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ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 131
Secretario Administrativo DRA. FERREIRO MARÍA CECILIA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2119 Internos 2119/18
ceycombust@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
- ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Reunión del día 04/11/2014
- HIDROCARBUROS
En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de noviembre de 2014, a la hora 17 y 45:
SR. PRESIDENTE METAZA Habiendo conseguido quórum, damos comienzo a la reunión conjunta con las comisiones de Energía y Combustibles, de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.
Vamos a poner en consideración los expedientes que están incluidos en el temario de las tres comisiones mencionadas. En primer lugar, tenemos el expediente 4959-d-2013, de los diputados del Frente para la Victoria Roberto Feletti y Juan Pais. Es un proyecto de ley por el cual se reconoce una compensación económica a favor de los exagentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. que no adhirieron al programa de propiedad anticipada.
En segundo término, vamos a tratar el expediente 1220-d-2014, del señor diputado Juan Dante González, correspondiente al proyecto de ley por el cual se establece una indemnización a favor de los exagentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A. que no hayan adherido al programa de propiedad participada.
Están en consideración ambos proyectos.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
Vamos a poner en consideración los expedientes que están incluidos en el temario de las tres comisiones mencionadas. En primer lugar, tenemos el expediente 4959-d-2013, de los diputados del Frente para la Victoria Roberto Feletti y Juan Pais. Es un proyecto de ley por el cual se reconoce una compensación económica a favor de los exagentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. que no adhirieron al programa de propiedad anticipada.
En segundo término, vamos a tratar el expediente 1220-d-2014, del señor diputado Juan Dante González, correspondiente al proyecto de ley por el cual se establece una indemnización a favor de los exagentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A. que no hayan adherido al programa de propiedad participada.
Están en consideración ambos proyectos.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
SR. PAIS Los presidentes de las comisiones y quien habla hemos arribado a un proyecto de dictamen por el que receptamos el espíritu de compensar económicamente a quienes vieron frustrado su derecho a la percepción de la propiedad participada de YPF.
Es importante destacar que la situación de los exypefianos ya ha sido tratada por una ley nacional y un decreto, sin perjuicio de lo cual hasta la fecha se ha verificado como insuficiente la indemnización y el resarcimiento del Estado establecido en la ley 25.471 y en el decreto 1.077 del año 2003. Por esta razón, muchos de los exagentes de YPF han continuado con las acciones judiciales, muchas de las cuales todavía no han logrado obtener sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Para adentrarnos mínimamente en la situación, quisiera decir que cuando se sancionó la ley 23.696 de reforma del Estado se estableció también la posibilidad de privatizar empresas públicas y organismos del Estado. Para ello, esa ley facultaba al Poder Ejecutivo a dictar una norma estableciendo que estaba sujeta a privatización una empresa, debía transformársela en sociedad anónima y ese proceso incluso debía ser convalidado por una ley del Congreso de la Nación.
En el caso de YPF se procedió a la declaración de sujeta a privatización, se organizó una sociedad anónima y se dictó la ley. Primero se dictó el decreto del Poder Ejecutivo 2.778/1990, que dispuso que a partir del 1º de enero de 1991 se transformaba la entonces YPF Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima, quedando sometida al régimen de sociedades comerciales de la ley 19.550. Este decreto 2.778 fue ratificado por la ley 24.145 y dispuso la aplicación de la propiedad participada para los agentes de YPF, ya que la ley de reforma del Estado fijaba como una posibilidad y no como una obligación el establecimiento de la propiedad participada por parte de los entes o empresas a privatizar.
Lo concreto es que desde el 1º de enero de 1991 y bajo la presidencia del ingeniero Estenssoro se inició un proceso muy importante de ajuste que llevó zozobra a miles y miles de empleados de YPF, los que se vieron sometidos a quedarse sin trabajo, a no tener tareas asignadas, a tener cursos. Algunos fueron directamente despedidos, a otros se les promovió un retiro voluntario o se los obligó, conforme las previsiones de la ley de contrato de trabajo, a que se acogieran a los beneficios de la jubilación ordinaria. Esta situación determinó que la planta, que era del orden de los 40 mil empleados, se redujera a la cuarta parte, a no más de 10 mil empleados.
En 1993, más de un año y medio después de que la empresa se transformara en sociedad anónima, se dictaron las resoluciones ministeriales 481/93, del Ministerio de Economía, y 462/93, del Ministerio de Trabajo. Asimismo, se estableció la fecha de corte de la propiedad participada para la cual se distribuyeron las acciones de YPF. Lo concreto es que YPF pagó el 10 por ciento de las acciones. Las entregó. Ahora bien, esas acciones de la propiedad participada no se repartieron entre la masa de trabajadores que estaba en relación de dependencia para con la empresa estatal el 1º de enero de 1991, sino en la fecha de corte. Es decir que el 10 por ciento de las acciones de YPF se distribuyó en aproximadamente unos 10 mil trabajadores, con lo cual la mayoría de esos trabajadores cobró una cifra superior a la que le correspondía mientras que otros fueron absolutamente perjudicados porque no se les distribuyó ningún tipo de acción.
Esto generó innumerables reclamos y acciones judiciales, algunas de naturaleza civil y otras de naturaleza laboral, que desembocaron en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2001. Con una mayoría ajustada de cinco a cuatro, la Corte dispuso que debieron haber estado incluidos en la distribución de la propiedad participada la totalidad de los agentes de YPF que se encontraban en relación de dependencia al 1º de enero de 1991, habiendo ingresado por supuesto con antelación al 31 de diciembre de 1990. Ergo, este fallo consolidó el derecho de los exagentes de YPF que fueron objeto de jubilaciones forzadas, de despidos, de renuncias incentivadas con retiros voluntarios, etcétera, a que pudieran percibir una indemnización porque ya las acciones las había distribuido el Estado. Es más, la Corte fijó el criterio de la indemnización.
En ese marco, el Congreso de la Nación dictó la ley 25.471. Luego el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.077/2003 distribuyendo las acciones y estableciendo una suma promedio de 23.728 pesos al 30 de diciembre de 2002. Este era el valor promedio de la indemnización que se les reconocía a los agentes. Incluso se les dio la posibilidad a los trabajadores de elegir dos medios de pago, dos bonos de consolidación. Según el bono que elegían los agentes se podrían haber beneficiado o no en más de un 60 por ciento por la relación entre un bono y otro, ya que tenían diferente cotización y, a la larga, diferentes rendimientos.
En este contexto caótico, y pese a lo normado por la ley 25.471 y el decreto 1.077, muchos exagentes hicieron el trámite, percibieron, desistieron de los procesos judiciales y después incluso impugnaron ese desestimiento y siguieron con los procesos judiciales porque no los homologaron.
Otros exagentes no optaron por nada, siguieron sus juicios, y otros exagentes no cobraron nada y no hicieron juicio.
Hay un instituto del derecho que se llama la prescripción liberatoria. En el mejor de los casos, la totalidad de los créditos estarían prescriptos. El problema es si desde el Estado podemos, para no pagar y honrar una obligación que les causó perjuicio a ciudadanos que, en este caso concreto, eran trabajadores de empresas públicas, exceptuarnos de este principio para liberarnos de la acción, no del derecho, porque el derecho siempre lo han tenido para ser resarcidos por el negligente obrar de dos ministros del Poder Ejecutivo, es decir, Domingo Felipe Cavallo en el Ministerio de Economía y Caro Figueroa en Trabajo, quienes arbitrariamente establecieron una fecha de corte que después la Corte Suprema de Justicia dijo que fue incorrecta.
En este marco, todos los legisladores y desde hace muchos años, desde comienzos de la década pasada, luego del fallo Antonucci, hemos recibido permanentemente las inquietudes de los extrabajadores de YPF, quienes reclaman lo que entienden es una justa reivindicación de sus derechos. Encontramos proyectos que piden que se les pague igual suma a la que se les repartió a los 10 mil agentes. Eso también es una inequidad: el Estado debió inclusive hacer una acción contra esos 10 mil agentes, reclamándoles lo percibido de más, porque los agentes a los que se les distribuyó la acción de YPF percibieron de más. Pero esa percepción de más no legitima a los otros agentes a percibir lo mismo. Sin embargo, el Estado debe hacer los cálculos para pagar lo que les hubiera correspondido cobrar a cada uno de los agentes, si la masa a repartir de la propiedad participada hubiera sido la correcta, es decir, los que estaban en relación de dependencia al 1° de enero de 1991.
En ese contexto y luego de haberlo debatido profundamente con los presidentes de las comisiones, hemos arribado a un dictamen factible que contempla, primero, la situación de aquellos que siguen con juicios que muchas veces sus abogados tienen medio abandonados y que a veces no caen en caducidad de instancia porque están en los fueros laborales. Realmente se trata de juicios que han demorado 15 o 20 años y que los mismos trabajadores ya no saben su estado procesal. Incluso, creo que algunos no lo saben porque no se los han informado y no saben si tienen juicios realmente, porque dieron un poder y a veces los letrados no les responden sus consultas.
También vamos a tratar de dar una respuesta a aquellos que cobraron conforme al decreto 1.077, que entienden -realmente es posible- que hayan cobrado una suma insuficiente en relación con lo que les hubiera correspondido cobrar, de haber participado en debida forma con el Programa de Propiedad Participada.
Por ello, el presente dictamen que unifica los proyectos de otros señores diputados, apunta fundamentalmente a reconocer una indemnización, el resarcimiento por el perjuicio causado por la omisión negligente de haberlos excluido del Programa de Propiedad Participada a aquellos agentes que entre el 1° de enero de 1991 y la fecha de corte quedaron fuera de la relación de dependencia de la empresa pública.
Por consiguiente, el artículo 1° dice: "Se reconoce por parte del Estado Nacional una indemnización de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la presente ley a favor de los exagentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y/o sus herederos o derechohabientes, a los cuales no se les hubiera incluido en el Programa de Propiedad Participada, y/o que habiéndoselo hecho, no hayan recibido el efectivo traspaso a su nombre de las acciones pertinentes y que no se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471, el Decreto 1077/2003 y/o no hubieren percibido las indemnizaciones determinadas en sentencias judiciales."
Aparentemente, si uno lee este artículo, quedarían excluidos de la ley los trabajadores que ya cobraron indemnizaciones por la ley 25.471 y el decreto 1.077/03, pero luego en un articulado se les compensa la diferencia, por un mecanismo de ajuste del monto percibido con el monto que se está determinando ahora a favor de cada uno de los agentes.
El artículo 2° fija el procedimiento del resarcimiento o el establecimiento de la indemnización: "La indemnización que le corresponde a cada exempleado de YPF SA y/o sus herederos o derechohabientes comprendidos en el artículo 1º de esta ley, asciende a la suma equivalente al valor en pesos de 956 (novecientas cincuenta y seis) acciones de YPF SA que hace referencia el Decreto 1077/2003, a la cotización del cierre del Mercado de Valores de Buenos Aires del día de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley, las que serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública emitidos a favor de los exagentes en la forma prevista por la ley 25.344."
Queremos aclarar también, señor presidente y señores diputados, que no hay forma de cancelar esta indemnización que no sea a través de bonos de consolidación de deuda porque son deudas alcanzadas por la ley 25.344. Es decir que toda deuda anterior a la década del 2000 debe ser resarcida con bonos del Tesoro Nacional, sea cual fuere la causa; inclusive en deudas de origen previsional, se han pagado juicios jubilatorios, o incluso hasta por daños y perjuicios. El Estado consolida a través de estos bonos del sector público.
Estos bonos fueron incluso los que se les pagó a cada uno de los exagentes a través de la ley 25.471 y además son los que condena la sentencia judicial. Los jueces, cuando establecen sus sentencias en contra del Estado nacional por el resarcimiento por la exclusión de la propiedad participada condenan a pagar con bonos del Tesoro porque son deudas consolidadas.
Se utiliza en este proyecto la misma metodología que utilizamos en las causas de SOMISA o de Altos Hornos Zapla, donde hemos dictado leyes que han reconocido el derecho y previsto la suspensión de los juicios por 150 días para que los trabajadores puedan evaluar el ingreso e iniciar los trámites pertinentes, y para acogerse a los términos de esta ley, que incluso beneficiaría a quienes hoy ya tienen prescripto los juicios y que nunca iniciaron acciones judiciales o que, de haberlas hecho, las han perdido por cualquier circunstancia, para poder percibir esta indemnización en su integridad.
Los que tengan iniciado el juicio deberán acogerse a los beneficios de la ley mediante acto expreso ante el juez competente. Después, con la certificación deberán iniciar las tramitaciones y deberán, previo a la liquidación, presentar la sentencia homologatoria del desistimiento del juicio, porque han optado y van a cobrar los bonos. Así, directamente el Estado va honrar sus obligaciones.
Cualquier trabajador puede optar igual y seguir con el juicio, si lo entendiera así o, evidentemente, acogerse al beneficio.
El artículo 6° sí contempla la situación de que desde todos los órdenes, todos los exagentes han considerado insuficientes los pagos recibidos por el decreto 1.077/2003 y la ley 25.471. Dispone lo siguiente: "Los exagentes que, reuniendo los requisitos del artículo 3°, se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471 y el Decreto 1077/03 y/o hubieren obtenido sentencia judicial favorable, podrán reclamar la eventual diferencia que existiere a su favor, resultante de cotejar el valor determinado en el artículo 2° con el monto percibido originalmente, el que resulte mayor, ajustando este último por el promedio combinado del Índice de Salarios Registrado del Sector Privado y el Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos al momento de publicación de la presente ley."
El artículo 7°, también refiriéndose a los exagentes que fueron incluidos en la ley 25.471 y aún a los que cobraron sentencias judiciales, porque ha habido sentencias judiciales muy dispares, algunas cobrando montos muy importantes y otras montos exiguos, dependiendo de la jurisdicción donde fueron dictadas, establece: "Los beneficiarios de lo establecido en el artículo precedente, deberán interponer reclamo administrativo previo...", porque en realidad ya han percibido indemnizaciones y han renunciado al derecho, pero acá se les está reconociendo la diferencia, "...que resuelto favorablemente, será cancelado con bonos de consolidación de deuda pública emitidos a favor de los exagentes en la forma prevista por la ley 25.344."
He tratado de exponer las consideraciones jurídicas del caso, evidentemente también hay otras de índole económica. La cantidad de 956 acciones hoy tiene una importancia económica del orden de los 400 mil pesos, que es un monto absolutamente congruente incluso con la expectativa de muchos ex agentes y con un valor real de lo que hubiera correspondido de haberse otorgado adecuadamente la propiedad participada, con más un resarcimiento por la privación de ese capital por esta cantidad de años.
Este es el dictamen que estamos tratando de ofrecer a los señores legisladores. Entendemos que hemos seguido los precedentes que se han sentado con Altos Hornos Zapla y con SOMISA. Creemos que es a través de una norma la forma de poder dar fin y reconocer adecuadamente el resarcimiento económico a quienes fueron privados de la propiedad participada de YPF.
Esto no quita que hayamos analizado que existen otras circunstancias y tal vez otras deudas sociales con los exagentes de YPF.
Existieron exagentes que han visto dificultado su acceso a los beneficios previsionales o a la inserción laboral una vez que fueron desvinculados.
Ahora bien, estas situaciones no podrían ser contempladas específicamente sin un proyecto de ley que tienda a resarcir la propiedad participada. Es decir, el perjuicio causado concretamente por la propiedad participada. Esta otra eventualidad -que en algunos proyectos ha sido mezclada- tal vez sea materia de otro análisis futuro. Incluso, en el proyecto firmado por el señor diputado Feletti y quien les habla quisimos avanzar más y mezclamos lo que no era posible. Una cosa es resarcir el daño y perjuicio concreto y efectivo que han dispuesto los tribunales por la exclusión indebida de la propiedad participada, y otra cosa es otros daños y perjuicios sociales por los cuales los exagentes de YPF han sido evidentemente afectados.
Es por eso que entendemos que esta es una iniciativa posible, aunque costosa para el Estado -el señor diputado Feletti expondrá las referencias-, y un resarcimiento que apunta a tratar de poner fin a la vieja pelea del reconocimiento para decenas de miles de extrabajadores de YPF a su derecho a percibir una justa indemnización por el perjuicio recibido. (Aplausos.)
Es importante destacar que la situación de los exypefianos ya ha sido tratada por una ley nacional y un decreto, sin perjuicio de lo cual hasta la fecha se ha verificado como insuficiente la indemnización y el resarcimiento del Estado establecido en la ley 25.471 y en el decreto 1.077 del año 2003. Por esta razón, muchos de los exagentes de YPF han continuado con las acciones judiciales, muchas de las cuales todavía no han logrado obtener sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Para adentrarnos mínimamente en la situación, quisiera decir que cuando se sancionó la ley 23.696 de reforma del Estado se estableció también la posibilidad de privatizar empresas públicas y organismos del Estado. Para ello, esa ley facultaba al Poder Ejecutivo a dictar una norma estableciendo que estaba sujeta a privatización una empresa, debía transformársela en sociedad anónima y ese proceso incluso debía ser convalidado por una ley del Congreso de la Nación.
En el caso de YPF se procedió a la declaración de sujeta a privatización, se organizó una sociedad anónima y se dictó la ley. Primero se dictó el decreto del Poder Ejecutivo 2.778/1990, que dispuso que a partir del 1º de enero de 1991 se transformaba la entonces YPF Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima, quedando sometida al régimen de sociedades comerciales de la ley 19.550. Este decreto 2.778 fue ratificado por la ley 24.145 y dispuso la aplicación de la propiedad participada para los agentes de YPF, ya que la ley de reforma del Estado fijaba como una posibilidad y no como una obligación el establecimiento de la propiedad participada por parte de los entes o empresas a privatizar.
Lo concreto es que desde el 1º de enero de 1991 y bajo la presidencia del ingeniero Estenssoro se inició un proceso muy importante de ajuste que llevó zozobra a miles y miles de empleados de YPF, los que se vieron sometidos a quedarse sin trabajo, a no tener tareas asignadas, a tener cursos. Algunos fueron directamente despedidos, a otros se les promovió un retiro voluntario o se los obligó, conforme las previsiones de la ley de contrato de trabajo, a que se acogieran a los beneficios de la jubilación ordinaria. Esta situación determinó que la planta, que era del orden de los 40 mil empleados, se redujera a la cuarta parte, a no más de 10 mil empleados.
En 1993, más de un año y medio después de que la empresa se transformara en sociedad anónima, se dictaron las resoluciones ministeriales 481/93, del Ministerio de Economía, y 462/93, del Ministerio de Trabajo. Asimismo, se estableció la fecha de corte de la propiedad participada para la cual se distribuyeron las acciones de YPF. Lo concreto es que YPF pagó el 10 por ciento de las acciones. Las entregó. Ahora bien, esas acciones de la propiedad participada no se repartieron entre la masa de trabajadores que estaba en relación de dependencia para con la empresa estatal el 1º de enero de 1991, sino en la fecha de corte. Es decir que el 10 por ciento de las acciones de YPF se distribuyó en aproximadamente unos 10 mil trabajadores, con lo cual la mayoría de esos trabajadores cobró una cifra superior a la que le correspondía mientras que otros fueron absolutamente perjudicados porque no se les distribuyó ningún tipo de acción.
Esto generó innumerables reclamos y acciones judiciales, algunas de naturaleza civil y otras de naturaleza laboral, que desembocaron en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2001. Con una mayoría ajustada de cinco a cuatro, la Corte dispuso que debieron haber estado incluidos en la distribución de la propiedad participada la totalidad de los agentes de YPF que se encontraban en relación de dependencia al 1º de enero de 1991, habiendo ingresado por supuesto con antelación al 31 de diciembre de 1990. Ergo, este fallo consolidó el derecho de los exagentes de YPF que fueron objeto de jubilaciones forzadas, de despidos, de renuncias incentivadas con retiros voluntarios, etcétera, a que pudieran percibir una indemnización porque ya las acciones las había distribuido el Estado. Es más, la Corte fijó el criterio de la indemnización.
En ese marco, el Congreso de la Nación dictó la ley 25.471. Luego el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.077/2003 distribuyendo las acciones y estableciendo una suma promedio de 23.728 pesos al 30 de diciembre de 2002. Este era el valor promedio de la indemnización que se les reconocía a los agentes. Incluso se les dio la posibilidad a los trabajadores de elegir dos medios de pago, dos bonos de consolidación. Según el bono que elegían los agentes se podrían haber beneficiado o no en más de un 60 por ciento por la relación entre un bono y otro, ya que tenían diferente cotización y, a la larga, diferentes rendimientos.
En este contexto caótico, y pese a lo normado por la ley 25.471 y el decreto 1.077, muchos exagentes hicieron el trámite, percibieron, desistieron de los procesos judiciales y después incluso impugnaron ese desestimiento y siguieron con los procesos judiciales porque no los homologaron.
Otros exagentes no optaron por nada, siguieron sus juicios, y otros exagentes no cobraron nada y no hicieron juicio.
Hay un instituto del derecho que se llama la prescripción liberatoria. En el mejor de los casos, la totalidad de los créditos estarían prescriptos. El problema es si desde el Estado podemos, para no pagar y honrar una obligación que les causó perjuicio a ciudadanos que, en este caso concreto, eran trabajadores de empresas públicas, exceptuarnos de este principio para liberarnos de la acción, no del derecho, porque el derecho siempre lo han tenido para ser resarcidos por el negligente obrar de dos ministros del Poder Ejecutivo, es decir, Domingo Felipe Cavallo en el Ministerio de Economía y Caro Figueroa en Trabajo, quienes arbitrariamente establecieron una fecha de corte que después la Corte Suprema de Justicia dijo que fue incorrecta.
En este marco, todos los legisladores y desde hace muchos años, desde comienzos de la década pasada, luego del fallo Antonucci, hemos recibido permanentemente las inquietudes de los extrabajadores de YPF, quienes reclaman lo que entienden es una justa reivindicación de sus derechos. Encontramos proyectos que piden que se les pague igual suma a la que se les repartió a los 10 mil agentes. Eso también es una inequidad: el Estado debió inclusive hacer una acción contra esos 10 mil agentes, reclamándoles lo percibido de más, porque los agentes a los que se les distribuyó la acción de YPF percibieron de más. Pero esa percepción de más no legitima a los otros agentes a percibir lo mismo. Sin embargo, el Estado debe hacer los cálculos para pagar lo que les hubiera correspondido cobrar a cada uno de los agentes, si la masa a repartir de la propiedad participada hubiera sido la correcta, es decir, los que estaban en relación de dependencia al 1° de enero de 1991.
En ese contexto y luego de haberlo debatido profundamente con los presidentes de las comisiones, hemos arribado a un dictamen factible que contempla, primero, la situación de aquellos que siguen con juicios que muchas veces sus abogados tienen medio abandonados y que a veces no caen en caducidad de instancia porque están en los fueros laborales. Realmente se trata de juicios que han demorado 15 o 20 años y que los mismos trabajadores ya no saben su estado procesal. Incluso, creo que algunos no lo saben porque no se los han informado y no saben si tienen juicios realmente, porque dieron un poder y a veces los letrados no les responden sus consultas.
También vamos a tratar de dar una respuesta a aquellos que cobraron conforme al decreto 1.077, que entienden -realmente es posible- que hayan cobrado una suma insuficiente en relación con lo que les hubiera correspondido cobrar, de haber participado en debida forma con el Programa de Propiedad Participada.
Por ello, el presente dictamen que unifica los proyectos de otros señores diputados, apunta fundamentalmente a reconocer una indemnización, el resarcimiento por el perjuicio causado por la omisión negligente de haberlos excluido del Programa de Propiedad Participada a aquellos agentes que entre el 1° de enero de 1991 y la fecha de corte quedaron fuera de la relación de dependencia de la empresa pública.
Por consiguiente, el artículo 1° dice: "Se reconoce por parte del Estado Nacional una indemnización de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la presente ley a favor de los exagentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y/o sus herederos o derechohabientes, a los cuales no se les hubiera incluido en el Programa de Propiedad Participada, y/o que habiéndoselo hecho, no hayan recibido el efectivo traspaso a su nombre de las acciones pertinentes y que no se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471, el Decreto 1077/2003 y/o no hubieren percibido las indemnizaciones determinadas en sentencias judiciales."
Aparentemente, si uno lee este artículo, quedarían excluidos de la ley los trabajadores que ya cobraron indemnizaciones por la ley 25.471 y el decreto 1.077/03, pero luego en un articulado se les compensa la diferencia, por un mecanismo de ajuste del monto percibido con el monto que se está determinando ahora a favor de cada uno de los agentes.
El artículo 2° fija el procedimiento del resarcimiento o el establecimiento de la indemnización: "La indemnización que le corresponde a cada exempleado de YPF SA y/o sus herederos o derechohabientes comprendidos en el artículo 1º de esta ley, asciende a la suma equivalente al valor en pesos de 956 (novecientas cincuenta y seis) acciones de YPF SA que hace referencia el Decreto 1077/2003, a la cotización del cierre del Mercado de Valores de Buenos Aires del día de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley, las que serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública emitidos a favor de los exagentes en la forma prevista por la ley 25.344."
Queremos aclarar también, señor presidente y señores diputados, que no hay forma de cancelar esta indemnización que no sea a través de bonos de consolidación de deuda porque son deudas alcanzadas por la ley 25.344. Es decir que toda deuda anterior a la década del 2000 debe ser resarcida con bonos del Tesoro Nacional, sea cual fuere la causa; inclusive en deudas de origen previsional, se han pagado juicios jubilatorios, o incluso hasta por daños y perjuicios. El Estado consolida a través de estos bonos del sector público.
Estos bonos fueron incluso los que se les pagó a cada uno de los exagentes a través de la ley 25.471 y además son los que condena la sentencia judicial. Los jueces, cuando establecen sus sentencias en contra del Estado nacional por el resarcimiento por la exclusión de la propiedad participada condenan a pagar con bonos del Tesoro porque son deudas consolidadas.
Se utiliza en este proyecto la misma metodología que utilizamos en las causas de SOMISA o de Altos Hornos Zapla, donde hemos dictado leyes que han reconocido el derecho y previsto la suspensión de los juicios por 150 días para que los trabajadores puedan evaluar el ingreso e iniciar los trámites pertinentes, y para acogerse a los términos de esta ley, que incluso beneficiaría a quienes hoy ya tienen prescripto los juicios y que nunca iniciaron acciones judiciales o que, de haberlas hecho, las han perdido por cualquier circunstancia, para poder percibir esta indemnización en su integridad.
Los que tengan iniciado el juicio deberán acogerse a los beneficios de la ley mediante acto expreso ante el juez competente. Después, con la certificación deberán iniciar las tramitaciones y deberán, previo a la liquidación, presentar la sentencia homologatoria del desistimiento del juicio, porque han optado y van a cobrar los bonos. Así, directamente el Estado va honrar sus obligaciones.
Cualquier trabajador puede optar igual y seguir con el juicio, si lo entendiera así o, evidentemente, acogerse al beneficio.
El artículo 6° sí contempla la situación de que desde todos los órdenes, todos los exagentes han considerado insuficientes los pagos recibidos por el decreto 1.077/2003 y la ley 25.471. Dispone lo siguiente: "Los exagentes que, reuniendo los requisitos del artículo 3°, se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471 y el Decreto 1077/03 y/o hubieren obtenido sentencia judicial favorable, podrán reclamar la eventual diferencia que existiere a su favor, resultante de cotejar el valor determinado en el artículo 2° con el monto percibido originalmente, el que resulte mayor, ajustando este último por el promedio combinado del Índice de Salarios Registrado del Sector Privado y el Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos al momento de publicación de la presente ley."
El artículo 7°, también refiriéndose a los exagentes que fueron incluidos en la ley 25.471 y aún a los que cobraron sentencias judiciales, porque ha habido sentencias judiciales muy dispares, algunas cobrando montos muy importantes y otras montos exiguos, dependiendo de la jurisdicción donde fueron dictadas, establece: "Los beneficiarios de lo establecido en el artículo precedente, deberán interponer reclamo administrativo previo...", porque en realidad ya han percibido indemnizaciones y han renunciado al derecho, pero acá se les está reconociendo la diferencia, "...que resuelto favorablemente, será cancelado con bonos de consolidación de deuda pública emitidos a favor de los exagentes en la forma prevista por la ley 25.344."
He tratado de exponer las consideraciones jurídicas del caso, evidentemente también hay otras de índole económica. La cantidad de 956 acciones hoy tiene una importancia económica del orden de los 400 mil pesos, que es un monto absolutamente congruente incluso con la expectativa de muchos ex agentes y con un valor real de lo que hubiera correspondido de haberse otorgado adecuadamente la propiedad participada, con más un resarcimiento por la privación de ese capital por esta cantidad de años.
Este es el dictamen que estamos tratando de ofrecer a los señores legisladores. Entendemos que hemos seguido los precedentes que se han sentado con Altos Hornos Zapla y con SOMISA. Creemos que es a través de una norma la forma de poder dar fin y reconocer adecuadamente el resarcimiento económico a quienes fueron privados de la propiedad participada de YPF.
Esto no quita que hayamos analizado que existen otras circunstancias y tal vez otras deudas sociales con los exagentes de YPF.
Existieron exagentes que han visto dificultado su acceso a los beneficios previsionales o a la inserción laboral una vez que fueron desvinculados.
Ahora bien, estas situaciones no podrían ser contempladas específicamente sin un proyecto de ley que tienda a resarcir la propiedad participada. Es decir, el perjuicio causado concretamente por la propiedad participada. Esta otra eventualidad -que en algunos proyectos ha sido mezclada- tal vez sea materia de otro análisis futuro. Incluso, en el proyecto firmado por el señor diputado Feletti y quien les habla quisimos avanzar más y mezclamos lo que no era posible. Una cosa es resarcir el daño y perjuicio concreto y efectivo que han dispuesto los tribunales por la exclusión indebida de la propiedad participada, y otra cosa es otros daños y perjuicios sociales por los cuales los exagentes de YPF han sido evidentemente afectados.
Es por eso que entendemos que esta es una iniciativa posible, aunque costosa para el Estado -el señor diputado Feletti expondrá las referencias-, y un resarcimiento que apunta a tratar de poner fin a la vieja pelea del reconocimiento para decenas de miles de extrabajadores de YPF a su derecho a percibir una justa indemnización por el perjuicio recibido. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Tiene la palabra el señor diputado Feletti.
SR. FELETTI Señor presidente: no voy a ahondar mucho más en la excelente exposición en términos jurídicos que ha hecho el señor diputado Pais.
Este proyecto de ley que presentamos viene a reparar una crisis histórica, que fue la secuela de la privatización. Seguramente, como expresó el señor diputado Pais, es un proyecto de ley que no repara totalmente. Hemos tratado de buscar, dialogar y de dar vuelta el proyecto para lograr el mayor alcance del beneficio. Sólo voy a dar dos cifras, estimativas, no definitivas, simplemente a los efectos de crear una idea de lo que puede ser la reparación por agente, luego vendrán las cifras definitivas, de cumplirse con los procedimientos de la ley.
Si lo medimos a fecha del 31 de octubre, la reparación que corresponde al artículo 2°, que es a aquellos agentes que no han percibido nada y que les corresponde las 956 acciones, el monto estimado por agente es de 411 mil pesos, que cobrará en bonos de la ley 25.344, bonos de consolidación de deuda estatal.
Los agentes que están alcanzados por el artículo 6°, que como bien se refirió el diputado Pais es la diferencia entre lo que cobraron originalmente lo previsto por el decreto 1.077, actualizado por una combinación de índices -el índice de precios al consumidor más el índice de variación salarial- y neteado del total del valor de las acciones a fecha de hoy, da un promedio por agente de 266 mil pesos, también pagaderos en bonos de consolidación de deuda pública, en el marco de la ley 25.344.
Como sabemos que esta es una reparación que no debe demorarse, también hemos puesto en la ley un plazo perentorio al Ministerio de Economía para que trabaje sobre el universo de agentes que se presenten cumpliendo los requisitos del artículo 5° y rápidamente procedan a la acreditación de los bonos en su cuenta en la Caja de Valores. (Aplausos.)
Este proyecto de ley que presentamos viene a reparar una crisis histórica, que fue la secuela de la privatización. Seguramente, como expresó el señor diputado Pais, es un proyecto de ley que no repara totalmente. Hemos tratado de buscar, dialogar y de dar vuelta el proyecto para lograr el mayor alcance del beneficio. Sólo voy a dar dos cifras, estimativas, no definitivas, simplemente a los efectos de crear una idea de lo que puede ser la reparación por agente, luego vendrán las cifras definitivas, de cumplirse con los procedimientos de la ley.
Si lo medimos a fecha del 31 de octubre, la reparación que corresponde al artículo 2°, que es a aquellos agentes que no han percibido nada y que les corresponde las 956 acciones, el monto estimado por agente es de 411 mil pesos, que cobrará en bonos de la ley 25.344, bonos de consolidación de deuda estatal.
Los agentes que están alcanzados por el artículo 6°, que como bien se refirió el diputado Pais es la diferencia entre lo que cobraron originalmente lo previsto por el decreto 1.077, actualizado por una combinación de índices -el índice de precios al consumidor más el índice de variación salarial- y neteado del total del valor de las acciones a fecha de hoy, da un promedio por agente de 266 mil pesos, también pagaderos en bonos de consolidación de deuda pública, en el marco de la ley 25.344.
Como sabemos que esta es una reparación que no debe demorarse, también hemos puesto en la ley un plazo perentorio al Ministerio de Economía para que trabaje sobre el universo de agentes que se presenten cumpliendo los requisitos del artículo 5° y rápidamente procedan a la acreditación de los bonos en su cuenta en la Caja de Valores. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
SR. KOSINER Señor presidente: quisiera agregar que los diputados que venimos de provincias en donde YPF ha tenido históricamente una presencia muy importante sabemos de las repercusiones que ha generado la desaparición de la actividad de la empresa en estas localidades. Desde un punto de vista social, dichas repercusiones incluso llegaron a poner en riesgo la existencia de los mismos pueblos en algunos lugares del interior del país. La actividad económica de muchas ciudades del interior de la Argentina entró en crisis, dañando al tejido social.
Más allá de la crisis del conjunto de la sociedad se generaron determinadas circunstancias en las situaciones individuales; las familias de un momento a otro quedaron sin la fuente de sustento fundamental. Incluso, aquellos que en su momento han recibido algún tipo de reparación o indemnización no tuvieron el acompañamiento del Estado para direccionar -en cuanto a toma de decisiones adecuadas- la inversión de esos recursos. Gran cantidad de extrabajadores de YPF intuitivamente fueron volcando sus decisiones hacia la prestación de servicios que, en muy poco tiempo, agotaron sus expectativas de desarrollo económico.
O sea que al hecho de que algunos trabajadores no hayan recibido ningún tipo de reparación se agrava con la insuficiente reparación que recibieron algunos sin la adecuada política estatal que los acompañe en las decisiones para dirigir las inversiones.
Por eso creo que este Parlamento -y a partir de la decisión política de nuestro gobierno de recuperar YPF para los argentinos- entiende que este proceso de reparación histórica, iniciado también a partir de la recuperación de YPF, debe incluir necesariamente a los extrabajadores de YPF como parte de una misma visión de conjunto. La empresa recuperada y el control de la direccionalidad de la política energética, y por otro lado, no dejar de tener en cuenta a estos miles de trabajadores y sus familias que están desde hace muchísimos años buscando una solución, como dijeron los señores diputados Pais y Feletti.
Tal como dicen los fundamentos del proyecto de ley, esta es una reparación histórica y tiene que ser vista en ese sentido. Para nosotros es muy importante que la política hacia YPF que ha dado este Parlamento, en esta oportunidad incorpore también a los extrabajadores. (Aplausos.)
Más allá de la crisis del conjunto de la sociedad se generaron determinadas circunstancias en las situaciones individuales; las familias de un momento a otro quedaron sin la fuente de sustento fundamental. Incluso, aquellos que en su momento han recibido algún tipo de reparación o indemnización no tuvieron el acompañamiento del Estado para direccionar -en cuanto a toma de decisiones adecuadas- la inversión de esos recursos. Gran cantidad de extrabajadores de YPF intuitivamente fueron volcando sus decisiones hacia la prestación de servicios que, en muy poco tiempo, agotaron sus expectativas de desarrollo económico.
O sea que al hecho de que algunos trabajadores no hayan recibido ningún tipo de reparación se agrava con la insuficiente reparación que recibieron algunos sin la adecuada política estatal que los acompañe en las decisiones para dirigir las inversiones.
Por eso creo que este Parlamento -y a partir de la decisión política de nuestro gobierno de recuperar YPF para los argentinos- entiende que este proceso de reparación histórica, iniciado también a partir de la recuperación de YPF, debe incluir necesariamente a los extrabajadores de YPF como parte de una misma visión de conjunto. La empresa recuperada y el control de la direccionalidad de la política energética, y por otro lado, no dejar de tener en cuenta a estos miles de trabajadores y sus familias que están desde hace muchísimos años buscando una solución, como dijeron los señores diputados Pais y Feletti.
Tal como dicen los fundamentos del proyecto de ley, esta es una reparación histórica y tiene que ser vista en ese sentido. Para nosotros es muy importante que la política hacia YPF que ha dado este Parlamento, en esta oportunidad incorpore también a los extrabajadores. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Tiene la palabra el señor diputado Juan Dante González, por la provincia de Mendoza.
SR. GONZÁLEZ Señor presidente: tal como manifestaba el diputado Kosiner, también proviene de una provincia petrolera, con petróleo, que como tantas otras de nuestro país ha vivido el momento de la privatización de YPF -hace ya un poco más de veinte años-, dando lugar a que muchos de sus trabajadores vieran por varios años un futuro -seguramente no deseado- de lucha sin cesar para poder satisfacer su reclamo en cuanto a compromisos adquiridos por ley.
Estamos viviendo un momento importante, no solamente por haber recuperado nuestra empresa petrolera de bandera por excelencia, sino también porque hace poquito tuvimos la posibilidad de tratar la nueva ley de hidrocarburos. En este conjunto de medidas tener en cuenta a los trabajadores no es un tema menor. Muchos de ellos están esperanzados en quienes tenemos la posibilidad de legislar para que demos respuesta a su reclamo, aunque también hay una cantidad no mucho menor de trabajadores y esposas ya desaparecidos.
Es por eso que es un buen momento para que entre todos tomemos a conciencia esta decisión de apoyar este proyecto que ha sido un trabajo en conjunto de varios diputados. Desde 2009 he venido presentando y volviendo a presentar este proyecto. En 2010 tuvimos la posibilidad de salvar esta situación, pero por el egoísmo de algunos, por pensamientos muy personalizados que no tenían en cuenta la necesidad de solución pronta para los trabajadores, quedó en la nada. Hoy tenemos la posibilidad de ponerlo a consideración y de que entre todos les demos una gran alegría a los miles de extrabajadores de YPF, dándoles una respuesta a todos aquellos que no pudieron percibir lo que les correspondía. Seguramente, con la buena predisposición de quienes estamos acompañando esta discusión, la posibilidad de que lo perciban va a ser un hecho.
De manera que cuento con el respaldo de muchos de los que están presentes para llevar el proyecto muy pronto al recinto y darle una respuesta favorable a los compañeros extrabajadores de YPF. (Aplausos.)
Estamos viviendo un momento importante, no solamente por haber recuperado nuestra empresa petrolera de bandera por excelencia, sino también porque hace poquito tuvimos la posibilidad de tratar la nueva ley de hidrocarburos. En este conjunto de medidas tener en cuenta a los trabajadores no es un tema menor. Muchos de ellos están esperanzados en quienes tenemos la posibilidad de legislar para que demos respuesta a su reclamo, aunque también hay una cantidad no mucho menor de trabajadores y esposas ya desaparecidos.
Es por eso que es un buen momento para que entre todos tomemos a conciencia esta decisión de apoyar este proyecto que ha sido un trabajo en conjunto de varios diputados. Desde 2009 he venido presentando y volviendo a presentar este proyecto. En 2010 tuvimos la posibilidad de salvar esta situación, pero por el egoísmo de algunos, por pensamientos muy personalizados que no tenían en cuenta la necesidad de solución pronta para los trabajadores, quedó en la nada. Hoy tenemos la posibilidad de ponerlo a consideración y de que entre todos les demos una gran alegría a los miles de extrabajadores de YPF, dándoles una respuesta a todos aquellos que no pudieron percibir lo que les correspondía. Seguramente, con la buena predisposición de quienes estamos acompañando esta discusión, la posibilidad de que lo perciban va a ser un hecho.
De manera que cuento con el respaldo de muchos de los que están presentes para llevar el proyecto muy pronto al recinto y darle una respuesta favorable a los compañeros extrabajadores de YPF. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Antes de darle continuidad a la reunión, quiero hacer constar -y disculpen por haberlo omitido- que se encuentran presentes en esta sala extrabajadores de nuestra querida empresa de bandera YPF. Así que les damos la bienvenida a todos y a cada uno de ellos. (Aplausos.)
Tiene la palabra el señor diputado Pitrola.
Tiene la palabra el señor diputado Pitrola.
SR. PITROLA Señor presidente: lo primero que quiero aclarar, porque recién todavía notaba confusión en algunos diputados -ojalá que ya no-, es que estamos tratando un dictamen de consenso de varios proyectos, en particular de tres: el de Dante González, el de Roberto Feletti y el de quien habla, que presenté en representación del bloque del Frente de los Trabajadores de Izquierda.
Esto es importante. Es un momento crucial en la lucha de un sector de trabajadores de lo que fue, en cierto modo, la masacre social de las privatizaciones de los noventa. Estamos arribando a un momento crucial de una lucha que empezaron los compañeros cuando se produjeron las privatizaciones no solo de YPF sino también de los ferrocarriles y de las comunicaciones, en ese proceso de los noventa que dejó en la industria petrolera ciudades fantasma como General Mosconi y Cutral-Có y dejó en la calle a prácticamente 30 mil trabajadores. Su lucha empezó en ese momento, contra una privatización que en nuestra opinión nunca debió ocurrir. Ellos además fueron privados de un derecho que tuvieron los trabajadores que en aquel momento quedaron en YPF-Repsol. Y han venido luchando durante décadas por ese derecho.
Han sido estafados por gobiernos, por jueces y por abogados. Muchos de ellos han quedado en el camino. Han librado luchas y movilizaciones populares de todo carácter. Me ha tocado apoyarlos, incluso a muchos que fueron juzgados en Tribunales por la protesta social, como le ha tocado a tantos luchadores que están procesados o criminalizados al día de hoy. Recuerdo en particular a los compañeros de La Plata, pero los hay de muchos lugares.
Estamos llegando a este momento desde un replanteo que se dio en un vasto sector de trabajadores. Ellos perdieron una unidad organizativa como clase. Naturalmente, quedaron a la vera de los sindicatos, del movimiento obrero, como un sector en la banquina de los derechos de los trabajadores. Y se ha producido todo un movimiento de reorganización de los extrabajadores de YPF a partir del momento en que se discutió la indemnización a Repsol. ¿Qué pasaba? Eran indemnizados los vaciadores y no eran indemnizados los trabajadores, los principales perjudicados. Aquellas familias perdieron no solo un puesto de trabajo, sino que perdieron la excelencia de un oficio, de un proyecto de vida. En muchos casos -conozco algunos personalmente- los trabajadores perdieron la radicación, porque tuvieron que ir a parar a otro lugares del país y tuvieron que arreglárselas en la vida como pudieron. Muchos de ellos, que hoy ya son personas maduras y en edad de jubilarse, tienen dificultades para jubilarse por no haber reunido las condiciones debido a esta amputación en su vida de trabajadores.
Esto es importante. Es un momento crucial en la lucha de un sector de trabajadores de lo que fue, en cierto modo, la masacre social de las privatizaciones de los noventa. Estamos arribando a un momento crucial de una lucha que empezaron los compañeros cuando se produjeron las privatizaciones no solo de YPF sino también de los ferrocarriles y de las comunicaciones, en ese proceso de los noventa que dejó en la industria petrolera ciudades fantasma como General Mosconi y Cutral-Có y dejó en la calle a prácticamente 30 mil trabajadores. Su lucha empezó en ese momento, contra una privatización que en nuestra opinión nunca debió ocurrir. Ellos además fueron privados de un derecho que tuvieron los trabajadores que en aquel momento quedaron en YPF-Repsol. Y han venido luchando durante décadas por ese derecho.
Han sido estafados por gobiernos, por jueces y por abogados. Muchos de ellos han quedado en el camino. Han librado luchas y movilizaciones populares de todo carácter. Me ha tocado apoyarlos, incluso a muchos que fueron juzgados en Tribunales por la protesta social, como le ha tocado a tantos luchadores que están procesados o criminalizados al día de hoy. Recuerdo en particular a los compañeros de La Plata, pero los hay de muchos lugares.
Estamos llegando a este momento desde un replanteo que se dio en un vasto sector de trabajadores. Ellos perdieron una unidad organizativa como clase. Naturalmente, quedaron a la vera de los sindicatos, del movimiento obrero, como un sector en la banquina de los derechos de los trabajadores. Y se ha producido todo un movimiento de reorganización de los extrabajadores de YPF a partir del momento en que se discutió la indemnización a Repsol. ¿Qué pasaba? Eran indemnizados los vaciadores y no eran indemnizados los trabajadores, los principales perjudicados. Aquellas familias perdieron no solo un puesto de trabajo, sino que perdieron la excelencia de un oficio, de un proyecto de vida. En muchos casos -conozco algunos personalmente- los trabajadores perdieron la radicación, porque tuvieron que ir a parar a otro lugares del país y tuvieron que arreglárselas en la vida como pudieron. Muchos de ellos, que hoy ya son personas maduras y en edad de jubilarse, tienen dificultades para jubilarse por no haber reunido las condiciones debido a esta amputación en su vida de trabajadores.
SR. PRESIDENTE METAZA Antes de cederle el uso de la palabra el señor diputado Sánchez por la Coalición Cívica, quiero decirles que quedan siete señores diputados anotados para hacer uso de la palabra. Por consiguiente, la Presidencia les solicita brevedad por favor. Sé que todos queremos hacer uso de la palabra pero hay otras comisiones que se reunirán a continuación en este mismo recinto, en las que también participa la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por lo tanto, apelamos a vuestra buena voluntad, señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presiente: voy a ser muy breve porque suscribo todo lo manifestado por el señor diputado Pitrola y porque en realidad creo haber entendido que las modificaciones que se plantean, o mejor dicho, la síntesis que se plantea en el dictamen, contempla lo mejor de los tres proyectos, por lo menos, en cuanto a montos, alcance y forma de liquidación.
La verdad es que al momento de venir para acá y mientras estudiábamos los proyectos en vigencia -voy hacer una aclaración metodológica-, concluimos que esta es una iniciativa muy importante, no sólo por lo que ha manifestado el señor diputado Pitrola, sino porque se trata de 20 años de reclamos por algo que en realidad todos sabemos que teníamos que pagar como Estado, más allá de quién haya votado la ley de privatización de YPF que, por cierto, no hemos sido nosotros.
Quiero decir esto, señor presidente, porque me parece que en uno de los proyectos que establecía 120 cuotas, con un monto determinado muy bajo, que sólo estaba alcanzando en principio a jubilados que sólo podían alcanzar los no jubilados al momento de jubilarse, era mucho después de 20 años de pelear.
Acá están los compañeros extrabajadores de YPF y otros que no están acá pero que han peleado mucho y saben que no merecían cobrar en 120 cuotas. No lo merecían. Entonces, nosotros también vamos a apoyar el proyecto de dictamen; lo vamos a leer primero porque la verdad es que no lo hemos tenido a la vista. Le pediría unos minutos para poder leerlo y comprobar que hayamos entendido bien lo que el diputado Pais leyó.
También queremos proponer una pequeña modificación -que no es tan menor-, y se va a poder entender bien. El artículo 4° del proyecto presentado por los señores diputados Feletti y Pais, establece: "Suspéndase a partir de la sanción de la presente ley y por el plazo de ciento cincuenta (150) días hábiles, todas las causas judiciales por reclamos articulados por extrabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos a las acciones del Programa de Propiedad Participada." Esto me parece injusto, señor presidente, porque si bien creo que muchos ex trabajadores se van a acoger a este régimen, ellos mismos saben que hay muchos otros que les va a parecer insuficiente o injusto.
Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que demorar, además de 20 años, en alguna causa judicial, 150 días más? Eso se llama denegación de justicia o demora de justicia. Creo que es mucho mejor la fórmula que ya hemos escrito en algunos otros proyectos, como en el de Río Tercero, donde en realidad se suspenden las causas de quienes ingresan al programa, no de quienes no lo hacen. ¿Por qué tenemos que demorarles 150 días más además de los 20 años?
Esta es la pequeña modificación que proponemos por solidaridad con quienes creen que este proyecto no alcanza aún; aún con la vergüenza que sentimos los diputados y las diputadas que vayamos a votar este proyecto, en realidad, deberíamos dejarlos seguir con su lucha. Creo que van a ser pocos, pero me parece que están en su derecho. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
La verdad es que al momento de venir para acá y mientras estudiábamos los proyectos en vigencia -voy hacer una aclaración metodológica-, concluimos que esta es una iniciativa muy importante, no sólo por lo que ha manifestado el señor diputado Pitrola, sino porque se trata de 20 años de reclamos por algo que en realidad todos sabemos que teníamos que pagar como Estado, más allá de quién haya votado la ley de privatización de YPF que, por cierto, no hemos sido nosotros.
Quiero decir esto, señor presidente, porque me parece que en uno de los proyectos que establecía 120 cuotas, con un monto determinado muy bajo, que sólo estaba alcanzando en principio a jubilados que sólo podían alcanzar los no jubilados al momento de jubilarse, era mucho después de 20 años de pelear.
Acá están los compañeros extrabajadores de YPF y otros que no están acá pero que han peleado mucho y saben que no merecían cobrar en 120 cuotas. No lo merecían. Entonces, nosotros también vamos a apoyar el proyecto de dictamen; lo vamos a leer primero porque la verdad es que no lo hemos tenido a la vista. Le pediría unos minutos para poder leerlo y comprobar que hayamos entendido bien lo que el diputado Pais leyó.
También queremos proponer una pequeña modificación -que no es tan menor-, y se va a poder entender bien. El artículo 4° del proyecto presentado por los señores diputados Feletti y Pais, establece: "Suspéndase a partir de la sanción de la presente ley y por el plazo de ciento cincuenta (150) días hábiles, todas las causas judiciales por reclamos articulados por extrabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos a las acciones del Programa de Propiedad Participada." Esto me parece injusto, señor presidente, porque si bien creo que muchos ex trabajadores se van a acoger a este régimen, ellos mismos saben que hay muchos otros que les va a parecer insuficiente o injusto.
Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que demorar, además de 20 años, en alguna causa judicial, 150 días más? Eso se llama denegación de justicia o demora de justicia. Creo que es mucho mejor la fórmula que ya hemos escrito en algunos otros proyectos, como en el de Río Tercero, donde en realidad se suspenden las causas de quienes ingresan al programa, no de quienes no lo hacen. ¿Por qué tenemos que demorarles 150 días más además de los 20 años?
Esta es la pequeña modificación que proponemos por solidaridad con quienes creen que este proyecto no alcanza aún; aún con la vergüenza que sentimos los diputados y las diputadas que vayamos a votar este proyecto, en realidad, deberíamos dejarlos seguir con su lucha. Creo que van a ser pocos, pero me parece que están en su derecho. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Tiene la palabra el señor diputado Recalde.
SR. RECALDE Señor presidente: me parece razonable lo que ha manifestado el señor diputado Fernando Sánchez. Se tendría que exceptuar a aquellos que no adhirieron al programa y listo. Con eso, quedaría expedita la vía judicial, no se suspende.
Quiero agregar algo muy sucintamente, porque este es un proceso que tiene muchísima historia; no nació de un repollo ni ahora. Nace con las privatizaciones. Quiero aclarar, como lo he hecho mil veces, que yo siempre estuve en contra de las privatizaciones y, en consecuencia, del Programa de Propiedad Participada, que me pareció un incentivo no muy grato para que los trabajadores aceptaran las privatizaciones.
Hace muchos años que venimos trabajando. No voy a hablar de todos los diputados que participaron en esto sin lograr el consenso que se logra hoy. Sí voy a mencionar a uno, el diputado mandato cumplido Roberto Mouillerón que, honor al mérito, fue uno de los que más trabajó para llegar a esta conclusión, como lo han hecho muchos de los que están presentes aquí. No voy a nombrar a ninguno más, ni al señor diputado Giubergia, porque no tiene sentido hacerle publicidad. (Risas.)
Se ha llegado a una solución de consenso. Quiero aclarar también que a pesar de todos los años que venimos trabajando, por suerte hoy recibí una satisfacción: me ha mandado un correo electrónico Carlos Soto, quien había dicho que en la Comisión de Legislación del Trabajo el último proyecto presentado por el señor diputado Pitrola y otros había sido cajoneado. La realidad es que venía viento en popa el proyecto que estamos discutiendo actualmente y cuando el señor diputado pidió una reunión, se la concedimos y lo que se demora es el tratamiento en asesores, etcétera. O sea, nosotros nunca lo cajoneamos. Siempre tuvimos dificultades para llegar a esto.
Les agradezco a los compañeros presentes -no digo exypfianos, porque la camiseta de YPF la tienen puesta siempre- por esta desmentida, por el apoyo y me parece que vamos a firmar este dictamen con mucha alegría. (Aplausos.)
Quiero agregar algo muy sucintamente, porque este es un proceso que tiene muchísima historia; no nació de un repollo ni ahora. Nace con las privatizaciones. Quiero aclarar, como lo he hecho mil veces, que yo siempre estuve en contra de las privatizaciones y, en consecuencia, del Programa de Propiedad Participada, que me pareció un incentivo no muy grato para que los trabajadores aceptaran las privatizaciones.
Hace muchos años que venimos trabajando. No voy a hablar de todos los diputados que participaron en esto sin lograr el consenso que se logra hoy. Sí voy a mencionar a uno, el diputado mandato cumplido Roberto Mouillerón que, honor al mérito, fue uno de los que más trabajó para llegar a esta conclusión, como lo han hecho muchos de los que están presentes aquí. No voy a nombrar a ninguno más, ni al señor diputado Giubergia, porque no tiene sentido hacerle publicidad. (Risas.)
Se ha llegado a una solución de consenso. Quiero aclarar también que a pesar de todos los años que venimos trabajando, por suerte hoy recibí una satisfacción: me ha mandado un correo electrónico Carlos Soto, quien había dicho que en la Comisión de Legislación del Trabajo el último proyecto presentado por el señor diputado Pitrola y otros había sido cajoneado. La realidad es que venía viento en popa el proyecto que estamos discutiendo actualmente y cuando el señor diputado pidió una reunión, se la concedimos y lo que se demora es el tratamiento en asesores, etcétera. O sea, nosotros nunca lo cajoneamos. Siempre tuvimos dificultades para llegar a esto.
Les agradezco a los compañeros presentes -no digo exypfianos, porque la camiseta de YPF la tienen puesta siempre- por esta desmentida, por el apoyo y me parece que vamos a firmar este dictamen con mucha alegría. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Tiene la palabra el señor diputado Mario Pais.
SR. PAIS Señor diputado: en realidad, quiero hacerle dos aclaraciones. La primera: el proyecto original firmado por el señor diputado Feletti al que yo también adherí, preveía la compensación en 120 cuotas con más otra indemnización. Eran dos conceptos diferentes, no uno sólo. Pero mezclaba un resarcimiento por la PPP y otro de otra índole, que es lo que yo he tratado de explicar.
En cuanto a la suspensión por 150 días, se ha utilizado la misma fórmula que la ley original y que en el decreto 1.077. Esto beneficia a las dos partes en el litigio: una de ellas es el Estado y la otra es el actor de YPF. Acá, el procurador general del Tesoro tiene que elevar los informes también al Ministerio de Economía a los fines de que se puedan auditar los antecedentes de cada uno de los peticionarios en este plazo de 150 días.
En segundo lugar, hay procesos que incluso ya tienen sentencia en primera instancia, algunos favorables y otros en contra de los trabajadores de YPF. Es decir que lo importante es suspender los procesos. Hay muchos juicios que están virtualmente paralizados y de eso pueden dar cuenta los trabajadores de YPF aquí presentes, porque esa también es una de las quejas que permanentemente hemos recibido.
Esta suspensión tiene una razón de ser fundamental, es decir, los informes que tiene que hacer el procurador del Tesoro, que es el apoderado del Estado, del estado de cada uno de estos juicios para informar al Ministerio de Economía. Hay juicios que incluso están en proceso de liquidación con los bonos en trámite. Hay juicios que se han cobrado parcialmente en bonos, que si se acogen a esta ley tienen que imputar una parte.
Son innumerables las circunstancias procesales que determinan que este plazo de 150 días sea el mínimo necesario para que al menos los letrados del Estado y los representantes legales de cada uno de los actores puedan conciliar los intereses, a ver si se acogen o no a esta ley.
Por eso hablamos de una norma general, pero contemplando las vicisitudes procesales de cada caso.
En cuanto a la suspensión por 150 días, se ha utilizado la misma fórmula que la ley original y que en el decreto 1.077. Esto beneficia a las dos partes en el litigio: una de ellas es el Estado y la otra es el actor de YPF. Acá, el procurador general del Tesoro tiene que elevar los informes también al Ministerio de Economía a los fines de que se puedan auditar los antecedentes de cada uno de los peticionarios en este plazo de 150 días.
En segundo lugar, hay procesos que incluso ya tienen sentencia en primera instancia, algunos favorables y otros en contra de los trabajadores de YPF. Es decir que lo importante es suspender los procesos. Hay muchos juicios que están virtualmente paralizados y de eso pueden dar cuenta los trabajadores de YPF aquí presentes, porque esa también es una de las quejas que permanentemente hemos recibido.
Esta suspensión tiene una razón de ser fundamental, es decir, los informes que tiene que hacer el procurador del Tesoro, que es el apoderado del Estado, del estado de cada uno de estos juicios para informar al Ministerio de Economía. Hay juicios que incluso están en proceso de liquidación con los bonos en trámite. Hay juicios que se han cobrado parcialmente en bonos, que si se acogen a esta ley tienen que imputar una parte.
Son innumerables las circunstancias procesales que determinan que este plazo de 150 días sea el mínimo necesario para que al menos los letrados del Estado y los representantes legales de cada uno de los actores puedan conciliar los intereses, a ver si se acogen o no a esta ley.
Por eso hablamos de una norma general, pero contemplando las vicisitudes procesales de cada caso.
SR. PRESIDENTE METAZA Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
SR. GIUBERGIA Señor presidente: antes que nada, quiero felicitar a todos los ypefianos que han estado en esta Cámara de Diputados permanentemente reclamando y son ellos quienes han logrado fundamentalmente esta ley, porque le han hecho entender a los diputados -y ahora espero que cuando se sancione en esta Cámara también lo hagan con los senadores- la necesidad de resarcimiento.
Nosotros recordamos que esta fue una larga lucha -como bien decía el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo- donde han estado permanentemente todos ustedes, inclusive nosotros también. Recordamos -y esta es otra de las cuestiones- que en 2011 se emitió dictamen a través del Orden del Día N° 2.353, que lógicamente no se llegó a tratar.
En esto espero que tratemos prontamente el dictamen que hoy se ha consensuado -como decía el diputado Pitrola- y podamos tratarlo y darle sanción en esta Cámara.
Se refería también el diputado Pais a los extrabajadores de Altos Hornos Zapla, a quienes, a través de la ley 26.700, sancionada en 2011, se les reconocía el resarcimiento, pero hasta el día de hoy el Poder Ejecutivo no ha cumplido porque no ha reglamentado la ley. Saben del peregrinaje permanente y constante de los extrabajadores de Altos Hornos Zapla reclamando a la presidenta, reclamándole al presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que siempre los ha atendido y que plantea las gestiones, y esto también debemos decirlo.
Espero y creo que es necesario que desde el Poder Ejecutivo se den las respuestas y que este dictamen que hoy estamos firmando y que estamos acompañando todos los bloques lo podamos estar tratando próximamente en el recinto, en no más de una semana.
También quiero decirles que quedan muchos otros extrabajadores de empresas que fueron privatizadas, que fueron 66 empresas en total. Tenemos un proyecto para atender a todos estos extrabajadores que tenían derecho a la propiedad participada. Creo que esta es una necesidad también para dar respuesta a todos esos extrabajadores que puedan llegar a percibir ese resarcimiento, porque todos los que estamos aquí sabemos y conocemos que el tema de la propiedad participada fue una estafa a todos y cada uno de los trabajadores de las empresas públicas, que terminaron en el desastre que vivimos todos los argentinos.
Por eso simplemente reconocemos en cada hombre y en cada mujer de los ypefianos que trabajaron, que estuvieron acá y en cada uno de sus pueblos reclamando y trabajando, que ellos son los autores de esta ley. (Aplausos.)
Nosotros recordamos que esta fue una larga lucha -como bien decía el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo- donde han estado permanentemente todos ustedes, inclusive nosotros también. Recordamos -y esta es otra de las cuestiones- que en 2011 se emitió dictamen a través del Orden del Día N° 2.353, que lógicamente no se llegó a tratar.
En esto espero que tratemos prontamente el dictamen que hoy se ha consensuado -como decía el diputado Pitrola- y podamos tratarlo y darle sanción en esta Cámara.
Se refería también el diputado Pais a los extrabajadores de Altos Hornos Zapla, a quienes, a través de la ley 26.700, sancionada en 2011, se les reconocía el resarcimiento, pero hasta el día de hoy el Poder Ejecutivo no ha cumplido porque no ha reglamentado la ley. Saben del peregrinaje permanente y constante de los extrabajadores de Altos Hornos Zapla reclamando a la presidenta, reclamándole al presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que siempre los ha atendido y que plantea las gestiones, y esto también debemos decirlo.
Espero y creo que es necesario que desde el Poder Ejecutivo se den las respuestas y que este dictamen que hoy estamos firmando y que estamos acompañando todos los bloques lo podamos estar tratando próximamente en el recinto, en no más de una semana.
También quiero decirles que quedan muchos otros extrabajadores de empresas que fueron privatizadas, que fueron 66 empresas en total. Tenemos un proyecto para atender a todos estos extrabajadores que tenían derecho a la propiedad participada. Creo que esta es una necesidad también para dar respuesta a todos esos extrabajadores que puedan llegar a percibir ese resarcimiento, porque todos los que estamos aquí sabemos y conocemos que el tema de la propiedad participada fue una estafa a todos y cada uno de los trabajadores de las empresas públicas, que terminaron en el desastre que vivimos todos los argentinos.
Por eso simplemente reconocemos en cada hombre y en cada mujer de los ypefianos que trabajaron, que estuvieron acá y en cada uno de sus pueblos reclamando y trabajando, que ellos son los autores de esta ley. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Diputado Giubergia: es vocación de este bloque, del Poder Ejecutivo nacional y de todos nosotros, tratarlo en el plazo más breve posible, seguramente dentro de las sesiones ordinarias.
Tiene la palabra el señor diputado Cuccovillo.
Tiene la palabra el señor diputado Cuccovillo.
SR. CUCCOVILLO Señor presidente: hace ya muchos años, incluso desde la época de la Comisión de Legislación del Trabajo que preside y presidía el diputado Recalde, acompañamos a los compañeros de YPF. Con días de lluvia, con días de sol, con angustias, los compañeros estaban presentes, a veces más, a veces menos, a veces decepcionados, a veces escuchados, pero la verdad es que hay un logro en este proyecto de consenso de tres proyectos existentes -como bien explicaba el diputado Pitrola- y, como también bien lo explicaba el diputado Recalde, de otros proyectos preexistentes, cuando mencionaba al diputado Moulleiron.
Como trabajador del Estado he sufrido esa década, donde el Partido Justicialista implementó una política liberal de privatización que nos dejó en la calle a cientos de miles de trabajadores; cientos de miles de trabajadores vivimos esa angustia de la búsqueda de un nuevo futuro, de un nuevo perfil, de un nuevo trabajo, de qué hacer con ese retiro -poner un kiosquito, poner un taxi-, buscar, buscar, quedar desocupados, a veces quedar años desocupados, lo que acarrea problemas en la familia, en los hijos y pérdida a veces de identidad.
Fue una década muy difícil. Hoy felicito y apoyo la rectificación que, como todo ser humano, puede tener, pero fue una etapa de gran entrega del país y gran sufrimiento de los trabajadores. Así lo vivimos. Estoy absolutamente consciente de que hemos estado en la calle con el diputado Recalde en esa época -y creo que también con el señor diputado Feletti-, por eso felicito este trabajo de consenso.
Felicito también -y fundamentalmente- a los presidentes de las comisiones, y creo que el diputado Feletti ha hecho un gran trabajo, porque muchas veces como comisión filtro de muchos proyectos me parece que ha hecho un gran esfuerzo para que esto pueda salir adelante. Quizás no es lo que todo el mundo quisiera, quizás no es lo mejor, pero es lo posible, me parece que es lo posible para resarcir una época de 20 años de angustia. Todavía la seguimos sufriendo.
Quienes pasamos eso, quienes quizás en el tiempo ya no estamos en esa situación, recordar cada uno de estos momentos significa angustia, significa sufrimiento. Por eso me parece que es un gran proyecto que ha avanzado, en el que se ha consensuado entre todos los diputados, en el que los presidentes de las comisiones han trabajando firmemente en este sentido. Como decía el diputado Giubergia, como trabajadores del Estado nos falta todavía avanzar. Creo que hay predisposición, tenemos la necesidad de avanzar con el resto de los trabajadores que tienen una situación similar.
Quiero felicitar nuevamente a los trabajadores de YPF. Sin ellos, sin ese esfuerzo, no creo que esto hoy pudiera estar así, pese al esfuerzo y voluntad de muchos señores diputados y señoras diputadas. (Aplausos.)
Como trabajador del Estado he sufrido esa década, donde el Partido Justicialista implementó una política liberal de privatización que nos dejó en la calle a cientos de miles de trabajadores; cientos de miles de trabajadores vivimos esa angustia de la búsqueda de un nuevo futuro, de un nuevo perfil, de un nuevo trabajo, de qué hacer con ese retiro -poner un kiosquito, poner un taxi-, buscar, buscar, quedar desocupados, a veces quedar años desocupados, lo que acarrea problemas en la familia, en los hijos y pérdida a veces de identidad.
Fue una década muy difícil. Hoy felicito y apoyo la rectificación que, como todo ser humano, puede tener, pero fue una etapa de gran entrega del país y gran sufrimiento de los trabajadores. Así lo vivimos. Estoy absolutamente consciente de que hemos estado en la calle con el diputado Recalde en esa época -y creo que también con el señor diputado Feletti-, por eso felicito este trabajo de consenso.
Felicito también -y fundamentalmente- a los presidentes de las comisiones, y creo que el diputado Feletti ha hecho un gran trabajo, porque muchas veces como comisión filtro de muchos proyectos me parece que ha hecho un gran esfuerzo para que esto pueda salir adelante. Quizás no es lo que todo el mundo quisiera, quizás no es lo mejor, pero es lo posible, me parece que es lo posible para resarcir una época de 20 años de angustia. Todavía la seguimos sufriendo.
Quienes pasamos eso, quienes quizás en el tiempo ya no estamos en esa situación, recordar cada uno de estos momentos significa angustia, significa sufrimiento. Por eso me parece que es un gran proyecto que ha avanzado, en el que se ha consensuado entre todos los diputados, en el que los presidentes de las comisiones han trabajando firmemente en este sentido. Como decía el diputado Giubergia, como trabajadores del Estado nos falta todavía avanzar. Creo que hay predisposición, tenemos la necesidad de avanzar con el resto de los trabajadores que tienen una situación similar.
Quiero felicitar nuevamente a los trabajadores de YPF. Sin ellos, sin ese esfuerzo, no creo que esto hoy pudiera estar así, pese al esfuerzo y voluntad de muchos señores diputados y señoras diputadas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Tiene la palabra la diputada Parrilli, luego el diputado Das Neves y cierra la lista de oradores la señora diputada Comelli.
SRA. PARRILLI Señor presidente: quiero decir realmente que otra vez estamos con una gran alegría apoyando este tipo de leyes, que celebro que haya sido producto del consenso entre los diferentes bloques políticos.
Se dijo que es un derecho adquirido. Claro que es un derecho adquirido; pero es un derecho adquirido que hoy se tiene la decisión política de hacerlo realidad.
Como se ha dicho aquí, nosotros en estos años hemos recibido a muchos exypefianos, hemos hecho diferentes ensayos de ley, pero lamentablemente ninguno prosperó. Y hoy hay una decisión política de que este derecho realmente sea resarcido en parte, porque cuando estamos hablando de restauración, indudablemente siempre hay algo que no se puede restaurar.
También quiero decir que se dijo aquí que las leyes sancionadas con respecto a lo que es nuestra política energética no tiene que ver con esta ley y yo me permito disentir. Creo que todas las leyes que se han votado, la que hemos votado para recuperar YPF, después la del pago y la última ley también para crear un marco regulatorio en la negociación para atraer inversiones, tienen que ver para que esto hoy sea una realidad.
Necesitamos seguir, necesitamos darle la media sanción y necesitamos que se convierta en ley en el Senado de la Nación.
Quiero decirles, además, que aquí hay una lucha muy importante de los trabajadores de YPF. Hay un grupo de diputados que ha trabajado exhaustivamente este proyecto y hay una decisión de un gobierno, que pese a lo que dicen muchos medios, escucha a su pueblo y a sus trabajadores.
Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos aquellos neuquinos que hoy están pendientes de que este dictamen se firme en esta Cámara de Diputados. (Aplausos.)
Se dijo que es un derecho adquirido. Claro que es un derecho adquirido; pero es un derecho adquirido que hoy se tiene la decisión política de hacerlo realidad.
Como se ha dicho aquí, nosotros en estos años hemos recibido a muchos exypefianos, hemos hecho diferentes ensayos de ley, pero lamentablemente ninguno prosperó. Y hoy hay una decisión política de que este derecho realmente sea resarcido en parte, porque cuando estamos hablando de restauración, indudablemente siempre hay algo que no se puede restaurar.
También quiero decir que se dijo aquí que las leyes sancionadas con respecto a lo que es nuestra política energética no tiene que ver con esta ley y yo me permito disentir. Creo que todas las leyes que se han votado, la que hemos votado para recuperar YPF, después la del pago y la última ley también para crear un marco regulatorio en la negociación para atraer inversiones, tienen que ver para que esto hoy sea una realidad.
Necesitamos seguir, necesitamos darle la media sanción y necesitamos que se convierta en ley en el Senado de la Nación.
Quiero decirles, además, que aquí hay una lucha muy importante de los trabajadores de YPF. Hay un grupo de diputados que ha trabajado exhaustivamente este proyecto y hay una decisión de un gobierno, que pese a lo que dicen muchos medios, escucha a su pueblo y a sus trabajadores.
Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos aquellos neuquinos que hoy están pendientes de que este dictamen se firme en esta Cámara de Diputados. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Quisiera pedir silencio a los presentes, ya que el murmullo impide escuchar bien a los expositores.
Tiene la palabra el señor diputado Das Neves.
Tiene la palabra el señor diputado Das Neves.
SR. DAS NEVES Señor presidente: los que vivimos en provincias con petróleo -no petroleras- hemos convivido y luchado muchísimos años junto a los trabajadores de YPF a partir de la privatización y el despojo que sufrieron ya en democracia.
Creo que es bueno que hoy rectifiquemos esos errores del pasado. En los años que llevo jamás he visto la militancia, el trabajo y el esfuerzo que tuvieron muchísimos ypfianos, incluyendo también a algunos que ya no están.
Muchísimas veces he visto -y lo sabe Juan Mario Pais, con quien he compartido muchas reuniones con ellos- llegar a presidentes a mi provincia que, a pesar del protocolo que impedía llegar a ellos, eran interceptados por los trabajadores que se las rebuscaban y, aunque fuera en la puerta de un hotel o en algún otro lugar, siempre lograban entregar las carpetas con sus reclamos.
Obviamente, por el hecho de haber sido gobernador durante ocho años, he tenido infinidad de reuniones con ellos.
Quiero hacer público un agradecimiento, porque en alguna oportunidad tomamos la decisión de anticipar fondos para los bonos y lo hicimos en la sede del Obispado de Comodoro Rivadavia, por intermedio de un obispo que realmente se preocupó y quiero nombrarlo: Virginio Bressanelli.
También quiero decirles que hace cuarenta y ocho horas me dieron la última carpeta. Debo tener infinidad de carpetas, siempre actualizadas, con sus reclamos. No hubo frío ni viento que les impidiera entregarlas. No hubo funcionario, dirigente político o dirigente gremial que llegara a la provincia y no se enterara de sus preocupaciones.
Por estas razones, más allá de que hoy somos los protagonistas en el sentido de que vamos a firmar un dictamen de consenso, hago el homenaje a los que ya no están, expresando nuestro agradecimiento por el trabajo y la militancia de los exypfianos. (Aplausos.)
Creo que es bueno que hoy rectifiquemos esos errores del pasado. En los años que llevo jamás he visto la militancia, el trabajo y el esfuerzo que tuvieron muchísimos ypfianos, incluyendo también a algunos que ya no están.
Muchísimas veces he visto -y lo sabe Juan Mario Pais, con quien he compartido muchas reuniones con ellos- llegar a presidentes a mi provincia que, a pesar del protocolo que impedía llegar a ellos, eran interceptados por los trabajadores que se las rebuscaban y, aunque fuera en la puerta de un hotel o en algún otro lugar, siempre lograban entregar las carpetas con sus reclamos.
Obviamente, por el hecho de haber sido gobernador durante ocho años, he tenido infinidad de reuniones con ellos.
Quiero hacer público un agradecimiento, porque en alguna oportunidad tomamos la decisión de anticipar fondos para los bonos y lo hicimos en la sede del Obispado de Comodoro Rivadavia, por intermedio de un obispo que realmente se preocupó y quiero nombrarlo: Virginio Bressanelli.
También quiero decirles que hace cuarenta y ocho horas me dieron la última carpeta. Debo tener infinidad de carpetas, siempre actualizadas, con sus reclamos. No hubo frío ni viento que les impidiera entregarlas. No hubo funcionario, dirigente político o dirigente gremial que llegara a la provincia y no se enterara de sus preocupaciones.
Por estas razones, más allá de que hoy somos los protagonistas en el sentido de que vamos a firmar un dictamen de consenso, hago el homenaje a los que ya no están, expresando nuestro agradecimiento por el trabajo y la militancia de los exypfianos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA Tiene la palabra la señora diputada Alicia Comelli.
SRA. COMELLI Señor presidente: no pertenezco a las comisiones, pero sin embargo quisiera hacer un pedido y una reflexión.
Por esto de distribuir los proyectos en distintas comisiones, desde el Movimiento Popular Neuquino venimos reclamando permanentemente que se tengan en cuenta proyectos presentados por nosotros desde el año 2010 relacionados con el tema en tratamiento, que siempre tuvieron un primer giro a la Comisión de Legislación General. Quería hacer este pedido formalmente de que sean incluidos nuestros proyectos, porque de lo contrario va a quedar vigente un proyecto que plantea justamente los mismos extremos a los que han arribado en el consenso de este despacho. Lo cual destaco y nos parece excelente.
Los que estamos acá ya hace unos años sabemos que llevamos demasiado tiempo tratando de analizar cómo resarcimos desde el Estado los errores que cometió el Estado. Y me parece que esto es bueno también, como decían recién algunos diputados, para no caer siempre en lo mismo, para no caer en tener que venir a pedir disculpas por lo que vamos a hacer, como alguna vez se dijo. Porque todo esto no nació de un repollo: nació de la ley 23.696 en la época del ministro Dromi, de Obras Públicas; nació de la ley 23.697, por la cual se habilitaron todos los procesos de reforma del Estado; nació de la ley 24.145, sancionada el 24 de septiembre de 1992. Esos grandes errores que hoy viene a saldar el Estado fueron la causa de que la gente -y no solamente los exypfianos sino también, por ejemplo, los trabajadores de Gas del Estado- tuviera que salir a dar una lucha por los derechos que le correspondían.
Cuando fue la privatización y aquellos días terribles en Plaza Huincul y Cultral-Co, éramos pocos los que estábamos allí poniendo el hombro. De manera que me parece bien que el Estado se haga cargo de las decisiones políticas de hoy y de ayer.
Nos quedan deudas pendientes. Lo escuché al diputado Pais, y nos parece bien avanzar en el despacho con consenso rápidamente. Pero no podemos dejar de lado -y hemos presentado proyectos en ese sentido- la necesidad de avanzar en la creación de un régimen compensatorio solidario especial para todos aquellos que también, con un concepto ético y solidario, necesitan certezas en cuanto al acceso a un beneficio jubilatorio, e incluso a una pensión, porque en muchos casos ya estamos hablando de derechohabientes.
Quiero saludar esta nueva etapa, a casi seis años de venir haciendo estos reclamos los que presentamos proyectos desde 2008. Destaco especialmente que el diputado Feletti -a quien he "torturado" muchas veces con este tema- se ha puesto esta cuestión al hombro.
No dejemos pasar cinco años más para poder avanzar en el tema previsional. Ya lo hicimos con SOMISA y con Altos Hornos Zapla. No es mucha la diferencia: la hemos cuantificado y la hemos hablado con la ANSES. Pienso que podemos tener ese gesto también. (Aplausos.)
Por esto de distribuir los proyectos en distintas comisiones, desde el Movimiento Popular Neuquino venimos reclamando permanentemente que se tengan en cuenta proyectos presentados por nosotros desde el año 2010 relacionados con el tema en tratamiento, que siempre tuvieron un primer giro a la Comisión de Legislación General. Quería hacer este pedido formalmente de que sean incluidos nuestros proyectos, porque de lo contrario va a quedar vigente un proyecto que plantea justamente los mismos extremos a los que han arribado en el consenso de este despacho. Lo cual destaco y nos parece excelente.
Los que estamos acá ya hace unos años sabemos que llevamos demasiado tiempo tratando de analizar cómo resarcimos desde el Estado los errores que cometió el Estado. Y me parece que esto es bueno también, como decían recién algunos diputados, para no caer siempre en lo mismo, para no caer en tener que venir a pedir disculpas por lo que vamos a hacer, como alguna vez se dijo. Porque todo esto no nació de un repollo: nació de la ley 23.696 en la época del ministro Dromi, de Obras Públicas; nació de la ley 23.697, por la cual se habilitaron todos los procesos de reforma del Estado; nació de la ley 24.145, sancionada el 24 de septiembre de 1992. Esos grandes errores que hoy viene a saldar el Estado fueron la causa de que la gente -y no solamente los exypfianos sino también, por ejemplo, los trabajadores de Gas del Estado- tuviera que salir a dar una lucha por los derechos que le correspondían.
Cuando fue la privatización y aquellos días terribles en Plaza Huincul y Cultral-Co, éramos pocos los que estábamos allí poniendo el hombro. De manera que me parece bien que el Estado se haga cargo de las decisiones políticas de hoy y de ayer.
Nos quedan deudas pendientes. Lo escuché al diputado Pais, y nos parece bien avanzar en el despacho con consenso rápidamente. Pero no podemos dejar de lado -y hemos presentado proyectos en ese sentido- la necesidad de avanzar en la creación de un régimen compensatorio solidario especial para todos aquellos que también, con un concepto ético y solidario, necesitan certezas en cuanto al acceso a un beneficio jubilatorio, e incluso a una pensión, porque en muchos casos ya estamos hablando de derechohabientes.
Quiero saludar esta nueva etapa, a casi seis años de venir haciendo estos reclamos los que presentamos proyectos desde 2008. Destaco especialmente que el diputado Feletti -a quien he "torturado" muchas veces con este tema- se ha puesto esta cuestión al hombro.
No dejemos pasar cinco años más para poder avanzar en el tema previsional. Ya lo hicimos con SOMISA y con Altos Hornos Zapla. No es mucha la diferencia: la hemos cuantificado y la hemos hablado con la ANSES. Pienso que podemos tener ese gesto también. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE METAZA No habiendo más oradores y habiendo logrado unanimidad y consenso en estos dos proyectos que hemos puesto a consideración, nos sentimos muy felices de poder haber aportado a esta lucha de los amigos ypfianos de tantos años.
Pido un aplauso para todos los amigos que nos visitan. (Aplausos.)
Pido un aplauso para todos los amigos que nos visitan. (Aplausos.)
Es la hora 18 y 53.