF- "Va a oxigenar a nuestro gobierno y va a representar una bocanada de aire puro que fortalecerá al presidente Menem.".
Me pregunto, señores legisladores, si estos han sido los consejos que el secretario general Parrilli dio a la señora presidenta cuando se propone este tipo de privatización, que a todas luces -y todos lo sabemos- no viene a solucionar absolutamente nada.
La YPF que privatizaron, en los años 89 y 90 incidía en el 70 por ciento del mercado hidrocarburífero de la República Argentina. Lo que hoy estamos haciendo es ir nada más por el 30 por ciento de una YPF escuálida, que es lo que han dejado.
No tiren tanta bosta contra la década del 90, porque lo que pasó con YPF llega hasta nuestros días y tiene su broche de oro en esa actitud que han tenido en el año 2008, cuando por la ventana metieron un socio que no llevó un mango a YPF y que se empezó a llevar lo que ganaba; todos han sido responsables.
He sido compañera de la presidenta de la Nación durante cuatro años y era rebelde, por eso éramos más amigas que con otros.
Cuando escuché que la presidenta estaba por tomar una medida respecto a YPF, pensé que se venía algo diferente. Pero esto no es distinto; este es el negocio del petróleo, como bien dijo el diputado Heller.
Diputado Heller: lo que usted plantea es lo que iluminó mi camino en la década del 90, ya que la energía es lo estratégico para un país. Me niego a que el Estado nacional se jacte de negociar con los petroleros con una ametralladora en el hombro, porque esa es una figura que no quiero. Para que esto no ocurra, tenemos que tener más Estado en serio. No podemos engrupir a la gente con una sociedad anónima.
Miren, señores, si YPF tiene el 30 por ciento del negocio y lo que se está expropiando -en lo que no estamos en desacuerdo- es el 51 por ciento de la empresa Repsol, esto significa que el Estado nacional tendrá el 26 por ciento del 30 por ciento. A la vez, las provincias tendrán el 24 por ciento y el señor Eskenazi, o como se llame, -reitero: o como se llame-, va a tener el 25 por ciento.
Por otra parte quiere decir, señora presidenta, que si hacemos alguna otra ecuación -y hoy YPF es un problema-, los 3 mil millones de dólares que el señor Eskenazi tomó de los bancos nacionales y extranjeros están comprendidos en esa cláusula gatillo, por la cual probablemente los tenga que entregar. Y además como también tiene obligaciones negociables, ello quiere decir que este 25 por ciento puede llegar a transformarse en el 25 por ciento, ¿de quién? ¿De Repsol? Sí. Entonces, más el 5 por ciento que le dejamos, eso suma el 30 por ciento. Por eso es necesario que los funcionarios vengan y expliquen, que con seriedad vengan las instituciones y nos digan cuál es el plan estratégico para esta YPF, que no es el petróleo, como lo quiere hacer aparecer la publicidad engañosa.
Entonces, señores diputados, aquí me vuelvo a preguntar: ¿no será que esto oxigenará a nuestro gobierno, representará una bocanada de aire puro y fortalecerá a la presidenta Kirchner? Esto en boca de lo que decía el miembro informante, secretario general de aquella época y de ésta.
No creo en lo que estamos haciendo. Yo sí he defendido YPF y no creo en este proyecto. Este proyecto no trata de soberanía, este proyecto es una mentira más. Nos estamos perdiendo una oportunidad histórica.
Señora presidenta: nosotros vamos a presentar un dictamen en minoría y vamos a votar por la negativa con la autoridad moral que nos da la transparencia de nuestros años de militancia. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Ferrari.
SR. FERRARI Señora presidenta: voy a fundamentar los puntos por los que sostenemos nuestro voto negativo al dictamen de mayoría y nuestro apoyo al de minoría.
Creemos firmemente que los recursos estratégicos de un país tienen que estar en manos del Estado o al menos el Estado tiene que tener una participación mayoritaria en su control. Y con la misma firmeza creemos que los contratos se tienen que cumplir y que las leyes deben ser prevalentes respecto de los intereses de los Gobiernos de turno. Es así entonces que defendiendo explícitamente gran parte de esta concepción, redactamos un dictamen que parte esencialmente de los siguientes puntos. Es relevante el planteo del interés público que se manifiesta en el artículo 1° del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, nosotros limitamos el interés público al autoabastecimiento y a las tareas de exploración y explotación. No consentimos que la cadena de producción, distribución y comercialización de hidrocarburos esté bajo esta catalogación de interés público, que en el futuro podría permitir que quienes comanden estratégicamente esta compañía -e incluso desde el Poder Ejecutivo- se puedan ir introduciendo en cualquier parte de ella. Sería un cheque en blanco que le estaríamos otorgando mediante este proyecto de ley.
De manera tal que el primer punto es la limitación del interés público al autoabastecimiento, la exploración y la explotación.
En segundo lugar, planteamos la necesidad de un plan energético y de un plan estratégico que sean consensuados como corresponde. Seguramente otros miembros de mi bloque avanzarán en la explicitación de estos planes. Pero esencialmente quiero dejar planteada la necesidad de que esta misma ley inste al Poder Ejecutivo a trabajar en un plan estratégico para la energía de nuestro país.
El tercer elemento que establecemos en nuestro dictamen es el primer paso del cumplimiento de la ley. Por supuesto que estamos de acuerdo en que pueden modificarse los tratados, pero hoy son ley en la República Argentina. En verdad, pase lo que pase, el Tratado de no Discriminación tiene que ser respetado en este momento histórico de nuestro país. Si ese Tratado mañana se deroga, eso será otra problemática y cuestión. Hoy no podemos utilizar los tratados que nos convienen para plantarnos internacionalmente con el tema de las Malvinas y dejar de aplicar aquellos otros que teóricamente y para el interés del gobierno no son convenientes. Esto no nos acerca a las Malvinas, sino que nos aleja de ellas. En otras palabras, esto nos pone en una situación totalmente distinta respecto del plano internacional.
Precisamente, nosotros manifestamos la no discriminación, accediendo a la posibilidad de que se dé un proceso de expropiación, pero con una participación proporcional no solamente en el grupo Repsol, sino también en el grupo Petersen. Entonces, es esencial que exista una participación proporcional de este 51 por ciento de expropiación respecto del cual nosotros, obviamente, estamos propiciando que se realice en forma ecuánime.
En lo relativo al tema de la federalización del reparto, no consentimos la posibilidad de que solamente algunas provincias sean privilegiadas en la distribución que la ley les otorga. Por el contrario, todas tienen que ser beneficiadas, y en una proporción que deberá corresponder a la población que tenga cada una de ellas y a su participación en el proceso de producción e industrialización de hidrocarburos. Es decir que también proporcionalmente todas las provincias tienen que ser beneficiadas. Esto es esencial para lograr una equidad en el planteo de la distribución de acciones y para que no sean privilegiadas aquellas provincias que, al mismo tiempo, reciben regalías.
En cuanto al tema del control, quiero señalar que en este momento constituye un aspecto esencial. Nosotros no consentimos el artículo 15 del proyecto de ley, que exime del control estatal a la compañía. Por el contrario, creemos que deben estar previstos los controles internos y externos que establece la ley de administración financiera.
Asimismo deben aplicarse las disposiciones de la ley de contabilidad. Por supuesto, también debe haber un principio rector en materia de compras y contrataciones.
Proponemos la creación de una comisión bicameral que analice no solamente lo que se hace, sino también lo que se hizo, siendo partícipe de una auditoría integral de lo que ha sucedido en el pasado con esta empresa. En relación con esta última, es evidente que hay un responsable de vaciamiento, que es Repsol, pero al mismo tiempo hay un responsable de no haber controlado esa situación y haberla aprobado explícitamente, que es el Estado argentino a través del gobierno.
Esa comisión bicameral debe ser presidida por un miembro de la oposición que sea designado por los bloques opositores.
También propiciamos una integración equitativa del Consejo Federal de Hidrocarburos, de modo tal que tanto la Nación como las provincias y la ciudad de Buenos Aires tengan una representación equivalente en su seno.
Ampliamos las facultades del Consejo y lo jerarquizamos técnicamente. Entendemos que el Consejo tiene que tener un rol parecido al del Consejo Nacional de Brasil, de forma que no solamente lo integren los propuestos sino expertos elegidos por concurso, quienes participen de la auditoría y del control de la política energética. Además, consideramos que dicho Consejo tiene que enviar cada tres meses un informe al Congreso sobre la situación de los hidrocarburos en la República Argentina, el que también debe ser dado a conocer públicamente.
Asimismo propiciamos el cabal cumplimiento de la ley de expropiaciones. Entendemos que ciertamente estamos en riesgo de consumar una confiscación prohibida expresamente por la Constitución Nacional.
En nuestro dictamen planteamos y a la vez exigimos que el depósito previo sea estipulado como corresponde por los juzgados intervinientes. Ello se debe a que sabemos que el Gobierno tiene la propensión a actuar manu militari. Y cuando uso esa expresión lo hago explícitamente por la forma en que se dio la intervención.
Disiento con algunos que manifiestan que la intervención no tiene una articulación jurídica, ya que realmente existe la posibilidad de intervenir -como ya se ha hecho- en función de un criterio determinado.
La ley de expropiaciones data de enero de 1977 -recuerden la fecha- y se refiere a la llamada "ocupación temporánea anormal". Es decir que de ninguna manera es considerada normal. Anormal forma parte del título explícito que el gobierno del proceso utilizó para ocupar aquellas empresas que expropiaba o intervenía. Y el texto de la ley señala que solamente debe disponerse de ella ante necesidades urgentes, imperiosas o súbitas.
Probablemente en una empresa no controlada por el Estado, donde el Estado no firma el balance ni tiene un director, pueda decirse que hay una situación urgente, imperiosa o súbita. Pero no puede argumentarse de ninguna manera la exigencia de esta intervención a través de un DNU que ni siquiera tiene fundamento legal.
La ley se refiere a "ocupación temporánea anormal", y el DNU no tiene ningún sustento legal ni jurídico para llevar adelante esta intervención.
Precisamente, nosotros debemos oponernos a esta manera de hacer las cosas. Al mismo tiempo sostenemos en nuestro dictamen que deben preservarse las fuentes de trabajo de todos los obreros y empleados que hoy están en Repsol, aspecto que no está contenido en el proyecto oficial. Asimismo prohibimos el financiamiento del Tesoro por las posibles sospechas que puedan exceder al carácter nacional que se pretende con esta ley.
Consecuentemente, seguiremos defendiendo la necesidad del cumplimiento de la ley. Los votos no pueden garantizar impunidad. Lo que piden los votos es que los elegidos ejerzan responsablemente su función en el gobierno. Por esto, votaremos negativamente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y propiciaremos este dictamen de minoría. (Aplausos.)
Creemos firmemente que los recursos estratégicos de un país tienen que estar en manos del Estado o al menos el Estado tiene que tener una participación mayoritaria en su control. Y con la misma firmeza creemos que los contratos se tienen que cumplir y que las leyes deben ser prevalentes respecto de los intereses de los Gobiernos de turno. Es así entonces que defendiendo explícitamente gran parte de esta concepción, redactamos un dictamen que parte esencialmente de los siguientes puntos. Es relevante el planteo del interés público que se manifiesta en el artículo 1° del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, nosotros limitamos el interés público al autoabastecimiento y a las tareas de exploración y explotación. No consentimos que la cadena de producción, distribución y comercialización de hidrocarburos esté bajo esta catalogación de interés público, que en el futuro podría permitir que quienes comanden estratégicamente esta compañía -e incluso desde el Poder Ejecutivo- se puedan ir introduciendo en cualquier parte de ella. Sería un cheque en blanco que le estaríamos otorgando mediante este proyecto de ley.
De manera tal que el primer punto es la limitación del interés público al autoabastecimiento, la exploración y la explotación.
En segundo lugar, planteamos la necesidad de un plan energético y de un plan estratégico que sean consensuados como corresponde. Seguramente otros miembros de mi bloque avanzarán en la explicitación de estos planes. Pero esencialmente quiero dejar planteada la necesidad de que esta misma ley inste al Poder Ejecutivo a trabajar en un plan estratégico para la energía de nuestro país.
El tercer elemento que establecemos en nuestro dictamen es el primer paso del cumplimiento de la ley. Por supuesto que estamos de acuerdo en que pueden modificarse los tratados, pero hoy son ley en la República Argentina. En verdad, pase lo que pase, el Tratado de no Discriminación tiene que ser respetado en este momento histórico de nuestro país. Si ese Tratado mañana se deroga, eso será otra problemática y cuestión. Hoy no podemos utilizar los tratados que nos convienen para plantarnos internacionalmente con el tema de las Malvinas y dejar de aplicar aquellos otros que teóricamente y para el interés del gobierno no son convenientes. Esto no nos acerca a las Malvinas, sino que nos aleja de ellas. En otras palabras, esto nos pone en una situación totalmente distinta respecto del plano internacional.
Precisamente, nosotros manifestamos la no discriminación, accediendo a la posibilidad de que se dé un proceso de expropiación, pero con una participación proporcional no solamente en el grupo Repsol, sino también en el grupo Petersen. Entonces, es esencial que exista una participación proporcional de este 51 por ciento de expropiación respecto del cual nosotros, obviamente, estamos propiciando que se realice en forma ecuánime.
En lo relativo al tema de la federalización del reparto, no consentimos la posibilidad de que solamente algunas provincias sean privilegiadas en la distribución que la ley les otorga. Por el contrario, todas tienen que ser beneficiadas, y en una proporción que deberá corresponder a la población que tenga cada una de ellas y a su participación en el proceso de producción e industrialización de hidrocarburos. Es decir que también proporcionalmente todas las provincias tienen que ser beneficiadas. Esto es esencial para lograr una equidad en el planteo de la distribución de acciones y para que no sean privilegiadas aquellas provincias que, al mismo tiempo, reciben regalías.
En cuanto al tema del control, quiero señalar que en este momento constituye un aspecto esencial. Nosotros no consentimos el artículo 15 del proyecto de ley, que exime del control estatal a la compañía. Por el contrario, creemos que deben estar previstos los controles internos y externos que establece la ley de administración financiera.
Asimismo deben aplicarse las disposiciones de la ley de contabilidad. Por supuesto, también debe haber un principio rector en materia de compras y contrataciones.
Proponemos la creación de una comisión bicameral que analice no solamente lo que se hace, sino también lo que se hizo, siendo partícipe de una auditoría integral de lo que ha sucedido en el pasado con esta empresa. En relación con esta última, es evidente que hay un responsable de vaciamiento, que es Repsol, pero al mismo tiempo hay un responsable de no haber controlado esa situación y haberla aprobado explícitamente, que es el Estado argentino a través del gobierno.
Esa comisión bicameral debe ser presidida por un miembro de la oposición que sea designado por los bloques opositores.
También propiciamos una integración equitativa del Consejo Federal de Hidrocarburos, de modo tal que tanto la Nación como las provincias y la ciudad de Buenos Aires tengan una representación equivalente en su seno.
Ampliamos las facultades del Consejo y lo jerarquizamos técnicamente. Entendemos que el Consejo tiene que tener un rol parecido al del Consejo Nacional de Brasil, de forma que no solamente lo integren los propuestos sino expertos elegidos por concurso, quienes participen de la auditoría y del control de la política energética. Además, consideramos que dicho Consejo tiene que enviar cada tres meses un informe al Congreso sobre la situación de los hidrocarburos en la República Argentina, el que también debe ser dado a conocer públicamente.
Asimismo propiciamos el cabal cumplimiento de la ley de expropiaciones. Entendemos que ciertamente estamos en riesgo de consumar una confiscación prohibida expresamente por la Constitución Nacional.
En nuestro dictamen planteamos y a la vez exigimos que el depósito previo sea estipulado como corresponde por los juzgados intervinientes. Ello se debe a que sabemos que el Gobierno tiene la propensión a actuar manu militari. Y cuando uso esa expresión lo hago explícitamente por la forma en que se dio la intervención.
Disiento con algunos que manifiestan que la intervención no tiene una articulación jurídica, ya que realmente existe la posibilidad de intervenir -como ya se ha hecho- en función de un criterio determinado.
La ley de expropiaciones data de enero de 1977 -recuerden la fecha- y se refiere a la llamada "ocupación temporánea anormal". Es decir que de ninguna manera es considerada normal. Anormal forma parte del título explícito que el gobierno del proceso utilizó para ocupar aquellas empresas que expropiaba o intervenía. Y el texto de la ley señala que solamente debe disponerse de ella ante necesidades urgentes, imperiosas o súbitas.
Probablemente en una empresa no controlada por el Estado, donde el Estado no firma el balance ni tiene un director, pueda decirse que hay una situación urgente, imperiosa o súbita. Pero no puede argumentarse de ninguna manera la exigencia de esta intervención a través de un DNU que ni siquiera tiene fundamento legal.
La ley se refiere a "ocupación temporánea anormal", y el DNU no tiene ningún sustento legal ni jurídico para llevar adelante esta intervención.
Precisamente, nosotros debemos oponernos a esta manera de hacer las cosas. Al mismo tiempo sostenemos en nuestro dictamen que deben preservarse las fuentes de trabajo de todos los obreros y empleados que hoy están en Repsol, aspecto que no está contenido en el proyecto oficial. Asimismo prohibimos el financiamiento del Tesoro por las posibles sospechas que puedan exceder al carácter nacional que se pretende con esta ley.
Consecuentemente, seguiremos defendiendo la necesidad del cumplimiento de la ley. Los votos no pueden garantizar impunidad. Lo que piden los votos es que los elegidos ejerzan responsablemente su función en el gobierno. Por esto, votaremos negativamente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y propiciaremos este dictamen de minoría. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra la señora diputada Carrió.
SRA. CARRIÓ Señora presidenta: trataré de ser muy breve, atento que efectivamente he obtenido muy pocos votos, represento a muy pocas personas -quinientas mil- y no quiero estorbar a la mayoría. Acepto la realidad.
Solo quiero decir y aclarar, en primer lugar, al diputado Heller, que en 1994 la miembro informante en la comisión encargada de los asuntos relativos a la provincialización de los recursos naturales y a la pérdida de nacionalización fue mi ex compañera de banca en el seno de la Convención, Cristina Kirchner. Ella, junto a Pezoa, representaba al cavallismo en la Convención Constituyente.
Digo esto para que el señor diputado complete la información que posee.
Lo que quiero explicitar no es qué hizo el gobierno o los demás diputados, sino qué hicimos nosotros durante todos estos años de vaciamiento. Me parece que cada uno de los diputados que estamos aquí no sólo tenemos que decir "vaciaron", sino que tenemos que dar cuenta de qué hicimos cada uno de nosotros cuando esto sucedía -sobre todo quienes estamos en esta Cámara, en mi caso por casi dieciocho años con interrupciones.
En el año 2006, durante el tratamiento de ENARSA, empresa estatal a la que denominamos "agencia de coimas" -y así fue-, hicimos especial referencia al rol de Repsol YPF. Hablamos de la desinversión de Repsol y dijimos expresamente que su negocio -tal como lo dijo el señor diputado Heller- era un negocio financiero; por eso La Caixa es la principal accionista de Repsol.
Desde siempre Repsol vino a saquear las reservas, desde la privatización de Menem vino con el negocio para saquear las reservas. Por eso, siempre me negué a ir a la embajada de España y a las recepciones de los embajadores a los que fueron los políticos de todos los partidos, mientras vaciaban YPF Repsol...
Solo quiero decir y aclarar, en primer lugar, al diputado Heller, que en 1994 la miembro informante en la comisión encargada de los asuntos relativos a la provincialización de los recursos naturales y a la pérdida de nacionalización fue mi ex compañera de banca en el seno de la Convención, Cristina Kirchner. Ella, junto a Pezoa, representaba al cavallismo en la Convención Constituyente.
Digo esto para que el señor diputado complete la información que posee.
Lo que quiero explicitar no es qué hizo el gobierno o los demás diputados, sino qué hicimos nosotros durante todos estos años de vaciamiento. Me parece que cada uno de los diputados que estamos aquí no sólo tenemos que decir "vaciaron", sino que tenemos que dar cuenta de qué hicimos cada uno de nosotros cuando esto sucedía -sobre todo quienes estamos en esta Cámara, en mi caso por casi dieciocho años con interrupciones.
En el año 2006, durante el tratamiento de ENARSA, empresa estatal a la que denominamos "agencia de coimas" -y así fue-, hicimos especial referencia al rol de Repsol YPF. Hablamos de la desinversión de Repsol y dijimos expresamente que su negocio -tal como lo dijo el señor diputado Heller- era un negocio financiero; por eso La Caixa es la principal accionista de Repsol.
Desde siempre Repsol vino a saquear las reservas, desde la privatización de Menem vino con el negocio para saquear las reservas. Por eso, siempre me negué a ir a la embajada de España y a las recepciones de los embajadores a los que fueron los políticos de todos los partidos, mientras vaciaban YPF Repsol...
SR. PARTICIPANTE ¿Y a la de Estados Unidos?
SRA. CARRIÓ Sigo yendo porque me encanta la embajadora.
En el año 2006, cuando se hablaba de ir a la Bolsa y que los compradores iban a ser Bulgheroni y Cristóbal López -que estaban negociando con De Vido, y además estaba el problema en Bolivia entre las reservas probadas y probables-, algunos diputados nacionales hicimos una denuncia ante la Comisión de Valores y mostramos la manipulación que estaba haciendo YPF Repsol. También mandamos una nota a la Comisión de Valores de Madrid y a la SEC de los Estados Unidos, porque se estaba engañando a los accionistas de YPF.
En el mismo año 2006, hace seis años, hicimos la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional para que se investigara si la compañía petrolera cometió los delitos de contrabando de hidrocarburos. Hablábamos de la triangulación en La Palmira -todos saben que se triangula en Palmira, Uruguay-, de evasión fiscal y de fraude a los accionistas; la causa está en trámite.
En ese momento, firmé esta denuncia con Fabiana Ríos, actual gobernadora de Tierra del Fuego. Sostuve que en nuestro país se perdían importantes volúmenes de gas y petróleo sin que eso llamara la atención de la Secretaría de Energía. Pusimos de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de la cadena hidrocarburífera como así también en la exportación de dichos productos. Había un faltante entre la Secretaría de Energía y lo que declaraba Repsol del 20 por ciento del gas y del petróleo que estaba en el contrabando.
Ese sistema, ya en el Gobierno de Néstor Kirchner, hizo que YPF Repsol exportara petróleo a expensas de su capacidad de desarrollo. Y esa sobreexportación también vació a YPF.
En mayo del 2006, junto con Adrián Pérez y Fabiana Ríos, elaboramos un informe llamado "La kirchnerización del petróleo", sobre el intento de vender hasta el 20 por ciento de las acciones, actitud que escondía la modalidad más pura del patrimonialismo corrupto inscripto en la nueva matriz de saqueo a través del acuerdo con Eskenazi. Fue el ex presidente Kirchner quien acordó con Brufau la venta a Eskenazi. Y ese famoso pacto confidencial de una empresa en Melbourne, Australia, para la compra del 20 por ciento de las acciones, estuvo garantizado por un crédito back to back. Es decir que el garante del comprador fue el vendedor. El garante de Eskenazi, señores, fue Repsol. ¿Para qué? ¿En qué consiste el acuerdo confidencial que la Justicia ya está requiriendo por exhorto? Seguramente puede estar el aumento del precio del petróleo, pero lo básico es el reparto de utilidades. Allí se acordó que el 90 por ciento de las utilidades saliera del país. Estaba lo que salía por Repsol y lo que salía por Eskenazi, pagándole a Repsol. Esto vació a YPF.
En ese momento el Gobierno nacional era tan inocente que no se daba cuenta de nada. Entonces mandamos una carta documento al señor Baratta -al "maestro Baratta", como le decían el ministro De Vido y Cristina Kirchner- y a la vez enviamos una nota a Daniel Cameron, secretario de Energía, presidente de las provincias productoras de hidrocarburos en la época de la negociación.
Kirchner, Cameron, Menem y Cavallo privatizaron YPF a cambio del pago de 500 millones por regalías.
Esa carta de Fernando Sánchez, a la que yo renuncié porque tenía el juicio por el famoso crimen de Chubut, dice: "Intimo a usted en mi carácter de diputado nacional a que informe en un plazo no mayor de 48 horas el nombre de la/las empresas que suscribieron el acuerdo para la compra del 25 por ciento de la filial local.
"Rechazo por improcedente su eventual incumplimiento a este requerimiento invocando pacto de confidencialidad, argumento que sólo protege el secreto del origen de los capitales y su procedencia en desmedro de los intereses del Estado argentino.
"Por tanto y en virtud que hace a su competencia, Baratta, acción de oro, representante del Estado en YPF Repsol, lo hago pasible civil y penalmente responsable si capitales de dudoso origen integran la composición."
El gobierno no podía desconocer esto y tampoco Daniel Cameron, porque acá está la carta documento. La respuesta fue que contestara Alberto Fernández, y él lo hizo como siempre, diciendo que uno estaba loco.
Yo le agradezco al viceministro de Economía y les agradezco a todos los miembros del gobierno que me ratifiquen que estaba sana, porque cuando ustedes decían que yo estaba loca, se estaban robando YPF con la complicidad de todo el gobierno argentino.
Seguimos. Ampliando la causa, después de escuchar a Kicillof al lado de De Vido... Miren: esto fue obra del Espíritu Santo, porque la verdad es que la Cámpora no tuvo nada que ver con esto. Y yo no voy a hacer de la Campora un chivo expiatorio, como van a hacer muchos peronistas en el futuro, diciendo que Kicillof es el culpable. Porque cuando las cosas sucedan, los jóvenes van a ser los culpables, pero los viejos que armaron este país van a quedar exentos.
Lo que hizo Kicillof fue decir lo que venía para adelante, y creo que cree profundamente en eso. El problema es que al responsable culpable, civil y penal de lo que estaba ocurriendo lo tenía sentado al lado, y es Julio De Vido. Y lo incriminó.
Miren: yo soy abogada con treinta años; ya no ejerzo más. Están incriminados. El instrumento público del decreto incrimina a todos. Incrimina al directorio y a la presidenta. El reconocimiento que hacen ustedes es maravilloso. Lo que dice Heller es maravilloso. Esas pruebas, respecto de las cuales los jueces siempre me decían: "¿dónde están las pruebas?", se las están dando ustedes por primera vez a la Justicia argentina. Muchas gracias. Los incriminó.
Ahora, nosotros no vamos a votar a favor porque a nosotros no nos mueven los ideologismos. No vamos a votar porque esto supone un delito de encubrimiento de todo lo actuado.
Pero tampoco vamos a votar en contra, y yo voy a explicar por qué. Porque fuimos los primeros en denunciar a Repsol. Porque nosotros denunciamos los hechos de corrupción en la década menemista. Porque nosotros nunca estuvimos de acuerdo en los grandes negociados en nombre de la seguridad jurídica del menemismo, que se repiten.
Quiero leer algo del libro Las coimas del gigante alemán, de Alconada Mon, que se refiere a todas las personas y políticos a los que se coimeó y a quienes se les pagó millones de dólares en relación con otra privatización, que fue la de los DNI, que este gobierno ahora está resolviendo de manera correcta.
Dice una conversación entre alemanes: "'La Argentina es peor que Irán', soltó iracundo". "¿A qué viene esa comparación'?, le preguntó un ejecutivo de rango medio de Siemems?" "Los iraníes también son corruptos, pero al menos mantienen su palabra. Pagan y cumplen con los proyectos. Los argentinos, en cambio, son corruptos y te matan".
Hay otra versión de este caso Siemens, que es terrible. Cuando Hugo Franco, al que muchos del PJ conocen porque ha sido director o no sé qué de Migraciones de Duhalde, de Menem -yo no sé ya ni con quién está, si con la P-Due o qué se yo-, lo va a extorsionar al representante alemán en Nueva York y lo tiene al lado al juez Urso, famoso por el caso de las armas, que había detenido a Menem. Entonces, Hugo Franco le dice que si no pagan, su familia está en peligro. Y Urso le dice: "Y yo lo meto preso". No importa quiénes son; importa quiénes somos. Nosotros también somos parte de esa Argentina. Por eso entiendo la pena, a veces, de algunos diputados.
Pero hay algo más. Miren: yo no creo en la inocencia de los que votan en contra para mantener a Repsol. No creo en los que defienden a Repsol en nombre de la seguridad jurídica. Y voy a ir de nuevo al tema del DNI, que no lo digo yo y está probado.
En el proceso de privatización del DNI se hizo una reunión. ¡Miren cómo están todos! ¡Miren quiénes son los oferentes en la licitación! Por un lado Ciccone con Colella. Ciccone era Yabrán, muchachos. Yabrán, recuerden, con Franco Macri.
La subcontratista era la de Yabrán, OCA. Un día Hugo Franco pregunta: "¿En qué avión vamos? ¿De quién es?" Y le responden: "No, este es un avión de los ladrones." Iban a Punta del Este con Corach y su mujer. Esto figura en el libro titulado Las coimas del gigante alemán, que está siendo investigado por la justicia alemana. ¿Saben dónde se acordó la reunión? Yo lo voy a citar. Se hizo en Manantiales, en la residencia de Franco Macri.
Macri fue directo y dijo que, dado que Yabrán ya estaba muerto, Siemens ganaría el contrato por los DNI, y Menem mandaba a decir que no quería más ruidos en la licitación. Si se limaban asperezas entre ellos, cada uno lograría quedarse con uno de los negocios que hasta el momento tenía el cartero: Siemens con los DNI y Macri con el Correo Argentino, además de un claro resarcimiento. Fue cuestión de ponerse de acuerdo en los detalles. Siemens compró por 150 millones de dólares el 60 por ciento de Itrón, que valía mucho menos, pagándole así el acuerdo a Franco Macri.
Cuando preguntan por Mauricio, dice: "Nada que ver. En plena reunión apareció para saludar; estaba jugando al tenis."
Por eso firmo sola este dictamen. Yo quiero firmar sola este dictamen. Y les digo una cosa que se deben acordar mis compañeros de bancada de ese momento, así como también la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y muchos otros más. Yo ya viví este momento. Eso fue en abril del 2001. Se habían ido las cajas, las cajas de las jubilaciones, del Banco Central, no había plata. Solamente quedaba alguna caja, como a ustedes les queda YPF. Cavallo estaba exultante, y el 80 por ciento de los argentinos creía que él nos iba a sacar adelante porque era el autor del modelo.
Cuando uno posterga el problema con el mal menor, lo agranda adelante. ¿Y qué es lo correcto? Para mí es lo constitucional...
Además, quiero decirle algo a mis amigos radicales, que son amigos aunque no estemos nunca más juntos, pero nos criamos juntos: "No tengan complejos." Miren lo que dice Gabriel del Mazo: "No tengan complejos, no empiecen con la historia de Mosconi. No hablen tanto de los muertos." Gabriel del Mazo dice, y en esto ustedes pueden fundar su posición histórica: "Más recientemente aun, en 1945, se trataba de llegar a un acuerdo para que YPF fuera de economía mixta.
"Ahora bien se sabe, por las dilucidaciones que la Unión Cívica Radical hizo en esa oportunidad, y también posteriormente, que la sociedad mixta es la última palabra, la consigna del siglo, lanzada por el capitalismo internacional en medio de las transformaciones del mundo."
"Las sociedades mixtas son una estructura económica defensiva para el capitalismo y, a su vez, rendidora." Gabriel Del Mazo, Historia del Radicalismo, página 188.
Nada más, señora presidenta. Voy a leer ahora la parte resolutiva del proyecto de dictamen. "Proyecto de resolución: Articulo 1°: Atento los hechos denunciados por la Señora Presidente de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y por el Viceministro de Economía, Axel Kicillof, y teniendo en cuenta el Expediente N° 3518/2006, en trámite en el Juzgado Federal N° 7 sobre vaciamiento; la Cámara de Diputados instruye al Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados a formular denuncia penal en cumplimiento de su obligación prescripta por el artículo 177, inciso 1º, del Código Procesal Penal, por el "vaciamiento" de la empresa YPF S.A., producido mediante su descapitalización y conductas "predatorias" en perjuicio de las reservas de gas y petróleo, así como la "manipulación" del valor de las acciones, mediante la comisión de delitos criminales tales como los de administración fraudulenta (artículo 173 del Código Penal), (artículo 174, inciso 5 del Código Penal), (artículo 210 del Código Penal), cohecho (artículo 256 del Código Penal), crímenes en contra del orden económico y financiero (Libro Segundo del Código Penal), Ley 25.246, por encubrimiento de los mismos, en virtud del artículo 277, inciso 1.d, con la agravante prevista por el inciso 3.d."
Si todos tenemos conocimiento de un delito es obligación denunciarlo contra las autoridades de YPF S.A., a saber: "El Presidente, Antonio Brufau; el Vicepresidente, Enrique Eskenazi; los integrantes del Directorio: Roberto Baratta -por el Estado nacional con acción de oro-, Mario Blejer -por los accionistas independientes-, Aníbal Guillermo Belloni, Carlos Bruno, Carlos de la Vega, Matías Eskenazi, Salvador Font Estrany, Federico Mañero, Javier Monzón, Miguel Ángel Devesa, Luis Suárez de Lezo, Mario Vázquez, Raúl Cardoso y los que ocuparon cargos en la Comisión Fiscalizadora, en primer lugar, la representante de la SIGEN, Silvana Rosa Lagrosa de Rodríguez -esposa de Jesús Rodríguez.
"Asimismo, de considerar el Sr. Juez que podría configurarse la hipótesis prevista en el artículo 29 de la Constitución nacional y en razón de ello, no encontrándose prescriptos los delitos cometidos durante el proceso de privatización de la petrolera, ampliar la referida denuncia en contra del ex Presidente, Carlos Menem, del ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo, del ex Miembro del Directorio de YPF S.A. en representación de las provincias productoras de hidrocarburos, Daniel Cámeron."
La causa está abierta y se llama: "YPF S.A. s/Averiguación de Ilícitos", causa N° 9961/00 "Menem, Carlos Saul; Cavallo, Domingo Felipe y otros s/ abuso de autoridad", con intervención de Carlos Stornelli.
"Articulo 2°: Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, una Comisión Especial Investigadora para la investigación de las responsabilidades políticas.
"Artículo 3°: Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, una Comisión que tenga por objeto evaluar la política energética llevada a cabo por el Estado Nacional, con participación de expertos en la materia y gobernadores de provincia y elaborar un programa energético de coyuntura y decidir racionalmente la situacion de YPF Repsol y, en todos los casos, tenga en cuenta la inclusión de fuentes de energía alternativa, porque es el hidrogeno la energìa del futuro y no los fósiles."
Por último, señora presidenta, quiero decir una cosa a mis compañeros de bancada, a quienes lo fueron antes y a tantos diputados que hoy no están conmigo, pero que entraron conmigo y hoy me desprecian, y a lo mejor con razón, y a ustedes que también me desprecian, y a lo mejor con razón. Quizás ustedes tengan toda la razón del mundo.
Y tal vez el camino de la soledad que una ha elegido, sin importarle si tiene votos o no, es el camino de una infeliz a los ojos públicos. Pero un gran dirigente peronista convencional constituyente -cuyo nombre ahora no recuerdo, que era jurista, que hacía chistes y escribía- me dijo en la calle Arroyo, apenas entré a esta Cámara: mire Carrió, usted es muy joven, dese cuenta y no sea cómplice.
Yo sé que hay diputados nuestros que votan a favor, aunque denuncien. Yo sé que sola firmo este dictamen. Y quizás este sea el último dictamen que firme, porque apenas me queda un pie en el sistema político con dos años de mandato. Pero si me tengo que quedar en la política que sea por mis principios, y si me tengo que ir de la política, que sea porque mayoritariamente el pueblo argentino quiere que sean ustedes los que gobiernen con la legitimidad popular acreditada. Siendo así, yo me voy a ir como vine. No quiero ser cómplice.
En el año 2006, cuando se hablaba de ir a la Bolsa y que los compradores iban a ser Bulgheroni y Cristóbal López -que estaban negociando con De Vido, y además estaba el problema en Bolivia entre las reservas probadas y probables-, algunos diputados nacionales hicimos una denuncia ante la Comisión de Valores y mostramos la manipulación que estaba haciendo YPF Repsol. También mandamos una nota a la Comisión de Valores de Madrid y a la SEC de los Estados Unidos, porque se estaba engañando a los accionistas de YPF.
En el mismo año 2006, hace seis años, hicimos la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional para que se investigara si la compañía petrolera cometió los delitos de contrabando de hidrocarburos. Hablábamos de la triangulación en La Palmira -todos saben que se triangula en Palmira, Uruguay-, de evasión fiscal y de fraude a los accionistas; la causa está en trámite.
En ese momento, firmé esta denuncia con Fabiana Ríos, actual gobernadora de Tierra del Fuego. Sostuve que en nuestro país se perdían importantes volúmenes de gas y petróleo sin que eso llamara la atención de la Secretaría de Energía. Pusimos de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de la cadena hidrocarburífera como así también en la exportación de dichos productos. Había un faltante entre la Secretaría de Energía y lo que declaraba Repsol del 20 por ciento del gas y del petróleo que estaba en el contrabando.
Ese sistema, ya en el Gobierno de Néstor Kirchner, hizo que YPF Repsol exportara petróleo a expensas de su capacidad de desarrollo. Y esa sobreexportación también vació a YPF.
En mayo del 2006, junto con Adrián Pérez y Fabiana Ríos, elaboramos un informe llamado "La kirchnerización del petróleo", sobre el intento de vender hasta el 20 por ciento de las acciones, actitud que escondía la modalidad más pura del patrimonialismo corrupto inscripto en la nueva matriz de saqueo a través del acuerdo con Eskenazi. Fue el ex presidente Kirchner quien acordó con Brufau la venta a Eskenazi. Y ese famoso pacto confidencial de una empresa en Melbourne, Australia, para la compra del 20 por ciento de las acciones, estuvo garantizado por un crédito back to back. Es decir que el garante del comprador fue el vendedor. El garante de Eskenazi, señores, fue Repsol. ¿Para qué? ¿En qué consiste el acuerdo confidencial que la Justicia ya está requiriendo por exhorto? Seguramente puede estar el aumento del precio del petróleo, pero lo básico es el reparto de utilidades. Allí se acordó que el 90 por ciento de las utilidades saliera del país. Estaba lo que salía por Repsol y lo que salía por Eskenazi, pagándole a Repsol. Esto vació a YPF.
En ese momento el Gobierno nacional era tan inocente que no se daba cuenta de nada. Entonces mandamos una carta documento al señor Baratta -al "maestro Baratta", como le decían el ministro De Vido y Cristina Kirchner- y a la vez enviamos una nota a Daniel Cameron, secretario de Energía, presidente de las provincias productoras de hidrocarburos en la época de la negociación.
Kirchner, Cameron, Menem y Cavallo privatizaron YPF a cambio del pago de 500 millones por regalías.
Esa carta de Fernando Sánchez, a la que yo renuncié porque tenía el juicio por el famoso crimen de Chubut, dice: "Intimo a usted en mi carácter de diputado nacional a que informe en un plazo no mayor de 48 horas el nombre de la/las empresas que suscribieron el acuerdo para la compra del 25 por ciento de la filial local.
"Rechazo por improcedente su eventual incumplimiento a este requerimiento invocando pacto de confidencialidad, argumento que sólo protege el secreto del origen de los capitales y su procedencia en desmedro de los intereses del Estado argentino.
"Por tanto y en virtud que hace a su competencia, Baratta, acción de oro, representante del Estado en YPF Repsol, lo hago pasible civil y penalmente responsable si capitales de dudoso origen integran la composición."
El gobierno no podía desconocer esto y tampoco Daniel Cameron, porque acá está la carta documento. La respuesta fue que contestara Alberto Fernández, y él lo hizo como siempre, diciendo que uno estaba loco.
Yo le agradezco al viceministro de Economía y les agradezco a todos los miembros del gobierno que me ratifiquen que estaba sana, porque cuando ustedes decían que yo estaba loca, se estaban robando YPF con la complicidad de todo el gobierno argentino.
Seguimos. Ampliando la causa, después de escuchar a Kicillof al lado de De Vido... Miren: esto fue obra del Espíritu Santo, porque la verdad es que la Cámpora no tuvo nada que ver con esto. Y yo no voy a hacer de la Campora un chivo expiatorio, como van a hacer muchos peronistas en el futuro, diciendo que Kicillof es el culpable. Porque cuando las cosas sucedan, los jóvenes van a ser los culpables, pero los viejos que armaron este país van a quedar exentos.
Lo que hizo Kicillof fue decir lo que venía para adelante, y creo que cree profundamente en eso. El problema es que al responsable culpable, civil y penal de lo que estaba ocurriendo lo tenía sentado al lado, y es Julio De Vido. Y lo incriminó.
Miren: yo soy abogada con treinta años; ya no ejerzo más. Están incriminados. El instrumento público del decreto incrimina a todos. Incrimina al directorio y a la presidenta. El reconocimiento que hacen ustedes es maravilloso. Lo que dice Heller es maravilloso. Esas pruebas, respecto de las cuales los jueces siempre me decían: "¿dónde están las pruebas?", se las están dando ustedes por primera vez a la Justicia argentina. Muchas gracias. Los incriminó.
Ahora, nosotros no vamos a votar a favor porque a nosotros no nos mueven los ideologismos. No vamos a votar porque esto supone un delito de encubrimiento de todo lo actuado.
Pero tampoco vamos a votar en contra, y yo voy a explicar por qué. Porque fuimos los primeros en denunciar a Repsol. Porque nosotros denunciamos los hechos de corrupción en la década menemista. Porque nosotros nunca estuvimos de acuerdo en los grandes negociados en nombre de la seguridad jurídica del menemismo, que se repiten.
Quiero leer algo del libro Las coimas del gigante alemán, de Alconada Mon, que se refiere a todas las personas y políticos a los que se coimeó y a quienes se les pagó millones de dólares en relación con otra privatización, que fue la de los DNI, que este gobierno ahora está resolviendo de manera correcta.
Dice una conversación entre alemanes: "'La Argentina es peor que Irán', soltó iracundo". "¿A qué viene esa comparación'?, le preguntó un ejecutivo de rango medio de Siemems?" "Los iraníes también son corruptos, pero al menos mantienen su palabra. Pagan y cumplen con los proyectos. Los argentinos, en cambio, son corruptos y te matan".
Hay otra versión de este caso Siemens, que es terrible. Cuando Hugo Franco, al que muchos del PJ conocen porque ha sido director o no sé qué de Migraciones de Duhalde, de Menem -yo no sé ya ni con quién está, si con la P-Due o qué se yo-, lo va a extorsionar al representante alemán en Nueva York y lo tiene al lado al juez Urso, famoso por el caso de las armas, que había detenido a Menem. Entonces, Hugo Franco le dice que si no pagan, su familia está en peligro. Y Urso le dice: "Y yo lo meto preso". No importa quiénes son; importa quiénes somos. Nosotros también somos parte de esa Argentina. Por eso entiendo la pena, a veces, de algunos diputados.
Pero hay algo más. Miren: yo no creo en la inocencia de los que votan en contra para mantener a Repsol. No creo en los que defienden a Repsol en nombre de la seguridad jurídica. Y voy a ir de nuevo al tema del DNI, que no lo digo yo y está probado.
En el proceso de privatización del DNI se hizo una reunión. ¡Miren cómo están todos! ¡Miren quiénes son los oferentes en la licitación! Por un lado Ciccone con Colella. Ciccone era Yabrán, muchachos. Yabrán, recuerden, con Franco Macri.
La subcontratista era la de Yabrán, OCA. Un día Hugo Franco pregunta: "¿En qué avión vamos? ¿De quién es?" Y le responden: "No, este es un avión de los ladrones." Iban a Punta del Este con Corach y su mujer. Esto figura en el libro titulado Las coimas del gigante alemán, que está siendo investigado por la justicia alemana. ¿Saben dónde se acordó la reunión? Yo lo voy a citar. Se hizo en Manantiales, en la residencia de Franco Macri.
Macri fue directo y dijo que, dado que Yabrán ya estaba muerto, Siemens ganaría el contrato por los DNI, y Menem mandaba a decir que no quería más ruidos en la licitación. Si se limaban asperezas entre ellos, cada uno lograría quedarse con uno de los negocios que hasta el momento tenía el cartero: Siemens con los DNI y Macri con el Correo Argentino, además de un claro resarcimiento. Fue cuestión de ponerse de acuerdo en los detalles. Siemens compró por 150 millones de dólares el 60 por ciento de Itrón, que valía mucho menos, pagándole así el acuerdo a Franco Macri.
Cuando preguntan por Mauricio, dice: "Nada que ver. En plena reunión apareció para saludar; estaba jugando al tenis."
Por eso firmo sola este dictamen. Yo quiero firmar sola este dictamen. Y les digo una cosa que se deben acordar mis compañeros de bancada de ese momento, así como también la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y muchos otros más. Yo ya viví este momento. Eso fue en abril del 2001. Se habían ido las cajas, las cajas de las jubilaciones, del Banco Central, no había plata. Solamente quedaba alguna caja, como a ustedes les queda YPF. Cavallo estaba exultante, y el 80 por ciento de los argentinos creía que él nos iba a sacar adelante porque era el autor del modelo.
Cuando uno posterga el problema con el mal menor, lo agranda adelante. ¿Y qué es lo correcto? Para mí es lo constitucional...
Además, quiero decirle algo a mis amigos radicales, que son amigos aunque no estemos nunca más juntos, pero nos criamos juntos: "No tengan complejos." Miren lo que dice Gabriel del Mazo: "No tengan complejos, no empiecen con la historia de Mosconi. No hablen tanto de los muertos." Gabriel del Mazo dice, y en esto ustedes pueden fundar su posición histórica: "Más recientemente aun, en 1945, se trataba de llegar a un acuerdo para que YPF fuera de economía mixta.
"Ahora bien se sabe, por las dilucidaciones que la Unión Cívica Radical hizo en esa oportunidad, y también posteriormente, que la sociedad mixta es la última palabra, la consigna del siglo, lanzada por el capitalismo internacional en medio de las transformaciones del mundo."
"Las sociedades mixtas son una estructura económica defensiva para el capitalismo y, a su vez, rendidora." Gabriel Del Mazo, Historia del Radicalismo, página 188.
Nada más, señora presidenta. Voy a leer ahora la parte resolutiva del proyecto de dictamen. "Proyecto de resolución: Articulo 1°: Atento los hechos denunciados por la Señora Presidente de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y por el Viceministro de Economía, Axel Kicillof, y teniendo en cuenta el Expediente N° 3518/2006, en trámite en el Juzgado Federal N° 7 sobre vaciamiento; la Cámara de Diputados instruye al Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados a formular denuncia penal en cumplimiento de su obligación prescripta por el artículo 177, inciso 1º, del Código Procesal Penal, por el "vaciamiento" de la empresa YPF S.A., producido mediante su descapitalización y conductas "predatorias" en perjuicio de las reservas de gas y petróleo, así como la "manipulación" del valor de las acciones, mediante la comisión de delitos criminales tales como los de administración fraudulenta (artículo 173 del Código Penal), (artículo 174, inciso 5 del Código Penal), (artículo 210 del Código Penal), cohecho (artículo 256 del Código Penal), crímenes en contra del orden económico y financiero (Libro Segundo del Código Penal), Ley 25.246, por encubrimiento de los mismos, en virtud del artículo 277, inciso 1.d, con la agravante prevista por el inciso 3.d."
Si todos tenemos conocimiento de un delito es obligación denunciarlo contra las autoridades de YPF S.A., a saber: "El Presidente, Antonio Brufau; el Vicepresidente, Enrique Eskenazi; los integrantes del Directorio: Roberto Baratta -por el Estado nacional con acción de oro-, Mario Blejer -por los accionistas independientes-, Aníbal Guillermo Belloni, Carlos Bruno, Carlos de la Vega, Matías Eskenazi, Salvador Font Estrany, Federico Mañero, Javier Monzón, Miguel Ángel Devesa, Luis Suárez de Lezo, Mario Vázquez, Raúl Cardoso y los que ocuparon cargos en la Comisión Fiscalizadora, en primer lugar, la representante de la SIGEN, Silvana Rosa Lagrosa de Rodríguez -esposa de Jesús Rodríguez.
"Asimismo, de considerar el Sr. Juez que podría configurarse la hipótesis prevista en el artículo 29 de la Constitución nacional y en razón de ello, no encontrándose prescriptos los delitos cometidos durante el proceso de privatización de la petrolera, ampliar la referida denuncia en contra del ex Presidente, Carlos Menem, del ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo, del ex Miembro del Directorio de YPF S.A. en representación de las provincias productoras de hidrocarburos, Daniel Cámeron."
La causa está abierta y se llama: "YPF S.A. s/Averiguación de Ilícitos", causa N° 9961/00 "Menem, Carlos Saul; Cavallo, Domingo Felipe y otros s/ abuso de autoridad", con intervención de Carlos Stornelli.
"Articulo 2°: Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, una Comisión Especial Investigadora para la investigación de las responsabilidades políticas.
"Artículo 3°: Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, una Comisión que tenga por objeto evaluar la política energética llevada a cabo por el Estado Nacional, con participación de expertos en la materia y gobernadores de provincia y elaborar un programa energético de coyuntura y decidir racionalmente la situacion de YPF Repsol y, en todos los casos, tenga en cuenta la inclusión de fuentes de energía alternativa, porque es el hidrogeno la energìa del futuro y no los fósiles."
Por último, señora presidenta, quiero decir una cosa a mis compañeros de bancada, a quienes lo fueron antes y a tantos diputados que hoy no están conmigo, pero que entraron conmigo y hoy me desprecian, y a lo mejor con razón, y a ustedes que también me desprecian, y a lo mejor con razón. Quizás ustedes tengan toda la razón del mundo.
Y tal vez el camino de la soledad que una ha elegido, sin importarle si tiene votos o no, es el camino de una infeliz a los ojos públicos. Pero un gran dirigente peronista convencional constituyente -cuyo nombre ahora no recuerdo, que era jurista, que hacía chistes y escribía- me dijo en la calle Arroyo, apenas entré a esta Cámara: mire Carrió, usted es muy joven, dese cuenta y no sea cómplice.
Yo sé que hay diputados nuestros que votan a favor, aunque denuncien. Yo sé que sola firmo este dictamen. Y quizás este sea el último dictamen que firme, porque apenas me queda un pie en el sistema político con dos años de mandato. Pero si me tengo que quedar en la política que sea por mis principios, y si me tengo que ir de la política, que sea porque mayoritariamente el pueblo argentino quiere que sean ustedes los que gobiernen con la legitimidad popular acreditada. Siendo así, yo me voy a ir como vine. No quiero ser cómplice.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Yarade.
SR. YARADE Señora presidenta: yendo de lo general a lo particular, voy a explicar por qué considero que la situación de Repsol YPF es insostenible.
Nosotros hemos definido claramente un modelo de crecimiento con inclusión social. Esto nos llevó a tener entre el 2003 y el 2011 un promedio de crecimiento sostenido y sustentable del 7,7 por ciento. Hemos ido dando pasos adelante para recuperar la economía del país, generando una gobernabilidad económica. Entre ellos, recuperando la solvencia del Estado, recuperando la política cambiaria, recuperando el sistema previsional y también recuperando el rol del Banco Central, que antes solamente tenía la función de mantener el valor de la moneda. Sin embargo, ahora tiene tres roles, porque no sólo mantiene el valor de la moneda, sino también el equilibrio en el sistema financiero, y sostiene una visión del crédito de largo plazo que es necesaria para el desarrollo y el crecimiento del país.
Hemos hecho un enorme esfuerzo con nuestra política salarial para mantener la demanda agregada, apuntalando la demanda y generando un mercado interno. Esto nos llevó también a generar un marco de puestos de trabajo que no recuerda antecedentes. Tenemos un nivel de desocupación que ha bajado tres veces respecto del 2001. El porcentaje de desocupación actual es el más bajo de los últimos tiempos.
A la vez, el PBI entre el 2003 y el 2011 acumula un crecimiento del 95 por ciento. Hemos generado un saldo de balanza comercial acumulado superior a los 100 mil millones de dólares. Además, hemos generado un crecimiento en la actividad industrial del 83 por ciento. También hemos invertido, y esto es importante, más de 74 mil millones de pesos en el sistema energético. Me refiero al transporte de gas, a la generación eléctrica y a las líneas de tensión. Además, en cuanto a energía eléctrica, los hogares de los argentinos han incrementado sus servicios.
Más de dos millones de hogares tienen energía eléctrica. Eso también pasó con el gas natural. Hay más de un millón y medio de hogares argentinos que tienen gas natural como consecuencia de estas situaciones.
Hemos generado un marco de inversión pública notable, porque hemos pasado del 1,3 por ciento al 4,4 por ciento del PBI. Allí hay incorporados 7.500 Megavatios de potencia, más tres mil que están en ejecución. Hay más de cuatro mil kilómetros de líneas de 500 ejecutadas. También ahí hay algo importante para nosotros, los salteños, que es la línea NOA y NEA, con 1.207 kilómetros de línea desarrollada.
Hemos terminado con más de 2.300 kilómetros en gasoductos. Hemos generado una caída en el nivel de pobreza: del 54 por ciento al 8,3 por ciento desde 2003 hasta 2011. Lo mismo pasó con la indigencia: pasamos del 27,7 al 2,4 por ciento actual. Ni qué hablar en términos generales de lo que fue la política de desendeudamiento del país. Hemos pasado de un 150 por ciento del PBI al 33 por ciento, que es el porcentaje actual.
Otro tema muy importante es que hemos generado un notable marco de redistribución de la riqueza, porque hemos cambiado la brecha que nos marca el coeficiente de Gini, de hacer un país mucho más equitativo año tras año a un país que tiende a ser equitativo con estas políticas año tras año.
Necesitamos claramente consolidar el desarrollo económico. El autoabastecimiento es un elemento estratégico para el desarrollo. Hemos fomentado la matriz energética.
Hasta 2003 teníamos un 88 por ciento en manos del gas y el petróleo. Para el 2015 esta relación va a disminuir, porque estará en el 65 por ciento. Hemos generado un 35 por ciento de potencia eléctrica alternativa al gas y el petróleo. Esta consideración es en términos generales, pero también la menciono para poner en contexto qué está pasando a nivel global con la participación de los diversos países en el mercado de hidrocarburos.
Quiero señalar ejemplos tales como México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Emiratos Árabes, Kuwait e Irak, que tienen el ciento por ciento de participación. Brasil tiene el 51 por ciento. Todos tienen claro que el desarrollo estratégico de un país y el sostén de la ventaja competitiva tienen que ver con la energía. Todos tienen muy clara esta cuestión.
Además, necesitamos hacernos menos vulnerables a las cuestiones externas en relación con la producción industrial y la incidencia que tiene la energía en el costo, es decir, en la ecuación del costo de una industria y de la producción en general.
Ni hablar respecto de nuestra balanza comercial. ¿Cuál es la contracara? Yendo de lo general a lo particular. Tenemos una empresa, Repsol YPF, que desde el año 2002 al 2011, tuvo una reducción que fue de los 20.000 millones a los 11.300 millones de metros cúbicos. Esto explica prácticamente el 54 por ciento de la caída de la producción del petróleo.
En el caso del gas pasa algo parecido. Pasamos de 17.000 millones, en el año 2004, a 10.600 millones en el año 2011. Esa es la explicación del 97 por ciento de la reducción de la producción de gas.
Esto que sucede en términos generales le pasa obviamente a las diez provincias productoras que han sufrido estas consecuencias de la caída de la producción. Una de ellas es Salta, que tiene una participación importante en esta empresa, que oscila en el 30 por ciento.
Es decir, por un lado tenemos un nivel de incremento de la actividad, un esfuerzo notable del país en cuanto a mejorar los indicadores y el desarrollo económico y, por otro lado, tenemos una empresa que deteriora los niveles de producción, lo que tiene como consecuencia lo sucedido en el año 2011.
En ese momento tuvimos que importar combustibles por un valor superior a los 9.300 millones de dólares. Si vemos la serie histórica, el nivel de importación osciló de 1995 a 2010 entre los 800 y los 4 mil millones de dólares. En 2003 tuvimos una cifra que fue el doble de la de 2010, y como consecuencia de ello tuvimos un saldo de la balanza comercial en el aspecto de los combustibles que fue deficitario en más de 3 mil millones de dólares; la brecha -comparando por ejemplo el año 2006- fue de 10 mil millones, es decir, pasamos de tener un superávit en el año 2006 de 6 mil millones a un déficit en 2011 de 3 mil millones de dólares. Esta caída en la participación en petróleo, que pasó del 42 al 34 por ciento en la serie histórica 1997-2011, también se da en el gas, donde pasamos de 1997 a 2011 de 35 a 23 por ciento de participación.
A esta caída del nivel de producción, que es la más baja desde el año 1997, se agrega también una reducción en el nivel de reservas. Hemos bajado prácticamente un 50 por ciento el nivel de reservas en el caso del petróleo y un 56 por ciento en el caso del gas en los últimos ocho años.
Pero es interesante también ver qué pasó con las ventas. Éstas aumentaron desde el año 2003 al 2011 un 113 por ciento, es decir, en esta caída del nivel de producción, del nivel de reservas, hay una contrapartida que tiene que ver con una curva ascendente del nivel de ventas de la empresa Repsol-YPF; las ventas en 2011 fueron de 12.400 millones, cuando en 2003 eran de un poco más de 5 mil millones de dólares.
Es interesante ver también qué pasó con las utilidades; éstas tuvieron un promedio, entre el año 1997 y 2003, de 858 millones de dólares. De 2004 en adelante, y hasta 2011, tuvieron un promedio de 1.434 millones. ¿Qué pasó? Es muy claro ver cómo desde la empresa se han ido succionando recursos, y claro está cuando se hace la comparación entre lo que se distribuyó desde el año 1999 hasta el año 2011. Se distribuyeron 15.728 millones de dólares. A nivel global, la empresa distribuyó en el mismo período 13.370 millones. Es claro y contundente ver que la visión de la empresa no estaba centrada en lo que pasa en nuestro país.
Nosotros hemos definido claramente un modelo de crecimiento con inclusión social. Esto nos llevó a tener entre el 2003 y el 2011 un promedio de crecimiento sostenido y sustentable del 7,7 por ciento. Hemos ido dando pasos adelante para recuperar la economía del país, generando una gobernabilidad económica. Entre ellos, recuperando la solvencia del Estado, recuperando la política cambiaria, recuperando el sistema previsional y también recuperando el rol del Banco Central, que antes solamente tenía la función de mantener el valor de la moneda. Sin embargo, ahora tiene tres roles, porque no sólo mantiene el valor de la moneda, sino también el equilibrio en el sistema financiero, y sostiene una visión del crédito de largo plazo que es necesaria para el desarrollo y el crecimiento del país.
Hemos hecho un enorme esfuerzo con nuestra política salarial para mantener la demanda agregada, apuntalando la demanda y generando un mercado interno. Esto nos llevó también a generar un marco de puestos de trabajo que no recuerda antecedentes. Tenemos un nivel de desocupación que ha bajado tres veces respecto del 2001. El porcentaje de desocupación actual es el más bajo de los últimos tiempos.
A la vez, el PBI entre el 2003 y el 2011 acumula un crecimiento del 95 por ciento. Hemos generado un saldo de balanza comercial acumulado superior a los 100 mil millones de dólares. Además, hemos generado un crecimiento en la actividad industrial del 83 por ciento. También hemos invertido, y esto es importante, más de 74 mil millones de pesos en el sistema energético. Me refiero al transporte de gas, a la generación eléctrica y a las líneas de tensión. Además, en cuanto a energía eléctrica, los hogares de los argentinos han incrementado sus servicios.
Más de dos millones de hogares tienen energía eléctrica. Eso también pasó con el gas natural. Hay más de un millón y medio de hogares argentinos que tienen gas natural como consecuencia de estas situaciones.
Hemos generado un marco de inversión pública notable, porque hemos pasado del 1,3 por ciento al 4,4 por ciento del PBI. Allí hay incorporados 7.500 Megavatios de potencia, más tres mil que están en ejecución. Hay más de cuatro mil kilómetros de líneas de 500 ejecutadas. También ahí hay algo importante para nosotros, los salteños, que es la línea NOA y NEA, con 1.207 kilómetros de línea desarrollada.
Hemos terminado con más de 2.300 kilómetros en gasoductos. Hemos generado una caída en el nivel de pobreza: del 54 por ciento al 8,3 por ciento desde 2003 hasta 2011. Lo mismo pasó con la indigencia: pasamos del 27,7 al 2,4 por ciento actual. Ni qué hablar en términos generales de lo que fue la política de desendeudamiento del país. Hemos pasado de un 150 por ciento del PBI al 33 por ciento, que es el porcentaje actual.
Otro tema muy importante es que hemos generado un notable marco de redistribución de la riqueza, porque hemos cambiado la brecha que nos marca el coeficiente de Gini, de hacer un país mucho más equitativo año tras año a un país que tiende a ser equitativo con estas políticas año tras año.
Necesitamos claramente consolidar el desarrollo económico. El autoabastecimiento es un elemento estratégico para el desarrollo. Hemos fomentado la matriz energética.
Hasta 2003 teníamos un 88 por ciento en manos del gas y el petróleo. Para el 2015 esta relación va a disminuir, porque estará en el 65 por ciento. Hemos generado un 35 por ciento de potencia eléctrica alternativa al gas y el petróleo. Esta consideración es en términos generales, pero también la menciono para poner en contexto qué está pasando a nivel global con la participación de los diversos países en el mercado de hidrocarburos.
Quiero señalar ejemplos tales como México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Emiratos Árabes, Kuwait e Irak, que tienen el ciento por ciento de participación. Brasil tiene el 51 por ciento. Todos tienen claro que el desarrollo estratégico de un país y el sostén de la ventaja competitiva tienen que ver con la energía. Todos tienen muy clara esta cuestión.
Además, necesitamos hacernos menos vulnerables a las cuestiones externas en relación con la producción industrial y la incidencia que tiene la energía en el costo, es decir, en la ecuación del costo de una industria y de la producción en general.
Ni hablar respecto de nuestra balanza comercial. ¿Cuál es la contracara? Yendo de lo general a lo particular. Tenemos una empresa, Repsol YPF, que desde el año 2002 al 2011, tuvo una reducción que fue de los 20.000 millones a los 11.300 millones de metros cúbicos. Esto explica prácticamente el 54 por ciento de la caída de la producción del petróleo.
En el caso del gas pasa algo parecido. Pasamos de 17.000 millones, en el año 2004, a 10.600 millones en el año 2011. Esa es la explicación del 97 por ciento de la reducción de la producción de gas.
Esto que sucede en términos generales le pasa obviamente a las diez provincias productoras que han sufrido estas consecuencias de la caída de la producción. Una de ellas es Salta, que tiene una participación importante en esta empresa, que oscila en el 30 por ciento.
Es decir, por un lado tenemos un nivel de incremento de la actividad, un esfuerzo notable del país en cuanto a mejorar los indicadores y el desarrollo económico y, por otro lado, tenemos una empresa que deteriora los niveles de producción, lo que tiene como consecuencia lo sucedido en el año 2011.
En ese momento tuvimos que importar combustibles por un valor superior a los 9.300 millones de dólares. Si vemos la serie histórica, el nivel de importación osciló de 1995 a 2010 entre los 800 y los 4 mil millones de dólares. En 2003 tuvimos una cifra que fue el doble de la de 2010, y como consecuencia de ello tuvimos un saldo de la balanza comercial en el aspecto de los combustibles que fue deficitario en más de 3 mil millones de dólares; la brecha -comparando por ejemplo el año 2006- fue de 10 mil millones, es decir, pasamos de tener un superávit en el año 2006 de 6 mil millones a un déficit en 2011 de 3 mil millones de dólares. Esta caída en la participación en petróleo, que pasó del 42 al 34 por ciento en la serie histórica 1997-2011, también se da en el gas, donde pasamos de 1997 a 2011 de 35 a 23 por ciento de participación.
A esta caída del nivel de producción, que es la más baja desde el año 1997, se agrega también una reducción en el nivel de reservas. Hemos bajado prácticamente un 50 por ciento el nivel de reservas en el caso del petróleo y un 56 por ciento en el caso del gas en los últimos ocho años.
Pero es interesante también ver qué pasó con las ventas. Éstas aumentaron desde el año 2003 al 2011 un 113 por ciento, es decir, en esta caída del nivel de producción, del nivel de reservas, hay una contrapartida que tiene que ver con una curva ascendente del nivel de ventas de la empresa Repsol-YPF; las ventas en 2011 fueron de 12.400 millones, cuando en 2003 eran de un poco más de 5 mil millones de dólares.
Es interesante ver también qué pasó con las utilidades; éstas tuvieron un promedio, entre el año 1997 y 2003, de 858 millones de dólares. De 2004 en adelante, y hasta 2011, tuvieron un promedio de 1.434 millones. ¿Qué pasó? Es muy claro ver cómo desde la empresa se han ido succionando recursos, y claro está cuando se hace la comparación entre lo que se distribuyó desde el año 1999 hasta el año 2011. Se distribuyeron 15.728 millones de dólares. A nivel global, la empresa distribuyó en el mismo período 13.370 millones. Es claro y contundente ver que la visión de la empresa no estaba centrada en lo que pasa en nuestro país.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Señor diputado, le pide una interrupción el señor diputado Prat Gay, ¿se la concede?
SR. YARADE No, no concedo interrupciones.
Veamos lo que pasa con el nivel de utilidades. En 2010 fue de 16.600 millones de dólares, siendo el nivel de dividendos -es decir, lo que retiró cada uno de los representantes de la empresa, los accionistas- de 14.200 millones de dólares. El 85 por ciento del nivel de utilidades es distribuido como dividendos. ¿Qué pasa en una empresa común que cotiza en bolsa? Esos retiros oscilan entre el 3 y 4 por ciento. Acá -repito- el nivel de retiro estuvo en el 85 por ciento, y ni qué decir del nivel de endeudamiento.
En la serie histórica -y voy a explicar lo que pasó en su momento con el balance de los últimos años- el nivel de endeudamiento pasó prácticamente a triplicarse desde el año 2004 al año 2011. Pasamos de un poco más de 3 mil millones de dólares a casi 9 mil millones.
Ayer estuve analizando el último balance de Repsol-YPF, que es realmente muy interesante porque tiene además comparativos de los últimos tres años.
Cuando analizamos por ejemplo lo que pasó con el índice de liquidez de la empresa -que compara activos corrientes con pasivos corrientes- encontramos que entre 2007 y 2011 se redujo en cinco veces.
Vamos a ver qué pasó el índice de solvencia de la empresa. Este indicador se redujo desde 2007 a 2011 en cuatro veces. Es decir que cayeron tanto el índice de liquidez como el de solvencia.
Respecto al de rentabilidad, al contrario de lo que pasaba con los índices de solvencia y liquidez de la empresa, creció casi el doble. Es decir que ante un patrimonio neto de la empresa que se muestra prácticamente invariable -de 16.700 millones en el año 2009, de 19.000 en el año 2010 y de 18.800 millones en el año 2012-, hay un crecimiento en los préstamos de prácticamente un 30 por ciento entre 2009 y 2011. Pasamos de 15.000 a 21.740 millones. Como consecuencia de esto, ¿qué pasó? ¿La empresa agregó valor? ¿Se capitalizó? No, por el contrario.
Además de pedir préstamos, tuvo dividendos pagados que para el año 2011 fueron de 5.665 millones, subiendo respecto a 2010 y a 2009, cuando oscilaban en los 4.500 millones.
Es decir que estamos ante una empresa que claramente, como mostramos con la serie histórica, con su voluntad y visión estratégica, en el marco general ha demostrado que el interés en el desarrollo del país es negativo. Así lo muestra su nivel de producción y de reservas. Pero, por el contrario, el nivel de succión de recursos de la compañía, a pesar del sucesivo endeudamiento que muestran los balances, tiene como consecuencia el retiro de recursos que fue naturalmente aplicado en otros lugares.
Para cerrar, quiero concluir tal como arranqué mi exposición. Estoy claramente convencido de que Repsol-YPF es insostenible desde el punto de vista general por el enorme esfuerzo que han hecho los argentinos en recuperar económica y socialmente el país. Además, por la visión particular de una empresa que no apostó al crecimiento y al desarrollo de la Argentina. (Aplausos.)
Veamos lo que pasa con el nivel de utilidades. En 2010 fue de 16.600 millones de dólares, siendo el nivel de dividendos -es decir, lo que retiró cada uno de los representantes de la empresa, los accionistas- de 14.200 millones de dólares. El 85 por ciento del nivel de utilidades es distribuido como dividendos. ¿Qué pasa en una empresa común que cotiza en bolsa? Esos retiros oscilan entre el 3 y 4 por ciento. Acá -repito- el nivel de retiro estuvo en el 85 por ciento, y ni qué decir del nivel de endeudamiento.
En la serie histórica -y voy a explicar lo que pasó en su momento con el balance de los últimos años- el nivel de endeudamiento pasó prácticamente a triplicarse desde el año 2004 al año 2011. Pasamos de un poco más de 3 mil millones de dólares a casi 9 mil millones.
Ayer estuve analizando el último balance de Repsol-YPF, que es realmente muy interesante porque tiene además comparativos de los últimos tres años.
Cuando analizamos por ejemplo lo que pasó con el índice de liquidez de la empresa -que compara activos corrientes con pasivos corrientes- encontramos que entre 2007 y 2011 se redujo en cinco veces.
Vamos a ver qué pasó el índice de solvencia de la empresa. Este indicador se redujo desde 2007 a 2011 en cuatro veces. Es decir que cayeron tanto el índice de liquidez como el de solvencia.
Respecto al de rentabilidad, al contrario de lo que pasaba con los índices de solvencia y liquidez de la empresa, creció casi el doble. Es decir que ante un patrimonio neto de la empresa que se muestra prácticamente invariable -de 16.700 millones en el año 2009, de 19.000 en el año 2010 y de 18.800 millones en el año 2012-, hay un crecimiento en los préstamos de prácticamente un 30 por ciento entre 2009 y 2011. Pasamos de 15.000 a 21.740 millones. Como consecuencia de esto, ¿qué pasó? ¿La empresa agregó valor? ¿Se capitalizó? No, por el contrario.
Además de pedir préstamos, tuvo dividendos pagados que para el año 2011 fueron de 5.665 millones, subiendo respecto a 2010 y a 2009, cuando oscilaban en los 4.500 millones.
Es decir que estamos ante una empresa que claramente, como mostramos con la serie histórica, con su voluntad y visión estratégica, en el marco general ha demostrado que el interés en el desarrollo del país es negativo. Así lo muestra su nivel de producción y de reservas. Pero, por el contrario, el nivel de succión de recursos de la compañía, a pesar del sucesivo endeudamiento que muestran los balances, tiene como consecuencia el retiro de recursos que fue naturalmente aplicado en otros lugares.
Para cerrar, quiero concluir tal como arranqué mi exposición. Estoy claramente convencido de que Repsol-YPF es insostenible desde el punto de vista general por el enorme esfuerzo que han hecho los argentinos en recuperar económica y socialmente el país. Además, por la visión particular de una empresa que no apostó al crecimiento y al desarrollo de la Argentina. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. PRAT-GAY Le solicito una interrupción, señor diputado Amadeo.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Todavía no comenzó a exponer el señor diputado Amadeo y ya le solicita una interrupción.
¿Le concede la interrupción, señor diputado Amadeo?
¿Le concede la interrupción, señor diputado Amadeo?
SR. AMADEO Sí, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Prat-Gay.
SR. PRAT-GAY Lamento que el señor diputado Yarade, por quien tengo un enorme aprecio y cariño, no me haya concedido esta interrupción de cinco minutos. Quizá me hubiera evitado la autoincriminación posterior porque cuando continuó hablando de los números del balance, todas las referencias fueron de 2007 en adelante. Si nos tomamos el trabajo de ver qué cambió a partir de principios de 2008 en YPF, fue la famosa "australización" o argentinización de la compañía. Hasta entonces, la compañía venía pagando 6 pesos por acción de dividendo. Así ocurrió en los años 2005, 2006 y 2007. En el año 2008 pagó 23,61 pesos por acción de dividendos. ¿Por qué ocurrió esto? No porque Repsol YPF era más predatorio de lo que venía siendo hasta entonces, sino porque el nuevo socio tenía que pagar las acciones que se había comprometido a pagar sin poner un solo peso.
Esto no era lo que quería decir; lo único que quería era calificar algo, porque en dos o tres oportunidades se ha hablado del retiro de utilidades. En esto creo que el oficialismo ha hecho un gran cambio en unificar períodos de tiempo para ocultar su propio beneficio o para ocultar sus propios errores.
Propongo que vemos los números en pesos, lamento también que al oficialismo le guste tanto hablar en dólares, diputado Yarade. Veamos los números en pesos, y con los números que corresponden podremos calificar la actitud predatoria de la empresa, del regulador que tenía que regularla y del socio argentino, amigo del kirchnerismo, que entró en 2008 a la compañía.
Desde 1999 a 2002 la empresa tuvo una utilidad neta de 5.869 millones de pesos y giró 3.845 millones de pesos. Vale decir que entre 1999 y 2002 el ratio de giro de dividendos versus la utilidad fue del 65,5 por ciento. En el período 2003 -donde empezó el mundo para muchos- y el 2007, la utilidad neta de la compañía fue de 23.409 millones de pesos y los dividendos girados fueron de 17.908 millones de pesos; el ratio, entre una cosa y la otra, fue de 76,5 millones de pesos.
Vale decir, cuando empieza la gestión kirchnerista aumenta el retiro de dividendos de quien hasta ese entonces era solamente Repsol. ¿Qué pasa entre 2008 y 2011, cuando además de Repsol...?
Esto no era lo que quería decir; lo único que quería era calificar algo, porque en dos o tres oportunidades se ha hablado del retiro de utilidades. En esto creo que el oficialismo ha hecho un gran cambio en unificar períodos de tiempo para ocultar su propio beneficio o para ocultar sus propios errores.
Propongo que vemos los números en pesos, lamento también que al oficialismo le guste tanto hablar en dólares, diputado Yarade. Veamos los números en pesos, y con los números que corresponden podremos calificar la actitud predatoria de la empresa, del regulador que tenía que regularla y del socio argentino, amigo del kirchnerismo, que entró en 2008 a la compañía.
Desde 1999 a 2002 la empresa tuvo una utilidad neta de 5.869 millones de pesos y giró 3.845 millones de pesos. Vale decir que entre 1999 y 2002 el ratio de giro de dividendos versus la utilidad fue del 65,5 por ciento. En el período 2003 -donde empezó el mundo para muchos- y el 2007, la utilidad neta de la compañía fue de 23.409 millones de pesos y los dividendos girados fueron de 17.908 millones de pesos; el ratio, entre una cosa y la otra, fue de 76,5 millones de pesos.
Vale decir, cuando empieza la gestión kirchnerista aumenta el retiro de dividendos de quien hasta ese entonces era solamente Repsol. ¿Qué pasa entre 2008 y 2011, cuando además de Repsol...?
SRA. PRESIDENTA BERTONE Diputado, usted está anotado en la lista de oradores. ¿Esta es su interrupción?
SR. PRAT GAY Sí.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Por favor, le pido que sea breve.
SR. PRAT GAY Esta es mi interrupción, y dije que iba a ser de cinco minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta, por concederme la interrupción, pero déjeme que cierre con el número que creo que todos debiéramos discutir.
¿Qué ocurrió con esta compañía y con los dividendos desde 2007 en adelante? Entre 2008 y 2011 la utilidad neta de la compañía fue de 18.627 millones de pesos. Vale decir, ganó menos en pesos durante la segunda mitad que durante la primera mitad del kirchnerismo; sin embargo, el giro de dividendos fue de 24.193 millones de pesos. Es decir, el giro de dividendos dividido por la utilidad neta de la compañía durante los años de argentinización -que ahora todo el oficialismo se olvida que se propuso en su momento como solución- fue del 130 por ciento.
Lo que quería aclarar es que todos aquellos que sostienen desde los dividendos que esta compañía ha sido vaciada, deben reconocer que el vaciamiento fue mucho mayor cuando estaba Eskenazi que cuando estaba solamente Repsol. Muchas gracias por la interrupción.
¿Qué ocurrió con esta compañía y con los dividendos desde 2007 en adelante? Entre 2008 y 2011 la utilidad neta de la compañía fue de 18.627 millones de pesos. Vale decir, ganó menos en pesos durante la segunda mitad que durante la primera mitad del kirchnerismo; sin embargo, el giro de dividendos fue de 24.193 millones de pesos. Es decir, el giro de dividendos dividido por la utilidad neta de la compañía durante los años de argentinización -que ahora todo el oficialismo se olvida que se propuso en su momento como solución- fue del 130 por ciento.
Lo que quería aclarar es que todos aquellos que sostienen desde los dividendos que esta compañía ha sido vaciada, deben reconocer que el vaciamiento fue mucho mayor cuando estaba Eskenazi que cuando estaba solamente Repsol. Muchas gracias por la interrupción.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO Mientras oía algunas exposiciones del oficialismo vino a mi memoria una fantástica película de hace tres o cuatro años, "Good Bye Lenin". El guión de esa película trata sobre una militante política comunista de Alemania oriental que creo que por un ACV queda dormida durante tres o cuatro años, y cuando se despierta todo cambió; cayó el muro de Berlín, y la imagen que ella ve del otro lado de su ventana -donde antes había una foto de Marx- es un cartel de Coca Cola.
Este cambio es lo que me hace acordar al violento cambio en el discurso del oficialismo, que nos plantea, como en tantos otros temas, una refundación absoluta de la historia y de los valores. Por eso digo lo de Marx, porque en realidad la foto que debiera estar no es la de Carlos Marx sino la de Groucho Marx, que decía: "Estos son mis valores, si no te gusta te doy otros".
Y esto es lo que está sucediendo, porque este cambio increíble en la estructura de valores, en el discurso y en la realidad que nos plantea el oficialismo en un tema tan sensible para la vida de los argentinos, es un impacto no solo político sino también funcional al presente y al futuro de los argentinos.
No voy a agregar cifras a las que ya se han dado sobre el vaciamiento. Simplemente me atrevo a decir que los años 2000 son la década infame de los servicios públicos en la Argentina; son la década infame de los trenes, del petróleo.
Parte de mi voto negativo se debe a que no estoy dispuesto a firmar una ley del olvido para esta década infame, porque si nosotros, en aras de palabras vacuas como "soberanía energética", dejamos correr esta parte de la historia, le estaremos dando la razón a los que creen que el sistema político no sirve para resolver los grandes problemas de los argentinos.
Ni olvido ni perdón. No vamos a tapar la memoria de la década infame de los servicios públicos en la Argentina, en particular del petróleo y del tren.
Por eso resulta difícil, señora presidenta, entender la petulancia del discurso. Quisiera tener enfrente al viceministro de economía, que nos habla con tranquilidad y petulancia, olvidándose de lo que significa para el presente y el futuro de los argentinos la pérdida de una cifra que tiene tantos ceros que nos resulta difícil escribir, como 300 mil millones de dólares. Esto es lo que le costará a los argentinos reponer las reservas perdidas en estos años. Es mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchos impuestos, debido a la falta de control, a la falta de Estado, de seriedad y honestidad. Creo que todo este discurso surge de suponer que los recursos son infinitos.
Cuando ingresé en la Facultad de Economía lo primero que me dieron fue el gran libro de Samuelson -de unas mil páginas- que señalaba que la economía es la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos para fines múltiples y de distinta importancia, y hago énfasis en este último concepto.
Todo el discurso que estamos escuchando ronda en que "no importa", "nos metemos en esta aventura", "va a haber plata para hacer lo que necesitamos". Pero cuando se habla de los montos que vamos a invertir y de los montos que vamos a perder, tomo la otra parte de la definición de la ciencia económica y pienso en rehacer el sistema de trenes, dar cloacas a todos los argentinos, extender la doble jornada a todos los chicos pobres de la Argentina, darnos hidroelectricidad, ampliar aún más la cobertura de la asignación universal para chicos o el 82 por ciento móvil. Los recursos son escasos y serán mucho más escasos aún a partir de lo que hemos perdido y tendremos que reponer.
Quiero mencionar que con YPF no alcanza, porque YPF es el 20 por ciento del mercado petrolero. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho aquí, que pone en el centro de la recuperación de la...
Este cambio es lo que me hace acordar al violento cambio en el discurso del oficialismo, que nos plantea, como en tantos otros temas, una refundación absoluta de la historia y de los valores. Por eso digo lo de Marx, porque en realidad la foto que debiera estar no es la de Carlos Marx sino la de Groucho Marx, que decía: "Estos son mis valores, si no te gusta te doy otros".
Y esto es lo que está sucediendo, porque este cambio increíble en la estructura de valores, en el discurso y en la realidad que nos plantea el oficialismo en un tema tan sensible para la vida de los argentinos, es un impacto no solo político sino también funcional al presente y al futuro de los argentinos.
No voy a agregar cifras a las que ya se han dado sobre el vaciamiento. Simplemente me atrevo a decir que los años 2000 son la década infame de los servicios públicos en la Argentina; son la década infame de los trenes, del petróleo.
Parte de mi voto negativo se debe a que no estoy dispuesto a firmar una ley del olvido para esta década infame, porque si nosotros, en aras de palabras vacuas como "soberanía energética", dejamos correr esta parte de la historia, le estaremos dando la razón a los que creen que el sistema político no sirve para resolver los grandes problemas de los argentinos.
Ni olvido ni perdón. No vamos a tapar la memoria de la década infame de los servicios públicos en la Argentina, en particular del petróleo y del tren.
Por eso resulta difícil, señora presidenta, entender la petulancia del discurso. Quisiera tener enfrente al viceministro de economía, que nos habla con tranquilidad y petulancia, olvidándose de lo que significa para el presente y el futuro de los argentinos la pérdida de una cifra que tiene tantos ceros que nos resulta difícil escribir, como 300 mil millones de dólares. Esto es lo que le costará a los argentinos reponer las reservas perdidas en estos años. Es mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchos impuestos, debido a la falta de control, a la falta de Estado, de seriedad y honestidad. Creo que todo este discurso surge de suponer que los recursos son infinitos.
Cuando ingresé en la Facultad de Economía lo primero que me dieron fue el gran libro de Samuelson -de unas mil páginas- que señalaba que la economía es la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos para fines múltiples y de distinta importancia, y hago énfasis en este último concepto.
Todo el discurso que estamos escuchando ronda en que "no importa", "nos metemos en esta aventura", "va a haber plata para hacer lo que necesitamos". Pero cuando se habla de los montos que vamos a invertir y de los montos que vamos a perder, tomo la otra parte de la definición de la ciencia económica y pienso en rehacer el sistema de trenes, dar cloacas a todos los argentinos, extender la doble jornada a todos los chicos pobres de la Argentina, darnos hidroelectricidad, ampliar aún más la cobertura de la asignación universal para chicos o el 82 por ciento móvil. Los recursos son escasos y serán mucho más escasos aún a partir de lo que hemos perdido y tendremos que reponer.
Quiero mencionar que con YPF no alcanza, porque YPF es el 20 por ciento del mercado petrolero. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho aquí, que pone en el centro de la recuperación de la...
SRA. PRESIDENTA BERTONE La Presidencia solicita a los señores diputados que hagan silencio por favor.
SR. AMADEO Señora presidenta: todo lo que pone en cabeza de YPF deberá ser puesto en cabeza del conjunto del sistema energético nacional. Digo "energético" y no digo "hidrocarburífero", porque otro de los graves problemas que tenemos por delante es la reforma de la matriz energética de la República Argentina. Esta cuestión forma parte de nuestro dictamen, donde lo solicitamos explícitamente, porque nuestro país no tiene planificación, más allá de que haya un Ministerio de Planificación y demás. La Argentina no ha planificado su futuro energético.
Por lo tanto, en nuestro proyecto estamos pidiendo que se establezca una comisión del Estado y del sector privado para definir la matriz energética de los argentinos, sin lo cual este milagro que se pretende hacer con la estatización de YPF no tendrá destino.
Por todas estas razones, hubiera querido formular al viceministro Kicillof algunas preguntas sobre el éxito de lo que estamos haciendo de ahora en adelante. Como no está, aprovecharé tal vez los medios de comunicación o la versión taquigráfica para hacerle llegar estas preguntas.
Quiero preguntarle al señor viceministro si las empresas que teóricamente van a ayudar a YPF en la aventura que empieza ahora van a tener un régimen especial, porque el señor viceministro de Economía ha dicho en discursos públicos, en conferencias académicas y en mitines políticos que hay que ponerle un techo a la ganancia de las empresas en la Argentina, y en el mundo en general, que en el capitalismo hay que ponerle un techo a la ganancia. Al señor de Exxon que estaba sentado ayer con él, ¿le dijo que no va a poder ganar más del 6 por ciento?
En segundo lugar, hoy en día las empresas no pueden girar utilidades. Las empresas que van a cambiar nuestro mapa energético, ¿van a poder girar utilidades?
En tercer lugar, ¿les va a dar estabilidad impositiva? ¿Les va a jurar con una ley votada por los dos tercios que no les va a aplicar retenciones dentro de dos, tres o cuatro años? ¿Esas empresas van a acceder al mercado de cambio para obtener los repuestos que necesitan, como no pueden hacerlo hoy las empresas que están trabajando? ¿Están seguras que van a poder importar los repuestos, o les va a dar un régimen especial que les va a negar a las demás?
Segundo, con respecto al financiamiento y los fondos escasos, ¿podrá asegurarnos el señor viceministro que no va a utilizar los fondos de la ANSES? ¿O vamos a meter de vuelta la mano a los jubilados para tratar de tapar rápidamente el agujero de 300 mil millones?
Tercero -y esto lo digo con conocimiento de causa, porque en esta sala he escuchado lo contrario- ¿se va a mantener el dogma de fe del gobierno de no recurrir nunca más al crédito externo? ¿Seguiremos pensando que el crédito externo es una forma de colonialismo? Si no le va a meter la mano a la ANSES, no tiene fondos de la caja y no quiere recurrir al crédito externo, ¿cómo va a financiar la aventura?
Cuarto, ¿por qué no se propone un plan energético nacional?
Señora presidenta: la matriz energética de hoy es explosiva, y uso la metáfora a propósito porque está basada en el gas. No hay ningún país de América Latina que le dé semejante importancia al gas; a la Argentina le sobra la hidroelectricidad, somos un país bendecido por la naturaleza con hidroelectricidad y no vamos a utilizarla. No sabemos a dónde vamos. Vamos a más petróleo y a más gas y no tenemos la matriz energética.
¿Por qué no se propone la reforma de la Ley de Hidrocarburos? Estamos entrando en una aventura energética con un marco legal viejo que ha servido para otro sistema. Entonces, ¿por qué el gobierno no propone una mirada integral en la que sepamos hacia dónde vamos?
Por otra parte, quiero preguntarle al señor Kicillof qué va a hacer con el consumo de gas en garrafas. Hoy, el 60 por ciento del 20 por ciento más pobre de la población es expoliado con el gas en garrafa, entre otros, por una empresa de Repsol; en el Directorio no se dijo nunca una palabra sobre esta expoliación a los pobres. Nosotros, los ricos, -cualquiera que gane más de cinco pesos en la Argentina es rico- tenemos un precio por metro cúbico de gas natural, pagamos un tercio del precio de la garrafa y si no lo pagamos no nos cortan el gas. En cambio, quienes consumen gas en garrafa, si no tienen el dinero para comprar antes la garrafa deben cocinar con leña. Entonces, ¿el gobierno va a resolver el problema de las garrafas o se va a dedicar a las grandes aventuras?
Obviamente, como se ha dicho acá, ¿por qué el gobierno no eligió comprar la parte de Eskenazi? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Puede el gobierno asegurarnos la provisión de fertilizantes ya que YPF es el principal productor de fertilizantes de la Argentina?
Finalmente, me pregunto por qué en este juego de expropiaciones no se pide a las provincias, en particular a la de Santa Cruz, que revea los 7 millones de hectáreas que les fueron concedidas a los amigos del poder, en donde no han hecho ni un pozo con una pala y, peor aún, las han vendido entre ellos. Hay un club de amigos del poder a los que la provincia de Santa Cruz concedió -después de descartar a Petrobrás y otras grandes empresas- 7 millones de hectáreas para exploración y explotación, y no han hecho -insisto- ni un agujerito con una pala. ¿Esto será también parte de la transformación energética del país? ¿Les vamos a exigir a estos señores, hoy millonarios, que cumplan su compromiso y exploren y exploten, o solamente vamos contra Repsol? ¿Es Repsol el único adversario del hecho de que no tengamos ni gas ni petróleo en la Argentina?
Finalmente, señora presidenta, debo decirle con franqueza que la palabra "soberanía energética" me dice poco, me suena mucho más a mitin y aplauso. Yo quiero autoabastecimiento, como soñaba el presidente Frondizi hace cincuenta años, que si hoy se despertara se volvería a morir al ver que aquel sueño de los 60, que permitió 50 años de crecimiento en la Argentina, se ha perdido por la incompetencia y la deshonestidad de muchos que dicen trabajar por el bienestar de la gente. Muchas gracias.
Por lo tanto, en nuestro proyecto estamos pidiendo que se establezca una comisión del Estado y del sector privado para definir la matriz energética de los argentinos, sin lo cual este milagro que se pretende hacer con la estatización de YPF no tendrá destino.
Por todas estas razones, hubiera querido formular al viceministro Kicillof algunas preguntas sobre el éxito de lo que estamos haciendo de ahora en adelante. Como no está, aprovecharé tal vez los medios de comunicación o la versión taquigráfica para hacerle llegar estas preguntas.
Quiero preguntarle al señor viceministro si las empresas que teóricamente van a ayudar a YPF en la aventura que empieza ahora van a tener un régimen especial, porque el señor viceministro de Economía ha dicho en discursos públicos, en conferencias académicas y en mitines políticos que hay que ponerle un techo a la ganancia de las empresas en la Argentina, y en el mundo en general, que en el capitalismo hay que ponerle un techo a la ganancia. Al señor de Exxon que estaba sentado ayer con él, ¿le dijo que no va a poder ganar más del 6 por ciento?
En segundo lugar, hoy en día las empresas no pueden girar utilidades. Las empresas que van a cambiar nuestro mapa energético, ¿van a poder girar utilidades?
En tercer lugar, ¿les va a dar estabilidad impositiva? ¿Les va a jurar con una ley votada por los dos tercios que no les va a aplicar retenciones dentro de dos, tres o cuatro años? ¿Esas empresas van a acceder al mercado de cambio para obtener los repuestos que necesitan, como no pueden hacerlo hoy las empresas que están trabajando? ¿Están seguras que van a poder importar los repuestos, o les va a dar un régimen especial que les va a negar a las demás?
Segundo, con respecto al financiamiento y los fondos escasos, ¿podrá asegurarnos el señor viceministro que no va a utilizar los fondos de la ANSES? ¿O vamos a meter de vuelta la mano a los jubilados para tratar de tapar rápidamente el agujero de 300 mil millones?
Tercero -y esto lo digo con conocimiento de causa, porque en esta sala he escuchado lo contrario- ¿se va a mantener el dogma de fe del gobierno de no recurrir nunca más al crédito externo? ¿Seguiremos pensando que el crédito externo es una forma de colonialismo? Si no le va a meter la mano a la ANSES, no tiene fondos de la caja y no quiere recurrir al crédito externo, ¿cómo va a financiar la aventura?
Cuarto, ¿por qué no se propone un plan energético nacional?
Señora presidenta: la matriz energética de hoy es explosiva, y uso la metáfora a propósito porque está basada en el gas. No hay ningún país de América Latina que le dé semejante importancia al gas; a la Argentina le sobra la hidroelectricidad, somos un país bendecido por la naturaleza con hidroelectricidad y no vamos a utilizarla. No sabemos a dónde vamos. Vamos a más petróleo y a más gas y no tenemos la matriz energética.
¿Por qué no se propone la reforma de la Ley de Hidrocarburos? Estamos entrando en una aventura energética con un marco legal viejo que ha servido para otro sistema. Entonces, ¿por qué el gobierno no propone una mirada integral en la que sepamos hacia dónde vamos?
Por otra parte, quiero preguntarle al señor Kicillof qué va a hacer con el consumo de gas en garrafas. Hoy, el 60 por ciento del 20 por ciento más pobre de la población es expoliado con el gas en garrafa, entre otros, por una empresa de Repsol; en el Directorio no se dijo nunca una palabra sobre esta expoliación a los pobres. Nosotros, los ricos, -cualquiera que gane más de cinco pesos en la Argentina es rico- tenemos un precio por metro cúbico de gas natural, pagamos un tercio del precio de la garrafa y si no lo pagamos no nos cortan el gas. En cambio, quienes consumen gas en garrafa, si no tienen el dinero para comprar antes la garrafa deben cocinar con leña. Entonces, ¿el gobierno va a resolver el problema de las garrafas o se va a dedicar a las grandes aventuras?
Obviamente, como se ha dicho acá, ¿por qué el gobierno no eligió comprar la parte de Eskenazi? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Puede el gobierno asegurarnos la provisión de fertilizantes ya que YPF es el principal productor de fertilizantes de la Argentina?
Finalmente, me pregunto por qué en este juego de expropiaciones no se pide a las provincias, en particular a la de Santa Cruz, que revea los 7 millones de hectáreas que les fueron concedidas a los amigos del poder, en donde no han hecho ni un pozo con una pala y, peor aún, las han vendido entre ellos. Hay un club de amigos del poder a los que la provincia de Santa Cruz concedió -después de descartar a Petrobrás y otras grandes empresas- 7 millones de hectáreas para exploración y explotación, y no han hecho -insisto- ni un agujerito con una pala. ¿Esto será también parte de la transformación energética del país? ¿Les vamos a exigir a estos señores, hoy millonarios, que cumplan su compromiso y exploren y exploten, o solamente vamos contra Repsol? ¿Es Repsol el único adversario del hecho de que no tengamos ni gas ni petróleo en la Argentina?
Finalmente, señora presidenta, debo decirle con franqueza que la palabra "soberanía energética" me dice poco, me suena mucho más a mitin y aplauso. Yo quiero autoabastecimiento, como soñaba el presidente Frondizi hace cincuenta años, que si hoy se despertara se volvería a morir al ver que aquel sueño de los 60, que permitió 50 años de crecimiento en la Argentina, se ha perdido por la incompetencia y la deshonestidad de muchos que dicen trabajar por el bienestar de la gente. Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Desde Proyecto Sur entendemos que con este proyecto se está produciendo una apertura de enorme interés, ya que apunta a recobrar un instrumento importantísimo para la recuperación de nuestras capacidades soberanas en materia de hidrocarburos.
Digo bien, lo vimos como el comienzo, como el dar vuelta una página oscura.
Sentimos en este proyecto y en varias intervenciones de altos funcionarios que escuchamos en estos días que hay una mirada autocrítica, aunque no se explicite. Lo que importan son los hechos. Basta el primer artículo del proyecto.
En estos pocos días hemos escuchado a muchos comunicadores y también intervenciones, donde en definitiva preguntan cómo voy a apoyar un proyecto en el cual se va a hacer lo contrario de lo que se dice. Ahí hay una enorme confusión que viene de lejos. La confusión entre las instituciones o las empresas y la gestión de las mismas o las políticas que las conducen.
El bloque de Proyecto Sur estuvo, está y estará en todo lo que signifique la recuperación democrática de las instituciones de la República y la recuperación de los bienes y recursos naturales.
Por supuesto que el cuchillo no es responsable del asesinato. El automóvil no es responsable de haber atropellado a los chicos que jugaban en la vereda. Aún con esta precaria estatización -digo precaria porque nosotros vamos por mucho más, señores diputados- creemos que la Argentina debe ir por mucho más y lo debe cumplir.
Lo que digo es que lo importante es el futuro que se abre de ahora en adelante. No es nada fácil, por cierto, porque lo que se está tomando es la conducción de un tercio cuanto mucho, pero seguramente es el 30 por ciento de la producción argentina. La producción argentina es el 2 por mil de las reservas mundiales, o sea el 0,2 por ciento.
Brasil, siguiendo las directivas que indicó Mosconi, de reinvertir y capitalizar lo que producían, hoy tiene reservas por 80 mil millones de barriles, casi 40 veces las de nuestro país.
Sabemos que es un momento importante. Quienes venimos del tronco nacional -atención compañeros- sabemos que el movimiento nacional transitó épocas gloriosas desde comienzos del siglo XX. Incluso el conservador Justo Figueroa Alcorta, cuando se descubre en 1907 el petróleo, determina que el territorio donde se descubre el petróleo, es nacional. El intendente de la ciudad de Buenos Aires era el conservador Bullrich, que tenía a su vez como secretario de Energía a aquel extraordinario referente nacional que fue Jorge Newbery, ingeniero eléctrico. Se lo conoce por dandy y deportista, pero era un extraordinario defensor del servicio eléctrico público que combatía contra los monopolios eléctricos de la ciudad de Buenos Aires. En 1908 comienza a escribir el primer libro sobre petróleo en lengua castellana, y lo publica en 1910. Ese libro "Petróleo", le significó mucho a Enrique Mosconi, de quien era amigo y con quien ha viajado.
Me estoy refiriendo a una pléyade de hombres para quienes no había nada imposible. Fueron la generación de los grandes hacedores, de los grandes ingenieros surgidos de la Facultad de Buenos Aires, como Huergo.
En 1922 a Mosconi le dan una oscura repartición de la Secretaría de Agricultura y le dice a Yrigoyen: "Yo voy a producir nafta". Se ríe la prensa gorda, "Somos un país pastoril, ¿ahora vamos a intentar ser una industria de punta?".
A los ocho meses procesaba kerosén y a los nueve, nafta. Dos años y medio después, señores diputados, inauguraba la mayor destilería del continente en Ensenada, La Plata. Voy a decir algo muy importante, porque esta es la raza de argentinos que deben ser nuestro paradigma. El Banco Nación les niega los créditos porque no tienen aval. "Pero ¿cómo me va a pedir aval? Soy una repartición del Estado." Esto se resolvió porque todos los miembros del Directorio pusieron sus propiedades como aval, entre ellos el doctor Carlos Madariaga, un poderoso estanciero de Corrientes. Y en el año 25 se inauguraba La Plata.
Mosconi reinvertía todo lo que ganaba, no le entregaba un lápiz nuevo a nadie sin que le entregaran el cabito del viejo. Amor en serio a la Patria, a la Argentina. En siete años multiplicó 400 veces el capital de YPF. Esto lo digo ante tanto papagayo y cacareo que dice: "No se puede expropiar YPF, si no hay un peso".
YPF, vaciada, renga, produce con niveles de utilidades extraordinarios. Declara el costo del barril de petróleo en 7, 8, 9 dólares, y lo vende a las refinerías a 48, 50. Las utilidades de las empresas petroleras son enormes, gigantescas. Que nadie venga con el cuento de hacer creer a la opinión pública que acá hay que venir con una lluvia de dinero. Por supuesto que si se quiere hacer todo y de golpe, o si se quiere hacer todo con la empresa estatal, habrá limitaciones; pero si se le sigue regalando a otras corporaciones privadas será una gran infamia.
Cuando uno lo dice la gente no lo cree, pero hasta el día de la fecha este oro negro se extrae sin que en ningún pozo de la Argentina haya un medidor. Se extrae a declaración jurada, sin control público. "No, pero las corporaciones son respetables; abro el diario y hay una página entera diciendo que va a invertir tanto."
No hay nadie que controle las inversiones extranjeras. Nadie. Uno va a Canadá o a Noruega, y cada 60 días se están auditando las inversiones y las construcciones prometidas. Defensa del interés público, defensa del interés nacional por encima de las banderías políticas.
Se roban lo que quieren. Tienen la libre disponibilidad del recurso, y encima hasta la fecha disponen del 70 por ciento de las divisas de exportación. Fue puro vaciamiento, no solo lo de Repsol, sino el conjunto del sistema que se implantó en el 89 con los tres decretos desreguladores de Menem y con la ley más siniestra que todavía impera en la Argentina, la reforma del Estado, muchachos.
Se le cedieron todos los poderes al Poder Ejecutivo para disponer del patrimonio público. Este Congreso los delegó. Hicieron puré el patrimonio público. Soy un hombre lleno de esperanzas, soy la memoria de estos veinte años de saqueo y de desastre.
No voy a venir a recordarlo acá, porque tengo esperanza y sé que en todas las fuerzas políticas hay compañeros de la línea nacional -que están a mis espaldas y de frente- que tienen ganas de acompañar esta iniciativa y de que triunfe, no de que fracase.
Hay que actuar con grandeza. Apostamos a lo que desea y quiere el pueblo argentino, más allá de los partidos. Si lo leemos con la óptica partidaria, estamos leyendo chiquitito. El pueblo argentino quiere recuperar YPF, quiere recuperar sus bienes y recursos, y quiere que sean administrados con transparencia y ética pública.
Ética pública fue la que enseñó Enrique Mosconi. En ese acuerdo no intervino solamente Yrigoyen sino también Alvear, porque este último fue quien le dio todo el empuje al proyecto de Mosconi. Después vendría toda la línea nacional que pasó por FORJA, vendría el año 45, la creación de Gas del Estado, el artículo 40 de la Constitución del 49, los recursos minerales, las caídas de agua, el carbón, los hidrocarburos. ¡Son recursos inalienables e imprescriptibles de la Nación! ¡Ese es el dogma de un militante nacional!
Después vinieron noches oscuras. Nos hicieron muchos cuentos, pero Arturo Illia terminó con los contratos de Frondizi. Argentina tuvo el autoabastecimiento y épocas gloriosas con YPF, porque estaba a la vanguardia de las investigaciones petroleras. ¡En los años 60 ya les vendía catalizadores a España, Italia y Francia para sacarles el plomo a las naftas! Por supuesto, esos virus, la corrupción y la falta de controles, la chuparon de adentro y de afuera.
Creemos que no se puede fracasar. Acá estamos ante algo importantísimo. No solamente me refiero al proyecto en sí mismo sino que lo que es importantísimo y más trascendente es que aquí existe una unidad nacional del 70 o más por ciento que quiere que se recupere y que no fracase.
¡Política de Estado! ¡Veamos con grandeza! Para que todos pongamos el hombro, queremos transparencia. ¡Queremos controles públicos! ¡La Auditoría, la SIGEN, el Congreso! ¡Pero además queremos que haya veedores de control social: las asociaciones de consumidores! Al hombre que en el campo no puede sacar el tractor porque no tiene gasoil no le interesa saber qué está pasando con su petrolera.
El otro tema es el de las provincias. Seguramente a muchos colegas que están en las provincias petroleras les puedan chocar mis argumentos. Los que vivimos en las catorce provincias que no tienen el recurso nos sentimos los hijos de la pavota: no comprendemos cómo es posible que quedemos afuera del reparto si allí vivimos el 85 por ciento de los ciudadanos, es decir, la inmensa mayoría que financió el descubrimiento de esos yacimientos y pozos, y hasta financió las carreteras, levantó ciudades, la Patagonia. ¡Nadie puede comerse el cambio de figuritas de la reelección en la Convención Constituyente del 94 nada menos que por la entrega de los bienes del subsuelo! ¡Hoy todo el mundo se llena la boca con Brasil! ¡Los recursos del subsuelo los maneja el Estado!
Cada una de las provincias termina siendo rehén de las corporaciones, porque tienen un presupuesto provincial que es 10, 15, 50 o 100 veces menor que el de la corporación. Entonces, nosotros creemos que esto es una enrome injusticia.
El 85 por ciento de los ciudadanos argentinos contribuyó al financiamiento de la petrolera estatal y la quieren, por eso todas las provincias deben ser titulares de estas acciones, siguiendo la cuotaparte de la coparticipación federal. Las provincias petroleras se benefician con las regalías, negocian hoy con las petroleras y también le cobran regalías a la YPF y lo seguirán haciendo.
Acá se ha hablado de la indemnización y de la desprolijidad. Hoy, ¿qué rige las expropiaciones en la Argentina? Es la ley 21.499, donde está clarísimo: la expropiación se fija en el último momento, cuando se hace la trasferencia del paquete de acciones. Antes tenemos que ponernos de acuerdo con tantas otras cosas.
Repsol está requebrada. Por lo menos, debe más de 9 mil millones de dólares. También está el fantasma del grupo Petersen, pero ¿y el pasivo ambiental? Yo creo que ahí hay una mancha muy peligrosa, que es la falta de conciencia del grado de contaminación de todas las petroleras, no solamente Repsol, para con el medio ambiente. Yo les aseguro que todas las napas de agua de los yacimientos están contaminadas, por la sencilla razón de que YPF privilegiaba el medio ambiente y la salud; perforaba lentamente, con fluidos a base de agua. Las petroleras privadas no vienen para cuidar la salud ni el bienestar futuro nuestro. Usaron todos los componentes químicos disponibles para acelerar cuatro, cinco o seis veces más su mecanismo extractivo y se llevaron todo porque tenían la libre disponibilidad. El mito de que había que multiplicar las reservas terminó en un vaciamiento y descapitalización como no conoce la historia contemporánea de la Argentina. Entonces, queda todo el pasivo ambiental.
Yo lamento que en la Comisión de Energía y Combustibles nunca se haya tratado nuestro proyecto de ley de auditar todos los pozos en la Argentina, asociando la Nación con las provincias, con financiación nacional. Esta operación de ninguna manera es muy costosa en relación al beneficio que se obtendría si tuviéramos esos datos de saber por qué un pozo está cerrado. Está cerrado porque no le conviene a la compañía, porque no le da tanto; pero para la Nación o para la provincia ese pozo tiene reservas, ese pozo tiene riqueza y sabríamos cuál es el grado de contaminación.
Yo voy a plantear aquí que por supuesto nosotros estamos a favor de la expropiación del 83 por ciento de las acciones de la compañía. Nadie lo tome a mal, pero creemos que es un error groserísimo -poniendo el gasto político que es lanzar esta expropiación- no haber pasado la guadaña a todo lo que se le pueda pasar. Creo que dejar perros cimarrones heridos adentro de la compañía es un turbio negocio.
Nosotros queremos una empresa pública, pero hay un 17 por ciento que está en el mercado y no es fácil capturarlo. Queremos una empresa pública, y estando rodeados de todas las corporaciones hay que defender la empresa y no dejar que desembarquen ni los petroleros privados de antaño, ni de ayer, ni del extranjero, porque no van a venir a trabajar por el negocio público.
Acá lo que está en conflicto es lo siguiente: los que toman los bienes y recursos del país, los que toman su patrimonio queriendo sacar ventaja o hacer un negocio privado, frente a los que tratan de hacer negocio para la Nación y el conjunto de su pueblo.
Permítanme la digresión. Yo me formé en este espíritu porque desde los 15 años estuve interesado por el tema de la energía, los bienes, los recursos y la política. A los 22 años tuve la enorme satisfacción de que el ingeniero Julio V. Canessa, a quien yo frecuentaba llevándole cosas, me llevara a su secretaría privada. Vi de cerca a este hombre, éramos tres personas. Era de una austeridad extraordinaria. Ya en 1947 le dijo al General Perón que no podían perder más el gas de Comodoro Rivadavia, que había que traerlo a Buenos Aires porque tenían la tecnología suficiente y con el aporte del capital privado lo iban a traer. Así fue que construyó el gasoducto más largo de su época en el mundo, que medía 1700 kilómetros. Canessa decía que todo era cuestión de tiempo y de organización. Ética pública y organización. Por eso nosotros soñamos con una empresa que sea ciento por ciento pública, que sea transparente, que tanto el kirchnerista, como el opositor, como el verde, el de arriba y el de abajo la sientan como su empresa y rinda información.
Tengo que decir con pesar que como presidente que fui de esta comisión, es inadmisible que la Secretaría de Energía nunca haya respondido al pedido de los contratos que se firmaron en 2006 con tres multinacionales para la exploración marítima en la plataforma. Nunca nadie los ha visto. Tampoco conseguimos que se nos diera el contrato firmado con Qatar, que es la mayor compra que hizo la Argentina en el extranjero, por 45 mil millones de dólares. Fue hecho con adjudicación directa, y encima con una empresa experta en estas cosas: Cometrans. ¿Les suena la empresa Cometrans de Cirigliano? ¿Me entienden muchachos? Suceden estas cosas y hasta el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles no consigue ver los contratos. Enviamos una carta documento y Economía nos mandó a Timerman de Relaciones Exteriores, quien dijo que no se podía pronunciar porque era secreto de Estado. Néstor Kirchner se pronunció en su momento con información pública. Queremos transparencia, queridos colegas. La nueva YPF debe ser de todos.
Hablamos de Petrobras. Ahora vamos a contar con el 51 por ciento del paquete accionario. Petrobras tiene el 51 por ciento de la compañía, pero además hay un 3 por ciento que es del Estado. De esta manera, suma el 54 por ciento del paquete accionario, más un 36 o 37 por ciento que son del Banco de Desarrollo, de los bancos de desarrollo provincial, de los fondos de pensión y obras sociales de los sindicatos. Es capital público, capital brasilero compañeros. Vivimos en un mundo de guerras atroces por el petróleo.
Desde que se descubrió el petróleo en 1857 se sembró el mundo de golpes de Estado, hubo movimiento cesionistas. Libia está dividida en tres por el petróleo. Hay crímenes atroces por el petróleo. ¿A quién le van a contar entonces?
Muchos de los conceptos vertidos por la presidenta y por el viceministro de Economía son muy interesantes, pero siento que todavía hay muchos prejuicios neoliberales. ¿Cómo puede ser? ¿Si esto fue la lepra! Me refiero al neoliberalismo. ¿Cómo se puede decir que somos estatizantes? El desafío nacional es construir un Estado probo y eficiente contra cualquier moneda y defender lo nuestro. Porque hoy en día en el mundo, se trata de la geopolítica de los recursos.
Todavía tenemos en el continente muchos recursos y tenemos una de las cuatro mayores reservas de petróleo y gas sin explorar: el Atlántico Sur.
Con un barril a cien dólares es altamente posible y rentable esa explotación.
En definitiva, compañeros, queremos los controles públicos, queremos medidores en todos los pozos; queremos que se frene la exportación a todas las empresas. Nadie puede exportar hasta que la Argentina recupere sus niveles de reservas. ¿Cómo es posible que estemos importando de Qatar el gas a 16 o 17 dólares si acá lo podemos producir a 2, 3, 4 o 5 dólares?
Permítanme un último tema porque vale la pena. El artículo 1°, que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, es lo más entusiasmante del proyecto que, como ya lo dijimos, vamos a apoyar. Pero tenemos muchas disidencias que van por lo constructivo, porque esto se puede hacer mejor. Que nadie ahorre una idea. Tratemos de aportar lo mejor. Ua de las disidencias es que es muy floja, muy negativa la concepción energética que existe detrás de esta iniciativa. Permítanme decir, y acá abro mi digresión, que un 89 por ciento de la matriz energética de la Argentina se basa hoy en quemar energía fósil, sobre todo gas.
Ustedes saben que vivimos la tragedia del cambio climático. Es la tragedia de las tragedias y no la queremos asumir. Los glaciares se disminuyeron en pocas décadas en un 30 por ciento y es la fuente de los ríos de llanura. Nada aporta más al efecto invernadero que quemar hidrocarburos. El petróleo nos dio la multiplicación de la civilización industrial, el trasporte, la civilización del automóvil y la civilización del consumo, pero empezamos a cavar la tumba de la naturaleza porque la destrucción, la desaparición de más de 500 especies, la contaminación de ríos y de mares es fabulosa.
En el año 2009, en la Cumbre de Copenhague, dijo Evo Morales que si se recalienta la Tierra en un dos por ciento más, tendremos cincuenta millones de muertos por hambrunas y desertificación. Y no le damos importancia. Ahora viene la Río+20.
Nuestra disidencia radica en que el objetivo estratégico de la Argentina en materia de energía no debe ser que nuestro autoabastecimiento se haga con petróleo. ¡Ave María Purísima, muchachos! Acá hay que reinvertir la renta pero en un grandísimo plan en las energías renovables y no contaminantes. El paradigma futuro es ése. Frente a los desastres como Fukushima y otras catástrofes imprevisibles de este cambio climático, la energía nuclear tampoco es el paradigma. Europa está desactivando sus centrales.
Hemos optado por dos variantes muy negativas. Lamento aguar un poco la mañana. Una es el gas natural licuado. Es una verdadera locura que ese gas -que viene concentrado 600 veces y que si explota equivale al poder de dos bombas atómicas de Hiroshima- esté colocado al costado del polo petroquímico de Bahía Banca y en el kilómetro 78 del Paraná de las Palmas en toda la vía de los barcos cerealeros. Si hay un accidente vuela buena parte de las poblaciones urbanas. En Europa eso está prohibido. Tienen que hacer los desembarcos diez o quince kilómetros adentro.
La otra variante con que se sueña son los negocios que vamos a hacer con el gas no convencional o el petróleo no convencional.
Acá estamos ante un tema de enorme desinformación pública. La extracción del gas o el petróleo no convencional es altamente destructiva para el medio ambiente. Cada equipo se chupa por día de veinte a veinticinco millones de litros de agua, pero como en esos desiertos no hay agua -Vaca Muerta- son las aguas minerales profundas. ¡Las aguas fósiles! Esos veinte millones van mezclados con fuertes químicos. Se trata de potentes chorros de agua que destruyen las formaciones porosas liberando el gas. ¡Son verdaderos terremotos en el subsuelo!
Se podrá hacer un gran negocio, lo podrá hacer Exxon Mobil o quien sea, llevándose todo para afuera, pero la destrucción interna y la pérdida del nivel de reservas de las aguas, no la va a reponer nadie.
Para finalizar, voy a realizar el recordatorio de un grande, que tuve la enorme fortuna, suerte o la chance -como quieran llamarlo- de tratar. Me refiero a Juan Domingo Perón.
El 22 de febrero de 1972, pasaron cuarenta años hace dos meses, hizo público el llamamiento ambiental a los pueblos del mundo en ocasión de la primera cumbre ecológica en Estocolmo.
Voy a terminar mi exposición leyendo cinco líneas que escribió el general Perón, porque es asombrosa su mirada estratégica. Se trata de diez páginas, pero voy a leer solamente seis o siete líneas.
Dice así: "A la racionalidad del suicidio colectivo..." -se refiere en su época a la destrucción ambiental-, "...debemos responderle con la racionalidad del deseo de supervivencia. Hoy es necesaria y urgente una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países industrializados. Una modificación de las estructuras sociales y productivas de todo el mundo, en particular la de los países de alta tecnología donde rige la economía del mercado. Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza, que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y tendremos que renunciar a las comodidades que nos ha brindado la civilización del consumo."
Termina diciendo: "La humanidad debe ponerse de pie en defensa de sí misma. Cuidemos nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales. Cada gramo de materia prima que nos dejemos arrebatar hoy, equivaldrá a decenas de kilos de alimentos que se dejarán de producir mañana."
Compañeros y colegas: es un momento importante. Apoyamos este proyecto porque entendemos que el pueblo que se está identificando y pidiendo que recuperemos y queramos lo nuestro -porque esto es también una prueba de amor hacia la Argentina- lo podamos llevar adelante. Les agradezco mucho. (Aplausos.)
Digo bien, lo vimos como el comienzo, como el dar vuelta una página oscura.
Sentimos en este proyecto y en varias intervenciones de altos funcionarios que escuchamos en estos días que hay una mirada autocrítica, aunque no se explicite. Lo que importan son los hechos. Basta el primer artículo del proyecto.
En estos pocos días hemos escuchado a muchos comunicadores y también intervenciones, donde en definitiva preguntan cómo voy a apoyar un proyecto en el cual se va a hacer lo contrario de lo que se dice. Ahí hay una enorme confusión que viene de lejos. La confusión entre las instituciones o las empresas y la gestión de las mismas o las políticas que las conducen.
El bloque de Proyecto Sur estuvo, está y estará en todo lo que signifique la recuperación democrática de las instituciones de la República y la recuperación de los bienes y recursos naturales.
Por supuesto que el cuchillo no es responsable del asesinato. El automóvil no es responsable de haber atropellado a los chicos que jugaban en la vereda. Aún con esta precaria estatización -digo precaria porque nosotros vamos por mucho más, señores diputados- creemos que la Argentina debe ir por mucho más y lo debe cumplir.
Lo que digo es que lo importante es el futuro que se abre de ahora en adelante. No es nada fácil, por cierto, porque lo que se está tomando es la conducción de un tercio cuanto mucho, pero seguramente es el 30 por ciento de la producción argentina. La producción argentina es el 2 por mil de las reservas mundiales, o sea el 0,2 por ciento.
Brasil, siguiendo las directivas que indicó Mosconi, de reinvertir y capitalizar lo que producían, hoy tiene reservas por 80 mil millones de barriles, casi 40 veces las de nuestro país.
Sabemos que es un momento importante. Quienes venimos del tronco nacional -atención compañeros- sabemos que el movimiento nacional transitó épocas gloriosas desde comienzos del siglo XX. Incluso el conservador Justo Figueroa Alcorta, cuando se descubre en 1907 el petróleo, determina que el territorio donde se descubre el petróleo, es nacional. El intendente de la ciudad de Buenos Aires era el conservador Bullrich, que tenía a su vez como secretario de Energía a aquel extraordinario referente nacional que fue Jorge Newbery, ingeniero eléctrico. Se lo conoce por dandy y deportista, pero era un extraordinario defensor del servicio eléctrico público que combatía contra los monopolios eléctricos de la ciudad de Buenos Aires. En 1908 comienza a escribir el primer libro sobre petróleo en lengua castellana, y lo publica en 1910. Ese libro "Petróleo", le significó mucho a Enrique Mosconi, de quien era amigo y con quien ha viajado.
Me estoy refiriendo a una pléyade de hombres para quienes no había nada imposible. Fueron la generación de los grandes hacedores, de los grandes ingenieros surgidos de la Facultad de Buenos Aires, como Huergo.
En 1922 a Mosconi le dan una oscura repartición de la Secretaría de Agricultura y le dice a Yrigoyen: "Yo voy a producir nafta". Se ríe la prensa gorda, "Somos un país pastoril, ¿ahora vamos a intentar ser una industria de punta?".
A los ocho meses procesaba kerosén y a los nueve, nafta. Dos años y medio después, señores diputados, inauguraba la mayor destilería del continente en Ensenada, La Plata. Voy a decir algo muy importante, porque esta es la raza de argentinos que deben ser nuestro paradigma. El Banco Nación les niega los créditos porque no tienen aval. "Pero ¿cómo me va a pedir aval? Soy una repartición del Estado." Esto se resolvió porque todos los miembros del Directorio pusieron sus propiedades como aval, entre ellos el doctor Carlos Madariaga, un poderoso estanciero de Corrientes. Y en el año 25 se inauguraba La Plata.
Mosconi reinvertía todo lo que ganaba, no le entregaba un lápiz nuevo a nadie sin que le entregaran el cabito del viejo. Amor en serio a la Patria, a la Argentina. En siete años multiplicó 400 veces el capital de YPF. Esto lo digo ante tanto papagayo y cacareo que dice: "No se puede expropiar YPF, si no hay un peso".
YPF, vaciada, renga, produce con niveles de utilidades extraordinarios. Declara el costo del barril de petróleo en 7, 8, 9 dólares, y lo vende a las refinerías a 48, 50. Las utilidades de las empresas petroleras son enormes, gigantescas. Que nadie venga con el cuento de hacer creer a la opinión pública que acá hay que venir con una lluvia de dinero. Por supuesto que si se quiere hacer todo y de golpe, o si se quiere hacer todo con la empresa estatal, habrá limitaciones; pero si se le sigue regalando a otras corporaciones privadas será una gran infamia.
Cuando uno lo dice la gente no lo cree, pero hasta el día de la fecha este oro negro se extrae sin que en ningún pozo de la Argentina haya un medidor. Se extrae a declaración jurada, sin control público. "No, pero las corporaciones son respetables; abro el diario y hay una página entera diciendo que va a invertir tanto."
No hay nadie que controle las inversiones extranjeras. Nadie. Uno va a Canadá o a Noruega, y cada 60 días se están auditando las inversiones y las construcciones prometidas. Defensa del interés público, defensa del interés nacional por encima de las banderías políticas.
Se roban lo que quieren. Tienen la libre disponibilidad del recurso, y encima hasta la fecha disponen del 70 por ciento de las divisas de exportación. Fue puro vaciamiento, no solo lo de Repsol, sino el conjunto del sistema que se implantó en el 89 con los tres decretos desreguladores de Menem y con la ley más siniestra que todavía impera en la Argentina, la reforma del Estado, muchachos.
Se le cedieron todos los poderes al Poder Ejecutivo para disponer del patrimonio público. Este Congreso los delegó. Hicieron puré el patrimonio público. Soy un hombre lleno de esperanzas, soy la memoria de estos veinte años de saqueo y de desastre.
No voy a venir a recordarlo acá, porque tengo esperanza y sé que en todas las fuerzas políticas hay compañeros de la línea nacional -que están a mis espaldas y de frente- que tienen ganas de acompañar esta iniciativa y de que triunfe, no de que fracase.
Hay que actuar con grandeza. Apostamos a lo que desea y quiere el pueblo argentino, más allá de los partidos. Si lo leemos con la óptica partidaria, estamos leyendo chiquitito. El pueblo argentino quiere recuperar YPF, quiere recuperar sus bienes y recursos, y quiere que sean administrados con transparencia y ética pública.
Ética pública fue la que enseñó Enrique Mosconi. En ese acuerdo no intervino solamente Yrigoyen sino también Alvear, porque este último fue quien le dio todo el empuje al proyecto de Mosconi. Después vendría toda la línea nacional que pasó por FORJA, vendría el año 45, la creación de Gas del Estado, el artículo 40 de la Constitución del 49, los recursos minerales, las caídas de agua, el carbón, los hidrocarburos. ¡Son recursos inalienables e imprescriptibles de la Nación! ¡Ese es el dogma de un militante nacional!
Después vinieron noches oscuras. Nos hicieron muchos cuentos, pero Arturo Illia terminó con los contratos de Frondizi. Argentina tuvo el autoabastecimiento y épocas gloriosas con YPF, porque estaba a la vanguardia de las investigaciones petroleras. ¡En los años 60 ya les vendía catalizadores a España, Italia y Francia para sacarles el plomo a las naftas! Por supuesto, esos virus, la corrupción y la falta de controles, la chuparon de adentro y de afuera.
Creemos que no se puede fracasar. Acá estamos ante algo importantísimo. No solamente me refiero al proyecto en sí mismo sino que lo que es importantísimo y más trascendente es que aquí existe una unidad nacional del 70 o más por ciento que quiere que se recupere y que no fracase.
¡Política de Estado! ¡Veamos con grandeza! Para que todos pongamos el hombro, queremos transparencia. ¡Queremos controles públicos! ¡La Auditoría, la SIGEN, el Congreso! ¡Pero además queremos que haya veedores de control social: las asociaciones de consumidores! Al hombre que en el campo no puede sacar el tractor porque no tiene gasoil no le interesa saber qué está pasando con su petrolera.
El otro tema es el de las provincias. Seguramente a muchos colegas que están en las provincias petroleras les puedan chocar mis argumentos. Los que vivimos en las catorce provincias que no tienen el recurso nos sentimos los hijos de la pavota: no comprendemos cómo es posible que quedemos afuera del reparto si allí vivimos el 85 por ciento de los ciudadanos, es decir, la inmensa mayoría que financió el descubrimiento de esos yacimientos y pozos, y hasta financió las carreteras, levantó ciudades, la Patagonia. ¡Nadie puede comerse el cambio de figuritas de la reelección en la Convención Constituyente del 94 nada menos que por la entrega de los bienes del subsuelo! ¡Hoy todo el mundo se llena la boca con Brasil! ¡Los recursos del subsuelo los maneja el Estado!
Cada una de las provincias termina siendo rehén de las corporaciones, porque tienen un presupuesto provincial que es 10, 15, 50 o 100 veces menor que el de la corporación. Entonces, nosotros creemos que esto es una enrome injusticia.
El 85 por ciento de los ciudadanos argentinos contribuyó al financiamiento de la petrolera estatal y la quieren, por eso todas las provincias deben ser titulares de estas acciones, siguiendo la cuotaparte de la coparticipación federal. Las provincias petroleras se benefician con las regalías, negocian hoy con las petroleras y también le cobran regalías a la YPF y lo seguirán haciendo.
Acá se ha hablado de la indemnización y de la desprolijidad. Hoy, ¿qué rige las expropiaciones en la Argentina? Es la ley 21.499, donde está clarísimo: la expropiación se fija en el último momento, cuando se hace la trasferencia del paquete de acciones. Antes tenemos que ponernos de acuerdo con tantas otras cosas.
Repsol está requebrada. Por lo menos, debe más de 9 mil millones de dólares. También está el fantasma del grupo Petersen, pero ¿y el pasivo ambiental? Yo creo que ahí hay una mancha muy peligrosa, que es la falta de conciencia del grado de contaminación de todas las petroleras, no solamente Repsol, para con el medio ambiente. Yo les aseguro que todas las napas de agua de los yacimientos están contaminadas, por la sencilla razón de que YPF privilegiaba el medio ambiente y la salud; perforaba lentamente, con fluidos a base de agua. Las petroleras privadas no vienen para cuidar la salud ni el bienestar futuro nuestro. Usaron todos los componentes químicos disponibles para acelerar cuatro, cinco o seis veces más su mecanismo extractivo y se llevaron todo porque tenían la libre disponibilidad. El mito de que había que multiplicar las reservas terminó en un vaciamiento y descapitalización como no conoce la historia contemporánea de la Argentina. Entonces, queda todo el pasivo ambiental.
Yo lamento que en la Comisión de Energía y Combustibles nunca se haya tratado nuestro proyecto de ley de auditar todos los pozos en la Argentina, asociando la Nación con las provincias, con financiación nacional. Esta operación de ninguna manera es muy costosa en relación al beneficio que se obtendría si tuviéramos esos datos de saber por qué un pozo está cerrado. Está cerrado porque no le conviene a la compañía, porque no le da tanto; pero para la Nación o para la provincia ese pozo tiene reservas, ese pozo tiene riqueza y sabríamos cuál es el grado de contaminación.
Yo voy a plantear aquí que por supuesto nosotros estamos a favor de la expropiación del 83 por ciento de las acciones de la compañía. Nadie lo tome a mal, pero creemos que es un error groserísimo -poniendo el gasto político que es lanzar esta expropiación- no haber pasado la guadaña a todo lo que se le pueda pasar. Creo que dejar perros cimarrones heridos adentro de la compañía es un turbio negocio.
Nosotros queremos una empresa pública, pero hay un 17 por ciento que está en el mercado y no es fácil capturarlo. Queremos una empresa pública, y estando rodeados de todas las corporaciones hay que defender la empresa y no dejar que desembarquen ni los petroleros privados de antaño, ni de ayer, ni del extranjero, porque no van a venir a trabajar por el negocio público.
Acá lo que está en conflicto es lo siguiente: los que toman los bienes y recursos del país, los que toman su patrimonio queriendo sacar ventaja o hacer un negocio privado, frente a los que tratan de hacer negocio para la Nación y el conjunto de su pueblo.
Permítanme la digresión. Yo me formé en este espíritu porque desde los 15 años estuve interesado por el tema de la energía, los bienes, los recursos y la política. A los 22 años tuve la enorme satisfacción de que el ingeniero Julio V. Canessa, a quien yo frecuentaba llevándole cosas, me llevara a su secretaría privada. Vi de cerca a este hombre, éramos tres personas. Era de una austeridad extraordinaria. Ya en 1947 le dijo al General Perón que no podían perder más el gas de Comodoro Rivadavia, que había que traerlo a Buenos Aires porque tenían la tecnología suficiente y con el aporte del capital privado lo iban a traer. Así fue que construyó el gasoducto más largo de su época en el mundo, que medía 1700 kilómetros. Canessa decía que todo era cuestión de tiempo y de organización. Ética pública y organización. Por eso nosotros soñamos con una empresa que sea ciento por ciento pública, que sea transparente, que tanto el kirchnerista, como el opositor, como el verde, el de arriba y el de abajo la sientan como su empresa y rinda información.
Tengo que decir con pesar que como presidente que fui de esta comisión, es inadmisible que la Secretaría de Energía nunca haya respondido al pedido de los contratos que se firmaron en 2006 con tres multinacionales para la exploración marítima en la plataforma. Nunca nadie los ha visto. Tampoco conseguimos que se nos diera el contrato firmado con Qatar, que es la mayor compra que hizo la Argentina en el extranjero, por 45 mil millones de dólares. Fue hecho con adjudicación directa, y encima con una empresa experta en estas cosas: Cometrans. ¿Les suena la empresa Cometrans de Cirigliano? ¿Me entienden muchachos? Suceden estas cosas y hasta el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles no consigue ver los contratos. Enviamos una carta documento y Economía nos mandó a Timerman de Relaciones Exteriores, quien dijo que no se podía pronunciar porque era secreto de Estado. Néstor Kirchner se pronunció en su momento con información pública. Queremos transparencia, queridos colegas. La nueva YPF debe ser de todos.
Hablamos de Petrobras. Ahora vamos a contar con el 51 por ciento del paquete accionario. Petrobras tiene el 51 por ciento de la compañía, pero además hay un 3 por ciento que es del Estado. De esta manera, suma el 54 por ciento del paquete accionario, más un 36 o 37 por ciento que son del Banco de Desarrollo, de los bancos de desarrollo provincial, de los fondos de pensión y obras sociales de los sindicatos. Es capital público, capital brasilero compañeros. Vivimos en un mundo de guerras atroces por el petróleo.
Desde que se descubrió el petróleo en 1857 se sembró el mundo de golpes de Estado, hubo movimiento cesionistas. Libia está dividida en tres por el petróleo. Hay crímenes atroces por el petróleo. ¿A quién le van a contar entonces?
Muchos de los conceptos vertidos por la presidenta y por el viceministro de Economía son muy interesantes, pero siento que todavía hay muchos prejuicios neoliberales. ¿Cómo puede ser? ¿Si esto fue la lepra! Me refiero al neoliberalismo. ¿Cómo se puede decir que somos estatizantes? El desafío nacional es construir un Estado probo y eficiente contra cualquier moneda y defender lo nuestro. Porque hoy en día en el mundo, se trata de la geopolítica de los recursos.
Todavía tenemos en el continente muchos recursos y tenemos una de las cuatro mayores reservas de petróleo y gas sin explorar: el Atlántico Sur.
Con un barril a cien dólares es altamente posible y rentable esa explotación.
En definitiva, compañeros, queremos los controles públicos, queremos medidores en todos los pozos; queremos que se frene la exportación a todas las empresas. Nadie puede exportar hasta que la Argentina recupere sus niveles de reservas. ¿Cómo es posible que estemos importando de Qatar el gas a 16 o 17 dólares si acá lo podemos producir a 2, 3, 4 o 5 dólares?
Permítanme un último tema porque vale la pena. El artículo 1°, que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, es lo más entusiasmante del proyecto que, como ya lo dijimos, vamos a apoyar. Pero tenemos muchas disidencias que van por lo constructivo, porque esto se puede hacer mejor. Que nadie ahorre una idea. Tratemos de aportar lo mejor. Ua de las disidencias es que es muy floja, muy negativa la concepción energética que existe detrás de esta iniciativa. Permítanme decir, y acá abro mi digresión, que un 89 por ciento de la matriz energética de la Argentina se basa hoy en quemar energía fósil, sobre todo gas.
Ustedes saben que vivimos la tragedia del cambio climático. Es la tragedia de las tragedias y no la queremos asumir. Los glaciares se disminuyeron en pocas décadas en un 30 por ciento y es la fuente de los ríos de llanura. Nada aporta más al efecto invernadero que quemar hidrocarburos. El petróleo nos dio la multiplicación de la civilización industrial, el trasporte, la civilización del automóvil y la civilización del consumo, pero empezamos a cavar la tumba de la naturaleza porque la destrucción, la desaparición de más de 500 especies, la contaminación de ríos y de mares es fabulosa.
En el año 2009, en la Cumbre de Copenhague, dijo Evo Morales que si se recalienta la Tierra en un dos por ciento más, tendremos cincuenta millones de muertos por hambrunas y desertificación. Y no le damos importancia. Ahora viene la Río+20.
Nuestra disidencia radica en que el objetivo estratégico de la Argentina en materia de energía no debe ser que nuestro autoabastecimiento se haga con petróleo. ¡Ave María Purísima, muchachos! Acá hay que reinvertir la renta pero en un grandísimo plan en las energías renovables y no contaminantes. El paradigma futuro es ése. Frente a los desastres como Fukushima y otras catástrofes imprevisibles de este cambio climático, la energía nuclear tampoco es el paradigma. Europa está desactivando sus centrales.
Hemos optado por dos variantes muy negativas. Lamento aguar un poco la mañana. Una es el gas natural licuado. Es una verdadera locura que ese gas -que viene concentrado 600 veces y que si explota equivale al poder de dos bombas atómicas de Hiroshima- esté colocado al costado del polo petroquímico de Bahía Banca y en el kilómetro 78 del Paraná de las Palmas en toda la vía de los barcos cerealeros. Si hay un accidente vuela buena parte de las poblaciones urbanas. En Europa eso está prohibido. Tienen que hacer los desembarcos diez o quince kilómetros adentro.
La otra variante con que se sueña son los negocios que vamos a hacer con el gas no convencional o el petróleo no convencional.
Acá estamos ante un tema de enorme desinformación pública. La extracción del gas o el petróleo no convencional es altamente destructiva para el medio ambiente. Cada equipo se chupa por día de veinte a veinticinco millones de litros de agua, pero como en esos desiertos no hay agua -Vaca Muerta- son las aguas minerales profundas. ¡Las aguas fósiles! Esos veinte millones van mezclados con fuertes químicos. Se trata de potentes chorros de agua que destruyen las formaciones porosas liberando el gas. ¡Son verdaderos terremotos en el subsuelo!
Se podrá hacer un gran negocio, lo podrá hacer Exxon Mobil o quien sea, llevándose todo para afuera, pero la destrucción interna y la pérdida del nivel de reservas de las aguas, no la va a reponer nadie.
Para finalizar, voy a realizar el recordatorio de un grande, que tuve la enorme fortuna, suerte o la chance -como quieran llamarlo- de tratar. Me refiero a Juan Domingo Perón.
El 22 de febrero de 1972, pasaron cuarenta años hace dos meses, hizo público el llamamiento ambiental a los pueblos del mundo en ocasión de la primera cumbre ecológica en Estocolmo.
Voy a terminar mi exposición leyendo cinco líneas que escribió el general Perón, porque es asombrosa su mirada estratégica. Se trata de diez páginas, pero voy a leer solamente seis o siete líneas.
Dice así: "A la racionalidad del suicidio colectivo..." -se refiere en su época a la destrucción ambiental-, "...debemos responderle con la racionalidad del deseo de supervivencia. Hoy es necesaria y urgente una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países industrializados. Una modificación de las estructuras sociales y productivas de todo el mundo, en particular la de los países de alta tecnología donde rige la economía del mercado. Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza, que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y tendremos que renunciar a las comodidades que nos ha brindado la civilización del consumo."
Termina diciendo: "La humanidad debe ponerse de pie en defensa de sí misma. Cuidemos nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales. Cada gramo de materia prima que nos dejemos arrebatar hoy, equivaldrá a decenas de kilos de alimentos que se dejarán de producir mañana."
Compañeros y colegas: es un momento importante. Apoyamos este proyecto porque entendemos que el pueblo que se está identificando y pidiendo que recuperemos y queramos lo nuestro -porque esto es también una prueba de amor hacia la Argentina- lo podamos llevar adelante. Les agradezco mucho. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Rogel.
SR. ROGEL Señora presidenta: estoy feliz y comprometido por hacer uso de la palabra después de uno de mis maestros contemporáneos, como es el señor diputado Pino Solanas. Voy a decir algo que a algunos les puede llamar la atención. En el mundo de la hipocresía no he participado nunca, porque pienso que a los hombres hay que decirles las cosas en la cara y cuando viven.
Tengo un doble desafío porque, además, pensábamos-lo digo con total respeto- que el radicalismo iba a tener el uso de la palabra un tanto antes.
Me toca a mí expresar la primera opinión del partido político que en la República Argentina -que es donde vivimos- incorporó al petróleo como parte del desarrollo nacional y, además, fundó la empresa más grande de Hispanoamérica. Y, fundamentalmente, no tiene, mal que le pese a alguno, mellas fundamentales, sino toda una coherencia en esta cuestión que hoy tenemos en tratamiento.
Como hablamos recién con el secretario del bloque, el diputado Tunessi, lo primero que voy a hacer es precisar la posición orgánica del bloque, para referirme a consideraciones históricas, políticas...
Tengo un doble desafío porque, además, pensábamos-lo digo con total respeto- que el radicalismo iba a tener el uso de la palabra un tanto antes.
Me toca a mí expresar la primera opinión del partido político que en la República Argentina -que es donde vivimos- incorporó al petróleo como parte del desarrollo nacional y, además, fundó la empresa más grande de Hispanoamérica. Y, fundamentalmente, no tiene, mal que le pese a alguno, mellas fundamentales, sino toda una coherencia en esta cuestión que hoy tenemos en tratamiento.
Como hablamos recién con el secretario del bloque, el diputado Tunessi, lo primero que voy a hacer es precisar la posición orgánica del bloque, para referirme a consideraciones históricas, políticas...
Varios diputados hablan a la vez.
SR. ROGEL Los he escuchado a todos. Que los legisladores no tengan la irrespetuosidad que he visto, señora presidenta, de hacer su discursito y levantarse. Seamos responsables. Acá hay gente que ha vuelto a la política. Yo no quiero que demos el espectáculo y que la gente vea que los diputados hacen sus discursos y se van. Hay que aguantarse hasta el último y ser respetuosos; mucho más los que somos de los partidos de la oposición. Para ser oposición también hay que ser serios. Así que les pido por favor, que estemos sentados acá, y vamos a estar hasta escuchar al número 40 que esté anotado. No quiero que alguno se lleve una impresión de que éste es un concurso de agravios entre diputados, donde nos venimos a recordar lo que hicimos en lugar de venir a recordar, en todo caso, cuáles fueron las posiciones que cada partido adoptó. Acá nadie está para salvarse ni inmolarse a sí mismo. A la sociedad argentina le interesa en todo caso las conductas generales que hemos asumido como partidos que representamos.
El problema central no está abordado en el proyecto que vamos a tener en tratamiento la semana que viene. La Unión Cívica Radical va a votar en general... Diputado Zabalza, también le estoy hablando a usted. Decía que nuestro bloque va a votar en general porque es el único partido que se tomó el trabajo -a pesar de los miles de inconvenientes y de las disidencias que tenemos porque somos un partido democrático- de reunir a sus bloques de senadores y diputados, de reunirse con su convención nacional, con el doctor Hipólito Solari Yrigoyen y con su mesa de conducción.
Por lo tanto, la expresión del radicalismo hoy es una expresión orgánica, que nos ha costado enormemente realizarla, frente a una crisis de los partidos políticos, pero queremos hacer un aporte a la democracia argentina trayendo una posición sólida en este tema que es tan caro a los intereses de nuestro partido.
Vamos a votar a favor en general, y vamos a plantear un cúmulo enorme de disidencias por escrito para que nadie se confunda de que lo que se está votando es esta sana idea -a la que ha hecho mención recién el diputado Pino Solanas- que instaló la Unión Cívica Radical: "Cárguele a YPF, cárguele al país". Es esa sensación extraordinaria de calar en el corazón de los argentinos como que éramos parte del desarrollo y no podemos nosotros estar en contra de ese espíritu.
Vamos a estar en contra de otras cosas por las cuales no se resuelve el problema de fondo, pero para nosotros era mucho más difícil salir a explicar que nosotros, que fundamos YPF y que no la privatizamos y no la entregamos, íbamos a estar votando en contra, por más que tuviéramos un proyecto alternativo, que lo hay.
Voy a tratar de ser lo más breve y sintético posible para no repetir lo expresado por algunos oradores. En primer lugar, he escuchado mucha ordinariez -no para descalificar, porque no corresponde y no soy quién para hacerlo con ningún legislador- en algunos conceptos que se repiten como latiguillo y que nos desubican en el contexto de lo que estamos hablando. El mundo discute tres cosas, señores, el mundo del poder, que existe. Discute en manos de quién va a estar la propiedad: por eso existe un señor llamado George Soros. El mundo discute en manos de quién va a estar el agua, y discute, ya hace tiempo y con ametralladoras en mano, en manos de quién va a estar el petróleo.
Esto lo digo porque hubo una aseveración poco feliz del viceministro, y tampoco hay que demonizar algunas cosas.
Don Arturo Illia, a quien tanto, disculpen la expresión, "jodieron" porque llegó sólo con el 25 por ciento de los votos, lo cual es cierto, tuvo lo que cualquier político tiene que tener: legitimidad de acción. Cuando decidió la derogación de los contratos petroleros, la conversación más íntima entre el padre de la diputada Storani, Gustavo Calleja y don Arturo Illia fue: "urgente, mandemos a la Gendarmería". Arturo Illia, que estaba formando las mejores tradiciones de respeto a las instituciones, dijo que no había que hacer eso, que ellos también debían obrar conforme a derecho. Luego, a los tres meses, tuvimos que enviar a la Gendarmería porque ellos también nos habían hecho un desastre.
Cuando se habla de qué conversa el mundo, el señor George Bush, que se cansó de hacer negocios con los que hoy trata de bandidos, autoritarios, ladrones y otras barbaridades -que lo son y lo fueron-, uno se pregunta lo siguiente: ¿creen que lo hacen por las cosas que se dicen o lo que dice la CNN? No, lo hacen porque ahí está el petróleo y el tercer discurso en el que anda el mundo es ese. ¿Acaso fue democrática y pacífica, como decía mi colega el diputado Santín, la entrada a Libia, a Irak, a Irán? ¿Entraron con el Corán, con la Biblia, hicieron un seminario? Cuidado con estas cosas. Debemos obrar no en las tropelías jurídicas, sino respetando nuestra Constitución y las mejores tradiciones jurídicas. Pero como dijo Ricardo Alfonsín el día en que se discutió esto -y lo quiero recordar-: "cuidado que más seguridad jurídica que la que hubo en este país en la década del 90, no hubo." Faltaba que se llevaran los gurises. Hicieron lo que quisieron. Como dijo el diputado Solanas, tenían a su merced todos los recursos naturales posibles. Se llegó a conformar una zona denominada de soberanía económica. Esto fue firmado por el ex presidente argentino Menem y el ex presidente chileno Aylwin. Era una zona de soberanía para que las empresas pudieran hacer lo que quisieran en esos territorios. Sacaban los minerales en esa zona hacia los puertos de Chile custodiados por la Gendarmería nacional.
Entonces, seguridad jurídica ha sobrado, lo que no ha habido es control de parte del Estado. Este es el debate en el mundo. En los 90, no voy a repetir, se comenzó con la reforma del Estado, y luego se siguió con el proceso de Estenssoro que yo no voy a reivindicar. Ahora se está reivindicando. Se está reivindicando a Frondizi y a Pepe Estenssoro. No señor. Seamos absolutamente honrados. Una editorial de un diario importante de este país decía que el modelo era el de Estenssoro. Claro, porque echaron cinco mil empleados a la calle. ¡Así cualquiera puede hacer una empresa próspera y eficiente!
El problema central no está abordado en el proyecto que vamos a tener en tratamiento la semana que viene. La Unión Cívica Radical va a votar en general... Diputado Zabalza, también le estoy hablando a usted. Decía que nuestro bloque va a votar en general porque es el único partido que se tomó el trabajo -a pesar de los miles de inconvenientes y de las disidencias que tenemos porque somos un partido democrático- de reunir a sus bloques de senadores y diputados, de reunirse con su convención nacional, con el doctor Hipólito Solari Yrigoyen y con su mesa de conducción.
Por lo tanto, la expresión del radicalismo hoy es una expresión orgánica, que nos ha costado enormemente realizarla, frente a una crisis de los partidos políticos, pero queremos hacer un aporte a la democracia argentina trayendo una posición sólida en este tema que es tan caro a los intereses de nuestro partido.
Vamos a votar a favor en general, y vamos a plantear un cúmulo enorme de disidencias por escrito para que nadie se confunda de que lo que se está votando es esta sana idea -a la que ha hecho mención recién el diputado Pino Solanas- que instaló la Unión Cívica Radical: "Cárguele a YPF, cárguele al país". Es esa sensación extraordinaria de calar en el corazón de los argentinos como que éramos parte del desarrollo y no podemos nosotros estar en contra de ese espíritu.
Vamos a estar en contra de otras cosas por las cuales no se resuelve el problema de fondo, pero para nosotros era mucho más difícil salir a explicar que nosotros, que fundamos YPF y que no la privatizamos y no la entregamos, íbamos a estar votando en contra, por más que tuviéramos un proyecto alternativo, que lo hay.
Voy a tratar de ser lo más breve y sintético posible para no repetir lo expresado por algunos oradores. En primer lugar, he escuchado mucha ordinariez -no para descalificar, porque no corresponde y no soy quién para hacerlo con ningún legislador- en algunos conceptos que se repiten como latiguillo y que nos desubican en el contexto de lo que estamos hablando. El mundo discute tres cosas, señores, el mundo del poder, que existe. Discute en manos de quién va a estar la propiedad: por eso existe un señor llamado George Soros. El mundo discute en manos de quién va a estar el agua, y discute, ya hace tiempo y con ametralladoras en mano, en manos de quién va a estar el petróleo.
Esto lo digo porque hubo una aseveración poco feliz del viceministro, y tampoco hay que demonizar algunas cosas.
Don Arturo Illia, a quien tanto, disculpen la expresión, "jodieron" porque llegó sólo con el 25 por ciento de los votos, lo cual es cierto, tuvo lo que cualquier político tiene que tener: legitimidad de acción. Cuando decidió la derogación de los contratos petroleros, la conversación más íntima entre el padre de la diputada Storani, Gustavo Calleja y don Arturo Illia fue: "urgente, mandemos a la Gendarmería". Arturo Illia, que estaba formando las mejores tradiciones de respeto a las instituciones, dijo que no había que hacer eso, que ellos también debían obrar conforme a derecho. Luego, a los tres meses, tuvimos que enviar a la Gendarmería porque ellos también nos habían hecho un desastre.
Cuando se habla de qué conversa el mundo, el señor George Bush, que se cansó de hacer negocios con los que hoy trata de bandidos, autoritarios, ladrones y otras barbaridades -que lo son y lo fueron-, uno se pregunta lo siguiente: ¿creen que lo hacen por las cosas que se dicen o lo que dice la CNN? No, lo hacen porque ahí está el petróleo y el tercer discurso en el que anda el mundo es ese. ¿Acaso fue democrática y pacífica, como decía mi colega el diputado Santín, la entrada a Libia, a Irak, a Irán? ¿Entraron con el Corán, con la Biblia, hicieron un seminario? Cuidado con estas cosas. Debemos obrar no en las tropelías jurídicas, sino respetando nuestra Constitución y las mejores tradiciones jurídicas. Pero como dijo Ricardo Alfonsín el día en que se discutió esto -y lo quiero recordar-: "cuidado que más seguridad jurídica que la que hubo en este país en la década del 90, no hubo." Faltaba que se llevaran los gurises. Hicieron lo que quisieron. Como dijo el diputado Solanas, tenían a su merced todos los recursos naturales posibles. Se llegó a conformar una zona denominada de soberanía económica. Esto fue firmado por el ex presidente argentino Menem y el ex presidente chileno Aylwin. Era una zona de soberanía para que las empresas pudieran hacer lo que quisieran en esos territorios. Sacaban los minerales en esa zona hacia los puertos de Chile custodiados por la Gendarmería nacional.
Entonces, seguridad jurídica ha sobrado, lo que no ha habido es control de parte del Estado. Este es el debate en el mundo. En los 90, no voy a repetir, se comenzó con la reforma del Estado, y luego se siguió con el proceso de Estenssoro que yo no voy a reivindicar. Ahora se está reivindicando. Se está reivindicando a Frondizi y a Pepe Estenssoro. No señor. Seamos absolutamente honrados. Una editorial de un diario importante de este país decía que el modelo era el de Estenssoro. Claro, porque echaron cinco mil empleados a la calle. ¡Así cualquiera puede hacer una empresa próspera y eficiente!
SR. PAIS Echaron 30 mil empleados.
SR. ROGEL Le agradezco la corrección, señor diputado.
En los 90 se hizo lo que ya se ha dicho y no quiero reiterarlo. Voy a poner un ejemplo que es el más grosero y que me indignó en soledad y lo comenté con muchos radicales. Se pidió a un señor que decidiera cuánto valía la acción. Este señor, sin ningún estudio estricto hasta la fecha, dijo que la acción debía valer 19 dólares. Así nomás. No estoy haciendo una chantada discursiva. El juez Ballesteros dijo en el caso de la deuda externa que no había asientos contables en el Banco Nación. Así lo declaró el presidente del Banco Central de la época del proceso militar. A pesar de ello, la hemos pagado, lo que muestra la seguridad jurídica que se invoca. Pero el señor dijo que la acción valía 19 dólares. ¿Saben cuál era el precio internacional de la acción? Valía 34 o 35 dólares. ¿Saben qué se hizo después con este señor? Se lo condecoró en la Casa de Gobierno. Este es el estigma de los que fuimos capaces de hacer o no hacer.
Señora presidenta: dicho en qué anda el mundo y qué ocurrió en los 90, alguien se preguntará en este momento qué plantean los radicales. Porque siempre que te tiran una cuestión, a los dos minutos, como si estuviéramos en el gobierno, nos piden que demos alguna solución, lo cual no es nuestra tarea.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Preparamos un plan de acción.
Primer proyecto de ley -está presentado-: una auditoría general hecha por los mejores técnicos que todavía quedan independientes -de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires- para que se diga y sepa el pueblo argentino antes de tomar una determinación cuál es el nivel de reservas. ¿Cómo es posible que no sepamos cuál es el nivel de reservas en materia de petróleo y gas en la República Argentina? No lo sabemos. "Que se avergüence el amo", como decía Nicolás Guillén. No lo sabemos porque la Secretaría de Energía abandonó su rol en los 90.
Segundo proyecto de ley: todas aquellas concesiones que fueron dadas violentando la Ley de Hidrocarburos, hoy vigente, deben volver al Estado a cero peso. ¿Por qué? Porque fueron concedidas mañosamente, sin licitación y por simple decreto. Además, la Ley de Hidrocarburos dispone que no pueden ser más de cinco concesiones por empresa. ¿Sabe lo que hicieron? Inventaron, bajo el paraguas de la seguridad jurídica, la idea de la unión transitoria de empresas. El Código de Comercio y la jurisprudencia ya han establecido que esas amañadas formas jurídicas no representan lo que dice la Ley de Hidrocarburos. Están mal dadas, deben volver a costo cero al Estado Nacional.
Tercer proyecto: todas aquellas áreas que fueron concesionadas en los 90 que no han cumplido el nivel de inversión tal como establece el pliego -por algo estamos como estamos, ¿cómo se llegó a esto?-, deben volver al Estado Nacional a cero costo.
Y, por supuesto, debate también. Ya estoy hablando en términos personales y de los legisladores que han firmado, pero la ley corta es el debate pendiente. ¿Cómo nos vamos a abstener de un debate interno con los legisladores? Me pregunto cómo van a volver a su pueblo los legisladores del radicalismo a dar explicaciones de que ellos están a favor de la derogación de la ley corta. Por si alguien no la conoce, aclaro que fue la ley por la que se permitió que se hiciera cualquier desastre en este país, malinterpretando el artículo 124 de la Constitución Nacional, que dispone que serán dominio originario de las provincias sus recursos naturales, pero de ahí no podían sacar nada, y estaba amañando además, porque el 124 dice otra cosa y en el párrafo final se nota que hubo una negociación política y tuvieron que hacer lo que en el mundo petrolero se conoce como la ley corta. Muy bien, yo entiendo, y por eso no es posición de bloque.
Nuestros legisladores de las provincias petroleras, ¿qué van a ir a decir? Tras que estamos en la oposición, ¿van a decir que queremos que ahora -como debió haber sido siempre- sea el Estado Nacional y no la provincia la que maneje los recursos? ¿Y por qué no pueden ir a explicarlo nuestros legisladores? Y, ellos están en contra porque defienden el interés de su provincia. ¿Sabe por qué, diputado Solanas? ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque al no haber ley de coparticipación que declare esto, que es una República, y al no tener asegurada una renta absolutamente específica -los legisladores y los gobernadores ya se acostumbraron a eso-, nuestros legisladores radicales van a defender como corresponde, y está bien que lo hagan.
Pero quiero recordar a los aquí presentes que en este país si uno en el año ochenta y pico se le ocurría -en una reunión radical, peronista o de otro partido popular- plantear -lo digo con todo respeto- que el Estado Nacional iba a abandonar su valor estratégico en la decisión y que los caudillos de provincia iban a negociar mano a mano el petróleo con las empresas, uno lo tenía que decir desde la puerta e irse corriendo para que no le tiren con una silla, era impúdico plantearlo.
La construcción de la Nación se hace sobre valores fundantes, y los valores fundantes tienen que ver con las cuestiones estratégicas que hacen a la soberanía. El petróleo es una de ellas.
Tenemos un proyecto alternativo. Si en una noche hubiéramos aprobado estas cuatro medidas, resolver qué hacer con YPF hubiera sido un trámite a cero costo.
¿Sabe lo que hubiera hecho Eskenazi? Porque él sabe que tiene áreas mal habidas. ¿Sabe lo que hubiera hecho Cristóbal López? ¿Sabe lo que hubiera hecho Bulgheroni? ¿Sabe lo que hubieran hecho otras empresas que no se han nombrado acá? Se hubieran ido rápidamente, porque saben que están en falta.
Pero acá se ha decidido, del cien por ciento del problema -por eso tenemos amplias diferencias- solamente aprobar el primer artículo, ya que la presidenta resolvió atacar el 36 por ciento.
¡Digámosle al pueblo argentino! ¡Invito a muchos compatriotas del peronismo que están aquí a que se animen a más! ¡La Unión Cívica Radical va a estar y van a estar los partidos populares, pero se han demonizado los 90; tirémoslo abajo! ¡Hay que derogar la ley de reforma del Estado! ¡Hay que ir por Pan American Energy! ¡Se les dio un contrato a cuarenta años al 12 por ciento! ¡Eso no existe en el mundo empresarial de la seguridad jurídica! ¡Hay que ir por el 60 por ciento en la discusión y ahí la empresa sola va a ser estatal!
Como ha dicho el presidente de nuestro bloque, no es cierto que sea una empresa estatal: es una empresa, es una sociedad anónima. Digámoselo también al pueblo.
Ha sido una de las grandes pasiones de quien les habla y de muchos correligionarios aquí presentes, que se extenderán en sus alocuciones y seguramente completarán esta pobre expresión, llena de pasión y muchas veces en soledad.
Este bloque tiene más dudas que certezas, pero no queremos tener que salir a explicar al gran pueblo -que ha visto que en una de esas cargarle a YPF puede volver a ser cargarle al país- que no queremos que nos vuelvan a chicanear -porque no tenemos los medios de comunicación de nuestro lado- diciendo: "Estos que fundaron el petróleo, que no lo privatizaron, ahora están en contra". ¡No! Todas estas advertencias están perfectamente fundadas en el proyecto de disidencia que acaban de presentar las autoridades de nuestro bloque y que hemos firmado.
Nuestro acompañamiento solamente es en general, porque deseamos que vayan por más, porque no queremos que les vaya mal y porque sin energía se termina el crecimiento del 8 por ciento. ¡El mundo espera más cosas de nosotros! ¡No puede haber un ministerio lanzado por la Presidencia, que se llama de Competitividad, porque eso implica valor agregado, y valor agregado significa energía! ¡Sin energía no habrá desarrollo!
Entonces, con esto no está asegurado nuestro abastecimiento. ¡Digámoslo! Si aprobáramos esos otros proyectos de ley -que hemos presentado con un grupo de legisladores- podríamos tener la empresa con las características que tuvo YPF a cero costo. En nuestro bloque también hay un debate abierto como corresponde. ¡Hay que irse del CIADI! Volteen el modelo de los 90 en serio. ¡Venezuela se fue! ¡Brasil, que creo que es una economía bastante seria, no estuvo nunca!
Todos los integrantes del bloque que así lo decidan vamos a presentar un proyecto para acompañar lo que generosamente me ofreció el señor diputado Pino Solanas hace un mes, que es retirarnos del CIADI.
Lamento que se haya equivocado el diputado Heller -veo que no está presente, pero no voy a hacer ningún comentario al respecto-, porque no le tiene que indicar al adversario cuál es el camino que les queda. No le indiquemos que vayan al CIADI porque allí hemos perdido todo. Se equivocó ahí, pero eso que lo averigüen ellos.
Quiero adelantar una cuestión, porque enfrente de mí está el señor diputado Sacca. Para el dominio del señor diputado Solanas y el de todos, quiero señalar que ha presentado -y generosamente lo ha hecho circular a todos los integrantes del bloque- un proyecto por el que se crea un ente de todas las energías renovables en una concepción que fue origen en materia petrolera. Allí existe un lugar donde se puede simplemente debatir. Seguramente el señor diputado coincidirá conmigo en que será para enriquecer y modificar. Se acaba de presentar esta semana y creo que la semana próxima lo presentará él públicamente.
Entonces, por las preocupaciones vertidas aquí, quiero señalar en ese sentido que estamos trabajando en un proyecto de autoría del señor diputado Sacca.
Finalmente quiero decir: ¡honra y gratitud a todos los radicales que hicieron un esfuerzo para traer a este Parlamento una posición conjunta, aun los que tienen más dudas que certezas! ¡Aun los que creen que no puede vérselo sentado a De Vido allí! ¡Les pido por favor a los compañeros peronistas! ¡Entiendo que tenían que poner a uno duro que vaya a hacer la intervención, pero una vez que termine, saquen a De Vido! ¡No puede presidir la empresa De Vido! ¡Déjenlo de ministro, si quieren, pero él no puede presidirla! ¡La gente también los mira a ustedes! ¡Han sido agraciados con un 54 por ciento de los votos! ¡Aprovechen para hacer las cosas que mejor crean para la Nación! ¡Fracasó la política energética! ¡No lo pongan de presidente! ¡Hay muchos peronistas y argentinos nobles que pueden conducir ese proceso transformador!
Nosotros decimos: homenajeamos la memoria de Álvarez Guerrero, que cuando ocurrió lo de Mulford se presentó solo, en soledad, como presidente de la Convención y denunció y los bancos que vendían las acciones ponían abajo: "Estas acciones están sujetas a la siguiente decisión: la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical ha dicho que si llega al gobierno estas acciones serán revisadas." Homenaje a Osvaldo, que no está y que fue diputado de la Nación. Homenaje a Silenzi de Stagni, homenaje y recuerdo a miles de personas que, en soledad, estuvieron muchas veces defendiendo esto; a Gustavo Callejas, ex secretario de Energía de nuestro gobierno; a tantos que han estado esperando que llegara este momento.
Yo, sinceramente, ni siquiera esperaba integrar la Comisión de Energía ni tener la posibilidad de que cuando estuviera sentado acá se iba a debatir esto. Años esperé esto.
Hhonra y honor también a alguien cuyo nombre se me quiso indicar que faltaba en el cartelito -es un proceso comunicacional-, honra y honor a don Hipólito Yirigoyen, a Marcelo Torcuato de Alvear, al General Baldrich, aquel a quien Yrigoyen le dijo: "Vaya al Río Colorado y dígale a los pueblos de Latinoamérica que creen una empresa como ésta". ¿Y saben lo que pasó? México creó la empresa calcando a YPF. También Venezuela, Brasil, Uruguay, España... España se nos quedó con el petróleo y, como se ha dicho acá, Brasil explora el mar, que es la exploración más cara, y se autoabastece.
Honra y honor sincero al general Baldrich, a Mosconi -Alvear ya lo dije-, a don Arturo Illia que con ese escaso 25 por ciento tuvo la legitimidad de la conducta de respetar la palabra empeñada en la campaña. Y a Raúl Alfonsín, porque cuando estábamos acorralados, y los precios internacionales no eran ni sombra de lo que son hoy, porque si no nos hubiéramos quedado 20 años en el gobierno y no hubiéramos hecho tantos males, se le ocurrió elaborar el Plan Houston. Se le ocurrió al doctor Alfonsín ver si podía incorporar capitales privados, obviamente que no tuvieran nada que ver con esta alteración ni el dominio de YPF. Quiero que se recuerden las barbaridades que se dijeron. Ésta es la historia que exhibe este partido.
Espero no haber malinterpretado la cantidad de opiniones radicales que van a poder hacer uso de la palabra aquí y en el recinto. Yo casi me emociono -porque soy un zonzo-, cuando lo leo a Lebensohn, a Larralde, cuando veo que el general Mosconi murió cuidado por sus hermanas, como recordaba Hipólito Solari Yrigoyen, que denunció la concesión de Vaca Muerta, y me contaba que lo alcanzó a ver viejo, paralítico, que vivía cuidado y sostenido por sus hermanas, porque tenía tan sólo 350 pesos fuertes en su cuenta corriente. Hay mucho por qué emocionarse; hay mucho por qué tener esperanza.
No malogren esto, como se malogró la empresa estatal Enarsa, cuya creación acompañó el radicalismo. No la malogren, muchachos. Si son nacionales y populares, vamos a estar al lado. Pero si no cumplen con este acompañamiento histórico que les está haciendo el radicalismo, nos vamos a ver obligados a decir que todo esto fue nada más que para ganar algún tiempo y satisfacer alguna coyuntura económica. Creo que estamos para más cosas. (Aplausos.)
En los 90 se hizo lo que ya se ha dicho y no quiero reiterarlo. Voy a poner un ejemplo que es el más grosero y que me indignó en soledad y lo comenté con muchos radicales. Se pidió a un señor que decidiera cuánto valía la acción. Este señor, sin ningún estudio estricto hasta la fecha, dijo que la acción debía valer 19 dólares. Así nomás. No estoy haciendo una chantada discursiva. El juez Ballesteros dijo en el caso de la deuda externa que no había asientos contables en el Banco Nación. Así lo declaró el presidente del Banco Central de la época del proceso militar. A pesar de ello, la hemos pagado, lo que muestra la seguridad jurídica que se invoca. Pero el señor dijo que la acción valía 19 dólares. ¿Saben cuál era el precio internacional de la acción? Valía 34 o 35 dólares. ¿Saben qué se hizo después con este señor? Se lo condecoró en la Casa de Gobierno. Este es el estigma de los que fuimos capaces de hacer o no hacer.
Señora presidenta: dicho en qué anda el mundo y qué ocurrió en los 90, alguien se preguntará en este momento qué plantean los radicales. Porque siempre que te tiran una cuestión, a los dos minutos, como si estuviéramos en el gobierno, nos piden que demos alguna solución, lo cual no es nuestra tarea.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Preparamos un plan de acción.
Primer proyecto de ley -está presentado-: una auditoría general hecha por los mejores técnicos que todavía quedan independientes -de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires- para que se diga y sepa el pueblo argentino antes de tomar una determinación cuál es el nivel de reservas. ¿Cómo es posible que no sepamos cuál es el nivel de reservas en materia de petróleo y gas en la República Argentina? No lo sabemos. "Que se avergüence el amo", como decía Nicolás Guillén. No lo sabemos porque la Secretaría de Energía abandonó su rol en los 90.
Segundo proyecto de ley: todas aquellas concesiones que fueron dadas violentando la Ley de Hidrocarburos, hoy vigente, deben volver al Estado a cero peso. ¿Por qué? Porque fueron concedidas mañosamente, sin licitación y por simple decreto. Además, la Ley de Hidrocarburos dispone que no pueden ser más de cinco concesiones por empresa. ¿Sabe lo que hicieron? Inventaron, bajo el paraguas de la seguridad jurídica, la idea de la unión transitoria de empresas. El Código de Comercio y la jurisprudencia ya han establecido que esas amañadas formas jurídicas no representan lo que dice la Ley de Hidrocarburos. Están mal dadas, deben volver a costo cero al Estado Nacional.
Tercer proyecto: todas aquellas áreas que fueron concesionadas en los 90 que no han cumplido el nivel de inversión tal como establece el pliego -por algo estamos como estamos, ¿cómo se llegó a esto?-, deben volver al Estado Nacional a cero costo.
Y, por supuesto, debate también. Ya estoy hablando en términos personales y de los legisladores que han firmado, pero la ley corta es el debate pendiente. ¿Cómo nos vamos a abstener de un debate interno con los legisladores? Me pregunto cómo van a volver a su pueblo los legisladores del radicalismo a dar explicaciones de que ellos están a favor de la derogación de la ley corta. Por si alguien no la conoce, aclaro que fue la ley por la que se permitió que se hiciera cualquier desastre en este país, malinterpretando el artículo 124 de la Constitución Nacional, que dispone que serán dominio originario de las provincias sus recursos naturales, pero de ahí no podían sacar nada, y estaba amañando además, porque el 124 dice otra cosa y en el párrafo final se nota que hubo una negociación política y tuvieron que hacer lo que en el mundo petrolero se conoce como la ley corta. Muy bien, yo entiendo, y por eso no es posición de bloque.
Nuestros legisladores de las provincias petroleras, ¿qué van a ir a decir? Tras que estamos en la oposición, ¿van a decir que queremos que ahora -como debió haber sido siempre- sea el Estado Nacional y no la provincia la que maneje los recursos? ¿Y por qué no pueden ir a explicarlo nuestros legisladores? Y, ellos están en contra porque defienden el interés de su provincia. ¿Sabe por qué, diputado Solanas? ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque al no haber ley de coparticipación que declare esto, que es una República, y al no tener asegurada una renta absolutamente específica -los legisladores y los gobernadores ya se acostumbraron a eso-, nuestros legisladores radicales van a defender como corresponde, y está bien que lo hagan.
Pero quiero recordar a los aquí presentes que en este país si uno en el año ochenta y pico se le ocurría -en una reunión radical, peronista o de otro partido popular- plantear -lo digo con todo respeto- que el Estado Nacional iba a abandonar su valor estratégico en la decisión y que los caudillos de provincia iban a negociar mano a mano el petróleo con las empresas, uno lo tenía que decir desde la puerta e irse corriendo para que no le tiren con una silla, era impúdico plantearlo.
La construcción de la Nación se hace sobre valores fundantes, y los valores fundantes tienen que ver con las cuestiones estratégicas que hacen a la soberanía. El petróleo es una de ellas.
Tenemos un proyecto alternativo. Si en una noche hubiéramos aprobado estas cuatro medidas, resolver qué hacer con YPF hubiera sido un trámite a cero costo.
¿Sabe lo que hubiera hecho Eskenazi? Porque él sabe que tiene áreas mal habidas. ¿Sabe lo que hubiera hecho Cristóbal López? ¿Sabe lo que hubiera hecho Bulgheroni? ¿Sabe lo que hubieran hecho otras empresas que no se han nombrado acá? Se hubieran ido rápidamente, porque saben que están en falta.
Pero acá se ha decidido, del cien por ciento del problema -por eso tenemos amplias diferencias- solamente aprobar el primer artículo, ya que la presidenta resolvió atacar el 36 por ciento.
¡Digámosle al pueblo argentino! ¡Invito a muchos compatriotas del peronismo que están aquí a que se animen a más! ¡La Unión Cívica Radical va a estar y van a estar los partidos populares, pero se han demonizado los 90; tirémoslo abajo! ¡Hay que derogar la ley de reforma del Estado! ¡Hay que ir por Pan American Energy! ¡Se les dio un contrato a cuarenta años al 12 por ciento! ¡Eso no existe en el mundo empresarial de la seguridad jurídica! ¡Hay que ir por el 60 por ciento en la discusión y ahí la empresa sola va a ser estatal!
Como ha dicho el presidente de nuestro bloque, no es cierto que sea una empresa estatal: es una empresa, es una sociedad anónima. Digámoselo también al pueblo.
Ha sido una de las grandes pasiones de quien les habla y de muchos correligionarios aquí presentes, que se extenderán en sus alocuciones y seguramente completarán esta pobre expresión, llena de pasión y muchas veces en soledad.
Este bloque tiene más dudas que certezas, pero no queremos tener que salir a explicar al gran pueblo -que ha visto que en una de esas cargarle a YPF puede volver a ser cargarle al país- que no queremos que nos vuelvan a chicanear -porque no tenemos los medios de comunicación de nuestro lado- diciendo: "Estos que fundaron el petróleo, que no lo privatizaron, ahora están en contra". ¡No! Todas estas advertencias están perfectamente fundadas en el proyecto de disidencia que acaban de presentar las autoridades de nuestro bloque y que hemos firmado.
Nuestro acompañamiento solamente es en general, porque deseamos que vayan por más, porque no queremos que les vaya mal y porque sin energía se termina el crecimiento del 8 por ciento. ¡El mundo espera más cosas de nosotros! ¡No puede haber un ministerio lanzado por la Presidencia, que se llama de Competitividad, porque eso implica valor agregado, y valor agregado significa energía! ¡Sin energía no habrá desarrollo!
Entonces, con esto no está asegurado nuestro abastecimiento. ¡Digámoslo! Si aprobáramos esos otros proyectos de ley -que hemos presentado con un grupo de legisladores- podríamos tener la empresa con las características que tuvo YPF a cero costo. En nuestro bloque también hay un debate abierto como corresponde. ¡Hay que irse del CIADI! Volteen el modelo de los 90 en serio. ¡Venezuela se fue! ¡Brasil, que creo que es una economía bastante seria, no estuvo nunca!
Todos los integrantes del bloque que así lo decidan vamos a presentar un proyecto para acompañar lo que generosamente me ofreció el señor diputado Pino Solanas hace un mes, que es retirarnos del CIADI.
Lamento que se haya equivocado el diputado Heller -veo que no está presente, pero no voy a hacer ningún comentario al respecto-, porque no le tiene que indicar al adversario cuál es el camino que les queda. No le indiquemos que vayan al CIADI porque allí hemos perdido todo. Se equivocó ahí, pero eso que lo averigüen ellos.
Quiero adelantar una cuestión, porque enfrente de mí está el señor diputado Sacca. Para el dominio del señor diputado Solanas y el de todos, quiero señalar que ha presentado -y generosamente lo ha hecho circular a todos los integrantes del bloque- un proyecto por el que se crea un ente de todas las energías renovables en una concepción que fue origen en materia petrolera. Allí existe un lugar donde se puede simplemente debatir. Seguramente el señor diputado coincidirá conmigo en que será para enriquecer y modificar. Se acaba de presentar esta semana y creo que la semana próxima lo presentará él públicamente.
Entonces, por las preocupaciones vertidas aquí, quiero señalar en ese sentido que estamos trabajando en un proyecto de autoría del señor diputado Sacca.
Finalmente quiero decir: ¡honra y gratitud a todos los radicales que hicieron un esfuerzo para traer a este Parlamento una posición conjunta, aun los que tienen más dudas que certezas! ¡Aun los que creen que no puede vérselo sentado a De Vido allí! ¡Les pido por favor a los compañeros peronistas! ¡Entiendo que tenían que poner a uno duro que vaya a hacer la intervención, pero una vez que termine, saquen a De Vido! ¡No puede presidir la empresa De Vido! ¡Déjenlo de ministro, si quieren, pero él no puede presidirla! ¡La gente también los mira a ustedes! ¡Han sido agraciados con un 54 por ciento de los votos! ¡Aprovechen para hacer las cosas que mejor crean para la Nación! ¡Fracasó la política energética! ¡No lo pongan de presidente! ¡Hay muchos peronistas y argentinos nobles que pueden conducir ese proceso transformador!
Nosotros decimos: homenajeamos la memoria de Álvarez Guerrero, que cuando ocurrió lo de Mulford se presentó solo, en soledad, como presidente de la Convención y denunció y los bancos que vendían las acciones ponían abajo: "Estas acciones están sujetas a la siguiente decisión: la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical ha dicho que si llega al gobierno estas acciones serán revisadas." Homenaje a Osvaldo, que no está y que fue diputado de la Nación. Homenaje a Silenzi de Stagni, homenaje y recuerdo a miles de personas que, en soledad, estuvieron muchas veces defendiendo esto; a Gustavo Callejas, ex secretario de Energía de nuestro gobierno; a tantos que han estado esperando que llegara este momento.
Yo, sinceramente, ni siquiera esperaba integrar la Comisión de Energía ni tener la posibilidad de que cuando estuviera sentado acá se iba a debatir esto. Años esperé esto.
Hhonra y honor también a alguien cuyo nombre se me quiso indicar que faltaba en el cartelito -es un proceso comunicacional-, honra y honor a don Hipólito Yirigoyen, a Marcelo Torcuato de Alvear, al General Baldrich, aquel a quien Yrigoyen le dijo: "Vaya al Río Colorado y dígale a los pueblos de Latinoamérica que creen una empresa como ésta". ¿Y saben lo que pasó? México creó la empresa calcando a YPF. También Venezuela, Brasil, Uruguay, España... España se nos quedó con el petróleo y, como se ha dicho acá, Brasil explora el mar, que es la exploración más cara, y se autoabastece.
Honra y honor sincero al general Baldrich, a Mosconi -Alvear ya lo dije-, a don Arturo Illia que con ese escaso 25 por ciento tuvo la legitimidad de la conducta de respetar la palabra empeñada en la campaña. Y a Raúl Alfonsín, porque cuando estábamos acorralados, y los precios internacionales no eran ni sombra de lo que son hoy, porque si no nos hubiéramos quedado 20 años en el gobierno y no hubiéramos hecho tantos males, se le ocurrió elaborar el Plan Houston. Se le ocurrió al doctor Alfonsín ver si podía incorporar capitales privados, obviamente que no tuvieran nada que ver con esta alteración ni el dominio de YPF. Quiero que se recuerden las barbaridades que se dijeron. Ésta es la historia que exhibe este partido.
Espero no haber malinterpretado la cantidad de opiniones radicales que van a poder hacer uso de la palabra aquí y en el recinto. Yo casi me emociono -porque soy un zonzo-, cuando lo leo a Lebensohn, a Larralde, cuando veo que el general Mosconi murió cuidado por sus hermanas, como recordaba Hipólito Solari Yrigoyen, que denunció la concesión de Vaca Muerta, y me contaba que lo alcanzó a ver viejo, paralítico, que vivía cuidado y sostenido por sus hermanas, porque tenía tan sólo 350 pesos fuertes en su cuenta corriente. Hay mucho por qué emocionarse; hay mucho por qué tener esperanza.
No malogren esto, como se malogró la empresa estatal Enarsa, cuya creación acompañó el radicalismo. No la malogren, muchachos. Si son nacionales y populares, vamos a estar al lado. Pero si no cumplen con este acompañamiento histórico que les está haciendo el radicalismo, nos vamos a ver obligados a decir que todo esto fue nada más que para ganar algún tiempo y satisfacer alguna coyuntura económica. Creo que estamos para más cosas. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA CONTI Tiene la palabra la señora diputada Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ Señora presidenta: yo creo que aquí lo que sí se ha visto es, sin lugar a dudas, un punto que todas y todos tenemos en común, y es la conclusión de que se ha vaciado a YPF.
En la medida en que se ha hecho esto, hay una serie de responsabilidades sobre las que quizá podemos variar nuestras apreciaciones, pero creo que esto sin lugar a dudas es algo en lo que tenemos un punto de acuerdo.
Si esto es así, ante la propuesta del Poder Ejecutivo de enviar este proyecto, lo cierto es que -cualquier feminista lo sabe fácilmente, como también cualquier escuela crítica del derecho- es imposible tener una posición neutral, o sea no hacer nada. Si no se apoya el proyecto por las críticas, en este caso se va a perpetrar el status quo. Es un status quo que todos hemos criticado y que sin lugar a dudas va a seguir con el vaciamiento de nuestros recursos.
Creo que esa es razón suficiente -más allá de que le encuentro una serie de defectos o de falencias políticas, económicas, técnicas y jurídicas al proyecto- para apoyar la iniciativa en general. El apoyo del proyecto no implicaría una situación de encubrimiento, independientemente de que haya funcionarios del Poder Ejecutivo, o algunos otros inclusive de las empresas, que sí incurrieran en algún tipo de encubrimiento.
Respecto al tema del lavado, creo que ya se ha hecho la denuncia. Lo que se puede hacer es ampliarla, pero esto tiene que salir de la auditoría de corte que está llevando a cabo la SIGEN, más allá de apoyar el proyecto.
Tengo un primer punto a considerar. Increíblemente el propio diputado Heller cada vez que aludía a las empresas petroleras hablaba de empresas estatales y no hablaba de sociedades anónimas, como lo que propone el proyecto. No hay por qué limitarnos, como propone el proyecto, y no avanzar sobre la totalidad de la expropiación de las acciones, tema sobre el que me voy a explayar luego. Así lo expresó el señor diputado Solanas y estoy totalmente segura de que debe ser así.
Me voy a centrar sobre tres puntos. La falta de control público es el primero. Si bien es algo sobre lo que ya se ha hecho mención, se lo ha dicho en relación con la SIGEN y la AGN. La AGN podría reclamar su atribución constitucional, pero hace mucho más que eso: se retrae del control, justamente por no ser una ley de las que están en el artículo 8 de la LAB, del régimen de contrataciones, del régimen de acceso a la información pública. Son una cantidad de normas que se las relega del control público, pese a la opinión contraria de la Corte. Lo más curioso de esto es que, pese a que hay veces que yo alego desconocimiento del derecho, no creo que sea en absoluto una posición ingenua.
Quisiera llamarles la atención acerca de esta supuesta coincidencia. Voy a pedir permiso a la Presidencia para leer normas. El decreto 2778/90 -tengan en cuenta que era el año 90, peronismo puro- disponía en su artículo 7º: "No le serán aplicables a YPF SOCIEDAD ANONIMA las leyes de obras públicas, de contabilidad, de procedimientos administrativos y sus normas complementarias y reglamentarias, ni legislación y normativa administrativa alguna aplicable a las empresas en que el Estado tenga participación." Curiosa similitud.
El artículo 8° dice: "Los procedimientos de contratación de YPF SOCIEDAD ANONIMA se regirán por las normas y principios del derecho privado asegurando su transparencia, competencia y publicidad, con exclusión de toda norma propia del derecho administrativo o prerrogativa de derecho público." Y el artículo 6° de la ley 24.145 dice: "Mientras la participación del Estado Nacional y de las Provincias en el capital social de YPF Sociedad Anónima sea mayoritaria, no le será aplicable a esta empresa legislación o normativa administrativa alguna, dictada o a dictarse, que reglamente la administración, gestión y control de las empresas en las que el Estado Nacional tenga participación."
Para el que no lo tenga presente, la ley 24.145 que acabo de mencionar es la que disponía la privatización de YPF. Si uno mira la pluma del artículo 15 del proyecto del Ejecutivo y ésta, la verdad es que se reconocen bastantes similitudes.
Lo cierto es que siempre estuve en contra de todas las privatizaciones, pero no voy a decir que estuvieron hechas por un absoluto inexperto. Acá parece presentarse el mismo caso, y creo que no es una cuestión ingenua.
En cuanto al régimen de cesión de acciones, no hay ninguna precisión de si es una cesión a título gratuito u oneroso. No lo dice el texto en ningún lado en forma explícita. Nuevamente, es exponerse a una cuestión litigiosa no expresar si la cesión a las provincias es a título oneroso o gratuito. Entre el artículo 8° y 9° parece haber cierta confusión.
En realidad, en cualquiera de los dos casos, sea a título oneroso o gratuito, me gustaría saber la opción que el Ejecutivo nos remite. Como no está claro, es simple, se puede aclarar por escrito, solo cabe poner "a título oneroso" o "a título gratuito"; con una aclaración así sería suficiente.
Nuevamente, no voy a creer que la empresa más importante del país esté teniendo una leve omisión producto de un descuido. Que Dios nos ampare si esto es así.
Pero además esto se combina con otra situación con relación a las acciones, que también es confusa. El artículo 8° se refiere a la distribución de acciones; podría implicar que lo que se transfiere es la titularidad. El artículo 9° dice que se ceden los derechos políticos y económicos. De allí lo que se desprende es que no es una cesión de titularidad sino de derechos. No es lo mismo hacer una cesión de titularidad y por lo tanto de dominio, que ser el usufructuario; lo que se ceda será el usufructo. Nuevamente esto dará lugar a litigios y no hay problema en que se aclare, tienen la mayoría suficiente.
Si no lo aclaran uno empieza a sospechar que por algo no lo hacen, para tener el manejo suficiente y poder después hacer desde el Ejecutivo lo que quieran en cualquier opción, según convenga.
Con relación al alcance de la expropiación, todo el mundo aquí se ha preguntado por qué Repsol, y se dieron distintas respuestas, la mayoría de las cuales apuntaron a que era suficiente para que el Estado asumiera el control de la empresa. Esta respuesta es de todas maneras insuficiente, porque más allá de lo que dicen algunos -que es un problema de discriminación- yo creo que no estatizar la totalidad de las acciones es un problema político e ideológico.
Por otro lado, si quieren dotar al Estado de una herramienta a favor de la intervención en la economía procurando el autoabastecimiento es curioso que se considere suficiente el 51 por ciento para hacerse del control de la empresa. Simplemente basta con leer el artículo 24 del estatuto de YPF para darse cuenta de que se pide el 75 por ciento de las acciones para tomar decisiones importantes. Es decir que esta iniciativa no es suficiente para tener el control de la empresa.
La segunda cuestión, que tampoco es compleja, está relacionada con el tema de los dividendos, de lo que se ha hablado aquí y en profundidad. La ley 19.550 y la jurisprudencia existente por parte de los tribunales señalan que quienes son accionistas tienen derecho a percibir dividendos. La jurisprudencia también es pacífica en este sentido o, por lo menos, mayoritaria.
Este derecho al reparto de dividendos implica necesariamente un límite a la capacidad de reinversión de la empresa. En el caso de la sugerencia del señor diputado Solanas no era en la propia empresa sino de otras energías alternativas. Esto por supuesto depende de la política energética que asuma el país, pero en todo caso que sí pueda ser reinvertida y no que sea repartida entre los accionistas para que, por ejemplo, como ha pasado, inviertan en Trinidad y Tobago y otros países.
Por lo tanto, este es un derecho subjetivo al que será difícil limitar, pero que con una empresa ciento por ciento estatal no habría obstáculo alguno para hacerlo.
Creo que hay motivos de peso para adoptar esta situación o por lo menos, sin lugar a dudas, para hacer una exploración del grupo Petersen y de todas aquellas acciones que puedan fácilmente ser detectadas. Esta cuestión ni siquiera se la plantea el proyecto en esos términos.
Considero que no podemos soslayar que mientras no salgamos del patrón de empresa privada, de sociedad anónima, no vamos a poder enfrentar, raudamente en el corto plazo, la apremiante situación resultante de años de abandono, saqueo y desinversión.
Me parece que hacen falta medidas mucho más fuertes, y en este sentido existe un déficit importante en el proyecto. De todas maneras, voy a acompañar a la mayoría más allá de estas deficiencias puntuales que trataré en la discusión en particular.
En la medida en que se ha hecho esto, hay una serie de responsabilidades sobre las que quizá podemos variar nuestras apreciaciones, pero creo que esto sin lugar a dudas es algo en lo que tenemos un punto de acuerdo.
Si esto es así, ante la propuesta del Poder Ejecutivo de enviar este proyecto, lo cierto es que -cualquier feminista lo sabe fácilmente, como también cualquier escuela crítica del derecho- es imposible tener una posición neutral, o sea no hacer nada. Si no se apoya el proyecto por las críticas, en este caso se va a perpetrar el status quo. Es un status quo que todos hemos criticado y que sin lugar a dudas va a seguir con el vaciamiento de nuestros recursos.
Creo que esa es razón suficiente -más allá de que le encuentro una serie de defectos o de falencias políticas, económicas, técnicas y jurídicas al proyecto- para apoyar la iniciativa en general. El apoyo del proyecto no implicaría una situación de encubrimiento, independientemente de que haya funcionarios del Poder Ejecutivo, o algunos otros inclusive de las empresas, que sí incurrieran en algún tipo de encubrimiento.
Respecto al tema del lavado, creo que ya se ha hecho la denuncia. Lo que se puede hacer es ampliarla, pero esto tiene que salir de la auditoría de corte que está llevando a cabo la SIGEN, más allá de apoyar el proyecto.
Tengo un primer punto a considerar. Increíblemente el propio diputado Heller cada vez que aludía a las empresas petroleras hablaba de empresas estatales y no hablaba de sociedades anónimas, como lo que propone el proyecto. No hay por qué limitarnos, como propone el proyecto, y no avanzar sobre la totalidad de la expropiación de las acciones, tema sobre el que me voy a explayar luego. Así lo expresó el señor diputado Solanas y estoy totalmente segura de que debe ser así.
Me voy a centrar sobre tres puntos. La falta de control público es el primero. Si bien es algo sobre lo que ya se ha hecho mención, se lo ha dicho en relación con la SIGEN y la AGN. La AGN podría reclamar su atribución constitucional, pero hace mucho más que eso: se retrae del control, justamente por no ser una ley de las que están en el artículo 8 de la LAB, del régimen de contrataciones, del régimen de acceso a la información pública. Son una cantidad de normas que se las relega del control público, pese a la opinión contraria de la Corte. Lo más curioso de esto es que, pese a que hay veces que yo alego desconocimiento del derecho, no creo que sea en absoluto una posición ingenua.
Quisiera llamarles la atención acerca de esta supuesta coincidencia. Voy a pedir permiso a la Presidencia para leer normas. El decreto 2778/90 -tengan en cuenta que era el año 90, peronismo puro- disponía en su artículo 7º: "No le serán aplicables a YPF SOCIEDAD ANONIMA las leyes de obras públicas, de contabilidad, de procedimientos administrativos y sus normas complementarias y reglamentarias, ni legislación y normativa administrativa alguna aplicable a las empresas en que el Estado tenga participación." Curiosa similitud.
El artículo 8° dice: "Los procedimientos de contratación de YPF SOCIEDAD ANONIMA se regirán por las normas y principios del derecho privado asegurando su transparencia, competencia y publicidad, con exclusión de toda norma propia del derecho administrativo o prerrogativa de derecho público." Y el artículo 6° de la ley 24.145 dice: "Mientras la participación del Estado Nacional y de las Provincias en el capital social de YPF Sociedad Anónima sea mayoritaria, no le será aplicable a esta empresa legislación o normativa administrativa alguna, dictada o a dictarse, que reglamente la administración, gestión y control de las empresas en las que el Estado Nacional tenga participación."
Para el que no lo tenga presente, la ley 24.145 que acabo de mencionar es la que disponía la privatización de YPF. Si uno mira la pluma del artículo 15 del proyecto del Ejecutivo y ésta, la verdad es que se reconocen bastantes similitudes.
Lo cierto es que siempre estuve en contra de todas las privatizaciones, pero no voy a decir que estuvieron hechas por un absoluto inexperto. Acá parece presentarse el mismo caso, y creo que no es una cuestión ingenua.
En cuanto al régimen de cesión de acciones, no hay ninguna precisión de si es una cesión a título gratuito u oneroso. No lo dice el texto en ningún lado en forma explícita. Nuevamente, es exponerse a una cuestión litigiosa no expresar si la cesión a las provincias es a título oneroso o gratuito. Entre el artículo 8° y 9° parece haber cierta confusión.
En realidad, en cualquiera de los dos casos, sea a título oneroso o gratuito, me gustaría saber la opción que el Ejecutivo nos remite. Como no está claro, es simple, se puede aclarar por escrito, solo cabe poner "a título oneroso" o "a título gratuito"; con una aclaración así sería suficiente.
Nuevamente, no voy a creer que la empresa más importante del país esté teniendo una leve omisión producto de un descuido. Que Dios nos ampare si esto es así.
Pero además esto se combina con otra situación con relación a las acciones, que también es confusa. El artículo 8° se refiere a la distribución de acciones; podría implicar que lo que se transfiere es la titularidad. El artículo 9° dice que se ceden los derechos políticos y económicos. De allí lo que se desprende es que no es una cesión de titularidad sino de derechos. No es lo mismo hacer una cesión de titularidad y por lo tanto de dominio, que ser el usufructuario; lo que se ceda será el usufructo. Nuevamente esto dará lugar a litigios y no hay problema en que se aclare, tienen la mayoría suficiente.
Si no lo aclaran uno empieza a sospechar que por algo no lo hacen, para tener el manejo suficiente y poder después hacer desde el Ejecutivo lo que quieran en cualquier opción, según convenga.
Con relación al alcance de la expropiación, todo el mundo aquí se ha preguntado por qué Repsol, y se dieron distintas respuestas, la mayoría de las cuales apuntaron a que era suficiente para que el Estado asumiera el control de la empresa. Esta respuesta es de todas maneras insuficiente, porque más allá de lo que dicen algunos -que es un problema de discriminación- yo creo que no estatizar la totalidad de las acciones es un problema político e ideológico.
Por otro lado, si quieren dotar al Estado de una herramienta a favor de la intervención en la economía procurando el autoabastecimiento es curioso que se considere suficiente el 51 por ciento para hacerse del control de la empresa. Simplemente basta con leer el artículo 24 del estatuto de YPF para darse cuenta de que se pide el 75 por ciento de las acciones para tomar decisiones importantes. Es decir que esta iniciativa no es suficiente para tener el control de la empresa.
La segunda cuestión, que tampoco es compleja, está relacionada con el tema de los dividendos, de lo que se ha hablado aquí y en profundidad. La ley 19.550 y la jurisprudencia existente por parte de los tribunales señalan que quienes son accionistas tienen derecho a percibir dividendos. La jurisprudencia también es pacífica en este sentido o, por lo menos, mayoritaria.
Este derecho al reparto de dividendos implica necesariamente un límite a la capacidad de reinversión de la empresa. En el caso de la sugerencia del señor diputado Solanas no era en la propia empresa sino de otras energías alternativas. Esto por supuesto depende de la política energética que asuma el país, pero en todo caso que sí pueda ser reinvertida y no que sea repartida entre los accionistas para que, por ejemplo, como ha pasado, inviertan en Trinidad y Tobago y otros países.
Por lo tanto, este es un derecho subjetivo al que será difícil limitar, pero que con una empresa ciento por ciento estatal no habría obstáculo alguno para hacerlo.
Creo que hay motivos de peso para adoptar esta situación o por lo menos, sin lugar a dudas, para hacer una exploración del grupo Petersen y de todas aquellas acciones que puedan fácilmente ser detectadas. Esta cuestión ni siquiera se la plantea el proyecto en esos términos.
Considero que no podemos soslayar que mientras no salgamos del patrón de empresa privada, de sociedad anónima, no vamos a poder enfrentar, raudamente en el corto plazo, la apremiante situación resultante de años de abandono, saqueo y desinversión.
Me parece que hacen falta medidas mucho más fuertes, y en este sentido existe un déficit importante en el proyecto. De todas maneras, voy a acompañar a la mayoría más allá de estas deficiencias puntuales que trataré en la discusión en particular.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Lozano.
SR. LOZANO Señora presidenta: mucho se ha dicho ya. Voy a tratar de restringir mi presentación a señalar la posición del Interbloque del Frente Amplio Progresista respecto de este tema.
Nuestro bloque realizó una audiencia pública el martes pasado, a la que fueron convocados expertos de diferentes Institutos de estudio vinculados a la problemática energética. Asimismo fueron invitados organizaciones de trabajadores, empresarios, organizaciones medioambientales, usuarios, etcétera. Vamos a poner a disposición de las comisiones y de los presidentes lo que en esa materia se ha vertido en dicha audiencia.
Si funcionáramos adecuadamente como Parlamento nacional esa audiencia pública debió haber sido una audiencia formal, convocada por este plenario de comisiones, y dándonos el tiempo de tratamiento que efectivamente merece un tema de la envergadura del cual estamos hablando.
Dicho esto, paso decir que para quienes -como nosotros- hemos batallado, militando durante 20 años, confrontando con las estrategias del desguace, de la privatización, del retiro del Estado del sector de los hidrocarburos, obviamente, la discusión de este proyecto, nos plantea un hecho sumamente singular.
Antes de explicar por qué es singular, quiero decir que, por lo menos para nosotros, nadie es dueño ni de los principios ni de la historia.
El proceso político en la Argentina está nutrido por la resistencia de quienes pusieron el cuerpo frente a lo que ocurría, y tiene que ver con los 50 mil despedidos de YPF -que no eran 5 mil sino 50 mil-, tiene que ver con las organizaciones de trabajadores y las organizaciones sociales que confrontaron con la decisión de venderla, tiene que ver con las organizaciones populares que levantaron su voz y la siguieron levantando con sistematicidad durante todo ese tiempo y con aquellos intelectuales que, pese a momentos de profundo aislamiento, siguieron sosteniendo la importancia de definiciones como las que hoy, saludablemente, estamos discutiendo. Es a ellos a quienes se les debe la posibilidad de que este país discuta lo que discute.
Decía que se trata de un hecho singular porque tenemos una decisión planteada por el Poder Ejecutivo, materializada en un proyecto cuyo resultado implica, objetivamente, un resultado concreto -más allá de cualquier cosa que uno diga-, que es que se avanza -podrá discutirse si más o menos, pero se avanza- en la posibilidad de tener control sobre un recurso de carácter estratégico, como son los hidrocarburos. Al mismo tiempo, y de la mano de esto, se avanza en capturar una parte, menor o mayor, de esa ventaja asociada a los hidrocarburos que es la renta petrolera y gasífera.
Esto es objetivamente lo que produce la decisión que toma el Poder Ejecutivo. Pero digo que es un hecho singular porque esta decisión no se toma en cualquier contexto y de cualquier modo. Por un lado, se toma en un contexto en el que el Poder Ejecutivo y su dispositivo general de política económica -para todos los que seguimos con alguna atención esta cuestión- revelan insuficiencia en materia de pesos y de dólares; no se toma en cualquier contexto. Y esto, obviamente, uno no lo puede desconocer. Se toma también en un contexto en donde -más allá de que durante mucho tiempo hemos hablado de los denominados superávit gemelos, en pesos y en dólares- en materia energética lo que estamos viviendo es una situación de déficit gemelos; es decir tenemos déficit en pesos por el manejo de la energía hoy y tenemos el déficit en divisas por la situación en materia energética a la que hemos llegado.
Y la singularidad se termina de complejizar cuando uno observa que muchos de quienes -obviamente no todos- van a liderar este proceso que se está planteando y que, como digo, implica un avance en la posibilidad de controlar hidrocarburos y de capturar parte de la renta, han sido cómplices, en diferentes momentos, del proceso privatizador, del proceso de desregulación, del proceso de vaciamiento de la última década, tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
La singularidad de lo que se nos plantea a nosotros es reconocer un resultado que produce la decisión del Poder Ejecutivo y la singularidad del contexto y de quienes lideran esto. Debo decir que la historia es muy pletórica en darnos ejemplos de casos y de experiencias donde los mismos protagonistas que hicieron una cosa en un contexto, hicieron lo contrario en otro. La experiencia de la Argentina es una, mientras que la experiencia regional y mundial es otra.
Uno podría mencionar a Velazco Alvarado, quien terminó la guerrilla peruana y condujo después la revolución de ese país. En este sentido, nada quiere decir que la historia ya esté jugada, pero ciertamente para todos nosotros sería falso si no dijéramos que estamos afrontando un hecho singular: una decisión va en el camino correcto pero quienes la conducen han sido parte del proceso de vaciamiento vivido en las últimas dos décadas, y al mismo tiempo la situación se da en un contexto de necesidad de dólares y de pesos en el gobierno nacional.
Frente a esto, la decisión política adoptada por nuestro interbloque no va a ser la de juzgar las inversiones ni avalar la gestión gubernamental. Estamos acompañando un cambio en el mapa estructural respecto al manejo del sector de hidrocarburos para éste o cualquier otro gobierno, con independencia de nuestras profundas diferencias con la gestión gubernamental. Esto es lo que estamos acompañando. Acá hay un resultado concreto que produce este proyecto que no se puede desconocer.
Queremos señalar que el contenido del proyecto presenta insuficiencias que en muchos casos revelan no sólo profundas contradicciones con lo que se dice sino también errores que es imprescindible modificar en el tratamiento parlamentario para no dejar expuesto el interés público a demandas posteriores. Creemos que hay que avalar esto. Celebraríamos si pudiéramos, producir algunas modificaciones, en lugar de lo que hemos visto hasta acá donde está todo cerrado con un dictamen que está firmado. . Esto lo digo porque además no hay ningún apuro.
Alguien cuestionaba la intervención, más allá de quién intervenga, que es harina de otro costal. Lo cierto es que es casi absurdo pensar que uno va a tomar la decisión de expropiar una empresa de esta naturaleza y no hacer la intervención en simultáneo. Francamente, de lo contrario, cuando llega no encuentra nada. La verdad que ese planteo es una especie de caricatura. Es lógico intervenir; que la intervención se haga bien o mal, es otro cantar. Pero es lógico intervenir.
¿Por qué razón intervenir la empresa y tener tanto apuro para el tratamiento, existiendo -como existe hoy- un marco político que avala esta decisión, como lo reflejan los votos del Senado y como lo van a reflejar los votos aquí, en la Cámara de Diputados? ¿Por qué razón, si hay un acuerdo político de esta magnitud, no podemos discutir sacarle el jugo a esta oportunidad y poner en marcha en serio, con las modificaciones correspondientes, una política de Estado como merece este tema? Nadie nos corre; el manejo de la empresa ya está tomado. ¿Por qué razón no se puede discutir, por qué no podemos producir algunas modificaciones en el sentido de favorecer el objetivo que aquí se está planteando?
Quiero hacer una consideración general sobre dos puntos que fueron tocados acá de manera muy elemental. Hay algunos legisladores que han hecho una especie de planteo respecto a la importancia del capital extranjero y a no ahuyentarlos en el sector. La verdad es que no quiero ahuyentar a nadie, pero ciertamente hay un problema empírico, real y concreto. La historia del desarrollo petrolero de la Argentina se llama capital público estatal. No hay capital extranjero que se haya asociado y haya permitido el desarrollo del sector.
Es más, la aparición de capital privado local transnacionalizado y de capital extranjero en el sector da como resultado lo que tenemos hoy.
Por lo tanto, hay que ver con claridad que la historia nos dice que si no hay una estrategia estatal y pública seria no hay desarrollo del sector como corresponde.
El segundo elemento que cabe considerar -si bien están tan preocupados por el tema del capital- es el negocio petrolero en la Argentina; los cálculos disponibles vigentes -cuando uno observa la diferencia entre el costo de producción del barril a nivel local según las diferentes cuencas y el precio interno y el internacional que perciben las petroleras- muestran una diferencia que va entre 10 y 12 dólares el costo de producción local más ganancia normal versus 42, 63, 80 dólares o más de 100. El resultado es una renta extraordinaria -quitando la ganancia normal de las empresas- de más de 12 mil millones de dólares anuales.
Por lo tanto, para cualquier país serio como el nuestro, que quiera poner en marcha una estrategia de desarrollo que involucre energía pero también manejar el precio de la energía para viabilizar el desarrollo industrial, no hay otra alternativa que quedarse con una parte de esa renta y manejarla vía un esquema de precios que tiene que regular el Estado Nacional. Esto es así. La historia dice que es así.
En este sentido van varias de las cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros queremos plantear. Dije, frente al resultado objetivo de este proyecto, que nosotros acompañamos. Frente al contenido del proyecto sugerimos hacer modificaciones porque hay profundas insuficiencias, profundas contradicciones y errores que pueden costarnos caro.
Dicho esto, debo decir que ciertamente nosotros hubiéramos planteado las cosas en otros términos, pero eso depende de quién gobierna; no está acá en discusión el aval de la gestión sino el resultado de esta medida.
Para nosotros el tema hubiera pasado por hacer una auditoría general de las reservas, la revisión de las concesiones, la construcción de una nueva empresa petrolera estatal, la aplicación profunda de sanciones sobre daños ambientales y otras cuestiones para obligarlos a tener que irse y que la nueva petrolera estatal tenga control sobre la plataforma submarina y todo lo que implica la exploración y explotación en el Atlántico Sur. Esto hubiera sido una variante que nos hubiera permitido avanzar de manera más razonable, pero el gobierno tomó este camino, esa es la decisión de la gestión. Acompañamos el resultado, pero no compartimos el mecanismo.
Desde ese lugar proponemos algunas cuestiones muy puntuales y concretas. El artículo 1° de este proyecto, que expresa un conjunto de declaraciones de interés público que podemos compartir -más allá de la apreciación razonable que hacía el diputado Pino Solanas respecto de que la discusión sobre la energía no implica el debate exclusivo y excluyente de los hidrocarburos-, significa una declaración general que no tiene traducción operativa, y en la práctica el marco regulatorio vigente sigue siendo un conjunto de decretos generados en el 89 y el 90 que van en contradicción con lo que ese artículo declara.
Creemos en este sentido que debiéramos derogar con este proyecto el decreto 1055/89 -que implica la desregulación del sector y permite convertir los contratos de locación en contratos de concesión y la extensión de los plazos de concesión a 20 y 25 años; debiéramos derogar también el decreto 1212/89, que establece la libre disponibilidad del crudo, la libre exportación e importación del recurso -que considero un commodity y no un bien estratégico. Y también debiéramos derogar el decreto que suspendió la vigencia de los artículos 25 y 34 de la ley 17.319, que impide la concentración de áreas en un solo operador, y el decreto 1589/89, que solo ha sido parcialmente derogado en lo que hace al tema de las divisas.
Todo este marco regulatorio hoy vigente, que es el que ha venido permitiendo que ocurra lo que ocurrió, no puede coexistir con la declaración del artículo 1° de este proyecto.
La razón por la cual hay que hacerse cargo de esto -más allá de que podríamos proponernos que en 180 días el Congreso sancione una nueva ley nacional en materia de hidrocarburos- es porque hay que avanzar en la cuestión.
Efectivamente YPF todavía es hoy el primer productor de petróleo. Es es bueno decir esto, porque si no parece que fuera una YPF escuálida. Tiene el 34 por ciento pero es el primero, con lo cual, efectivamente importa, aunque hay mucho afuera. Es el segundo productor de gas con el 23 por ciento. Hay mucho afuera pero sigue siendo el segundo productor de gas.
Por lo tanto, no es menor tomar el control sobre una empresa que tiene esta magnitud, máxime porque en todo lo relacionado con la destilación, la refinería y la comercialización, su participación se encuentra en torno al 60 por ciento. Efectivamente es una pieza importante del sector.
Si uno no vincula esta decisión con un cambio en el marco regulatorio, si el resto sigue funcionando como hasta ahora, la posibilidad que se abre es que YPF termine siendo quien financie el proceso de importación de combustible mientras el resto de las operadoras privadas se sigue llevando en pala lo mismo que se llevó hasta ahora. ¡Tratar de evitar esto implica hacer coherente el marco regulatorio con la decisión que se está tomando con este proyecto!
El segundo punto que planteamos es que para expropiar se está invocando la ley 21.499, y aquí no se trata simplemente de una contradicción sino de un error. Esa ley establece con claridad que se puede dar la retrocesión, es decir que expropiado el bien, si no se cumple el objetivo para el cual el bien fue expropiado es susceptible de ser demandado por el que expropió, debiendo devolverse al propietario lo que se le sacó.
El problema que tenemos es que este proyecto no expresa con precisión cuál es el objetivo sino que se refiere a objetivos genéricos, que muy difícilmente se alcancen de manera inmediata.
Para evitar quedar expuestos recomendamos que se agregue con precisión, en algún punto del artículo 3°, que el control sobre la empresa petrolera más importante sea el objetivo principal de esta decisión. De esta manera queda claro que existe un objetivo preciso y se evitaría cualquier recurso legal. Incluso, no ante tribunales internacionales sino ante tribunales locales. Esto es un error que deja afuera la posibilidad de defensa del interés público y del Estado nacional.
El otro elemento que nos parece importante, tomando la consigna oficial del "nunca menos", es que dejemos expresamente en claro que este 51 por ciento no volverá atrás. Esta iniciativa no establece ese tema, porque la propuesta de que no se pueda vender sin las dos terceras partes en realidad es simplemente un recurso formal. En primer lugar, porque la ley se puede derogar por mayoría simple. En segundo lugar, porque si hay ampliación de capital, se pierde el 51 por ciento, si es que el Estado no invierte en sintonía.
Por lo tanto, la verdad es que deberíamos dejar en claro que este 51 por ciento no vuelve para atrás y que se mantendrá de aquí en adelante.
El otro elemento que para nosotros resulta importante, es precisar que del mismo modo que se declaran de interés público todos estos objetivos, las utilidades a obtener por parte de la petrolera tengan por destino explotación y exploración de hidrocarburos, para evitar el fenómeno que mencioné anteriormente, es decir, que YPF termine siendo quien subsidie y financie el desbalance general del sector. La experiencia de Enarsa en este sentido podría ser de utilidad, porque efectivamente algo de esto es lo que Enarsa está haciendo.
Voy a señalar otro punto, que tiene que ver con el carácter federal. Entendemos que existe un límite por parte de la Constitución Nacional, que no tiene todos los elementos limitantes que se dicen. El límite más grave lo puso la "ley corta", que merecería una profunda revisión.
Todos sabemos que ese proceso por el cual se trasladó a las provincias el dominio sobre los recursos del subsuelo es parte del proceso de privatización general y del proceso de fragmentación de la decisión nacional para tener política petrolera en todo el país.
Y, ciertamente, este proyecto debería caminar en términos de ir resolviendo esto, dándole presencia al conjunto de las provincias dentro de la petrolera estatal y no solamente a aquellas que son las productoras de petróleo por los elementos que aquí ya se han mencionado.
En este sentido hay otro elemento que nos parece fundamental, que es el tema de los criterios de valuación que va a utilizar el Tribunal de Tasaciones. Nos parece importante que el Congreso indique que, efectivamente, nosotros vamos a hacer una auditoría real sobre la situación patrimonial de la empresa a través de la Auditoría General de la Nación. Nos parecería importante que se le dé como mandato a la intervención la remisión de las concesiones y la auditoría de las reservas y de los yacimientos y pozos en manos de Repsol como condición previa a la definición del precio y la inclusión de los distintos tipos de daños que esta empresa ha vivido de la mano de la administración de Repsol, donde el ambiental es uno y muy importante, pero no el único.
En este sentido nosotros somos de la idea de que si se hacen bien las cosas, ciertamente la capacidad de reclamar algo de Repsol es inexistente y, en realidad, vamos a estar en capacidad de demandarla porque nos deben dinero. Ahora esto depende de lo que se haga -y la intervención es la que debe hacer- para llegar a una discusión seria sobre cuál es el precio que esta empresa tiene.
No tenemos en claro qué se va a hacer con esto, tampoco tenemos en claro quién lo paga. Obviamente esto lo sabremos cuando venga -vía presupuesto o vía decreto- la decisión correspondiente. Nosotros adelantamos que no estamos de acuerdo con que se termine premiando a quien nos esquiló. Esto es una definición que no vamos a aceptar. Nosotros no creemos que haya que pagar por lo que es nuestro. Las concesiones son concesiones bajo contrato. La propiedad de los yacimientos y de las reservas es de la Argentina y si no se cumplieron los contratos esto vuelve a manos del Estado nacional a costo cero.
Consecuentemente, no creemos que haya que pagar por lo que es nuestro, ni tampoco que haya que pagar por lo que se desconoce. Por eso la auditoría es absolutamente indispensable para saber, en todo caso, de qué estamos hablando.
Tampoco estamos de acuerdo con que después aparezca la ANSES financiando la compra de esta cuestión. Lo adelantamos como definición, y esperamos que eso ocurra.
Nosotros apostamos al resultado concreto de este objetivo que es recuperar el control sobre una empresa dominante en el sector de hidrocarburos, que nos permite tener una mayor capacidad de incidir sobre el destino de la renta petrolera.
Por eso acompañamos, pero tenemos todo este conjunto de diferencias que lo vamos a presentar a través de un dictamen como una disidencia parcial fundada. Además, no nos parece bien que existiendo una intervención, que ya tiene control sobre la empresa, y teniendo la oportunidad política de hacer un acuerdo realmente relevante, no modifiquemos lo que hay que modificar para que esto tenga el destino que todos creemos que tiene que tener. (Aplausos.)
Nuestro bloque realizó una audiencia pública el martes pasado, a la que fueron convocados expertos de diferentes Institutos de estudio vinculados a la problemática energética. Asimismo fueron invitados organizaciones de trabajadores, empresarios, organizaciones medioambientales, usuarios, etcétera. Vamos a poner a disposición de las comisiones y de los presidentes lo que en esa materia se ha vertido en dicha audiencia.
Si funcionáramos adecuadamente como Parlamento nacional esa audiencia pública debió haber sido una audiencia formal, convocada por este plenario de comisiones, y dándonos el tiempo de tratamiento que efectivamente merece un tema de la envergadura del cual estamos hablando.
Dicho esto, paso decir que para quienes -como nosotros- hemos batallado, militando durante 20 años, confrontando con las estrategias del desguace, de la privatización, del retiro del Estado del sector de los hidrocarburos, obviamente, la discusión de este proyecto, nos plantea un hecho sumamente singular.
Antes de explicar por qué es singular, quiero decir que, por lo menos para nosotros, nadie es dueño ni de los principios ni de la historia.
El proceso político en la Argentina está nutrido por la resistencia de quienes pusieron el cuerpo frente a lo que ocurría, y tiene que ver con los 50 mil despedidos de YPF -que no eran 5 mil sino 50 mil-, tiene que ver con las organizaciones de trabajadores y las organizaciones sociales que confrontaron con la decisión de venderla, tiene que ver con las organizaciones populares que levantaron su voz y la siguieron levantando con sistematicidad durante todo ese tiempo y con aquellos intelectuales que, pese a momentos de profundo aislamiento, siguieron sosteniendo la importancia de definiciones como las que hoy, saludablemente, estamos discutiendo. Es a ellos a quienes se les debe la posibilidad de que este país discuta lo que discute.
Decía que se trata de un hecho singular porque tenemos una decisión planteada por el Poder Ejecutivo, materializada en un proyecto cuyo resultado implica, objetivamente, un resultado concreto -más allá de cualquier cosa que uno diga-, que es que se avanza -podrá discutirse si más o menos, pero se avanza- en la posibilidad de tener control sobre un recurso de carácter estratégico, como son los hidrocarburos. Al mismo tiempo, y de la mano de esto, se avanza en capturar una parte, menor o mayor, de esa ventaja asociada a los hidrocarburos que es la renta petrolera y gasífera.
Esto es objetivamente lo que produce la decisión que toma el Poder Ejecutivo. Pero digo que es un hecho singular porque esta decisión no se toma en cualquier contexto y de cualquier modo. Por un lado, se toma en un contexto en el que el Poder Ejecutivo y su dispositivo general de política económica -para todos los que seguimos con alguna atención esta cuestión- revelan insuficiencia en materia de pesos y de dólares; no se toma en cualquier contexto. Y esto, obviamente, uno no lo puede desconocer. Se toma también en un contexto en donde -más allá de que durante mucho tiempo hemos hablado de los denominados superávit gemelos, en pesos y en dólares- en materia energética lo que estamos viviendo es una situación de déficit gemelos; es decir tenemos déficit en pesos por el manejo de la energía hoy y tenemos el déficit en divisas por la situación en materia energética a la que hemos llegado.
Y la singularidad se termina de complejizar cuando uno observa que muchos de quienes -obviamente no todos- van a liderar este proceso que se está planteando y que, como digo, implica un avance en la posibilidad de controlar hidrocarburos y de capturar parte de la renta, han sido cómplices, en diferentes momentos, del proceso privatizador, del proceso de desregulación, del proceso de vaciamiento de la última década, tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
La singularidad de lo que se nos plantea a nosotros es reconocer un resultado que produce la decisión del Poder Ejecutivo y la singularidad del contexto y de quienes lideran esto. Debo decir que la historia es muy pletórica en darnos ejemplos de casos y de experiencias donde los mismos protagonistas que hicieron una cosa en un contexto, hicieron lo contrario en otro. La experiencia de la Argentina es una, mientras que la experiencia regional y mundial es otra.
Uno podría mencionar a Velazco Alvarado, quien terminó la guerrilla peruana y condujo después la revolución de ese país. En este sentido, nada quiere decir que la historia ya esté jugada, pero ciertamente para todos nosotros sería falso si no dijéramos que estamos afrontando un hecho singular: una decisión va en el camino correcto pero quienes la conducen han sido parte del proceso de vaciamiento vivido en las últimas dos décadas, y al mismo tiempo la situación se da en un contexto de necesidad de dólares y de pesos en el gobierno nacional.
Frente a esto, la decisión política adoptada por nuestro interbloque no va a ser la de juzgar las inversiones ni avalar la gestión gubernamental. Estamos acompañando un cambio en el mapa estructural respecto al manejo del sector de hidrocarburos para éste o cualquier otro gobierno, con independencia de nuestras profundas diferencias con la gestión gubernamental. Esto es lo que estamos acompañando. Acá hay un resultado concreto que produce este proyecto que no se puede desconocer.
Queremos señalar que el contenido del proyecto presenta insuficiencias que en muchos casos revelan no sólo profundas contradicciones con lo que se dice sino también errores que es imprescindible modificar en el tratamiento parlamentario para no dejar expuesto el interés público a demandas posteriores. Creemos que hay que avalar esto. Celebraríamos si pudiéramos, producir algunas modificaciones, en lugar de lo que hemos visto hasta acá donde está todo cerrado con un dictamen que está firmado. . Esto lo digo porque además no hay ningún apuro.
Alguien cuestionaba la intervención, más allá de quién intervenga, que es harina de otro costal. Lo cierto es que es casi absurdo pensar que uno va a tomar la decisión de expropiar una empresa de esta naturaleza y no hacer la intervención en simultáneo. Francamente, de lo contrario, cuando llega no encuentra nada. La verdad que ese planteo es una especie de caricatura. Es lógico intervenir; que la intervención se haga bien o mal, es otro cantar. Pero es lógico intervenir.
¿Por qué razón intervenir la empresa y tener tanto apuro para el tratamiento, existiendo -como existe hoy- un marco político que avala esta decisión, como lo reflejan los votos del Senado y como lo van a reflejar los votos aquí, en la Cámara de Diputados? ¿Por qué razón, si hay un acuerdo político de esta magnitud, no podemos discutir sacarle el jugo a esta oportunidad y poner en marcha en serio, con las modificaciones correspondientes, una política de Estado como merece este tema? Nadie nos corre; el manejo de la empresa ya está tomado. ¿Por qué razón no se puede discutir, por qué no podemos producir algunas modificaciones en el sentido de favorecer el objetivo que aquí se está planteando?
Quiero hacer una consideración general sobre dos puntos que fueron tocados acá de manera muy elemental. Hay algunos legisladores que han hecho una especie de planteo respecto a la importancia del capital extranjero y a no ahuyentarlos en el sector. La verdad es que no quiero ahuyentar a nadie, pero ciertamente hay un problema empírico, real y concreto. La historia del desarrollo petrolero de la Argentina se llama capital público estatal. No hay capital extranjero que se haya asociado y haya permitido el desarrollo del sector.
Es más, la aparición de capital privado local transnacionalizado y de capital extranjero en el sector da como resultado lo que tenemos hoy.
Por lo tanto, hay que ver con claridad que la historia nos dice que si no hay una estrategia estatal y pública seria no hay desarrollo del sector como corresponde.
El segundo elemento que cabe considerar -si bien están tan preocupados por el tema del capital- es el negocio petrolero en la Argentina; los cálculos disponibles vigentes -cuando uno observa la diferencia entre el costo de producción del barril a nivel local según las diferentes cuencas y el precio interno y el internacional que perciben las petroleras- muestran una diferencia que va entre 10 y 12 dólares el costo de producción local más ganancia normal versus 42, 63, 80 dólares o más de 100. El resultado es una renta extraordinaria -quitando la ganancia normal de las empresas- de más de 12 mil millones de dólares anuales.
Por lo tanto, para cualquier país serio como el nuestro, que quiera poner en marcha una estrategia de desarrollo que involucre energía pero también manejar el precio de la energía para viabilizar el desarrollo industrial, no hay otra alternativa que quedarse con una parte de esa renta y manejarla vía un esquema de precios que tiene que regular el Estado Nacional. Esto es así. La historia dice que es así.
En este sentido van varias de las cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros queremos plantear. Dije, frente al resultado objetivo de este proyecto, que nosotros acompañamos. Frente al contenido del proyecto sugerimos hacer modificaciones porque hay profundas insuficiencias, profundas contradicciones y errores que pueden costarnos caro.
Dicho esto, debo decir que ciertamente nosotros hubiéramos planteado las cosas en otros términos, pero eso depende de quién gobierna; no está acá en discusión el aval de la gestión sino el resultado de esta medida.
Para nosotros el tema hubiera pasado por hacer una auditoría general de las reservas, la revisión de las concesiones, la construcción de una nueva empresa petrolera estatal, la aplicación profunda de sanciones sobre daños ambientales y otras cuestiones para obligarlos a tener que irse y que la nueva petrolera estatal tenga control sobre la plataforma submarina y todo lo que implica la exploración y explotación en el Atlántico Sur. Esto hubiera sido una variante que nos hubiera permitido avanzar de manera más razonable, pero el gobierno tomó este camino, esa es la decisión de la gestión. Acompañamos el resultado, pero no compartimos el mecanismo.
Desde ese lugar proponemos algunas cuestiones muy puntuales y concretas. El artículo 1° de este proyecto, que expresa un conjunto de declaraciones de interés público que podemos compartir -más allá de la apreciación razonable que hacía el diputado Pino Solanas respecto de que la discusión sobre la energía no implica el debate exclusivo y excluyente de los hidrocarburos-, significa una declaración general que no tiene traducción operativa, y en la práctica el marco regulatorio vigente sigue siendo un conjunto de decretos generados en el 89 y el 90 que van en contradicción con lo que ese artículo declara.
Creemos en este sentido que debiéramos derogar con este proyecto el decreto 1055/89 -que implica la desregulación del sector y permite convertir los contratos de locación en contratos de concesión y la extensión de los plazos de concesión a 20 y 25 años; debiéramos derogar también el decreto 1212/89, que establece la libre disponibilidad del crudo, la libre exportación e importación del recurso -que considero un commodity y no un bien estratégico. Y también debiéramos derogar el decreto que suspendió la vigencia de los artículos 25 y 34 de la ley 17.319, que impide la concentración de áreas en un solo operador, y el decreto 1589/89, que solo ha sido parcialmente derogado en lo que hace al tema de las divisas.
Todo este marco regulatorio hoy vigente, que es el que ha venido permitiendo que ocurra lo que ocurrió, no puede coexistir con la declaración del artículo 1° de este proyecto.
La razón por la cual hay que hacerse cargo de esto -más allá de que podríamos proponernos que en 180 días el Congreso sancione una nueva ley nacional en materia de hidrocarburos- es porque hay que avanzar en la cuestión.
Efectivamente YPF todavía es hoy el primer productor de petróleo. Es es bueno decir esto, porque si no parece que fuera una YPF escuálida. Tiene el 34 por ciento pero es el primero, con lo cual, efectivamente importa, aunque hay mucho afuera. Es el segundo productor de gas con el 23 por ciento. Hay mucho afuera pero sigue siendo el segundo productor de gas.
Por lo tanto, no es menor tomar el control sobre una empresa que tiene esta magnitud, máxime porque en todo lo relacionado con la destilación, la refinería y la comercialización, su participación se encuentra en torno al 60 por ciento. Efectivamente es una pieza importante del sector.
Si uno no vincula esta decisión con un cambio en el marco regulatorio, si el resto sigue funcionando como hasta ahora, la posibilidad que se abre es que YPF termine siendo quien financie el proceso de importación de combustible mientras el resto de las operadoras privadas se sigue llevando en pala lo mismo que se llevó hasta ahora. ¡Tratar de evitar esto implica hacer coherente el marco regulatorio con la decisión que se está tomando con este proyecto!
El segundo punto que planteamos es que para expropiar se está invocando la ley 21.499, y aquí no se trata simplemente de una contradicción sino de un error. Esa ley establece con claridad que se puede dar la retrocesión, es decir que expropiado el bien, si no se cumple el objetivo para el cual el bien fue expropiado es susceptible de ser demandado por el que expropió, debiendo devolverse al propietario lo que se le sacó.
El problema que tenemos es que este proyecto no expresa con precisión cuál es el objetivo sino que se refiere a objetivos genéricos, que muy difícilmente se alcancen de manera inmediata.
Para evitar quedar expuestos recomendamos que se agregue con precisión, en algún punto del artículo 3°, que el control sobre la empresa petrolera más importante sea el objetivo principal de esta decisión. De esta manera queda claro que existe un objetivo preciso y se evitaría cualquier recurso legal. Incluso, no ante tribunales internacionales sino ante tribunales locales. Esto es un error que deja afuera la posibilidad de defensa del interés público y del Estado nacional.
El otro elemento que nos parece importante, tomando la consigna oficial del "nunca menos", es que dejemos expresamente en claro que este 51 por ciento no volverá atrás. Esta iniciativa no establece ese tema, porque la propuesta de que no se pueda vender sin las dos terceras partes en realidad es simplemente un recurso formal. En primer lugar, porque la ley se puede derogar por mayoría simple. En segundo lugar, porque si hay ampliación de capital, se pierde el 51 por ciento, si es que el Estado no invierte en sintonía.
Por lo tanto, la verdad es que deberíamos dejar en claro que este 51 por ciento no vuelve para atrás y que se mantendrá de aquí en adelante.
El otro elemento que para nosotros resulta importante, es precisar que del mismo modo que se declaran de interés público todos estos objetivos, las utilidades a obtener por parte de la petrolera tengan por destino explotación y exploración de hidrocarburos, para evitar el fenómeno que mencioné anteriormente, es decir, que YPF termine siendo quien subsidie y financie el desbalance general del sector. La experiencia de Enarsa en este sentido podría ser de utilidad, porque efectivamente algo de esto es lo que Enarsa está haciendo.
Voy a señalar otro punto, que tiene que ver con el carácter federal. Entendemos que existe un límite por parte de la Constitución Nacional, que no tiene todos los elementos limitantes que se dicen. El límite más grave lo puso la "ley corta", que merecería una profunda revisión.
Todos sabemos que ese proceso por el cual se trasladó a las provincias el dominio sobre los recursos del subsuelo es parte del proceso de privatización general y del proceso de fragmentación de la decisión nacional para tener política petrolera en todo el país.
Y, ciertamente, este proyecto debería caminar en términos de ir resolviendo esto, dándole presencia al conjunto de las provincias dentro de la petrolera estatal y no solamente a aquellas que son las productoras de petróleo por los elementos que aquí ya se han mencionado.
En este sentido hay otro elemento que nos parece fundamental, que es el tema de los criterios de valuación que va a utilizar el Tribunal de Tasaciones. Nos parece importante que el Congreso indique que, efectivamente, nosotros vamos a hacer una auditoría real sobre la situación patrimonial de la empresa a través de la Auditoría General de la Nación. Nos parecería importante que se le dé como mandato a la intervención la remisión de las concesiones y la auditoría de las reservas y de los yacimientos y pozos en manos de Repsol como condición previa a la definición del precio y la inclusión de los distintos tipos de daños que esta empresa ha vivido de la mano de la administración de Repsol, donde el ambiental es uno y muy importante, pero no el único.
En este sentido nosotros somos de la idea de que si se hacen bien las cosas, ciertamente la capacidad de reclamar algo de Repsol es inexistente y, en realidad, vamos a estar en capacidad de demandarla porque nos deben dinero. Ahora esto depende de lo que se haga -y la intervención es la que debe hacer- para llegar a una discusión seria sobre cuál es el precio que esta empresa tiene.
No tenemos en claro qué se va a hacer con esto, tampoco tenemos en claro quién lo paga. Obviamente esto lo sabremos cuando venga -vía presupuesto o vía decreto- la decisión correspondiente. Nosotros adelantamos que no estamos de acuerdo con que se termine premiando a quien nos esquiló. Esto es una definición que no vamos a aceptar. Nosotros no creemos que haya que pagar por lo que es nuestro. Las concesiones son concesiones bajo contrato. La propiedad de los yacimientos y de las reservas es de la Argentina y si no se cumplieron los contratos esto vuelve a manos del Estado nacional a costo cero.
Consecuentemente, no creemos que haya que pagar por lo que es nuestro, ni tampoco que haya que pagar por lo que se desconoce. Por eso la auditoría es absolutamente indispensable para saber, en todo caso, de qué estamos hablando.
Tampoco estamos de acuerdo con que después aparezca la ANSES financiando la compra de esta cuestión. Lo adelantamos como definición, y esperamos que eso ocurra.
Nosotros apostamos al resultado concreto de este objetivo que es recuperar el control sobre una empresa dominante en el sector de hidrocarburos, que nos permite tener una mayor capacidad de incidir sobre el destino de la renta petrolera.
Por eso acompañamos, pero tenemos todo este conjunto de diferencias que lo vamos a presentar a través de un dictamen como una disidencia parcial fundada. Además, no nos parece bien que existiendo una intervención, que ya tiene control sobre la empresa, y teniendo la oportunidad política de hacer un acuerdo realmente relevante, no modifiquemos lo que hay que modificar para que esto tenga el destino que todos creemos que tiene que tener. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA CONTI Tiene la palabra el señor diputado De Marchi.
SR. DE MARCHI Señora presidenta: creo que no tiene mucho sentido explayarse sobre argumentos de tipo técnico, porque el gobierno no ha presentado ni siquiera un bosquejo o borrador de un plan energético alternativo.
El gobierno no dice para qué quiere lo que quiere, por lo tanto creo que esta reunión, al menos, debe servir para marcar algunas pautas de tipo político. En este sentido es obvia, como surge del ambiente de esta comisión, una mezcla peligrosa de hipocresía e ingenuidad. Y podríamos discutir quiénes son lo que tienen autoridad moral para discutir acerca de la historia de YPF, al menos en los últimos tiempos. De lo que sí estoy seguro es de que hay quien no tiene ninguna autoridad moral para hablar de YPF, y es este gobierno.
El 31 de diciembre de 1990 un gobierno justicialista, como aquí se ha dicho, con el decreto 2778 transformó a YPF en sociedad anónima y la llevó al terreno privado con los mismos argumentos que hoy se utilizan para hacer lo contrario.
El 17 de septiembre de 1992 la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó una declaración impulsada por la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner, instando a sus diputados a que aprobaran rápidamente lo que iba a ser la ley de federalización de los hidrocarburos.
Efectivamente, a los siete días, el 24 de septiembre de 1992 se aprobó la ley 24.145, de privatización y federalización de hidrocarburos.
También se ha dicho aquí que el miembro informante en la Cámara fue Oscar Parrilli. No voy a profundizar en esto. Simplemente quiero leer las dos o tres líneas con las cuales Parrilli cierra su discurso, intentando fundar lo que estaba presentando: "Vengo a concluir mi exposición expresando que venimos con toda la convicción...", utiliza la palabra "convicción", "...de que estamos transformando sustancialmente la economía Argentina. Los peronistas concurrimos a este recinto con la convicción..." -vuelve a utilizar el términos "convicción"- "...para hacerlo. Seguimos trabajando y pensando en nuestros trabajadores y en los humildes." Esto decía Parrilli el 24 de septiembre de 1992.
El 24 de noviembre de ese mismo año en la provincia de Santa Cruz se firmó el acta por la cual se establecía -para esto, cuando se habla de plata, ese gobierno era muy eficiente- cuánto tenía que recibir la provincia. La firmaban Menem, Cavallo, Néstor Kirchner y Julio de Vido. El 1º de diciembre, apenas días después, Santa Cruz ratificaba ese acta-acuerdo: firmaron Néstor Kirchner y Julio de Vido.
En 1993 -esto es algo que se olvidó de mencionar el diputado Rogel y lo agrego yo-, cuando se fijó el valor de las acciones en 19 dólares, absolutamente devaluadas, la provincia de Santa Cruz compró acciones YPF con el dinero que le había transferido por las regalías mal liquidadas en los años 1991-1992.
A esta altura uno se puede imaginar que la verdad era que se arrepintieron ahí nomás, que cometieron un error y que querían capitalizar nuevamente a la provincia porque su convicción era que la empresa debía estar en el patrimonio de los argentinos y debía defender nuestra soberanía.
Pero en 1999, cuando la acción pasó a costar 44 dólares, la provincia vendió las acciones. Se deshizo de su participación en ese momento, recibiendo una cifra aproximada de mil millones de dólares. Son los famosos fondos de la provincia de Santa Cruz, sobre los cuales mucho no podemos saber todavía qué es lo que ocurrió.
En el año 2006 se creó Enarsa, con este staff de hábiles ejecutivos de la provincia de Santa Cruz instalados en el gobierno de la Nación. Si uno recorre los argumentos dados en el momento de su creación, les puedo asegurar que son bastante parecidos a los que hoy se están esgrimiendo. Enarsa se creó para hacer lo que supuestamente hoy decimos que se va a hacer con la participación en YPF. Un gran fracaso y una agencia para participar de negocios paralelos.
En diciembre de 2007 la familia Kirchner facilitó -ahora sí, porque es obvio- el ingreso del grupo Petersen en YPF, y el 7 de diciembre de 2010 -hace muy poquito- en cadena nacional la presidenta de la Nación nos dijo a todos los argentinos lo bien que se está manejando la empresa argentinizada en ese momento.
Entre ese mensaje en cadena nacional y el 16 de abril de 2012 algo pasó que desembocó en el decreto de intervención y en el proyecto de ley de expropiación.
Esto nos permite afirmar sin temor a equivocarnos que la historia contemporánea de YPF es la historia de la familia Kirchner en el poder, primero en Santa Cruz y después en el gobierno de la Nación. Aquí no hay convicciones. A eso me referí al comienzo cuando dije que en esta sala sobrevolaba una cuota de hipocresía y una cuota de ingenuidad; no sé cuánto de cada una, pero no hay convicción, lo que hay es una espantosa necesidad de caja, una especulación extrema, que es palpable.
Y hay otra cosa que es todavía más grave: la estafa al corazón y al sentimiento de la gente, porque lo que hay es una asquerosa manipulación de los sentimientos nacionalistas de los argentinos. Se utiliza este tema apelando a los sentimientos más sagrados que toda Nación tiene -que son los de su bandera, los de su soberanía- solamente para capturar un flujo de caja circunstancial. Eso es mucho más grave aún.
En el fondo, ¿cuál va a ser el resultado? Podremos no compartirlo, pero es solo cuestión de tiempo. En este país es solo cuestión de esperar. Lo que va a haber es una mayor pérdida de reservas en el mediano y en el largo plazo, una mayor dependencia de la importación de combustibles, justamente porque habrá menos reservas. Esta solución no conduce a resolver el problema de fondo.
Hay un mayor sometimiento de las provincias a la Nación. Esto también es evidente. Tiran por letra muerta la ley de federalización de los hidrocarburos, y voy a explicar por qué.
Y, por supuesto, hay una profundización del modelo, de este modelo errático y sin rumbo que en materia energética este gobierno impulsa.
Se dieron algunos números, que recién el diputado Lozano repetía; y no es un tema menor, es importantísimo. Se decía, por ejemplo, que YPF implica un poco más del 30 por ciento del mercado de los hidrocarburos del país, y de ese 30 por ciento el Estado confisca la mitad. Por lo tanto, en términos reales estamos hablando de un 15 por ciento.
¿Alguien puede sanamente creer que el manejo de solo el 15 por ciento puede ser útil a los objetivos de la soberanía y de la nacionalización? Que alguien me explique qué significa soberanía con el pseudo-manejo de solo el 15 por ciento de los hidrocarburos. Es falso.
Hay que decir claramente que esto perjudica a los argentinos de hoy, y sobre todo a los argentinos del próximo tiempo. Solo tienen como objetivo la captura de los 5.600 millones de utilidades que obtuvo esta empresa en el ejercicio anterior para volcarlos estrictamente a la compra de combustibles en el exterior, con 13 o 14 mil millones necesarios para esa erogación. Van solamente a tapar un poco el agujero de la balanza energética comercial que ya hace mucho tiempo es negativa.
No habrá ni un centavo invertido en exploración por parte de esta empresa, porque el ciento por ciento de esas utilidades las utilizarán para tapar agujeros que les sirva para que en el año 2013, cuando haya nuevamente elecciones, digan que hay un poquito más de combustible en las estaciones de servicio. ¿A costa de qué? De abandonar prácticamente las inversiones en exploración, por parte de la compañía.
Lo que ha hecho el gobierno con esta iniciativa es comprar plazo. ¡Lo que ha hecho el gobierno con esto es comprar tiempo! Es darse dos o tres añitos más, intentando pagar la compra de combustible de mala calidad y caro en el exterior, para que ese punto de contacto entre el sistema energético y el ciudadano -que es la fila en la estación de servicio- desaparezca. Es estrictamente corto plazo.
Por lo tanto, también es propicio introducir una segunda cuestión. La discusión no es si la empresa debe ser pública o privada. No nos comamos el amague. Ese es el debate en el cual quiere meternos el gobierno. La discusión es si todos estamos de acuerdo o los argentinos quieren que esta empresa -que es la más importante del país- la manejen los mismos que han producido una de las mayores desinversiones en el sector energético en nuestra historia hidrocarburífera. Esa es la respuesta que tenemos que darnos.
No convalido -a pesar de que los comprendo y quiero ser respetuoso- la actitud de aquellos que dicen: "No, no, no" y cuando uno les pregunta cómo votan, contestan "sí". No es bueno eso, lo digo con respeto. Sé que cuesta mucho articular posiciones en los bloques. Comprendo eso y sé del esfuerzo que en muchos bloques se realiza para coincidir en una opinión única.
Lo que sugeriría, sin meterme en la política interna de los partidos, es que alteren el orden del planteo al Poder Ejecutivo y le digan: "Si me aprobás esto en el artículo 1°, te acompaño", "Si me aprobás esto en el artículo 2°, te acompaño", "Si me aprobás esto en el artículo 7°, te acompaño", "Si no me lo aprobás, no puedo acompañarte, porque lo que van a hacer con esta empresa es totalmente distinto de lo que quiero". Ese es un planteo razonable, serio y coherente sobre todo. Lo otro es lo que está pasando, nos están llevando como vacas al matadero. ¡A "Vaca Muerta"! Este creo que es un tema importante.
Se han utilizado algunos ejemplos como el de Petrobras, que es la espada de la política energética brasilera, con planes que no se han corrido ni un ápice en los últimos cuarenta o cincuenta años. Petrobras era ciento por ciento estatal y decidieron darle al sector privado para fondearse en las tareas de exploración, que son muy caras, un 49 por ciento. Siempre mantuvieron bajo su órbita el 51 por ciento más el 3 por ciento como se ha dicho, que es correcto, que sería el 54 por ciento en total. No han hecho a la inversa, como hemos hecho nosotros, en tan poco tiempo, porque en la historia de los hidrocarburos veinte años no es nada. No comparemos, para salvar los argumentos y los discursos, con lo que ha sucedido en Petrobras.
Esto me da pie para desmitificar un argumento que se suele utilizar muy a menudo. Dicen que el país ha tenido un problema en materia de hidrocarburos porque la economía ha crecido. Oímos esto en todos los canales de televisión. Es un país en crecimiento. Brasil también es una economía en crecimiento y tiene una economía interna diez veces superior a la nuestra. Ergo, tiene un consumo interno diez veces superior al nuestro. En ese mismo período hace tres años, por primera vez en su historia, Brasil conquista el autoabastecimiento, producto de una enorme cantidad de acciones extendidas en el largo plazo.
Una referencia puntual merece el tema provincial. Yo vengo de Mendoza, que es una provincia petrolera o con petróleo, que no es lo mismo.
Quiero alzar la voz en nombre de estas provincias porque esta acción las perjudica claramente. Es una acción o un proyecto extremadamente centralista, que da por tierra aquello a lo que en algún momento, con mucho énfasis, se le hizo hincapié cuando se sancionaba la ley de federalización.
En primer lugar, el 49 por ciento que supuestamente, de manera graciosa, se concede gratuitamente a las provincias, es mentiroso, porque del ciento por ciento sobre el cual el Estado se mete en el directorio -que es ese 51 por ciento que se expropia- el 51 por ciento lo mantiene el Estado nacional y el 49 se le cede, sin saber todavía cómo, ni de qué manera, ni a quiénes, a las provincias. Es un engañapichanga. Podría haber sido cualquier porcentaje por debajo del 49 por ciento, cualquiera, porque tramposamente -o inteligentemente para los objetivos del gobierno nacional- meten otra clausulita en el proyecto que es la sindicación de acciones, que dice que la opinión o la voluntad de la participación estatal debe ser única, ya que las acciones por 50 años deben estar sindicadas. Esto significa que no puede haber opiniones divergentes. Esto significa que, por ejemplo, cuando la provincia de Mendoza en algún momento diga: "Che, me están jodiendo. Esto no me sirve. Ha pasado un tiempo y lo que me dijeron que iba a pasar no está pasando.", lo que haya que hacer sea votar entre los tenedores de las acciones públicas y la voluntad que se impone es la de la mayoría. Y, ¿quién tiene la mayoría? El Estado nacional con el 51 por ciento del 51 por ciento que estamos expropiando. Entonces también hay que decir esto: no sólo no es federal sino que atenta contra el federalismo; es absolutamente unitario este proyecto.
Hay una cuestión más. Si lo que estamos diciendo es que hay un problema de caja -central en el gobierno nacional- y yo creo que lo único que quiere el gobierno es hacerse de la caja, -puedo estar equivocado, lo admito- ¿ustedes se creen que van a pagar en tiempo y forma las regalías petrolíferas de la empresa a las distintas provincias? Van a ser los primeros fondos que van a manotear. Y se lo van a cambiar por algún bonito, o lo van a ir pedaleando. A la provincia de Mendoza hace seis meses que no le llegan los fondos de la soja.
Cuando hay necesidad de caja, hay necesidad de caja y las prioridades de la Nación son distintas a las prioridades de las provincias. Las inversiones concretas de YPF, ¿ustedes creen que van a venir? ¿Ustedes creen que cuando hay necesidades de caja van a ampliar alguna infraestructura? No. Van a ir al mismo objetivo. Por lo tanto, las inversiones que supuestamente deberían ir a las provincias creo -espero equivocarme- van a caer.
También van a decaer los controles ambientales, porque nadie se auto-incrimina, nadie se auto-manda preso. Y cuando exista algún pasivo ambiental importante producto de esta empresa, lo primero que van a hacer es echarle la culpa a cualquiera y mirar para otro lado, porque lo cierto es que si el propio Estado se auto-controla, obviamente que los responsables van a ser los funcionarios.
Lo último, y vinculado con el tema federal, es que ya hemos visto cómo algunos gobernadores están diciendo que ahora le van a devolver las áreas a YPF. Esto es muy grave. ¿Ni siquiera se les ocurrió, al menos, "ficcionar" un proceso licitatorio, como se dijo hace quince días que se iba a hacer? El gobernador de Neuquén ha dicho con algún temor hace algunas horas -seguramente le llegue alguna represalia-, que está difícil en su caso porque ya disparó el proceso licitatorio. Entonces se le va a complicar ahora, entre gallos y medianoche, volver a revertírselas en forma directa sin ningún tipo de proceso a esta empresa, cuyo 49 por ciento sigue siendo privado. Eso hay que aclararlo.
Termino diciendo que no es éste el camino, no es éste el camino para nacionalizar YPF; no es éste el camino para que el país encuentre el horizonte de reservas que necesita.
Esto es tan sólo un atajo impregnado de especulación; un atajo absolutamente errático y, como decíamos recién, para colmo se utiliza para manipular con falsos nacionalismos a la opinión pública.
Hagan lo que quieran. Esto se va a votar la semana que viene. Voten como quieran. Lo único que les pido es que no lo hagan en nombre de la soberanía ni de la patria, y mucho menos, en nombre del pueblo. Háganlo en nombre de ustedes y háganse cargo.
El gobierno no dice para qué quiere lo que quiere, por lo tanto creo que esta reunión, al menos, debe servir para marcar algunas pautas de tipo político. En este sentido es obvia, como surge del ambiente de esta comisión, una mezcla peligrosa de hipocresía e ingenuidad. Y podríamos discutir quiénes son lo que tienen autoridad moral para discutir acerca de la historia de YPF, al menos en los últimos tiempos. De lo que sí estoy seguro es de que hay quien no tiene ninguna autoridad moral para hablar de YPF, y es este gobierno.
El 31 de diciembre de 1990 un gobierno justicialista, como aquí se ha dicho, con el decreto 2778 transformó a YPF en sociedad anónima y la llevó al terreno privado con los mismos argumentos que hoy se utilizan para hacer lo contrario.
El 17 de septiembre de 1992 la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó una declaración impulsada por la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner, instando a sus diputados a que aprobaran rápidamente lo que iba a ser la ley de federalización de los hidrocarburos.
Efectivamente, a los siete días, el 24 de septiembre de 1992 se aprobó la ley 24.145, de privatización y federalización de hidrocarburos.
También se ha dicho aquí que el miembro informante en la Cámara fue Oscar Parrilli. No voy a profundizar en esto. Simplemente quiero leer las dos o tres líneas con las cuales Parrilli cierra su discurso, intentando fundar lo que estaba presentando: "Vengo a concluir mi exposición expresando que venimos con toda la convicción...", utiliza la palabra "convicción", "...de que estamos transformando sustancialmente la economía Argentina. Los peronistas concurrimos a este recinto con la convicción..." -vuelve a utilizar el términos "convicción"- "...para hacerlo. Seguimos trabajando y pensando en nuestros trabajadores y en los humildes." Esto decía Parrilli el 24 de septiembre de 1992.
El 24 de noviembre de ese mismo año en la provincia de Santa Cruz se firmó el acta por la cual se establecía -para esto, cuando se habla de plata, ese gobierno era muy eficiente- cuánto tenía que recibir la provincia. La firmaban Menem, Cavallo, Néstor Kirchner y Julio de Vido. El 1º de diciembre, apenas días después, Santa Cruz ratificaba ese acta-acuerdo: firmaron Néstor Kirchner y Julio de Vido.
En 1993 -esto es algo que se olvidó de mencionar el diputado Rogel y lo agrego yo-, cuando se fijó el valor de las acciones en 19 dólares, absolutamente devaluadas, la provincia de Santa Cruz compró acciones YPF con el dinero que le había transferido por las regalías mal liquidadas en los años 1991-1992.
A esta altura uno se puede imaginar que la verdad era que se arrepintieron ahí nomás, que cometieron un error y que querían capitalizar nuevamente a la provincia porque su convicción era que la empresa debía estar en el patrimonio de los argentinos y debía defender nuestra soberanía.
Pero en 1999, cuando la acción pasó a costar 44 dólares, la provincia vendió las acciones. Se deshizo de su participación en ese momento, recibiendo una cifra aproximada de mil millones de dólares. Son los famosos fondos de la provincia de Santa Cruz, sobre los cuales mucho no podemos saber todavía qué es lo que ocurrió.
En el año 2006 se creó Enarsa, con este staff de hábiles ejecutivos de la provincia de Santa Cruz instalados en el gobierno de la Nación. Si uno recorre los argumentos dados en el momento de su creación, les puedo asegurar que son bastante parecidos a los que hoy se están esgrimiendo. Enarsa se creó para hacer lo que supuestamente hoy decimos que se va a hacer con la participación en YPF. Un gran fracaso y una agencia para participar de negocios paralelos.
En diciembre de 2007 la familia Kirchner facilitó -ahora sí, porque es obvio- el ingreso del grupo Petersen en YPF, y el 7 de diciembre de 2010 -hace muy poquito- en cadena nacional la presidenta de la Nación nos dijo a todos los argentinos lo bien que se está manejando la empresa argentinizada en ese momento.
Entre ese mensaje en cadena nacional y el 16 de abril de 2012 algo pasó que desembocó en el decreto de intervención y en el proyecto de ley de expropiación.
Esto nos permite afirmar sin temor a equivocarnos que la historia contemporánea de YPF es la historia de la familia Kirchner en el poder, primero en Santa Cruz y después en el gobierno de la Nación. Aquí no hay convicciones. A eso me referí al comienzo cuando dije que en esta sala sobrevolaba una cuota de hipocresía y una cuota de ingenuidad; no sé cuánto de cada una, pero no hay convicción, lo que hay es una espantosa necesidad de caja, una especulación extrema, que es palpable.
Y hay otra cosa que es todavía más grave: la estafa al corazón y al sentimiento de la gente, porque lo que hay es una asquerosa manipulación de los sentimientos nacionalistas de los argentinos. Se utiliza este tema apelando a los sentimientos más sagrados que toda Nación tiene -que son los de su bandera, los de su soberanía- solamente para capturar un flujo de caja circunstancial. Eso es mucho más grave aún.
En el fondo, ¿cuál va a ser el resultado? Podremos no compartirlo, pero es solo cuestión de tiempo. En este país es solo cuestión de esperar. Lo que va a haber es una mayor pérdida de reservas en el mediano y en el largo plazo, una mayor dependencia de la importación de combustibles, justamente porque habrá menos reservas. Esta solución no conduce a resolver el problema de fondo.
Hay un mayor sometimiento de las provincias a la Nación. Esto también es evidente. Tiran por letra muerta la ley de federalización de los hidrocarburos, y voy a explicar por qué.
Y, por supuesto, hay una profundización del modelo, de este modelo errático y sin rumbo que en materia energética este gobierno impulsa.
Se dieron algunos números, que recién el diputado Lozano repetía; y no es un tema menor, es importantísimo. Se decía, por ejemplo, que YPF implica un poco más del 30 por ciento del mercado de los hidrocarburos del país, y de ese 30 por ciento el Estado confisca la mitad. Por lo tanto, en términos reales estamos hablando de un 15 por ciento.
¿Alguien puede sanamente creer que el manejo de solo el 15 por ciento puede ser útil a los objetivos de la soberanía y de la nacionalización? Que alguien me explique qué significa soberanía con el pseudo-manejo de solo el 15 por ciento de los hidrocarburos. Es falso.
Hay que decir claramente que esto perjudica a los argentinos de hoy, y sobre todo a los argentinos del próximo tiempo. Solo tienen como objetivo la captura de los 5.600 millones de utilidades que obtuvo esta empresa en el ejercicio anterior para volcarlos estrictamente a la compra de combustibles en el exterior, con 13 o 14 mil millones necesarios para esa erogación. Van solamente a tapar un poco el agujero de la balanza energética comercial que ya hace mucho tiempo es negativa.
No habrá ni un centavo invertido en exploración por parte de esta empresa, porque el ciento por ciento de esas utilidades las utilizarán para tapar agujeros que les sirva para que en el año 2013, cuando haya nuevamente elecciones, digan que hay un poquito más de combustible en las estaciones de servicio. ¿A costa de qué? De abandonar prácticamente las inversiones en exploración, por parte de la compañía.
Lo que ha hecho el gobierno con esta iniciativa es comprar plazo. ¡Lo que ha hecho el gobierno con esto es comprar tiempo! Es darse dos o tres añitos más, intentando pagar la compra de combustible de mala calidad y caro en el exterior, para que ese punto de contacto entre el sistema energético y el ciudadano -que es la fila en la estación de servicio- desaparezca. Es estrictamente corto plazo.
Por lo tanto, también es propicio introducir una segunda cuestión. La discusión no es si la empresa debe ser pública o privada. No nos comamos el amague. Ese es el debate en el cual quiere meternos el gobierno. La discusión es si todos estamos de acuerdo o los argentinos quieren que esta empresa -que es la más importante del país- la manejen los mismos que han producido una de las mayores desinversiones en el sector energético en nuestra historia hidrocarburífera. Esa es la respuesta que tenemos que darnos.
No convalido -a pesar de que los comprendo y quiero ser respetuoso- la actitud de aquellos que dicen: "No, no, no" y cuando uno les pregunta cómo votan, contestan "sí". No es bueno eso, lo digo con respeto. Sé que cuesta mucho articular posiciones en los bloques. Comprendo eso y sé del esfuerzo que en muchos bloques se realiza para coincidir en una opinión única.
Lo que sugeriría, sin meterme en la política interna de los partidos, es que alteren el orden del planteo al Poder Ejecutivo y le digan: "Si me aprobás esto en el artículo 1°, te acompaño", "Si me aprobás esto en el artículo 2°, te acompaño", "Si me aprobás esto en el artículo 7°, te acompaño", "Si no me lo aprobás, no puedo acompañarte, porque lo que van a hacer con esta empresa es totalmente distinto de lo que quiero". Ese es un planteo razonable, serio y coherente sobre todo. Lo otro es lo que está pasando, nos están llevando como vacas al matadero. ¡A "Vaca Muerta"! Este creo que es un tema importante.
Se han utilizado algunos ejemplos como el de Petrobras, que es la espada de la política energética brasilera, con planes que no se han corrido ni un ápice en los últimos cuarenta o cincuenta años. Petrobras era ciento por ciento estatal y decidieron darle al sector privado para fondearse en las tareas de exploración, que son muy caras, un 49 por ciento. Siempre mantuvieron bajo su órbita el 51 por ciento más el 3 por ciento como se ha dicho, que es correcto, que sería el 54 por ciento en total. No han hecho a la inversa, como hemos hecho nosotros, en tan poco tiempo, porque en la historia de los hidrocarburos veinte años no es nada. No comparemos, para salvar los argumentos y los discursos, con lo que ha sucedido en Petrobras.
Esto me da pie para desmitificar un argumento que se suele utilizar muy a menudo. Dicen que el país ha tenido un problema en materia de hidrocarburos porque la economía ha crecido. Oímos esto en todos los canales de televisión. Es un país en crecimiento. Brasil también es una economía en crecimiento y tiene una economía interna diez veces superior a la nuestra. Ergo, tiene un consumo interno diez veces superior al nuestro. En ese mismo período hace tres años, por primera vez en su historia, Brasil conquista el autoabastecimiento, producto de una enorme cantidad de acciones extendidas en el largo plazo.
Una referencia puntual merece el tema provincial. Yo vengo de Mendoza, que es una provincia petrolera o con petróleo, que no es lo mismo.
Quiero alzar la voz en nombre de estas provincias porque esta acción las perjudica claramente. Es una acción o un proyecto extremadamente centralista, que da por tierra aquello a lo que en algún momento, con mucho énfasis, se le hizo hincapié cuando se sancionaba la ley de federalización.
En primer lugar, el 49 por ciento que supuestamente, de manera graciosa, se concede gratuitamente a las provincias, es mentiroso, porque del ciento por ciento sobre el cual el Estado se mete en el directorio -que es ese 51 por ciento que se expropia- el 51 por ciento lo mantiene el Estado nacional y el 49 se le cede, sin saber todavía cómo, ni de qué manera, ni a quiénes, a las provincias. Es un engañapichanga. Podría haber sido cualquier porcentaje por debajo del 49 por ciento, cualquiera, porque tramposamente -o inteligentemente para los objetivos del gobierno nacional- meten otra clausulita en el proyecto que es la sindicación de acciones, que dice que la opinión o la voluntad de la participación estatal debe ser única, ya que las acciones por 50 años deben estar sindicadas. Esto significa que no puede haber opiniones divergentes. Esto significa que, por ejemplo, cuando la provincia de Mendoza en algún momento diga: "Che, me están jodiendo. Esto no me sirve. Ha pasado un tiempo y lo que me dijeron que iba a pasar no está pasando.", lo que haya que hacer sea votar entre los tenedores de las acciones públicas y la voluntad que se impone es la de la mayoría. Y, ¿quién tiene la mayoría? El Estado nacional con el 51 por ciento del 51 por ciento que estamos expropiando. Entonces también hay que decir esto: no sólo no es federal sino que atenta contra el federalismo; es absolutamente unitario este proyecto.
Hay una cuestión más. Si lo que estamos diciendo es que hay un problema de caja -central en el gobierno nacional- y yo creo que lo único que quiere el gobierno es hacerse de la caja, -puedo estar equivocado, lo admito- ¿ustedes se creen que van a pagar en tiempo y forma las regalías petrolíferas de la empresa a las distintas provincias? Van a ser los primeros fondos que van a manotear. Y se lo van a cambiar por algún bonito, o lo van a ir pedaleando. A la provincia de Mendoza hace seis meses que no le llegan los fondos de la soja.
Cuando hay necesidad de caja, hay necesidad de caja y las prioridades de la Nación son distintas a las prioridades de las provincias. Las inversiones concretas de YPF, ¿ustedes creen que van a venir? ¿Ustedes creen que cuando hay necesidades de caja van a ampliar alguna infraestructura? No. Van a ir al mismo objetivo. Por lo tanto, las inversiones que supuestamente deberían ir a las provincias creo -espero equivocarme- van a caer.
También van a decaer los controles ambientales, porque nadie se auto-incrimina, nadie se auto-manda preso. Y cuando exista algún pasivo ambiental importante producto de esta empresa, lo primero que van a hacer es echarle la culpa a cualquiera y mirar para otro lado, porque lo cierto es que si el propio Estado se auto-controla, obviamente que los responsables van a ser los funcionarios.
Lo último, y vinculado con el tema federal, es que ya hemos visto cómo algunos gobernadores están diciendo que ahora le van a devolver las áreas a YPF. Esto es muy grave. ¿Ni siquiera se les ocurrió, al menos, "ficcionar" un proceso licitatorio, como se dijo hace quince días que se iba a hacer? El gobernador de Neuquén ha dicho con algún temor hace algunas horas -seguramente le llegue alguna represalia-, que está difícil en su caso porque ya disparó el proceso licitatorio. Entonces se le va a complicar ahora, entre gallos y medianoche, volver a revertírselas en forma directa sin ningún tipo de proceso a esta empresa, cuyo 49 por ciento sigue siendo privado. Eso hay que aclararlo.
Termino diciendo que no es éste el camino, no es éste el camino para nacionalizar YPF; no es éste el camino para que el país encuentre el horizonte de reservas que necesita.
Esto es tan sólo un atajo impregnado de especulación; un atajo absolutamente errático y, como decíamos recién, para colmo se utiliza para manipular con falsos nacionalismos a la opinión pública.
Hagan lo que quieran. Esto se va a votar la semana que viene. Voten como quieran. Lo único que les pido es que no lo hagan en nombre de la soberanía ni de la patria, y mucho menos, en nombre del pueblo. Háganlo en nombre de ustedes y háganse cargo.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.
SR. ALFONSÍN Señora presidenta: procuraré ser breve pero no del todo como seguramente les gustaría a mis colegas.
Con ese propósito voy a abstenerme de formular consideraciones muy críticas con relación al oficialismo, a lo que se hizo en la década del 90 y a las decisiones y los hechos que nos llevaron a esta situación.
Nosotros tenemos un proyecto alternativo que, por razones de técnica legislativa, quizá se tenga que plantear de otra manera. Coincidimos con el proyecto del oficialismo en cuanto a la necesidad de recuperar la propiedad estatal de YPF.
Yo también iría por algo más. En términos de porcentaje dimos la discusión en mi partido. Como soy democrático, por ahora se pensó que lo mejor era mantener estos niveles en la estatización en los términos del porcentaje accionario. Por supuesto, acato las decisiones como corresponde en cualquier colectivo.
Tenemos otras propuestas. Más allá de esta coincidencia tenemos diferencias en el resto del articulado. Creemos que nuestro proyecto es mucho más seguro en términos de gestión, incluso para el conjunto de los argentinos. Desde nuestro punto de vista es mucho más racional.
No voy a explicar el contenido de los artículos que me permiten afirmar esto porque voy a dejar que sobre el particular se expidan otros compañeros aquí o en el recinto.
Quiero explicar por qué nosotros vamos a votar y por qué vamos a acompañar sosteniendo la necesidad de que el Estado -no un gobierno- recupere la propiedad de los recursos naturales o de parte de ellos.
En primer lugar, quiero referirme a alguna consideración que se hizo respecto de nuestra posición cuando se afirmaba que estábamos siguiendo encuestas.
Se trata de un recurso bastante conocido el que consiste en apelar o atribuirle al que discrepa una razón subalterna para poder criticarlo con más facilidad.
En realidad, descreo bastante de las encuestas y lo he dicho en varias ocasiones. Mejor dicho: no descreo de la tecnología sino del uso que se hace de esa tecnología sobre todo cuando la encarga un partido, un gobierno u otra institución que tiene interés en el resultado de una encuesta.
Más que mecanismos para ocultar la opinión de la gente, se trata de mecanismos -entre otros- para formar la opinión de la gente. Me refiero a la publicación y la difusión de los resultados. No creo en las encuestas.
Por otro lado, hay que ver si son ciertas las encuestas. Sólo por deshonestidad intelectual o prejuicio se puede decir que nuestra posición tiene que ver con el estado de la opinión pública.
Nosotros siempre hemos sostenido la idea de que el Estado debe poseer la propiedad o, por lo menos, una parte importante de ella con relación a los recursos naturales, en particular el gas, petróleo o a todos aquellos que provean energía.
Si la sociedad coincide con nosotros, bienvenido sea. En otros tiempos no lo hizo; en la década del noventa, por ejemplo, no coincidió con nosotros. En aquel entonces manifestamos nuestra oposición.
También lo hicimos en los años ochenta. Me gustaría, no de parte del oficialismo sino de algunos partidos que dicen tener un apoyo crítico, que alguna vez se reconozca que las mismas presiones ejercidas para privatizar YPF, el sistema ferroviario, el gas y el agua, y abrir la economía, se dieron en la década del ochenta. Sin embargo, el gobierno resistió en el marco de un contexto económico también muy complejo heredado de la dictadura militar.
Resistimos y resistimos, pero no hicimos lo que después se hizo durante los años noventa. Seguramente, en aquel entonces pensaron que era lo mejor; no voy a juzgar de otra manera la intención de quienes en su momento promovieron la enajenación de los activos del Estado.
¿Por qué votamos? Por las encuestas no, señora presidenta. Quiero aprovechar la ocasión para hacer un comentario, porque hay una situación que en verdad me fastidia y no tengo muchas oportunidades para responder ante ciertos argumentos.
Afirmamos que nuestro voto será por principios, por convicción y por historia. ¿Sabe qué me fastidia, señora presidenta? Que cuando decimos esto nos miran con cierto tono suficiente, burlón y socarrón; nos miran como diciendo: "¡Mirá a los radicales apelando a la historia, los principios y la convicción!" Creen que una decisión en este sentido prueba que los radicales somos incapaces o tenemos alguna dificultad singular para adaptarnos a los tiempos modernos o a los cambios que se producen en el mundo.
No entienden; mejor dicho, se hacen los que no entienden. En realidad, ni siquiera saben cuál es el principio, cuál es la convicción y en qué consiste la apelación a la historia.
Para nosotros, la idea de que el petróleo y el gas deben ser propiedad del Estado nacional no es un principio. En todo caso, es un instrumento o una convicción. No tiene en sí misma carácter principista sino que es de naturaleza instrumental.
Entonces, ¿cuál es el principio? La idea de que el Estado debe promover y defender el interés general. Esto sí es un principio. En cambio, la convicción es que la propiedad de los recursos energéticos facilita al Estado la tarea de cumplir con su cometido.
Este principio y esta convicción nos han acompañado a lo largo de la historia. Hoy, seguimos pensando igual.
A quienes nos miran con tono suficiente y socarrón, les respondo que la historia nos ha dado la razón. Al decir esto pienso no sólo en los problemas bélicos contemporáneos o recientes sino también en tantos conflictos que tuvieron lugar a lo largo de la historia. El bombardeo a Pearl Harbor, por ejemplo, se produjo porque Japón veía limitada su provisión de petróleo.
A esto debemos agregar que en más del 90 por ciento de los países con recursos naturales, el Estado nacional es propietario de ellos ya sea en forma total o parcial. Entonces, quienes nos miran con tono suficiente dejen de hacerlo, porque al parecer la mayoría de los países del mundo comparten nuestra visión principista y la convicción de que los recursos naturales facilitan al Estado la tarea de cumplir con su deber fundamental: promover el interés general.
Algunos sostienen que el Estado no contribuye a promover el interés general porque es parte del problema. Creen que la mejor manera de defender el interés general es permitir que cada uno ampare libremente sus intereses particulares.
Esto está escrito; no estoy inventando. Cualquiera que lea un poco acerca del pensamiento liberal, puede encontrar muchísimas opiniones en ese sentido: la mejor manera de defender el interés general es dejar que cada uno defienda libremente sus intereses particulares.
O sea, cuanto menos Estado, mejor. Es la mano invisible del mercado la que resuelve los conflictos. Además, pretenden que esta afirmación tenga carácter científico y no ideológica cuando toda la experiencia histórica demuestra que nada tiene que ver la realidad con esa idea.
Yo entiendo a quienes piensan así y los respeto, pero respétennos a nosotros. No nos atribuyan intenciones "encuestistas". Es como si yo atribuyera intereses corporativos a quienes piensan diferente; sinceramente, no lo hago.
Algunos realmente creen que la mejor manera de resolver los problemas es, como dicen los filósofos, a través del egoísmo virtuoso o la mano invisible. Es decir, aunque no se lo propongan resuelve los problemas mejor que la política.
Los que piensan así se van a oponer a una decisión de esta naturaleza. Pero no se van a oponer a una decisión así porque esta es una mala gestión. Desde mi punto de vista, es una mala gestión y, en particular, con el tema de la energía. Creo que en el fondo todos lo reconocían. No se van a oponer por eso. Se opondrían con cualquier gobierno y aunque fuera otro gobierno.
La razón por la que se opone no tiene que ver con que les despierta desconfianza la actual gestión. ¿Saben qué es lo que les despierta desconfianza? El Estado. La política les despierta desconfianza.
Entonces, los errores cometidos y los desatinos realizados por este gobierno en materia energética son nada más que una excusa o en todo caso una razón más para oponerse a la estatización. Y en el fondo es una cuestión ideológica.
O sea, piensan que el Estado es un problema y que hay que reducirlo. Sostienen que dar al Estado la propiedad de los recursos energéticos significa darle mucho poder para influir en la economía. Esta es la explicación acerca de por qué tomamos esta decisión.
Algunos nos dicen: "¿Por qué votan si piensan que la actual gestión no es buena sino mala? ¿Por qué votan?" Ya se ha dicho. Le estamos transfiriendo al Estado y no sé si podremos contar con otra ocasión en la que tantas fuerzas políticas y una proporción importante de la sociedad están dispuestas a acompañar una iniciativa de esta naturaleza. Acompañamos porque creemos que esto es lo mejor para el Estado.
Por otra parte, nuestra alternativa o propuesta no es la misma que la del gobierno. Si se aceptaran algunos cambios podríamos mejorar sustancialmente y dar más tranquilidad al conjunto de los argentinos respecto de la forma en que será gestionada YPF hacia delante.
Algunos dicen que con YPF no vamos a lograr el autoabastecimiento. ¿Y si seguimos como estamos vamos a lograr el autoabastecimiento? Como si el hecho de seguir como estamos nos garantizara lograr el autoabastecimiento.
¿Quiénes fueron los que nos llevaron a esta situación? Estamos tomando una decisión porque se ha producido una situación que ha generado una suerte de crisis energética que tiene que ser resuelta.
Si continuáramos con este esquema, o sea con el statu quo, ¿nos garantiza que vamos a resolver rápidamente el autoabastecimiento? No, porque seguramente vamos a tardar más de siete años, en el mejor de los casos, en resolver la cuestión.
¿Me da más garantía Repsol? ¿Saben cuánto valía Repsol en el año 1998? Lo mismo que Petrobras: 18 mil millones de dólares, en números redondos. ¿Saben cuánto vale hoy Repsol-YPF? Si tomáramos los valores que dicen ellos -que no creo que se aproximen- son 14 ó 15 mil millones de dólares.
¿Saben cuánto vale hoy Petrobras? Vale 280 mil millones de dólares. ¡Miren qué empresas diferentes! ¡Miren qué desarrollo ha tenido Petrobras y qué desarrollo ha tenido Repsol!
Leí el otro día que a algunos les da vergüenza el gesto ingrato que tenemos con España. ¿Saben qué me da vergüenza a mí? Sinceramente, me da vergüenza imaginar qué pensarán los españoles -por lo menos los empresarios, los políticos o los españoles en general que estén informados- de los argentinos, que fuimos capaces de asistir pasivamente al vaciamiento de la empresa, que ha protagonizado Repsol. Y no sólo hay que revisar lo que ha pasado con Repsol sino también con las otras empresas. Entonces, Repsol ni el actual esquema me dan más garantías.
Por otro lado, el hecho de que pertenezca al sector público nos permitirá ser más eficientes en la oposición desde el punto de vista de los controles.
Algunos dirán: "Comprendo que estés de acuerdo con la estatización en esta proporción, pero dejá que cambie el gobierno". La verdad es que ese planteo es medio extraño. Supongamos que mañana un partido político presenta un proyecto de ley para privatizar el Banco Nación, y como no me gusta cómo lo administra el gobierno, tengo que aceptar la privatización. Y después, cuando nosotros ganamos las elecciones, como creo que el Banco Nación debe estar en manos del Estado, propongo la estatización. Y si después ganan los otros, porque hay encuestas que dicen que pueden ganar los que habían gobernado antes, promuevo de nuevo la privatización. Así vamos a estar en la Argentina.
¡Seamos serios! Nosotros no estamos haciendo una entrega al Estado, y será la sociedad la que juzgará cómo se comporta el Estado, junto con la oposición, que ejercerá los controles. Serán los argentinos los que tendrán que hacer el juicio acerca de cómo se comporta el gobierno, con esta oportunidad que le está brindando toda la oposición, de hacer las cosas como corresponde de aquí en adelante, votando a favor de este proyecto de ley.
Esas son las razones por las cuales nosotros acompañamos, y en el recinto agregaremos otras consideraciones.
Con ese propósito voy a abstenerme de formular consideraciones muy críticas con relación al oficialismo, a lo que se hizo en la década del 90 y a las decisiones y los hechos que nos llevaron a esta situación.
Nosotros tenemos un proyecto alternativo que, por razones de técnica legislativa, quizá se tenga que plantear de otra manera. Coincidimos con el proyecto del oficialismo en cuanto a la necesidad de recuperar la propiedad estatal de YPF.
Yo también iría por algo más. En términos de porcentaje dimos la discusión en mi partido. Como soy democrático, por ahora se pensó que lo mejor era mantener estos niveles en la estatización en los términos del porcentaje accionario. Por supuesto, acato las decisiones como corresponde en cualquier colectivo.
Tenemos otras propuestas. Más allá de esta coincidencia tenemos diferencias en el resto del articulado. Creemos que nuestro proyecto es mucho más seguro en términos de gestión, incluso para el conjunto de los argentinos. Desde nuestro punto de vista es mucho más racional.
No voy a explicar el contenido de los artículos que me permiten afirmar esto porque voy a dejar que sobre el particular se expidan otros compañeros aquí o en el recinto.
Quiero explicar por qué nosotros vamos a votar y por qué vamos a acompañar sosteniendo la necesidad de que el Estado -no un gobierno- recupere la propiedad de los recursos naturales o de parte de ellos.
En primer lugar, quiero referirme a alguna consideración que se hizo respecto de nuestra posición cuando se afirmaba que estábamos siguiendo encuestas.
Se trata de un recurso bastante conocido el que consiste en apelar o atribuirle al que discrepa una razón subalterna para poder criticarlo con más facilidad.
En realidad, descreo bastante de las encuestas y lo he dicho en varias ocasiones. Mejor dicho: no descreo de la tecnología sino del uso que se hace de esa tecnología sobre todo cuando la encarga un partido, un gobierno u otra institución que tiene interés en el resultado de una encuesta.
Más que mecanismos para ocultar la opinión de la gente, se trata de mecanismos -entre otros- para formar la opinión de la gente. Me refiero a la publicación y la difusión de los resultados. No creo en las encuestas.
Por otro lado, hay que ver si son ciertas las encuestas. Sólo por deshonestidad intelectual o prejuicio se puede decir que nuestra posición tiene que ver con el estado de la opinión pública.
Nosotros siempre hemos sostenido la idea de que el Estado debe poseer la propiedad o, por lo menos, una parte importante de ella con relación a los recursos naturales, en particular el gas, petróleo o a todos aquellos que provean energía.
Si la sociedad coincide con nosotros, bienvenido sea. En otros tiempos no lo hizo; en la década del noventa, por ejemplo, no coincidió con nosotros. En aquel entonces manifestamos nuestra oposición.
También lo hicimos en los años ochenta. Me gustaría, no de parte del oficialismo sino de algunos partidos que dicen tener un apoyo crítico, que alguna vez se reconozca que las mismas presiones ejercidas para privatizar YPF, el sistema ferroviario, el gas y el agua, y abrir la economía, se dieron en la década del ochenta. Sin embargo, el gobierno resistió en el marco de un contexto económico también muy complejo heredado de la dictadura militar.
Resistimos y resistimos, pero no hicimos lo que después se hizo durante los años noventa. Seguramente, en aquel entonces pensaron que era lo mejor; no voy a juzgar de otra manera la intención de quienes en su momento promovieron la enajenación de los activos del Estado.
¿Por qué votamos? Por las encuestas no, señora presidenta. Quiero aprovechar la ocasión para hacer un comentario, porque hay una situación que en verdad me fastidia y no tengo muchas oportunidades para responder ante ciertos argumentos.
Afirmamos que nuestro voto será por principios, por convicción y por historia. ¿Sabe qué me fastidia, señora presidenta? Que cuando decimos esto nos miran con cierto tono suficiente, burlón y socarrón; nos miran como diciendo: "¡Mirá a los radicales apelando a la historia, los principios y la convicción!" Creen que una decisión en este sentido prueba que los radicales somos incapaces o tenemos alguna dificultad singular para adaptarnos a los tiempos modernos o a los cambios que se producen en el mundo.
No entienden; mejor dicho, se hacen los que no entienden. En realidad, ni siquiera saben cuál es el principio, cuál es la convicción y en qué consiste la apelación a la historia.
Para nosotros, la idea de que el petróleo y el gas deben ser propiedad del Estado nacional no es un principio. En todo caso, es un instrumento o una convicción. No tiene en sí misma carácter principista sino que es de naturaleza instrumental.
Entonces, ¿cuál es el principio? La idea de que el Estado debe promover y defender el interés general. Esto sí es un principio. En cambio, la convicción es que la propiedad de los recursos energéticos facilita al Estado la tarea de cumplir con su cometido.
Este principio y esta convicción nos han acompañado a lo largo de la historia. Hoy, seguimos pensando igual.
A quienes nos miran con tono suficiente y socarrón, les respondo que la historia nos ha dado la razón. Al decir esto pienso no sólo en los problemas bélicos contemporáneos o recientes sino también en tantos conflictos que tuvieron lugar a lo largo de la historia. El bombardeo a Pearl Harbor, por ejemplo, se produjo porque Japón veía limitada su provisión de petróleo.
A esto debemos agregar que en más del 90 por ciento de los países con recursos naturales, el Estado nacional es propietario de ellos ya sea en forma total o parcial. Entonces, quienes nos miran con tono suficiente dejen de hacerlo, porque al parecer la mayoría de los países del mundo comparten nuestra visión principista y la convicción de que los recursos naturales facilitan al Estado la tarea de cumplir con su deber fundamental: promover el interés general.
Algunos sostienen que el Estado no contribuye a promover el interés general porque es parte del problema. Creen que la mejor manera de defender el interés general es permitir que cada uno ampare libremente sus intereses particulares.
Esto está escrito; no estoy inventando. Cualquiera que lea un poco acerca del pensamiento liberal, puede encontrar muchísimas opiniones en ese sentido: la mejor manera de defender el interés general es dejar que cada uno defienda libremente sus intereses particulares.
O sea, cuanto menos Estado, mejor. Es la mano invisible del mercado la que resuelve los conflictos. Además, pretenden que esta afirmación tenga carácter científico y no ideológica cuando toda la experiencia histórica demuestra que nada tiene que ver la realidad con esa idea.
Yo entiendo a quienes piensan así y los respeto, pero respétennos a nosotros. No nos atribuyan intenciones "encuestistas". Es como si yo atribuyera intereses corporativos a quienes piensan diferente; sinceramente, no lo hago.
Algunos realmente creen que la mejor manera de resolver los problemas es, como dicen los filósofos, a través del egoísmo virtuoso o la mano invisible. Es decir, aunque no se lo propongan resuelve los problemas mejor que la política.
Los que piensan así se van a oponer a una decisión de esta naturaleza. Pero no se van a oponer a una decisión así porque esta es una mala gestión. Desde mi punto de vista, es una mala gestión y, en particular, con el tema de la energía. Creo que en el fondo todos lo reconocían. No se van a oponer por eso. Se opondrían con cualquier gobierno y aunque fuera otro gobierno.
La razón por la que se opone no tiene que ver con que les despierta desconfianza la actual gestión. ¿Saben qué es lo que les despierta desconfianza? El Estado. La política les despierta desconfianza.
Entonces, los errores cometidos y los desatinos realizados por este gobierno en materia energética son nada más que una excusa o en todo caso una razón más para oponerse a la estatización. Y en el fondo es una cuestión ideológica.
O sea, piensan que el Estado es un problema y que hay que reducirlo. Sostienen que dar al Estado la propiedad de los recursos energéticos significa darle mucho poder para influir en la economía. Esta es la explicación acerca de por qué tomamos esta decisión.
Algunos nos dicen: "¿Por qué votan si piensan que la actual gestión no es buena sino mala? ¿Por qué votan?" Ya se ha dicho. Le estamos transfiriendo al Estado y no sé si podremos contar con otra ocasión en la que tantas fuerzas políticas y una proporción importante de la sociedad están dispuestas a acompañar una iniciativa de esta naturaleza. Acompañamos porque creemos que esto es lo mejor para el Estado.
Por otra parte, nuestra alternativa o propuesta no es la misma que la del gobierno. Si se aceptaran algunos cambios podríamos mejorar sustancialmente y dar más tranquilidad al conjunto de los argentinos respecto de la forma en que será gestionada YPF hacia delante.
Algunos dicen que con YPF no vamos a lograr el autoabastecimiento. ¿Y si seguimos como estamos vamos a lograr el autoabastecimiento? Como si el hecho de seguir como estamos nos garantizara lograr el autoabastecimiento.
¿Quiénes fueron los que nos llevaron a esta situación? Estamos tomando una decisión porque se ha producido una situación que ha generado una suerte de crisis energética que tiene que ser resuelta.
Si continuáramos con este esquema, o sea con el statu quo, ¿nos garantiza que vamos a resolver rápidamente el autoabastecimiento? No, porque seguramente vamos a tardar más de siete años, en el mejor de los casos, en resolver la cuestión.
¿Me da más garantía Repsol? ¿Saben cuánto valía Repsol en el año 1998? Lo mismo que Petrobras: 18 mil millones de dólares, en números redondos. ¿Saben cuánto vale hoy Repsol-YPF? Si tomáramos los valores que dicen ellos -que no creo que se aproximen- son 14 ó 15 mil millones de dólares.
¿Saben cuánto vale hoy Petrobras? Vale 280 mil millones de dólares. ¡Miren qué empresas diferentes! ¡Miren qué desarrollo ha tenido Petrobras y qué desarrollo ha tenido Repsol!
Leí el otro día que a algunos les da vergüenza el gesto ingrato que tenemos con España. ¿Saben qué me da vergüenza a mí? Sinceramente, me da vergüenza imaginar qué pensarán los españoles -por lo menos los empresarios, los políticos o los españoles en general que estén informados- de los argentinos, que fuimos capaces de asistir pasivamente al vaciamiento de la empresa, que ha protagonizado Repsol. Y no sólo hay que revisar lo que ha pasado con Repsol sino también con las otras empresas. Entonces, Repsol ni el actual esquema me dan más garantías.
Por otro lado, el hecho de que pertenezca al sector público nos permitirá ser más eficientes en la oposición desde el punto de vista de los controles.
Algunos dirán: "Comprendo que estés de acuerdo con la estatización en esta proporción, pero dejá que cambie el gobierno". La verdad es que ese planteo es medio extraño. Supongamos que mañana un partido político presenta un proyecto de ley para privatizar el Banco Nación, y como no me gusta cómo lo administra el gobierno, tengo que aceptar la privatización. Y después, cuando nosotros ganamos las elecciones, como creo que el Banco Nación debe estar en manos del Estado, propongo la estatización. Y si después ganan los otros, porque hay encuestas que dicen que pueden ganar los que habían gobernado antes, promuevo de nuevo la privatización. Así vamos a estar en la Argentina.
¡Seamos serios! Nosotros no estamos haciendo una entrega al Estado, y será la sociedad la que juzgará cómo se comporta el Estado, junto con la oposición, que ejercerá los controles. Serán los argentinos los que tendrán que hacer el juicio acerca de cómo se comporta el gobierno, con esta oportunidad que le está brindando toda la oposición, de hacer las cosas como corresponde de aquí en adelante, votando a favor de este proyecto de ley.
Esas son las razones por las cuales nosotros acompañamos, y en el recinto agregaremos otras consideraciones.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Comi.
SR. COMI Señora presidenta: quiero referirme al tema en cuestión, dividiendo el debate en dos momentos que necesariamente debemos abordar y que tienen que ver con la problemática total. Uno es hasta el miércoles que viene, o hasta el día en que la presidenta de la Nación envió el mensaje a este Congreso y lo hizo público, y otra es de aquí hacia adelante, en la decisión que este Congreso de la Nación va a tomar.
La Coalición Cívica es muy crítica con todo el proceso político, en particular con la política de energía de este gobierno, que nos ha llevado al punto en que estamos, a esta fenomenal transferencia de recursos del presupuesto nacional. Quizás éste sea el camino, pero todo pareciera indicar que va a pasar algún tiempo hasta poder hacer frente a la demanda de energía, cuando años atrás esto no ocurría.
Otro aspecto tiene que ver con determinar, a partir de esta situación, quiénes son los responsables, y la verdad es que para caracterizar la situación pudimos haber hecho alguna reconstrucción del pasado, pudimos haber pedido informes o hacer algún tipo de denuncia. Pero hay dos elementos que son centrales en la caracterización de lo que ha ocurrido, especialmente en los últimos ocho o nueve años, porque es el período que se ha delimitado por casualidad -porque no creo que haya sido la intención de quienes así lo hicieron-, tanto en el discurso de la presidenta de la República a la Nación como en el mensaje del Ejecutivo que llegó al Senado de la Nación.
Allí se habla con todas las letras de un proceso de vaciamiento por parte de Repsol, de la fabulosa transferencia de ganancias efectuada por dicha empresa a su casa matriz y de los socios incorporados en la argentinización -entre comillas- de YPF para que Eskenazi pudiera pagar.
No abundaré en estas cuestiones porque son bien conocidas por la sociedad y mucho más por los señores legisladores.
El mensaje que acompaña el proyecto enviado al Congreso de la Nación se refiere al "progresivo proceso de desmantelamiento y vaciamiento", a la "estrategia de carácter predatorio" y a la clara responsabilidad de Repsol en la reducción de los volúmenes de producción. Las cifras que cita el propio mensaje son contundentes; seguramente todos los señores diputados han visto los distintos gráficos que explican lo que se producía, lo que se produce, lo que se extraía y lo que se extrae.
De ninguna de las conductas mencionadas podemos hablar ligeramente, máxime cuando se vinculan con la primera magistratura de la Nación; es decir con la Presidencia de la República, con un ministro o con el representante del gobierno en el directorio de Repsol. Me refiero concretamente al maestro -entre comillas- Baratta y a tantos otros funcionarios.
Es la Justicia quien debe delimitar las responsabilidades. Por eso esta mañana, junto con el señor diputado Piemonte, nos presentamos ante los tribunales. Si bien lo hicimos acompañados de algunas pruebas propias, pusimos fundamentalmente a disposición del fiscal de turno no sólo el mensaje sino también las declaraciones, afirmaciones y comentarios de todos los ministros del gabinete nacional, para que sea la Justicia quien determine qué grado de responsabilidad le cabe a la Presidencia de la República y al último funcionario actuante, y se apliquen las sanciones correspondientes.
Todavía creemos en una república de iguales, y pensamos que es la Justicia quien debe decir qué tan iguales somos frente a la ley en función de nuestros actos.
Respecto de lo que ocurrió antes, haré una breve referencia porque el pueblo sabe quiénes privatizaron la empresa y también que muchos de los que apoyaron aquel proceso hoy son los primeros estatistas. A algunos logro entenderlos un poco más cuando analizo la cuestión desde el punto de vista político; pero otros, realmente me causan rechazo cuando los veo reírse de los demás y pasearse con tanta altanería. Personajes que son simpáticos cuando uno los conoce en este ámbito, pero que en el fondo dan vergüenza.
La sociedad sabe todo esto. Esa misma sociedad, y ésta es una consideración personal -en todo caso, acompañada por el señor diputado Piemonte-, analiza la cuestión con sentido común. Para ella importa no lo que pasó sino lo que va a pasar.
Para nosotros -en mi caso provengo del radicalismo, donde milité durante gran parte de mi vida, mientras que los orígenes del señor diputado Piemonte están en otro partido nacional-, al igual que a distinguidísimos colegas que pronunciaron discursos inolvidables, entre ellos el señor diputado Solanas, nos resulta absolutamente imposible pronunciarnos en contra de la recuperación del paquete accionario porque siempre consideramos que, en términos económicos, la peor infamia para la democracia argentina fue la privatización de YPF. Si creemos que la peor postal del Congreso de la Nación es la de aquella noche en que muchos se abrazaban y lloraban de alegría porque habían vendido YPF, ¿cómo vamos a votar en contra de la recuperación del paquete accionario?
Ello, aún con todas las diferencias que he expresado y que son públicas. Pero la verdad -y alguno podrá descalificar o poner algún aditivo a lo nacional, aunque no quiero polemizar con otros legisladores-, lo emparento con la cuestión Malvinas. También hace poco, en un debate similar a éste, a pesar de nuestras diferencias, la causa de Malvinas nos encontró en el mismo punto.
Nosotros vamos a acompañar el dictamen en general, centralmente el artículo 1°, y la decisión que sería casi un "nunca más", porque si dos tercios de los legisladores argentinos dan vuelta esta medida, habrá que hacer muchos seminarios sobre este país. Pero vamos a votar favorablemente este proyecto, y junto con el diputado Piemonte, vamos a presentar -no con mucha expectativa, porque estos debates son así- algunas propuestas que ahora o más adelante debieran ser incorporadas para que este sea un cambio profundo, irreversible y que traiga una mejora en serio de nuestra capacidad como país en relación con nuestra matriz energética y el futuro.
En el artículo 2° vamos a sugerir la incorporación de un Programa Nacional de Abastecimiento Hidrocarburífero definido por este Congreso de la Nación en una ley complementaria, para que más allá de que ahora recuperemos la empresa veamos cómo hacemos para garantizar ese autoabastecimiento, y de qué modo, en el sentido de las formas de producción.
En el artículo 3° vamos a proponer la adopción, en todas las fases -extracción, elaboración, exploración-, de los mejores patrones medioambientales existentes, y la obligación de restablecer la situación, en términos ambientales, lo más parecido posible a la circunstancia anterior. Esto se exige a estas empresas en otros lugares del mundo. Sin embargo, el mensaje no tiene una sola palabra en relación con el cuidado ambiental.
Creemos que en el consejo mencionado en el artículo 4° debe incorporarse una representación parlamentaria, de forma tal que las minorías aquí presentes también puedan ser parte de este debate. A su vez, damos a cada uno de los integrantes de ese consejo la posibilidad de revisar todo lo actuado. Ya la tienen, en función de lo establecido por el Código Procesal Penal de la Nación, pero también se la vamos a dar expresamente en nuestra propuesta, para estar allí y poder analizar si hubo vaciamiento, desmantelamiento, si esa estrategia predadora de los recursos naturales y esa remisión descontrolada de utilidades tuvo responsabilidades, con la obligación de denunciarlo a la Justicia.
Nos parece que la elección de los directores en representación del Estado nacional -tema a ser imitado por las provincias- debería hacerse con el mismo método que se inauguró felizmente, a partir de la renovación de la Corte Suprema de Justicia, es decir que sean ciudadanos que estén auscultados, que puedan presentarse a oposiciones, que la sociedad pueda participar, y que además tengan claros antecedentes en la materia, es decir que no sea éste el lugar donde algún reciclado va a cobrar unos buenos honorarios.
Con todos estos argumentos y mirando hacia adelante, con las reservas que tenemos y la decisión -que hoy renovamos- de que la Justicia mida cada uno de nuestros actos -en las palabras y en el texto que llegó a este Congreso había casi una autoincriminación de quienes conforman el gobierno por todo lo que ha ocurrido y por tener la responsabilidad de controlar-, junto con el diputado Piemonte tomamos la decisión de avanzar y de acompañar esta propuesta.
Es difícil mirar esto en relación a 2013 o 2015, si ése es el análisis que algunos legisladores puedan hacer.
Nosotros estamos aquí y tenemos la responsabilidad de pensar y diseñar el país para las generaciones futuras, para los argentinos que no vamos a conocer, para los argentinos de 2030 o 2050. Sin duda, cuando este Congreso sancione esta ley el próximo miércoles vamos a estar dando un paso positivo hacia ellos.
Esa es nuestra más íntima convicción. Hacia atrás está basado en lo que creímos toda la vida y las banderas que siempre hemos defendido. Hacia delante debemos pensar no en la pelea de hoy -que es importante y legítima- pues la sociedad dirá qué camino elegirá el año que viene o en 2015.
Hoy estamos representando, en forma implícita, a argentinos que no vamos a conocer dentro de 20, 30 o 50 años. En esta decisión veremos cómo termina la historia en función de la responsabilidad de los que la ejecuten.
Concretamente, a través de la decisión que tome el Congreso de la Nación estamos recuperando el control y dominio de un activo absolutamente estratégico para el futuro cercano y las generaciones que vienen.
La Coalición Cívica es muy crítica con todo el proceso político, en particular con la política de energía de este gobierno, que nos ha llevado al punto en que estamos, a esta fenomenal transferencia de recursos del presupuesto nacional. Quizás éste sea el camino, pero todo pareciera indicar que va a pasar algún tiempo hasta poder hacer frente a la demanda de energía, cuando años atrás esto no ocurría.
Otro aspecto tiene que ver con determinar, a partir de esta situación, quiénes son los responsables, y la verdad es que para caracterizar la situación pudimos haber hecho alguna reconstrucción del pasado, pudimos haber pedido informes o hacer algún tipo de denuncia. Pero hay dos elementos que son centrales en la caracterización de lo que ha ocurrido, especialmente en los últimos ocho o nueve años, porque es el período que se ha delimitado por casualidad -porque no creo que haya sido la intención de quienes así lo hicieron-, tanto en el discurso de la presidenta de la República a la Nación como en el mensaje del Ejecutivo que llegó al Senado de la Nación.
Allí se habla con todas las letras de un proceso de vaciamiento por parte de Repsol, de la fabulosa transferencia de ganancias efectuada por dicha empresa a su casa matriz y de los socios incorporados en la argentinización -entre comillas- de YPF para que Eskenazi pudiera pagar.
No abundaré en estas cuestiones porque son bien conocidas por la sociedad y mucho más por los señores legisladores.
El mensaje que acompaña el proyecto enviado al Congreso de la Nación se refiere al "progresivo proceso de desmantelamiento y vaciamiento", a la "estrategia de carácter predatorio" y a la clara responsabilidad de Repsol en la reducción de los volúmenes de producción. Las cifras que cita el propio mensaje son contundentes; seguramente todos los señores diputados han visto los distintos gráficos que explican lo que se producía, lo que se produce, lo que se extraía y lo que se extrae.
De ninguna de las conductas mencionadas podemos hablar ligeramente, máxime cuando se vinculan con la primera magistratura de la Nación; es decir con la Presidencia de la República, con un ministro o con el representante del gobierno en el directorio de Repsol. Me refiero concretamente al maestro -entre comillas- Baratta y a tantos otros funcionarios.
Es la Justicia quien debe delimitar las responsabilidades. Por eso esta mañana, junto con el señor diputado Piemonte, nos presentamos ante los tribunales. Si bien lo hicimos acompañados de algunas pruebas propias, pusimos fundamentalmente a disposición del fiscal de turno no sólo el mensaje sino también las declaraciones, afirmaciones y comentarios de todos los ministros del gabinete nacional, para que sea la Justicia quien determine qué grado de responsabilidad le cabe a la Presidencia de la República y al último funcionario actuante, y se apliquen las sanciones correspondientes.
Todavía creemos en una república de iguales, y pensamos que es la Justicia quien debe decir qué tan iguales somos frente a la ley en función de nuestros actos.
Respecto de lo que ocurrió antes, haré una breve referencia porque el pueblo sabe quiénes privatizaron la empresa y también que muchos de los que apoyaron aquel proceso hoy son los primeros estatistas. A algunos logro entenderlos un poco más cuando analizo la cuestión desde el punto de vista político; pero otros, realmente me causan rechazo cuando los veo reírse de los demás y pasearse con tanta altanería. Personajes que son simpáticos cuando uno los conoce en este ámbito, pero que en el fondo dan vergüenza.
La sociedad sabe todo esto. Esa misma sociedad, y ésta es una consideración personal -en todo caso, acompañada por el señor diputado Piemonte-, analiza la cuestión con sentido común. Para ella importa no lo que pasó sino lo que va a pasar.
Para nosotros -en mi caso provengo del radicalismo, donde milité durante gran parte de mi vida, mientras que los orígenes del señor diputado Piemonte están en otro partido nacional-, al igual que a distinguidísimos colegas que pronunciaron discursos inolvidables, entre ellos el señor diputado Solanas, nos resulta absolutamente imposible pronunciarnos en contra de la recuperación del paquete accionario porque siempre consideramos que, en términos económicos, la peor infamia para la democracia argentina fue la privatización de YPF. Si creemos que la peor postal del Congreso de la Nación es la de aquella noche en que muchos se abrazaban y lloraban de alegría porque habían vendido YPF, ¿cómo vamos a votar en contra de la recuperación del paquete accionario?
Ello, aún con todas las diferencias que he expresado y que son públicas. Pero la verdad -y alguno podrá descalificar o poner algún aditivo a lo nacional, aunque no quiero polemizar con otros legisladores-, lo emparento con la cuestión Malvinas. También hace poco, en un debate similar a éste, a pesar de nuestras diferencias, la causa de Malvinas nos encontró en el mismo punto.
Nosotros vamos a acompañar el dictamen en general, centralmente el artículo 1°, y la decisión que sería casi un "nunca más", porque si dos tercios de los legisladores argentinos dan vuelta esta medida, habrá que hacer muchos seminarios sobre este país. Pero vamos a votar favorablemente este proyecto, y junto con el diputado Piemonte, vamos a presentar -no con mucha expectativa, porque estos debates son así- algunas propuestas que ahora o más adelante debieran ser incorporadas para que este sea un cambio profundo, irreversible y que traiga una mejora en serio de nuestra capacidad como país en relación con nuestra matriz energética y el futuro.
En el artículo 2° vamos a sugerir la incorporación de un Programa Nacional de Abastecimiento Hidrocarburífero definido por este Congreso de la Nación en una ley complementaria, para que más allá de que ahora recuperemos la empresa veamos cómo hacemos para garantizar ese autoabastecimiento, y de qué modo, en el sentido de las formas de producción.
En el artículo 3° vamos a proponer la adopción, en todas las fases -extracción, elaboración, exploración-, de los mejores patrones medioambientales existentes, y la obligación de restablecer la situación, en términos ambientales, lo más parecido posible a la circunstancia anterior. Esto se exige a estas empresas en otros lugares del mundo. Sin embargo, el mensaje no tiene una sola palabra en relación con el cuidado ambiental.
Creemos que en el consejo mencionado en el artículo 4° debe incorporarse una representación parlamentaria, de forma tal que las minorías aquí presentes también puedan ser parte de este debate. A su vez, damos a cada uno de los integrantes de ese consejo la posibilidad de revisar todo lo actuado. Ya la tienen, en función de lo establecido por el Código Procesal Penal de la Nación, pero también se la vamos a dar expresamente en nuestra propuesta, para estar allí y poder analizar si hubo vaciamiento, desmantelamiento, si esa estrategia predadora de los recursos naturales y esa remisión descontrolada de utilidades tuvo responsabilidades, con la obligación de denunciarlo a la Justicia.
Nos parece que la elección de los directores en representación del Estado nacional -tema a ser imitado por las provincias- debería hacerse con el mismo método que se inauguró felizmente, a partir de la renovación de la Corte Suprema de Justicia, es decir que sean ciudadanos que estén auscultados, que puedan presentarse a oposiciones, que la sociedad pueda participar, y que además tengan claros antecedentes en la materia, es decir que no sea éste el lugar donde algún reciclado va a cobrar unos buenos honorarios.
Con todos estos argumentos y mirando hacia adelante, con las reservas que tenemos y la decisión -que hoy renovamos- de que la Justicia mida cada uno de nuestros actos -en las palabras y en el texto que llegó a este Congreso había casi una autoincriminación de quienes conforman el gobierno por todo lo que ha ocurrido y por tener la responsabilidad de controlar-, junto con el diputado Piemonte tomamos la decisión de avanzar y de acompañar esta propuesta.
Es difícil mirar esto en relación a 2013 o 2015, si ése es el análisis que algunos legisladores puedan hacer.
Nosotros estamos aquí y tenemos la responsabilidad de pensar y diseñar el país para las generaciones futuras, para los argentinos que no vamos a conocer, para los argentinos de 2030 o 2050. Sin duda, cuando este Congreso sancione esta ley el próximo miércoles vamos a estar dando un paso positivo hacia ellos.
Esa es nuestra más íntima convicción. Hacia atrás está basado en lo que creímos toda la vida y las banderas que siempre hemos defendido. Hacia delante debemos pensar no en la pelea de hoy -que es importante y legítima- pues la sociedad dirá qué camino elegirá el año que viene o en 2015.
Hoy estamos representando, en forma implícita, a argentinos que no vamos a conocer dentro de 20, 30 o 50 años. En esta decisión veremos cómo termina la historia en función de la responsabilidad de los que la ejecuten.
Concretamente, a través de la decisión que tome el Congreso de la Nación estamos recuperando el control y dominio de un activo absolutamente estratégico para el futuro cercano y las generaciones que vienen.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Tineo.
SR. TINEO Señora presidenta: en mi novel performance de legislador -asumí en el mes de diciembre- me toca realizar esta primera intervención en el marco de un tema tan importante, relevante y trascendente.
Después de haber escuchado tanta emoción y calidad discursiva, les pido disculpas si no llego a esa performance que poseen otros legisladores que sí tienen más oficio en esto.
Quiero señalar algunas cuestiones que aquí no se han dicho, no se están diciendo o no se quieren decir.
Si se ha dicho, entonces habrá sido planteado como una crítica feroz -en algunos casos- acerca del proyecto político que defendemos y que está basado en este gobierno.
Aquí se habló de la falta de un plan de energía nacional y de una situación de crisis energética. Son dos asuntos claramente falsos. No hay ningún gobierno -por lo menos en el período democrático reciente- que haya hecho más inversión, más asignación de recursos con una clara política dirigida al crecimiento de la Argentina como el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner.
Uno puede decir que una situación de crisis energética -esto lo sabrán mejor los economistas- es clave e impacta inmediatamente en la recesión, en la falta de actividad económica y en una gran cantidad de factores que sin duda van a la gente, poniendo de malhumor a las personas.
Si hay una crisis energética en la Argentina, ¿cómo explicamos la existencia de un crecimiento del 8 por ciento del PBI, con un crecimiento acumulado del 95 por ciento desde 2003? ¿A dónde está la crisis?
Una crisis -se supone- impacta directamente en el congelamiento de la actividad económica y en la retracción económica. Argentina, desde el año 2003 no ha parado de crecer.
Tenemos un superávit comercial acumulado de más de cien mil millones de dólares y un crecimiento de la actividad industrial del 83 por ciento.
Hoy aquí se han hecho citas a películas, libros o alguna cuestión poética. Pero vamos a los números reales de las cosas que se han hecho en este país y que son los que han permitido que hoy estemos planteándonos -con un gran consenso y con diferencias que saludablemente van a aparecer- la recuperación de la soberanía del petróleo en la Argentina.
Lo estamos haciendo sobre la base de un país que ha crecido, mucho más allá de lo que los agoreros señalaban, algunos que querían quedarse con ese poder que no lo podían lograr con los votos y aplicaron muchísimas tácticas para desbancar al gobierno. Y no sólo no lo han logrado sino que lo que han conseguido fue la ratificación popular, en octubre del año pasado, de Cristina Kirchner y de todos los que aquí estamos.
En mi provincia, La Rioja, me tocó ser ministro de Infraestructura hasta diciembre del año pasado. Y cuando estaba haciendo campaña la gente me preguntaba cómo iba a seguir el gobierno de Cristina, porque la gente planteaba claramente -lo que hemos dicho siempre- profundizar lo que tenemos. No alcanzaba con la Asignación Universal por Hijo, la inversión en viviendas, la extraordinaria actividad económica que se había creado a partir de la política de industrialización de la ruralidad. La gente planteaba claramente -y así lo ha demostrado en las urnas- profundizar este modelo de crecimiento con inclusión.
Y esta norma no es otra cosa que la ratificación de esa voluntad política, en todos los sectores. Porque aquí estamos debatiendo en el Parlamento, pero hay una decisión de la presidenta y un acompañamiento pleno, con mucha convicción y en la acción, de los gobernadores, intendentes, sean de provincias hidrocarburíferas o no, pero hay un enorme consenso; así lo ha reconocido también la presidenta.
¿Pero cómo sostenemos ese crecimiento, esa actividad económica? ¿Cómo garantizamos la competitividad de las economías regionales?
Fíjense que en La Rioja -y vuelvo a poner de ejemplo a mi provincia- la energía es mucho más que camiones con combustible de una empresa u otra, o alguna línea de transporte eléctrico. En La Rioja no hay agua. En mi provincia, la superficie total bajo riego es de 75 mil hectáreas, la mitad de la que cualquier terrateniente de la Pampa Húmeda puede mostrar. Y en toda la provincia no hay agua de superficie, con un régimen de lluvia de 200 milímetros por año. La situación de Catamarca es muy parecida. En Mendoza hay un poco más de agua, pero no tanto.
Tenemos que perforar la tierra y sacar el agua para regar nuestros cultivos. ¿Con qué extraemos el agua? Hace falta una bomba. ¿Y cómo hacemos andar esa bomba? Con energía. De manera tal que para ese interior profundo, como se lo llama a veces, el petróleo es mucho más que un recurso estratégico desde el punto de vista del valor en sí mismo de ese capital que tenemos en el subsuelo. No tenemos agua si no perforamos, si no extraemos y si no administramos el agua mediante políticas muy claras, porque ese también es el otro recurso estratégico que desde ya estamos dispuestos a defender.
Quiero defender a este gobierno; quiero defender la política en materia de inversión pública que ha hecho porque es una acción de gobierno como para sacar pecho.
En La Rioja decimos que a veces nos agrandamos con las cosas. Porque si realmente tuviéramos cosas para esconder, incumplimientos, nos callaríamos la boca. Sin embargo, voy a dar cuenta de algunos incrementos que hemos tenido desde el año 2003. Y no es que en esa fecha comenzó el mundo -como recién decía un señor diputado- sino el más extraordinario proceso de transformación social y económica.
Así ocurrió, a contramano de lo que muchos creían y de los planteos provenientes de algunos sectores de la economía y de la sociedad.
Había una capacidad de generación de poco menos que 18.000 megavatios. Todos sabemos que el sistema energético tiene distintos componentes a nivel macro: la generación, el transporte y la distribución. Como decía, el nivel de generación de la Argentina se ubicaba en los 17.900 megavatios; sólo en los últimos ocho años se incorporaron 7.582 megavatios -es decir, un 42 por ciento más- desde diferentes fuentes. Es cierto que en la matriz energética continúa habiendo una preminencia de combustibles fósiles, pero también lo es que este gobierno -principalmente durante la gestión de Néstor Kirchner- se animó a enviar a este Congreso una iniciativa revolucionaria e histórica que marca la claridad con que se encaró la política energética. Me refiero al proyecto que dio origen a la ley 26.190, que dispone que para 2016, el 8 por ciento de la matriz energética debe provenir de fuentes de energía renovables: hidroeléctrica, biomasa, eólica, solar, etcétera. Traigo esto a colación sobre todo para quienes sostienen que no hay una política energética.
No sólo estamos avanzando en ese sentido sino que antes de 2016 llegaremos a una matriz energética con más del 20 por ciento de contribución de fuentes de energía renovables. Esto es parte de una política; no se logra únicamente analizando contextos y escuchando a los interlocutores sino tomando decisiones. Una política se traza con objetivos e inversión; nada más. Se puede tener muy en claro qué se pretende para la Argentina, para sus distintas regiones; pero cuando se llega al gobierno, hay que tomar decisiones.
Como bien decía el señor diputado Lozano, cuando la señora presidenta de la Nación anuncia el envío de este proyecto de ley al Parlamento, inmediatamente se interviene YPF. ¿Por qué? Porque veíamos que se estaban yendo todos los recursos y que íbamos a vernos en la necesidad de utilizar el dinero de todos los argentinos para importar un combustible que tenemos pero no está explotado; y lo que es peor aún, porque la rentabilidad de los emprendimientos está dirigida a otras exploraciones y explotaciones de Europa y los Estados Unidos, lo que constituye un verdadero escándalo.
Mi abuelo nació en Salamanca, España, y falleció cuando yo tenía cuatro o cinco años. Conozco la que fue su casa y también a mis parientes en aquel país. Tengo primos y otros familiares que viven allí, un lugar realmente encantador por el que siento un amor especial; seguramente, muchos de los que están en una situación similar me entenderán.
Ahora bien; resulta que la patria española, especialmente el gobierno de ese país, ha salido a defender a Repsol-YPF. Soy ingeniero en computación y desarrollo una gran actividad en Internet; cuando se entra a un sitio, se pueden ver los tags de búsqueda. Es decir, palabras clave que los buscadores como Google toman inmediatamente como primera referencia. Al buscar el sitio "www.repsol.com", me encontré con los siguientes: Repsol, dividendos, información corporativa, Antonio Brufau. En ningún lado decía petróleo, hidrocarburos o República Argentina.
Como dijo claramente la señora presidenta de la Nación, lo que en su momento fue un maxiquiosco en España ahora es la octava petrolera del mundo gracias a los hidrocarburos de la Argentina y a un enorme negocio financiero que terminó devastando nuestros recursos naturales. Ya veremos de qué manera lo pagan, porque no será gratuito para Repsol el pasivo ambiental que nos ha dejado.
El 32 por ciento de las acciones de Repsol está distribuido entre tres empresas: SACYR -una constructora española muy grande-, Caixa Bank -ahora también Caixa de Catalunya, un banco con presencia europea- y PEMEX, que es Petróleos Mexicanos.
Ahora vamos a ver dónde está el 68 por ciento restante. Está constituido por un 5 por ciento de autocartera -eso lo va a explicar mejor Roberto, después-, que se autocompra la compañía mediante algunas cuestiones de deuda; 11 por ciento de minoritarios españoles; un 10 por ciento de resto institucional de España; y el 42 por ciento se denomina "institucional extranjero", es decir que no son españoles.
En definitiva, estamos en presencia de una empresa cuya composición y desempeño la ha llevado a que hoy tenga una presencia prácticamente minoritaria de españoles. Será por eso que los "indignados" no están reclamando en la Puerta del Sol pidiendo que Repsol se quede en la Argentina.
No quiero abundar en detalles, pero me parece muy importante reivindicar y ratificar la política energética de nuestro gobierno, porque tiene que ver con esta decisión y con otras futuras, relacionadas con la potestad nacional de todos los argentinos sobre los hidrocarburos.
Alguien por allí preguntaba qué es la soberanía, y no podemos decir que no lo sabemos. La soberanía es la patria, somos todos. La soberanía es la capacidad de un país de saber qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos que defender. Si sabemos que es nuestro y sabemos cómo defenderlo, es un recurso estratégico y soberano.
No podemos decir que hay crisis energética, en un país donde hemos tenido un récord de demanda de potencia en megavatios, donde hemos pasado de 14.000 a 21.000 megavatios, es decir, un aumento de un 53 por ciento. Esto lo vemos en todas las provincias.
Hace poco me contaba un compañero diputado de Formosa, que desde que está la línea NOA-NEA han incrementado el consumo de 140 megavatios a 220 megavatios, porque tienen esa energía. Porque cuando los productores, la gente en sus residencias tienen esa energía, la utilizan.
Esto es como quien ante la pregunta: "¿Por qué no te sentás?", responde: "Porque no hay sillas". ¿Y por qué no tenemos más actividades? ¿Por qué no bajamos los costos? ¡Porque no hay energía! Ahora la tenemos.
Hay una feroz exclusión -digo esto porque hay diputados del litoral-, especialmente la zona del Noreste, que no tiene energía propia ni tampoco gas. Hablo de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Pero Yacyretá es agua, es territorio, es un río que está en Corrientes, y resulta que Corrientes no tenía energía a partir de Yacyretá. Eso lo tiene a partir de ahora, del gobierno de Néstor y de Cristina. Yacyretá era una fuente impresionante de generación energética pero todas las líneas de 500 megavatios -y ahora se ha construido una línea más, justamente para fortalecer el aumento de la demanda en la zona- llegan desde Corrientes hacia la Capital Federal. Hemos aumentado la cota de Yacyretá justamente para proveer de más energía todavía a las zonas centrales de la Argentina, es decir, Capital Federal, Rosario y primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, la Patagonia no estaba integrada al sistema interconectado. ¿Cómo es posible que tengamos una región como la Patagonia, que es la principal proveedora de hidrocarburos de la República Argentina, que no esté conectada al sistema eléctrico nacional? ¿Cuál es el equilibrio territorial que hemos venido buscando y logrando a lo largo de todos estos años, incluso desde antes del año 2003? ¡Ninguno!
Lo hemos logrado a partir de la enorme inversión que ha hecho este gobierno; no se ha hecho antes. Si no, estaríamos reconociendo lo que se hizo anteriormente. Sin duda, ha sido una inversión importante. En la recuperación del sistema energético tiene que ver de qué manera entra a jugar este recurso hidrocarburífero.
Cerca de 1.675.000 hogares se incorporaron al servicio de gas natural. Conozco la zona del Litoral -quienes tienen la dicha de ser de allí verán que son lugares muy lindos- y todos pueden apreciar casas o negocios a la vera de la ruta, que venden garrafas. Recuerdo una vez, cuando iba de Santiago del Estero para el Chaco -a una reunión de vivienda- y era notable la cantidad de ofertas existentes de garrafas.
No hay gas. Salta tiene una gran cantidad de yacimientos que se constituyen en los más importantes del país. ¿Qué es lo que sucede? El gas y la energía estaban planteados sobre un esquema radial, es decir, todos vamos al mismo lugar concéntrico.
Ahora, estamos concibiendo un sistema energético en anillo, que se interconecta. Además, todas las fuentes de generación proveen al conjunto del sistema. Se pueden consolidar los determinados backups, o sea se cae una central de generación, y el sistema interconectado entre los transportistas y los distribuidores tiene que hacer las maniobras suficientes relativas a la provisión de energía para esos pueblos que han quedado así por alguna cuestión accidental.
Estos avances reflejan claramente la importancia de reivindicar lo que significa tener una política energética. No es aceptable que digan -livianamente- que no hay un plan energético ni una política energética.
En la Argentina quedan muchísimas cosas por desarrollar. Deben confiar en que tenemos muchísimos elementos para creer que ese sistema energético -una vez que recuperemos la soberanía hidrocarburífera- nos permitirá ganar y acompañar el crecimiento de una sociedad que ha venido siendo golpeada por crisis económicas a nivel mundial, como ha sido la crisis de 2008 respecto del banco de inversiones Lehman Brothers, entre otras. Sin embargo, la Argentina subsistió y siguió creciendo.
Esto no sólo fue producto del enorme esfuerzo y la decisión política de un gobierno sino de toda la sociedad. Acá no aflojó nadie: ni los productores ni los industriales ni los académicos. Todo el mundo avanzó fuertemente en asegurar que este crecimiento no afloje.
Debemos hacer notar que tenemos 3.000 megavatios en ejecución. Insisto: la política energética no es otra cosa que acción, decisión e inversión. No es un papelito que dice "Ésta es la política energética, lean y conozcan". No es así; son decisiones. Hablamos de hombres y mujeres altamente capacitados para evaluar las condiciones y tomar las decisiones.
También debemos referirnos a la Central Nuclear de Atucha y la incorporación a la matriz energética del componente nuclear, un tema que en la Argentina estaba congelado. Durante años eso no aportaba y, además, estaba como desinflado.
Estamos avanzando fuertemente en lo que es la construcción hidroeléctrica. Alguien se preguntó, al comienzo de la reunión, acerca de cómo incorporábamos el tema de la central hidroeléctrica a la Argentina.
A continuación, les voy a nombrar las que están por iniciarse y aquellas que están en ejecución; algunas, con inversión pública, y otras, con inversión mixta y privada. Me refiero a Cóndor Cliff, La Barrancosa, Los Blancos, Chiuidos y el GENREN, es decir, el Programa de Generación de Energías Renovables a partir de la ley 26.190.
En mi provincia -La Rioja- he tenido el honor de inaugurar -en el marco de una teleconferencia con la señora presidenta de la Nación- el parque eólico más grande de la Argentina con 25 megavatios eólicos.
Esta es la política energética que nosotros no solamente vamos a defender sino que mostraremos con mucha energía y fuerza en todos los auditorios.
La aspiración es que en 2015 comencemos a reducir, dentro de nuestra matriz energética, la incorporación de los hidrocarburos, no sólo por una cuestión ambiental sino también porque sabemos que tenemos reservas y recursos -hago la diferencia porque el recurso está en el subsuelo y la reserva ya está explorada y explotada-, pero aun así queremos avanzar fuertemente en la incorporación de otros componentes de generación energética que van a ser claves para el cuidado del ambiente y también para generar una economía de escala.
Nuestra aspiración es que así como la energía hidráulica pasó del 4,3 al 5,1 como componente de la matriz energética, según los proyectos que ya están licitados y por iniciarse va a incidir casi en un 13 por ciento de la matriz energética. Es decir que debemos aprovechar el agua, los ríos, y otra enorme fuente de generación de energía, que son los biocombustibles.
Por último, quiero señalar la importancia que tiene esta iniciativa para todas las provincias, no sólo las hidrocarburíferas. Se ha dicho por ahí que todas las provincias deben tener participación, y escuché críticas diciendo que la Constitución del 94 debería retrotraer esa situación para que nuevamente sea la Nación la que tenga preeminencia sobre los recursos.
Si estamos diciendo que los hidrocarburos constituyen un recurso para todos los argentinos -por eso estamos debatiendo este tema en el Parlamento- necesitamos que todas las provincias -productoras, refinadoras o consumidoras- seamos concientes de que requerimos este enorme esfuerzo y esta gran decisión para que el próximo miércoles o jueves, cuando quede definitivamente sancionada esta norma, haya un claro mensaje a todo el mundo -no sólo a los argentinos- para que sepan que aquí hay una clase y una generación política que está dispuesta a recuperar la soberanía de un recurso estratégico; que está decidida a no volver un paso atrás y a avanzar fuertemente para que esta política impacte rápidamente en la mejora de la calidad de vida, especialmente de los que menos tienen en la Argentina. (Aplausos.)
Después de haber escuchado tanta emoción y calidad discursiva, les pido disculpas si no llego a esa performance que poseen otros legisladores que sí tienen más oficio en esto.
Quiero señalar algunas cuestiones que aquí no se han dicho, no se están diciendo o no se quieren decir.
Si se ha dicho, entonces habrá sido planteado como una crítica feroz -en algunos casos- acerca del proyecto político que defendemos y que está basado en este gobierno.
Aquí se habló de la falta de un plan de energía nacional y de una situación de crisis energética. Son dos asuntos claramente falsos. No hay ningún gobierno -por lo menos en el período democrático reciente- que haya hecho más inversión, más asignación de recursos con una clara política dirigida al crecimiento de la Argentina como el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner.
Uno puede decir que una situación de crisis energética -esto lo sabrán mejor los economistas- es clave e impacta inmediatamente en la recesión, en la falta de actividad económica y en una gran cantidad de factores que sin duda van a la gente, poniendo de malhumor a las personas.
Si hay una crisis energética en la Argentina, ¿cómo explicamos la existencia de un crecimiento del 8 por ciento del PBI, con un crecimiento acumulado del 95 por ciento desde 2003? ¿A dónde está la crisis?
Una crisis -se supone- impacta directamente en el congelamiento de la actividad económica y en la retracción económica. Argentina, desde el año 2003 no ha parado de crecer.
Tenemos un superávit comercial acumulado de más de cien mil millones de dólares y un crecimiento de la actividad industrial del 83 por ciento.
Hoy aquí se han hecho citas a películas, libros o alguna cuestión poética. Pero vamos a los números reales de las cosas que se han hecho en este país y que son los que han permitido que hoy estemos planteándonos -con un gran consenso y con diferencias que saludablemente van a aparecer- la recuperación de la soberanía del petróleo en la Argentina.
Lo estamos haciendo sobre la base de un país que ha crecido, mucho más allá de lo que los agoreros señalaban, algunos que querían quedarse con ese poder que no lo podían lograr con los votos y aplicaron muchísimas tácticas para desbancar al gobierno. Y no sólo no lo han logrado sino que lo que han conseguido fue la ratificación popular, en octubre del año pasado, de Cristina Kirchner y de todos los que aquí estamos.
En mi provincia, La Rioja, me tocó ser ministro de Infraestructura hasta diciembre del año pasado. Y cuando estaba haciendo campaña la gente me preguntaba cómo iba a seguir el gobierno de Cristina, porque la gente planteaba claramente -lo que hemos dicho siempre- profundizar lo que tenemos. No alcanzaba con la Asignación Universal por Hijo, la inversión en viviendas, la extraordinaria actividad económica que se había creado a partir de la política de industrialización de la ruralidad. La gente planteaba claramente -y así lo ha demostrado en las urnas- profundizar este modelo de crecimiento con inclusión.
Y esta norma no es otra cosa que la ratificación de esa voluntad política, en todos los sectores. Porque aquí estamos debatiendo en el Parlamento, pero hay una decisión de la presidenta y un acompañamiento pleno, con mucha convicción y en la acción, de los gobernadores, intendentes, sean de provincias hidrocarburíferas o no, pero hay un enorme consenso; así lo ha reconocido también la presidenta.
¿Pero cómo sostenemos ese crecimiento, esa actividad económica? ¿Cómo garantizamos la competitividad de las economías regionales?
Fíjense que en La Rioja -y vuelvo a poner de ejemplo a mi provincia- la energía es mucho más que camiones con combustible de una empresa u otra, o alguna línea de transporte eléctrico. En La Rioja no hay agua. En mi provincia, la superficie total bajo riego es de 75 mil hectáreas, la mitad de la que cualquier terrateniente de la Pampa Húmeda puede mostrar. Y en toda la provincia no hay agua de superficie, con un régimen de lluvia de 200 milímetros por año. La situación de Catamarca es muy parecida. En Mendoza hay un poco más de agua, pero no tanto.
Tenemos que perforar la tierra y sacar el agua para regar nuestros cultivos. ¿Con qué extraemos el agua? Hace falta una bomba. ¿Y cómo hacemos andar esa bomba? Con energía. De manera tal que para ese interior profundo, como se lo llama a veces, el petróleo es mucho más que un recurso estratégico desde el punto de vista del valor en sí mismo de ese capital que tenemos en el subsuelo. No tenemos agua si no perforamos, si no extraemos y si no administramos el agua mediante políticas muy claras, porque ese también es el otro recurso estratégico que desde ya estamos dispuestos a defender.
Quiero defender a este gobierno; quiero defender la política en materia de inversión pública que ha hecho porque es una acción de gobierno como para sacar pecho.
En La Rioja decimos que a veces nos agrandamos con las cosas. Porque si realmente tuviéramos cosas para esconder, incumplimientos, nos callaríamos la boca. Sin embargo, voy a dar cuenta de algunos incrementos que hemos tenido desde el año 2003. Y no es que en esa fecha comenzó el mundo -como recién decía un señor diputado- sino el más extraordinario proceso de transformación social y económica.
Así ocurrió, a contramano de lo que muchos creían y de los planteos provenientes de algunos sectores de la economía y de la sociedad.
Había una capacidad de generación de poco menos que 18.000 megavatios. Todos sabemos que el sistema energético tiene distintos componentes a nivel macro: la generación, el transporte y la distribución. Como decía, el nivel de generación de la Argentina se ubicaba en los 17.900 megavatios; sólo en los últimos ocho años se incorporaron 7.582 megavatios -es decir, un 42 por ciento más- desde diferentes fuentes. Es cierto que en la matriz energética continúa habiendo una preminencia de combustibles fósiles, pero también lo es que este gobierno -principalmente durante la gestión de Néstor Kirchner- se animó a enviar a este Congreso una iniciativa revolucionaria e histórica que marca la claridad con que se encaró la política energética. Me refiero al proyecto que dio origen a la ley 26.190, que dispone que para 2016, el 8 por ciento de la matriz energética debe provenir de fuentes de energía renovables: hidroeléctrica, biomasa, eólica, solar, etcétera. Traigo esto a colación sobre todo para quienes sostienen que no hay una política energética.
No sólo estamos avanzando en ese sentido sino que antes de 2016 llegaremos a una matriz energética con más del 20 por ciento de contribución de fuentes de energía renovables. Esto es parte de una política; no se logra únicamente analizando contextos y escuchando a los interlocutores sino tomando decisiones. Una política se traza con objetivos e inversión; nada más. Se puede tener muy en claro qué se pretende para la Argentina, para sus distintas regiones; pero cuando se llega al gobierno, hay que tomar decisiones.
Como bien decía el señor diputado Lozano, cuando la señora presidenta de la Nación anuncia el envío de este proyecto de ley al Parlamento, inmediatamente se interviene YPF. ¿Por qué? Porque veíamos que se estaban yendo todos los recursos y que íbamos a vernos en la necesidad de utilizar el dinero de todos los argentinos para importar un combustible que tenemos pero no está explotado; y lo que es peor aún, porque la rentabilidad de los emprendimientos está dirigida a otras exploraciones y explotaciones de Europa y los Estados Unidos, lo que constituye un verdadero escándalo.
Mi abuelo nació en Salamanca, España, y falleció cuando yo tenía cuatro o cinco años. Conozco la que fue su casa y también a mis parientes en aquel país. Tengo primos y otros familiares que viven allí, un lugar realmente encantador por el que siento un amor especial; seguramente, muchos de los que están en una situación similar me entenderán.
Ahora bien; resulta que la patria española, especialmente el gobierno de ese país, ha salido a defender a Repsol-YPF. Soy ingeniero en computación y desarrollo una gran actividad en Internet; cuando se entra a un sitio, se pueden ver los tags de búsqueda. Es decir, palabras clave que los buscadores como Google toman inmediatamente como primera referencia. Al buscar el sitio "www.repsol.com", me encontré con los siguientes: Repsol, dividendos, información corporativa, Antonio Brufau. En ningún lado decía petróleo, hidrocarburos o República Argentina.
Como dijo claramente la señora presidenta de la Nación, lo que en su momento fue un maxiquiosco en España ahora es la octava petrolera del mundo gracias a los hidrocarburos de la Argentina y a un enorme negocio financiero que terminó devastando nuestros recursos naturales. Ya veremos de qué manera lo pagan, porque no será gratuito para Repsol el pasivo ambiental que nos ha dejado.
El 32 por ciento de las acciones de Repsol está distribuido entre tres empresas: SACYR -una constructora española muy grande-, Caixa Bank -ahora también Caixa de Catalunya, un banco con presencia europea- y PEMEX, que es Petróleos Mexicanos.
Ahora vamos a ver dónde está el 68 por ciento restante. Está constituido por un 5 por ciento de autocartera -eso lo va a explicar mejor Roberto, después-, que se autocompra la compañía mediante algunas cuestiones de deuda; 11 por ciento de minoritarios españoles; un 10 por ciento de resto institucional de España; y el 42 por ciento se denomina "institucional extranjero", es decir que no son españoles.
En definitiva, estamos en presencia de una empresa cuya composición y desempeño la ha llevado a que hoy tenga una presencia prácticamente minoritaria de españoles. Será por eso que los "indignados" no están reclamando en la Puerta del Sol pidiendo que Repsol se quede en la Argentina.
No quiero abundar en detalles, pero me parece muy importante reivindicar y ratificar la política energética de nuestro gobierno, porque tiene que ver con esta decisión y con otras futuras, relacionadas con la potestad nacional de todos los argentinos sobre los hidrocarburos.
Alguien por allí preguntaba qué es la soberanía, y no podemos decir que no lo sabemos. La soberanía es la patria, somos todos. La soberanía es la capacidad de un país de saber qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos que defender. Si sabemos que es nuestro y sabemos cómo defenderlo, es un recurso estratégico y soberano.
No podemos decir que hay crisis energética, en un país donde hemos tenido un récord de demanda de potencia en megavatios, donde hemos pasado de 14.000 a 21.000 megavatios, es decir, un aumento de un 53 por ciento. Esto lo vemos en todas las provincias.
Hace poco me contaba un compañero diputado de Formosa, que desde que está la línea NOA-NEA han incrementado el consumo de 140 megavatios a 220 megavatios, porque tienen esa energía. Porque cuando los productores, la gente en sus residencias tienen esa energía, la utilizan.
Esto es como quien ante la pregunta: "¿Por qué no te sentás?", responde: "Porque no hay sillas". ¿Y por qué no tenemos más actividades? ¿Por qué no bajamos los costos? ¡Porque no hay energía! Ahora la tenemos.
Hay una feroz exclusión -digo esto porque hay diputados del litoral-, especialmente la zona del Noreste, que no tiene energía propia ni tampoco gas. Hablo de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Pero Yacyretá es agua, es territorio, es un río que está en Corrientes, y resulta que Corrientes no tenía energía a partir de Yacyretá. Eso lo tiene a partir de ahora, del gobierno de Néstor y de Cristina. Yacyretá era una fuente impresionante de generación energética pero todas las líneas de 500 megavatios -y ahora se ha construido una línea más, justamente para fortalecer el aumento de la demanda en la zona- llegan desde Corrientes hacia la Capital Federal. Hemos aumentado la cota de Yacyretá justamente para proveer de más energía todavía a las zonas centrales de la Argentina, es decir, Capital Federal, Rosario y primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, la Patagonia no estaba integrada al sistema interconectado. ¿Cómo es posible que tengamos una región como la Patagonia, que es la principal proveedora de hidrocarburos de la República Argentina, que no esté conectada al sistema eléctrico nacional? ¿Cuál es el equilibrio territorial que hemos venido buscando y logrando a lo largo de todos estos años, incluso desde antes del año 2003? ¡Ninguno!
Lo hemos logrado a partir de la enorme inversión que ha hecho este gobierno; no se ha hecho antes. Si no, estaríamos reconociendo lo que se hizo anteriormente. Sin duda, ha sido una inversión importante. En la recuperación del sistema energético tiene que ver de qué manera entra a jugar este recurso hidrocarburífero.
Cerca de 1.675.000 hogares se incorporaron al servicio de gas natural. Conozco la zona del Litoral -quienes tienen la dicha de ser de allí verán que son lugares muy lindos- y todos pueden apreciar casas o negocios a la vera de la ruta, que venden garrafas. Recuerdo una vez, cuando iba de Santiago del Estero para el Chaco -a una reunión de vivienda- y era notable la cantidad de ofertas existentes de garrafas.
No hay gas. Salta tiene una gran cantidad de yacimientos que se constituyen en los más importantes del país. ¿Qué es lo que sucede? El gas y la energía estaban planteados sobre un esquema radial, es decir, todos vamos al mismo lugar concéntrico.
Ahora, estamos concibiendo un sistema energético en anillo, que se interconecta. Además, todas las fuentes de generación proveen al conjunto del sistema. Se pueden consolidar los determinados backups, o sea se cae una central de generación, y el sistema interconectado entre los transportistas y los distribuidores tiene que hacer las maniobras suficientes relativas a la provisión de energía para esos pueblos que han quedado así por alguna cuestión accidental.
Estos avances reflejan claramente la importancia de reivindicar lo que significa tener una política energética. No es aceptable que digan -livianamente- que no hay un plan energético ni una política energética.
En la Argentina quedan muchísimas cosas por desarrollar. Deben confiar en que tenemos muchísimos elementos para creer que ese sistema energético -una vez que recuperemos la soberanía hidrocarburífera- nos permitirá ganar y acompañar el crecimiento de una sociedad que ha venido siendo golpeada por crisis económicas a nivel mundial, como ha sido la crisis de 2008 respecto del banco de inversiones Lehman Brothers, entre otras. Sin embargo, la Argentina subsistió y siguió creciendo.
Esto no sólo fue producto del enorme esfuerzo y la decisión política de un gobierno sino de toda la sociedad. Acá no aflojó nadie: ni los productores ni los industriales ni los académicos. Todo el mundo avanzó fuertemente en asegurar que este crecimiento no afloje.
Debemos hacer notar que tenemos 3.000 megavatios en ejecución. Insisto: la política energética no es otra cosa que acción, decisión e inversión. No es un papelito que dice "Ésta es la política energética, lean y conozcan". No es así; son decisiones. Hablamos de hombres y mujeres altamente capacitados para evaluar las condiciones y tomar las decisiones.
También debemos referirnos a la Central Nuclear de Atucha y la incorporación a la matriz energética del componente nuclear, un tema que en la Argentina estaba congelado. Durante años eso no aportaba y, además, estaba como desinflado.
Estamos avanzando fuertemente en lo que es la construcción hidroeléctrica. Alguien se preguntó, al comienzo de la reunión, acerca de cómo incorporábamos el tema de la central hidroeléctrica a la Argentina.
A continuación, les voy a nombrar las que están por iniciarse y aquellas que están en ejecución; algunas, con inversión pública, y otras, con inversión mixta y privada. Me refiero a Cóndor Cliff, La Barrancosa, Los Blancos, Chiuidos y el GENREN, es decir, el Programa de Generación de Energías Renovables a partir de la ley 26.190.
En mi provincia -La Rioja- he tenido el honor de inaugurar -en el marco de una teleconferencia con la señora presidenta de la Nación- el parque eólico más grande de la Argentina con 25 megavatios eólicos.
Esta es la política energética que nosotros no solamente vamos a defender sino que mostraremos con mucha energía y fuerza en todos los auditorios.
La aspiración es que en 2015 comencemos a reducir, dentro de nuestra matriz energética, la incorporación de los hidrocarburos, no sólo por una cuestión ambiental sino también porque sabemos que tenemos reservas y recursos -hago la diferencia porque el recurso está en el subsuelo y la reserva ya está explorada y explotada-, pero aun así queremos avanzar fuertemente en la incorporación de otros componentes de generación energética que van a ser claves para el cuidado del ambiente y también para generar una economía de escala.
Nuestra aspiración es que así como la energía hidráulica pasó del 4,3 al 5,1 como componente de la matriz energética, según los proyectos que ya están licitados y por iniciarse va a incidir casi en un 13 por ciento de la matriz energética. Es decir que debemos aprovechar el agua, los ríos, y otra enorme fuente de generación de energía, que son los biocombustibles.
Por último, quiero señalar la importancia que tiene esta iniciativa para todas las provincias, no sólo las hidrocarburíferas. Se ha dicho por ahí que todas las provincias deben tener participación, y escuché críticas diciendo que la Constitución del 94 debería retrotraer esa situación para que nuevamente sea la Nación la que tenga preeminencia sobre los recursos.
Si estamos diciendo que los hidrocarburos constituyen un recurso para todos los argentinos -por eso estamos debatiendo este tema en el Parlamento- necesitamos que todas las provincias -productoras, refinadoras o consumidoras- seamos concientes de que requerimos este enorme esfuerzo y esta gran decisión para que el próximo miércoles o jueves, cuando quede definitivamente sancionada esta norma, haya un claro mensaje a todo el mundo -no sólo a los argentinos- para que sepan que aquí hay una clase y una generación política que está dispuesta a recuperar la soberanía de un recurso estratégico; que está decidida a no volver un paso atrás y a avanzar fuertemente para que esta política impacte rápidamente en la mejora de la calidad de vida, especialmente de los que menos tienen en la Argentina. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Duclós.
SR. DUCLÓS Señora presidenta: el diputado Claudio Lozano anticipó hace un rato nuestra voluntad de acompañar en general este proyecto, y formuló una serie de propuestas claramente superadoras -incluidas en el dictamen firmado en disidencia-, con la vocación de poder alcanzar la sanción de una ley que realmente esté a la altura de las necesidades que implica el abordaje de esta problemática.
Quiero detenerme para hacer un respetuoso pero sincero reproche al oficialismo, por la falta de accesibilidad, de apertura, para considerar propuestas que verdaderamente creemos que son sólidas, consistentes y que surgen desde la vocación de coincidir en un marco conceptual pero que creemos que, en lo instrumental, a esta propuesta le falta mucho. Y no queremos que nuevamente se pierda una oportunidad histórica para que podamos comenzar a definir las bases de una política energética de Estado, una política que nos permita trabajar de manera sostenida, gobierno tras gobierno.
Sabemos que en esta materia, más que en otras, los resultados se alcanzan en el mediano y largo plazo. Hacen falta muchas inversiones y mucha consecuencia en la instrumentación de políticas para que a lo largo de los años se revierta la situación crítica que tenemos y comencemos a alcanzar el autoabastecimiento, poniendo en valor todo el potencial que tiene nuestro país en materia energética.
Llamativamente, recién hemos escuchado hablar hasta de la negación de la crisis energética. Y me pregunto por qué estamos sentados aquí. No estamos aquí sentados porque acaba de asumir un gobierno que en su plataforma nos propuso que iba a expropiar YPF para recuperar la soberanía energética. Estamos aquí porque el agua nos empezó a tapar. Porque desde el año 98 comenzó a decaer la producción de petróleo; desde el año 2004, la producción de gas.
En nuestra provincia de Buenos Aires, en invierno las empresas que necesitan gas deben racionar su uso e incluso disminuir su capacidad productiva. En verano, los centros urbanos residenciales sufren interrupción de servicio en materia energética.
Hoy nos convocan los hidrocarburos. Es cierto que en los últimos años, como consecuencia del proceso de crecimiento, se registró un aumento de la demanda; pero también lo es que cae la producción de petróleo desde 1998, y la de gas desde 1994.
Ante estas alarmas o llamados de atención, el gobierno no reaccionó. Se cometieron muchos desaciertos. Mucho se habló ya de los desaciertos históricos y de la escandalosa privatización de YPF en 1992, de la que participaron los mismos actores que hoy proponen la solución inversa. Pero también debemos recordar que en los últimos nueve años, el gobierno no atendió la crítica situación que se estaba generando y comenzó a importar cada vez más hidrocarburos.
Mientras la caja alcanzaba, no había problema; cuando empezó a resultar insuficiente, sonó la alarma. El 24 de enero, reincorporada a sus funciones luego de la dolencia que la afectó, la señora presidenta nos dice que la situación era insostenible. ¡Claro que era insostenible! Ahí comienzan las idas y venidas; mágicamente, en poquitas semanas surge en las provincias la vocación de revisar concesiones y empieza el hostigamiento a la empresa Repsol. Tiene lugar una tarea coordinada con las provincias mientras se piensa qué hacer. Ese "pensar qué se hace", se advierte en la improvisación que surge del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, un proyecto insuficiente e inconsistente.
Por supuesto que estamos de acuerdo con recuperar la soberanía en materia energética y alcanzar el autoabastecimiento. Nuestro pensamiento es concordante con aquel que emana de una corriente nacional. Compartimos la visión energética, señora presidenta. Pero queremos actuar con coherencia, un valor que lamentablemente está en crisis no sólo en la política sino también en muchos otros aspectos de la sociedad. Queremos que se aproveche esta oportunidad y se sancione una buena ley que resuelva muchos problemas. Nuestro país se ha movido históricamente entre dos contradicciones respecto de esta materia: cuáles deben ser los roles de los sectores público y privado, y cuáles los que tienen que desempeñar la Nación y las provincias.
Estamos ante la oportunidad de zanjar la cuestión de manera armónica. Muchos coincidimos con que el Estado debe tener un rol protagónico, definir una política energética y poseer el control de la empresa para que ésta sea rectora del proceso productivo.
También creemos que hace falta sumar inversión privada. Si consideramos el volumen de inversiones que se necesita, advertiremos que con la pública no alcanza.
Otra cuestión que se plantea es la de centralismo versus federalismo. Nuestra Constitución reconoce que el dominio sobre los hidrocarburos está en cabeza de las provincias, pero también es cierto que necesitamos contar con una política energética a nivel nacional. Entonces, desde el punto de vista institucional, estamos obligados a generar un federalismo de concertación. El Consejo Federal de Hidrocarburos, cuya creación se propone en el proyecto del oficialismo, es insuficiente. A nuestro entender, debe ser más explícito al señalar que será el ámbito donde se definirá la política energética nacional.
Asimismo, para que quede garantizado que todo esto formará parte de una política de Estado, entendemos que el Congreso debería estar representado. Pensamos que tendrían que participar ambas cámaras a través de las comisiones con competencia en la materia, porque de esa manera estaría garantizada la intervención del oficialismo y de la oposición.
Sinceremos la discusión, señores diputados. Estamos ante una situación insostenible porque el país no puede seguir pagando 10.000 millones de dólares para sostener la importación de hidrocarburos. Si consideramos que se desembolsará un 110 por ciento más que el año anterior, la proyección para el presente ejercicio revela una situación extremadamente grave.
Esto es lo que motiva la discusión. No hay una convicción profunda de parte del oficialismo de reivindicar esta propuesta sino simplemente un estado de necesidad.
De todos modos, este estado de necesidad nos brinda una oportunidad -y más vale tarde que nunca-, pero debemos aprovecharla en serio.
Cuando ingresé a esta Cámara, en diciembre, justamente advertido de esta situación de crisis energética, el primer proyecto que presenté fue un pedido de informes para obtener datos oficiales sobre cuál es el nivel de reserva, el cumplimiento de las concesiones, la actividad de ENARSA y los planes oficiales en la materia, para que pudiéramos, en este ámbito natural de deliberación y de construcción de consensos, comenzar a delinear una política de Estado.
Lamentablemente, ello no ha sucedido; no hay un plan energético nacional; no se ha explicitado en estos días en que se plantea esta propuesta. No sabemos qué se va a hacer con las otras concesiones porque, tal como se ha dicho aquí, Repsol YPF es parte del problema. No hay que menospreciarlo, es un 34 por ciento del mercado petrolero, un 23 por ciento en el caso del gas, y hay que abocarse, pero también hay que mirar al resto de las concesiones, algunas con incumplimientos importantes. Hay que auditar todas las concesiones que se han manejado de manera escandalosa aceptando las declaraciones juradas de las empresas.
¿Qué pasó con ENARSA, propuesta por ese mismo gobierno? ¿Qué desarrollo ha tenido? ¿Cómo se han cumplido los objetivos fijados en la ley? ¿Cuál es la matriz energética en la que queremos avanzar, justamente para combinar distintos recursos, para avanzar en la utilización de las energías renovables alternativas?
Creemos que para alcanzar el autoabastecimiento había otros caminos. Seguramente, si nos hubiese tocado tomar decisiones hubiéramos abordado otras cuestiones que tienen que ver con los interrogantes que recién planteaba. Lo cierto es que hoy estamos discutiendo este proyecto y debemos expedirnos sobre él.
Realmente, la gestión en el área de energía dentro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha sido de una absoluta desidia, y también debe investigarse si no se ha dado otro tipo de responsabilidades.
El vaciamiento de YPF que hoy alegremente se denuncia como un comentario es una situación gravísima que no puede quedar impune y debe ser investigada. Hay denuncias ya formuladas, hay que apoyarlas y se debe investigar administrativa y penalmente, tanto a los responsables privados como a los públicos.
Es difícil, entonces, confiar en que algo va a cambiar. Y créanme que quienes coincidimos desde lo conceptual y venimos con una vocación constructiva nos encontramos con muchas dificultades. Se nos hace extremadamente difícil acompañar esta propuesta. Pero, reitero, queremos ser coherentes y apostar por encima de este gobierno, para que esta herramienta sirva al Estado argentino y a la sociedad en su conjunto.
Creemos que la sociedad anónima debe ser claramente explicitada como una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, una SAPEM. Si vamos a tener el 51 por ciento de las acciones, de eso se trata y así hay que expresarlo en el texto de la ley. Así hay que someter a la empresa, además de a los controles fijados por las leyes 19.550 y 24.156, a los de la Auditoría General de la Nación.
En cuanto al Consejo Federal, recién señalé la necesidad de fortalecerlo como ámbito de definición de la política energética nacional.
La expropiación debe extenderse también al otro gran grupo titular de acciones, al grupo Petersen. ¿Por qué se está expropiando solamente a Repsol? Nadie lo ha podido explicar.
Nosotros creemos que hay que expropiar la totalidad de las acciones clase D, tanto las de Repsol como del grupo Petersen. Eso es lo que corresponde al interés superior de este proyecto, y también para salvaguardar algún tipo de reclamo que por esa diferenciación o discriminación pudiera surgir.
Asimismo, planteamos la necesidad de garantizar el sostenimiento de la participación estatal mayoritaria en el futuro. Está bien la idea de que exista una mayoría calificada para transferir acciones en el futuro, pero es necesario que cualquier incorporación o ampliación de capital siempre prevea la conservación del 51 por ciento en manos del Estado.
Con respecto a la participación de las provincias, entendemos que la adjudicación del 49 por ciento de las acciones que se expropien debe ser distribuida equitativamente en el conjunto de las jurisdicciones federales.
Las provincias con extracción de recursos ya tienen las regalías como beneficio directo. Creemos que todas las provincias se deben beneficiar y deben participar de la titularidad de las acciones y de las utilidades que se devenguen en el futuro.
En nuestra provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos refinerías y otros eslabones de la cadena productiva que participan, además, de la distribución y del consumo. Pido a los diputados de la provincia de Buenos Aires, que somos muchos en esta Cámara, que realmente tengamos en cuenta la defensa de nuestros intereses e incorporemos la distribución de estas acciones en el conjunto de las provincias. Me gustaría haber escuchado al gobernador de nuestra provincia defender claramente, con énfasis, este tipo de propuestas.
Pedimos que se garantice la reinversión de las utilidades que genere la empresa en el futuro, justamente para que ésta no sea otra caja que vaya a financiar otras obligaciones del Estado sino que garanticemos inversión para exploración, explotación y todas las tareas que la empresa debe desarrollar.
En los criterios para determinar el valor de la empresa, establecidos en la ley 21.499, nosotros agregamos que debe participar la Auditoría General de la Nación con un control sobre los estados contables, revisando las concesiones vigentes, auditando las reservas y los pasivos ambientales.
También, como dijo antes el señor diputado Lozano, nos parece importante incorporar a distintos actores que de alguna manera participan de la actividad -consumidores, asociaciones de defensa del medioambiente, los trabajadores, empresas del sector-, en un consejo de control social, para poder hacer un exhaustivo seguimiento de los objetivos de la nueva YPF.
Asimismo, reclamamos el compromiso de la Justicia y de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que corresponda, a los fines de facilitar la investigación para que el vaciamiento de YPF no quede impune y realmente se pueda llegar a hacer justicia, como corresponde.
Finalmente, reitero nuestra vocación de acompañar el proyecto en general, sosteniendo las disidencias que hemos planteado. Y pedimos encarecidamente que el oficialismo reconozca que tiene un respaldo popular importante con el resultado electoral alcanzado en las últimas elecciones, pero que no es dueño exclusivo de la verdad. También la oposición representa a muchos ciudadanos y humildemente podemos aportar -como creemos que lo hacemos- ideas, sugerencias o propuestas que contribuyen a mejorar esta norma.
No desaprovechemos esta oportunidad y generemos una herramienta que, por encima de este gobierno, sirva a la Nación y al conjunto de nuestra sociedad.
Quiero detenerme para hacer un respetuoso pero sincero reproche al oficialismo, por la falta de accesibilidad, de apertura, para considerar propuestas que verdaderamente creemos que son sólidas, consistentes y que surgen desde la vocación de coincidir en un marco conceptual pero que creemos que, en lo instrumental, a esta propuesta le falta mucho. Y no queremos que nuevamente se pierda una oportunidad histórica para que podamos comenzar a definir las bases de una política energética de Estado, una política que nos permita trabajar de manera sostenida, gobierno tras gobierno.
Sabemos que en esta materia, más que en otras, los resultados se alcanzan en el mediano y largo plazo. Hacen falta muchas inversiones y mucha consecuencia en la instrumentación de políticas para que a lo largo de los años se revierta la situación crítica que tenemos y comencemos a alcanzar el autoabastecimiento, poniendo en valor todo el potencial que tiene nuestro país en materia energética.
Llamativamente, recién hemos escuchado hablar hasta de la negación de la crisis energética. Y me pregunto por qué estamos sentados aquí. No estamos aquí sentados porque acaba de asumir un gobierno que en su plataforma nos propuso que iba a expropiar YPF para recuperar la soberanía energética. Estamos aquí porque el agua nos empezó a tapar. Porque desde el año 98 comenzó a decaer la producción de petróleo; desde el año 2004, la producción de gas.
En nuestra provincia de Buenos Aires, en invierno las empresas que necesitan gas deben racionar su uso e incluso disminuir su capacidad productiva. En verano, los centros urbanos residenciales sufren interrupción de servicio en materia energética.
Hoy nos convocan los hidrocarburos. Es cierto que en los últimos años, como consecuencia del proceso de crecimiento, se registró un aumento de la demanda; pero también lo es que cae la producción de petróleo desde 1998, y la de gas desde 1994.
Ante estas alarmas o llamados de atención, el gobierno no reaccionó. Se cometieron muchos desaciertos. Mucho se habló ya de los desaciertos históricos y de la escandalosa privatización de YPF en 1992, de la que participaron los mismos actores que hoy proponen la solución inversa. Pero también debemos recordar que en los últimos nueve años, el gobierno no atendió la crítica situación que se estaba generando y comenzó a importar cada vez más hidrocarburos.
Mientras la caja alcanzaba, no había problema; cuando empezó a resultar insuficiente, sonó la alarma. El 24 de enero, reincorporada a sus funciones luego de la dolencia que la afectó, la señora presidenta nos dice que la situación era insostenible. ¡Claro que era insostenible! Ahí comienzan las idas y venidas; mágicamente, en poquitas semanas surge en las provincias la vocación de revisar concesiones y empieza el hostigamiento a la empresa Repsol. Tiene lugar una tarea coordinada con las provincias mientras se piensa qué hacer. Ese "pensar qué se hace", se advierte en la improvisación que surge del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, un proyecto insuficiente e inconsistente.
Por supuesto que estamos de acuerdo con recuperar la soberanía en materia energética y alcanzar el autoabastecimiento. Nuestro pensamiento es concordante con aquel que emana de una corriente nacional. Compartimos la visión energética, señora presidenta. Pero queremos actuar con coherencia, un valor que lamentablemente está en crisis no sólo en la política sino también en muchos otros aspectos de la sociedad. Queremos que se aproveche esta oportunidad y se sancione una buena ley que resuelva muchos problemas. Nuestro país se ha movido históricamente entre dos contradicciones respecto de esta materia: cuáles deben ser los roles de los sectores público y privado, y cuáles los que tienen que desempeñar la Nación y las provincias.
Estamos ante la oportunidad de zanjar la cuestión de manera armónica. Muchos coincidimos con que el Estado debe tener un rol protagónico, definir una política energética y poseer el control de la empresa para que ésta sea rectora del proceso productivo.
También creemos que hace falta sumar inversión privada. Si consideramos el volumen de inversiones que se necesita, advertiremos que con la pública no alcanza.
Otra cuestión que se plantea es la de centralismo versus federalismo. Nuestra Constitución reconoce que el dominio sobre los hidrocarburos está en cabeza de las provincias, pero también es cierto que necesitamos contar con una política energética a nivel nacional. Entonces, desde el punto de vista institucional, estamos obligados a generar un federalismo de concertación. El Consejo Federal de Hidrocarburos, cuya creación se propone en el proyecto del oficialismo, es insuficiente. A nuestro entender, debe ser más explícito al señalar que será el ámbito donde se definirá la política energética nacional.
Asimismo, para que quede garantizado que todo esto formará parte de una política de Estado, entendemos que el Congreso debería estar representado. Pensamos que tendrían que participar ambas cámaras a través de las comisiones con competencia en la materia, porque de esa manera estaría garantizada la intervención del oficialismo y de la oposición.
Sinceremos la discusión, señores diputados. Estamos ante una situación insostenible porque el país no puede seguir pagando 10.000 millones de dólares para sostener la importación de hidrocarburos. Si consideramos que se desembolsará un 110 por ciento más que el año anterior, la proyección para el presente ejercicio revela una situación extremadamente grave.
Esto es lo que motiva la discusión. No hay una convicción profunda de parte del oficialismo de reivindicar esta propuesta sino simplemente un estado de necesidad.
De todos modos, este estado de necesidad nos brinda una oportunidad -y más vale tarde que nunca-, pero debemos aprovecharla en serio.
Cuando ingresé a esta Cámara, en diciembre, justamente advertido de esta situación de crisis energética, el primer proyecto que presenté fue un pedido de informes para obtener datos oficiales sobre cuál es el nivel de reserva, el cumplimiento de las concesiones, la actividad de ENARSA y los planes oficiales en la materia, para que pudiéramos, en este ámbito natural de deliberación y de construcción de consensos, comenzar a delinear una política de Estado.
Lamentablemente, ello no ha sucedido; no hay un plan energético nacional; no se ha explicitado en estos días en que se plantea esta propuesta. No sabemos qué se va a hacer con las otras concesiones porque, tal como se ha dicho aquí, Repsol YPF es parte del problema. No hay que menospreciarlo, es un 34 por ciento del mercado petrolero, un 23 por ciento en el caso del gas, y hay que abocarse, pero también hay que mirar al resto de las concesiones, algunas con incumplimientos importantes. Hay que auditar todas las concesiones que se han manejado de manera escandalosa aceptando las declaraciones juradas de las empresas.
¿Qué pasó con ENARSA, propuesta por ese mismo gobierno? ¿Qué desarrollo ha tenido? ¿Cómo se han cumplido los objetivos fijados en la ley? ¿Cuál es la matriz energética en la que queremos avanzar, justamente para combinar distintos recursos, para avanzar en la utilización de las energías renovables alternativas?
Creemos que para alcanzar el autoabastecimiento había otros caminos. Seguramente, si nos hubiese tocado tomar decisiones hubiéramos abordado otras cuestiones que tienen que ver con los interrogantes que recién planteaba. Lo cierto es que hoy estamos discutiendo este proyecto y debemos expedirnos sobre él.
Realmente, la gestión en el área de energía dentro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha sido de una absoluta desidia, y también debe investigarse si no se ha dado otro tipo de responsabilidades.
El vaciamiento de YPF que hoy alegremente se denuncia como un comentario es una situación gravísima que no puede quedar impune y debe ser investigada. Hay denuncias ya formuladas, hay que apoyarlas y se debe investigar administrativa y penalmente, tanto a los responsables privados como a los públicos.
Es difícil, entonces, confiar en que algo va a cambiar. Y créanme que quienes coincidimos desde lo conceptual y venimos con una vocación constructiva nos encontramos con muchas dificultades. Se nos hace extremadamente difícil acompañar esta propuesta. Pero, reitero, queremos ser coherentes y apostar por encima de este gobierno, para que esta herramienta sirva al Estado argentino y a la sociedad en su conjunto.
Creemos que la sociedad anónima debe ser claramente explicitada como una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, una SAPEM. Si vamos a tener el 51 por ciento de las acciones, de eso se trata y así hay que expresarlo en el texto de la ley. Así hay que someter a la empresa, además de a los controles fijados por las leyes 19.550 y 24.156, a los de la Auditoría General de la Nación.
En cuanto al Consejo Federal, recién señalé la necesidad de fortalecerlo como ámbito de definición de la política energética nacional.
La expropiación debe extenderse también al otro gran grupo titular de acciones, al grupo Petersen. ¿Por qué se está expropiando solamente a Repsol? Nadie lo ha podido explicar.
Nosotros creemos que hay que expropiar la totalidad de las acciones clase D, tanto las de Repsol como del grupo Petersen. Eso es lo que corresponde al interés superior de este proyecto, y también para salvaguardar algún tipo de reclamo que por esa diferenciación o discriminación pudiera surgir.
Asimismo, planteamos la necesidad de garantizar el sostenimiento de la participación estatal mayoritaria en el futuro. Está bien la idea de que exista una mayoría calificada para transferir acciones en el futuro, pero es necesario que cualquier incorporación o ampliación de capital siempre prevea la conservación del 51 por ciento en manos del Estado.
Con respecto a la participación de las provincias, entendemos que la adjudicación del 49 por ciento de las acciones que se expropien debe ser distribuida equitativamente en el conjunto de las jurisdicciones federales.
Las provincias con extracción de recursos ya tienen las regalías como beneficio directo. Creemos que todas las provincias se deben beneficiar y deben participar de la titularidad de las acciones y de las utilidades que se devenguen en el futuro.
En nuestra provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos refinerías y otros eslabones de la cadena productiva que participan, además, de la distribución y del consumo. Pido a los diputados de la provincia de Buenos Aires, que somos muchos en esta Cámara, que realmente tengamos en cuenta la defensa de nuestros intereses e incorporemos la distribución de estas acciones en el conjunto de las provincias. Me gustaría haber escuchado al gobernador de nuestra provincia defender claramente, con énfasis, este tipo de propuestas.
Pedimos que se garantice la reinversión de las utilidades que genere la empresa en el futuro, justamente para que ésta no sea otra caja que vaya a financiar otras obligaciones del Estado sino que garanticemos inversión para exploración, explotación y todas las tareas que la empresa debe desarrollar.
En los criterios para determinar el valor de la empresa, establecidos en la ley 21.499, nosotros agregamos que debe participar la Auditoría General de la Nación con un control sobre los estados contables, revisando las concesiones vigentes, auditando las reservas y los pasivos ambientales.
También, como dijo antes el señor diputado Lozano, nos parece importante incorporar a distintos actores que de alguna manera participan de la actividad -consumidores, asociaciones de defensa del medioambiente, los trabajadores, empresas del sector-, en un consejo de control social, para poder hacer un exhaustivo seguimiento de los objetivos de la nueva YPF.
Asimismo, reclamamos el compromiso de la Justicia y de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que corresponda, a los fines de facilitar la investigación para que el vaciamiento de YPF no quede impune y realmente se pueda llegar a hacer justicia, como corresponde.
Finalmente, reitero nuestra vocación de acompañar el proyecto en general, sosteniendo las disidencias que hemos planteado. Y pedimos encarecidamente que el oficialismo reconozca que tiene un respaldo popular importante con el resultado electoral alcanzado en las últimas elecciones, pero que no es dueño exclusivo de la verdad. También la oposición representa a muchos ciudadanos y humildemente podemos aportar -como creemos que lo hacemos- ideas, sugerencias o propuestas que contribuyen a mejorar esta norma.
No desaprovechemos esta oportunidad y generemos una herramienta que, por encima de este gobierno, sirva a la Nación y al conjunto de nuestra sociedad.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Prat-Gay.
SR. PRAT-GAY Señora presidenta: ya está bastante avanzado el debate.
La primera reflexión que quiero hacer es rescatar la actitud del bloque del Frente para la Victoria, que siempre se queda hasta el final. Algunos, como el diputado Pais, ni siquiera se han movido de sus sillas. Me parece que esa es una actitud que desde la oposición deberíamos tratar de imitar, porque a veces desde este lado nos surge con más facilidad dar el discurso y luego retirarnos.
La segunda reflexión es la siguiente. Decía recién el diputado preopinante que el oficialismo no tuvo vocación de discutir algunas mejoras, y la verdad es que hemos escuchado de los bloques de la UCR y del FAP algunas propuestas concretas que seguramente hubieran significado mejoras sustanciales al proyecto de ley que se está por aprobar.
Me parece que la responsabilidad está también repartida.
Sin ánimo de realizar crítica alguna a otros bloques políticos, creo que salir a anunciar rápidamente el apoyo es la mejor manera de minar y eliminar la propia posibilidad de negociación, discusión y mejora de lo que se está proponiendo.
Lo que estoy tratando de decir es que todavía estamos en un estadio donde el Parlamento no funciona como debiera hacerlo. Estas reuniones pueden ser más o menos civilizadas, pero en una gran medida terminan siendo declamatorias porque las discusiones que importan y definen los distintos artículos se dan en otro lugar.
Simplemente, quería hacer esta reflexión para que vayamos pensando, cada uno desde su banca, la forma en la que podemos contribuir para que el Parlamento recupere y sea -con las distintas diferencias- el ámbito donde se discuten las cosas y, de esa manera, se mejoren los diversos proyectos.
La iniciativa que estamos considerando se refiere a la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Ya nos hemos referido al tema; se ha hablado también de soberanía y de otros ejes como el control y el autoabastecimiento.
A mi juicio, no hace falta esta ley para que todos reconozcamos la soberanía hidrocarburífera, que ya está consignada en la Constitución Nacional, y los Estados provinciales son dueños y soberanos de esos recursos.
La segunda cuestión tiene que ver con el control. No estoy tan seguro de que esta iniciativa, en lo instrumental -aun en esos tres primeros artículos-, agregue algo a lo que ya establece la ley 17.319 en los primeros cinco artículos y en la misma línea. Considero que no se está avanzando en el control y en una mejor regulación y funcionamiento del sector petrolero. Esto lo digo desde el punto de vista instrumental.
En todo caso, si ha fallado el control -como lo manifiesto y como se expresó en esta reunión- ha sido porque el gobierno nacional no ha utilizado los recursos disponibles en el marco de la ley para conseguir ese objetivo.
Me permito hacer algunas reflexiones antes de hablar de la cuestión concreta del autoabastecimiento o desabastecimiento que ha logrado la gestión del kirchnerismo durante los últimos ocho años.
No tengo en mi poder el presupuesto de la diputada Bullrich, pero poseo este gráfico que seguramente vamos a poder apreciar. Concretamente, no hay ningún período de ocho años en la historia argentina en el que haya caído tanto la producción de petróleo y gas como en todo este tiempo. Cuando el oficialismo se regodea tomando como punto de partida el año 2003, creo que en este caso no lo pudo hacer. En el decreto de necesidad y urgencia que establece la intervención de YPF, cuando hay que hacer las comparaciones, se vuelcan al 97, como una forma de querer encontrar otro período a partir del cual se pueden agarrar para justificar este tremendo fracaso en la política energética.
En mi opinión, creo que es un fracaso que no se va a resolver y hasta podría profundizarse con la aprobación de esta ley.
Mi reflexión tiene que ver con la capacidad o, mejor dicho, incapacidad manifiesta y hasta reconocida por el gobierno nacional de hacer lo que decía la ley, o sea, regular lo que tenía que regular y cumplir con el objetivo de autoabastecimiento que ya estaba establecido en esta ley del año 1967.
Cuando el señor viceministro de Economía de la Nación concurrió al Senado, una de las tantas cosas que dijo fue algo así como "No podemos controlar aquellas empresas en las que no tenemos participación mayoritaria". Palabras más, palabras menos, esto fue lo que precisó.
¿Qué quiere decir eso? Que las empresas privadas o las de control privado no están dentro de la capacidad que el gobierno puede controlar. Esa es una de las preguntas que me hubiera gustado hacer al viceministro de Economía si hubiera venido a esta Cámara de Diputados como sí lo hizo al Senado de la Nación.
Al inicio de esta reunión hubo una confesión muy clara, muy transparente, de parte de la señora diputada Conti. Dijo que al principio se creyó que YPF Gas era tan sólo una controlada de YPF. No estamos hablando de una pyme municipal o de una pequeña empresa de actividades conocidas; hablamos de una de las principales empresas encargadas de producir un recurso estratégico para el país. A confesión de parte, sabemos lo que debemos hacer.
También quiero referirme a la participación del Grupo Petersen, a Eskenazi, a sus muy conocidos vínculos con el kirchnerismo desde la época del Banco de Santa Cruz y a lo que ocurrió con la compañía a partir de su ingreso. Asimismo, a la responsabilidad que tuvo el gobierno al forzar y fomentar la incorporación del grupo de Eskenazi, y a su participación en todas las reuniones de directorio antes y durante la gestión de Eskenazi.
Tengo frente a mis ojos el Acta N° 277, del 6 de febrero de 2008, de la que quiero leer algunos párrafos para contextualizar mis argumentos. Dice: "Siendo las 16:00 horas y habiendo quórum, el señor presidente declara abierta la sesión.
"Acto seguido ingresan a la sala los señores Gonzalo López Fanjul y Alfredo Pochintesta quienes agradecen y aceptan el cargo para el cual han sido designados.
"Ingresa a la sala el señor Santiago Carnero acompañado por el señor Roberto Baratta. El señor presidente le da la bienvenida al contador Santiago Carnero, quien se incorpora al directorio."
Continúa así: "De inmediato se pasa a considerar el quinto punto del orden del día: 'Distribución de dividendos, de acuerdo a las facultades otorgadas y a la reserva constituida por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13 de abril de 2007.'
Comienza la discusión y en determinado momento se dispone: "...la distribución a los señores accionistas de la reserva para futuros dividendos aprobada por la asamblea, según fuera facultada por ésta, mediante la aprobación de un dividendo de diez pesos con setenta y seis centavos ($10,76) por acción..."
Hace un rato, en oportunidad de habérseme concedido una interrupción, señalé que hasta ese momento YPF giraba un dividendo correspondiente a 6 pesos por acción. En la asamblea a la que acabo de hacer referencia, se determinó realizar un giro extraordinario de 10,76 pesos por acción. Después, a lo largo del año, los dividendos llegaron a superar los 23 pesos por acción.
El último párrafo que acabo de leer, continúa así: "...los que serán puestos a disposición de todos los accionistas el 29 de febrero de 2008..."
Veamos cuál fue el recorrido que se siguió. Como dije antes, esta reunión de directorio se celebró el 6 de febrero de 2008; los dividendos se harían efectivos el 29 de febrero de ese año. ¿Qué pasó entre los días 6 y 29? El 21 se perfeccionó la operación por la cual el grupo de Eskenazi ingresa con casi el 15 por ciento de la compañía. Ahora bien; era necesario que antes de su incorporación, un acta de directorio le garantizase que a la semana podría disponer del efectivo necesario para comprar sin un solo peso la participación accionaria.
Luego de un intercambio de opiniones, la decisión adoptada por el directorio de la sociedad anónima Repsol YPF fue por unanimidad, igual que en prácticamente todas las demás reuniones celebradas desde principios de 2008.
Como expliqué antes, en dicho año aquellos 23,61 pesos por acción representaban el 238 por ciento de las utilidades netas. En 2009, los 12,45 pesos por acción equivalían al 133 por ciento de las utilidades netas.
Si analizamos de cuánto fue la remisión de dividendos como porcentaje del patrimonio antes del ingreso de Eskenazi, advertiremos que todos los años correspondió al 15 por ciento. Luego de su incorporación, pasó al 32 por ciento. Podemos concluir entonces que una compañía obligada regulatoriamente y amparada por el regulador para realizar este giro de dividendos, difícilmente podía lograr el autoabastecimiento pregonado desde todos los sectores.
En los considerandos del decreto de necesidad y urgencia que establece la intervención hay varios gráficos. En casi todos ellos, más de la mitad del período al que se hace referencia es el que abarca el gobierno kirchnerista. Esto es lo mismo que hizo la presidenta autoincriminándose, con todos esos gráficos, el día que anunció esta expropiación.
Me quedo con uno de ellos porque no tenemos tanto tiempo para seguir discutiendo estas cuestiones. Miremos desde 2003 en adelante, como le gusta hacer al oficialismo, que siempre junta los ocho años de gestión; ni siquiera reparte cuatro y cuatro porque si lo hiciera, encontraría más cosas para mejorar, pero no lo quiere hacer. Analicemos, entonces, los ocho años de gestión energética del kirchnerismo. Observamos una caída en la producción incomparable. En los últimos cien años de historia, las únicas veces que tuvimos caídas en la producción, fueron la siguientes. El período de Farrell -cuando ya estaba Perón en la conducción-, con una caída del 16 por ciento. Observamos otra caída del 9 por ciento durante la segunda Presidencia de Perón. Alguien se refirió hace poco tiempo al año 73 en adelante. Vemos una caída del 13 por ciento en los primeros cuatro años de la gestión de Alfonsín, y un 23 por ciento durante los ocho años del kirchnerismo.
El que se resista a aceptar que la gestión energética del kirchnerismo ha sido un desastre, como mínimo está ignorando la historia. Y en esa historia, lo que vemos es que en estos últimos ocho años, la producción de gas de Repsol YPF -estoy leyendo los gráficos de los considerandos del DNU- pasó de 16,7 millones de metros cúbicos anuales en 2003, a 10,6 millones de metros cúbicos en 2011, vale decir, una caída de 6,1 millones de metros cúbicos.
De esos 6,1 millones de metros cúbicos, 2,1 millones cayeron en los primeros cuatro años; podemos decir, durante la gestión de Cristina o durante la gestión de Repsol sin Eskenazi; cualquiera de las dos definiciones es válida. Otros 4 millones, vale decir, las dos terceras partes de la caída de la producción de gas de una empresa que era la número uno y que pasó a ser la número dos, en una matriz energética que depende casi exclusivamente del gas, los dos tercios de esa caída sucedieron durante la gestión de Cristina Kirchner pero con Sebastián Eskenazi como CEO de la compañía.
Parece que estas cosas hay que blanquearlas y plantearlas con muchísima claridad porque, si no, no estamos haciendo un servicio a lo que discutimos y, por sobre todas las cosas, no estamos entendiendo lo que pasó efectivamente.
Creo que también habría que haber discutido más a fondo la situación de las provincias. Las provincias son las dueñas del petróleo pero entregan la mitad por la retención que aplica el gobierno nacional, y cobran una regalía solamente por el precio neto de venta y no por el precio completo. Si tuviera que hablar de soberanía estaría diciendo que no hay soberanía de las provincias; hay soberanía del Estado nacional, y esto no es federalismo, sino que más, todo lo contrario.
De todas maneras, para no ahondar en números que seguramente vamos a tener tiempo para desarrollar durante la sesión en el recinto, que entiendo será larga -espero que así sea, que tengamos más de un día para discutir en el plenario de la Cámara-, quisiera aclarar el sentido del voto del bloque que presido que, como ya habrán adivinado, no será unánime sino dividido, como ocurre también en otros bloques.
Esto es así no porque tengamos visiones diferentes; hay unanimidad en el bloque de la Coalición Cívica-ARI en el sentido de que es necesario que YPF tenga control estatal y que fue un error haber privatizado la empresa, pero no hay consenso respecto del resultado concreto que puede generar esta expropiación en los términos en que está siendo planteada por el gobierno nacional.
Personalmente, creo que votar a favor de este proyecto sería el equivalente a blanquear y encubrir a quien permitió y fomentó el vaciamiento, en estos años, que es el principal responsable del fracaso de la política energética, que nos deja hoy con esos niveles de importación y que transformó el autoabastecimiento en desabastecimiento energético.
Entonces, podríamos votar en contra. Como ustedes saben, la decisión de cuatro miembros del bloque es la de abstenerse, así como también lo hizo la senadora de nuestro bloque en la votación en el Senado.
Vale decir que de siete miembros con que cuenta el partido en el Congreso, cinco nos abstenemos y dos votarán a favor. No podríamos votar en contra porque si lo hiciéramos cometeríamos el error de defender la empresa que vació la compañía y a la que venimos denunciando desde 2006, como surge de las expresiones vertidas por la señora diputada Carrió y el señor diputado Comi.
Creo que esto es una trampa no solamente para nosotros, sino para toda la oposición, y me atrevería a decir que también lo es para algunos miembros del Frente para la Victoria.
Esta trampa, en algún punto, tiene su origen en esta confusión de Estado y gobierno a la que de a poco nos ha ido llevando el kirchnerismo.
Es cierto que es una ley para los próximos cincuenta años, pero no es menos cierto que es una norma destinada a facilitar el buen pasar a aquel que produjo estos resultados en el sector energético en general. Me refiero a aquel que apoyó la privatización en el 92; aquel que propuso y ejecutó la argentinización en 2008 y que no supo cómo controlar esto durante los últimos años.
Por ello, no entiendo cómo, con esta ley, va a poder controlar más; no sé de qué forma con esta norma va a poder tener resultados mejores de los que ha tenido en ENARSA y en Aerolíneas Argentinas.
Nosotros, como bloque, estando unánimemente a favor de que YPF vuelva a tener control estatal, en esta oportunidad somos mayoría los que no podemos acompañar esta propuesta y los que pediremos permiso en el recinto para abstenernos.
La primera reflexión que quiero hacer es rescatar la actitud del bloque del Frente para la Victoria, que siempre se queda hasta el final. Algunos, como el diputado Pais, ni siquiera se han movido de sus sillas. Me parece que esa es una actitud que desde la oposición deberíamos tratar de imitar, porque a veces desde este lado nos surge con más facilidad dar el discurso y luego retirarnos.
La segunda reflexión es la siguiente. Decía recién el diputado preopinante que el oficialismo no tuvo vocación de discutir algunas mejoras, y la verdad es que hemos escuchado de los bloques de la UCR y del FAP algunas propuestas concretas que seguramente hubieran significado mejoras sustanciales al proyecto de ley que se está por aprobar.
Me parece que la responsabilidad está también repartida.
Sin ánimo de realizar crítica alguna a otros bloques políticos, creo que salir a anunciar rápidamente el apoyo es la mejor manera de minar y eliminar la propia posibilidad de negociación, discusión y mejora de lo que se está proponiendo.
Lo que estoy tratando de decir es que todavía estamos en un estadio donde el Parlamento no funciona como debiera hacerlo. Estas reuniones pueden ser más o menos civilizadas, pero en una gran medida terminan siendo declamatorias porque las discusiones que importan y definen los distintos artículos se dan en otro lugar.
Simplemente, quería hacer esta reflexión para que vayamos pensando, cada uno desde su banca, la forma en la que podemos contribuir para que el Parlamento recupere y sea -con las distintas diferencias- el ámbito donde se discuten las cosas y, de esa manera, se mejoren los diversos proyectos.
La iniciativa que estamos considerando se refiere a la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Ya nos hemos referido al tema; se ha hablado también de soberanía y de otros ejes como el control y el autoabastecimiento.
A mi juicio, no hace falta esta ley para que todos reconozcamos la soberanía hidrocarburífera, que ya está consignada en la Constitución Nacional, y los Estados provinciales son dueños y soberanos de esos recursos.
La segunda cuestión tiene que ver con el control. No estoy tan seguro de que esta iniciativa, en lo instrumental -aun en esos tres primeros artículos-, agregue algo a lo que ya establece la ley 17.319 en los primeros cinco artículos y en la misma línea. Considero que no se está avanzando en el control y en una mejor regulación y funcionamiento del sector petrolero. Esto lo digo desde el punto de vista instrumental.
En todo caso, si ha fallado el control -como lo manifiesto y como se expresó en esta reunión- ha sido porque el gobierno nacional no ha utilizado los recursos disponibles en el marco de la ley para conseguir ese objetivo.
Me permito hacer algunas reflexiones antes de hablar de la cuestión concreta del autoabastecimiento o desabastecimiento que ha logrado la gestión del kirchnerismo durante los últimos ocho años.
No tengo en mi poder el presupuesto de la diputada Bullrich, pero poseo este gráfico que seguramente vamos a poder apreciar. Concretamente, no hay ningún período de ocho años en la historia argentina en el que haya caído tanto la producción de petróleo y gas como en todo este tiempo. Cuando el oficialismo se regodea tomando como punto de partida el año 2003, creo que en este caso no lo pudo hacer. En el decreto de necesidad y urgencia que establece la intervención de YPF, cuando hay que hacer las comparaciones, se vuelcan al 97, como una forma de querer encontrar otro período a partir del cual se pueden agarrar para justificar este tremendo fracaso en la política energética.
En mi opinión, creo que es un fracaso que no se va a resolver y hasta podría profundizarse con la aprobación de esta ley.
Mi reflexión tiene que ver con la capacidad o, mejor dicho, incapacidad manifiesta y hasta reconocida por el gobierno nacional de hacer lo que decía la ley, o sea, regular lo que tenía que regular y cumplir con el objetivo de autoabastecimiento que ya estaba establecido en esta ley del año 1967.
Cuando el señor viceministro de Economía de la Nación concurrió al Senado, una de las tantas cosas que dijo fue algo así como "No podemos controlar aquellas empresas en las que no tenemos participación mayoritaria". Palabras más, palabras menos, esto fue lo que precisó.
¿Qué quiere decir eso? Que las empresas privadas o las de control privado no están dentro de la capacidad que el gobierno puede controlar. Esa es una de las preguntas que me hubiera gustado hacer al viceministro de Economía si hubiera venido a esta Cámara de Diputados como sí lo hizo al Senado de la Nación.
Al inicio de esta reunión hubo una confesión muy clara, muy transparente, de parte de la señora diputada Conti. Dijo que al principio se creyó que YPF Gas era tan sólo una controlada de YPF. No estamos hablando de una pyme municipal o de una pequeña empresa de actividades conocidas; hablamos de una de las principales empresas encargadas de producir un recurso estratégico para el país. A confesión de parte, sabemos lo que debemos hacer.
También quiero referirme a la participación del Grupo Petersen, a Eskenazi, a sus muy conocidos vínculos con el kirchnerismo desde la época del Banco de Santa Cruz y a lo que ocurrió con la compañía a partir de su ingreso. Asimismo, a la responsabilidad que tuvo el gobierno al forzar y fomentar la incorporación del grupo de Eskenazi, y a su participación en todas las reuniones de directorio antes y durante la gestión de Eskenazi.
Tengo frente a mis ojos el Acta N° 277, del 6 de febrero de 2008, de la que quiero leer algunos párrafos para contextualizar mis argumentos. Dice: "Siendo las 16:00 horas y habiendo quórum, el señor presidente declara abierta la sesión.
"Acto seguido ingresan a la sala los señores Gonzalo López Fanjul y Alfredo Pochintesta quienes agradecen y aceptan el cargo para el cual han sido designados.
"Ingresa a la sala el señor Santiago Carnero acompañado por el señor Roberto Baratta. El señor presidente le da la bienvenida al contador Santiago Carnero, quien se incorpora al directorio."
Continúa así: "De inmediato se pasa a considerar el quinto punto del orden del día: 'Distribución de dividendos, de acuerdo a las facultades otorgadas y a la reserva constituida por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13 de abril de 2007.'
Comienza la discusión y en determinado momento se dispone: "...la distribución a los señores accionistas de la reserva para futuros dividendos aprobada por la asamblea, según fuera facultada por ésta, mediante la aprobación de un dividendo de diez pesos con setenta y seis centavos ($10,76) por acción..."
Hace un rato, en oportunidad de habérseme concedido una interrupción, señalé que hasta ese momento YPF giraba un dividendo correspondiente a 6 pesos por acción. En la asamblea a la que acabo de hacer referencia, se determinó realizar un giro extraordinario de 10,76 pesos por acción. Después, a lo largo del año, los dividendos llegaron a superar los 23 pesos por acción.
El último párrafo que acabo de leer, continúa así: "...los que serán puestos a disposición de todos los accionistas el 29 de febrero de 2008..."
Veamos cuál fue el recorrido que se siguió. Como dije antes, esta reunión de directorio se celebró el 6 de febrero de 2008; los dividendos se harían efectivos el 29 de febrero de ese año. ¿Qué pasó entre los días 6 y 29? El 21 se perfeccionó la operación por la cual el grupo de Eskenazi ingresa con casi el 15 por ciento de la compañía. Ahora bien; era necesario que antes de su incorporación, un acta de directorio le garantizase que a la semana podría disponer del efectivo necesario para comprar sin un solo peso la participación accionaria.
Luego de un intercambio de opiniones, la decisión adoptada por el directorio de la sociedad anónima Repsol YPF fue por unanimidad, igual que en prácticamente todas las demás reuniones celebradas desde principios de 2008.
Como expliqué antes, en dicho año aquellos 23,61 pesos por acción representaban el 238 por ciento de las utilidades netas. En 2009, los 12,45 pesos por acción equivalían al 133 por ciento de las utilidades netas.
Si analizamos de cuánto fue la remisión de dividendos como porcentaje del patrimonio antes del ingreso de Eskenazi, advertiremos que todos los años correspondió al 15 por ciento. Luego de su incorporación, pasó al 32 por ciento. Podemos concluir entonces que una compañía obligada regulatoriamente y amparada por el regulador para realizar este giro de dividendos, difícilmente podía lograr el autoabastecimiento pregonado desde todos los sectores.
En los considerandos del decreto de necesidad y urgencia que establece la intervención hay varios gráficos. En casi todos ellos, más de la mitad del período al que se hace referencia es el que abarca el gobierno kirchnerista. Esto es lo mismo que hizo la presidenta autoincriminándose, con todos esos gráficos, el día que anunció esta expropiación.
Me quedo con uno de ellos porque no tenemos tanto tiempo para seguir discutiendo estas cuestiones. Miremos desde 2003 en adelante, como le gusta hacer al oficialismo, que siempre junta los ocho años de gestión; ni siquiera reparte cuatro y cuatro porque si lo hiciera, encontraría más cosas para mejorar, pero no lo quiere hacer. Analicemos, entonces, los ocho años de gestión energética del kirchnerismo. Observamos una caída en la producción incomparable. En los últimos cien años de historia, las únicas veces que tuvimos caídas en la producción, fueron la siguientes. El período de Farrell -cuando ya estaba Perón en la conducción-, con una caída del 16 por ciento. Observamos otra caída del 9 por ciento durante la segunda Presidencia de Perón. Alguien se refirió hace poco tiempo al año 73 en adelante. Vemos una caída del 13 por ciento en los primeros cuatro años de la gestión de Alfonsín, y un 23 por ciento durante los ocho años del kirchnerismo.
El que se resista a aceptar que la gestión energética del kirchnerismo ha sido un desastre, como mínimo está ignorando la historia. Y en esa historia, lo que vemos es que en estos últimos ocho años, la producción de gas de Repsol YPF -estoy leyendo los gráficos de los considerandos del DNU- pasó de 16,7 millones de metros cúbicos anuales en 2003, a 10,6 millones de metros cúbicos en 2011, vale decir, una caída de 6,1 millones de metros cúbicos.
De esos 6,1 millones de metros cúbicos, 2,1 millones cayeron en los primeros cuatro años; podemos decir, durante la gestión de Cristina o durante la gestión de Repsol sin Eskenazi; cualquiera de las dos definiciones es válida. Otros 4 millones, vale decir, las dos terceras partes de la caída de la producción de gas de una empresa que era la número uno y que pasó a ser la número dos, en una matriz energética que depende casi exclusivamente del gas, los dos tercios de esa caída sucedieron durante la gestión de Cristina Kirchner pero con Sebastián Eskenazi como CEO de la compañía.
Parece que estas cosas hay que blanquearlas y plantearlas con muchísima claridad porque, si no, no estamos haciendo un servicio a lo que discutimos y, por sobre todas las cosas, no estamos entendiendo lo que pasó efectivamente.
Creo que también habría que haber discutido más a fondo la situación de las provincias. Las provincias son las dueñas del petróleo pero entregan la mitad por la retención que aplica el gobierno nacional, y cobran una regalía solamente por el precio neto de venta y no por el precio completo. Si tuviera que hablar de soberanía estaría diciendo que no hay soberanía de las provincias; hay soberanía del Estado nacional, y esto no es federalismo, sino que más, todo lo contrario.
De todas maneras, para no ahondar en números que seguramente vamos a tener tiempo para desarrollar durante la sesión en el recinto, que entiendo será larga -espero que así sea, que tengamos más de un día para discutir en el plenario de la Cámara-, quisiera aclarar el sentido del voto del bloque que presido que, como ya habrán adivinado, no será unánime sino dividido, como ocurre también en otros bloques.
Esto es así no porque tengamos visiones diferentes; hay unanimidad en el bloque de la Coalición Cívica-ARI en el sentido de que es necesario que YPF tenga control estatal y que fue un error haber privatizado la empresa, pero no hay consenso respecto del resultado concreto que puede generar esta expropiación en los términos en que está siendo planteada por el gobierno nacional.
Personalmente, creo que votar a favor de este proyecto sería el equivalente a blanquear y encubrir a quien permitió y fomentó el vaciamiento, en estos años, que es el principal responsable del fracaso de la política energética, que nos deja hoy con esos niveles de importación y que transformó el autoabastecimiento en desabastecimiento energético.
Entonces, podríamos votar en contra. Como ustedes saben, la decisión de cuatro miembros del bloque es la de abstenerse, así como también lo hizo la senadora de nuestro bloque en la votación en el Senado.
Vale decir que de siete miembros con que cuenta el partido en el Congreso, cinco nos abstenemos y dos votarán a favor. No podríamos votar en contra porque si lo hiciéramos cometeríamos el error de defender la empresa que vació la compañía y a la que venimos denunciando desde 2006, como surge de las expresiones vertidas por la señora diputada Carrió y el señor diputado Comi.
Creo que esto es una trampa no solamente para nosotros, sino para toda la oposición, y me atrevería a decir que también lo es para algunos miembros del Frente para la Victoria.
Esta trampa, en algún punto, tiene su origen en esta confusión de Estado y gobierno a la que de a poco nos ha ido llevando el kirchnerismo.
Es cierto que es una ley para los próximos cincuenta años, pero no es menos cierto que es una norma destinada a facilitar el buen pasar a aquel que produjo estos resultados en el sector energético en general. Me refiero a aquel que apoyó la privatización en el 92; aquel que propuso y ejecutó la argentinización en 2008 y que no supo cómo controlar esto durante los últimos años.
Por ello, no entiendo cómo, con esta ley, va a poder controlar más; no sé de qué forma con esta norma va a poder tener resultados mejores de los que ha tenido en ENARSA y en Aerolíneas Argentinas.
Nosotros, como bloque, estando unánimemente a favor de que YPF vuelva a tener control estatal, en esta oportunidad somos mayoría los que no podemos acompañar esta propuesta y los que pediremos permiso en el recinto para abstenernos.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Zabalza.
SR. ZABALZA Señora presidenta: en primer lugar, quisiera manifestar, en nombre del Interbloque FAP, nuestro agradecimiento a los diputados Lozano, Cuccovillo y Duclós. Ellos, en nombre de todos los bloques, se pusieron este tema al hombro y trabajaron con mucho ahínco para tener materiales y así poder contar con bases de discusión en el seno de nuestro interbloque, que culminó con la realización de una audiencia pública muy importante.
Es algo fundamental porque se trata de un mecanismo sumamente positivo debido a que abre el debate y hace participar a más actores en el tema en cuestión.
En segundo lugar, quiero ratificar la posición asumida por el interbloque FAP. Queremos señalar nuestra adhesión al dictamen en disidencia que hemos acordado unánimemente y expresar nuestra convicción respecto del voto positivo.
Me refiero al acompañamiento en este proyecto. Particularmente, lo hago desde nuestra visión -el socialismo- porque nacimos a la actividad política en momentos en los que se debatía el tema petrolero sustentado en distintas posiciones.
Nosotros tuvimos enormes maestros, fuimos partícipes de movimientos de defensa del patrimonio nacional y de defensa del petróleo. Recuerdo con mucho cariño al doctor Adolfo Silenzi de Stagni porque viajaba permanentemente a Rosario a darnos charlas. Cuando se montaba la mentira del frondizismo con el petróleo, él tuvo una actitud claramente separadora de los campos y se mantuvo siempre en una línea de construcción que ha seguido YPF a través de grandes hombres que no quiero nombrar porque ya estamos sobre el final de esta reunión.
Quería decir todo esto para señalar que el nuestro es un voto que en absoluto nos pesa. Lo asumimos con la responsabilidad y convicción de sentirnos parte integrante de este país. Desde nuestra óptica queremos desarrollar y concretar una política pública que afiance una visión energética que nos haga cada vez más soberanos desde el punto de vista político y económico.
En segundo lugar, esa política nos debe ayudar a modificar un Estado que sea cada vez más participativo, democrático y descentralizado, porque con los Estados burocráticos absolutamente nada se puede hacer que permita cambiar la realidad de nuestro país ni de ninguna empresa.
Nosotros, como minoría, mirábamos qué pasaba en el país en la década del 90. Nosotros no éramos modernos; éramos antiguos porque no nos plegábamos a los cantos de la desregulación y de la privatización de las empresas del Estado.
La verdad es que en esa época eclosiona un concepto profundamente equivocado, sobre el que un hombre como Alfredo Palacios mantuvo debates importantes en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando cuestionaba -estoy haciendo un juicio histórico, tratando de rescatar valores- la estatización burocrática.
Esto eclosionó en la década del 90, donde llegamos a tener empresas absolutamente ineficientes, cooptadas y copadas, fundamentalmente por quienes se dedicaron a hacer negocios con las empresas del Estado, lo cual terminó con la privatización. La gente se hizo eco de todos los planteos que vendieron los neoliberales de la mano de Cavallo, y lamentablemente, con un gobierno votado por la mayoría de los ciudadanos.
Esto volvió a eclosionar en 2001, porque también hubo una continuidad posterior de estas políticas. Creo que hoy estamos ante una alternativa histórica que se abre en el país. En este sentido -y esto nos preocupa- necesitamos una política nacional seria en materia energética, lo cual implica participación.
No creo en los voluntarismos ni que haya que seguir a determinada persona. Creo en la posibilidad constructiva, modificadora y realizadora de las mayorías nacionales participando en la construcción de un proceso; no en algo que venga de arriba hacia abajo. Y hasta ahora, acá todo viene de arriba hacia abajo.
Nosotros no hemos sido parte en esta cuestión. Estamos tomando una posición -y lo digo sinceramente- sin información, porque ésta la manejan exclusivamente determinados niveles del gobierno. A nosotros nos cuesta un enorme trabajo acceder a información confiable.
Colegas diputados y diputadas: aquí se ha planteado un montón de cuestiones, que no quiero reiterar pero que son todas ciertas en la mayoría de sus aspectos. Necesitamos tener información acerca de las reservas, de volúmenes de producción, infinitos números que son esenciales para tomar una posición, para tener una política pública creíble en materia energética, donde el petróleo es una cuestión esencial.
Dejo planteadas dos o tres preguntas que me parecen fundamentales, y creo que merecemos una respuesta. En el proyecto que elevamos a la consideración de la Cámara de Diputados planteamos modificaciones de algunos artículos, pero quisiéramos tener para mañana una respuesta acerca de si hay alguna fecha de derogación prevista de los famosos decretos de Menem, que siguen absolutamente vigentes. Lo mismo sucede con la ley de reforma del Estado de la época menemista.
Nos gustaría saberlo, porque en verdad resulta muy difícil compatibilizar una política nacional pensada en términos de construcción de una nueva política en materia energética cuando existe una legislación que permitió abusos por parte de una empresa que lucra con el negocio petrolero desde la época menemista.
Por otro lado, quisiera saber si se ha previsto un nuevo marco regulatorio. ¿Cómo debemos hacer para participar del debate sobre un nuevo marco regulatorio en materia de petróleo y energía? Resulta esencial, para la construcción de una política energética a nivel nacional, contar con ese instrumento.
En el artículo 15 del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, comprendido en el capítulo titulado "De la continuidad jurídica y la gestión de YPF S.A.", se plantea que es lógico seguir con una sociedad económica abierta. ¿No se ha previsto ningún tipo de modificación sobre el particular? Nuestra propuesta es que se cree otro tipo de sociedad; concretamente, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, una SAPEM, que exponga determinados lineamientos y tenga, sobre todo, la posibilidad de controlar los organismos del Estado. Perdónennos, pero no creemos en la autotransparencia; es muy larga la experiencia de los manejos burocráticos en diferentes resortes del Estado y las formas no transparentes, lo que termina transformándose en un enemigo para cualquier proyecto tendiente a modificar positivamente la realidad.
Estos son los aspectos esenciales que queríamos plantear, señora presidenta. Además, nos sumamos a las expresiones vertidas por los señores diputados Lozano y Duclos en nombre del Frente Amplio Progresista. (Aplausos.)
Es algo fundamental porque se trata de un mecanismo sumamente positivo debido a que abre el debate y hace participar a más actores en el tema en cuestión.
En segundo lugar, quiero ratificar la posición asumida por el interbloque FAP. Queremos señalar nuestra adhesión al dictamen en disidencia que hemos acordado unánimemente y expresar nuestra convicción respecto del voto positivo.
Me refiero al acompañamiento en este proyecto. Particularmente, lo hago desde nuestra visión -el socialismo- porque nacimos a la actividad política en momentos en los que se debatía el tema petrolero sustentado en distintas posiciones.
Nosotros tuvimos enormes maestros, fuimos partícipes de movimientos de defensa del patrimonio nacional y de defensa del petróleo. Recuerdo con mucho cariño al doctor Adolfo Silenzi de Stagni porque viajaba permanentemente a Rosario a darnos charlas. Cuando se montaba la mentira del frondizismo con el petróleo, él tuvo una actitud claramente separadora de los campos y se mantuvo siempre en una línea de construcción que ha seguido YPF a través de grandes hombres que no quiero nombrar porque ya estamos sobre el final de esta reunión.
Quería decir todo esto para señalar que el nuestro es un voto que en absoluto nos pesa. Lo asumimos con la responsabilidad y convicción de sentirnos parte integrante de este país. Desde nuestra óptica queremos desarrollar y concretar una política pública que afiance una visión energética que nos haga cada vez más soberanos desde el punto de vista político y económico.
En segundo lugar, esa política nos debe ayudar a modificar un Estado que sea cada vez más participativo, democrático y descentralizado, porque con los Estados burocráticos absolutamente nada se puede hacer que permita cambiar la realidad de nuestro país ni de ninguna empresa.
Nosotros, como minoría, mirábamos qué pasaba en el país en la década del 90. Nosotros no éramos modernos; éramos antiguos porque no nos plegábamos a los cantos de la desregulación y de la privatización de las empresas del Estado.
La verdad es que en esa época eclosiona un concepto profundamente equivocado, sobre el que un hombre como Alfredo Palacios mantuvo debates importantes en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando cuestionaba -estoy haciendo un juicio histórico, tratando de rescatar valores- la estatización burocrática.
Esto eclosionó en la década del 90, donde llegamos a tener empresas absolutamente ineficientes, cooptadas y copadas, fundamentalmente por quienes se dedicaron a hacer negocios con las empresas del Estado, lo cual terminó con la privatización. La gente se hizo eco de todos los planteos que vendieron los neoliberales de la mano de Cavallo, y lamentablemente, con un gobierno votado por la mayoría de los ciudadanos.
Esto volvió a eclosionar en 2001, porque también hubo una continuidad posterior de estas políticas. Creo que hoy estamos ante una alternativa histórica que se abre en el país. En este sentido -y esto nos preocupa- necesitamos una política nacional seria en materia energética, lo cual implica participación.
No creo en los voluntarismos ni que haya que seguir a determinada persona. Creo en la posibilidad constructiva, modificadora y realizadora de las mayorías nacionales participando en la construcción de un proceso; no en algo que venga de arriba hacia abajo. Y hasta ahora, acá todo viene de arriba hacia abajo.
Nosotros no hemos sido parte en esta cuestión. Estamos tomando una posición -y lo digo sinceramente- sin información, porque ésta la manejan exclusivamente determinados niveles del gobierno. A nosotros nos cuesta un enorme trabajo acceder a información confiable.
Colegas diputados y diputadas: aquí se ha planteado un montón de cuestiones, que no quiero reiterar pero que son todas ciertas en la mayoría de sus aspectos. Necesitamos tener información acerca de las reservas, de volúmenes de producción, infinitos números que son esenciales para tomar una posición, para tener una política pública creíble en materia energética, donde el petróleo es una cuestión esencial.
Dejo planteadas dos o tres preguntas que me parecen fundamentales, y creo que merecemos una respuesta. En el proyecto que elevamos a la consideración de la Cámara de Diputados planteamos modificaciones de algunos artículos, pero quisiéramos tener para mañana una respuesta acerca de si hay alguna fecha de derogación prevista de los famosos decretos de Menem, que siguen absolutamente vigentes. Lo mismo sucede con la ley de reforma del Estado de la época menemista.
Nos gustaría saberlo, porque en verdad resulta muy difícil compatibilizar una política nacional pensada en términos de construcción de una nueva política en materia energética cuando existe una legislación que permitió abusos por parte de una empresa que lucra con el negocio petrolero desde la época menemista.
Por otro lado, quisiera saber si se ha previsto un nuevo marco regulatorio. ¿Cómo debemos hacer para participar del debate sobre un nuevo marco regulatorio en materia de petróleo y energía? Resulta esencial, para la construcción de una política energética a nivel nacional, contar con ese instrumento.
En el artículo 15 del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, comprendido en el capítulo titulado "De la continuidad jurídica y la gestión de YPF S.A.", se plantea que es lógico seguir con una sociedad económica abierta. ¿No se ha previsto ningún tipo de modificación sobre el particular? Nuestra propuesta es que se cree otro tipo de sociedad; concretamente, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, una SAPEM, que exponga determinados lineamientos y tenga, sobre todo, la posibilidad de controlar los organismos del Estado. Perdónennos, pero no creemos en la autotransparencia; es muy larga la experiencia de los manejos burocráticos en diferentes resortes del Estado y las formas no transparentes, lo que termina transformándose en un enemigo para cualquier proyecto tendiente a modificar positivamente la realidad.
Estos son los aspectos esenciales que queríamos plantear, señora presidenta. Además, nos sumamos a las expresiones vertidas por los señores diputados Lozano y Duclos en nombre del Frente Amplio Progresista. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Tunessi.
SR. TUNESSI Señora presidenta: en este debate que ya está promediando, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical quiero dar algunas precisiones sobre el asunto en discusión.
En primer lugar, estamos tratando un tema de semejante importancia en un contexto donde la sensación es que se está cumpliendo con una mera formalidad. Conocemos el resultado con anticipación; sabemos que se ha tomado una decisión inexorable, que no será modificada ni debatida seria y profundamente para ver si es posible mejorar, aunque sea en un ápice, el proyecto en consideración.
El otro día, viendo Fútbol para todos me enteré de que ya tenemos una YPF nacional y popular. O sea que ya está; rápidamente se tomó la decisión y hemos vuelto a tener una YPF nacional y popular.
Esta es la primera sensación: el maltrato parlamentario, la capitis deminutio que para la Cámara de Diputados de la Nación significa que no concurran funcionarios para que los legisladores podamos plantear nuestras dudas y debatir. Hubiésemos querido preguntar muchas cosas sobre esta iniciativa tan importante que pensamos votar favorablemente en general. ¿Qué hubiera pasado entonces si hubiésemos anunciado que no la acompañábamos? En efecto, la desconsideración es muy grande.
La segunda sensación es que todo comienza y recomienza una y otra vez sin solución de continuidad; es como si no hubiera pasado ni historia, como si los años transcurridos desde que empezó a gobernar la actual administración no hubiesen existido en la Argentina. Entonces, una mañana de pronto nos levantamos preocupados por la necesidad de volver a una YPF nacional y popular, y decidimos reconsiderar la posibilidad de estatizar la empresa y recuperar la propiedad y soberanía hidrocarburíferas.
Pareciera que la verdad es un poco más compleja. Y si tienen un minuto de paciencia, quisiera contextualizar mi intervención en la idea de que no siempre las cosas fueron de la misma manera; que en realidad, esta administración disfrutó de una cuestión excepcionalísima, no digo sólo en el plano económico, simplemente por una cuestión de viento de cola, que tanto le molesta al gobierno. Es cierto que existió el viento de cola, pero también es cierto que la administración llevó adelante algunas medidas y decisiones importantes que permitieron capitalizar esa circunstancia positiva que tenía la economía argentina en el mundo.
¿Es cierto o no que la Argentina gozó de un tipo de cambio alto a partir del año 2003, con la curiosa circunstancia de que, a diferencia de las anteriores oportunidades, esta vez la economía no se cerró? Y tuvimos superávit gemelos, y el país exportaba, y en realidad cambiamos la matriz conceptual; esa maldición de que la Argentina siempre exportaba los mismos productos que consumía su pueblo, y por una cuestión casi inédita en el mundo, pasamos a exportar productos para alimentar animales y las divisas fluyeron de manera importante.
Hubo un ciclo de superabundancia de divisas en la Argentina que llevó a vanagloriarse del modelo exitoso, del modelo de superávit gemelos, del crecimiento de la economía. Es cierto que hubo una importante renegociación de la deuda externa argentina en condiciones adecuadas, y otra serie de medidas que se tomaron, que siempre hemos destacado y reconocido.
Pero también es cierto que esa época parece llegar a un final. Efectivamente, no estamos prenunciando una crisis ni estamos diciendo que la Argentina está en crisis. Estamos diciendo que las divisas se terminaron, en la cantidad y en la abundancia que existían para financiar, no solamente el crecimiento de la economía sino el despilfarro que significó subsidiar masivamente, por ejemplo, la energía, un bien escaso, necesario de preservar, que se lo regalábamos a cualquiera -porque nunca sinceramos esta distorsión de precios-, no sólo a la gente pobre; a los ricos en la Argentina se les regaló la energía durante muchos años, mientras podíamos comprarla.
La segunda conclusión, señora presidenta, es que en la Argentina esta misma administración hasta hace muy pocas semanas se vanagloriaba de que importar energía en forma creciente era un síntoma de la virilidad, de la potencia que tenía el modelo económico en la Argentina.
No quiero recordarles -ustedes mismos lo saben- que aquí, en esta misma Cámara de Diputados, el ingeniero Cameron dijo que defendía la importación de gas y de combustible líquido en los últimos años porque fue lo que sostuvo el crecimiento de nuestro país. Dijo Cameron en esta Cámara -así figura en las versiones taquigráficas- que hay países sin recursos naturales y que igualmente tienen soberanía porque importan combustible y energía, y la economía se sustenta de todas formas.
En consecuencia, no es cierto que no haya habido crisis energética en la Argentina. La crisis energética está marcada porque hemos perdido el autoabastecimiento y hemos pasado de ser exportador neto a importador neto de energía, obviamente teniendo que pagar por ello.
Y cuando una mañana dijeron que este tema se modificó, gastamos 9.300 millones de dólares en importar combustibles y energía en la Argentina. La balanza energética cayó y volvió a convertirse en deficitaria; algo hay que hacer.
Pareciera agotado el modelo de la YPF gerenciada por el socio argentino que ingresó con la anuencia, la tolerancia y el apoyo explícito del gobierno, que fue un paraguas que el grupo Repsol utilizó para justificar el más vergonzoso giro de dividendos y ganancias al exterior.
¿Nacimos de un repollo y nos enteramos ayer a la mañana de que esto ocurría? ¿No estábamos en el gobierno y se nos pasó semejante dato? ¿Qué ocurrió a la Argentina que contaba con todas estas virtudes, para que de la noche a la mañana nos enteramos que somos deficitarios en energía y tenemos que importar cantidades tan ingentes de energía? ¿Qué pasó con el modelo tan plebiscitado del gerenciamiento del socio argentino de la YPF que ahora sí va a estar?
Digámoslo y seamos sinceros entre nosotros: el gobierno planificó una estrategia de importación de energía. Construyó obras, tomó decisiones y firmó contratos destinados a importar energía.
Tenía en claro que firmaba con Qatar un contrato
-que nosotros no podemos conocer- destinado a importar energía. Hicieron un puerto en Bahía Blanca y ahora quieren hacer otro en el sur y en Escobar. ¿Por qué hacer puertos para que vengan buques en andana a traer gas licuado a la Argentina?
Hubo toda una gestión para importar energía; se planificó la importación de energía y se despreció el criterio del autoabastecimiento.
Señora presidenta: se incumplió la ley. Hablamos que esta ley nos rige, mal que les pese a muchos. Queremos modificar la ley 17.319 de hidrocarburos que rige en la Argentina. La misma tiene síntomas de vetustez. Ya no tenemos aquella YPF para la que fue pensada. Todos ustedes saben que el principal objetivo de la ley 17.319 es el autoabastecimiento energético. Esa ley está vigente. Es un objetivo estratégico del país que se autoabastezca de energía. Esa es la decisión que tenía que incumplirse con la ley.
Yo entiendo lo de la ley corta; también entiendo lo del artículo 124, y hay que ir al debate constitucional. No pusieron las palabras "dominio" y "jurisdicción". Si el Estado nacional hubiera entregado además la jurisdicción a las provincias no tendríamos que estar hablando de nada. Entregó el dominio. La jurisdicción marcaba que teníamos que contar con una política hidrocarburífera nacional a partir de tener, precisamente, la jurisdicción sobre los recursos naturales de propiedad de las provincias.
Eso no está contemplado en el texto constitucional. Tampoco hablamos de la situación fáctica de la relación que hoy existe y este federalismo hubiera impedido que se llevara adelante una política en esa materia.
Importamos energía, esa es la verdad. La crisis energética está dada porque busco nafta y no encuentro; porque le corto a las industrias contratos que no se pueden interrumpir en el invierno. Yo no estoy defendiendo a las industrias sino que estoy diciendo que le cortan a las industrias. Defiendo el empleo industrial.
Les cortan a las industrias. Entonces, ¿eso no es crisis energética? Importar los volúmenes de energía y haber perdido el autoabastecimiento, ¿no implica la presencia de una crisis energética en la Argentina? No. Si yo tengo luz en casa y en vez de ir a la estación de servicio a la que concurro siempre voy a diez o quince estaciones y luego sí encuentro nafta, entonces tengo solucionado el problema y no tengo crisis energética.
Estamos inmersos en una crisis energética en la Argentina, producto de la estrepitosa caída de todas las variables sistémicas. La única empresa que no cayó en sus reservas es alguna amiga del poder a la que le dieron alguna concesión extraordinaria, como la famosa ley corta, que permitió renovar por cuarenta años la concesión en Santa Cruz a la petrolera inglesa British Petroleum.
En consecuencia, debemos tener en cuenta que hay una crisis energética, y ese es el contexto. Los costos de importación que paga la Argentina son muy elevados, y no los podemos seguir pagando. Se agotaron las divisas que permitieron financiase. Hay que reconocerlo: el gobierno se financió con impuesto inflacionario cuando no tuvo más remedio. El gobierno cebó el consumo; estimuló el consumo de productos que tienen altos componentes importados, como los automotores, que trajo como consecuencia un desbalance comercial, y después volvió a cerrar la economía.
Cumplió el objetivo, ganaron la elección. Aumentaron el gasto pero no hay divisas, y la crisis está en el contexto actual: hay crisis energética en el país. Ya no hay divisas y este ciclo superabundante de divisas, que permitió por primera vez en la historia argentina -por lo que dije anteriormente- que los recursos que generaba el campo pudieran financiar la industria como nunca, y que sobraran recursos, se terminó.
Claramente estamos en un ciclo complicado. No hay divisas y no hay posibilidad de bancar una demanda creciente de energía para sostener el modelo con divisas que ya no tenemos. Esta es la situación.
¿Cómo reacciona el gobierno ante este nuevo escenario? ¿Permitiendo una corrección del dólar? Me van a decir "devaluador". ¿Utilizando la flexibilidad del tipo de cambio, cuya recuperación pagamos tan caro después de haber salido de la convertibilidad? Porque la verdad es que, efectivamente, queríamos un tipo de cambio flexible.
La única decisión que tomó el gobierno fue anclar la inflación manteniendo el tipo de cambio, haciendo menos competitiva nuestra economía. Y como no soluciona este tema, cierra la economía y toma medidas.
Estamos de acuerdo con el cambio del régimen de la liquidación de exportaciones para las petroleras y las mineras. Lo hizo Arturo Illia; lo había hecho hasta de la Rúa, que ustedes tanto denuestan.
Estamos de acuerdo con la repatriación de activos de compañías de seguros; podemos discutirlo. Estamos de acuerdo con ciertos controles razonables, no persecutorios, de la compra de dólares. Estamos de acuerdo con las restricciones de remesas de utilidades, pero no con el mayor control de las importaciones, porque es una cuestión arbitraria que va a enfriar la economía impidiendo que siga creciendo por el componente importado, por la integración que necesariamente debemos tener con el mundo, porque la Argentina no se explica como una economía cerrada.
La configuración macroeconómica, que incluyó un tipo de cambio razonablemente competitivo, en un grado también razonable de apertura de la economía y de ausencia de restricciones externas, desapareció; se terminó.
Desde esta perspectiva hay que pensar por qué se reformó la Carta Orgánica del Banco Central. Hay que pensar por qué se toman estas medidas y por qué ahora no podemos financiar futuras importaciones de energía y contribuir al financiamiento del gasto público. En todas estas cuestiones hemos fijado nuestra posición.
También se terminó el Petróleo Plus, el Gas Plus, el Refino Plus, medidas que llevaron al Estado argentino a invertir 10 mil millones de pesos, que no dieron los resultados esperados y se levantaron. Ni siquiera hemos tenido continuidad con políticas de esa naturaleza, que podrían estimular la exploración, la mayor inversión en la Argentina.
Díganme, señores diputados, qué multas se aplicaron por incumplimiento de la ley 17.319. ¿A quién se sancionó por no respetar las pautas de productividad que la norma establece claramente? ¿Qué sanciones se aplicaron, además de las que se impusieron de apuro en los últimos días, de quitar las concesiones en algunas provincias para luego devolverlas a las 48 horas?
Dicho sea de paso, mientras nosotros discutimos sobre estas cuestiones, se acaba de firmar el incremento del volumen de gas importado desde Bolivia, que de 7 millones de metros cúbicos pasará a ser de 11 millones. ¡La medida se tomó anoche, señores diputados, con las mismas empresas e incluso con Repsol!
Con la sanción de este proyecto no resolvemos el problema. Es importante tenerlo en cuenta, porque de repente nos envolvemos con la bandera del nacionalismo. Abruptamente, de la noche a la mañana, nos acordamos de Mosconi y de Yrigoyen. Son parte de esa bandera, del relato único y de la historia excluyente.
En realidad, no somos nosotros los que hemos cambiado. Tampoco somos nosotros los que creemos que hoy podemos decir una cosa y mañana otra. La cuestión tiene que ver con nuestro voto, con la decisión que tomemos ante la reestatización de YPF más allá de las circunstancias que he planteado.
Somos coherentes y queremos seguir siéndolo. No estamos facturando el cambio de opinión ni analizando linealmente, sin solución de continuidad, lo que ocurrió en el pasado. Las circunstancias pueden haber cambiado; incluso, a veces cambiar de opinión puede ser el síntoma más elocuente de madurez política. ¿Por qué no cambiar, si uno cree que debe modificar su posición?
Lo que hace falta es solamente un poco de humildad para explicar el bandazo, las razones por las que se ha pasado tan abruptamente de una postura a otra. Si ello ocurriera, todos estaríamos más tranquilos y hasta podríamos considerar atinadas ciertas decisiones que se han tomado.
Se ha creído necesario intervenir la compañía de la manera que se lo hizo porque hacía falta garantizar nuevamente determinadas pautas. Pero no nos pueden decir que de la noche a la mañana se levantaron, no sabían lo que pasaba, tuvieron un ataque de nacionalismo y se envolvieron en la bandera de la YPF histórica que años atrás privatizaron.
No está mal cambiar; está mal ser soberbio y no tener la humildad necesaria para reconocer los errores y pedir disculpas por ello.
La complicidad en el vaciamiento de YPF es un tema que nos preocupa. Disponemos de todas las actas de directorio, aunque adelanto que no cansaré con su lectura a los señores diputados porque conocen mejor que yo los contratos de cesión del derecho al dividendo firmados con el grupo Repsol y la manera como ingresó a la compañía el grupo de Eskenazi.
Simplemente haré referencia a unos pocos renglones del punto 7.3 del contrato, que dicen lo siguiente: "Las partes acuerdan distribuir en forma de dividendo el noventa por ciento (90%) de las utilidades de la compañía; que serán satisfechos en dos (2) pagos cada año."
Otro párrafo establece: "Las partes acuerdan potenciar una política de dividendos que resulte satisfactoria para las partes y contribuya a la caracterización de las acciones..." Es decir que comprarán con los propios dividendos de la compañía.
¿No pensaron en que Repsol podía prever un financista, como el señor Brufau, quien nunca tuvo algo de industrialista? ¿Recién ahora, de la noche a la mañana, descubren que es un financista y no un industrialista del sector petrolero? ¿No se dieron cuenta de que así Repsol tendría un gran paraguas, porque con la incorporación del socio argentino podía girar al exterior toda la plata que quería sin ningún tipo de problema?
Creo sinceramente que hay que tener un poco de humildad para reconocer los errores que se cometieron.
Esa incorporación fue un gravísimo error, que debe ser investigado porque no queda claro cómo se incorporó ese grupo.
Voy finalizando mi exposición. Ya he dicho por qué ahora; ya expliqué lo de las divisas. Quiero agregar algo sobre esto de las formas.
No nos perturban las formas porque estemos esclavizados con esta idea de la seguridad jurídica para hacer cualquier cosa, para permitir cualquier situación, que tan bien explicaron los diputados de mi bloque y de otras bancadas.
Nunca hubiéramos intervenido una compañía con un DNU. No se hace eso. Nada les hubiera costado lograr en 48 horas una orden judicial para intervenir la compañía. Prefirieron la epopeya, el relato. Así intervinieron Aerolíneas Argentinas. En el mismo juzgado donde está la quiebra de Aerolíneas, inmediatamente lograron un recurso de amparo que permitió intervenir la compañía.
En la legislación argentina no es así. Había predisposición; podrían haber hablado con la oposición para decir que había que tomar la decisión y avanzar.
Nosotros proponemos otro mecanismo: fijar una posición para que en 60 días podamos comprar, y si no nos permiten comprar, sí expropiar, y no sólo expropiar las acciones de Repsol sino también las del grupo Eskenazi, porque al haber quedado fuera este último grupo, me sigue incrementando el nivel de la sospecha y la preocupación.
En consecuencia, no estamos de acuerdo, no porque defendamos fórmulas sacramentales de la idea de que estén por encima las formas jurídicas de los intereses de la sociedad; simplemente porque las cosas se pueden hacer razonablemente bien, porque hay expectativa también en el gobierno para incrementar la inversión extranjera en la Argentina en materia de riesgo, para avanzar en la explotación de los recursos. ¿O no están rápidamente yendo a conversar con algún americano, para que venga a lavar esta situación para recomponerla rápidamente? ¿Qué es esto de hacernos los "tauras" una noche, llevándonos puesto a todo el mundo, para mañana ir corriendo con los americanos o con cualquiera que ande dando vueltas para ver si me salva la plana mayor de la situación que he cometido? ¿O no están negociando con las compañías multinacionales?
¿O creen que Cristóbal López va a sacar el gas del mar, que ya están sacando los ingleses en Malvinas? ¿Quién creen que va a sacar el gas del mar en los lugares donde los ingleses tienen expertise porque ya lo hicieron en el Mar del Norte durante tantos años? ¿Los socios Vila y Manzano? ¿Qué espalda, qué lomo financiero tienen ellos? ¿Qué expertise tienen para invertir y para desarrollar lo que el país necesita?
Van a tener que hacerlo; ya lo están haciendo, sólo que lo disfrazan de epopeya, con la idea de que "Los sacamos a patadas, fuimos de golpe contra ellos, somos nacionales y populares", y después terminamos negociando por debajo de la mesa.
Termino diciendo que mi partido, la Unión Cívica Radical, quiere que la sociedad vuelva a confiar, y que somos un partido serio y coherente. Raúl Alfonsín dijo siempre -y lo he escuchado con mucha atención- que el peor error de la historia económica argentina había sido privatizar YPF. ¡Sobreactuamos el consenso de Washington! No importa, había algunos que hoy están de este lado que estaban de aquél. Era otro momento.
Mientras, en Chile ingresan divisas al Banco Central por la venta del cobre, Uruguay tiene su empresa, Brasil la suya. Sin embargo, los argentinos sobreactuamos el consenso de Washington y vendimos. ¡Fue el peor error en la historia, nunca estuvimos de acuerdo!
En nombre de esa coherencia política votamos a favor, con un proyecto alternativo. Porque reconózcanle a Raúl Alfonsín que veinte años de autoabastecimiento se lograron en el 88 gracias al mal llamado "Plan Houston", que implicó tomar la decisión de que una YPF estatal, cuando el barril valía 8 o 9 dólares -no como lo que vale ahora-, trajera capital de riesgo a la Argentina para que invirtiera fifty-fifty.
"Si vos descubrís petróleo, la mitad es para el Estado y la otra mitad te la llevás vos".
Eso fue lo que hizo grande a Brasil. Reconozcan algo de lo que hicimos los radicales aquellos que tanto nos critican. Y ese fue el autoabastecimiento que duró 20 años en la Argentina. No era un autoabastecimiento que empezaba y se terminaba al otro día. Reconozcamos que no se terminó solamente por el crecimiento económico.
En consecuencia, vamos a votar en nombre de nuestros valores, principios e ideas a favor de la reestatización de YPF con un proyecto alternativo que prevea crear un Consejo Federal de Hidrocarburos, crear una Agencia Federal de Hidrocarburos que tenga por misión tener otra vez la jurisdicción nacional que ordene inmediatamente una auditoría en todas las concesiones: de YPF, Repsol, de los amigos del poder y las otras.
La idea es ver quiénes son los que especulan con las concesiones, los que no producen y aquellos que sí están al servicio del país.
Estamos de acuerdo en nacionalizar YPF y si no llegar a la expropiación en 60 días. Hay que distribuir el paquete accionario tal como se ha dicho, pero también hay que dar participación en las utilidades a los trabajadores.
Creemos que hubiera sido mejor la continuidad operativa a partir de una ocupación. Hay que buscar fuentes de financiamiento y pensamos que la parte estatal debe ser controlada. La Auditoría General de la Nación debe controlar los dineros públicos.
Finalmente, consideramos que es un mayúsculo error -que debieran corregir- si llevan a conducir a la petrolera estatal a aquellos que no sólo hicieron fracasar al país y perder el autoabastecimiento energético, sino a aquellos que estuvieron dentro de YPF cuando se la vació. Además, incluyo a los que estuvieron en la fracasada ENARSA y que se constituyeron en el fracaso energético de la Argentina. Deseo que en esos lugares coloquen a otras personas.
Nosotros vamos a acompañar porque queremos una YPF a favor de los argentinos. (Aplausos.)
En primer lugar, estamos tratando un tema de semejante importancia en un contexto donde la sensación es que se está cumpliendo con una mera formalidad. Conocemos el resultado con anticipación; sabemos que se ha tomado una decisión inexorable, que no será modificada ni debatida seria y profundamente para ver si es posible mejorar, aunque sea en un ápice, el proyecto en consideración.
El otro día, viendo Fútbol para todos me enteré de que ya tenemos una YPF nacional y popular. O sea que ya está; rápidamente se tomó la decisión y hemos vuelto a tener una YPF nacional y popular.
Esta es la primera sensación: el maltrato parlamentario, la capitis deminutio que para la Cámara de Diputados de la Nación significa que no concurran funcionarios para que los legisladores podamos plantear nuestras dudas y debatir. Hubiésemos querido preguntar muchas cosas sobre esta iniciativa tan importante que pensamos votar favorablemente en general. ¿Qué hubiera pasado entonces si hubiésemos anunciado que no la acompañábamos? En efecto, la desconsideración es muy grande.
La segunda sensación es que todo comienza y recomienza una y otra vez sin solución de continuidad; es como si no hubiera pasado ni historia, como si los años transcurridos desde que empezó a gobernar la actual administración no hubiesen existido en la Argentina. Entonces, una mañana de pronto nos levantamos preocupados por la necesidad de volver a una YPF nacional y popular, y decidimos reconsiderar la posibilidad de estatizar la empresa y recuperar la propiedad y soberanía hidrocarburíferas.
Pareciera que la verdad es un poco más compleja. Y si tienen un minuto de paciencia, quisiera contextualizar mi intervención en la idea de que no siempre las cosas fueron de la misma manera; que en realidad, esta administración disfrutó de una cuestión excepcionalísima, no digo sólo en el plano económico, simplemente por una cuestión de viento de cola, que tanto le molesta al gobierno. Es cierto que existió el viento de cola, pero también es cierto que la administración llevó adelante algunas medidas y decisiones importantes que permitieron capitalizar esa circunstancia positiva que tenía la economía argentina en el mundo.
¿Es cierto o no que la Argentina gozó de un tipo de cambio alto a partir del año 2003, con la curiosa circunstancia de que, a diferencia de las anteriores oportunidades, esta vez la economía no se cerró? Y tuvimos superávit gemelos, y el país exportaba, y en realidad cambiamos la matriz conceptual; esa maldición de que la Argentina siempre exportaba los mismos productos que consumía su pueblo, y por una cuestión casi inédita en el mundo, pasamos a exportar productos para alimentar animales y las divisas fluyeron de manera importante.
Hubo un ciclo de superabundancia de divisas en la Argentina que llevó a vanagloriarse del modelo exitoso, del modelo de superávit gemelos, del crecimiento de la economía. Es cierto que hubo una importante renegociación de la deuda externa argentina en condiciones adecuadas, y otra serie de medidas que se tomaron, que siempre hemos destacado y reconocido.
Pero también es cierto que esa época parece llegar a un final. Efectivamente, no estamos prenunciando una crisis ni estamos diciendo que la Argentina está en crisis. Estamos diciendo que las divisas se terminaron, en la cantidad y en la abundancia que existían para financiar, no solamente el crecimiento de la economía sino el despilfarro que significó subsidiar masivamente, por ejemplo, la energía, un bien escaso, necesario de preservar, que se lo regalábamos a cualquiera -porque nunca sinceramos esta distorsión de precios-, no sólo a la gente pobre; a los ricos en la Argentina se les regaló la energía durante muchos años, mientras podíamos comprarla.
La segunda conclusión, señora presidenta, es que en la Argentina esta misma administración hasta hace muy pocas semanas se vanagloriaba de que importar energía en forma creciente era un síntoma de la virilidad, de la potencia que tenía el modelo económico en la Argentina.
No quiero recordarles -ustedes mismos lo saben- que aquí, en esta misma Cámara de Diputados, el ingeniero Cameron dijo que defendía la importación de gas y de combustible líquido en los últimos años porque fue lo que sostuvo el crecimiento de nuestro país. Dijo Cameron en esta Cámara -así figura en las versiones taquigráficas- que hay países sin recursos naturales y que igualmente tienen soberanía porque importan combustible y energía, y la economía se sustenta de todas formas.
En consecuencia, no es cierto que no haya habido crisis energética en la Argentina. La crisis energética está marcada porque hemos perdido el autoabastecimiento y hemos pasado de ser exportador neto a importador neto de energía, obviamente teniendo que pagar por ello.
Y cuando una mañana dijeron que este tema se modificó, gastamos 9.300 millones de dólares en importar combustibles y energía en la Argentina. La balanza energética cayó y volvió a convertirse en deficitaria; algo hay que hacer.
Pareciera agotado el modelo de la YPF gerenciada por el socio argentino que ingresó con la anuencia, la tolerancia y el apoyo explícito del gobierno, que fue un paraguas que el grupo Repsol utilizó para justificar el más vergonzoso giro de dividendos y ganancias al exterior.
¿Nacimos de un repollo y nos enteramos ayer a la mañana de que esto ocurría? ¿No estábamos en el gobierno y se nos pasó semejante dato? ¿Qué ocurrió a la Argentina que contaba con todas estas virtudes, para que de la noche a la mañana nos enteramos que somos deficitarios en energía y tenemos que importar cantidades tan ingentes de energía? ¿Qué pasó con el modelo tan plebiscitado del gerenciamiento del socio argentino de la YPF que ahora sí va a estar?
Digámoslo y seamos sinceros entre nosotros: el gobierno planificó una estrategia de importación de energía. Construyó obras, tomó decisiones y firmó contratos destinados a importar energía.
Tenía en claro que firmaba con Qatar un contrato
-que nosotros no podemos conocer- destinado a importar energía. Hicieron un puerto en Bahía Blanca y ahora quieren hacer otro en el sur y en Escobar. ¿Por qué hacer puertos para que vengan buques en andana a traer gas licuado a la Argentina?
Hubo toda una gestión para importar energía; se planificó la importación de energía y se despreció el criterio del autoabastecimiento.
Señora presidenta: se incumplió la ley. Hablamos que esta ley nos rige, mal que les pese a muchos. Queremos modificar la ley 17.319 de hidrocarburos que rige en la Argentina. La misma tiene síntomas de vetustez. Ya no tenemos aquella YPF para la que fue pensada. Todos ustedes saben que el principal objetivo de la ley 17.319 es el autoabastecimiento energético. Esa ley está vigente. Es un objetivo estratégico del país que se autoabastezca de energía. Esa es la decisión que tenía que incumplirse con la ley.
Yo entiendo lo de la ley corta; también entiendo lo del artículo 124, y hay que ir al debate constitucional. No pusieron las palabras "dominio" y "jurisdicción". Si el Estado nacional hubiera entregado además la jurisdicción a las provincias no tendríamos que estar hablando de nada. Entregó el dominio. La jurisdicción marcaba que teníamos que contar con una política hidrocarburífera nacional a partir de tener, precisamente, la jurisdicción sobre los recursos naturales de propiedad de las provincias.
Eso no está contemplado en el texto constitucional. Tampoco hablamos de la situación fáctica de la relación que hoy existe y este federalismo hubiera impedido que se llevara adelante una política en esa materia.
Importamos energía, esa es la verdad. La crisis energética está dada porque busco nafta y no encuentro; porque le corto a las industrias contratos que no se pueden interrumpir en el invierno. Yo no estoy defendiendo a las industrias sino que estoy diciendo que le cortan a las industrias. Defiendo el empleo industrial.
Les cortan a las industrias. Entonces, ¿eso no es crisis energética? Importar los volúmenes de energía y haber perdido el autoabastecimiento, ¿no implica la presencia de una crisis energética en la Argentina? No. Si yo tengo luz en casa y en vez de ir a la estación de servicio a la que concurro siempre voy a diez o quince estaciones y luego sí encuentro nafta, entonces tengo solucionado el problema y no tengo crisis energética.
Estamos inmersos en una crisis energética en la Argentina, producto de la estrepitosa caída de todas las variables sistémicas. La única empresa que no cayó en sus reservas es alguna amiga del poder a la que le dieron alguna concesión extraordinaria, como la famosa ley corta, que permitió renovar por cuarenta años la concesión en Santa Cruz a la petrolera inglesa British Petroleum.
En consecuencia, debemos tener en cuenta que hay una crisis energética, y ese es el contexto. Los costos de importación que paga la Argentina son muy elevados, y no los podemos seguir pagando. Se agotaron las divisas que permitieron financiase. Hay que reconocerlo: el gobierno se financió con impuesto inflacionario cuando no tuvo más remedio. El gobierno cebó el consumo; estimuló el consumo de productos que tienen altos componentes importados, como los automotores, que trajo como consecuencia un desbalance comercial, y después volvió a cerrar la economía.
Cumplió el objetivo, ganaron la elección. Aumentaron el gasto pero no hay divisas, y la crisis está en el contexto actual: hay crisis energética en el país. Ya no hay divisas y este ciclo superabundante de divisas, que permitió por primera vez en la historia argentina -por lo que dije anteriormente- que los recursos que generaba el campo pudieran financiar la industria como nunca, y que sobraran recursos, se terminó.
Claramente estamos en un ciclo complicado. No hay divisas y no hay posibilidad de bancar una demanda creciente de energía para sostener el modelo con divisas que ya no tenemos. Esta es la situación.
¿Cómo reacciona el gobierno ante este nuevo escenario? ¿Permitiendo una corrección del dólar? Me van a decir "devaluador". ¿Utilizando la flexibilidad del tipo de cambio, cuya recuperación pagamos tan caro después de haber salido de la convertibilidad? Porque la verdad es que, efectivamente, queríamos un tipo de cambio flexible.
La única decisión que tomó el gobierno fue anclar la inflación manteniendo el tipo de cambio, haciendo menos competitiva nuestra economía. Y como no soluciona este tema, cierra la economía y toma medidas.
Estamos de acuerdo con el cambio del régimen de la liquidación de exportaciones para las petroleras y las mineras. Lo hizo Arturo Illia; lo había hecho hasta de la Rúa, que ustedes tanto denuestan.
Estamos de acuerdo con la repatriación de activos de compañías de seguros; podemos discutirlo. Estamos de acuerdo con ciertos controles razonables, no persecutorios, de la compra de dólares. Estamos de acuerdo con las restricciones de remesas de utilidades, pero no con el mayor control de las importaciones, porque es una cuestión arbitraria que va a enfriar la economía impidiendo que siga creciendo por el componente importado, por la integración que necesariamente debemos tener con el mundo, porque la Argentina no se explica como una economía cerrada.
La configuración macroeconómica, que incluyó un tipo de cambio razonablemente competitivo, en un grado también razonable de apertura de la economía y de ausencia de restricciones externas, desapareció; se terminó.
Desde esta perspectiva hay que pensar por qué se reformó la Carta Orgánica del Banco Central. Hay que pensar por qué se toman estas medidas y por qué ahora no podemos financiar futuras importaciones de energía y contribuir al financiamiento del gasto público. En todas estas cuestiones hemos fijado nuestra posición.
También se terminó el Petróleo Plus, el Gas Plus, el Refino Plus, medidas que llevaron al Estado argentino a invertir 10 mil millones de pesos, que no dieron los resultados esperados y se levantaron. Ni siquiera hemos tenido continuidad con políticas de esa naturaleza, que podrían estimular la exploración, la mayor inversión en la Argentina.
Díganme, señores diputados, qué multas se aplicaron por incumplimiento de la ley 17.319. ¿A quién se sancionó por no respetar las pautas de productividad que la norma establece claramente? ¿Qué sanciones se aplicaron, además de las que se impusieron de apuro en los últimos días, de quitar las concesiones en algunas provincias para luego devolverlas a las 48 horas?
Dicho sea de paso, mientras nosotros discutimos sobre estas cuestiones, se acaba de firmar el incremento del volumen de gas importado desde Bolivia, que de 7 millones de metros cúbicos pasará a ser de 11 millones. ¡La medida se tomó anoche, señores diputados, con las mismas empresas e incluso con Repsol!
Con la sanción de este proyecto no resolvemos el problema. Es importante tenerlo en cuenta, porque de repente nos envolvemos con la bandera del nacionalismo. Abruptamente, de la noche a la mañana, nos acordamos de Mosconi y de Yrigoyen. Son parte de esa bandera, del relato único y de la historia excluyente.
En realidad, no somos nosotros los que hemos cambiado. Tampoco somos nosotros los que creemos que hoy podemos decir una cosa y mañana otra. La cuestión tiene que ver con nuestro voto, con la decisión que tomemos ante la reestatización de YPF más allá de las circunstancias que he planteado.
Somos coherentes y queremos seguir siéndolo. No estamos facturando el cambio de opinión ni analizando linealmente, sin solución de continuidad, lo que ocurrió en el pasado. Las circunstancias pueden haber cambiado; incluso, a veces cambiar de opinión puede ser el síntoma más elocuente de madurez política. ¿Por qué no cambiar, si uno cree que debe modificar su posición?
Lo que hace falta es solamente un poco de humildad para explicar el bandazo, las razones por las que se ha pasado tan abruptamente de una postura a otra. Si ello ocurriera, todos estaríamos más tranquilos y hasta podríamos considerar atinadas ciertas decisiones que se han tomado.
Se ha creído necesario intervenir la compañía de la manera que se lo hizo porque hacía falta garantizar nuevamente determinadas pautas. Pero no nos pueden decir que de la noche a la mañana se levantaron, no sabían lo que pasaba, tuvieron un ataque de nacionalismo y se envolvieron en la bandera de la YPF histórica que años atrás privatizaron.
No está mal cambiar; está mal ser soberbio y no tener la humildad necesaria para reconocer los errores y pedir disculpas por ello.
La complicidad en el vaciamiento de YPF es un tema que nos preocupa. Disponemos de todas las actas de directorio, aunque adelanto que no cansaré con su lectura a los señores diputados porque conocen mejor que yo los contratos de cesión del derecho al dividendo firmados con el grupo Repsol y la manera como ingresó a la compañía el grupo de Eskenazi.
Simplemente haré referencia a unos pocos renglones del punto 7.3 del contrato, que dicen lo siguiente: "Las partes acuerdan distribuir en forma de dividendo el noventa por ciento (90%) de las utilidades de la compañía; que serán satisfechos en dos (2) pagos cada año."
Otro párrafo establece: "Las partes acuerdan potenciar una política de dividendos que resulte satisfactoria para las partes y contribuya a la caracterización de las acciones..." Es decir que comprarán con los propios dividendos de la compañía.
¿No pensaron en que Repsol podía prever un financista, como el señor Brufau, quien nunca tuvo algo de industrialista? ¿Recién ahora, de la noche a la mañana, descubren que es un financista y no un industrialista del sector petrolero? ¿No se dieron cuenta de que así Repsol tendría un gran paraguas, porque con la incorporación del socio argentino podía girar al exterior toda la plata que quería sin ningún tipo de problema?
Creo sinceramente que hay que tener un poco de humildad para reconocer los errores que se cometieron.
Esa incorporación fue un gravísimo error, que debe ser investigado porque no queda claro cómo se incorporó ese grupo.
Voy finalizando mi exposición. Ya he dicho por qué ahora; ya expliqué lo de las divisas. Quiero agregar algo sobre esto de las formas.
No nos perturban las formas porque estemos esclavizados con esta idea de la seguridad jurídica para hacer cualquier cosa, para permitir cualquier situación, que tan bien explicaron los diputados de mi bloque y de otras bancadas.
Nunca hubiéramos intervenido una compañía con un DNU. No se hace eso. Nada les hubiera costado lograr en 48 horas una orden judicial para intervenir la compañía. Prefirieron la epopeya, el relato. Así intervinieron Aerolíneas Argentinas. En el mismo juzgado donde está la quiebra de Aerolíneas, inmediatamente lograron un recurso de amparo que permitió intervenir la compañía.
En la legislación argentina no es así. Había predisposición; podrían haber hablado con la oposición para decir que había que tomar la decisión y avanzar.
Nosotros proponemos otro mecanismo: fijar una posición para que en 60 días podamos comprar, y si no nos permiten comprar, sí expropiar, y no sólo expropiar las acciones de Repsol sino también las del grupo Eskenazi, porque al haber quedado fuera este último grupo, me sigue incrementando el nivel de la sospecha y la preocupación.
En consecuencia, no estamos de acuerdo, no porque defendamos fórmulas sacramentales de la idea de que estén por encima las formas jurídicas de los intereses de la sociedad; simplemente porque las cosas se pueden hacer razonablemente bien, porque hay expectativa también en el gobierno para incrementar la inversión extranjera en la Argentina en materia de riesgo, para avanzar en la explotación de los recursos. ¿O no están rápidamente yendo a conversar con algún americano, para que venga a lavar esta situación para recomponerla rápidamente? ¿Qué es esto de hacernos los "tauras" una noche, llevándonos puesto a todo el mundo, para mañana ir corriendo con los americanos o con cualquiera que ande dando vueltas para ver si me salva la plana mayor de la situación que he cometido? ¿O no están negociando con las compañías multinacionales?
¿O creen que Cristóbal López va a sacar el gas del mar, que ya están sacando los ingleses en Malvinas? ¿Quién creen que va a sacar el gas del mar en los lugares donde los ingleses tienen expertise porque ya lo hicieron en el Mar del Norte durante tantos años? ¿Los socios Vila y Manzano? ¿Qué espalda, qué lomo financiero tienen ellos? ¿Qué expertise tienen para invertir y para desarrollar lo que el país necesita?
Van a tener que hacerlo; ya lo están haciendo, sólo que lo disfrazan de epopeya, con la idea de que "Los sacamos a patadas, fuimos de golpe contra ellos, somos nacionales y populares", y después terminamos negociando por debajo de la mesa.
Termino diciendo que mi partido, la Unión Cívica Radical, quiere que la sociedad vuelva a confiar, y que somos un partido serio y coherente. Raúl Alfonsín dijo siempre -y lo he escuchado con mucha atención- que el peor error de la historia económica argentina había sido privatizar YPF. ¡Sobreactuamos el consenso de Washington! No importa, había algunos que hoy están de este lado que estaban de aquél. Era otro momento.
Mientras, en Chile ingresan divisas al Banco Central por la venta del cobre, Uruguay tiene su empresa, Brasil la suya. Sin embargo, los argentinos sobreactuamos el consenso de Washington y vendimos. ¡Fue el peor error en la historia, nunca estuvimos de acuerdo!
En nombre de esa coherencia política votamos a favor, con un proyecto alternativo. Porque reconózcanle a Raúl Alfonsín que veinte años de autoabastecimiento se lograron en el 88 gracias al mal llamado "Plan Houston", que implicó tomar la decisión de que una YPF estatal, cuando el barril valía 8 o 9 dólares -no como lo que vale ahora-, trajera capital de riesgo a la Argentina para que invirtiera fifty-fifty.
"Si vos descubrís petróleo, la mitad es para el Estado y la otra mitad te la llevás vos".
Eso fue lo que hizo grande a Brasil. Reconozcan algo de lo que hicimos los radicales aquellos que tanto nos critican. Y ese fue el autoabastecimiento que duró 20 años en la Argentina. No era un autoabastecimiento que empezaba y se terminaba al otro día. Reconozcamos que no se terminó solamente por el crecimiento económico.
En consecuencia, vamos a votar en nombre de nuestros valores, principios e ideas a favor de la reestatización de YPF con un proyecto alternativo que prevea crear un Consejo Federal de Hidrocarburos, crear una Agencia Federal de Hidrocarburos que tenga por misión tener otra vez la jurisdicción nacional que ordene inmediatamente una auditoría en todas las concesiones: de YPF, Repsol, de los amigos del poder y las otras.
La idea es ver quiénes son los que especulan con las concesiones, los que no producen y aquellos que sí están al servicio del país.
Estamos de acuerdo en nacionalizar YPF y si no llegar a la expropiación en 60 días. Hay que distribuir el paquete accionario tal como se ha dicho, pero también hay que dar participación en las utilidades a los trabajadores.
Creemos que hubiera sido mejor la continuidad operativa a partir de una ocupación. Hay que buscar fuentes de financiamiento y pensamos que la parte estatal debe ser controlada. La Auditoría General de la Nación debe controlar los dineros públicos.
Finalmente, consideramos que es un mayúsculo error -que debieran corregir- si llevan a conducir a la petrolera estatal a aquellos que no sólo hicieron fracasar al país y perder el autoabastecimiento energético, sino a aquellos que estuvieron dentro de YPF cuando se la vació. Además, incluyo a los que estuvieron en la fracasada ENARSA y que se constituyeron en el fracaso energético de la Argentina. Deseo que en esos lugares coloquen a otras personas.
Nosotros vamos a acompañar porque queremos una YPF a favor de los argentinos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Señores diputados: quisiera recordar a todos que hasta las 19 tienen tiempo de entregar las disidencias y dictámenes. Eso se hará a través del soporte magnético.
Luego del diputado Milman, tenemos una lista de legisladores compuesta de la siguiente forma: Landau, Brown, Brillo y, además, hay una extensa nómina de diputados del Frente para la Victoria. Si están de acuerdo, podemos consensuar en que sea el diputado Feletti el que haga uso de la palabra en nombre del bloque.
Tiene la palabra el señor diputado Julián Domínguez.
Luego del diputado Milman, tenemos una lista de legisladores compuesta de la siguiente forma: Landau, Brown, Brillo y, además, hay una extensa nómina de diputados del Frente para la Victoria. Si están de acuerdo, podemos consensuar en que sea el diputado Feletti el que haga uso de la palabra en nombre del bloque.
Tiene la palabra el señor diputado Julián Domínguez.
SR. DOMÍNGUEZ Simplemente quería recordar a los presidentes de bloque que están presentes que tenemos reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a las 17. Tenemos una demora de treinta minutos. Yo me voy a retirar. A los que estén en representación de los bloques les pido que se sumen a la reunión.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Milman.
SR. MILMAN Señora presidenta: le pido disculpas por darle la espalda en este momento.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Por lo menos no está hablando solamente para las cámaras de televisión. Le agradezco y me gusta esa actitud.
SR. MILMAN Le pido disculpas porque la forma en la que estoy ubicado me obliga a ver mis papeles.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Lo comprendo porque todo el día hubo diputados que solamente hablaron mirando a las cámaras de televisión.
SR. MILMAN Me pregunto acerca de por qué nos la pasamos hablando de historia.
Nos pasamos hablando de historia porque no tengo dudas de que los recursos energéticos deberían constituir una política de Estado en nuestra Argentina.
Lo digo con dolor. Nuestro interbloque del Frente Amplio Progresista va a apoyar -lo haremos en general en la sesión de la semana que viene- con la idea de construir una política de Estado respecto de esta situación.
Pero se da la curiosa situación de que estamos tratando de construir una política de Estado, desde la oposición, sin tener la posibilidad de sentarnos a una mesa a conversar cómo podríamos tener un proyecto que, sin duda, desde nuestra perspectiva, podría ser mucho mejor.
Se han mencionado muchos de los aportes que se han hecho, y la pregunta es por qué el oficialismo se niega a que podamos tener un proyecto mejor. Puede ser porque crean que la única razón es la que ellos tienen, pero intuyo que detrás de esta decisión, que nosotros saludamos, no hay una política de Estado. Entonces, se habla de historia.
Quiero contrastar dos opiniones. Podría contrastar muchísimas, pero sólo voy a leer dos citas, para no aburrir y dado lo avanzado del debate.
El 22 de septiembre de 1992, Néstor Kirchner, en declaraciones a La opinión austral, decía: "Para aquellos que dicen que la privatización de YPF es una entrega de la soberanía, para los santacruceños no lo es, porque esos millones de dólares que ingresarán van a evitar, precisamente, la despoblación y el éxodo de los pobladores de Santa Cruz, y creo que no hay nada más soberano que conseguir inversiones. Aparte, quienes conocemos la historia de YPF, sabemos que era una empresa manejada por quince o veinte gerentes dirigidos desde la propia YPF, pero que no llegaban a los santacruceños, y estos 500 millones de dólares van a llegar a todos los habitantes, lo cual marca un punto de justicia y equidad."
Con esto contrasto otra opinión, que dice: "Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera." Este es un párrafo de Enrique, no de Enrique Eskenazi, señora presidenta, sino de Enrique Mosconi.
Nosotros hemos propuesto mejorar una política de Estado, que insisto que no se ve en esta situación. Podríamos recorrer la opinión de muchísimos funcionarios respecto de esta situación.
Sin irnos tan lejos, podemos ver que el jueves 12, cuando tuvimos acceso a un principio de idea de expropiación del 51 por ciento de las acciones de la empresa YPF, hubo una reunión de gobernadores en la que uno de ellos, nuestro querido y anterior presidente de esta Cámara, el gobernador Fellner, dijo: "No existe proyecto de ley". Estoy hablando del 12 de este mes.
El senador Aníbal Fernández, hasta hace cuatro meses jefe de Gabinete de Ministros del gobierno, el lunes 23 -no hace tanto de esto, no me voy tan lejos-, dijo: "No voy a hablar de este tema. No existe para mí", además de decir que durante toda su gestión como jefe de Gabinete de Ministros nunca se había hablado de la expropiación.
Está claro que esto no constituye una política de Estado y nosotros, desde el Frente Amplio Progresista, queremos invitar al oficialismo a que a partir de ahora la situación energética sí sea una política de Estado, y que el emblema nacional de la empresa petrolera, de YPF, sea parte de ésta.
Por eso decimos que también hay que expropiar las acciones de la familia Eskenazi, del grupo Petersen: las de Enrique, las de Sebastián, las de Matías, las de todos los nombres que tanto se han utilizado en tantos discursos, como si fueran Mosconi, cuando en realidad lo que hicieron fue llevarse la riqueza de nuestra nación.
Recordemos además lo que establece el artículo V del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, en el sentido de que la expropiación o cualquier medida de ese tipo debe ser tomada exclusivamente por causa de utilidad pública y en ningún caso puede ser discriminatoria.
Por eso consideramos que también hay que apuntar a las acciones de ese grupo. Deben ser nacionales porque no ha aportado nada, ni a la empresa ni a la Nación.
Como hemos dicho en otra ocasión, entendemos que la forma jurídica de la empresa debe ser una SAPEM; no porque se nos antoje que debe ser así sino porque es lo que dispone la ley. Una empresa con capital accionario estatal mayoritario es una SAPEM; no una sociedad anónima de gestión estatal, esa nueva figura que no está contemplada en la Ley de Sociedades. Además, si se trata de una SAPEM, debe haber un control de parte de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, más allá de quien la dirija.
Además, creemos que tiene que haber un control social; por eso proponemos la incorporación de trabajadores y usuarios. Pensamos que deben participar aquellos que todos los días hacen cola para cargar nafta, porque esta empresa a la que concedimos los pozos petroleros privilegió -y esto consta en las actas de sus reuniones de directorio- la refinación de la nafta premium para que tengamos que pagar más por este precioso activo que es el petróleo.
Si bien no quiero aburrir con datos a los señores diputados, no puedo evitar tenerlos en mente. Habrá, porque la ley así lo dispone, una tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
En los fundamentos de nuestra disidencia parcial incorporamos algunos criterios adicionales de valuación, dado que los establecidos en la ley son muy diversos y algunos hasta podrían resultar gravosos para la Nación. Además, como los miembros del tribunal fueron designados en su mayoría durante la década de los noventa, a fin de curarme en salud preferiría que se incorpore como criterio que la tasación se hará teniendo en cuenta los libros. No tengo dudas de que cuando la intervención en la empresa verifique la real situación patrimonial, nos encontraremos con una serie de dibujos importantes que servirán para garantizar que el precio a pagar -si hay un precio a pagar- sea justo.
Finalmente, me gustaría reflexionar sobre algunos números. Como ya se anticipó, existe amplio consenso en la Cámara de Diputados -como ya lo hubo en el Senado- respecto de la adopción de esta medida. También puede haberlo en la sociedad y es bienvenido que así sea; pero no es eso lo que nos impulsa a acompañar este proyecto de ley. También hubo amplio consenso en la década del noventa para que la empresa fuese privatizada; sin embargo, a ese barco no nos subimos.
Daremos gas a la sanción de esta iniciativa pensando en la pérdida de autoabastecimiento energético; en 2011, el déficit fue de 3.000 millones de dólares, mientras que se calcula que en 2012 superará los 5.000 millones. Daremos gas pensando que en diciembre del año pasado, saltando todos los controles, YPF accedió al mercado de cambios para pagar la mitad de los dividendos, calzados contra el flujo de la deuda que contrajo el Grupo Petersen en 2008 para adquirir el 25 por ciento del capital accionario.
Entre 2000 y 2007, previo al ingreso del socio local, YPF distribuyó dividendos por casi 20.000 millones cuando durante el período 1999-2006 había obtenido utilidades netas por poco más de 25.100 millones. De esta manera, la empresa remitió en efectivo a Repsol, su principal accionista, el 80 por ciento de las utilidades contables del mencionado período.
Tras la incorporación del socio local en 2008, la política de dividendos se intensificó, en buena medida, por la ya citada necesidad del Grupo Petersen, que estaba en línea con el objetivo de Repsol de seguir reduciendo su exposición en la Argentina. Hace rato que los señores españoles se quieren ir de esta empresa en el país. No es que ahora se sienten enojados; a nuestras espaldas, ya venían negociando con petroleras chinas para que llevaran adelante la compañía.
No se pueden sentir ofendidos cuando el Estado nacional reacciona. Si no, que repasen su propia historia, cuando el ministro de Economía de España hizo su discurso para expropiar al grupo Rumasa, en un acto de soberanía del Estado español respecto de un grupo que perjudicaba a los propios españoles.
Señora presidenta: habiendo utilidades por 17.200 millones, y habiendo repartido dividendos por 24.200 millones -lo que se conoce como el pago fuera de ratio-, esto implica casi un 140 por ciento en este segundo período.
En todo el período general de la compañía, el pago fuera de ratio fue del 105 por ciento, bien por encima del 30 por ciento que promedian compañías similares en el mercado estadounidense en el mismo lapso.
El patrimonio neto de la empresa, medido en dólares corrientes, se redujo un 41 por ciento desde 1999; un 47 por ciento desde 2007. Esta caída se explica, en gran medida, por el aumento del endeudamiento de la compañía, que en los últimos años estuvo centrado en deuda de corto plazo, tomada con el fin de hacerse de la caja requerida para pagar el abultado monto de los dividendos acordados.
Entre 2010 y 2011 YPF incrementó su endeudamiento financiero con proveedores, en más de 10.500 millones. De hecho, la necesidad de efectivo para afrontar el pago de utilidades, que por definición son contables, implica un importante deterioro en la relación activo corriente-pasivo corriente, indicador que mide la capacidad de la compañía de afrontar su deuda de corto plazo. Dicho ratio pasó de 1,59, en 2007, a 0,65, en 2011, indicando que la compañía debe afrontar deudas de corto plazo superiores al activo disponible en el período.
Cabe destacar que a pesar de la foto que representa el balance, la compañía posee una importante capacidad de generación de efectivo, habiendo registrado en 2011 una utilidad bruta -es decir, ventas menos costo de ventas- de 14.765 millones.
YPF posee una gran parte de yacimientos de hidrocarburos no convencionales en el país, que convierten a la Argentina en el tercer país del mundo en reservas recuperables, según la Agencia Internacional de Energía, aunque sin embargo no dispone del capital suficiente para extraerlos, si no se consideran alianzas estratégicas y/o colocaciones de deuda.
Lamentamos -y también lo decimos- lo que realizó Roberto Baratta en el directorio de la compañía, acompañando y avalando todas las decisiones de extraer semejante cantidad de dividendos. La verdad es que la acción del señor Roberto Baratta en YPF le salió cara a la Nación Argentina.
Esto no vamos a resolverlo con dinero de la ANSES o del Banco Central. No va a ser factible el salto en la producción requerida. Amén de que el negocio entre en rentabilidad y del sostenimiento de los precios locales por debajo de los internacionales, esta situación requiere decisiones rápidas.
La capacidad política de diseñar y ejecutar un plan de gestión para la empresa, en el marco de una política energética amplia y de señales de precios que canalicen recursos de inversión en los pozos y que permita revertir más de un lustro de caída en las reservas y la producción de hidrocarburos, no fue el objetivo de los últimos nueve años. Tenemos la esperanza -y por eso acompañamos esta medida- de que lo sea en el futuro.
Finalmente, quiero decir a los españoles, a los hermanos ciudadanos de España, que no estamos en una discusión de pueblos sino en un debate de intereses, y que así como ellos defienden los intereses de sus empresas, nosotros tenemos la obligación de defender los nuestros.
Nada pone en juego nuestra hermandad con el pueblo español. ¡Nada, nadie ni ningún gobierno van a quebrar la cultura de hermandad del pueblo argentino con el pueblo español!
A Dios gracias, señora presidenta, el tiro no nos lo pegamos nosotros en el pie. El tiro se lo pegó el rey de España cuando se cayó del elefante.
Nos pasamos hablando de historia porque no tengo dudas de que los recursos energéticos deberían constituir una política de Estado en nuestra Argentina.
Lo digo con dolor. Nuestro interbloque del Frente Amplio Progresista va a apoyar -lo haremos en general en la sesión de la semana que viene- con la idea de construir una política de Estado respecto de esta situación.
Pero se da la curiosa situación de que estamos tratando de construir una política de Estado, desde la oposición, sin tener la posibilidad de sentarnos a una mesa a conversar cómo podríamos tener un proyecto que, sin duda, desde nuestra perspectiva, podría ser mucho mejor.
Se han mencionado muchos de los aportes que se han hecho, y la pregunta es por qué el oficialismo se niega a que podamos tener un proyecto mejor. Puede ser porque crean que la única razón es la que ellos tienen, pero intuyo que detrás de esta decisión, que nosotros saludamos, no hay una política de Estado. Entonces, se habla de historia.
Quiero contrastar dos opiniones. Podría contrastar muchísimas, pero sólo voy a leer dos citas, para no aburrir y dado lo avanzado del debate.
El 22 de septiembre de 1992, Néstor Kirchner, en declaraciones a La opinión austral, decía: "Para aquellos que dicen que la privatización de YPF es una entrega de la soberanía, para los santacruceños no lo es, porque esos millones de dólares que ingresarán van a evitar, precisamente, la despoblación y el éxodo de los pobladores de Santa Cruz, y creo que no hay nada más soberano que conseguir inversiones. Aparte, quienes conocemos la historia de YPF, sabemos que era una empresa manejada por quince o veinte gerentes dirigidos desde la propia YPF, pero que no llegaban a los santacruceños, y estos 500 millones de dólares van a llegar a todos los habitantes, lo cual marca un punto de justicia y equidad."
Con esto contrasto otra opinión, que dice: "Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera." Este es un párrafo de Enrique, no de Enrique Eskenazi, señora presidenta, sino de Enrique Mosconi.
Nosotros hemos propuesto mejorar una política de Estado, que insisto que no se ve en esta situación. Podríamos recorrer la opinión de muchísimos funcionarios respecto de esta situación.
Sin irnos tan lejos, podemos ver que el jueves 12, cuando tuvimos acceso a un principio de idea de expropiación del 51 por ciento de las acciones de la empresa YPF, hubo una reunión de gobernadores en la que uno de ellos, nuestro querido y anterior presidente de esta Cámara, el gobernador Fellner, dijo: "No existe proyecto de ley". Estoy hablando del 12 de este mes.
El senador Aníbal Fernández, hasta hace cuatro meses jefe de Gabinete de Ministros del gobierno, el lunes 23 -no hace tanto de esto, no me voy tan lejos-, dijo: "No voy a hablar de este tema. No existe para mí", además de decir que durante toda su gestión como jefe de Gabinete de Ministros nunca se había hablado de la expropiación.
Está claro que esto no constituye una política de Estado y nosotros, desde el Frente Amplio Progresista, queremos invitar al oficialismo a que a partir de ahora la situación energética sí sea una política de Estado, y que el emblema nacional de la empresa petrolera, de YPF, sea parte de ésta.
Por eso decimos que también hay que expropiar las acciones de la familia Eskenazi, del grupo Petersen: las de Enrique, las de Sebastián, las de Matías, las de todos los nombres que tanto se han utilizado en tantos discursos, como si fueran Mosconi, cuando en realidad lo que hicieron fue llevarse la riqueza de nuestra nación.
Recordemos además lo que establece el artículo V del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, en el sentido de que la expropiación o cualquier medida de ese tipo debe ser tomada exclusivamente por causa de utilidad pública y en ningún caso puede ser discriminatoria.
Por eso consideramos que también hay que apuntar a las acciones de ese grupo. Deben ser nacionales porque no ha aportado nada, ni a la empresa ni a la Nación.
Como hemos dicho en otra ocasión, entendemos que la forma jurídica de la empresa debe ser una SAPEM; no porque se nos antoje que debe ser así sino porque es lo que dispone la ley. Una empresa con capital accionario estatal mayoritario es una SAPEM; no una sociedad anónima de gestión estatal, esa nueva figura que no está contemplada en la Ley de Sociedades. Además, si se trata de una SAPEM, debe haber un control de parte de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, más allá de quien la dirija.
Además, creemos que tiene que haber un control social; por eso proponemos la incorporación de trabajadores y usuarios. Pensamos que deben participar aquellos que todos los días hacen cola para cargar nafta, porque esta empresa a la que concedimos los pozos petroleros privilegió -y esto consta en las actas de sus reuniones de directorio- la refinación de la nafta premium para que tengamos que pagar más por este precioso activo que es el petróleo.
Si bien no quiero aburrir con datos a los señores diputados, no puedo evitar tenerlos en mente. Habrá, porque la ley así lo dispone, una tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
En los fundamentos de nuestra disidencia parcial incorporamos algunos criterios adicionales de valuación, dado que los establecidos en la ley son muy diversos y algunos hasta podrían resultar gravosos para la Nación. Además, como los miembros del tribunal fueron designados en su mayoría durante la década de los noventa, a fin de curarme en salud preferiría que se incorpore como criterio que la tasación se hará teniendo en cuenta los libros. No tengo dudas de que cuando la intervención en la empresa verifique la real situación patrimonial, nos encontraremos con una serie de dibujos importantes que servirán para garantizar que el precio a pagar -si hay un precio a pagar- sea justo.
Finalmente, me gustaría reflexionar sobre algunos números. Como ya se anticipó, existe amplio consenso en la Cámara de Diputados -como ya lo hubo en el Senado- respecto de la adopción de esta medida. También puede haberlo en la sociedad y es bienvenido que así sea; pero no es eso lo que nos impulsa a acompañar este proyecto de ley. También hubo amplio consenso en la década del noventa para que la empresa fuese privatizada; sin embargo, a ese barco no nos subimos.
Daremos gas a la sanción de esta iniciativa pensando en la pérdida de autoabastecimiento energético; en 2011, el déficit fue de 3.000 millones de dólares, mientras que se calcula que en 2012 superará los 5.000 millones. Daremos gas pensando que en diciembre del año pasado, saltando todos los controles, YPF accedió al mercado de cambios para pagar la mitad de los dividendos, calzados contra el flujo de la deuda que contrajo el Grupo Petersen en 2008 para adquirir el 25 por ciento del capital accionario.
Entre 2000 y 2007, previo al ingreso del socio local, YPF distribuyó dividendos por casi 20.000 millones cuando durante el período 1999-2006 había obtenido utilidades netas por poco más de 25.100 millones. De esta manera, la empresa remitió en efectivo a Repsol, su principal accionista, el 80 por ciento de las utilidades contables del mencionado período.
Tras la incorporación del socio local en 2008, la política de dividendos se intensificó, en buena medida, por la ya citada necesidad del Grupo Petersen, que estaba en línea con el objetivo de Repsol de seguir reduciendo su exposición en la Argentina. Hace rato que los señores españoles se quieren ir de esta empresa en el país. No es que ahora se sienten enojados; a nuestras espaldas, ya venían negociando con petroleras chinas para que llevaran adelante la compañía.
No se pueden sentir ofendidos cuando el Estado nacional reacciona. Si no, que repasen su propia historia, cuando el ministro de Economía de España hizo su discurso para expropiar al grupo Rumasa, en un acto de soberanía del Estado español respecto de un grupo que perjudicaba a los propios españoles.
Señora presidenta: habiendo utilidades por 17.200 millones, y habiendo repartido dividendos por 24.200 millones -lo que se conoce como el pago fuera de ratio-, esto implica casi un 140 por ciento en este segundo período.
En todo el período general de la compañía, el pago fuera de ratio fue del 105 por ciento, bien por encima del 30 por ciento que promedian compañías similares en el mercado estadounidense en el mismo lapso.
El patrimonio neto de la empresa, medido en dólares corrientes, se redujo un 41 por ciento desde 1999; un 47 por ciento desde 2007. Esta caída se explica, en gran medida, por el aumento del endeudamiento de la compañía, que en los últimos años estuvo centrado en deuda de corto plazo, tomada con el fin de hacerse de la caja requerida para pagar el abultado monto de los dividendos acordados.
Entre 2010 y 2011 YPF incrementó su endeudamiento financiero con proveedores, en más de 10.500 millones. De hecho, la necesidad de efectivo para afrontar el pago de utilidades, que por definición son contables, implica un importante deterioro en la relación activo corriente-pasivo corriente, indicador que mide la capacidad de la compañía de afrontar su deuda de corto plazo. Dicho ratio pasó de 1,59, en 2007, a 0,65, en 2011, indicando que la compañía debe afrontar deudas de corto plazo superiores al activo disponible en el período.
Cabe destacar que a pesar de la foto que representa el balance, la compañía posee una importante capacidad de generación de efectivo, habiendo registrado en 2011 una utilidad bruta -es decir, ventas menos costo de ventas- de 14.765 millones.
YPF posee una gran parte de yacimientos de hidrocarburos no convencionales en el país, que convierten a la Argentina en el tercer país del mundo en reservas recuperables, según la Agencia Internacional de Energía, aunque sin embargo no dispone del capital suficiente para extraerlos, si no se consideran alianzas estratégicas y/o colocaciones de deuda.
Lamentamos -y también lo decimos- lo que realizó Roberto Baratta en el directorio de la compañía, acompañando y avalando todas las decisiones de extraer semejante cantidad de dividendos. La verdad es que la acción del señor Roberto Baratta en YPF le salió cara a la Nación Argentina.
Esto no vamos a resolverlo con dinero de la ANSES o del Banco Central. No va a ser factible el salto en la producción requerida. Amén de que el negocio entre en rentabilidad y del sostenimiento de los precios locales por debajo de los internacionales, esta situación requiere decisiones rápidas.
La capacidad política de diseñar y ejecutar un plan de gestión para la empresa, en el marco de una política energética amplia y de señales de precios que canalicen recursos de inversión en los pozos y que permita revertir más de un lustro de caída en las reservas y la producción de hidrocarburos, no fue el objetivo de los últimos nueve años. Tenemos la esperanza -y por eso acompañamos esta medida- de que lo sea en el futuro.
Finalmente, quiero decir a los españoles, a los hermanos ciudadanos de España, que no estamos en una discusión de pueblos sino en un debate de intereses, y que así como ellos defienden los intereses de sus empresas, nosotros tenemos la obligación de defender los nuestros.
Nada pone en juego nuestra hermandad con el pueblo español. ¡Nada, nadie ni ningún gobierno van a quebrar la cultura de hermandad del pueblo argentino con el pueblo español!
A Dios gracias, señora presidenta, el tiro no nos lo pegamos nosotros en el pie. El tiro se lo pegó el rey de España cuando se cayó del elefante.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el diputado Landau.
SR. LANDAU En primer lugar...
SRA. PRESIDENTA BERTONE Disculpe, señor diputado Landau: el señor diputado Fabián Ríos le pide una interrupción. ¿Se la concede?
SR. LANDAU Cómo no, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA BERTONE Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Ríos.
SR. RÍOS Yo no soy actor ni nada de eso. Había algunas cosas interesantes para contestar lo que dijeron algunos de los señores diputados preopinantes, pero si se mandan a mudar todos, no estoy aquí para salir en televisión, por lo que le pido que me saque de la lista de oradores, porque esto no es una actuación. Hay que quedarse y debatir; cuando alguien reclama debate, que se quede, que debata, que escuche y que aguante. (Aplausos.)
SR. LANDAU Me alegro que la intervención del señor diputado Ríos haya sido en ese sentido, porque para quienes estamos desde la mañana sería justo tener un marco distinto para el debate, y eso es precisamente lo que habitualmente los señores diputados de la oposición reclaman, pero es muy difícil poder hacerlo de esta manera.
Quiero puntualizar algunos aspectos de los que fui tomando nota. En primer lugar, lo que estamos discutiendo aquí es precisamente una expropiación por causa de utilidad pública, que tal como define la propia Constitución Nacional debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Esto parece una obviedad y se ha dicho poco a lo largo de hoy, y tal vez por no haberlo reiterado ha provocado algunos dislates que corresponde volver a poner en su lugar.
Vale la pena recordar la definición de expropiación dada por Joaquín V. González, que es la siguiente: tomar la propiedad de un particular para ser empleada en provecho, comodidad o progreso de la comunidad. La utilidad pública es precisamente el interés social, y es lo que estamos haciendo ahora, es decir calificar por ley el interés social de la propiedad privada del 51 por ciento del patrimonio de YPF.
Para andar el camino constitucional es indispensable que la expropiación sea previamente indemnizada. Esto implica que el Estado nacional pagará el valor del patrimonio y será el Tribunal de Tasaciones de la Nación quien lo fijará, tal como se encuentra expresado en los artículos 11 y 12 del proyecto que estamos debatiendo. Cualquier diferencia de criterios entre el valor patrimonial de las acciones y la compensación de deudas será zanjada por la Justicia argentina, porque es lo que corresponde. Primero el Tribunal de Tasaciones -como fija la ley- y en segundo lugar, si hubiera algún tipo de discrepancia con la tasación, corresponde que sea la Justicia argentina la que finalmente dirima las diferencias.
De modo que la transferencia de las acciones es lo que termina perfeccionando el proceso expropiatorio, y plantear otros caminos es desconocer cuál es el mecanismo que prevé la propia ley. La expropiación se hace por ley, y una vez dictada la ley que declara la utilidad pública será el Tribunal de Tasaciones el que fijará el valor del patrimonio a expropiar, y al hacerse efectivo el pago de tal valor, entonces se producirá la expropiación. Se cumplirán así todos los pasos previos, constitucionales y legales, de la expropiación. Marco esto porque a lo largo del debate se planteó que era inconstitucional e ilegal el procedimiento que estábamos utilizando.
Quiero recordar que resulta indispensable que la empresa sea transitoriamente ocupada. Uso el término "ocupada" porque es la palabra que aplica la ley de expropiación para resguardar lo que se llama el secreto empresario.
T.93
¿Qué es el secreto empresario? Lo que no figura en los balances; en este caso, el resultado de las prospecciones, los nuevos yacimientos, las investigaciones, etcétera.
Quiere decir que cuando se toma una decisión como la que tomó soberanamente el Poder Ejecutivo, es necesario coetáneamente tomar una medida precautoria para defender los activos de lo que se va a tomar. Este es el sentido que tuvo el decreto de necesidad y urgencia que oportunamente dictó el Poder Ejecutivo.
Quiero recordar que el artículo 59 de la ley de expropiaciones y el artículo 2512 del Código Civil autorizan a la autoridad administrativa a ocupar o usar transitoriamente un bien o cosas determinadas, por causa de utilidad pública.
De modo que para ocupar YPF no era necesario que el Poder Ejecutivo dictara un decreto de necesidad y urgencia ni que recurriera a la Justicia para buscar amparo a la decisión soberana de intervención. El Poder Ejecutivo lo hizo para dar más transparencia a la decisión, porque consideraba que el mecanismo de participación del Poder Legislativo era el adecuado. Por eso remitió el decreto a la comisión bicameral, y por eso ésta se reunió y emitió el dictamen, para que oportunamente sea tratado por el pleno de ambas Cámaras.
Pero debe quedar claro que el Poder Ejecutivo no estaba obligado a hacerlo. De modo que la objeción al procedimiento de intervención carece de sustento jurídico.
Por otro lado, aquí se ha dicho que el gobierno quiere que las empresas hagan lo que él quiere. En rigor, quiero recordar las enseñanzas del general Perón, quien nos decía que quería que los negocios de las empresas privadas coincidieran con los intereses del país. Y esto es, en definitiva, lo que el Poder Ejecutivo ha hecho; ese es el basamento político para tomar la decisión oportunamente adoptada.
Asimismo, también se ha hecho algún tipo de objeción al informe que oportunamente hizo en el Senado de la Nación el viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando recordaba que muchas veces la extracción de petróleo se hace al costado de la línea de fuego o al lado de las ametralladoras.
Quiero recordar que en todo el mundo el negocio del petróleo es un negocio de riesgo, y como tal, requiere de importantes inversiones de capital y puede generar importantes utilidades o pérdidas, porque es inevitable y es connatural al negocio del petróleo.
De modo que el sentido que tuvieron las expresiones vertidas por el viceministro de Economía iba en esa dirección y no respecto del tipo de conclusiones que aquí se han vertido.
Por otra parte, se dijo que es ilógico que el precio para el mercado interno tenga un subsidio del 67 por ciento. Si esa era la ilógica, siguiendo el camino de la lógica, la comercialización sin subsidio hubiera implicado llevar el precio interno del barril de 65 dólares -que es el precio utilizado en el mercado interno- a 105 dólares, que sería el precio internacional y que implicaría la liberación y su utilización sin subsidio.
Me pregunto si quienes hacen este tipo de reflexiones habrán pensado lo que hubiera implicado para la producción nacional y para la competitividad argentina, es decir, para el conjunto de la actividad económica, quitar el subsidio y llevar el precio del petróleo de 65 a 105 dólares en el mercado interno.
Se dijo que la expropiación e intervención debería ser extendida a la parte de gas y se habló de la desprotección que implicaba para los sectores más indefensos el hecho de que no se abarcara esa área. Quiero recordarles que el proyecto que se aprobó en el Senado, y que está en consideración en este momento, incluye también la expropiación y la intervención de Repsol Gas y las empresas vinculadas.
También se afirmó que el gobierno no presentó un plan energético. Aclaro que el objeto de este proyecto de ley es precisamente la expropiación por causa de utilidad pública de YPF, y no es la intención volcar aquí la información respecto del cambio de la matriz energética o un plan prospectivo energético hacia los próximos años.
Justamente, se importó durante estos años para mantener en funcionamiento el sistema productivo argentino y para permitir mantener la desocupación en el orden del 6 por ciento, cifra histórica e inédita en el mundo de hoy.
Resulta imposible la coexistencia de dos YPF al cortarse esta relación de falta de extracción e importación en relación con el conjunto de la economía. Bueno es recordar que cuando se privatizó YPF la concepción que fue desarrollando Repsol era transformar el hidrocarburo en un commodity, es decir un producto que se extrae y exporta. Para la década de los 90 era completamente lógico, porque no éramos un país industrializado sino que estábamos en un proceso de desindustrialización. Lo que comenzamos a vivir en esta década es precisamente un proceso de reindustrialización, y lo que no ha hecho Repsol en la gestión de YPF es acompañar ese proceso sino que siguió manejando el hidrocarburo como un elemento para obtener una mayor rentabilidad y privilegió especialmente la exportación como commodity. Esto llevó a que privilegiaran los sectores más rentables del mercado en detrimento de la exploración y explotación, lo cual significó que las crecientes cantidades de hidrocarburos que se importaban, petróleo y gas, transformaran a las redes de distribución de la Argentina -las estaciones de servicio, etcétera- en una suerte de distribuidora de productos importados. Mientras teníamos el petróleo bajo nuestros pies, vivíamos importando durante este tiempo para que la empresa que comercializaba -y en una posición prevalente dentro del mercado- fuera quien pudiera distribuir este producto importado.
Evidentemente esto es lo que se cortó con la medida tomada por nuestro gobierno.
T.95
En definitiva, el momento que estamos viviendo hoy implica que hay que tomar algún tipo de decisión respecto de la recuperación de los recursos naturales por parte del Estado. Este es el momento de decir si uno está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión que tomó el gobierno nacional.
Por último, quiero recordar que a lo largo de este debate hemos escuchado en más de una oportunidad anteponer el concepto de confiscación al concepto de expropiación. Al respecto, quiero decir enfáticamente que la confiscación consiste en el desapoderamiento de un bien sin indemnización.
A lo largo del día de hoy y del análisis de este proyecto hemos demostrado que evidentemente va a existir una indemnización y que, por lo tanto, no corresponde considerar esto como una confiscación.
Por eso digo enfáticamente que es mentira que no se vaya a indemnizar. En los artículos 11 y 12 del proyecto está claramente expuesto que este es el camino.
Además, es mentira que no se respete la Constitución, es mentira que no se respete la ley, es mentira que se haya intervenido ilegalmente y es mentira que no haya utilidad pública.
Mienten los que dicen que se confisca; miente el diario La Nación, que sostiene que estamos debatiendo una confiscación y no una expropiación. Lo digo porque tenemos oportunidad de acceder a los portales de noticias y a lo largo del día de hoy hemos podido leer "Se inició el debate de la confiscación", cuando en rigor, lo que estamos haciendo aquí claramente es debatir una ley de expropiación.
Por eso reitero que mienten los que hacen decir a la Constitución lo que ésta no dice y tendenciosamente buscan desinformar.
Lo único cierto es que la expropiación de YPF es la recuperación que hace un Estado soberano de la explotación de sus recursos para conseguir en definitiva el autoabastecimiento. Esto es lo que yo quería expresar, señora presidenta. (Aplausos.)
Quiero puntualizar algunos aspectos de los que fui tomando nota. En primer lugar, lo que estamos discutiendo aquí es precisamente una expropiación por causa de utilidad pública, que tal como define la propia Constitución Nacional debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Esto parece una obviedad y se ha dicho poco a lo largo de hoy, y tal vez por no haberlo reiterado ha provocado algunos dislates que corresponde volver a poner en su lugar.
Vale la pena recordar la definición de expropiación dada por Joaquín V. González, que es la siguiente: tomar la propiedad de un particular para ser empleada en provecho, comodidad o progreso de la comunidad. La utilidad pública es precisamente el interés social, y es lo que estamos haciendo ahora, es decir calificar por ley el interés social de la propiedad privada del 51 por ciento del patrimonio de YPF.
Para andar el camino constitucional es indispensable que la expropiación sea previamente indemnizada. Esto implica que el Estado nacional pagará el valor del patrimonio y será el Tribunal de Tasaciones de la Nación quien lo fijará, tal como se encuentra expresado en los artículos 11 y 12 del proyecto que estamos debatiendo. Cualquier diferencia de criterios entre el valor patrimonial de las acciones y la compensación de deudas será zanjada por la Justicia argentina, porque es lo que corresponde. Primero el Tribunal de Tasaciones -como fija la ley- y en segundo lugar, si hubiera algún tipo de discrepancia con la tasación, corresponde que sea la Justicia argentina la que finalmente dirima las diferencias.
De modo que la transferencia de las acciones es lo que termina perfeccionando el proceso expropiatorio, y plantear otros caminos es desconocer cuál es el mecanismo que prevé la propia ley. La expropiación se hace por ley, y una vez dictada la ley que declara la utilidad pública será el Tribunal de Tasaciones el que fijará el valor del patrimonio a expropiar, y al hacerse efectivo el pago de tal valor, entonces se producirá la expropiación. Se cumplirán así todos los pasos previos, constitucionales y legales, de la expropiación. Marco esto porque a lo largo del debate se planteó que era inconstitucional e ilegal el procedimiento que estábamos utilizando.
Quiero recordar que resulta indispensable que la empresa sea transitoriamente ocupada. Uso el término "ocupada" porque es la palabra que aplica la ley de expropiación para resguardar lo que se llama el secreto empresario.
T.93
¿Qué es el secreto empresario? Lo que no figura en los balances; en este caso, el resultado de las prospecciones, los nuevos yacimientos, las investigaciones, etcétera.
Quiere decir que cuando se toma una decisión como la que tomó soberanamente el Poder Ejecutivo, es necesario coetáneamente tomar una medida precautoria para defender los activos de lo que se va a tomar. Este es el sentido que tuvo el decreto de necesidad y urgencia que oportunamente dictó el Poder Ejecutivo.
Quiero recordar que el artículo 59 de la ley de expropiaciones y el artículo 2512 del Código Civil autorizan a la autoridad administrativa a ocupar o usar transitoriamente un bien o cosas determinadas, por causa de utilidad pública.
De modo que para ocupar YPF no era necesario que el Poder Ejecutivo dictara un decreto de necesidad y urgencia ni que recurriera a la Justicia para buscar amparo a la decisión soberana de intervención. El Poder Ejecutivo lo hizo para dar más transparencia a la decisión, porque consideraba que el mecanismo de participación del Poder Legislativo era el adecuado. Por eso remitió el decreto a la comisión bicameral, y por eso ésta se reunió y emitió el dictamen, para que oportunamente sea tratado por el pleno de ambas Cámaras.
Pero debe quedar claro que el Poder Ejecutivo no estaba obligado a hacerlo. De modo que la objeción al procedimiento de intervención carece de sustento jurídico.
Por otro lado, aquí se ha dicho que el gobierno quiere que las empresas hagan lo que él quiere. En rigor, quiero recordar las enseñanzas del general Perón, quien nos decía que quería que los negocios de las empresas privadas coincidieran con los intereses del país. Y esto es, en definitiva, lo que el Poder Ejecutivo ha hecho; ese es el basamento político para tomar la decisión oportunamente adoptada.
Asimismo, también se ha hecho algún tipo de objeción al informe que oportunamente hizo en el Senado de la Nación el viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando recordaba que muchas veces la extracción de petróleo se hace al costado de la línea de fuego o al lado de las ametralladoras.
Quiero recordar que en todo el mundo el negocio del petróleo es un negocio de riesgo, y como tal, requiere de importantes inversiones de capital y puede generar importantes utilidades o pérdidas, porque es inevitable y es connatural al negocio del petróleo.
De modo que el sentido que tuvieron las expresiones vertidas por el viceministro de Economía iba en esa dirección y no respecto del tipo de conclusiones que aquí se han vertido.
Por otra parte, se dijo que es ilógico que el precio para el mercado interno tenga un subsidio del 67 por ciento. Si esa era la ilógica, siguiendo el camino de la lógica, la comercialización sin subsidio hubiera implicado llevar el precio interno del barril de 65 dólares -que es el precio utilizado en el mercado interno- a 105 dólares, que sería el precio internacional y que implicaría la liberación y su utilización sin subsidio.
Me pregunto si quienes hacen este tipo de reflexiones habrán pensado lo que hubiera implicado para la producción nacional y para la competitividad argentina, es decir, para el conjunto de la actividad económica, quitar el subsidio y llevar el precio del petróleo de 65 a 105 dólares en el mercado interno.
Se dijo que la expropiación e intervención debería ser extendida a la parte de gas y se habló de la desprotección que implicaba para los sectores más indefensos el hecho de que no se abarcara esa área. Quiero recordarles que el proyecto que se aprobó en el Senado, y que está en consideración en este momento, incluye también la expropiación y la intervención de Repsol Gas y las empresas vinculadas.
También se afirmó que el gobierno no presentó un plan energético. Aclaro que el objeto de este proyecto de ley es precisamente la expropiación por causa de utilidad pública de YPF, y no es la intención volcar aquí la información respecto del cambio de la matriz energética o un plan prospectivo energético hacia los próximos años.
Justamente, se importó durante estos años para mantener en funcionamiento el sistema productivo argentino y para permitir mantener la desocupación en el orden del 6 por ciento, cifra histórica e inédita en el mundo de hoy.
Resulta imposible la coexistencia de dos YPF al cortarse esta relación de falta de extracción e importación en relación con el conjunto de la economía. Bueno es recordar que cuando se privatizó YPF la concepción que fue desarrollando Repsol era transformar el hidrocarburo en un commodity, es decir un producto que se extrae y exporta. Para la década de los 90 era completamente lógico, porque no éramos un país industrializado sino que estábamos en un proceso de desindustrialización. Lo que comenzamos a vivir en esta década es precisamente un proceso de reindustrialización, y lo que no ha hecho Repsol en la gestión de YPF es acompañar ese proceso sino que siguió manejando el hidrocarburo como un elemento para obtener una mayor rentabilidad y privilegió especialmente la exportación como commodity. Esto llevó a que privilegiaran los sectores más rentables del mercado en detrimento de la exploración y explotación, lo cual significó que las crecientes cantidades de hidrocarburos que se importaban, petróleo y gas, transformaran a las redes de distribución de la Argentina -las estaciones de servicio, etcétera- en una suerte de distribuidora de productos importados. Mientras teníamos el petróleo bajo nuestros pies, vivíamos importando durante este tiempo para que la empresa que comercializaba -y en una posición prevalente dentro del mercado- fuera quien pudiera distribuir este producto importado.
Evidentemente esto es lo que se cortó con la medida tomada por nuestro gobierno.
T.95
En definitiva, el momento que estamos viviendo hoy implica que hay que tomar algún tipo de decisión respecto de la recuperación de los recursos naturales por parte del Estado. Este es el momento de decir si uno está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión que tomó el gobierno nacional.
Por último, quiero recordar que a lo largo de este debate hemos escuchado en más de una oportunidad anteponer el concepto de confiscación al concepto de expropiación. Al respecto, quiero decir enfáticamente que la confiscación consiste en el desapoderamiento de un bien sin indemnización.
A lo largo del día de hoy y del análisis de este proyecto hemos demostrado que evidentemente va a existir una indemnización y que, por lo tanto, no corresponde considerar esto como una confiscación.
Por eso digo enfáticamente que es mentira que no se vaya a indemnizar. En los artículos 11 y 12 del proyecto está claramente expuesto que este es el camino.
Además, es mentira que no se respete la Constitución, es mentira que no se respete la ley, es mentira que se haya intervenido ilegalmente y es mentira que no haya utilidad pública.
Mienten los que dicen que se confisca; miente el diario La Nación, que sostiene que estamos debatiendo una confiscación y no una expropiación. Lo digo porque tenemos oportunidad de acceder a los portales de noticias y a lo largo del día de hoy hemos podido leer "Se inició el debate de la confiscación", cuando en rigor, lo que estamos haciendo aquí claramente es debatir una ley de expropiación.
Por eso reitero que mienten los que hacen decir a la Constitución lo que ésta no dice y tendenciosamente buscan desinformar.
Lo único cierto es que la expropiación de YPF es la recuperación que hace un Estado soberano de la explotación de sus recursos para conseguir en definitiva el autoabastecimiento. Esto es lo que yo quería expresar, señora presidenta. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTE BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Brown.
SR. BROWN Señora presidenta: en aras del tiempo transcurrido, trataré de ser lo más sintético posible, pero sobre todas las cosas trataré de ser coherente.
¿Qué significa para mí ser coherente? Si no estoy de acuerdo con un proyecto de ley en su conjunto, no votarlo, y si creo que el tema es trascendente, no abstenerme.
Consecuentemente, debo plantear lo que creo que debe ser, insistir y sostenerlo con un dictamen y con una propuesta que pienso que es superadora, al margen del resultado y con respeto a la mayoría que pueda disponer lo contrario.
Creo que eso forma parte de esta coherencia de la que hoy he escuchado insistentemente, lo que me ha sorprendido, porque en aras de ese dicho he escuchado manifestaciones que de coherentes no tienen absolutamente nada.
Quiero manifestar que en particular voy a estar sustentando la propuesta y el dictamen propio, que los diputados Ferrari, Camaño, Amadeo, Pérez y Thomas vienen sosteniendo y que va a ser presentado en tiempo y forma.
En ese dictamen, en nuestra propuesta expresamos que estamos a favor de la declaración de interés público nacional y, consecuentemente, de la expropiación, pero no de sus formas, de sus maneras, de sus contenidos, y por eso rechazamos el proyecto oficial y proponemos uno alternativo.
Lo que nosotros queremos -y lo que voy a intentar plantear- es introducir una serie de modificaciones en el articulado del proyecto que ha sido sancionado por el Senado de la Nación, que hoy está a consideración de esta comisión y que seguramente la semana que viene será sometido a la consideración del pleno de la Cámara.
En este dictamen nosotros planteamos distintas modificaciones. Yo iba a desarrollar varias de ellas. Voy a mencionarlas, pero trataré de desarrollar solo aquellas que considero más importantes.
Hemos planteado en el artículo 2° una modificación sustancial, siguiendo lo que ha planteado el señor diputado Solanas, en cuanto a la necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional formule y remita al Congreso en el más breve plazo un proyecto de ley a efectos de introducir las reformas que sean necesarias en los instrumentos legales que regulan la actividad hidrocarburífera a los fines de la presente, garantizando previsibilidad y seguridad jurídica.
Hemos pedido la constitución de un grupo de trabajo con la participación de funcionarios competentes en la materia así como de especialistas sugeridos por la comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso.
En el artículo 4° queremos dar contenido al Consejo Federal de Hidrocarburos, un consejo que en el proyecto oficial parece vacío porque incorpora a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una cantidad muy grande de funcionarios del Poder Ejecutivo -presidente y cuatro ministros-, pero en definitiva no les determina funciones. Nosotros planteamos que haya un representante del Poder Ejecutivo, los representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a continuación en el artículo 5° establecemos las funciones del Consejo Federal de Hidrocarburos, que son suficientemente amplias y similares a las que tiene el Consejo Nacional de Políticas Energéticas del Brasil. O sea, que tenga sentido crear un organismo cuando por otra parte en el proyecto aparece el grupo de provincias petroleras que son las que en el proyecto oficial se quedan con las acciones, y consecuentemente las que tienen una participación debida.
Cuando hablamos de la expropiación en el artículo 7°, planteamos la expropiación por el 50 por ciento, pero representado en igual porcentaje las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF y a Petersen Energía Sociedad Anónima, sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta, proporcional a sus respectivas tenencias. No hay razón para dejar afuera a Petersen ni al Grupo Eskenazi, con todo lo que aquí se ha señalado y que no voy a repetir.
En el artículo 8° analizamos el tema de la distribución de las acciones del Estado. Decimos que el 51 por ciento será del Estado nacional y el 49 por ciento se distribuirá entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos que se establezcan en el ámbito del Consejo Federal de Hidrocarburos creado en el artículo 4°.
Tenemos que terminar con el agravio a las provincias, pues su gran mayoría tiene características muy especiales. Voy a hablar por la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia industrializadora y consumidora, y una de las principales aportantes a los fondos nacionales que van a servir para el pago de la eventual expropiación y para juntar los fondos necesarios para el funcionamiento de YPF Sociedad Anónima. Dejar afuera a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, con la importancia que tienen, por el hecho de que no son petroleras, no darles distribución en el tema de las acciones y hacerlas participar de un Consejo Federal de Hidrocarburos sin ningún sentido no nos parece justo.
Pido en esto el acompañamiento de los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, y de cada una de las provincias.
Por su parte, en el artículo 9° existe un planteo bastante complejo vinculado al tema de la sindicación de acciones, una cuestión que habrá que ver cómo se maneja, porque de acuerdo con cómo se haga puede terminar en que a las provincias se les entregue y luego se les quite. En el caso del proyecto oficial, se le entrega y no sé si le quita; pero si se le quita, se lo hace por cincuenta años, que me parece un plazo excesivo, por lo que nosotros proponemos bajarlo a veinte años. El tema de la sindicación de acciones debe ser resuelto en este Consejo Federal y debe ser una manifestación de éste y no una decisión que posteriormente termine siendo tomada por el gobierno nacional.
T.97
En el artículo 13 figura un tema al cual recién hacía mención el señor diputado Landau y que a nosotros no nos queda claro. Me refiero al tema del pago. El mencionado diputado mencionó muy claramente las normas de la Constitución Nacional, y por supuesto estoy de acuerdo con que son así, como él las señaló. Pero el tema de la consignación no está previsto.
Entonces, nosotros planteamos que, sin perjuicio de las normas de la ley 21.499 que se vinculan con este tema, la consignación debe ser judicial y el valor debe ser determinado por las oficinas técnicas competentes. Debe haber entonces consignación judicial y determinación de valores.
En los últimos capítulos aparece lo que nosotros creemos que es la cuestión más compleja. En efecto, en el artículo 15 aparece el tema de "YPF sociedad anónima", sujeta a las disposiciones de la ley 19.550, o sea, una sociedad del derecho privado, sin ningún tipo de control ni regulación de ninguna naturaleza. Nosotros consideramos que no debe ser así bajo ninguna circunstancia.
Consecuentemente, nosotros eliminamos la parte referida a la ausencia de control y agregamos un párrafo que establece que estará sometida, asimismo, a los controles internos y externos del sector público nacional en los términos de la ley 24.156.
Expropiamos las acciones mayoritarias de YPF sociedad anónima y el Estado lo deja librado a la suerte de cualquier sociedad anónima que ustedes puedan llegar a imaginar en el derecho privado. Esto no es serio ni justo.
En el artículo 17 aparece otro tema extremadamente preocupante. A mi juicio, estos dos artículos, junto con el agravio a las provincias, son las cuestiones más complejas de este proyecto de ley, que nosotros no podemos acompañar.
De acuerdo con el artículo 17 del proyecto oficial, YPF sociedad anónima -así se la menciona, para no dejar ninguna duda de que es una entidad de derecho privado- podrá realizar cualquier tipo de acuerdo, de cualquier naturaleza, con asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos con empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras. ¿Dónde queda nuestra bandera nacional, aquella con la que nos estamos envolviendo para decir que estamos haciendo una reivindicación?
Consecuentemente, nosotros hemos propuesto un agregado, que dice: "debiendo informar previamente al Honorable Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral que se crea en la presente". Y entonces aparece un título nuevo, al que me voy a referir en un momento.
Además, incorporamos un artículo nuevo, con el número 18, que establece que bajo ningún concepto YPF sociedad anónima podrá financiar, directa o indirectamente, al Tesoro nacional más allá de sus obligaciones tributarias.
Escuchaba hace un rato al señor diputado Solanas y a otros dirigentes que reivindicaban al general Mosconi, quien decía que si gastaban un lápiz tenían que devolver el pedacito del lápiz o entregar otro, destacando la profunda austeridad que existía. Entonces, aseguremos la austeridad y la transparencia disponiendo que YPF no financie directa ni indirectamente al Tesoro nacional, salvo -por supuesto- en cuanto a sus obligaciones tributarias, que son muy importantes. En efecto, en términos tributarios es la principal empresa del país, y consecuentemente es importante que lo siga siendo.
En el Título IV proponemos el agregado de un capítulo único referido al control parlamentario, por el que se crea en el ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento.
Sintéticamente, dicha comisión deberá informar al cuerpo, con relación al directorio de YPF; las asociaciones estratégicas, los joint ventures, las uniones transitorias -esto que mencionábamos en el artículo 17-; la remoción de los directores o gerentes generales; la emisión, dentro y fuera del país, en moneda nacional o extranjera, de debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deuda; la creación, supresión, reestructuración o traslado de dependencias o sectores de la empresa; escuchar la memoria, inventario y balance general; toda modificación del régimen de contratación de la sociedad, y ver su presupuesto anual.
Esto tiene que ser analizado por el Parlamento, porque es el que está decidiendo hoy y es el que debe controlar una empresa que tiene -lamentablemente- una historia que ya varios se han encargado de relatar, que viene de épocas realmente malas, sobre todo en los últimos decenios y que consecuentemente se merece -y nos merecemos nosotros- un control sobre ella.
Si esto es así, podemos tener un proyecto de ley que valga la pena, que represente una verdadera reivindicación nacional y la defensa de los yacimientos petrolíferos fiscales. De lo contrario, yo diría que no estamos ante una estrategia ni ante un planeamiento energético ni que estamos pasando de un modelo neoliberal a uno de crecimiento con inclusión social pues no implicaría dar un rol a la producción de hidrocarburos en el desarrollo nacional.
Si aprobamos este dictamen como vino del Senado y como se plantea por el oficialismo, estaremos ante la búsqueda de un nuevo negocio, lo cual se observa fundamentalmente en el artículo 17. (Aplausos.)
¿Qué significa para mí ser coherente? Si no estoy de acuerdo con un proyecto de ley en su conjunto, no votarlo, y si creo que el tema es trascendente, no abstenerme.
Consecuentemente, debo plantear lo que creo que debe ser, insistir y sostenerlo con un dictamen y con una propuesta que pienso que es superadora, al margen del resultado y con respeto a la mayoría que pueda disponer lo contrario.
Creo que eso forma parte de esta coherencia de la que hoy he escuchado insistentemente, lo que me ha sorprendido, porque en aras de ese dicho he escuchado manifestaciones que de coherentes no tienen absolutamente nada.
Quiero manifestar que en particular voy a estar sustentando la propuesta y el dictamen propio, que los diputados Ferrari, Camaño, Amadeo, Pérez y Thomas vienen sosteniendo y que va a ser presentado en tiempo y forma.
En ese dictamen, en nuestra propuesta expresamos que estamos a favor de la declaración de interés público nacional y, consecuentemente, de la expropiación, pero no de sus formas, de sus maneras, de sus contenidos, y por eso rechazamos el proyecto oficial y proponemos uno alternativo.
Lo que nosotros queremos -y lo que voy a intentar plantear- es introducir una serie de modificaciones en el articulado del proyecto que ha sido sancionado por el Senado de la Nación, que hoy está a consideración de esta comisión y que seguramente la semana que viene será sometido a la consideración del pleno de la Cámara.
En este dictamen nosotros planteamos distintas modificaciones. Yo iba a desarrollar varias de ellas. Voy a mencionarlas, pero trataré de desarrollar solo aquellas que considero más importantes.
Hemos planteado en el artículo 2° una modificación sustancial, siguiendo lo que ha planteado el señor diputado Solanas, en cuanto a la necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional formule y remita al Congreso en el más breve plazo un proyecto de ley a efectos de introducir las reformas que sean necesarias en los instrumentos legales que regulan la actividad hidrocarburífera a los fines de la presente, garantizando previsibilidad y seguridad jurídica.
Hemos pedido la constitución de un grupo de trabajo con la participación de funcionarios competentes en la materia así como de especialistas sugeridos por la comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso.
En el artículo 4° queremos dar contenido al Consejo Federal de Hidrocarburos, un consejo que en el proyecto oficial parece vacío porque incorpora a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una cantidad muy grande de funcionarios del Poder Ejecutivo -presidente y cuatro ministros-, pero en definitiva no les determina funciones. Nosotros planteamos que haya un representante del Poder Ejecutivo, los representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a continuación en el artículo 5° establecemos las funciones del Consejo Federal de Hidrocarburos, que son suficientemente amplias y similares a las que tiene el Consejo Nacional de Políticas Energéticas del Brasil. O sea, que tenga sentido crear un organismo cuando por otra parte en el proyecto aparece el grupo de provincias petroleras que son las que en el proyecto oficial se quedan con las acciones, y consecuentemente las que tienen una participación debida.
Cuando hablamos de la expropiación en el artículo 7°, planteamos la expropiación por el 50 por ciento, pero representado en igual porcentaje las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF y a Petersen Energía Sociedad Anónima, sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta, proporcional a sus respectivas tenencias. No hay razón para dejar afuera a Petersen ni al Grupo Eskenazi, con todo lo que aquí se ha señalado y que no voy a repetir.
En el artículo 8° analizamos el tema de la distribución de las acciones del Estado. Decimos que el 51 por ciento será del Estado nacional y el 49 por ciento se distribuirá entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos que se establezcan en el ámbito del Consejo Federal de Hidrocarburos creado en el artículo 4°.
Tenemos que terminar con el agravio a las provincias, pues su gran mayoría tiene características muy especiales. Voy a hablar por la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia industrializadora y consumidora, y una de las principales aportantes a los fondos nacionales que van a servir para el pago de la eventual expropiación y para juntar los fondos necesarios para el funcionamiento de YPF Sociedad Anónima. Dejar afuera a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, con la importancia que tienen, por el hecho de que no son petroleras, no darles distribución en el tema de las acciones y hacerlas participar de un Consejo Federal de Hidrocarburos sin ningún sentido no nos parece justo.
Pido en esto el acompañamiento de los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, y de cada una de las provincias.
Por su parte, en el artículo 9° existe un planteo bastante complejo vinculado al tema de la sindicación de acciones, una cuestión que habrá que ver cómo se maneja, porque de acuerdo con cómo se haga puede terminar en que a las provincias se les entregue y luego se les quite. En el caso del proyecto oficial, se le entrega y no sé si le quita; pero si se le quita, se lo hace por cincuenta años, que me parece un plazo excesivo, por lo que nosotros proponemos bajarlo a veinte años. El tema de la sindicación de acciones debe ser resuelto en este Consejo Federal y debe ser una manifestación de éste y no una decisión que posteriormente termine siendo tomada por el gobierno nacional.
T.97
En el artículo 13 figura un tema al cual recién hacía mención el señor diputado Landau y que a nosotros no nos queda claro. Me refiero al tema del pago. El mencionado diputado mencionó muy claramente las normas de la Constitución Nacional, y por supuesto estoy de acuerdo con que son así, como él las señaló. Pero el tema de la consignación no está previsto.
Entonces, nosotros planteamos que, sin perjuicio de las normas de la ley 21.499 que se vinculan con este tema, la consignación debe ser judicial y el valor debe ser determinado por las oficinas técnicas competentes. Debe haber entonces consignación judicial y determinación de valores.
En los últimos capítulos aparece lo que nosotros creemos que es la cuestión más compleja. En efecto, en el artículo 15 aparece el tema de "YPF sociedad anónima", sujeta a las disposiciones de la ley 19.550, o sea, una sociedad del derecho privado, sin ningún tipo de control ni regulación de ninguna naturaleza. Nosotros consideramos que no debe ser así bajo ninguna circunstancia.
Consecuentemente, nosotros eliminamos la parte referida a la ausencia de control y agregamos un párrafo que establece que estará sometida, asimismo, a los controles internos y externos del sector público nacional en los términos de la ley 24.156.
Expropiamos las acciones mayoritarias de YPF sociedad anónima y el Estado lo deja librado a la suerte de cualquier sociedad anónima que ustedes puedan llegar a imaginar en el derecho privado. Esto no es serio ni justo.
En el artículo 17 aparece otro tema extremadamente preocupante. A mi juicio, estos dos artículos, junto con el agravio a las provincias, son las cuestiones más complejas de este proyecto de ley, que nosotros no podemos acompañar.
De acuerdo con el artículo 17 del proyecto oficial, YPF sociedad anónima -así se la menciona, para no dejar ninguna duda de que es una entidad de derecho privado- podrá realizar cualquier tipo de acuerdo, de cualquier naturaleza, con asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos con empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras. ¿Dónde queda nuestra bandera nacional, aquella con la que nos estamos envolviendo para decir que estamos haciendo una reivindicación?
Consecuentemente, nosotros hemos propuesto un agregado, que dice: "debiendo informar previamente al Honorable Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral que se crea en la presente". Y entonces aparece un título nuevo, al que me voy a referir en un momento.
Además, incorporamos un artículo nuevo, con el número 18, que establece que bajo ningún concepto YPF sociedad anónima podrá financiar, directa o indirectamente, al Tesoro nacional más allá de sus obligaciones tributarias.
Escuchaba hace un rato al señor diputado Solanas y a otros dirigentes que reivindicaban al general Mosconi, quien decía que si gastaban un lápiz tenían que devolver el pedacito del lápiz o entregar otro, destacando la profunda austeridad que existía. Entonces, aseguremos la austeridad y la transparencia disponiendo que YPF no financie directa ni indirectamente al Tesoro nacional, salvo -por supuesto- en cuanto a sus obligaciones tributarias, que son muy importantes. En efecto, en términos tributarios es la principal empresa del país, y consecuentemente es importante que lo siga siendo.
En el Título IV proponemos el agregado de un capítulo único referido al control parlamentario, por el que se crea en el ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento.
Sintéticamente, dicha comisión deberá informar al cuerpo, con relación al directorio de YPF; las asociaciones estratégicas, los joint ventures, las uniones transitorias -esto que mencionábamos en el artículo 17-; la remoción de los directores o gerentes generales; la emisión, dentro y fuera del país, en moneda nacional o extranjera, de debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deuda; la creación, supresión, reestructuración o traslado de dependencias o sectores de la empresa; escuchar la memoria, inventario y balance general; toda modificación del régimen de contratación de la sociedad, y ver su presupuesto anual.
Esto tiene que ser analizado por el Parlamento, porque es el que está decidiendo hoy y es el que debe controlar una empresa que tiene -lamentablemente- una historia que ya varios se han encargado de relatar, que viene de épocas realmente malas, sobre todo en los últimos decenios y que consecuentemente se merece -y nos merecemos nosotros- un control sobre ella.
Si esto es así, podemos tener un proyecto de ley que valga la pena, que represente una verdadera reivindicación nacional y la defensa de los yacimientos petrolíferos fiscales. De lo contrario, yo diría que no estamos ante una estrategia ni ante un planeamiento energético ni que estamos pasando de un modelo neoliberal a uno de crecimiento con inclusión social pues no implicaría dar un rol a la producción de hidrocarburos en el desarrollo nacional.
Si aprobamos este dictamen como vino del Senado y como se plantea por el oficialismo, estaremos ante la búsqueda de un nuevo negocio, lo cual se observa fundamentalmente en el artículo 17. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Tiene la palabra el señor diputado Grillo.
SR. GRILLO Señora presidenta: voy a dar una visión un poco más local por provenir de Neuquen, una provincia hidrocarburífera que junto con otras es considerada clave para este desarrollo energético que estamos imaginando y para el tan anhelado autoabastecimiento.
Argentina está después de China y de Estados Unidos en reservas de gas no convencional y convencional. Neuquén tiene 800 mil millones de metros cúbicos de reservas de gas natural, el doble de lo que tenía cuando se descubrió el gigante yacimiento de Loma de la Lata en la década del 80. Esto es potencial, pero es un recurso importante.
Sólo la tan nombrada formación Vaca Muerta -que es una formación geológica y no yacimiento- tiene estimación de reservas de 28.800 millones de barriles petróleo, y un 50 por ciento de ello es de YPF. A un valor presente neto de 8 dólares el barril equivalente de petróleo representa una potencialidad de más de 230.000 millones de dólares.
Pero esta riqueza hay que ponerla en valor, pues hoy no vale nada. Para ello se necesitan herramientas y condiciones, y una herramienta es YPF. Creo que todos compartimos lo que hizo YPF durante la historia y el protagonismo que tuvo durante sus primeros cincuenta años de vida, construyendo la base de la sustentación hidrocarburífera del país, extendiendo civilización, construyendo pueblos y ciudades con una clara función social. Es eso también lo que hay que recuperar de esta nueva YPF.
Acompañamos mucho desde nuestra vivencia y desde nuestro protagonismo a esta YPF, y la queríamos mucho allá por la década del 80. Yo empecé a trabajar en el Consejo de Planificación del Neuquén junto a YPF y también participé del plan energético de Raúl Alfonsín en la década del 80, donde se fijó un modelo energético y los precios para todas las provincias y sus cuencas. A partir de allí se produjeron los grandes descubrimientos y se construyeron los gasoductos y las refinerías de Plaza Huincul y Mendoza.
En función del interés en separar los líquidos del gas natural, como provincia hidrocarburífera queríamos que se industrializaran nuestros líquidos, por lo que junto con Repsol, Petrobras y Dow Chemical se convocaron inversores para instalar lo que se denominó el proyecto Mega en Neuquén.
Personalmente participé de distintos grupos que fueron a Canadá a ponerse en contacto con la empresa de fertilizantes Cominco -luego, Agrium-, la cual -por alguna desavenencias de los neuquinos- posteriormente realizó una inversión de 600 millones de dólares en Bahía Blanca.
T.99
También participé en la radicación de una planta de metanol en Plaza Huincul, que hoy está funcionando.
Digamos que el marco estaba bien, pero la YPF que nosotros estábamos viendo, y que estuvimos viendo, se burocratizó antes de los 90, perdió su horizonte y se llenó de gastos, de funcionarios públicos, de políticos. Yo conocí algunos Directorios. En ese momento se hablaba de que esa YPF era la única empresa petrolera deficitaria del mundo, con raras excepciones, como cuando en la última parte de este proceso se transformó en sociedad anónima.
Pero también fue un fracaso la privatización. Muchos creyeron que era una buena oportunidad, como nuestros legisladores, quienes como muchos otros, actuaron de buena fe y apoyaron la privatización. Pero creo que el peor período fue el de Repsol, a partir de 1999.
Tal como se dice en los fundamentos del proyecto, las reservas cayeron un 50 por ciento en petróleo y un 60 por ciento en gas. Por su parte, la producción de petróleo también cayó en un 50 por ciento, y la de gas, en un 30 por ciento; no hubo mayores inversiones en refinerías ni en destilación; se persiguió a las estaciones de servicio pymes -este es un tema que no se mencionó, y que yo abordaré más adelante-; se marginó a las pymes locales, y luego de la privatización se oprimió a las empresas descentralizadas. En efecto, luego de la privatización hubo muchas empresas que se descentralizaron, como las que manejaban aviones o equipos de perforación.
Además, cayó la actividad, la ocupación y el empleo. Comenzamos a importar combustibles, por un monto que el año pasado llegó a los 9.300 millones de dólares.
Tampoco se comentó acá que, a través de una asamblea celebrada en el año 2001, Repsol se apropió de manera onerosa de activos de YPF que venían de la época de Estenssoro, en Indonesia, en Bolivia, en Venezuela y en Brasil. El yacimiento del "pré-sal", en Brasil, que es de Repsol, fue transferido en esa asamblea a la Repsol con base en Madrid.
Como se dijo acá, de los 16 mil millones de dólares de utilidades se distribuyeron 13.500 millones de dólares entre los accionistas.
Frente a todos estos hechos, ¿qué razones tendría para votar en contra de este dictamen de mayoría que apoya la decisión del gobierno de expropiar el 51 por ciento de las acciones de la empresa?
Consideramos que esta es una decisión estratégica para la recuperación, por parte de la Nación, de su gas y de su petróleo. La validez la dan este Congreso y también la Justicia. Creo que es una decisión acertada, no esperada, de la presidenta de la Nación y del gobierno nacional.
Obviamente que podemos mirar para atrás y echarnos las culpas. Nos están mirando -en mi caso- 25 mil operarios, empleados y profesionales vinculados con el petróleo en nuestra región, que ven con expectativa esta posibilidad; los habitantes de Cutral Có, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo, Buta Ranquil, las sesenta empresas de la Cámara de Empresarios de la Cuenca Neuquina, que ocupan unas 4 mil personas, CEIPA, y gran parte de los 32.900 "ex ypefianos", que están todavía con una asignatura pendiente de la privatización, que es el tema de la propiedad participada. Acaba de salir un dictamen de la Justicia en Tierra del Fuego por el cual se suspenden los derechos de 45 millones de acciones que Repsol había transferido en marzo de 2011.
Entonces, tenemos que responder por esta gente. No quiero la versión de la YPF pública, pero tampoco de la privatizada. Tenemos una oportunidad, y dicen en la calle que la tercera es la vencida.
Yo dije que la decisión de la presidenta había sido acertada, pero creo que hay otras decisiones que con la sabiduría, la inteligencia y la audacia del Congreso y del gobierno nacional tenemos que tomar para que esto se pueda completar y esta iniciativa tenga éxito.
En primer término hay un tema referido a la gestión, y quiero ser claro en este tema. Necesitamos convocar a los mejores hombres y a las mejores mujeres para que YPF pueda ser conducida con eficiencia, responsabilidad y profesionalismo.
No tenemos la mínima posibilidad de hacer experiencias gerenciales en YPF ahora; tenemos institutos, organismos, asociaciones y los gobiernos nacional y provinciales con gente capacitada para esto.
El tema del precio es importante, fundamentalmente el del gas. El petróleo y el gas están juntos, y si el gas sigue valiendo en nuestras cuencas 2,60 dólares por millón de BTU, no va a haber un resultado positivo. Con inteligencia y audacia tenemos que pensar y debatir en este Congreso un proyecto de ley que al menos asimile el precio del gas en las cuencas productoras al precio de importación de Bolivia. Puede ser un 70 u 80 por ciento gradualmente, como sea, pero necesitamos fijar previsibilidad en este tema.
No hay inversiones porque no existen este tipo de condiciones. En Neuquén pudimos revertir un área concesionada a Petrobras en la que en quince años sólo se había hecho una sísmica y un pozo. Esto quiere decir que no existen las condiciones suficientes para llevar esto adelante.
Las asociaciones estratégicas son importantes. Yo les hablaba del proyecto Mega con Dow Chemical y Petrobras, o también la planta de fertilizantes en Bahía Blanca, el caso de Agrium. Nuestro gobernador, Jorge Sapag, hace cuatro o cinco años viene hablando del shale gas y del tight gas. Acompañado por gente del gobierno nacional, él ha hecho contactos con ExxonMobil.
Tenemos que hacer un programa de inversión en refinerías. Repsol-YPF tenía para el período 2009-2012 un programa de 1.500 millones de dólares en ampliación y acondicionamiento de refinerías aunque solamente se llevaron a cabo algunas inversiones que no superaron los 100 millones de dólares en Mendoza. Se pensó más en mejorar la calidad de los combustibles que en aumentar su producción.
Asimismo, tenemos que darle una solución a los exypefianos. En esto no nos podemos hacer los distraídos pues estamos comprometidos, porque desde 1992 tuvimos varios gobiernos y no se ha tomado una decisión en relación con ellos.
Otro tema importante es la regulación del sistema de comercialización de combustible. Repsol-YPF ha sido quien realmente ha oprimido y ha presionado a las estaciones de servicio trabajadas por familias y emprendedores que se han convertido en sus rehenes durante diez años. Desaparecieron 3.500 estaciones de servicio en el país, culpa fundamentalmente de la política de Repsol-YPF a través de un sistema de consignación perverso, donde le imponían el precio de venta, el precio de compra y los cupos, y los hacían cargo de la seguridad, del medio ambiente. Incluso, les hacían pagar montos entre un 1,5 y 2 millones a los estacioneros en los fines de semana largos.
En relación con las pequeñas empresas yo hacía un capítulo especial, porque también han tenido una presión muy fuerte por parte de Repsol-YPF. Repsol les decía a nuestras pequeñas y medianas empresas en Neuquén, muchas agrupadas en la Cámara (CECNERN), que sus costos operativos tenían que ser un 75 por ciento de las tarifas. Y las mataban con eso, porque les dejaban un 25 por ciento para otros costos, amortizaciones y para el pago de impuestos.
Entonces, también tenemos que trabajar en un proyecto de moratoria para todas las pequeñas y medianas empresas que han sido contratadas hasta ahora por Repsol, para que tengan un alivio y una tranquilidad para llevar adelante los servicios que se necesitan.
Por su parte, la participación y el protagonismo de las provincias es importante. Nosotros tenemos una empresa provincial que es Gas y Petróleo del Neuquen, que tiene 100 áreas, 62 de las cuales ya están concesionadas y forman parte de la UTE.
Quiero aclarar algo dicho por un señor diputado preopinante respecto de la reversión.
T.101
Neuquén ha revertido dos áreas a YPF y otras cuatro han caducado, con lo cual, hay seis áreas de gas y petróleo que ahora están a disposición. En todo caso, se discutirá y se negociará las mejores condiciones para poder ponerlas en marcha.
Creo que tenemos una excelente oportunidad. Vamos a acompañar con expectativa y con esperanza este proyecto, y obviamente digo que para tener futuro debemos convocar a la mejor gente, ponerle un precio al gas natural y tener en cuenta a las pequeñas y medianas empresas de todas las cuencas productoras. (Aplausos.)
Argentina está después de China y de Estados Unidos en reservas de gas no convencional y convencional. Neuquén tiene 800 mil millones de metros cúbicos de reservas de gas natural, el doble de lo que tenía cuando se descubrió el gigante yacimiento de Loma de la Lata en la década del 80. Esto es potencial, pero es un recurso importante.
Sólo la tan nombrada formación Vaca Muerta -que es una formación geológica y no yacimiento- tiene estimación de reservas de 28.800 millones de barriles petróleo, y un 50 por ciento de ello es de YPF. A un valor presente neto de 8 dólares el barril equivalente de petróleo representa una potencialidad de más de 230.000 millones de dólares.
Pero esta riqueza hay que ponerla en valor, pues hoy no vale nada. Para ello se necesitan herramientas y condiciones, y una herramienta es YPF. Creo que todos compartimos lo que hizo YPF durante la historia y el protagonismo que tuvo durante sus primeros cincuenta años de vida, construyendo la base de la sustentación hidrocarburífera del país, extendiendo civilización, construyendo pueblos y ciudades con una clara función social. Es eso también lo que hay que recuperar de esta nueva YPF.
Acompañamos mucho desde nuestra vivencia y desde nuestro protagonismo a esta YPF, y la queríamos mucho allá por la década del 80. Yo empecé a trabajar en el Consejo de Planificación del Neuquén junto a YPF y también participé del plan energético de Raúl Alfonsín en la década del 80, donde se fijó un modelo energético y los precios para todas las provincias y sus cuencas. A partir de allí se produjeron los grandes descubrimientos y se construyeron los gasoductos y las refinerías de Plaza Huincul y Mendoza.
En función del interés en separar los líquidos del gas natural, como provincia hidrocarburífera queríamos que se industrializaran nuestros líquidos, por lo que junto con Repsol, Petrobras y Dow Chemical se convocaron inversores para instalar lo que se denominó el proyecto Mega en Neuquén.
Personalmente participé de distintos grupos que fueron a Canadá a ponerse en contacto con la empresa de fertilizantes Cominco -luego, Agrium-, la cual -por alguna desavenencias de los neuquinos- posteriormente realizó una inversión de 600 millones de dólares en Bahía Blanca.
T.99
También participé en la radicación de una planta de metanol en Plaza Huincul, que hoy está funcionando.
Digamos que el marco estaba bien, pero la YPF que nosotros estábamos viendo, y que estuvimos viendo, se burocratizó antes de los 90, perdió su horizonte y se llenó de gastos, de funcionarios públicos, de políticos. Yo conocí algunos Directorios. En ese momento se hablaba de que esa YPF era la única empresa petrolera deficitaria del mundo, con raras excepciones, como cuando en la última parte de este proceso se transformó en sociedad anónima.
Pero también fue un fracaso la privatización. Muchos creyeron que era una buena oportunidad, como nuestros legisladores, quienes como muchos otros, actuaron de buena fe y apoyaron la privatización. Pero creo que el peor período fue el de Repsol, a partir de 1999.
Tal como se dice en los fundamentos del proyecto, las reservas cayeron un 50 por ciento en petróleo y un 60 por ciento en gas. Por su parte, la producción de petróleo también cayó en un 50 por ciento, y la de gas, en un 30 por ciento; no hubo mayores inversiones en refinerías ni en destilación; se persiguió a las estaciones de servicio pymes -este es un tema que no se mencionó, y que yo abordaré más adelante-; se marginó a las pymes locales, y luego de la privatización se oprimió a las empresas descentralizadas. En efecto, luego de la privatización hubo muchas empresas que se descentralizaron, como las que manejaban aviones o equipos de perforación.
Además, cayó la actividad, la ocupación y el empleo. Comenzamos a importar combustibles, por un monto que el año pasado llegó a los 9.300 millones de dólares.
Tampoco se comentó acá que, a través de una asamblea celebrada en el año 2001, Repsol se apropió de manera onerosa de activos de YPF que venían de la época de Estenssoro, en Indonesia, en Bolivia, en Venezuela y en Brasil. El yacimiento del "pré-sal", en Brasil, que es de Repsol, fue transferido en esa asamblea a la Repsol con base en Madrid.
Como se dijo acá, de los 16 mil millones de dólares de utilidades se distribuyeron 13.500 millones de dólares entre los accionistas.
Frente a todos estos hechos, ¿qué razones tendría para votar en contra de este dictamen de mayoría que apoya la decisión del gobierno de expropiar el 51 por ciento de las acciones de la empresa?
Consideramos que esta es una decisión estratégica para la recuperación, por parte de la Nación, de su gas y de su petróleo. La validez la dan este Congreso y también la Justicia. Creo que es una decisión acertada, no esperada, de la presidenta de la Nación y del gobierno nacional.
Obviamente que podemos mirar para atrás y echarnos las culpas. Nos están mirando -en mi caso- 25 mil operarios, empleados y profesionales vinculados con el petróleo en nuestra región, que ven con expectativa esta posibilidad; los habitantes de Cutral Có, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo, Buta Ranquil, las sesenta empresas de la Cámara de Empresarios de la Cuenca Neuquina, que ocupan unas 4 mil personas, CEIPA, y gran parte de los 32.900 "ex ypefianos", que están todavía con una asignatura pendiente de la privatización, que es el tema de la propiedad participada. Acaba de salir un dictamen de la Justicia en Tierra del Fuego por el cual se suspenden los derechos de 45 millones de acciones que Repsol había transferido en marzo de 2011.
Entonces, tenemos que responder por esta gente. No quiero la versión de la YPF pública, pero tampoco de la privatizada. Tenemos una oportunidad, y dicen en la calle que la tercera es la vencida.
Yo dije que la decisión de la presidenta había sido acertada, pero creo que hay otras decisiones que con la sabiduría, la inteligencia y la audacia del Congreso y del gobierno nacional tenemos que tomar para que esto se pueda completar y esta iniciativa tenga éxito.
En primer término hay un tema referido a la gestión, y quiero ser claro en este tema. Necesitamos convocar a los mejores hombres y a las mejores mujeres para que YPF pueda ser conducida con eficiencia, responsabilidad y profesionalismo.
No tenemos la mínima posibilidad de hacer experiencias gerenciales en YPF ahora; tenemos institutos, organismos, asociaciones y los gobiernos nacional y provinciales con gente capacitada para esto.
El tema del precio es importante, fundamentalmente el del gas. El petróleo y el gas están juntos, y si el gas sigue valiendo en nuestras cuencas 2,60 dólares por millón de BTU, no va a haber un resultado positivo. Con inteligencia y audacia tenemos que pensar y debatir en este Congreso un proyecto de ley que al menos asimile el precio del gas en las cuencas productoras al precio de importación de Bolivia. Puede ser un 70 u 80 por ciento gradualmente, como sea, pero necesitamos fijar previsibilidad en este tema.
No hay inversiones porque no existen este tipo de condiciones. En Neuquén pudimos revertir un área concesionada a Petrobras en la que en quince años sólo se había hecho una sísmica y un pozo. Esto quiere decir que no existen las condiciones suficientes para llevar esto adelante.
Las asociaciones estratégicas son importantes. Yo les hablaba del proyecto Mega con Dow Chemical y Petrobras, o también la planta de fertilizantes en Bahía Blanca, el caso de Agrium. Nuestro gobernador, Jorge Sapag, hace cuatro o cinco años viene hablando del shale gas y del tight gas. Acompañado por gente del gobierno nacional, él ha hecho contactos con ExxonMobil.
Tenemos que hacer un programa de inversión en refinerías. Repsol-YPF tenía para el período 2009-2012 un programa de 1.500 millones de dólares en ampliación y acondicionamiento de refinerías aunque solamente se llevaron a cabo algunas inversiones que no superaron los 100 millones de dólares en Mendoza. Se pensó más en mejorar la calidad de los combustibles que en aumentar su producción.
Asimismo, tenemos que darle una solución a los exypefianos. En esto no nos podemos hacer los distraídos pues estamos comprometidos, porque desde 1992 tuvimos varios gobiernos y no se ha tomado una decisión en relación con ellos.
Otro tema importante es la regulación del sistema de comercialización de combustible. Repsol-YPF ha sido quien realmente ha oprimido y ha presionado a las estaciones de servicio trabajadas por familias y emprendedores que se han convertido en sus rehenes durante diez años. Desaparecieron 3.500 estaciones de servicio en el país, culpa fundamentalmente de la política de Repsol-YPF a través de un sistema de consignación perverso, donde le imponían el precio de venta, el precio de compra y los cupos, y los hacían cargo de la seguridad, del medio ambiente. Incluso, les hacían pagar montos entre un 1,5 y 2 millones a los estacioneros en los fines de semana largos.
En relación con las pequeñas empresas yo hacía un capítulo especial, porque también han tenido una presión muy fuerte por parte de Repsol-YPF. Repsol les decía a nuestras pequeñas y medianas empresas en Neuquén, muchas agrupadas en la Cámara (CECNERN), que sus costos operativos tenían que ser un 75 por ciento de las tarifas. Y las mataban con eso, porque les dejaban un 25 por ciento para otros costos, amortizaciones y para el pago de impuestos.
Entonces, también tenemos que trabajar en un proyecto de moratoria para todas las pequeñas y medianas empresas que han sido contratadas hasta ahora por Repsol, para que tengan un alivio y una tranquilidad para llevar adelante los servicios que se necesitan.
Por su parte, la participación y el protagonismo de las provincias es importante. Nosotros tenemos una empresa provincial que es Gas y Petróleo del Neuquen, que tiene 100 áreas, 62 de las cuales ya están concesionadas y forman parte de la UTE.
Quiero aclarar algo dicho por un señor diputado preopinante respecto de la reversión.
T.101
Neuquén ha revertido dos áreas a YPF y otras cuatro han caducado, con lo cual, hay seis áreas de gas y petróleo que ahora están a disposición. En todo caso, se discutirá y se negociará las mejores condiciones para poder ponerlas en marcha.
Creo que tenemos una excelente oportunidad. Vamos a acompañar con expectativa y con esperanza este proyecto, y obviamente digo que para tener futuro debemos convocar a la mejor gente, ponerle un precio al gas natural y tener en cuenta a las pequeñas y medianas empresas de todas las cuencas productoras. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTE BERTONE Antes del cierre que va a realizar el señor diputado Feletti, quiero mencionar a los señores diputados que habían solicitado hacer uso de la palabra y que han desistido de hacerlo debido a que estamos en horario de cierre para la presentación de los dictámenes, que ya se han presentado.
A ellos quiero agradecerles que hayan estado todo este tiempo escuchando atentamente, con una actitud muy digna en un bloque mayoritario. Quizás podíamos haber tenido otra actitud, siendo que hay solo cuatro diputados de la oposición escuchando, después de que nosotros hemos escuchado desde las 10 de la mañana.
Por lo tanto, quiero agradecer y nombrar a los señores diputados que han solicitado el uso de la palabra pero que, como decía, por cuestiones de tiempo no van a plasmar sus expresiones. Me refiero a los señores diputados José Alberto Ciampini, Pablo Kosiner, Stella Maris Córdoba, Graciela Giannettasio, Roberto Fabián Ríos, Juan Mario País, Luis Cigogna, Alfredo Dato, Julia Argentina Perié, José Antonio Vilariño, Alex Ziegler, Eric Calcagno y Juan Dante González.
A todos ellos les quiero agradecer la predisposición, como asimismo a todos los asesores, a los secretarios de las comisiones, al personal de Seguridad y a todos los miembros de esta casa que han prestado su colaboración para que este debate, en una ley que es histórica y trascendente para la Argentina, se desarrolle en las condiciones en que se ha llevado a cabo.
Tiene la palabra el señor diputado Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para que realice el cierre de este debate.
A ellos quiero agradecerles que hayan estado todo este tiempo escuchando atentamente, con una actitud muy digna en un bloque mayoritario. Quizás podíamos haber tenido otra actitud, siendo que hay solo cuatro diputados de la oposición escuchando, después de que nosotros hemos escuchado desde las 10 de la mañana.
Por lo tanto, quiero agradecer y nombrar a los señores diputados que han solicitado el uso de la palabra pero que, como decía, por cuestiones de tiempo no van a plasmar sus expresiones. Me refiero a los señores diputados José Alberto Ciampini, Pablo Kosiner, Stella Maris Córdoba, Graciela Giannettasio, Roberto Fabián Ríos, Juan Mario País, Luis Cigogna, Alfredo Dato, Julia Argentina Perié, José Antonio Vilariño, Alex Ziegler, Eric Calcagno y Juan Dante González.
A todos ellos les quiero agradecer la predisposición, como asimismo a todos los asesores, a los secretarios de las comisiones, al personal de Seguridad y a todos los miembros de esta casa que han prestado su colaboración para que este debate, en una ley que es histórica y trascendente para la Argentina, se desarrolle en las condiciones en que se ha llevado a cabo.
Tiene la palabra el señor diputado Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para que realice el cierre de este debate.
SR. FELETTI Señora presidenta: quiero agradecer a los compañeros de mi bloque, que me han conferido el honor de cerrar este debate, porque realmente muchos de los diputados que han renunciado a hacer uso de la palabra seguramente se hubieran expresado con mayor precisión y con mayor conocimiento que yo.
Por otra parte, no hay mucho para agregar después de todo lo que se dijo, aunque necesariamente uno tiene que hacer una reflexión sobre la oposición. Esta permanente actitud de intentar degradar el Parlamento en algunos casos, hablando de falta de debate y de trámites rápidos, me lleva a señalar que es bastante antidemocrático pensar que si el Parlamento no legisla como uno quiere está degradado. Me parece que hay que reflexionar sobre estas palabras, porque la institución está funcionando, está legislando y lo está haciendo sobre cuestiones trascendentales.
Es necesario referirnos al proceso de autonomía nacional que ha vivido el país a lo largo de estos nueve años, frente a las sucesivas críticas y pronósticos de permanente fracaso.
Este Parlamento nunca podría haber estado discutiendo este tema, que significa canalizar el insumo energético y definirlo delineadamente para los intereses del país, si no hubiéramos transitado años de afirmación de autonomía nacional; si primero no hubiéramos desendeudado al Estado; si en segundo lugar, no hubiéramos consolidado los equilibrios macroeconómicos, y si, en tercer término, no hubiéramos reparado socialmente con constante baja del desempleo, constante aumento del salario, constante aumento de la protección previsional y constante aumento de la protección social, construyendo una sociedad que se vuelve vivible y a la que dignamente representamos.
Esto es un tema clave, porque uno escucha permanentemente las críticas de lo que debíamos haber hecho y no hicimos.
No podríamos estar discutiendo nada de esto si no tuviéramos una Nación y un Estado capaz de enfrentar un mundo volátil y difícil. Llamo a la reflexión también en estas cuestiones de la autónoma nacional que a veces se tienden a banalizar respecto de dos planteos que se han hecho desde el comienzo de este año y que son caros a la identidad nacional como son Malvinas y el petróleo, asuntos puestos en discusión y puestos en solución.
En ambos casos también quiero reflexionar sobre el hecho de que hubo respuesta imperial por parte de las naciones afectadas, porque el intento de sentar a los ingleses a hablar de soberanía sobre la base del cercenamiento lento de la capacidad de las islas de negociar y tener abastecimiento del continente supuso una respuesta militar por parte de los ingleses enviando un crucero misilístico. Entonces, no minimicemos los planteos de autonomía nacional de la Argentina y cómo impactan en las naciones desarrolladas. Del mismo modo, España respondió con amenazas de bloqueo comercial.
Haber puesto en discusión el petróleo y las Malvinas supuso respuestas imperiales. No es real que nuestro gobierno no da los pasos permanentemente en la dirección correcta en relación con la afirmación de la autonomía nacional. Pero difícilmente podríamos estar discutiendo esto ahora si no hubiéramos construido un Estado que, por ejemplo, en 2009 preservó a los argentinos de una violenta crisis internacional manteniendo el empleo y el salario. Difícilmente podríamos estar discutiendo ahora si no hubiéramos pensado además que la situación de la energía es clave como factor de competitividad de la economía argentina.
La Argentina eligió no ser competitiva degradando el salario sino a través de nuestras ventajas comparativas naturales, con la calidad de nuestros trabajadores y con el vector de la energía. Nuevamente tenemos enormes discusiones con los diputados sobre pronósticos que son equivocados.
Se ha ido la mayoría de la oposición, y yo tengo malas noticias para darle. Las cifras del primer trimestre del año revelan una vez más que se han equivocado puesto que otra vez tenemos superávit externo, mayor del que previmos presupuestariamente. Otra vez tenemos consolidado el frente externo argentino, no tuvimos que devaluar ni endeudarnos y no se nos cayó el nivel de actividad. Otra vez han errado.
Son sorprendentes las críticas que permanentemente nos hacen sobre el colapso energético. Después del triunfo electoral de nuestra presidenta nos decían que íbamos tener que pagar la fiesta. Me enorgullece que haya habido una fiesta de los trabajadores en la Argentina, una fiesta del consumo y de baja de desempleo. Me parece bárbaro.
También nos decían que para pagar la fiesta íbamos a ajustar y a endeudarnos, lo cual era la salida que nos ofrecían para sostener el modelo; y, también, que íbamos a tener que devaluar. Ni devaluamos ni nos endeudamos ni ajustamos. Tenemos el mismo nivel de actividad en este primer trimestre, tenemos más superávit y seguimos funcionando sin todas estas recetas. Y ahora nos hacemos cargo de la energía como vector de desarrollo, porque este es el momento de afirmar estas cuestiones, porque hemos recompuesto un Estado y porque lo hemos reparado socialmente.
Por eso podemos estar discutiendo esto en las instituciones, en el Parlamento; no en cualquier lado. Se discute todos los días acá, y por eso es sorprendente que se hable permanentemente en contra de las instituciones, cuando éstas funcionan y sancionan leyes que son beneficiarias para el país.
Pensemos en este tema de las malas noticias para la oposición, esos diagnósticos que sistemáticamente se hacen sobre los errores que no ocurren. Uno de los esfuerzos enormes y permanentes del gobierno ha sido desvincular el funcionamiento de la economía interna de la situación internacional como forma de proteger a los argentinos.
T.103
Entonces, se nos cuestionaban los subsidios a las tarifas. ¿Qué querían? ¿Que ajustáramos las tarifas en dólares? ¿O que hiciéramos como hacía Repsol en 1998 o 1999, cuando el barril costaba 18 dólares y vendía el litro de nafta premium a 2 dólares, porque en ese momento el dólar estaba uno a uno? De eso no se habla. ¿Querían que nosotros procuráramos abrir las exportaciones de carne, para que los argentinos no comieran carne, o las de trigo, para que los argentinos no comieran pan?
Hablando de esto de desvincular los precios internos del mercado internacional, el gobierno tuvo una política importantísima: la política más importante que tuvo el gobierno -y no escuché una autocrítica de la oposición en ese sentido- fue la de las retenciones móviles, para regular el mercado de productos agropecuarios, que constituyen otra ventaja competitiva.
Sin embargo, muchos de los diputados que estaban acá votaron con Cobos; ninguno hizo una autocrítica. ¡Qué bien hubieran venido, en la regulación de la renta, las retenciones móviles, teniendo hoy la soja a 500 dólares la tonelada! Sin embargo, nadie hizo un mea culpa de por qué votaron con la Sociedad Rural, cuando nos critican y nos corren por izquierda.
Uno se ha cansado de escuchar todo esto. El gobierno transita siempre por el mismo lugar: economía interna autónoma, solvencia macroeconómica, búsqueda de factores de la competitividad que no son degradar los salarios, y permanentemente apela a resoluciones de problemas con creatividad y con decisión argentina, no con recetas que nos vienen de afuera.
Todos venían y nos decían "Ahora tomen deuda, porque la tasa de interés está barata". Muchos han dicho acá "Ahora devalúen". Y acá estamos: tenemos el mayor superávit comercial, no se nos cayó el nivel de actividad y mantenemos la solvencia en nuestro país.
Entonces, me parece que esto tiene que llamar a la reflexión de la oposición, cuando hace esas críticas virulentas y cuando intenta cuestiones que hacen a degradar la institución parlamentaria.
Insisto en que la presidenta de la Nación puso en discusión dos aspectos caros a la identidad nacional y ofreció respuestas: Malvinas y petróleo. Y hubo también respuestas imperiales para la Argentina.
Entonces, me parece que este debate está teñido de afirmar la autonomía nacional; está teñido de una política que durante nueve años fue consistente y se sostuvo, que tiene que ver con afirmar la capacidad de la Argentina de desarrollar su país y hacerlo con inclusión social, bajar el desempleo y no responder a las presiones internacionales.
Seguramente -y cualquiera puede reflexionar en este sentido-, con la recuperación de AYSA hoy la situación en el tendido de redes cloacales y pluviales y de agua corriente es mejor que cuando estaban los franceses de Aguas de Lyon. Me parece que hay que pensar en esa empresa pública.
De la misma manera, habría que pensar si Aerolíneas Argentinas, con cuarenta aviones nuevos, la recuperación de tramos y demás, está mejor o peor que cuando estaba Mata. Y seguramente YPF va a estar mejor que cuando estaba Repsol.
Este es el camino que estamos recorriendo, desde el lugar que venimos.
Entonces, cierro señalando que el apoyo a este proyecto no es una decisión intempestiva ni descolgada, sino que tiene que ver con el permanente, consistente y seguro planteo del gobierno en la búsqueda de la autonomía nacional y de un modelo propio, que se viene sosteniendo consecuentemente a lo largo de los años, creando bienestar para la gente.
En esa dirección es que nosotros apoyamos el proyecto que viene en revisión del Senado.
Lamento sinceramente que no hayamos podido contar con el grueso de la oposición para dar estos debates, y también para hacer las autocríticas de por qué muchas veces plantean por izquierda algunas cosas pero después votan otras por derecha.
Finalmente, quiero desearnos a todos, al personal de seguridad, a todos los periodistas, a todos los asesores y a todos en general un feliz primero de mayo el día martes próximo. (Aplausos.)
Por otra parte, no hay mucho para agregar después de todo lo que se dijo, aunque necesariamente uno tiene que hacer una reflexión sobre la oposición. Esta permanente actitud de intentar degradar el Parlamento en algunos casos, hablando de falta de debate y de trámites rápidos, me lleva a señalar que es bastante antidemocrático pensar que si el Parlamento no legisla como uno quiere está degradado. Me parece que hay que reflexionar sobre estas palabras, porque la institución está funcionando, está legislando y lo está haciendo sobre cuestiones trascendentales.
Es necesario referirnos al proceso de autonomía nacional que ha vivido el país a lo largo de estos nueve años, frente a las sucesivas críticas y pronósticos de permanente fracaso.
Este Parlamento nunca podría haber estado discutiendo este tema, que significa canalizar el insumo energético y definirlo delineadamente para los intereses del país, si no hubiéramos transitado años de afirmación de autonomía nacional; si primero no hubiéramos desendeudado al Estado; si en segundo lugar, no hubiéramos consolidado los equilibrios macroeconómicos, y si, en tercer término, no hubiéramos reparado socialmente con constante baja del desempleo, constante aumento del salario, constante aumento de la protección previsional y constante aumento de la protección social, construyendo una sociedad que se vuelve vivible y a la que dignamente representamos.
Esto es un tema clave, porque uno escucha permanentemente las críticas de lo que debíamos haber hecho y no hicimos.
No podríamos estar discutiendo nada de esto si no tuviéramos una Nación y un Estado capaz de enfrentar un mundo volátil y difícil. Llamo a la reflexión también en estas cuestiones de la autónoma nacional que a veces se tienden a banalizar respecto de dos planteos que se han hecho desde el comienzo de este año y que son caros a la identidad nacional como son Malvinas y el petróleo, asuntos puestos en discusión y puestos en solución.
En ambos casos también quiero reflexionar sobre el hecho de que hubo respuesta imperial por parte de las naciones afectadas, porque el intento de sentar a los ingleses a hablar de soberanía sobre la base del cercenamiento lento de la capacidad de las islas de negociar y tener abastecimiento del continente supuso una respuesta militar por parte de los ingleses enviando un crucero misilístico. Entonces, no minimicemos los planteos de autonomía nacional de la Argentina y cómo impactan en las naciones desarrolladas. Del mismo modo, España respondió con amenazas de bloqueo comercial.
Haber puesto en discusión el petróleo y las Malvinas supuso respuestas imperiales. No es real que nuestro gobierno no da los pasos permanentemente en la dirección correcta en relación con la afirmación de la autonomía nacional. Pero difícilmente podríamos estar discutiendo esto ahora si no hubiéramos construido un Estado que, por ejemplo, en 2009 preservó a los argentinos de una violenta crisis internacional manteniendo el empleo y el salario. Difícilmente podríamos estar discutiendo ahora si no hubiéramos pensado además que la situación de la energía es clave como factor de competitividad de la economía argentina.
La Argentina eligió no ser competitiva degradando el salario sino a través de nuestras ventajas comparativas naturales, con la calidad de nuestros trabajadores y con el vector de la energía. Nuevamente tenemos enormes discusiones con los diputados sobre pronósticos que son equivocados.
Se ha ido la mayoría de la oposición, y yo tengo malas noticias para darle. Las cifras del primer trimestre del año revelan una vez más que se han equivocado puesto que otra vez tenemos superávit externo, mayor del que previmos presupuestariamente. Otra vez tenemos consolidado el frente externo argentino, no tuvimos que devaluar ni endeudarnos y no se nos cayó el nivel de actividad. Otra vez han errado.
Son sorprendentes las críticas que permanentemente nos hacen sobre el colapso energético. Después del triunfo electoral de nuestra presidenta nos decían que íbamos tener que pagar la fiesta. Me enorgullece que haya habido una fiesta de los trabajadores en la Argentina, una fiesta del consumo y de baja de desempleo. Me parece bárbaro.
También nos decían que para pagar la fiesta íbamos a ajustar y a endeudarnos, lo cual era la salida que nos ofrecían para sostener el modelo; y, también, que íbamos a tener que devaluar. Ni devaluamos ni nos endeudamos ni ajustamos. Tenemos el mismo nivel de actividad en este primer trimestre, tenemos más superávit y seguimos funcionando sin todas estas recetas. Y ahora nos hacemos cargo de la energía como vector de desarrollo, porque este es el momento de afirmar estas cuestiones, porque hemos recompuesto un Estado y porque lo hemos reparado socialmente.
Por eso podemos estar discutiendo esto en las instituciones, en el Parlamento; no en cualquier lado. Se discute todos los días acá, y por eso es sorprendente que se hable permanentemente en contra de las instituciones, cuando éstas funcionan y sancionan leyes que son beneficiarias para el país.
Pensemos en este tema de las malas noticias para la oposición, esos diagnósticos que sistemáticamente se hacen sobre los errores que no ocurren. Uno de los esfuerzos enormes y permanentes del gobierno ha sido desvincular el funcionamiento de la economía interna de la situación internacional como forma de proteger a los argentinos.
T.103
Entonces, se nos cuestionaban los subsidios a las tarifas. ¿Qué querían? ¿Que ajustáramos las tarifas en dólares? ¿O que hiciéramos como hacía Repsol en 1998 o 1999, cuando el barril costaba 18 dólares y vendía el litro de nafta premium a 2 dólares, porque en ese momento el dólar estaba uno a uno? De eso no se habla. ¿Querían que nosotros procuráramos abrir las exportaciones de carne, para que los argentinos no comieran carne, o las de trigo, para que los argentinos no comieran pan?
Hablando de esto de desvincular los precios internos del mercado internacional, el gobierno tuvo una política importantísima: la política más importante que tuvo el gobierno -y no escuché una autocrítica de la oposición en ese sentido- fue la de las retenciones móviles, para regular el mercado de productos agropecuarios, que constituyen otra ventaja competitiva.
Sin embargo, muchos de los diputados que estaban acá votaron con Cobos; ninguno hizo una autocrítica. ¡Qué bien hubieran venido, en la regulación de la renta, las retenciones móviles, teniendo hoy la soja a 500 dólares la tonelada! Sin embargo, nadie hizo un mea culpa de por qué votaron con la Sociedad Rural, cuando nos critican y nos corren por izquierda.
Uno se ha cansado de escuchar todo esto. El gobierno transita siempre por el mismo lugar: economía interna autónoma, solvencia macroeconómica, búsqueda de factores de la competitividad que no son degradar los salarios, y permanentemente apela a resoluciones de problemas con creatividad y con decisión argentina, no con recetas que nos vienen de afuera.
Todos venían y nos decían "Ahora tomen deuda, porque la tasa de interés está barata". Muchos han dicho acá "Ahora devalúen". Y acá estamos: tenemos el mayor superávit comercial, no se nos cayó el nivel de actividad y mantenemos la solvencia en nuestro país.
Entonces, me parece que esto tiene que llamar a la reflexión de la oposición, cuando hace esas críticas virulentas y cuando intenta cuestiones que hacen a degradar la institución parlamentaria.
Insisto en que la presidenta de la Nación puso en discusión dos aspectos caros a la identidad nacional y ofreció respuestas: Malvinas y petróleo. Y hubo también respuestas imperiales para la Argentina.
Entonces, me parece que este debate está teñido de afirmar la autonomía nacional; está teñido de una política que durante nueve años fue consistente y se sostuvo, que tiene que ver con afirmar la capacidad de la Argentina de desarrollar su país y hacerlo con inclusión social, bajar el desempleo y no responder a las presiones internacionales.
Seguramente -y cualquiera puede reflexionar en este sentido-, con la recuperación de AYSA hoy la situación en el tendido de redes cloacales y pluviales y de agua corriente es mejor que cuando estaban los franceses de Aguas de Lyon. Me parece que hay que pensar en esa empresa pública.
De la misma manera, habría que pensar si Aerolíneas Argentinas, con cuarenta aviones nuevos, la recuperación de tramos y demás, está mejor o peor que cuando estaba Mata. Y seguramente YPF va a estar mejor que cuando estaba Repsol.
Este es el camino que estamos recorriendo, desde el lugar que venimos.
Entonces, cierro señalando que el apoyo a este proyecto no es una decisión intempestiva ni descolgada, sino que tiene que ver con el permanente, consistente y seguro planteo del gobierno en la búsqueda de la autonomía nacional y de un modelo propio, que se viene sosteniendo consecuentemente a lo largo de los años, creando bienestar para la gente.
En esa dirección es que nosotros apoyamos el proyecto que viene en revisión del Senado.
Lamento sinceramente que no hayamos podido contar con el grueso de la oposición para dar estos debates, y también para hacer las autocríticas de por qué muchas veces plantean por izquierda algunas cosas pero después votan otras por derecha.
Finalmente, quiero desearnos a todos, al personal de seguridad, a todos los periodistas, a todos los asesores y a todos en general un feliz primero de mayo el día martes próximo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA BERTONE Agradecemos también a los taquígrafos, y damos por finalizada la reunión.